INTRODUCCIÓN
Evocar la Segunda República obliga a examinar el clima político heredado de décadas anteriores. Desde finales del siglo XIX, el terrorismo de inspiración anarquista se había consolidado como una forma recurrente de acción política en España, especialmente en entornos urbanos industrializados y en sectores del proletariado sometidos a condiciones extremas de precariedad.
Atentados como el perpetrado en el Teatro del Liceo de Barcelona en 1893, la bomba lanzada contra la procesión del Corpus en 1896 o el asesinato del presidente del Gobierno Antonio Cánovas del Castillo en 1897 marcaron el inicio de una larga cadena de violencia política. El nuevo siglo no apaciguó el fenómeno: Alfonso XIII fue objeto de varios atentados fallidos y en 1912 el presidente José Canalejas cayó asesinado en Madrid. En 1921, Eduardo Dato murió acribillado en un contexto de creciente pistolerismo.
La fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tras la Semana Trágica de 1909 canalizó el impulso revolucionario hacia el anarcosindicalismo organizado. Sin embargo, la institucionalización sindical no eliminó la violencia. La confrontación entre militantes cenetistas, pistoleros a sueldo, sindicatos libres y fuerzas del orden configuró una espiral de acción y reacción que erosionó gravemente la estabilidad social y política.
Cuando la Segunda República fue proclamada en 1931, el anarquismo no había desaparecido: simplemente había atravesado una fase de repliegue durante la Dictadura de Primo de Rivera. El nuevo régimen habría de enfrentarse pronto a la persistencia de la agitación revolucionaria y al recurso sistemático a la violencia como instrumento político.
Evocar la breve etapa histórica de la II República española obliga a calcular la probabilidad de éxito con la que contaba el régimen y constatar que el resultado es mínimo, estadísticamente despreciable. Muy posiblemente, quienes transitamos por el siglo XXI nos veamos en la necesidad de esforzarnos no poco hasta conseguir comprender que el ambiente intelectual que se respiraba hace cien años no guardaba la menor semejanza con el de nuestros días. Nuestro tiempo contemporáneo presencia el triunfo entusiástico de los valores propios del individualismo burgués, con las consiguientes atomización ética y disolución de los vínculos comunitarios de toda condición. El relativismo y la inmanencia enseñorean la vida entera de los individuos y modelan sus convicciones, o mejor la ausencia de ellas. La democracia representativa reviste atributos de dogma laico y el número y la cantidad se convierten en argumentos irrefutables. Nada era así después de haber enmudecido las armas de la Gran Guerra.
En España, desde finales del siglo XIX, el terrorismo de signo anarquista había acreditado cumplidamente su arraigo entre amplios sectores del proletariado urbano y en las capas sociales más deprimidas del campesinado sin tierra, así como su determinación fanática y osadía destructiva. Baste recordar el atentado contra el general Martínez Campos en 1893, ese mismo año las bombas en el Teatro del Liceo, en 1896 el atentado con explosivos contra la procesión del Corpus Christi -todos ellos en Barcelona- y en 1897 el asesinato en Mondragón (Guipúzcoa) del presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo. El nuevo siglo presenció un crecimiento sostenido del activismo y la agitación social ácratas y, en un bucle sin fin, de la represión indiscriminada y de nuevas acciones terroristas. El presidente Maura sufrió heridas leves de arma blanca, causadas por un anarquista en 1904; en 1905 Alfonso XIII salió ileso en Paris de un atentado con bomba y en 1906, en Madrid, volvió a resultar indemne tras la explosión provocada al paso de su cortejo nupcial, aunque la bomba causó una verdadera masacre entre el público congregado. En 1909, la Semana Trágica de Barcelona a la que nos referíamos algunas líneas más arriba dio comienzo como rebelión popular contra el envío de tropas a Marruecos, pronto se convirtió en huelga general y acabó desembocando en el incendio de ochenta templos religiosos, conventos y centros de beneficencia y enseñanza. Una de las consecuencias de aquellas jornadas -además de la defenestración