La España de Franco: Una España de propietarios y no de proletarios

La famosa frase de José Luis de Arrese, boicoteado Ministro de la Vivienda a finales de los cincuenta, que abre este capítulo, se hizo realidad en los años sesenta-setenta. La política de vivienda del franquismo social convirtió a los españoles en propietarios, de hecho España es hoy uno de los países con mayor proporción de hogares dueños de su vivienda[1]. Fue un cambio revolucionario porque de los primeros textos de Franco se deduce que este no era el objetivo inicial. Reconstrucción, mejora y accesibilidad constituyeron la primera base de esta política, pero parece que más orientada hacia la fórmula del alquiler para las clases populares. Desde sus discursos iniciales Franco insistirá en la necesidad de mejorar las viviendas de trabajadores y campesinos. El Fuero del Trabajo hablará de perfeccionar <<la vivienda campesina… mejorando las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos>>. Algo lógico cuando la mayor parte de la población vivía en núcleos rurales.

Sin embargo, tanto el Fuero del Trabajo primero como el Fuero de los Españoles después abrieron la puerta a una política orientada hacia la propiedad en concordancia con las tesis falangistas. El Fuero del Trabajo constitucionalizaba el derecho al <<hogar familiar>> y competía al Estado hacerlo posible. El artículo 31 del Fuero de los Españoles, que también tuvo la inspiración de Arrese, establecía claramente la intención de hacer a los españoles propietarios al constitucionalizar como derecho la propiedad de la vivienda familiar: <<El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano>>. Indirectamente, el franquismo social impulsó el cambio hacia la propiedad mediante las leyes de congelación de arrendamientos urbanos de 1946 que se renovaron en 1956 y en 1964, pues dejó de ser rentable la edificación para alquilar o el mantenimiento de este modelo en manos privadas, lo que facilitaba su valor especulativo[2].

Aunque de la mano de la denominada usualmente <<ley de memoria histórica>>, ingenuamente, se pretenda borrar de la memoria colectiva de los españoles, lo cierto es que la política de vivienda dimanada del franquismo social llenó de viviendas protegidas el país al construirse millones de casas y lo hizo en medio de grandes dificultades debido a la gran migración interna que iba a cambiar el modo de vida de los españoles, entre 3 y 4 millones de personas abandonaron los núcleos rurales para dirigirse a la ciudad; un movimiento que se hizo visible a partir de los años cincuenta. El intervencionismo a través del Instituto Nacional de la Vivienda resultó decisivo para cubrir la necesidad. Que en los años cincuenta hubo quien al amparo de la necesidad hizo grandes negocios o que vulneró las normas de calidad quizás aprovechándose de que la urgencia podía cubrir los defectos, es tan seguro como inevitable como la mala elección de los lugares de edificación; pero la realidad cotidiana es que basta con recorrer las ciudades españolas para ver que  la inmensa mayoría de aquellas viviendas continúa en perfecto uso[3]. También el Estado se hizo constructor. Prueba de todo esto es que, hasta hace poco, era frecuente encontrar en cualquier ciudad o pueblo los relieves o las placas que indicaban qué calles o barrios enteros habían sido edificados por los Sindicatos franquistas, por las organizaciones falangistas, acogidas a los créditos del Estado o por la acción directa o indirecta del Instituto Nacional de la Vivienda[4].

El arranque de esta política debemos buscarlo en la edificación de viviendas sociales que el propio Franco había prometido en sus primeros discursos. El antecedente directo de esta política habría que buscarlo en la construcción de las denominadas <<casas baratas>> (1911), nombre popular que perduraría y que también se daría a parte de las construcciones franquistas, por parte del general Primo de Rivera. La filosofía del INV iba a ir más allá porque se asumía que la política anterior había desembocado en un <<negocio>> que había hecho realidad, en no pocos casos, la confusión del <<concepto de casa de construcción barata con el de casa mal terminada, y en la que se empleaban materiales defectuosos>>.

La ley fundacional del Instituto Nacional de la Vivienda, cuya dirección recayó en Federico Mayo[5], precisaba que su objetivo era <<facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases humildes>> y la razón  no era benéfica, como algunos autores tratan de mantener para denigrar esta política, sino que se sustentaba en <<una exigencia de Justicia Social>>, ya que hacerlo posible era en sí mismo un fin social. Nacía así el concepto de <<vivienda protegida>>. Con el paso del tiempo a esta orientación hacia las clases populares se sumará la necesidad de hacer extensiva esta política de vivienda protegida a las clases medias a mediados de los años cuarenta a través de las políticas de bonificación que en algunos casos chocaban con la idea inicial de los sectores falangistas[6].

La ley de 19 de abril de 1939 creaba el INV dependiente del Ministerio de Trabajo. En ella es fácil percibir su vinculación a las tesis falangistas, anunciaba una planificación en la construcción de viviendas protegidas cimentada en las necesidades y establecía una política de créditos para que las <<Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, Organizaciones del Movimiento>> pudieran acometer una nueva política de construcción. Al INV correspondía <<dictar las normas de construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y orientar las iniciativas de los constructores>>. A diferencia de lo que pudiera entenderse la ley no convierte al Estado en constructor, sino en garantía de que se cumpla el fin social que debe <<presidir esta gran empresa>>. Así, lo que se establece es un <<régimen de protección>> para quienes construyan <<viviendas higiénicas de renta reducida>>[7]. En el caso de que se construyeran en terrenos sin urbanizar los proyectos debían de asumir las <<obras de urbanización indispensables y los servicios complementarios>>.

