Por “la transición” entendemos el periodo de la historia contemporánea de España en que el país transformó su régimen político de la dictadura del general Francisco Franco a una democracia parlamentaria liberal, con una constitución como norma suprema. Dicha fase constituye, además, la primera etapa del reinado de Juan Carlos I. La transición española se inicia el 20 de noviembre de 1975, tras el fallecimiento de Franco y la consiguiente proclamación de Juan Carlos I como rey de España, dos días más tarde[1]. No obstante, algunos autores adelantan la fecha de inicio de la transición al 20 de diciembre de 1973, fecha del asesinato del presidente Carrero Blanco, dada la importancia que este tenía en la estructura del régimen y el impacto que tuvo su desaparición. Incluso alguno lo retrotrae a la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1966.
Más controvertida es, todavía, la fecha en que podemos señalar el final de la transición. Algunos historiadores lo sitúan en la celebración de las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977. Otros lo retrasan hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, momento en el que consideran culminado el proceso de transición institucional. Existen quienes prolongan algo más el período, hasta la celebración de las primeras elecciones conforme al nuevo texto constitucional en marzo de 1979 o al intento fallido de golpe de Estado de febrero de 1981, por entender que hasta entonces habría estado vigente la amenaza golpista. No faltan quienes alargan la duración de la Transición hasta la celebración de las elecciones que, en octubre de 1982, dieron el triunfo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), momento en el que accede al poder un partido que proviene de la oposición antifranquista[2]. Aún lo retrasan más quienes establecen el fin de este periodo en 1986, con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (futura Unión Europea). Como sabemos, la Ley de Memoria Histórica prolonga su alcance hasta 1983, ya en pleno felipismo, con lo que aquí consideraremos esa fecha como la del fin de la transición a efectos de rebatir la versión de la historia falsificada y grotesca que refleja esta norma.
En los últimos años del Régimen, Franco separó la Jefatura del Estado, que reservó para sí, y la presidencia del gobierno que recayó en el Almirante Luis Carrero Blanco, hasta que fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973. Sería hacer política ficción especular con lo que podía haber pasado en España de no haberse producido este atentado. El Almirante era un hombre fuerte del régimen, que no hubiera sido tan fácil de manipular como quienes le sucedieron. Por un lado, era un militar leal, que hubiera obedecido al rey, en tanto que sucesor de Franco, aún desde el desacuerdo; por otro y recordando aquello de que por encima de la disciplina está el honor, podría haber conducido la transición de un modo diferente. Existe una teoría sobre la participación de la CIA en su asesinato. Dice la Wikipedia:
«La complejidad del atentado y su cercanía con la embajada de los EE. UU. hizo sospechar que tal vez otras organizaciones estuvieran implicadas, estando la CIA y su jefe de estancia en España González Mata, entre las más mencionadas, lo que fue desmentido por los autores del atentado.
En el año 2008 se desclasifica una nota de la embajada de los EE. UU. en Madrid al Departamento de Estado del Gobierno de los EE. UU. en el que se afirma que ‘El mejor resultado que puede surgir… sería que Carrero desaparezca de escena, con posible sustitución por el general Díez Alegría o Castañón’.
El hecho de que durante la Guerra de Yom Kipur —octubre de 1973— Carrero Blanco impidiera a los Estados Unidos usar las bases estadounidenses en territorio español llevó a la agencia soviética TASS a declarar que la CIA había asesinado a un político franquista de tendencia nacionalista que se niega a entrar en la OTAN y a cumplir ciegamente las órdenes de Washington.»[3]
Según informa Diario16: “Un documento de la Agencia Central de Inteligencia señaló en 1972 al almirante Luis Carrero Blanco como objetivo ya que su continuidad en el poder hubiera sido un impedimento para la transición hacia la democracia tras la muerte de Franco.” También recoge unas supuestas declaraciones de Kissinger “lo cierto es que ETA os ha hecho un gran favor”.[4] En la misma línea, el coronel Amadeo Martínez Inglés publicó en 2021 el libro “¡Fue la CIA, estúpidos!” donde defiende que «ETA no mató al militar y presidente español. Fue la CIA (Agencia Central de Inteligencia) norteamericana la que planificó, organizó y ejecutó el magnicidio, con la colaboración, eso sí, de la organización terrorista.»[5]
Como, además, los etarras presuntos responsables del magnicidio fueron amnistiados cuando el proceso estaba todavía en marcha y el expediente con las investigaciones desapareció, será muy complicado esclarecer estos hechos en el futuro, pero desde luego la situación resulta muy sospechosa. ¿Pudo la CIA haber colaborado con ETA en el asesinato de Carrero Blanco, haberla instigado a cometerlo o, habiendo tenido noticia de los preparativos del mismo, haber ocultado una información que pudiera haberlo evitado? ¿Podía la seguridad de la embajada de USA ignorar los movimientos de etarras en las alcantarillas próximas a su sede? Son preguntas que muy probablemente nunca tendrán respuesta.
Al margen del magnicidio, puede constatarse la enorme influencia de Estados Unidos en la transición española en el libro de Iván Vélez: “Nuestro hombre en la CIA.”[6] donde se constata como la CIA, a través de la Fundación Ford, entre otras, patrocinó a un grupo de intelectuales españoles de distintas tendencias, desde Dionisio Ridruejo a Tierno Galván, para promocionar el modelo de democracia federalista y europeísta que culminó con el desastroso sistema autonómico y con la entrada mal negociada de España en la CEE. Personas próximas a la Monarquía han comentado en relación a ciertas informaciones como el rey Juan Carlos declaró en alguna ocasión que debía su corona a Estados Unidos, cuando, al menos en teoría, la debe a Franco que fue quien la restauró en su persona.
