La aplicación de la Ley de Memoria Democrática continúa generando un intenso debate político, jurídico e histórico en España. Uno de los casos más controvertidos ha sido el expediente sancionador abierto contra Falange Española tras la celebración en Madrid de los habituales actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 2022, pocos días después de la entrada en vigor de la nueva normativa.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideró que dichos actos podían vulnerar la ley y promovió un procedimiento que terminó con una sanción de 10.001 euros contra la organización, calificando los hechos como una infracción “muy grave”. La decisión estuvo respaldada por un informe histórico encargado al profesor Miguel Ángel del Arco Blanco, circunstancia que también fue objeto de polémica y críticas por parte de Falange.
Ahora, la Audiencia Nacional ha estimado íntegramente el recurso presentado por Falange Española de las JONS, anulando la sanción e imponiendo las costas a la Administración. La resolución judicial ha sido interpretada por la organización como una victoria frente a lo que considera un uso ideológico y represivo de la Ley de Memoria Democrática, reabriendo el debate sobre los límites entre memoria histórica, libertad ideológica y libertad de expresión en España.
En octubre de 2022 entraba en vigor la Ley de Memoria Democrática. Sólo unos días más tarde -en noviembre de 2022- Falange Española realizaba en Madrid sus habituales actos de homenaje a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, coincidiendo con el aniversario de su asesinato.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática abrió un expediente contra Falange por presunta vulneración de la Ley de Memoria Democrática, encargando a tal efecto un “informe histórico” que sirviese para sustentar la acusación.
Dicho informe fue encargado al docente de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco Blanco, cuyo departamento tenía contratada a la hija de Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática.
Teniendo en cuenta el torticero informe emitido por dicho profesor, así como las manifestaciones interesadas de algunas asociaciones memorialistas que decían sentirse humilladas por la presencia pública de los falangistas, el expediente concluyó con la imposición de una sanción de 10.001 € a La Falange por una presunta infracción “muy grave” de la citada Ley.
La Audiencia Nacional da ahora la razón a Falange en su recurso contencioso administrativo contra dicha resolución, estimando todas sus argumentaciones, anulando la sanción impuesta y condenando en costas a la Administración.
Falange Española de las JONS, que -pese a la sanción y a las amenazas- no ha dejado desde entonces de realizar actos públicos exhibiendo sus símbolos legales, celebra el fallo de la Audiencia Nacional por considerarlo un triunfo de la libertad de expresión frente al sectarismo y la represión que trata de imponerse con la Ley de Memoria Democrática.
No obstante, Falange no se dará por satisfecha hasta que no se derogue una Ley que pretende ensuciarla memoria-entre otros- de los falangistas que dieron su vida por una España mejor, imponiendo un relato falso sobre la historia contemporánea de nuestro país ocultando para ello los numerosos crímenes cometidos por las fuerzas de izquierda y los separatistas.
CONCLUSIÓN
La anulación de la sanción impuesta a Falange Española por parte de la Audiencia Nacional supone un nuevo episodio en la creciente controversia en torno a la Ley de Memoria Democrática y su aplicación práctica. La sentencia no solo revoca la multa económica, sino que también cuestiona el procedimiento seguido por la Administración, fortaleciendo el debate sobre las garantías jurídicas y los límites de la intervención estatal en cuestiones relacionadas con la memoria histórica.
Para Falange Española de las JONS, el fallo representa una reivindicación de sus derechos políticos y de expresión, además de un respaldo a la legalidad de sus actos públicos y símbolos. La organización mantiene, además, su rechazo frontal a la actual legislación memorialista, reclamando su derogación y denunciando lo que considera una interpretación parcial y sesgada de la historia contemporánea española.
Más allá de las posiciones ideológicas enfrentadas, este caso refleja la profunda sensibilidad que todavía despiertan los acontecimientos de la Guerra Civil y el franquismo en la sociedad española, así como la dificultad de alcanzar consensos sobre la memoria, la reconciliación y el relato histórico nacional.