Aunque no se cerraba la posibilidad a la empresa privada es evidente que se buscaba que la orientación de la construcción fuera asumida por otras entidades en función de las necesidades reales, lo que aminoraría el peligro de subvertir el fin social y caer en la tentación de ser solamente un negocio. Así las viviendas protegidas podrían ser construidas por: los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales; los Sindicatos; las Organizaciones del Movimiento; las Empresas para sus propios trabajadores; las Sociedades benéficas de construcción y las Cajas de Ahorro; los particulares que hayan de habitar su propia casa y las Cooperativas de Edificación; las entidades y los particulares que construyen a título lucrativo; y excepcionalmente el propio INV[8]. Como es fácil de deducir se buscaba limitar al máximo la posibilidad de que la idea de negocio se impusiera y conseguir el abaratamiento de la construcción. Lo que el Estado hacía era facilitar a los promotores y a los constructores ventajas fiscales, créditos bajos o anticipos a largo plazo, subvenciones…

La modificación constante de la legislación en busca de mejoras es una muestra de algo que era constante en el franquismo. Las leyes no eran finalistas, ni tan siquiera tenían un plazo sin modificación muy amplio. Baste como ejemplo anotar cómo las disposiciones de 1939 fueron reformadas en 1941 a resultas de la <<experiencia recogida>>. Sobre todo porque pese a la invitación a la empresa privada para acometer la obra de construcción esta no se producía -es de suponer que por los reducidos márgenes de beneficio-, por lo que la excepcionalidad establecida para que el propio INV  fuera el constructor se variaba a la autorización para poder <<emprender por sí mismo la construcción de viviendas cuando se trate de atender necesidades graves y apremiantes, y en los casos en que así lo exija por falta de toda otra iniciativa>>. En las casas que desde este momento construiría el INV la propiedad sería del mismo hasta que quienes las usaran amortizaran todo su valor. Convertido el INV en entidad constructora asumirá con celeridad esta posibilidad para construir <<pequeños grupos de viviendas tipo, desparramadas por toda el área nacional para servir de ejemplo y estímulo>>. Así las viviendas sociales del INV cumplían todas las disposiciones y servían como advertencia a los <<fraudes de ley>> que se iban a producir. También asumía el INV la construcción de viviendas que se daban gratuitamente como premios y todas aquellas que eran de necesidad urgente, al menos así quedaba justificado en los decretos por los que se le adjudicaba la construcción. En 1942, por ejemplo, el INV asumía la construcción de cuatro poblados en la Isla Mayor del Guadalquivir. En 1944, ante el incremento de trabajadores en la cuenca minera asturiana, asumía la construcción inmediata de 4.000 viviendas protegidas para mineros a instancias del Ministerio de Trabajo regido por Girón, procediendo a la expropiación forzosa de los terrenos; en la segunda fase se preveía construir otras 5.000.

Girón estaba dispuesto a utilizar todas las disposiciones de la ley y para ello contaba con la Obra Sindical del Hogar (OSH), cuya dirección estaba también encomendada a Federico Mayo[9]. Apoyado por Serrano Suñer quien presentó la propuesta al Consejo de Ministros, contando con el importante número de ministros falangistas y la sensibilidad de Franco en este tema, consiguió que se cedieran gratuitamente terrenos municipales a la OSH para la construcción de viviendas baratas autorizándose a los Ayuntamientos a utilizar la expropiación forzosa. No contento, en febrero de 1942, conseguía que se permitiera a la OSH construir viviendas para pescadores y agricultores en pequeños pueblos y aldeas en los que naturalmente nadie pensaba edificarlas. Girón justificó su acción en la idea de enraizar habitantes en pequeños núcleos de población, coherentemente con las propuestas falangistas de revitalizar el campo y sus modos de vida. Un proceso que se cierra en 1945 cuando la OSH obtiene, a instancias de Girón, la consideración de actuación de interés nacional para sus proyectos  de construcción de <<casas ultrabaratas con destino a solucionar el problema de vivienda de la clase obrera>>, y ultrabarata en el lenguaje de Girón significaba precios inferiores a los del propio INV, pero las edificaciones construidas por la OSH fueron relativamente pocas, algo más de 20.000 en los años cuarenta, pero eran una novedad porque eran en propiedad[10]. Sin embargo, la OSH chocó en los cuarenta con la falta de materiales y presupuestos para sacar adelante sus sueños. Entre sus aportaciones de esta época debemos señalar la puesta en marcha de la Cartilla de ahorro para el hogar para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a los trabajadores.

¿Qué era una vivienda protegida? Sería imposible en una síntesis como esta tratar de reflejar su evolución a lo largo del Régimen. Desde nuestro objeto de análisis se tornan fundamentales dos elementos: el precio y sus condiciones de habitabilidad. El decreto de 8 de septiembre de 1939, precisa algunos de los artículos que aparecían en la ley fundacional del INV. El artículo 3º indica que tendrá la condición aquella <<que suponga un alquiler mensual no superior al importe de seis días de jornal o la quinta parte del sueldo mensual>> del usuario[11]. El taxativo artículo 6º nos precisa algo más importante: <<no se aceptará ninguna vivienda que no sea susceptible de albergar una familia con hijos, por lo cual se exigirá que, cuando menos, cada vivienda tenga tres dormitorios de dos camas>>. La ley busca impulsar desde el principio la consecución de la propiedad ya que establece que <<será preferido el sistema que permita a los usuarios el acceso a la propiedad de sus viviendas, mediante el pago de cuotas de amortización>>[12]. ¿Quiénes tenían acceso? A mediados de los años cuarenta se podía acceder a ellas en función de la renta. Inicialmente se fijó en un máximo de 500 pesetas mensuales para las viviendas de 110/150 metros cuadrados y 200 pesetas para las de unos 60 metros cuadrados.

