INTRODUCCIÓN
La verdad histórica no nace de decretos ni de leyes ideológicas, sino del estudio riguroso de las fuentes y del análisis honesto de los hechos. Sin embargo, en el contexto actual, la llamada Ley de Memoria Democrática pretende fijar una lectura oficial del pasado reciente de España, sustituyendo la investigación histórica por un relato político con pretensiones morales. Este catecismo breve se propone ofrecer al lector herramientas intelectuales básicas para comprender el trasfondo filosófico, ideológico y religioso de dicha ley, así como sus implicaciones en la interpretación de la Segunda República, la Guerra de 1936 y la persecución religiosa. No se trata de avivar rencores, sino de recuperar la verdad de los hechos frente al relativismo y al uso partidista de la historia.
La veracidad que se desprende de la investigación documental y del estudio de los procesos históricos no viene servida por las leyes basadas en los relatos subjetivos interesados de aquellos que detentan el poder. Los hechos evidenciados por los historiadores a través de los medios documentales tienen como objetivo esclarecer la verdad de las fuentes históricas primarias. En esta obra hemos propuesto una lectura de la realidad histórica alejada de las emociones inmediatas, intentando comprender el contexto histórico y el axiológico, así como las consecuencias más profundas de las ideas y los hechos reverberantes hasta la actualidad.
Las poderosas pedagogías progresistas actualmente triunfantes han establecido un paradigma nihilista en el que la búsqueda de la verdad filosófica ha sido neutralizada por el relativismo[1]. Luego los hechos históricos no serían susceptibles de una interpretación objetiva, por lo que la búsqueda de la verdad histórica se ha neutralizado también por medio del historicismo. Una filosofía que, debido a su relativismo y escepticismo cultural intrínseco, no puede dejar de desembocar en el nihilismo al tener una visión negativa de la propia historia de los hombres. Así lo atestigua visión de la historia del propio Nietzsche: «Cosa de la vejez es volver la mirada y repasar cuentas, su afán de buscar consuelo en las remembranzas del pasado, en la cultura histórica»[2].
La mayor parte de las personas que tienen cierta atracción por el conocimiento intelectual picotean frívolamente sin tener en cuenta el sólido corpus doctrinal configurado por la Cristiandad durante siglos. No es de sorprender el que, aun cuando en la mayoría de los países occidentales el nivel de analfabetismo es bajísimo, la realidad es que no es lo mismo poder juntar letras para formar palabras que comprender su significado. Desafortunadamente, en la mayor parte de Occidente se ha perdido la comprensión lectora hasta el grado de que se ha acuñado el término «analfabeto funcional» para designar a quienes, aunque saben leer y escribir, cuentan con un bajo nivel lector, cosa cada vez más común también entre universitarios. A modo de pequeño catecismo popular incluyo estas respuestas breves, con la finalidad de facilitar al lector las herramientas necesarias para que pueda alfabetizar a las mentes desportilladas.
Para anunciar hay que denunciar. Es urgente romper el monopolio ideológico de la visión estalinista de la Segunda República divulgada por la propaganda del Frente Popular[3], y convertida en la doctrina oficial en la que se basa la Ley de Memoria Democrática. Expone Aristóteles que «el hombre virtuoso es regla y medida en las cosas particulares»[4]. No puede llamarse prudencia a la cobardía, la prudencia es la virtud que conserva la integridad de la inteligencia[5] y conecta la moral con la política. No como una abstracción idealista impuesta desde el exterior, sino práctica, esencial, encarnada, expresada en las virtudes que se corresponden a los deberes de quien gobierna. Callar la verdad es ser cómplice del mal, siendo un grave pecado de omisión. Santo Tomás ilustra cómo a uno de los deberes esenciales de la prudencia le corresponde como parte integral o acto propio la virtud de la fortaleza[6].