Lo que, en definitiva, parece evidente es que, de un modo u otro, tanto el gobierno de los Estados Unidos como grupos de presión de esta nacionalidad tutelaron e influyeron en la transición hasta el punto de, si no dirigirla, estar cerca de ello, con lo que esto comporta de pérdida de soberanía y de subordinación de nuestra clase dirigente a intereses extranjeros. No sería exagerado decir que la transición fue el proceso político en el que España perdió su soberanía ante el imperio anglosajón capitaneado por EE.UU. y ante los poderes económicos nacionales e internacionales.
Franco murió en la cama, sin ninguna oposición significativa a su régimen, que hiciera temer por su estabilidad, y la transición a la democracia la lideró la propia clase dirigente franquista, que no tuvo inconveniente en “suicidarse” políticamente, para que naciera un nuevo régimen democrático, partiendo de la doctrina de la excepcionalidad histórica y con una reducida resistencia limitada a unos pocos nombres como José Antonio Girón y Blas Piñar. El sucesor de Franco a título de rey, Juan Carlos I y el presidente del gobierno al que este nombró, el ex secretario del Movimiento franquista, reconvertido ahora en “centrista”, Adolfo Suarez, pilotaron la transición “de la ley a la ley”, partiendo del modelo diseñado por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda, aunque, en realidad, la Constitución Española de 1978, base del nuevo sistema, se aprobó de forma probablemente ilegal, al ser redactada por unas Cortes elegidas de forma ordinaria y no como Cortes constituyentes.
Al margen de las simpatías o antipatías que despierte Suarez y de que se comparta o no la necesidad del cambio de sistema que realizó en España durante sus mandatos, su labor como presidente del gobierno en los temas de gobernanza ordinaria difícilmente pudo ser más funesta: El paro subió del 4 al 15% alcanzando los 2 millones de personas. Ahora esa cifra nos parece baja por todo lo que ha venido después, pero cabe recordar que en aquel momento se venía de una situación prácticamente de pleno empleo. La inflación se disparó hasta el 26%, en 1977. Si ahora un 10% de inflación aboca a muchos a la pobreza, podemos imaginarnos el varapalo que aquello supuso para muchas familias. Aumentaron la delincuencia y las drogas. En materia antiterrorista se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, en virtud de la cual se liberaron cientos de terroristas o se anularon sus causas sin que llegaran a estar ni un día detenidos. La mayoría de ellos volvieron a matar. La ley incluía una coletilla que rezaba: “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.” Así se pudieron beneficiar etarras, grapos y fraperos, pero no los considerados ultraderechistas. Ante esto, el terrorismo se envalentonó y acrecentó a sus niveles más altos: 64 asesinatos en 1978, 84 en 1979, 93 en 1980; nunca ETA había matado tanto ni lo volvió a hacer después. Más de un crimen por semana. Mientras, los entierros de las víctimas se tenían que hacer a escondidas, saliendo los féretros por la puerta de atrás, impidiendo los homenajes populares, cargando contra los patriotas que se manifestaban en protesta, homenajes que sí se permitían a los etarras amnistiados.
En materia social y laboral se siguió el mismo camino, desmontando el Sindicato Vertical, que había servido como herramienta de participación de los trabajadores, entregando la representación de estos a sindicatos sin arraigo ni afiliados. Los cambios que realizaba el nuevo Estatuto de los Trabajadores suponían cambiar derechos de los trabajadores por poder y subvenciones para los sindicatos. La indemnización por despido bajó de 60 a 45 días. Se suprimió la seguridad en el trabajo, aceptando el despido de los trabajadores, que solo cuando eran colectivos podían ser anulados por los tribunales (y cada vez en menor medida). Se confiscaron las mutuas laborales y se entregó a los grandes sindicatos un patrimonio desmesurado como compensación por las “expropiaciones del franquismo”, a la vez que se diseñaba un sistema antidemocrático en virtud del cual UGT y CCOO podían negociar siempre con los empresarios, al margen de lo que votasen los trabajadores en las elecciones sindicales.
Se construyó un sistema político que más que democrático resultaba partitocrácico, con listas cerradas, partidos sistémicos financiados a base de subvenciones públicas y órganos duplicados hasta la saciedad, para que pudieran colocarse tanto la clase política del régimen franquista como los miembros de los partidos y plataformas de la oposición[7]. A ello ayudó el sistema autonómico que, con su indefinición, alimentó las aspiraciones nacionalistas sin freno, a la vez que se les entregaban a los nacionalistas, en determinadas regiones, las instituciones educativas y los medios de comunicación.