No es nuestro objeto pero invitamos a cualquier lector interesado a profundizar en la prolija normativa sobre calidades, tipo de construcción, tamaño, orientación (lo que influye en el tamaño de las habitaciones), ventilación, etc.; solo resaltar, por ejemplo, anotaciones del tipo: <<quedan prohibidas aquellas obras como torreones, remates o cualquier otra de las llamadas decorativas, así como los excesivos movimientos de las plantas, y, en general, todo cuanto, sin llenar una necesidad funcional, encarezca innecesariamente la construcción>>. Aunque la normativa vaya variando es interesante dedicar unas breves notas al tamaño de la vivienda. Se diferenciaba entre las destinadas para hasta 4 personas y las que serían para familias de 5 a 8 integrantes (para más se establecía más espacio). Los dormitorios tenían que ser según la ley tres: de una cama (16 m²), dos camas (24m²), tres camas (34m²). La ley establecía que <<en toda vivienda habrá un cuarto capaz para hacer la vida familiar, que si es único, sea la cocina o el comedor, se ajustará>> a lo siguiente: la planta mínima será si es comedor-cuarto de estar, 16m² para los de 4 personas y de 18m² para los de 5 a 8 personas; si se tiene el comedor aparte será de 10m² para los de 4 y 13m² para los de ocho. La cocina iría desde los 4m² a los 6m² en función de si se incluye en la misma el fregadero o está aparte; o desde los 12m² a los 14m² si es cocina-comedor. El baño o ducha no se dimensionaba pero se establecía que el retrete debía de tener 1m². La normativa incluía además medidas de protección contra incendios y de saneamiento. En líneas generales la vivienda debía de tener como espacio de habitación, excluyendo pasillos, más de 70 m². Con autorización, para viviendas <<muy modestas>> se establecía como mínimo 3 dormitorios, cocina-comedor y retrete, siendo la cocina el <<único espacio para vivir>>, lo que situaba el mínimo útil en 54m² incluyendo el pasillo (pero recordemos que en los poblados o barriadas solo el 20% de las viviendas podían ser de este tipo y siempre con autorización). Aunque la ley establecía la posibilidad de viviendas más pequeñas, era complicado reducir el espacio habitable al establecerse que se tenía que ajustar a las dimensiones de las habitaciones si se mantenían los 3 dormitorios. Lo que sí se permitía, en el caso de vivienda aislada, algo importante en los ámbitos rurales, era la construcción por fases: primero para el <<programa matrimonial>> y después para la vivienda familiar. Una idea que también se intentará aplicar en los bloques a través de la posibilidad de las <<viviendas crecederas>> o el cambio de casa en los regímenes de alquiler en función del número de hijos, pero esto podía conducir fácilmente a que se quedaran en el tamaño original[13].

El INV no solo asumirá el problema de la vivienda sino también el de los servicios, modo de vida y urbanización[14]. En los años cuarenta el INV lanza su propio plan urbanístico para las construcciones protegidas rurales y urbanas. Fueron los falangistas los que apostaron por un nuevo urbanismo. En 1939 se publicaba el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción. La figura principal del nuevo planteamiento sería el Director General de Arquitectura, encargado de la construcción del Valle de los Caídos, Pedro Muguruza. De ideas falangistas partía, como la legislación, de la necesidad de que la vivienda no fuera objeto de especulación burguesa. Probablemente, la presencia de Arrese, arquitecto de profesión, en la Secretaría General contribuyó a que el discurso arquitectónico falangista encontrara eco apoyado por Mayo. El urbanismo falangista de los cuarenta y hasta mediados de los cincuenta se inspirará en la construcción de pequeños pueblos urbanos de forma más o menos ortogonal, con edificios que tendrán como máximo cuatro alturas incluyendo la baja. Su lema era construir viviendas sanas y alegres. Estos barrios se organizan con plazas incluyendo espacios verdes[15] y arbolado junto con los servicios necesarios (escuela, iglesia y según la época lo que llamaríamos centro social, también se impulsará el cine de barrio). Este modelo urbanístico, propiamente falangista, se verá superado por las circunstancias y la llegada masiva de inmigrantes a las ciudades lo que conducirá a la necesidad de edificar en altura con otros criterios.

Franco insistía en su discurso en la necesidad de construir viviendas para las clases populares. En consonancia el INV trazó un Plan Nacional de Vivienda, en vigor hasta 1954, en el que se preveía construir o reparar 1.400.000 viviendas, 350.000 entrarían dentro de la catalogación de protegidas. Sin embargo, no se alcanzó ni el 50% de lo previsto. Algo por otra parte lógico dadas las circunstancias económicas, pero a mediados de los cincuenta el déficit de viviendas era abrumador y comenzaba a atisbarse la llegada a las grandes ciudades de la gran ola de emigrantes de las áreas rurales. Pese a los balances exitosos, como también era habitual en un régimen menos monocolor de lo que se suele afirmar como era el franquista, las críticas, los errores y las distorsiones salían a la luz con facilidad. Más aún si estaba como Ministro de Trabajo José Antonio Girón quien bramaba contra los especuladores. La construcción de viviendas era a mediados de los cincuenta insuficiente y se asumía que era necesario impulsar la mayor participación de la iniciativa privada para construir más. Desde 1939 se habían construido unas 400.000 viviendas, gran parte protegidas en diverso grado, pero la falta de viviendas reducía los beneficios sociales ya que no era extraña la vulneración de los precios de alquiler o que el acceso diferido a la propiedad presentara dificultades.

Franco, evidentemente preocupado por la falta de resultados, encarga en 1950 a una Comisión Interministerial, presidida por el Ministro de la Gobernación, el también falangista Blas Pérez, la elaboración de un informe sobre el problema de la vivienda. El problema es ¿cómo construir y financiar más de un millón y medio de viviendas en 20 años que son las necesidades estimadas? Es evidente que es necesaria impulsar la participación de la iniciativa privada e incrementar el suelo disponible en los extrarradios de unas ciudades que van a crecer de forma acelerada. Las viviendas, además, deberán construirse en función de las necesidades del tipo de familias al que van dirigidas: se estima que el 50% de las familias necesitarían como mínimo 2 dormitorios y el 35% de tres en adelante. Pero el informe ofrecía ya diferencias con los límites mínimos que la influencia tanto religiosa como falangista habían establecido a principios de los cuarenta. En 1953 ya se comenzaba a plantear la necesidad de un <<ministerio>> independiente, lo que políticamente significaba un recorte de poder para el Ministerio de Trabajo de Girón.

