INTRODUCCIÓN
Los textos que componen este artículo recogen una interpretación global del posfranquismo desde la perspectiva de Blas Piñar. A través del análisis del papel desempeñado por instituciones clave —la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Universidad, la Corona, el Gobierno, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional y las Cortes— se plantea una lectura crítica del proceso reformista que condujo a la transición política tras la muerte de Francisco Franco.
Más que una crónica de acontecimientos, el conjunto de estos textos pretende mostrar, desde dentro del propio Régimen del 18 de julio, cómo se gestó el cambio político y cuáles fueron, a juicio del autor, las responsabilidades de los distintos actores que intervinieron en la liquidación del modelo de Estado anterior. El lector encontrará aquí una visión coherente y sistemática de la interpretación que Blas Piñar ofreció sobre el final del franquismo y el nacimiento del nuevo marco constitucional.
«Después de Franco, ¿qué?». Cuando frente a alguien o a algo se plantea un interrogante con relación al después, o cuando alguien o algo marcan una línea divisoria en el decurso histórico, resulta evidente que ese alguien o ese algo constituyen factores decisivos: de un lado, porque dejan una huella imborrable, y de otro, porque a partir de ese alguien o de ese algo, la vida del hombre individual y socialmente considerado, o al menos un sector geográfico o monográfico de esa vida, cambian de un modo profundo. En este sentido, se habla sobre todo de antes y después de Cristo, y de tejas para abajo, de antes y después de la invención de la pólvora, de la aparición de la imprenta o del descubrimiento del nuevo Continente.
Porque Franco –en la estimación general de amigos y de enemigos– era alguien que estaba dejando huella singular en la vida española, lógicamente tenía que formularse la pregunta: «Después de Franco, ¿qué?». La pregunta estaba tanto en la conciencia popular, preocupada por lo que pudiera suceder luego de la muerte de Franco, como en los ensayos políticos de quienes, entre nosotros y fuera de nosotros, ante la realidad de su desaparición, asumían posiciones diversas y que pueden reducirse a cuatro, a saber: contemplar con asepsia los acontecimientos para consignarlos con la misma asepsia en las páginas de la historia (observadores neutrales o indiferentes); permanecer a la expectativa con prudencia cautelar para sumarse al resultado (observadores oportunistas); aprovechar la coyuntura y acelerar el programa, puesto en ejecución hacía tiempo, para cerrar el paréntesis del franquismo y producir el cambio (reformistas del propio franquismo y rupturistas del antifranquismo); continuar perfeccionando el sistema, purgándole de desviaciones e incrustaciones extrañas a su esencia a través de sus instituciones vitalizadas (defensores de la Constitución y del Estado del 18 de Julio y de los ideales de la Cruzada).
Pero el después de Franco y la preparación hábil y meticulosa del posfranquismo no comenzó el 20 de noviembre de 1975. Ese día fue tan sólo la fecha clave, deseada por sus enemigos proclamados o encubiertos, para poner en marcha la tarea definitiva de enterrar su obra.
Esta tarea no fue la de los observadores neutrales u oportunistas, sino la de los hombres del cambio, que, convergentes, se dieron cita desde las filas del franquismo o exfranquismo oficial y del antifranquismo militante del interior y del exterior.
La actitud del antifranquismo militante era lógica y se limitaba a aceptar la mano tendida de los que estaban instalados en el Régimen nacido del 18 de julio. La conducta de los que formularon la invitación al cambio desde dentro del propio sistema fue, por el contrario, moralmente distinta.
Rehacer la historia del posfranquismo antes de que la propaganda la falsifique es un compromiso para quienes pueden testificarla. Esta historia preocupa especialmente a quienes, habiendo sido portavoces del Estado nacional, aceptaron la coautoría de su desmantelamiento.
A la pregunta «Después de Franco, ¿qué?», los partidarios de la reforma respondieron: «Después de Franco, las instituciones». Las instituciones del franquismo, pero vaciadas de contenido primero y transformadas después en instrumentos del cambio radical. El «atado y bien atado» se respetó formalmente, pero se invirtió su contenido.
Tras el asesinato de Carrero Blanco, se habló del inicio del posfranquismo. En realidad, ese proceso venía de atrás y sólo entró entonces en su fase visible. Se probó la solidez del plan, y la prueba fue superada gracias a un entendimiento tácito entre sectores de la oposición y quienes ejercían la autoridad.
La intrahistoria del posfranquismo muestra la actuación de fuerzas que, actuando en la sombra, lograron invertir el signo de la Cruzada, transformar el triunfo nacional en derrota ideológica y entregar simbólicamente la bandera de los vencedores a los vencidos.
Se fomentaron contradicciones internas, se promovió la amnesia histórica, se explotaron tensiones entre Falange y Carlismo, entre Franco y José Antonio, entre Iglesia y Estado, y se impulsó una falsa reconciliación nacional que marginó a unos y exaltó a otros.