La magnitud de la traición de Suarez y de lo nefasto de su gobierno se comprenden mejor comparando su figura a la del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Don Blas no fue un político cómodo para la diplomacia del régimen de Franco. Notario de profesión, era un hombre brillante, que podía ganarse muy bien la vida sin la política, a la que acudía por vocación y deber moral. Había sido un «niño del Alcazar» y su apoyo al régimen era sincero y comprometido, y por eso mismo, crítico si hacía falta. En 1962 escribió un artículo en la tercera del diario ABC, de Madrid, titulado «Hipócritas», que criticaba con dureza la política exterior de los Estados Unidos. Debido a las buenas relaciones bilaterales que por aquel entonces mantenía España con los EE. UU. el ministro de Asuntos Exteriores, luego de dar toda clase de explicaciones al embajador norteamericano, destituyó a Piñar de su puesto de Director General del Instituto de Cultura Hispánica. Cuentan que Franco se molestó porque el artículo hubiera pasado la censura. Más adelante, desde Fuerza Nueva editorial, manifestó su rechazo a la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Suárez, por el contrario, representó otro modelo de político, más frecuente ahora que en el franquismo, que podríamos llamar «profesional», sin otro modo de ganarse la vida, distinto de la política y siempre vinculado a un «mentor» que le «coloca» en los cargos que desempeña, sin que para ellos presente más cualificaciones o más méritos que la confianza o simpatía personal que le despierta a su benefactor. Le costó mucho terminar la carrera de derecho y, sin oficio ni beneficio alguno, entró en política en el franquismo de la mano de Herrero Tejedor del que fue «hombre de confianza», para serlo después de Torcuato Fernández Miranda y, finalmente, del rey. Su tono adulador puede comprobarse en sus palabras al tomar posesión de la Vicesecretaría General del Movimiento, ataviado con camisa azul:
“Se trata de continuar la ingente labor del Caudillo (y pongo de manifiesto) mi lealtad a un Régimen nacido de la necesidad de recuperar la identidad nacional del país y su legitimidad como Estado que, encabezado por el general Franco, ha sabido dar respuesta en circunstancias cambiantes y desde luego no fáciles, al reto de mantener unido su destino como país, acelerar su progreso y posibilitar su vida democrática. Te pido, ministro secretario, que hagas llegar al Jefe Nacional de Movimiento mi gratitud por su generosa designación y especialmente el testimonio de lealtad de este español de filas que aprendió en la dureza de su tierra abulense a ser fiel a la palabra dada y estricto cumplidor de sus obligaciones”
El mismo tono empleado en su discurso pronunciado a la muerte de Franco: “El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre, unido siempre al recuerdo de una justicia social y un progreso como nunca antes conociera nuestra patria. Con él logró España ser una, grande y sobre todo libre de cualesquiera fuerzas extrañas a sus propios designios. La obra de Franco perdurará a través de las generaciones”.[8]
Tras la muerte de Franco la trayectoria política de ambos personajes no pudo ser más distinta. Lo más sencillo para Blas Piñar hubiera sido aceptar el sistema y reciclarse como franquista reconvertido a demócrata desde la doctrina de la excepcionalidad histórica del régimen. También podría haber abandonado la política y regresado a su notaría desde la que hubiera obtenido mayores beneficios que en un cargo político. En lugar de ello perseveró en la lealtad a Franco y a su legado, cuando ello no estaba ya «de moda», perdiendo patrimonio personal y sometiéndose a la persecución y el linchamiento mediático e institucional. Se le acusó de inmovilista, de no aceptar la necesidad de cambios tras la muerte del Caudillo y de confundir política con religión, pero nadie pudo negar su brillantez y su honradez defendiendo sus ideas con coherencia y lealtad.
Suárez, por su parte, fue ascendido por el rey a la presidencia del gobierno en la que experimentó una transformación ideológica radical, renegando no solo de su franquismo (que con palabras tan acarameladas había afirmado solo meses antes) sino también de su derechismo, presentándose como «de centro», inaugurando una tradición de la derecha española de complejos y autodesprecios que llega hasta hoy. En el diario italiano “La República” declaró: “España está saliendo gradualmente, pero con absoluta firmeza, de la larga y triste vicisitud de la dictadura”. Así que lo que meses antes era «ingente labor» del que «el paso de los siglos no borrará el eco de su nombre», ahora era «triste vicisitud».
Visto con objetividad, Suárez fue el principal arquitecto de un sistema constitucional que, desde el principio, hizo agua por todas partes, con errores obvios y garrafales que solo Blas Piñar denunció, quedándose aislado en su prédica en el desierto. Los acontecimientos posteriores, en cambio, le han dado la razón. ¿Por qué entonces Piñar fue despedido entre la ignorancia y el desprecio de la mayoría, mientras que sobre Suárez hemos escuchado elogios unánimes y sobreactuados, incluidos el cambio de nombre de un aeropuerto y una inverosímil propuesta de beatificación?
Se ha discutido si el rey o Suarez fueron unos perjuros por jurar lealtad a las leyes y principios fundamentales del Movimiento Nacional y al propio Franco, para actuar después en sentido contrario, propiciando la transición a un régimen, como el del 78, que ha transformado todas esas leyes y adjurado de todos esos principios, mientras condenaba al Jefe de Estado de este periodo a una damnatio memoriae de la que las citadas leyes de memoria son el mejor ejemplo. Argumentan algunos que todos los políticos del Régimen franquista quedaban liberados de cualquier juramento tras la muerte de Franco, por lo que no se les puede calificar como perjuros. Ignoro las normas aplicables a los juramentos de este tipo, así que no se si técnicamente hablando, Suárez, Juan Carlos I y otros jerarcas cómplices de la transición se les puede calificar de perjuros o no. Sí diré que, cuanto menos, traicionaron el espíritu y la memoria de quien hasta esos momentos adulaban, dando lugar a una situación política que destruía por completo el legado nada desdeñable de su predecesor.