Girón va a conseguir, sin embargo, pilotar la nueva legislación que tendrá su arranque con la Ley de 14 de mayo de 1954.  Ya no se trataba solo de construir <<viviendas protegidas>> para obreros, pescadores o campesinos sino para una clase media en crecimiento, a la que había que ayudar, a la franja de obreros que iban a integrarse en esa clase media, por lo que se iba a implementar una nueva categoría de protección, las viviendas de renta mínima y reducida (Decreto-Ley de 29-5-1954 y 10-8-1955) y las de renta limitada (Ley 15-7-1954).

Los falangistas tienen que ceder en su discurso arquitectónico debido a la necesidad de construir ante un nuevo tipo de vivienda social con un coste de 25.000 pesetas fijada por la ley de mayo del 54.  Se mantenía, eso sí, el mínimo anterior: tres dormitorios, cocina-comedor y retrete independiente; pero se eleva hasta un máximo del 40% las posibilidades de que se contemplara su construcción dentro de un programa más reducido, previa justificación y siempre que se trate de grupos (poblados o barrios de importancia) que <<por conservar la propiedad la entidad constructora, sea posible el traslado de inquilinos de una a otra vivienda para mantener de acuerdo la capacidad de las mismas con las necesidades familiares>>, pero si son para acceso a la futura propiedad el porcentaje volvía al máximo del 20%. Era un reaseguro incluido en la ley. Las dimensiones también se reducen con respecto a la legislación anterior para esta vivienda social al situarse en los 42m²; con mínimos útiles por persona que van de los 7.5m² a los 8m².[16] Se específica el modelo de <<viviendas crecederas>>, que en el <<programa matrimonial>> serán de una superficie mínima de 30m^2, que tendrían un solo dormitorio pero en el que debería entrar una cama de matrimonio y una cuna. Las nuevas ordenanzas también reducen los mínimos en el tamaño de las habitaciones: para los dormitorios, solo se especifica un mínimo genérico de 6m²; los aseos deberán tener 1m² para retrete y el espacio que demanden las demás piezas; la cocina-comedor-estancia para la vida familiar se establece para cuatro personas con 16 m² como mínimo[17]. Una vez construidas la titularidad era del Instituto Nacional de la Vivienda.

De todos modos, al final, el desarrollo quedaba en manos del Ministro de Trabajo[18] pues se constituía un nuevo organismo, el Consejo Nacional de la Vivienda cuya presidencia asumirá el Ministro de Trabajo, lo que daba un mayor poder a Girón en unos momentos en los que las críticas hacia él por parte del sector católico y partidario de la implementación de medidas de apertura económica arreciaban. Todo el sector de viviendas de renta limitada quedaba bajo su influencia. Corresponde al INV, tras la muerte de Mayo dirigido por el también falangista Luis Valero Bermejo[19], orientar <<socialmente la construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente más débiles>>. Lo fundamental es, sin embargo, <atraer y fomentar la iniciativa privada>>[20].

Las viviendas de renta mínima y reducida ampliaban los presupuestos de la protección y las ayudas ya que se establecían varias categorías, con coste diferenciado, entre las 74.000 y las 100.000 pesetas, que podrían llegar hasta los 100m². Las de renta mínima y reducida tendrían su gran promotor en la OSH. Las de renta limitada podían ir desde los 50m² a los 200m². Las viviendas de renta limitada eran solo para domicilio permanente (solo los bajos se podían dedicar a usos económicos). Pero el Ministro tenía objetivos más ambiciosos, perseguir la especulación y los abusos que el nuevo diseño de ayudas, que ahora iban directamente al promotor, podía incrementar, tal y como expuso en 1955 ante el propio Consejo:

            <<Es necesario de todo punto hallar un sistema de colaboración entre todos los que tienen la      responsabilidad de llevar a cabo la obra política, social y económica que el Instituto [INV] encierra. Y en       este sentido es preciso fijar inexorablemente un criterio que debe ser impuesto a quienes acepten el   compromiso de realizar nuestro programa. Hay que cortar sin contemplaciones y en cumplimiento de un      deber sagrado las tendencias a la especulación que proliferan tan fácilmente en torno a la construcción de      viviendas. Hay que crear un sistema de vigilancia que haga imposible los abusos en la fijación de alquileres   mediante subterfugios cínicos de todos conocidos. Hay que obligar a que las construcciones sobre las que se   otorgan los beneficios de la ley se terminen en plazos prudentes, pero inexorables, para evitar que la    acumulación de intereses y la práctica de ciertos procedimientos sórdidos, encarezcan los futuros alquileres.    Hay que racionalizar la construcción de modo que cuantos elementos intervienen en ella estén técnica y       económicamente bien estudiados, para que, conjuntados todos, den por resultado una construcción digna de ser habitada y al alcance de todos los españoles.

            Y en todo este programa de previsiones hay que conceder una atención especial a lo que constituye una         preocupación del Gobierno y a lo que está siendo objeto de estudio para una próxima disposición. Me refiero         al solar. No hay especulación socialmente más injusta, económicamente más monstruosa que la que se ejerce con un trozo de tierra improductiva y sucia, sobre la que, con absoluta inhibición del dueño, el trabajo de la sociedad va acumulando capas de oro. Esto se tiene que terminar. Tiene que terminar esa cínica expresión   de “echar a criar” las pesetas en la aridez de un solar, en espera de que el Gobierno o el Municipio, es decir,            la sociedad, hagan pasar por frente a él una gran vía o edifiquen en torno suyo un grupo de viviendas>>.

