Los símbolos desempeñan un papel esencial en la construcción de la memoria colectiva de cualquier nación. Monumentos, estatuas, nombres de calles o lugares de especial significado histórico trascienden su dimensión material para convertirse en elementos que reflejan la forma en que una sociedad interpreta su pasado. En el siguiente texto, extraído de la tesis doctoral del profesor Alberto Bárcena Pérez, se analiza cómo el debate sobre la memoria histórica en España se articuló en torno a la reinterpretación de determinados símbolos, especialmente el Valle de los Caídos, y cómo las iniciativas políticas impulsadas desde comienzos del siglo XXI transformaron el discurso público sobre la Guerra Civil y el franquismo. A través del examen de decisiones judiciales, actuaciones gubernamentales y referencias historiográficas, el autor expone su interpretación sobre el origen y evolución de un debate que continúa ocupando un lugar destacado en la vida política y cultural española.
El juez Garzón, la LMH, el Gobierno y su Vicepresidenta, los sindicatos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Todo apuntaba al Valle de los Caídos… Y, con el Valle, a Franco. Toda la actuación del juez en este asunto pretendía brindar al Gobierno de Rodríguez Zapatero una plataforma social y política –pura ingeniería- para rematar el proceso que los socialistas de la nueva generación habían desencadenado dentro y fuera de España: la condena del franquismo a perpetuidad, sin matices ni resquicios por los que se les pudiera colar, en el presente o en el futuro, el menor intento de rehabilitación. No bastaba con las condenas de los foros internacionales, tan oportunamente pronunciadas, ni siquiera con las de los partidos o el mismo Parlamento de España, buscaban la apertura de un proceso similar al de Nüremberg, -tan invocado por Garzón- con efecto retroactivo, que pudiera borrar el pasado y el presente. El designio de la Memoria Histórica era, precisamente destruírla. La verdadera, claro está, para a partir de ahí fabricar otra, realizada a la medida de sus intereses. Porque, detrás de la solicitud del certificado de defunción de Franco por el juez de la Memoria, ¿Qué había? Nada menos que el procesamiento del que fuera Jefe del Estado y sus principales colaboradores, acusados de crímenes contra la Humanidad. Veamos la parte dispositiva de aquel primer auto de Garzón:
– Francisco Franco Bahamonde
– Miguel Cabanellas Ferrer
– Andrés Saliquet Zumeta
– Miguel Ponte Manso de Zúñiga
– Emilio Mola Vidal
– Fidel Dávila Arrondo
– Federico Montaner Canet
– Fernando Moreno Calderón
– Francisco Moreno Fernández
– Germán Gil y Yuste
– Luis Orgaz Yoldi
– Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
– Francisco Gómez-Jordana y Souza
– Francisco Fermoso Blanco
– Luis Valdés Cabanilla
– Nicolás Franco Bahamonde
– Francisco de Asís Serrat i Bonastre
– José Cortés López
– Ramón Serraño Súñer
– Severiano Martínez Anido
– Tomás Domínguez Arévalo
– Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
– Valentín Galarza Morante
– Esteban Bilbao y Eguía
– José Luis Arrese y Magra
– Juan Yagüe Blanco
– Salvador Moreno Fernández
– Agustín Muñoz Grandes
– José Enrique Varela Iglesias
– Juan Vigón Suerodíaz
– Blas Pérez González
– Carlos Asensio Cabanillas
– Eduardo Aunós Pérez
– Eduardo González Gallarza
– Francisco Regalado Rodríguez
También pedía el auto a la Secretaría de Estado de Seguridad que identificara a los responsables de Falange Española entre 1936 y 1951, lo que incluiría a José Antonio Primo de Rivera. Es decir, se trataba de condenar, con todas las garantías jurídicas, al Régimen de Franco en pleno, con la plana mayor del generalato del bando nacional. ¡Que no quedasen resquicios! Por eso invocaba el proceso de Núrenberg; esta era su versión española, transcurridos 67 años desde el final de la Guerra Civil. No importaba que la Unión Soviética hubiera sido juez y parte en aquel proceso, restándole legitimidad. Era la ocasión de recuperar el tiempo perdido para anular la victoria del ejército nacional; y no habría otra, probablemente.
Garzón sabía que todos aquellos hombres llevaban muertos mucho tiempo –José Antonio y Mola, por ejemplo, desde la Guerra Civil- y su objetivo no era hacer un gesto gratuito. Proclamaba su respeto por las víctimas de ámbos bandos, pero se ocupaba de poner a salvo al único genocida vivo –superviviente de aquella misma Guerra Civil- que tenía a su alcance: el que fuera Consejero de Orden Público en el momento de realizarse las matanzas de Paracuellos, Santiago Carrillo.