El 1 de octubre de 1975, Franco denunció el proceso como una «conspiración masónica». No hablaba de balde. Sólo una estrategia paciente, organizada en secreto, conocedora de la psicología humana, podía articular una operación capaz de unir en un mismo objetivo a antiguos adversarios ideológicos.
La maniobra logró anudar a «azules» y «rojos», desmantelar el sistema desde sus propias instituciones, convertir a antiguos republicanos en defensores de la Monarquía, transformar al Ejército vencedor en garante de un régimen liberal, y alterar el papel de la Iglesia en la vida pública.
Así se configuró un proceso que ha sido calificado como un perjurio institucional, en el que los instrumentos del propio Estado del 18 de julio sirvieron para su liquidación. Quedan al margen de este análisis los medios de comunicación, cuya influencia en el proceso requeriría un estudio específico, baste señalar el papel desempeñado por determinadas publicaciones en la preparación del clima ideológico del cambio.
LA IGLESIA
En una nación como la nuestra, el factor religioso opera con tal vigor que el atractivo de utilizarlo en la preparación del posfranquismo era lógico. En una nación conformada por el catolicismo, más aún, por un catolicismo guerrero, apostólico y militante, la actitud de la Iglesia tenía que resultar decisiva, como lo fue, sin duda, en 1936, cuando en la zona roja se prefirió el martirio a la apostasía, y en la zona nacional se alzaban las cruces al lado de las banderas.
No era sencillo, en teoría, que la Iglesia se negara a sí misma y pasara al campo que estimó como enemigo, abrazándose a quienes, en la doctrina y en la praxis, se proclaman no sólo ateos sino antiteos, pisotean la más alta dignidad del hombre, al desconocer su inmortalidad y no se cansan de decir que la religión es el opio del pueblo.
Una circunstancia histórica facilitó el cambio radical de postura. El Concilio Vaticano II, que no fue un Concilio dogmático, sino estrictamente pastoral, según los términos de su convocatoria, conturbó profundamente a la Iglesia, y de tal modo que el gran objetivo de unir a los cristianos, por una parte, no fue conseguido, y por otra, se produjo la gran desunión y confrontación de los católicos, que hoy discuten, sin que Roma hasta la fecha haya zanjado con eficacia las discusiones, en torno al dogma, a la liturgia, a la disciplina, es decir, a todo lo que es esencial en la Iglesia misma. El caos de esta confrontación, puesta de relieve en hechos y acontecimientos dolorosos, como el del Catecismo holandés o el II Congreso internacional para el apostolado de los seglares, obligó a Pablo VI a decir públicamente que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia.
Ese humo, a la manera de una droga, operó el milagro e hizo posible lo imposible. Seminarios y noviciados, universidades teológicas y colegios religiosos, monasterios y comunidades aspiraron la droga y se dejaron intoxicar por ella; y lo que es peor, la fueron propagando entre aquéllos que, de forma inmediata o mediata, constituían su círculo de influencia. ¿No habéis oído lamentarse con amargura a padres de familia que llevaron a sus hijos al seminario, al noviciado, al convento o al colegio religioso, confiando plenamente en la formación espiritual que allí recibirían y vieron con sorpresa cómo el seminario, el noviciado, el convento o el colegio les devolvía un muchacho devoto del marxismo o una muchacha descreída o licenciosa?
El humo de Satanás había falsificado el Evangelio. La fe quedó suplantada por una opinión que aspira simplemente a ser respetada en el mercado de las opiniones. La esperanza quedó sustituida por la espera de la utopía imposible de un paraíso terrenal de iguales. El amor, generoso, universal y altruista, quedó reemplazado por la solidaridad en el despecho o en la codicia. La teología evangélica fue arrinconada para abrir paso a la teología de la liberación, pero no de la liberación del pecado para conseguir la vida eterna, sino de la liberación de las opresiones económicas, de la marginación social, de los tabúes morales, para el logro, en el tiempo y en la tierra, de una felicidad sin límite.
De ahí, a las comunidades de base, a los cristianos por el socialismo, a los sedicentes movimientos apostólicos embarcados en la subversión, no hubo más que un paso. Otro paso más y fue un hecho, como lo ha sido y sigue siendo en algunas naciones de Hispanoamérica y lo ha sido también aquí, la militancia activa de religiosos y sacerdotes en grupos terroristas, cuyo objetivo no es otro que destruir y matar.
La participación destacada de amplios sectores eclesiales en el proyecto conjunto del posfranquismo está demostrada una y mil veces. La nota de los capuchinos de Barcelona, en 1964; la famosa operación Moisés; los hechos que llenaron de sacerdotes la cárcel de Zamora; los escándalos doctrinales del P. Llimona o de Mosén Xirinacs son puro ejemplo de lo sucedido. Nombres como los de Francisco García Salve, hoy dirigente de un partido marxista a la izquierda de Santiago Carrillo, o del P. Llanos, que luego de escribir un libro sobre la aportación de sangre de la Compañía de Jesús a la Cruzada española, quiso que en la lápida que cubra sus restos mortales conste su condición de militante de Comisiones Obreras, son un índice del drama profundo de la Iglesia.