En julio de 1954 se conoce la Ley de Viviendas de Renta Limitada o viviendas protegidas. A la nueva ley acompañó el II Plan Nacional de Vivienda cuyo objetivo sería construir 550.000 viviendas en 5 años, lo que daría acceso a la vivienda a más de 2 millones de personas. Para el primer año se fijaba la construcción de 20.000 viviendas más que la media propuesta. De ellas, 450.000 serían con ayuda económica directa del Estado y más 50.000 serán de tipo social (dato a retener porque se refiere a las de tamaño reducido). Conscientes de la llegada de inmigrantes a las grandes ciudades se establecen zonas de urgente preferencia: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Oviedo y su zona minera, Zaragoza, Campo de Gibraltar y Málaga. Sin embargo, el incremento de la inmigración a las ciudades, duplicándose las tasas anuales (más de 200.000 personas), seguirá siendo inasumible por la edificación manteniéndose el problema y el déficit de viviendas[21]. La Ley del Suelo de 1956 fue un eficaz complemento al Plan siendo la raíz de la política urbanística española vigente, pero no pocos falangistas la consideraron contradictoria con sus postulados. Ahora bien en el segundo quinquenio de los cincuenta se planteaba la dicotomía, casi la antinomia, entre urbanizar o dar casa. Evidentemente se eligió lo segundo, dentro de una política que se dirigía hacia la expansión de la vivienda social en alquiler como primer paso hacia la mejora y la propiedad. Al mismo tiempo, el desarrollo de la construcción va a garantizar nuevos puestos de trabajo, lo que junto a las obras públicas iba a convertir este sector en uno de los básicos hasta la actualidad. Los logros del Plan fueron relativamente satisfactorios dado que se construyeron más de medio millón de viviendas pero no cubrieron las necesidades.

No parece que los proyectos se estuvieran desarrollando al ritmo que se estimaba necesario. Desde mediados de los años cincuenta, Franco se estaba planteando las posibilidades de crear un Ministerio de Previsión y Seguridad Social y trasladar el INV al Ministerio de Obras Públicas. El Caudillo quería derivar el tema de la vivienda hacia los ámbitos técnicos aunque su primera idea fue la de nombrar a Arrese, que iba a abandonar la Secretaría General, Ministro de Obras Públicas. Pero sería el propio Arrese el que abriera la puerta para la creación de un Ministerio de la Vivienda[22]. Crear un ministerio específico era algo fundamental para intentar ordenar y coordinar todas las instituciones existentes encargadas de solucionar el tema de la vivienda, desde la OSH a la Dirección General de Regiones Devastadas. La crisis del 57 llevaría a Arrese a ese puesto para evitar una ruptura política pero estaba claro que el nuevo equipo de gobierno esperaba su fracaso por lo que se le asfixió presupuestariamente. Ahora bien, Arrese no sucumbió estando dispuesto a dar al Ministerio su particular visión sobre el problema, impulsando la idea de la expansión de la vivienda en propiedad y de un nuevo urbanismo hasta su salida definitiva del gobierno en 1960:

<<No queremos y lo consideramos un mal aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo electivo hacia el arrendamiento, ni siquiera hacia el acceso a la propiedad cuando los plazos son         tan lejanos que destruyan el aliciente […] la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto     de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad donde se hace posible esa meta tan lógica y humana, pero hasta ahora reservada casi de un modo exclusivo al privilegio del            dinero de alcanzar que la vivienda sea del que la vive>>.

Al frente del Ministerio el líder falangista traza su última finta revolucionaria. Recupera y remoza el concepto del hogar. Para Arrese el hogar es un elemento clave en la conciencia e identidad nacional, es lo que une al hombre a su Patria y, en paralelo a la definición de Patria de José Antonio, afirma que el objetivo de la vivienda es <<lograr que aquellos que duermen bajo el mismo techo dejen de ser grupo para convertirse en destino>>. El hogar es para Arrese un concepto cristiano y revolucionario, porque debe convertirse en el <<santuario que forma a la familia, la fragua que funde y moldea el corazón de sus miembros>>.

            <<Nuestro esfuerzo, el esfuerzo total del Ministerio, irá encaminado en adelante, y digámoslo en voz alta y            con la mirada firme, porque creemos que en ello está el servicio a la causa común de lograr la armonía de   todos en la paz de un hogar fijo y estable, irá encaminado, repito, a considerar superado el sistema de         “Renta Limitada” para alcanzar la etapa ideal de la “Venta limitada”. Venta para que, a través de ella,            se facilite el rápido acceso del hombre a la propiedad de lo que está más íntimamente ligado a su propia      personalidad y a la existencia de su propia familia. Limitada, para evitar que el apetito desordenado de      alguno malogre este encuentro del hombre con su contorno.

            Solo así habremos dado un paso gigante en el camino difícil de la revolución social, porque las revoluciones – y esto lo digo para muchos que confunden lo que tienen de doctrina con lo que tienen de violencia- no son la parte negativa y triste de la guerra, sino la parte positiva del pensamiento nuevo que aporten a la vida, y     nuestra revolución, señores, o mejor dicho, la parcela del común pensamiento nuevo que está encomendada a          nuestro Ministerio consiste en derogar el sentido melancólico y transeúnte del hombre que camina por la vida            sin derecho a alcanzar con su mano la posesión de las cosas que le rodean e implantar, como un himno de        gloria, el arraigo de la familia en el ambiente cálido y amable del hogar.

            No queremos que se salga con la suya como la doctrina que llamó proletaria a la masa, porque sostuvo que el hombre en la sociedad cristiana solo una cosa es capaz de tener sin dinero: la prole; no queremos que la     propiedad de las cosas más íntimamente ligadas al hombre queden al margen de su propia existencia; no     queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Y entre  todos los esfuerzos que      puede y debe realizar una doctrina social como la nuestra, nacida para levantar al hombre hasta la           dignidad física y metafísica para la cual ha sido creado, ninguna más exigente ni más hermosa como esta de hacer que todos los españoles se sientan propietarios del hogar que ocupan; de ese hogar que no es solo las    cuatro paredes que lo forman, sino hasta la pequeña historia que se esconde en cada rincón y hasta el aire   que lo llena de recuerdos. Solo así podremos decir que hemos dado una versión distinta a la vida>>.