Atendiendo a la realidad que nos rodea, el sectarismo gnóstico y el analfabetismo funcional reinan no sólo en los centros académicos estatales, sino también en la mayor parte de los seminarios de la Iglesia. Se equivocan aquellos que creen que pasar por un seminario y ser sacerdote, obispo, cardenal y hasta papa significa saber teología o algún otro tipo de conocimiento relacionado con ella. Ese pensamiento sería similar al de alguien que creyera que visionando Netflix va a enriquecerse culturalmente. Pese a que lo desconozcan absolutamente, dada su discapacidad intelectual, los funcionarios eclesiásticos tienen una concepción hegeliana de la política, donde el Estado es considerado como una institución divina.
En nombre de una falsa prudencia, es inmoral el silenciamiento y la tergiversación de la historia de la Iglesia en España que ha hecho la Conferencia Emasculada con la finalidad de i) rendir pleitesía al poder político anticatólico y sus temidas terminales mediáticas, porque son el fruto del «sacrosanto e infalible» voto democrático, que es el nuevo dogma moral y político de la nueva Iglesia modernista; ii) conservar la tolerancia de dichos poder y medios, cada vez más limitada, a pesar de que al creciente entreguismo eclesiástico paralelamente le acompañe una mayor campaña de acoso y desprestigio; iii) seguir recibiendo sus prebendas y exenciones con devoción semítica[7], a fin de fingir una vitalidad y presencia inexistente de la Iglesia pues, de lo contrario, se impondría el reconocimiento del fracaso absoluto y el hundimiento de la sociedad eclesial desde el Vaticano II. Sin historia, sólo sus mentiras prevalecerán.
La ontología realista fue sustituida en la Modernidad por la autoconciencia subjetiva, privando al hombre de la sana relación con lo real sobre la que se funda la ontología, es decir, el conocimiento del ser de las cosas. El hombre es un ser racional que, por la razón y la voluntad, es capaz de gobernarse a sí mismo, conduciéndose al fin bueno por medio de su libre albedrío, por lo que es propietario de sus acciones[8]. Acciones de las que deberá rendir cuenta ante Dios y ante la historia, un juez implacable. Hipotecada con el mundo moderno, en estado de servidumbre ante los poderes enemigos de Nuestro Señor Jesucristo, hoy la Iglesia se ha autorreducido a una institución de tan bajo perfil que se atemoriza de mostrar su doctrina, moral, ritos e historia milenaria. Por lo que persigue y castiga a los que quieren ser fieles al Dios de sus padres, y por ello precisamente, también a la tradición y a la historia.
La Guerra de 1936 fue una guerra religiosa, una guerra contra o por la religión. Cruzada, no Guerra Civil, así se entendió desde 1936 hasta 1965. A partir de entonces se invirtieron los conceptos, el conflicto dejó de ser considerado Cruzada y pasó a ser mera Guerra Civil. Escribe Payne:
La Guerra Civil española fue singular en su condición de guerra de religión, por la importancia y carácter masivo de su violento anticlericalismo y la reacción que desató. En cierto sentido, fue este un componente tan importante como la movilización militar. En todas las guerras revolucionarias de la primera mitad del siglo XX incidieron factores religiosos, pero nunca de forma tan determinante como en España. En Rusia, a pesar de la religiosidad del conjunto de la población […], el campesinado no vivió la guerra civil desde presupuestos muy religiosos, en parte porque el odio de los bolcheviques a la religión no se expresó del todo hasta una fase posterior. En España, el peso de la religión surgió del papel que tradicionalmente había tenido el catolicismo y de la obsesión con él de los revolucionarios[9].