Publicaciones como Signo, que hubo de suprimir la jerarquía eclesiástica, Yelda, Incunable, Síntesis de teología, Vida Nueva, y catecismos y libros de religión que todavía tienen el imprimátur, en los que, por ejemplo, se obliga a los niños a leer poesías de Miguel Hernández, obligan a señalarlos como respuesta a la pregunta formulada por don Marcelo González, cardenal primado, el 4 de julio de 1983:
«¿Por qué un pueblo como el español, identificado por su fe cristiana, con una herencia admirable de fidelidad y servicio a la Iglesia, que ha hecho fructificar la semilla evangélica en multitud de naciones, da sus votos a partidos políticos que en sus programas propugnan una nueva cultura que, directa o indirectamente, llevarían a la desaparición del sentido cristiano de la vida y a la ruina del concepto y de la realidad de la familia cristiana?».
Recuerdo que, en Las Palmas de Gran Canaria, el fallecido monseñor Pildaín me dijo: «Prefiero tener una parroquia sin pastor a poner al frente de ella a un mal sacerdote». Esta frase me sugirió aquella que pronuncié en el pleno del Consejo Nacional de enero de 1971: «Prefiero una religión sin sacerdotes a unos sacerdotes sin religión».
La trama no tenía actores tan sólo entre seglares, sacerdotes o religiosos. En 1974, en las instrucciones de la Comisión Permanente del Episcopado español, se decía: «Hay que evitar que el franquismo se institucionalice después de la muerte de Franco; hay que luchar en contra de los Principios del Movimiento Nacional». Hubo nombramientos masivos de obispos auxiliares con voto en la Conferencia Episcopal para inclinar la balanza en el sentido de la maniobra posfranquista, y nombramientos de obispos con procesos de secularización en trámite o con denuncias de errores dogmáticos.
El cardenal y arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, afirmó en 1977 que en 1964 dijo a Franco que era tentar a Dios detener el regreso a un régimen normal; que Europa daba la espalda a España; que la prensa estaba amordazada; que los sindicatos eran pura burocracia; que al clero joven no se le podía frenar en su acercamiento al pueblo; y que la Iglesia no podía seguir vinculada a un régimen dictatorial.
El 25 de julio de 1976, con ocasión de la ofrenda al Apóstol Santiago, D. Ángel Suquía pidió una amnistía amplia y generosa, concedida a terroristas. ¿Por qué no se ha pedido indulto para otros condenados posteriores?
Terrible prueba la de ser despreciado e injuriado por quienes simbolizan las ideas que has defendido. Tengo para mí que esta prueba, salvada con caridad, es heroica.
Franco fue artífice de un Estado católico. El Principio II de la Ley de 17 de mayo de 1958 afirmaba: «La nación española considera como un timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación».
Franco fue un católico al frente de un Estado católico, que desde 1939 ayudó a la Iglesia con cuantiosos recursos para el cumplimiento de su misión, no para obtener su lealtad, sino por conciencia cristiana.
En su último mensaje escribió: «En el nombre de Cristo, me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir».
«Te he confesado hasta el fin
con firmeza y sin rubor.
No puse nunca, Señor,
la luz bajo el celemín.
Me cercaron con rigor
angustias y sufrimientos,
pero de mis desalientos
vencí, Señor, con ahínco.
Me diste cinco talentos
y te devuelvo otros cinco».
A este hijo fiel de la Iglesia, creador y jefe de un Estado católico, muchos hombres de Iglesia le combatieron y niegan a veces a quienes le siguen la autorización para decir una misa por el eterno descanso de su alma.
Las Fuerzas Armadas
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, aprobada en referéndum de diciembre de 1966, decía que las Fuerzas Armadas garantizaban la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional.
¿Cómo puede explicarse que las Fuerzas Armadas, garantes del orden institucional conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado que se forjó a partir del 18 de julio, fecha en la que el Ejército jugó la carta fundamental y decisiva, sean hoy guardianes de un orden constitucional cuya filosofía religiosa, política, social y cultural se halla en radical oposición con el precedente?
Porque las cosas, nos gusten o no nos gusten, son así, aunque tengan, como todo, cuando se las examina con detenimiento, una explicación. Y la explicación es que al hecho que se reseña se ha llegado, no de repente, sino por escalonadas aproximaciones al resultado. Si era preciso neutralizar a las Fuerzas Armadas para el momento de abrir las compuertas a la oleada antifranquista, era necesario también crear, durante la andadura previa, las condiciones precisas para que esa neutralidad tolerante se produjera.