La tesis de Arrese es la que se iba a imponer desde mediados de los sesenta con el acceso generalizado de los obreros y las clases medias a la propiedad de la vivienda mediante los sistemas de Protección Oficial, la entrada en el proceso del sector privado que se vio atraído por la rentabilidad que ahora se ofrecía y el concurso de una banca pública orientada hacia el crédito y la inversión en la construcción financiando a las entidades. Así surgió el Banco Hipotecario de España. Las condiciones hicieron que entonces la Banca privada no viera un beneficio en el préstamo hipotecario. Con su particular eficacia Arrese comenzó a hacer frente al reto de construir 140.000 viviendas al año[23], pero tuvo que asumir que era preciso contar con el sector privado para poder abordar la edificación necesaria aunque las privaciones presupuestarias le llevaran, sobre el papel, a fijar mínimos de construcción más bajos que luego podrían ser modificados en los proyectos[24]. A finales de noviembre del 57 aprobará la Ley de Viviendas Subvencionadas para atraer la inversión privada, ya que no había otra forma de hacerlo (la subvención era de 30.000 pesetas por vivienda y 400 de préstamo por m², tenían unas dimensiones de entre 38m² y 150m²), no entrando estas en la calificación de <<renta limitada>> pero obteniendo una subvención (las de renta mínima o reducida podían recibir, de un modo u otro, hasta un 90% del coste), siendo destinadas al alquiler o la venta. Por otra parte, impulsará planes para recuperar los déficits acumulados en algunas ciudades como Madrid, creando  la Ley de Urgencia Social que fue apoyada directamente por Franco que asumía la gravedad de la situación planteando la construcción de 60.000 viviendas subvencionadas en la capital en dos años para alojar a un cuarto de millón de personas. Cuando se puso en marcha las chicas de la Sección Femenina acudieron a los poblados de chabolas para realizar su particular estadística de necesidades para la adjudicación de aquellas viviendas. A pesar de todo Arrese mantuvo la posibilidad de que el Ministerio de la Vivienda, cuando no se consiguiera la inversión privada, se convirtiera en constructor, como sucedió en los planes de Barcelona, Vizcaya y Asturias.

Arrese se había ganado no pocos enemigos políticos y era, salvaguardado por la deferencia y la amistad que le unía a Franco, un extraño en el gobierno de 1957 donde las figuras emergentes eran Navarro Rubio y Alberto Ullastres. Arrese se enfrentaba a lo que se dimanaba de los consejos americanos vertidos en diversos informes (<<tampoco entendía otra cosa; por qué mirábamos con tan mítico respeto el informe de los americanos>>). La reducción de gastos implicaba la reducción de las inversiones sociales y eso apuntaba directamente a su Ministerio. Arrese pergeñó el II Plan Quinquenal de la Vivienda, el tercero en realidad de los planes. El Ministro optó por desafiar al área económica, por más que ajustara sus cuentas, anunciando que se construirían 200.000 viviendas al año, pero su ministerio carecía de presupuesto propio. Consciente de que no iba a ganar, presentó una dimisión que Franco aceptó con cierta contrariedad, era el fin de una época, pero el sueño de tener una casa propia ya estaba inoculado.

            <<Había en España -explicaba Arrese en 1972- una difícil economía y el problema social topó con la creencia de que lo importante era sanear la Hacienda aun a costa de dejar a los hombres viviendo unos años todavía en sus chabolas o debajo de los puentes. La lucha se estableció en torno al grifo del dinero, y como el grifo no estaba en mis manos, mi proyecto para llegar al millón de viviendas acompañando el discurso que            ponía las cartas boca arriba, puso mi etapa boca abajo>>.

El legado de Arrese será precisamente la conversión de los españoles en propietarios de su hogar haciendo realidad la propuesta falangista. Tuvo que luchar, además de con los miembros de aquel gobierno, con los propios arquitectos y ceder ante las circunstancias, pero espera imponer su visión urbanística para el crecimiento. Los barrios humanos, alegres, de los proyectos falangistas dejarán paso a los edificios de 13 plantas como máximo, pero hay que albergar de forma rápida a los españoles del éxodo rural y acabar rápidamente con el chabolismo. Los proyectos de edificación fueron muy variados como puede apreciar cualquiera que recorra las calles de España. Arrese quería impulsar la llegada de nuevos arquitectos -el déficit era notable- que compartieran su visión. Edificios pero con nueva distribución en el espacio. Casas abiertas al exterior que deben hacer posible su concepción cristiana que deben huir de la masa y del número. Los arquitectos deben ser <<artistas sociológicos>>. Pide que en el nuevo modelo colaboren sociólogos, expertos en estadística, responsables de higiene… Las casas tienen que abrirse ahora al barrio, a la barriada creando <<organismos enteros>>. Como <<artista sociológico>> define los espacios, explica que será necesario contar con un mobiliario adaptado a las medidas y necesidades de las habitaciones. En los barrios, que huirán de las grandes avenidas, en los <<organismos enteros>> se tendrán que incluir las zonas comerciales, los espacios de reunión, conseguir que lo verde se imponga al asfalto. Así, en su propuesta, Arrese plantea la necesidad de que los edificios/viviendas que conforman el barrio hagan posible la vida[25].