política de Antonio Maura- fue la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, que canalizó el ansia revolucionaria de un amplio sector de las clases trabajadoras, hasta entonces signada por el espontaneísmo, hacia el anarcosindicalismo organizado y disciplinado. Con independencia de esto, en Madrid años después, en 1912 y en un atentado que evocaba el terrorismo de espontáneos de finales del siglo XIX, el presidente José Canalejas murió tiroteado por un anarquista. La CNT había inaugurado una etapa nueva en el anarquismo español, pero no se trataba necesariamente una época pacífica: no habían de faltar los gobernadores civiles con mano dura y los agentes de policía de gatillo fácil; la clausura de sedes sindicales y los encarcelamientos arbitrarios. No menos característicos del momento fueron
«(…) los reyes de la pistola obrera, anarquistas puros y pistoleros del hampa que se aprovechaban de las arcas sindicales y atentaban contra patronos y autoridades y contra los propios obreros que no estaban de acuerdo con esa tiranía de la Star. Así nacieron, por último, para cerrar esa espiral de violencia, los sindicatos libres que, (…) desde noviembre de 1920 a octubre de 1922 alimentaron, en palabras de Albert Balcells, el espíritu de represalia ciega contra los cenetistas [1]».
La CNT crecía sostenidamente en afiliados, implantación e influencia. Su mensaje anticapitalista -pero también señaladamente antiautoritario, antipolítico, antirreligioso y antiestatista- rebosante de utopismo simplista, prendía con fuerza entre las masas de trabajadores que padecían crudamente las consecuencias de la explotación y la miseria; una de ellas, no de orden menor, la ignorancia. Principalmente el anarcosindicalismo se hacía presente en la provincia de Barcelona, y también aunque en menor medida en otras como Sevilla, Zaragoza y Valencia, mientras la Unión General de Trabajadores predominaba en Vizcaya y Madrid. La espiral macabra de la violencia política giraba implacable: prohibiciones al anarcosindicalismo, prisión para los moderados, preponderancia del anarquismo radical, terrorismo sin freno, represión ciega, supresión de garantías, pistolerismo patronal, ley de fugas [2], más y más terrorismo, muerte de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros acribillado en 1921 por pistoleros anarquistas en Madrid… hasta que en septiembre de 1923 el general Primo de Rivera dio su golpe de Estado e instauró la Dictadura. La CNT fue ilegalizada -a diferencia de la UGT, que colaboró con el Directorio Militar- y el orden público fue restablecido sin contemplaciones. Tras la caída de la Dictadura, se habría de comprobar que el anarquismo -en sus dos vertientes: la sindicalista y la revolucionaria violenta- transitoriamente había enmudecido, pero no desaparecido.
[1] CASANOVA RUIZ, Julián (2000). La cara oculta del anarquismo, en JULIÁ DÍAZ, Santos (Dir.) Violencia política en la España del siglo XX. Madrid, Taurus, pp. 83 – 84.
[2] Eufemismo con el que se aludía a la práctica, evidentemente ilícita, por medio de la cual agentes policiales extraían de la prisión a un recluso para asesinarlo en la vía pública, so pretexto de impedir su huida. (N. del A.).
CONCLUSIÓN
El terrorismo anarquista no fue un fenómeno episódico ni marginal, sino un componente estructural de la conflictividad política española desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX. Magnicidios, atentados indiscriminados y pistolerismo configuraron un escenario donde la violencia se convirtió en herramienta habitual de intervención política.
La creación de la CNT supuso un intento de organización del movimiento obrero bajo parámetros anarcosindicalistas, pero no eliminó la dinámica de confrontación. La represión gubernativa —clausuras, detenciones, ley de fugas— alimentó nuevas radicalizaciones en un círculo vicioso de violencia y represalia.
En este contexto, la Segunda República nació en un terreno ya profundamente erosionado por décadas de terrorismo y represión. Comprender la persistencia y el arraigo del anarquismo violento resulta imprescindible para valorar las enormes dificultades estructurales que afrontó el régimen republicano desde su misma instauración.