De la Academia de preparación militar del entonces capitán Pinilla, auspiciado por la Compañía de Jesús, salieron oficiales que en el curso de los años se encuadrarían en la Unión Democrática Militar, a la que pertenecieron, entre otros, Busquets, hoy diputado socialista, Restituto Alcázar, hijo de un defensor de la fortaleza toledana y nacido durante las duras jornadas del asedio, y varios colaboradores hoy en Diario 16.
La táctica a seguir apuntaba en una dirección: marginar de las misiones que la Ley Orgánica del Estado encomendaba al Ejército la garantía del orden institucional. Tal fue el objetivo constante del teniente general Díez Alegría al frente del Alto Estado Mayor. En varias intervenciones en medios no castrenses eludió, con suma destreza, analizando el quehacer militar, el cometido que nos ocupa. ¿Cómo puede extrañarnos que en su viaje a Bucarest mantuviera una entrevista con Santiago Carrillo? Se había logrado, también a escala castrense, la convergencia del franquismo oficial (el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército de la Victoria) y del antifranquismo militante (el secretario del Partido Comunista). Díez Alegría y Carrillo se entendían como amigos cordiales y aparecían sonriendo en la televisión rumana.
Llegado el momento cumbre, se procedería en consecuencia: Gutiérrez Mellado sucedería a Santiago y García de Mendívil en el primer gobierno de la Monarquía. La oposición de este último a la legalización de facto de la UGT y del Partido Socialista no podía obstaculizar el empeño de los coautores del posfranquismo, y las promesas de Suárez, jefe del segundo Gobierno, arrancaron la nota tolerante del Consejo Superior del Ejército a la legalización del comunismo.
En resumen, se trató de convencer a las Fuerzas Armadas, y se consiguió, de que su juramento de defender el orden institucional no se quebrantaba, porque la reforma era sólo una de las previstas por el mismo orden institucional jurado. Como señaló Landelino Lavilla, la ley de reforma política era una ley más que se incorporaría al repertorio de las llamadas fundamentales y contenía «puros retoques en nuestra fachada para incorporarnos a Europa».
La inquietud y el desasosiego que la ruptura encubierta por la reforma traería consigo dieron origen a múltiples incidentes en los que se puso a prueba la escasa simpatía y la repulsa generalizada hacia el teniente general Gutiérrez Mellado, pero también su tenacidad para cumplir la orden recibida: «Pase lo que pase, el Ejército no se moverá».
La meticulosidad con que Gutiérrez Mellado cumplió esa orden le condujo a extremar las medidas de vigilancia dentro de las unidades castrenses, creando una atmósfera de recelo y desconfianza en los acuartelamientos y llevando las cosas al terreno de lo ridículo. Con ocasión de un viaje mío a Ceuta, cesó de manera fulminante a varios jefes y oficiales por haberme invitado a tomar un café con ellos. Pedí audiencia al teniente general Gutiérrez Mellado para explicarle que una conversación conmigo no justificaba sanciones tan graves. En carta que conservo me negó la audiencia: «Con usted no tengo nada que hablar».
Creo que no admite dudas el talante democrático del ilustre general reformista.
Luego vendrían el proceso y las sentencias a los implicados en el 23-F, la reacción por el manifiesto de los cien, las diligencias en torno al 27-O y, como muestra de respeto a la libertad de expresión reconocida en las ordenanzas militares, los arrestos a quienes la ejercieron y el cese inmediato del teniente general Soteras.
Si el contraste del posfranquismo nos obliga a contraponer, en lo que se refiere a la Iglesia, al cardenal Gomá y al cardenal Tarancón, en lo que se refiere al Ejército los polos opuestos corresponderían al general Yagüe y al general Sáenz de Santamaría.
La universidad
En la Universidad, en toda la Universidad y en todas las Universidades, en mayor o menor escala, penetraron e influyeron los coautores del posfranquismo. A escala de estudiantes y a escala de profesores, comenzando, naturalmente, por los últimos, por ser los menos numerosos y los más dispuestos a caer en las tentaciones de la implicación, la vanidad o la suficiencia.
El reparto amistoso de las cátedras entre la oposición encubierta al Estado del 18 de julio y los que disfrutaban de su protección o beneficio al amparo de nobles objetivos espirituales dejaba escaso resquicio a los hombres con auténtica vocación de magisterio y lealtad acrisolada para participar con éxito en las oposiciones. La tesis defendida desde el campo católico, y muy especialmente en el diario Ya, de la postura aséptica de los tribunales frente a la ideología de quienes iban a formar, no sólo científica, sino ideológicamente, a las nuevas generaciones españolas, dio paso a profesores de los que Tierno Galván y Bustelo, Aranguren o Tamames son tan sólo una muestra aleccionadora.