Uno de los enigmas de la Transición que, a estas alturas, después de lo visto en las páginas precedentes, ya no puede serlo tanto, es como una oligarquía surgida de la propia clase dirigente franquista pudo finiquitar su Régimen y su legado de forma tan poco piadosa. Como ya hemos comentado, la falta de una doctrina justificativa tras la Segunda Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II, obligatoriamente determinó que los propios cargos franquistas aceptaran con facilidad a la doctrina de la excepcionalidad histórica, ya que continuar un régimen personalista como el de Franco, en su ausencia, parecía imposible, y suscribieran las tesis liberal-conservadoras o democristianas para sobrevivir en la nueva España que se abría paso. También influyó el hecho de que la banca y los poderes económicos vieran lucrativas oportunidades de negocio en la normalización de España, como un país más de su entorno, por la privatización del imponente parque de empresas públicas que tenía el estado español en aquellos momentos y por las oportunidades comerciales que daba la futura posible integración de España en la Unión Europea, Comunidad Económica Europea, por aquel entonces.
La mayor parte de la clase dirigente franquista asumió, por lo tanto, muy tempranamente, que iba a haber de manera inevitable una reforma política que supusiera una transición a un régimen parlamentarista de partidos, homologable al de los países vecinos que, entre otros, facilitase tres objetivos: ampliación de la clase política para integrar en ella a la oposición al régimen, lo que Ortega y Gasset llamaba “élite del arroyo”, sin desalojar a sus ocupantes de entonces, entrega del poder real a la plutocracia que efectivamente gobernaba y gobierna en los demás países de nuestro entorno y a la que la dictadura de Franco había hurtado tener una influencia decisiva demasiado tiempo, y someter a España a los intereses geopolíticos del bloque anglosajón, que a través del liderazgo de los Estados Unidos del bloque capitalista en la Guerra Fría (“el mundo libre” como decían en su propaganda) ejercía un control efectivo en todo occidente. La España de Franco era aliada de este bloque, frente a la barbarie comunista que representaba la Unión Soviética, que sojuzgaba eficazmente a los estados tras el llamado telón de acero, pero no vasalla, lo que le permitía escenificar sus discrepancias como en el episodio de Carrero Blanco que hemos visto y que, tal vez, le costó la vida, o en la oposición de España a la Guerra de Vietnam o al bloqueo a la Cuba de Castro. Buena prueba del sometimiento posterior de la España del Régimen del 78 a USA fue la entrada de España en la OTAN, llevada a término por un gobierno del PSOE, que había hecho campaña por lo contrario con el eslogan “OTAN de entrada no”, mediante un referéndum, cuyo resultado levantó sospechas de fraude, y que uno de sus ministros más carismáticos, como fue Javier Solana, terminara como Secretario General de dicha organización.
Ernesto Milá defiende que los factores que llevaron a España a la democracia por orden de importancia fueros los siguientes:
– Las ambiciones del capital financiero internacional y de las multinacionales que querían invertir en España.
– La necesidad de la economía española de entrar en el mercado común europeo para colocar sus excedentes, cerradas a causa de la exigencia del “club europeo” de disponer de una forma democrática de Estado.
– La necesidad para la OTAN de reforzar la “profundidad” de sus líneas en una fase de endurecimiento de la Guerra Fría que no podía seguir siendo resuelta mediante pactos unilaterales con los EEUU.
– La inviabilidad de una estructura franquista sin Franco.
Podemos estar de acuerdo. Significativamente, Milá desprecia el papel de Suarez, del rey y de la “presión popular”, que considera inexistente[9]. Ciertamente así fue. Como dice Stanley Payne: “Años después se forjó la idea de que se había producido una gran movilización popular durante la Transición, pero, en realidad, no es más que otro de los grandes mitos de la Historia de España”.[10] La transición también fue menos pacífica de lo que se habla. La historiadora francesa Sophie Baby, computó entre 1975 y 1982 un mínimo de 3.200 acciones violentas y más de 700 víctimas mortales, 530 de ellas causadas por terroristas.[11] De más está decir que la práctica totalidad de las mismas a manos de grupos de ultraizquierda.
Por otra parte, aun aceptando la necesidad o conveniencia de que España, a la muerte de Franco, viviera una reforma aperturista, esta se podía hacer de muchas maneras y no necesariamente como se hizo. Desde luego, la transición a la democracia podía parecer lo más lógico y encajar con los deseos de la mayoría de la población, inducida a ello, por una propaganda asfixiante que, si bien había vivido el franquismo con normalidad, entendía que España debía asimilarse a los países de su entorno. Pero esa transición podía tomar muchos rumbos, y no todos resultarían satisfactorios a la izquierda emergente, que, en último término, veía la reforma política, no como un fin en sí mismo, sino como una forma de llegar al poder. Los poderes que llevaron a España hacía el sistema actual supusieron que, para que este fuera creíble, en España debía gobernar la izquierda. Solo entonces la transición estaría completa, se habría creado una nueva oligarquía de dirigentes en la que estuvieran incluidos, tanto quienes ejercían el poder durante el franquismo, como quienes aguardaban tu turno en la menguada y extremista oposición al régimen, aun a costa de esquilmar a los españoles a impuestos para sufragar los sueldos de todos ellos. Nadie podría dudar entonces de la legitimidad democrática del sistema, ni negar a la clase económica dirigente española las oportunidades de enriquecimiento que la apertura comercial que supondría les daba.