Es necesario percibir que los fundamentos filosóficos de la teología están destinados a hacerla más amplia, comprensiva y actuante. La Iglesia es, ante todo y en su totalidad, indefectible, es decir, que no puede dejar de ser infalible: no puede errar respecto a la fe. Además, por lo que atañe a la jerarquía, su principal tarea es la de enseñar la verdad de la doctrina la fe, que no puede diferir de la verdad de los hechos históricos. Hay mártires de las persecuciones del Imperio romano y de la Revolución francesa, sin embargo, la Conferencia Emasculada Española ―acostumbrada a mentir durante décadas― utiliza el eufemismo «Mártires españoles del siglo XX» para referirse a los 6.832 sacerdotes y religiosos que habrían sido asesinados por odio a la fe por alguien extrañamente llamado «siglo XX», y no por los socialistas y sus aliados en unos lugares y fechas concretos. Una pintoresca denominación que no se ajusta a la realidad histórica y, por lo tanto, es falsa por un doble motivo:
- Los martirios no se produjeron durante toda la extensión cronológica del siglo XX, ni de su mayor parte o tan siquiera de la mitad o un cuarto de siglo. Sino que única y exclusivamente correspondieron a los cinco años que abarcan la Segunda República (1931-1936) y a los tres de la Guerra (1936-1939).
- No se efectuaron en la totalidad del territorio español, sino que se circunscribieron a las zonas bajo el poder del Frente Popular ―que no de la República que se desintegró en 1936―, en manos de jacobinos exaltados, comunistas, socialistas, anarquistas y separatistas vascos y catalanes.
A pesar de que la causa de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2022, se presente como una reparación partidista de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, no dejan de ser efectos secundarios limitados al sectarismo y la vocación revanchista propios de las izquierdas. El fin que primariamente persigue lograr con ella es ganar la legitimidad moral que las propias izquierdas perdieron definitivamente durante la guerra, en gran medida, gracias a la Carta colectiva del episcopado español, que difundieron por todo el mundo los obispos de las distintas naciones a las que fue enviada, dando a conocer las acciones criminales y el genocidio católico perpetrado por el Frente Popular. Lo que hundía en el mayor de los descréditos la supuesta legitimidad democrática (a modo de legitimidad de ejercicio) que pudieran argumentar sus componentes. Los fusilamientos de Paracuellos del Jarama son el mayor exponente del carácter criminal de la retaguardia frentepopulista durante la guerra de 1936, y ya sólo por ese episodio cualquier gobierno debería evitar todo tipo de defensa de la Segunda República, y esforzarse por reconocer a las víctimas de las izquierdas durante el periodo republicano y la Cruzada.
Por el contrario, la Ley de Memoria Democrática considera la Segunda República y el Frente Popular, con las correspondientes milicias armadas de sus partidos y sindicatos (jacobinos y socialistas, anarquistas, comunistas y separatistas responsables de un sinfín de crímenes), como fuerzas democráticas. En cambio, los extensos fondos documentales de archivos y numerosas fotografías demuestran que, lejos de defender la democracia liberal, durante la Cruzada las fuerzas del Frente Popular defendían un totalitarismo marxista muy similar a la URSS de Stalin. La ley empieza reconociendo únicamente a «las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista» y sólo se refiere a ellas cuando habla de «reconocimiento, reparación y dignificación».
En su preámbulo, la Ley se deshace en ditirambos hacia la arcadia feliz que supuso la Segunda República, un paraíso terrenal roto por militares fascistas y curas retrógrados, donde el Frente Popular es presentado como el paradigma de la democracia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos. De la Segunda República ensalza «sus avanzadas reformas políticas y sociales», en sí cuestionadas y cuestionables debido a su fracaso (como en Ley de Reforma Agraria), obviando las medidas sectarias adoptadas por los gobiernos de izquierdas dirigidas a apartar a los partidos conservadores o derechas de la vida política, además de toda la amplia batería legislativa anticatólica. Por supuesto, obvia también los numerosos crímenes cometidos tanto por las milicias como por las tropas frentepopulistas en la retaguardia o la adhesión a la dictadura genocida de Stalin, de la que recibió su principal ayuda y sostén para el mantenimiento del esfuerzo bélico.