Laín Entralgo, a quien conocí con el yugo y las flechas en su solapa civil, autor de Los valores morales del nacional-sindicalismo, siendo rector de la Universidad Complutense patrocinó un Congreso de escritores jóvenes, profusamente anunciado, que hubo de suspenderse al tratarse de una reunión de militantes comunistas.
Si las crisis de obediencia son fruto de las crisis de autoridad, la subversión estudiantil no fue otra cosa que una consecuencia de la actividad antifranquista de un sector influyente del profesorado. Los incidentes en la Universidad madrileña, con un herido muy grave que hubo de estar largo tiempo en hibernación, y la salida del Gobierno de Joaquín Ruiz Jiménez dieron paso a la desaparición del SEU y a la formación de grupos estudiantiles, como la FUDE, que se movieron con absoluta libertad y que obligaron en múltiples ocasiones a suspender la vida académica.
Para no citar otros ejemplos, me limitaré a mencionar lo ocurrido en las universidades españolas de máxima población escolar, la de Barcelona y la de Madrid.
En el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, con motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort, fue representada una obra de teatro en la que un personaje que hacía las veces del Caudillo, luego de subir a la tribuna presidencial llevando una pancarta en la que se leía: «Paco, estás hecho un mulo», pronunció una arenga sobre «los demonios familiares como sujetos de valores eternos». Al terminar el discurso se promulgó y aprobó la Ley Orgánica del Estado por silencio administrativo, y, volviendo a tomar la palabra, el que hacía de Franco dijo: «Señores procuradores, panolis y gilipollas todos: permitidme que yo también entre en la intimidad de vuestros corazones… para hablaros de una ley orgánica llamada así en atención a los órganos de los que ha salido». Más tarde se produjo la defenestración del busto del jefe del Estado, se arrancó con desprecio la bandera española, se destituyó al rector de la Universidad que quiso mantener el principio del orden y se nombró catedrático de la Escuela de Arquitectura al señor Oriol Bohigas, que estuvo encerrado en el Monasterio de Montserrat, en actitud rabiosamente antifranquista, en los últimos días de diciembre de 1970.
En Madrid, en diciembre de 1966, un comando de las «Fuerzas universitarias revolucionarias» asaltó de noche la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y pernoctó en ella sin que, por lo visto, nadie se enterase o quisiera darse por enterado. A las nueve de la mañana entré en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Las pintadas decían: «Franco, asesino», «Franco, canalla», «Franco, cabrón», «Franco, muérete ya». Se fotografiaron las pintadas y se enviaron a los ministros, a los capitanes generales y al fiscal. No se tomó ninguna medida, y sólo los ministros de Marina y Justicia acusaron recibo con un simple saludo. Estábamos en diciembre de 1966, a nueve años vista de la muerte del Caudillo.
Carrero Blanco, haciéndose eco de la situación por la que atravesaba la Universidad española, decía el 7 de marzo de 1972: «Una minoría del profesorado es instrumento de la subversión, a la vez marxista y liberal; consciente o inconscientemente sirven al comunismo y a la masonería. Para que la actividad universitaria sea lo que España necesita, además de las medidas académicas y orgánicas que se juzguen precisas, es absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y alumnos que llevan a cabo en ella la subversión».
Pero no salieron ni unos ni otros. Salieron tan sólo, expulsados oficialmente de la Universidad, los militantes de Defensa Universitaria —mi hijo uno de ellos— por haber impedido que se quemara la camisa azul, la boina roja y la bandera nacional. Apaleados unos y amenazados de muerte todos, tuvieron, por añadidura, que soportar los ataques de la prensa oficialista y de la prensa libre, y hasta una nota de antiguos seuístas que alegaban que este grupo de muchachos se apropiaba de los símbolos falangistas, cuando en realidad no habían hecho otra cosa que defenderlos arriesgando mucho, mientras quienes protestaban permanecían ajenos a la lucha. Hasta el señor Solís se negó a reunir al Consejo Nacional para que estudiase el tema.
Y no salieron ni los profesores ni los estudiantes que participaban en el plan conjunto. Quien salió disparado por los aires, desde la fachada posterior de la Iglesia de la Compañía de Jesús, en la calle madrileña de Claudio Coello, fue el almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, víctima de un atentado cometido bajo la promesa de dejarlo impune.