Sin embargo, ¿cómo llegaría al poder la izquierda en una España conservadora, católica, agradecida al franquismo…? Una izquierda además radicalizada, revanchista, analfabeta, que durante años había tenido su principal representación en los comunistas, pro soviéticos y antidemocráticos militantes del PCE, y en los terroristas de ETA, y solo muy recientemente empezaba a incorporar gente auténticamente demócrata, aunque siempre desde su punto de vista “guerracivilista” y excluyente. Un partido “neofranquista”, surgido de la clase dirigente del franquismo, que protagonizara la transición a un nuevo régimen y se presentara como continuadora de las políticas del franquismo en el entorno de un sistema democrático, que heredase la estructura del movimiento nacional, los sindicatos verticales y todo el aparato político del franquismo, que tuviera, prácticamente, el monopolio de las instituciones educativas y los medios de comunicación… un partido tal, compitiendo con una izquierda desprestigiada, heredera de la derrota bélica de la Segunda República, compuesta por alborotadores descerebrados a los ojos de la mayoría, ganaría las elecciones durante décadas, dando al régimen una impresión de continuismo, dejando a la oposición al franquismo fuera del sistema, y estando siempre bajo sospecha de no ser del todo democrático, dificultando la entrada de España en la UE y poniendo en peligro los planes de los poderes económicos.
Desde luego, en estas circunstancias podría desplegarse un sistema que no fuese menos democrático que el actual (quizá incluso más), que probablemente hubiera acabado siendo aceptado en el extranjero, sobre hechos consumados, y cuyas disidencias hubieran terminado condenadas a la marginalidad, pero entonces España habría tenido gobiernos fuertes no tan sumisos ni predispuestos a aceptar las instrucciones de los grupos de presión económicos o de las potencias extranjeras. La verdad es que esa derecha heredera de la clase dirigente durante el franquismo se suicidó, renunció al poder y a su identidad ideológica, para dar lugar a un sistema en el que no solo se integraran los opositores al franquismo, sino que en última instancia acabaran necesariamente por tomar el poder. La falta de liderazgo claro, muerto Franco y asesinado Carrero Blanco, provocó que muchos hombres honestos se retiraran a su actividad privada, mientras que los que necesitaban seguir viviendo de la política fueran como pollos sin cabeza en un sálvese quien pueda, por el que algunos renegaran de sus ideas anteriores para reconvertirse en demócratas de toda la vida, democristianos o, incluso, centristas, y prolongar sus carreras políticas, aunque tuviera que ser desde la oposición.
Para que la derecha española vinculada al franquismo pudiera autodestruirse y dejar el poder expedito a la izquierda hubo de seguir una estrategia basada en entregar a la izquierda las instituciones creadoras de opinión: las instituciones educativas, los medios de comunicación y la industria cultural. En resultado fue la aceptación sin crítica de las tesis de la izquierda en la interpretación de la historia, la difamación consentida del franquismo, que a su vez presentaba la futura democracia como una utopía, criminalizando a quienes no fueran entusiastas defensores de la misma, para garantizarse la falta de rebeldía de la población cuando, en efecto, esa utopía no llegase y el nuevo sistema, con el rumbo que había tomado, empobreciera a las clases medias. No solo el franquismo, toda la derecha española tenía que retirarse como fuerza cultural e ideológica dejando a la izquierda el terreno vacío para que lo ocupara.
En esta representación teatral cada uno representa su papel. Suarez, proveniente del franquismo (secretario general del movimiento) dimite no solo de su franquismo, sino de su derechismo, presentándose como “de centro”. Como además detenta el poder, pasa a ostentar también cierta centralidad política, más allá de las etiquetas, como cierta oficiosidad. Suarez arrastra al “centro” como una especie de derecha descafeinada ajena al franquismo, a las masas conservadoras, pero despolitizadas. La “normalidad” política deja de identificarse con el franquismo para hacerlo con este centrismo desideologizado capaz de renunciar a todo por “traer la democracia”, concepto que pasa a ostentar la categoría de “bien supremo”. El franquismo sociológico más politizado es llevado “al redil” por la Alianza Popular de Fraga, partido, heredero confeso del franquismo, pero a la vez democrático, que pasa a considerarse una derecha “dura”, “nostálgica”, incapaz de llegar al poder hasta que no haga su particular “viaje al centro”, cosa que haría con Aznar a costa de perder sus valores. Esta operación desactivaría cualquier neofranquismo verdadero, como el que podía haber representado Blas Piñar. Lo que el sistema consideraba entonces “extrema derecha” no tenía como reclamos electorales los actuales problemas derivados del globalismo, como la inmigración masiva o la ideología de género, porque tales cosas todavía no existían en la España de los años 80. Lo único que podían “vender” como argumento para pedir el voto era la nostalgia de un franquismo satanizado, pero con el que, de hecho, se pagaban menos impuestos, los trabajadores tenían más derechos, había más seguridad y las clases medias eran más prosperas. Sin embargo, esa nostalgia la recogía Alianza Popular, no en balde fundada por 7 ministros de Franco. Cuando esta nostalgia desapareció, vencida por la criminalización mediática y por el paso del tiempo, convertida ya en un anacronismo pintoresco, AP pudo convertirse en el PP y hacer su viaje al centro. Cualquier politización del descontento que pusiera en peligro el rumbo de la transición quedaba así desactivada.