El desarrollo económico, la elevación de los salarios iban a permitir que los españoles se convirtieran en propietarios merced a la política de los sucesivos gobiernos. Por otra parte, se convirtió en un sector propicio para la inversión nacional y extranjera una vez que se completara la liberalización económica. En los sesenta aparecería una nueva modalidad, la Vivienda de Protección Oficial (VPO). El 24 de julio de 1963 se abría con la firma de la ley un nuevo período. A partir de aquí el problema se trasladaría al enfrentamiento entre las normativas y los constructores que pugnaban por reducir al máximo las condiciones para incrementar los beneficios[26]. El Estado por su parte, consiguió mantener los precios a través del suelo (este no podía suponer más del 15% del precio de la vivienda protegida) realizando una política de expropiaciones para dar a las constructoras suelo barato; a las constructoras les salió la competencia de las Cooperativas de Viviendas. Independientemente de los negocios que se hicieron el hecho es que los españoles podían acceder a la vivienda en propiedad de forma masiva[27]. En 1961 el Plan Nacional de Viviendas se comprometía a construir 3.750.000 viviendas en quince años, los ritmos de construcción en los años sesenta superaban los índices fijados. Entre 1970 y 1975 se construyeron más de dos millones de viviendas; desde 1940 se habían levantado casi cinco millones, unos 3.9 millones se edificaron entre 1961 y 1975.

Por otra parte, la construcción se convirtió en un elemento importante para el crecimiento económico y la absorción de mano de obra a lo largo de los años del desarrollo. El Régimen con su política de vivienda estaba consiguiendo tanto el acceso generalizado a la propiedad como cubrir las necesidades de los millones de españoles que habían salido del campo para ir a las ciudades. Según la OCDE en el año 1965 España estaba a la cabeza de la construcción de viviendas en relación al número de habitantes y también figuraba en lugar destacado en lo referido a la dimensión media de las viviendas. En esa fecha el 99% de las casas que se edificaban tenían baño o ducha

Como indica Paloma Taltavull <<la política pública contribuyó de manera decisiva a resolver los  problemas de vivienda en los decenios de 1960 y 1970>>. En el primer quinquenio de los sesenta la construcción de viviendas protegidas fue de un predominio absoluto. En 1965 las viviendas libres edificadas no superaban las 50.000 mientras que las protegidas se aproximaban a las 250.000. A la muerte de Franco la construcción de viviendas libres y protegidas se mantenían al 50%. A finales de los ochenta se produjo la inversión definitiva quedando las viviendas protegidas solo para rentas pequeñas[28]. Hoy prácticamente no se construye vivienda protegida.

[1] LEAL, Jesús: <<La política de vivienda en España>>, Documentación Social nº138 (edición digital).

[2] Este modelo se mantuvo en España hasta 1985, aunque en realidad no cambiaría la situación de forma definitiva hasta la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Téngase en cuenta que, por ejemplo, la ley de 1964 establecía que se podía incrementar el precio del alquiler solo en función del incremento del IPC y que en caso de querer venderla el inquilino tenía derecho de tanteo en función de la capitalización de las rentas pagadas a un interés del 4.5% anual, lo que facilitaba el acceso a la propiedad.

[3] Incluso, algunos de estos barrios, que han quedado en zonas céntricas, se han ido remodelando las viviendas por parte de sus propietarios, modernizándolas interiormente e incrementando exponencialmente su valor.

[4] En la ciudad de Barcelona se ha llegado, para borrar la memoria, a subvencionar los gastos para la retirada de las placas de los edificios.

[5] Federico Mayo Gayarre, natural de Pamplona, de profesión ingeniero de minas, combatió con los nacionales en la guerra civil alcanzando el grado de Capitán estando destinado en el Cuartel General del Generalísimo. Vinculado al sector católico del régimen asumió las tesis falangistas sobre la vivienda. Director del INV fue también Jefe Nacional de la Obra Sindical del Hogar, Consejero Nacional y procurador en Cortes. En no pocas ciudades y pueblos se le dedicaron calles por su labor a la hora de facilitar viviendas para las clases modestas o construir grupos escolares. En la actualidad son siendo retiradas por aplicación de la mal llamada ley de la memoria histórica, su pecado haber impulsado la construcción de millares de viviendas sociales.

[6] El decreto-ley de 25 noviembre de 1944 que establecía estas bonificaciones permitía al promotor la venta libre de la vivienda, pero entre ellas se incluían aquellas que posteriormente recibieron el calificativo de primera categoría por tener una utilidad entre 110m² y 150m². Pero como el lector comprenderá, pese a las críticas vertidas, ni eran tan elitistas, ni el número de las acogidas a las bonificaciones en la siguiente década, algo más de cien mil, era tan extenso. Eso sí, la demagogia o el populismo puede darse en ambas direcciones cuando se recurre a ella por parte de críticos e investigadores.

[7] Ante la realidad social de los trabajadores se incluía en la consideración de <<protegidas>> al <<taller familiar, en las viviendas para artesanos, y al granero y establo, en las casas para labradores. También se extenderá a los edificios destinados a capillas y escuelas que se construyan formando parte de los proyectos de grupos o barriadas>>.

[8] Señalemos que Ayuntamientos, Diputaciones, Sindicatos y Organizaciones del Movimiento no podían edificar ellos mismos sino que debían de realizarlo a través de contratos adjudicados en subasta. Los proyectos, antes de pasar a la fase de subasta, eran revisados por el INV. El único beneficio que tenía el autor del proyecto escogido era el derecho de tanteo en la subasta. El INV sí podía asumir directamente la construcción.

[9] Su nombre inicial fue Obra del Hogar y de la Arquitectura Nacional-Sindicalista. Creada en 1939 tenía como objetivo inicial la promoción de viviendas para obreros. Cfr. GÓMEZ JIMÉNEZ: op. cit. p. 77.

[10] En esta época también se constituirá el patronato de viviendas militares y una nueva legislación destinada a la dignificación y construcción de nuevas casas cuarteles para la Guardia Civil. Por otra parte, muchas administraciones públicas construirán viviendas para sus empleados acogiéndose a lo dispuesto por el INV.