La corona
Todo el pensamiento político de Francisco Franco giró en torno a la completa instauración monárquica como garantía y continuidad del Régimen del 18 de julio. «Somos de hecho una Monarquía sin realeza, pero somos una Monarquía», dijo el 1 de abril de 1956. Construido jurídicamente el Estado nacional como Monarquía, la Corona iba a completarlo como una institución más a su servicio. De aquí que Franco hablara constantemente de instauración y no de restauración. «La Monarquía que en nuestra Nación puede instaurarse no ha de confundirse con la liberal y parlamentaria que padecimos», afirmaba el 23 de enero de 1955, pues sería «un fraude a los supuestos más claros y terminantes del 18 de julio y al profundo sentido histórico del Movimiento Nacional restaurar una falsificación, una apariencia. Nuestra misión en este orden no es la de restaurar, sino la de instaurar, la de crear, la de fundar, asumiendo la substancia viva y sólida de la tradición» (31 de diciembre de 1959). Por eso concluía Franco en la proclamación del Príncipe de España ante las Cortes, el 22 de julio de 1969: «El Reino que nosotros, con el consentimiento de la nación, hemos establecido nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendente que no admite pactos ni condiciones».
Más aún, el 20 de julio de 1973, al presentar a las Cortes españolas su programa de Gobierno, Carrero Blanco dijo, aludiendo al tema, que «esta Monarquía instaurada es una Monarquía nueva, la Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus Principios e Instituciones y de la gloriosa tradición española».
A esta Monarquía nueva jurada por la Corona deberíamos lealtad los que profesamos sin reservas la doctrina del 18 de julio. Sólo a un Rey de España, fiel a esa doctrina y a su juramento, puede pedírsele el mismo afecto y lealtad que a Franco le brindamos y el mismo apoyo y colaboración que a él le ofrecimos. Fuerza Nueva —y yo en su nombre—, con el máximo respeto, se expresó así ante el entonces Príncipe de España, en el Colegio Mayor Antonio Rivera y en las palabras de saludo con ocasión de una visita de nuestros cuadros dirigentes al Palacio de la Zarzuela.
Del pensamiento político de Franco sobre la Monarquía no queda otra cosa, si la frase de Manuel Fraga sirve para algo, que una República coronada, o, lo que es más claro, una Corona sin Monarquía, como algunas declaraciones del actual jefe del Estado ponen de relieve.
Para llegar a la fórmula de la República coronada o de la Corona sin Monarquía, el posfranquismo oficial tenía preparada la fórmula. Su portavoz fue Carlos Arias, sucesor del almirante asesinado, que, en su discurso del 12 de febrero de 1974 ante las Cortes españolas, al dar a conocer su programa de Gobierno, dijo: «No se trata, en efecto, de una restauración, pero no es tampoco la instauración de una Monarquía de nueva planta. El neologismo “reinstauración” define el acto del 22 de julio de 1969», es decir, el acto de la proclamación del Príncipe de España, jefe del Estado en el futuro con el título de Rey.
Así, y recurriendo al neologismo de la reinstauración, que no es otra cosa que instaurar de nuevo lo pasado, se rechazó la Monarquía nueva, continuadora del 18 de julio, para anudar la que iba a reinstaurarse con el liberalismo de la Monarquía parlamentaria y partitocrática de Sagunto, que cayó el 14 de abril de 1931.
Quiero dejar constancia expresa del papel reservado a la Corona por el posfranquismo victorioso, señalando la contradictio in terminis que suponen, de un lado, las palabras del Rey en su mensaje de la Corona de noviembre de 1975 y los hechos subsiguientes. El Rey, en aquella ocasión solemne, dijo:
«Una figura excepcional entra en la Historia… El recuerdo de Franco constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad… Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio».
Estas son las palabras textuales de la Corona, pero de una Corona sin Monarquía, sin unidad de poder, porque los poderes dispersos decretaron la prohibición en la televisión y en las emisoras de radio de cualquier referencia a los símbolos que representaban las ideas a las que Franco consagró su vida, y el ministro del Interior y vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Fraga Iribarne, prohibió a los excombatientes la concentración que en su memoria se proyectaba celebrar en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de mayo de 1976, y cursó una circular a los gobernadores civiles vetando la inauguración de monumentos que recordaran al Caudillo.
El posfranquismo oficialista y el de la oposición se mostraban de acuerdo. Felipe González, hoy jefe del Gobierno de la Monarquía y amigo de don Manuel Fraga, dijo:
«La desaparición física de Franco significa algo más que la muerte de un dictador. Implica la inexorable liquidación de la superestructura que nació con él. El PSOE rechaza toda fórmula que continúe el régimen y las instituciones que han hecho posible la continuidad en forma de Monarquía, con desprecio de otras formas de Gobierno. El PSOE reafirma su voluntad de ruptura democrática y la necesidad de unir en torno a su programa de transición a todas las organizaciones políticas y sindicales implantadas en el conjunto del país y representadas hoy en día en el seno de la Plataforma democrática, de la Junta democrática y de las plataformas unitarias catalana y vasca».
Pues bien; Calvo Serer —el mismo que obtuvo el Premio Nacional Francisco Franco—, miembro, con Santiago Carrillo, de esa Junta democrática con la que se identifica Felipe González, decía por aquel entonces que el Caudillo «fue un dictador implacable y mediocre, intelectual y aun moralmente»; que su período de gobierno no fue más que «un paréntesis largo, pero sin gloria y lleno de humillaciones para todos los españoles», y que la tarea primordial del momento consistía en «impedir que perdure el franquismo en torno del sucesor, el Príncipe Juan Carlos. Olvidemos a Franco».