Se produce ahí la inversión de valores políticos que hemos mencionado en una de las introducciones. España, entonces, deja de ser un país de derechas, como indudablemente lo era en el momento del asesinato de Carrero Blanco, para convertirse en un país mayoritariamente de izquierdas (de centro-izquierda en realidad, muy cerca del centro) en una desgraciada década (del 73 al 82) en la que gobernó siempre la derecha, pero en la que no tuvo inconveniente en suicidarse. El PSOE, solo ha de esperar a que la fruta caiga, madura, la UCD salte por los aires y deje el poder en sus manos. Eso ocurre tras el fracasado golpe de estado del 23F, cuando el felipismo aprovecha el vacío de poder para ocuparlo en las elecciones del 82. A partir de ahí, la manipulación educativa y mediática y la reescritura interesada de la historia abandonan todo disimulo para convertirse en una maquina perfectamente engrasada de demagogia que oculte los fracasos como gobernantes de los socialistas y les permita, una y otra vez ganar las elecciones, pese a su mala gestión, aprovechando “el mal recuerdo del franquismo”. Por supuesto, ese “mal recuerdo del franquismo” no está fundado en el franquismo real, sino en la manipulación postfranquista, iniciada, incluso, en el tardofranquismo, y convertida en una espiral de demagogia desde la llegada de la izquierda al poder, no por sus méritos, sino por la dimisión moral de la derecha. Es, en definitiva, un recuerdo inventado, invención que prosigue, en nuestros días, con las leyes de memoria histórica y memoria democrática y otros actos de manipulación perpetrados por la izquierda y consentidos por la derecha.
Hemos mencionado, como de pasada, el golpe de estado protagonizado por Tejero, pero conviene detenernos en él. El relato que los medios de entonces y los libros de historia hasta ahora han transmitido es el de unos militares (muy malos) nostálgicos del franquismo y enemigos de la democracia frenados por el Rey Juan Carlos en un gesto heroico, salvando la democracia, con lo que se legitimaba como monarca y se hacía perdonar haber sido elegido como sucesor por el mismo Franco. Últimamente empieza a cuestionarse este papel redentor del monarca, en el marco de las campañas de desestabilización pro-republicanas de la extrema izquierda, pero sin alterar los demás puntos del relato. Sin embargo, existe otra teoría, llamada «operación de Gaulle», según la cual el golpe, que contaba con la aquiescencia del Rey y de los principales líderes políticos, pretendía simplemente derrocar al gobierno de UCD, sustituyéndolo por otro de unidad nacional con ministros de los principales partidos y presidido por el General Armada, hombre de la confianza del Monarca, hasta la celebración de nuevas elecciones.
El ejército, en esta conspiración, debía solo «intimidar» al parlamento para que sustituyeran a Calvo Sotelo por Armada en una votación (mediante una moción de censura) «libre», de igual modo a como había ocurrido en Francia, donde una exhibición de descontento militar había convencido al parlamento francés para nombrar presidente a de Gaulle. Ni Milans del Bosch ni, desde luego, Tejero, estaban al corriente, sino que pretendían un gobierno únicamente militar que “salvase a España”. La incapacidad de Armada para controlar a Tejero que, enterado de los planes originales y considerándolos “una traición”, había entrado en el Congreso pistola en mano, tratando de presionar a “la autoridad competente, militar, por supuesto”, para que asumiera el mando, autoridad militar que nunca llegó, había dado al traste con la operación. La lista de ministros que Armada llevaba en la chaqueta fue rescatada por la médica Carmen Echave, que trabajaba en el Congreso de los Diputados. En ella, el número 2 del gobierno era Felipe González y solo había 3 militares.[12] Resulta difícil creer que quienes iban a ser ministros en ese gobierno de concentración nacional no estuvieran al tanto de los manejos necesarios para su constitución. No es únicamente, por tanto, el papel de Juan Carlos I el que habría que revisar en esta historia sino el de toda la clase política española y, en especial, el de sus principales líderes. Curiosamente, uno de los pocos partidos que no tenía ningún puesto previsto en ese supuesto gobierno, Fuerza Nueva, fue acusado de estar moralmente detrás del golpe y fue hostigado hasta su desaparición.
Como hemos visto, también podemos leer la transición como el proceso por el que España perdió su soberanía práctica. Desde la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX se fueron creando las naciones políticas modernas, donde el antiguo concepto de poder imperial pasa a ser sustituido por la soberanía de los estados nacionales. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, dos nuevos imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, se extienden con el propósito de convertirse en universales y, como decía Gustavo Bueno, definir a su imagen el concepto de ser humano. Tales imperios no crecen por la vía de conquista, sino que ejercen su influencia en otros estados, teóricamente aliados, pero en la práctica más bien sometidos. Ambas áreas de influencia quedan separadas por el llamado telón de acero que divide el mundo “libre” y capitalista, bajo control anglosajón, del comunista, bajo control ruso-soviético. En ese sentido la España de Franco, cuando superó su aislamiento, se alineó, tanto por razones geopolíticas como culturales como ideológicas, por el anticomunismo del Caudillo, con los Estados Unidos, pero como aliado, no como vasallo, a través de pactos bilaterales.