Pese a que en su título 1, artículo 3 reconoce como víctimas de la Guerra Civil a «las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas», a las que, en un curioso giro, asimila a las «perseguidas por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares». Lo cierto es que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática se ha centrado en la exhumación de fosas de supuestas víctimas izquierdistas, sin que cuenten las víctimas a manos del Frente Popular, así como las propias víctimas del Frente Popular que fueron torturadas y asesinadas por otros miembros del mismo Frente Popular. Véase el caso de Andrés Nin y otros tantos dirigentes del POUM[10], así como de un buen número de anarquistas en Barcelona en mayo de 1937. El odio hacia todo lo católico a causa del fanatismo ideológico marxista y su deriva criminal, llevó a los integrantes del Frente Popular a profanar y humillar incluso los restos de los religiosos difuntos. Del mismo modo que al saqueo y la destrucción de todos los elementos litúrgicos y devocionales que formaban parte del arte sacro o patrimonio artístico del culto católico.
No nos detendremos a analizar la abyección que, al amparo de dicha Ley, ha supuesto la destrucción de cruces, placas y monumentos a los caídos del bando nacional y las víctimas de la persecución religiosa, ante la colaboración pasiva de unos funcionarios eclesiásticos tan carentes de fe y de formación como repletos de anomalías psicológicas, sufridores de una dramática reducción de la razón. El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que sabe que no está preparado.
CONCLUSIÓN
La memoria impuesta desde el poder no es memoria, sino propaganda. Cuando la historia se somete a un paradigma relativista y a un proyecto ideológico, deja de ser un camino hacia la verdad para convertirse en un instrumento de legitimación política. La Ley de Memoria Democrática, lejos de promover una reconciliación fundada en la justicia y la verdad, consolida una lectura parcial del pasado que oculta crímenes, reescribe responsabilidades y silencia a las víctimas que no encajan en el relato oficial. Frente a este empobrecimiento intelectual y moral, se hace necesario recuperar una comprensión realista de la historia, anclada en las fuentes, en la razón y en la responsabilidad moral de los hechos. Sólo desde la verdad —por incómoda que resulte— puede construirse una auténtica memoria que no sea rehén del poder ni de la ideología.
[1] Cf. Bloom, Allan, El cierre de la mente moderna, Plaza y Janés, Barcelona 1989, p. 77.
[2] Nietzsche, Friedrich, Consideraciones intempestivas, II.
[3] Cf. Cuenca Toribio, José Manuel, La Guerra Civil de 1936, Espasa, Madrid 1986, p. 214.
[4] Aristóteles, Ética a Nicómaco, III, 4, 1113a 32; S. Th., II-II, q, 60, a. 1, ob 3.
[5] Cf. S. Th., II-II, q. 47, a. 56. Para darnos una idea de la importancia capital de esta virtud, que regula al resto de las virtudes morales, el aquinate le dedica nada menos que diez cuestiones en la Suma Teológica.
[6] Cf. S. Th., II-II, q. 123, a. 40. Luego a la prudencia, reina entre las virtudes políticas, hay que agregar la fortaleza, virtud cardinal que permite al gobernante resistir el mal hasta el martirio; superar el temor y la presunción; vencer la pusilanimidad y la impavidez; refrenar la audacia; conservar la paciencia; y perseverar en el bien común.
[7] Cf. Marx, Karl, La cuestión judía, Anthropos, Madrid 2013, p. 28: «¿Cuál es la base secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés propio. ¿Cuál es la religión mundana del judío? La pequeña burguesía. ¿Cuál es su Dios mundano? El dinero».
[8] Cf. S. Th., I-II, q. 1, a. 1.
[9] Payne, Stanley, La Guerra Civil Española, Rialp, Madrid, 2014, pp. 281-282.
[10] Cf. Rubio Cabeza, Manuel, Diccionario de la Guerra Civil española, Planeta, Barcelona 1987, vol. II, p. 606.