¿Cuál sería la pauta que iba a seguirse? ¿La del Rey, que no quería que se olvidase a Franco; la de Manuel Fraga, que prohibía la inauguración de monumentos que le recordasen; la de Calvo Serer, que deseaba que se olvidase; o la de Felipe González, que aspiraba a liquidar la obra del 18 de julio?
Me parece que la pregunta tiene una respuesta; que la respuesta está en el ánimo de todos y que esa respuesta ha sido avalada por la destrucción, por orden del Ayuntamiento y ejecutada por encapuchados, de la estatua que Valencia levantó por suscripción popular en agradecimiento al Caudillo.
Quizá sea conveniente, a la altura de 1983, transcribir el acuerdo del PSOE de 16 de febrero de 1956: «Que piense el pretendiente que las gradas del Trono condujeron al último monarca francés a la guillotina».
¿Tendrá presente el Rey amenaza tan dura cuando despache, en su calidad de jefe del Gobierno de la Monarquía, con el secretario del Partido Socialista Obrero Español?
EL GOBIERNO, EL CONSEJO DEL REINO,EL CONSEJO NACIONAL Y LAS CORTES EN EL PROCESO REFORMISTA
Trataré, aunque no sea fácil, de esbozar las grandes líneas de la participación de estas instituciones en el proceso que ha llevado por la transición al cambio. En este proceso, como ya indicaba al principio, al reformismo franquista corresponde, hasta que sus servicios no resulten imprescindibles, un papel preponderante y una responsabilidad casi exclusiva. Por eso, aunque sea preciso hacer algunas alusiones al antifranquismo militante, concurrente y convergente, la línea de exposición va a seguir el comportamiento de quienes, dentro o fuera de la estructura oficial del 18 de julio, pero adscritos a ella y con enorme influencia en la misma, han sido coautores del proceso que estudiamos.
El pueblo comenzó a vislumbrar la instalación del reformismo en el poder a raíz del proceso de Burgos, durante el cual se tuvo la impresión de que los juzgadores eran los terroristas y sus amigos, y los reos los miembros del Tribunal y el Estado del 18 de julio. El indulto, resultado de la presión a todos los niveles, sin excluir el de la Iglesia, puso de manifiesto la debilidad del Régimen. La manifestación espontánea del 17 de diciembre de 1970, en la Plaza de Oriente de Madrid, al grito de «Franco sí, Gobierno no», aunque emotiva y esperanzadora, demostró su inutilidad, por la sencilla razón de que las manifestaciones se disgregan y los gobiernos continúan.
El 1 de mayo de 1973, el desafío marxista fue claro. Con motivo de la manifestación celebrada al margen de la ley y de los disturbios subsiguientes, un policía fue asesinado en Madrid. Pocos días después, el 7 de mayo, luego del funeral en San Francisco el Grande, grupos de patriotas formularon su protesta ante la tolerancia oficial con pancartas en las que podía leerse: «La hez sólo asesina cuando los gobiernos son débiles». La crisis que se produjo a raíz de la protesta llevó a Carrero Blanco a la presidencia del Gobierno. La etapa de rectificación que parecía iniciarse quedó reducida a la nada, de tal modo que una de las pancartas a que he hecho referencia, llevada por mí y unos amigos de Fuerza Nueva, se hizo presente, a pesar de las prohibiciones oficiales, ante el féretro del Almirante asesinado, en la mañana de su entierro, ante el Palacio de la Presidencia de Castellana 3.
Ya en 1964, siendo Manuel Fraga ministro de Información y Turismo, los veinticinco años de la Victoria se conmemoraron como los veinticinco años de la paz; pero de una paz aséptica, conseguida sin esfuerzo, sacrificio ni sangre, llovida del cielo, sin artífices que la forjaran. En Valencia y en Valladolid, y en actos inolvidables, hice ver las consecuencias que para España tendría el olvido de la Victoria para el mantenimiento de la paz.
Luego, el combate se fue haciendo cada día más difícil. A las Cortes llegaba el proyecto de ley sobre la objeción de conciencia al Servicio Militar, que al fin fue retirado por el Gobierno; el de la libertad religiosa; el del ingreso de España en el Mercado Común; el de la entrega de Ifni, primero, el de la autonomía y después de la independencia de Guinea; el de la ayuda económica al régimen socialista de Salvador Allende; el de las relaciones con los países comunistas, cuyos consulados disfrutarían, a raíz de la aprobación de la ley, de estatus y valija diplomáticos.