Es cierto que la España franquista consintió el establecimiento de bases estadounidenses en su suelo, pero no sino tras arduas negociaciones, y, como hemos explicado, planteó objeciones a la Guerra del Vietnam (existe una carta muy significativa de Franco al presidente americano advirtiéndole del error de la acción que iba a emprender y de las dificultades militares con las que toparía)[13], se negó a suscribir el bloqueo a Cuba, mantuvo su estructura interna y su sistema a político a salvo de las presiones externas y, en definitiva, conservó su soberanía y su capacidad de tomar decisiones, condicionadas, ciertamente, por la realidad del equilibrio de fuerzas en las relaciones internacionales, pero con un amplio ámbito de actuación propia al servicio de los intereses nacionales.
El profesor Marcelo Gullo define como “insubordinación fundante” los procesos por los que las naciones reafirman su soberanía frente a potencias extranjeras y reclama un proceso de este tipo en las naciones hispanas frente al predominio anglosajón, con sus imposiciones económicas de libre mercado mal entendido y sometimiento político que las arruinan y condenan a la miseria. En ese sentido, qué duda cabe que durante el franquismo España vivió un proceso de insubordinación fundante que concluyó con la muerte de Franco, con la tutela de USA sobre nuestra transición y el sometimiento internacional que, desde entonces, padecemos a sus dictados. Ya antes incluso del fallecimiento físico del Caudillo, cuando por su mal estado de salud ya no ejercía el poder de manera personal y, si bien algunos de sus jerarcas mantuvieron comportamientos ejemplares, comenzaron las traiciones de la mayor parte de su clase dirigente, especialmente aquellos que contaban con mayor poder, comenzando por Juan Carlos I, lo que llevó a la pérdida del Sahara en la Marcha Verde.
La Marcha Verde fue la invasión marroquí de la entonces provincia española del Sahara, iniciada el 6 de noviembre de 1975. El plan marroquí consistió en transportar a 300.000 civiles con unidades militares armadas camufladas entre ellos. Fue diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y contó con su apoyo logístico y el de la CIA[14]. Franco dio instrucciones para detenerla militarmente, pero aprovechando su enfermedad (moriría en el mismo mes de noviembre, el día 20) fueron ignoradas. Con esto no solo se traicionaba la integridad territorial de España, sino también al pueblo saharaui, bajo protección del estado español hasta entonces, a los que se entregaba a Marruecos, frustrando sus esperanzas legitimas de constituir un estado saharaui y convirtiéndolos en parias para los marroquís que desde entonces vulneran sus derechos humanos con total impunidad.
La monarquía marroquí tiene un concepto imperialista y expansionista de su estado, soñando con un “Gran Marruecos” que incluye, no solo el Sahara, sino también las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Sobra decir que el estado marroquí no tiene derecho histórico alguno sobre ninguno de esos territorios porque, entre otras cosas, todos son anteriores a la creación misma de Marruecos. Así, Canarias se incorporó a la Corona castellana con la Paz de Los Realejos de 1496, antes había sido “redescubierta” por los europeos en el siglo XIV en su expansión por el Atlántico que culminaría en el descubrimiento de América. El asentamiento canario fue fundamental para la proeza americana porque permitió aprovechar las corrientes y vientos adecuados para el viaje. Decimos “redescubierta” porque en la mitología grecolatina ya aparecen unas islas situadas “más allá de las Columnas de Hércules”, en el Mar Tenebroso, en los límites del mundo conocido, donde podrían situarse muchos de los relatos de su tradición, como los Campos Elíseos, las islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides o la Atlántida. Marruecos, por su parte, se constituyó en 1956 al deshacerse los protectorados francés y español en la zona. Nunca había sido un estado independiente con anterioridad. Como antecedente, existió un reino que controlaba parte del actual marruecos gobernado por la dinastía alauí en 1666. De igual modo, Ceuta, ciudad portuguesa en aquellos momentos, se incorpora a la Monarquía Hispánica de Felipe II en 1580, junto al resto del Reino de Portugal. En 1640, Ceuta no sigue a Portugal en su secesión, prefiriendo mantenerse bajo la soberanía de Felipe IV, formando parte de España. Melilla, por su parte, se incorpora a la Corona de Castilla y a España en 1497, en una expedición iniciada por el duque de Medina Sidonia.
Lo que ocurrió, básicamente, es que una clase política española que consideraba el llevar a cabo la transición a la democracia siguiendo el paso marcado por los Estados Unidos como un bien supremo, aceptó plegarse a las exigencias del expansionismo marroquí, con la agresión a la integridad territorial de España y la bajeza al desamparar a los saharauis, para que un conflicto con Marruecos, al que además, apoyaba USA, temerosa de que la Argelia pro-soviética pudiera hacerse con el botín, no perturbara ni pusiera en peligro la reforma política que se venía. Con esto, el Régimen del 78 nació ya con el cruel precedente de la traición a España y a los saharauis de la clase política tardo-franquista, que iba a pactar con la oposición el nuevo régimen bajo los dictados del padrino americano.
Desde entonces, España ha seguido timorata, evitando el enfrentamiento con Marruecos, hasta la última bajeza de Pedro Sánchez traicionando, una vez más, a los saharauis e irritando a Argelia, de la que depende nuestro suministro de gas en plena crisis energética agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania, aceptando el plan de autonomía para el Sáhara elaborado por Marruecos en 2007 y que, de nuevo, conculca los derechos de los saharauis. Otra vez es a instancias de USA, que reconoció el plan a cambio de que marruecos reconociera a Israel mediante el acuerdo de normalización de las relaciones de Israel y Marruecos firmado en 2020, que el gobierno español, subordinó de nuevo sus intereses y la defensa de aquello que era más justo, para seguir dando alas a un imperialismo marroquí que choca directamente con nuestra integridad territorial, tan solo por evitar el conflicto y por obedecer al amo americano.