[11] Para que el lector pueda hacerse una idea. Si tuviéramos que equiparar al salario de un mileurista -muchos salarios son hoy menores en España- el alquiler de esta vivienda sería como máximo de 200 Euros. Si fuera un matrimonio de mileuristas el alquiler, como máximo, podría situarse en unos 400 Euros.

[12] La ley establecía que el acceso a la propiedad  de estas viviendas protegidas solo era para españoles que se dedicasen a <<un oficio, empleo o profesión liberal, o ser pensionista del Estado>>.

[13] Ordenanzas del Instituto Nacional de la Vivienda para Anteproyectos y proyectos (1946).

[14] Probablemente con la idea de que no se convirtieran en <<viviendas marginales>> por su situación se establecía que: <<no se autorizarán viviendas protegidas en las inmediaciones de industrias ruidosas>>, <<tampoco en vías arteriales de tráfico intenso>>. Para mejorar el descanso se indicaba que en los edificios debían de coincidir en planta las habitaciones del mismo uso, se establecerán ordenanzas de uso para evitar los ruidos nocturnos y en las horas de reposo en los edificios y en la barriada, la inspección vigilará el cuidado de las viviendas, se establecen las normas sobre las basuras y hasta se fija que <<no se sacudirán las alfombras a la vía pública después de las nueve en invierno o las ocho en verano>> y <<no se producirán ruidos molestos a ninguna hora en las viviendas de barriada o de pisos, ni escándalos ni ofensas al decoro moral público>>.

[15] Inicialmente se estableció que deberían convertirse en parques y jardines 8m² por habitante.

[16] Según la ley muchas de estas viviendas se pensaron para solucionar de forma rápida catástrofes como inundaciones (Valencia) o incendios.

[17] La Organización Sindical del Hogar realizaría su propio plan de viviendas para trabajadores con la previsión de construir unas 20.000 viviendas al año de renta mínima y reducida. Usualmente utilizaron los edificios en altura y se aproximaban a los 90m².

[18] En los desarrollos y las ordenanzas se podían cambiar muchas cosas. Así, en la ley de 1955 Girón introduce la siguiente medida: <<se considera necesario imponer a las empresas de más de 50 productores la obligación de acometer la construcción, para sus empleados y operarios, del 20% de las viviendas en relación a sus plantillas laborales>>.

[19] Valero Bermejo había desarrollado un plan de vivienda siendo gobernador civil de León mediante la autoconstrucción.

[20] A diferencia de la Ley de 1939 ahora en lo referente a los promotores aparecían en la cabeza en el orden de prelación los particulares que construyeran su vivienda y los constructores. Después estaban los Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, la Obra Sindical del Hogar, los Ministerios y Organismos oficiales, las Cámaras de la Propiedad, las Corporaciones y Colegios profesionales, las cooperativas sindicales, las mutualidades, los montepíos, las Cajas de Ahorro, las empresas, las diócesis y parroquias y todos los que pudieran incorporarse. Se volvía a la excepcionalidad para el INV.

[21] Ello impulsará la construcción de los poblados de absorción y los poblados dirigidos. Los primeros de vivienda social, con ciertas connotaciones de temporalidad, destinados a luchar contra el chabolismo; los segundos, de viviendas de renta limitada.

[22] No es cuestión de nuestro trabajo revisar la evolución política del régimen. Sí indicar que en 1957, tras la derrota definitiva de Arrese y su proyecto de institucionalización política del Estado, con la salida del gobierno de Girón, aunque fuera sustituido por otro falangista, el peso de la Falange en el gobierno se iba  ver definitiva y drásticamente reducido, al igual que el de la democracia cristiana de los años del aislamiento internacional. Arrese intentó maniobrar para conseguir que los falangistas tuvieran un peso en el gobierno controlando la Secretaría General, para la que impulsaba el retorno de Girón, el Ministerio de Trabajo (Solís), el nuevo Ministerio de Vivienda (Salas Pombo) y el de Obras Públicas a cuyo frente estaría él. Un proyecto bien trazado que se derrumbó cuando Girón rechazó el ofrecimiento que Franco debió hacerle. Arrese perdería esta última finta política en la que debió de jugar un papel importante el Almirante Carrero.

[23] Arrese tendría que hacer frente a situaciones extremas como las inundaciones de Valencia.

[24] Las viviendas sociales tendrían menos metros cuadrados, 38m² como mínimo, pero se establecía que debían de tener 3 dormitorios, un comedor de 10m², cuarto de aseo y cocina.

[25] Las ideas urbanísticas de Arrese no se quedan en España. El Ministro intervendrá en diversos foros europeos exponiendo sus ideas. En 1959 escribe un texto tan interesante como fundamental, Proyecto de bases para crear una comunidad internacional de la vivienda. Habla en el Senado alemán y en París donde es condecorado con la Legión de Honor.

[26] En los sesenta los promotores consiguieron muy pocos cambios. En realidad hasta 1972 no se modificarían para una elevación de precios. Después de la muerte de Franco se irían eliminando progresivamente los condicionantes de calidad.

[27] Aunque los cálculos comparativos son difíciles de hacer pues se deben incluir factores diversos y que las medias son siempre engañosas sobre todo en un tema como este donde sería necesaria la sectorialización y la diferenciación (protegidas y libres) a efectos ilustrativos indicaremos que si nos retrotraemos a 1975 estimaríamos que una español que percibía el sueldo medio de la época necesitaba unos 5 años de salario para pagar su casa (70m2/80m2) y un coche (lo que significa que ya en el franquismo se estaba dentro de los 4,5 años que según se estima actualmente debería de ser el esfuerzo de renta para adquirir la vivienda). En la actualidad se estima que se precisarían algo más de 9 años, unos 7/8 si nos referimos solo a la vivienda. Antes de la crisis el esfuerzo para comprar una casa era aún mayor superando los 13 años.

[28] TALTAVULL, Paloma: <<El sector de la construcción>> en Lecciones…, p. 239.