Es necesario hacer hincapié en la política exterior de la época en que los reformistas detentaban los puestos claves del franquismo. La escala técnica en Moscú del ministro de Relaciones Exteriores, López Bravo; la ruptura de relaciones diplomáticas con Formosa y el reconocimiento incondicionado de la China comunista; el prólogo del mismo López Bravo al libro de la Editorial Dossat sobre las relaciones con el Este, constituían un atropello al esquema doctrinal del Estado del 18 de julio. Carrero Blanco había escrito que «los pactos con el diablo no pueden conducir a nada bueno». No se comprende cómo un gobierno como el de Carrero Blanco pactó con el diablo, lo que significaba que si los comunistas eran gente con la que podía pactarse desde el exterior, no había argumento lícito que prohibiera entenderse con ellos en el interior.
Pero el reformismo franquista no actuaba sólo en política exterior. Esta no era más que un reflejo del cambio de talante que el Régimen iba experimentando por dentro, en función de la maniobra en curso. En este orden de cosas, la actuación simultánea tuvo dos centros de irradiación: uno dirigido desde el gobierno en el poder, y otro por los hombres que, habiendo sido ministros o no, tenían amplia capacidad de maniobra por razón de sus cargos oficiales.
El plan conjunto del reformismo venía rodeado de una aureola en la que las palabras liberalizarse, homologarse y europeizarse eran intercambiables. Carlos Arias habló de «extraer de la legalidad vigente todo su contenido». Bajo este lema se legalizaron asociaciones políticas que disolvieron de facto el Movimiento Nacional. A la muerte de Franco, el propio Arias proclamó la necesidad de la reforma. Al amparo de esa legalización nacieron diversas asociaciones políticas.
Sustituido Carlos Arias por Adolfo Suárez, la reforma se aceleró. El pasaporte concedido a Carrillo, la autorización de congresos sindicales y actos universitarios, las conversaciones con líderes de la oposición y los pactos tácitos fueron jalones del proceso. La Ley de Reforma Política fue aprobada por el Consejo Nacional y por las Cortes con una mayoría abrumadora. El referéndum de 15 de diciembre de 1976 legalizó la operación reformista.
Constituida la Cámara tras las elecciones de 1977, se inició el proceso constituyente que culminó en la Constitución de 1978. Los pactos, la amnistía, el consenso y el Estado de las autonomías configuraron un nuevo marco político que liquidó el Estado del 18 de julio.
Fuerza Nueva, antes y después de su constitución como partido político, luchó con todas sus fuerzas y con procedimientos moralmente lícitos contra el proceso que destruye a España como nación. Nuestra conciencia está tranquila. Cuando se nos imputó responsabilidad colectiva por los sucesos de Vitoria, rechazamos esa imputación.
La obra de liquidación del Estado del 18 de julio se está consumando. Para llevarla a término ha sido necesaria mucha habilidad por parte de los coautores y mucha ingenuidad por parte de quienes ahora se lamentan. A la cita demoledora acudieron fuerzas políticas, sectores católicos, grupos universitarios e instituciones económicas, en colaboración con quienes tenían que combatirlos una vez alcanzado el poder.
El pueblo español, por razones diversas, votó el cambio o el mal menor. La libertad se ha convertido en libertinaje y la autoridad en permisividad o represión desmedida. El respeto exterior se ha perdido. España, que antes era amada u odiada, hoy es despreciada.
A pesar de todo, al margen por hoy de la lucha partidista, nosotros y quienes quieran estar con nosotros, en la unidad que descansa en la verdad, seguiremos luchando por Dios, la Patria y la Justicia.
Permitidme que concluya esta conferencia con un texto de Francisco Franco acerca de la política:
«La política ha de ser entendida no como poder, sino como servicio, como misión, y ha de ser realizada y servida con entereza, sencillez y humildad. La política no es teatro, sino acción prudente sobre la compleja realidad de un pueblo con sus virtudes y sus pasiones. Siempre hemos confiado en la rectitud del hombre español y en su nobleza ante lo auténtico».
Señoras y señores, camaradas y amigos: Franco, el hombre, ha muerto, pero Franco, el símbolo, vive.
CONCLUSIÓN
El recorrido por las instituciones del Estado del 18 de julio permite comprender cómo Blas Piñar interpretó el posfranquismo no como una evolución natural del sistema, sino como un proceso de transformación impulsado desde dentro y desde fuera del propio Régimen. En su análisis, la reforma política aparece como una ruptura encubierta que afectó de manera decisiva a los fundamentos religiosos, sociales, políticos y nacionales del modelo anterior.
Al margen de la valoración que el lector pueda hacer de estas tesis, los textos constituyen un testimonio histórico relevante para entender una parte significativa del debate ideológico de la Transición. Ofrecen la perspectiva de uno de los protagonistas más críticos con el proceso reformista y permiten situar, en su contexto, las tensiones, contradicciones y enfrentamientos que acompañaron el paso del franquismo al nuevo orden constitucional en la España contemporánea.