Durante la transición, comenzó también la institucionalización del antifranquismo como ideología fundante del Régimen del 78 en lugar de la de la reconciliación, en una apuesta clara por el rencor y el revanchismo que lastran el nuevo sistema y lo condenan a la autodestrucción. Es común el discurso que presenta la transición como modélica y que, aun reconociendo la locura de las leyes de memoria y la obsesión antifranquista, revanchista, guerracivilista y destructora de la convivencia de la actual clase política, la atribuyen en exclusiva al PSOE y a la extrema izquierda, y a alguno de sus líderes recientes. Todo iba bien, dicen estos despistados, teníamos una España feliz y reconciliada hasta que a Pedro Sánchez se le ocurrió resucitar el fantasma de la Guerra Civil con la profanación de los restos de Franco, la adopción de la Ley de Memoria Democrática y otros desmanes. Otros, con algo más de memoria, retrasan el inicio de la catástrofe a Zapatero y su Ley de Memoria Histórica. Incluso queda alguno, más mayor y más sabio, que recuerda las campañas electorales donde Felipe González y Alfonso Guerra sacaban a relucir a los muertos de la Guerra Civil (por supuesto, solo de un bando) a sabiendas de que nadie en la AP de Fraga (y mucho menos en el PP de Aznar) les iba a replicar. En realidad, todos se equivocan. Esta locura empezó con UCD.
Cuando Suarez cambió su discurso pasando de la «ingente labor» de Franco del que «el paso de los siglos no borrará el eco de su nombre», hasta referirse a su régimen como «triste vicisitud», institucionalizó la demagogia antifranquista, porque Suarez, Secretario General del Movimiento franquista, designado por Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey por mandato del propio dictador, como presidente del gobierno, representaba la institucionalidad. A partir de ahí la locura siguió su camino, cada vez más audaz. Con Felipe González llegaron los cambios de nombres de calles y la eliminación de monumentos, con Aznar la condena parlamentaria del franquismo, con ZP la ley de Memoria Histórica y, con ella, una nueva oleada de cambios nominativos en calles y plazas, y destrucción de estatuas, placas y símbolos, no solo relativos al franquismo, sino de homenaje a las víctimas de la república. Ahora, con Pedro Sánchez, tuvimos la desgracia de vivir la vergüenza de la profanación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos y la vuelta de tuerca de una nueva ley que amenaza con tener consecuencias gravísimas como restricciones tiránicas a la libertad de pensamiento y expresión, la ilegalización de asociaciones o la profanación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Sospechamos que tampoco aquí se detendrá su ignominia, porque siempre se puede avanzar más en el camino del fanatismo.
[1] Ortuño Anaya, Pilar (2005). Los socialistas europeos y la transición española (1959-1977). Madrid: Marcial Pons. p. 22.
[2] Por ejemplo, Rodríguez Jiménez, siguiendo a Morlino y Caciagli en “La extrema derecha española en el siglo XX”. Madrid: Alianza Editorial.
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carrero_Blanco
[4] Diario16 en el artículo digital “La CIA utilizó a ETA para asesinar a Carrero Blanco” por José Antonio Gómez 20/09/2020
[5]Amadeo Martínez Inglés: “¡Fue la CIA, estúpidos!: A punto de cumplirse su 48 aniversario: La muerte de Carrero Blanco cambió la historia de España” Punto Rojo Libros, 2021
[6] Iván Vélez: “Nuestro hombre en la CIA. Guerra Fría, antifranquismo y federalismo” Ediciones Encuentro, 2020
[7] Se atribuye a Antonio García Trevijano, presidente de la “platajunta” antifranquista, la confidencia de haber recibido la confesión de los líderes izquierdistas claves en la transición de que el estado autonómico se había creado para colocar tanto a la clase política franquista como a los opositores al régimen. Desconozco si tal confesión existe, pero no me cabe duda de la mayor, es decir, de la afección de nuestra clase política a las autonomías porque permite multiplicar los puestos políticos.
[8] El Alcázar, 21 de noviembre de 1.975
[9] Enresto Milá, entrada en el blog de InfoCrisis lunes, 21 de septiembre de 2020 https://info-krisis.blogspot.com/2020/09/la-peor-pesadilla-esta-por-llegar-el.html?fbclid=IwAR2stD8AxotYhxdRbfw4-iHST2-4Pz1LN-kPwk526VIO6HRpvQTroggBJoY
[10] “En defensa de España…” págs. 210-211
[11] Citada por X. Casals, La Transición Española: el voto ignorado de las armas, Barcelona,
2016, pág. 15.
[12] Dicha lista ha sido difundida en sendos libros del comandante Ricardo Pardo Zancada y la periodista Victoria Prego, y en un artículo de La Gaceta del 22 de febrero de 2016. Puede leerse más sobre la operación de Gaulle en los libros de Jesús Palacios “23-F El golpe del Cesid” Ed: Planeta 2001 y “23-F, El rey y su secreto” Ed: Libroslibres 2011
[13] https://fnff.es/historia/54233177/la-opinion-de-franco-sobre-la-guerra-de-vietnam.html
[14] Payne, Stanley G.; Palacios, Jesús (2014). Franco: una biografía personal y política. Barcelona: Espasa. Pp. 609