Al referirse a Santigo Carrillo, dice el auto de Garzón:
En este punto debe hacerse una referencia breve a las Diligencias Indeterminadas 70/1998 de este Juzgado tramitadas en su día por el supuesto [sic] crimen de Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las denuncias y planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en ésta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Décimoprimero de los Razonamientos Jurídicos.(Véase Ricardo de la Cierva, 113.178 caídos por Dios y por España…, pág. 63.) Veamos lo que ha dicho respecto a este asunto, un historiador tan poco favorable al franquismo como Ian Gibson:(Gibson fue uno de los primeros en proponer la voladura de la Cruz del Valle de los Caídos.)
Es también muy difícil creer que Carrillo, si no se enteró enseguida de la matanza [de Paracuellos] de los días 7 y 8, no estuviera informado acerca de ella muy poco tiempo después. ¿Cómo se le habría podido ocultar al consejero de Orden Público el hecho de que, aquellos dos días, fueron fusilados en Paracuellos y Torrejón de Ardoz más de mil presos? Cuando se piensa en el número de personas implicadas en la matanza, y en la organización que precisaba ésta, resulta inconcebible que, aun en aquellos momentos de guerra, con las tropas franquistas a las puertas de Madrid, las autoridades de la Junta no se enterasen en seguida de lo ocurrido. Además, hemos visto los teletipos cambiados al respecto entre ella y el Gobierno.
Sabemos, por más señas, que Schlayer le confió a Santiago Carrillo en la tarde del 7 de noviembre su preocupación por la seguridad de los presos sacados aquel día de la cárcel Modelo, recibiendo tanto de éste como de Miaja su palabra de que no les pasaría nada. (Ian Gibson, Paracuellos como fue, ed. Temas de Hoy, Madrid, 2005, pág. 248.)
Sigue Gibson contando cómo Carrillo quería responsabilizar tan pronto a las milicias incontroladas de la zona como a los rusos del NKVD, y esto sólo en relación con las primeras matanzas, porque, en relación con las siguientes el asunto parecía más claro, como sigue diciendo:
Por lo que toca a la segunda oleada de ocurrida a finales de noviembre y principios de diciembre, la complicidad del Consejillo de Orden Público [dirigido por Carrillo], sino del propio Carrillo, nos parece fuera de duda.
Por venir de quien viene, el juicio sobre Carrillo, emitido por el hispanista de origen irlandés, nos parece especialmente significativo. Las sospechas sobre el dirigente comunista eran demasiado graves como para dar carpetazo al asunto de la manera que lo hizo Garzón, pero es que él no buscaba genocidas; la batalla de la Memoria Histórica iba en otra dirección. En contra de lo dicho por el juez, respecto de Santiago Carrillo, existen evidencias que superan con mucho el ámbito de la sospecha: como sostiene Ángel David Martín Rubio, los historiadores que se han ocupado del asunto más a fondo, Ricardo de la Cierva, César Vidal y Rafael Casas de la Vega, entre otros, han acumulado documentos inculpatorios irrefutables, entre otras cosas, por su cercanía a los hechos:
Se trata de las actas de la Junta de Defensa de Madrid, en las que Carrillo recaba para sí toda la autoridad en los traslados de presos. Primero se atreve a decir que la evacuación aún no se había iniciado; se olvida de los días 7 y 8. Luego, corregido por el comunista Diéguez, reconce que la evacuación se ha suspendido ante las protestas del cuerpo diplomático (que se produjeron, precisamente, al tener conocimiento de los fusilamientos masivos). En el mismo sentido habría que situar discursos del propio Carrillo, como la alocución por Unión Radio (12-11-1936) y el Pleno del comité Central del Partido Comunista (7/8-03-1937), o la declaración de Ramón Torrecilla (miembro del Consejo de Orden Público) ante la Causa General.
Por supuesto que Carrillo no es el único responsable del mayor holocausto de la Guerra Civil. Como sigue señalando Martín Rubio, fue “solamente” el . Es decir, que no mentía del todo al decirle a Gibson que los responsables fueron los rusos o las milicias supuestamente incontroladas (Gibson dice que variaba sus versiones). Lo que ocurre es que entre unos y otros estaba él, precisamente; parte fundamental del engranaje exterminador. Y Garzón, que invocaba el proceso de Nüremberg, establece –y lo ha dejado en un auto firmado ante la Historia- que no procedía tramitar, por inconsistentes, las denuncias contra Carrillo. Era perfectamente lógico: el juez estaba implicado hasta los tuétanos en la fabricación de una Memoria Histórica que enalteciera para siempre al bando en el que militaba el líder comunista. Los miles de asesinatos de los que pudiera ser responsable no le interesaban en absoluto.
Por otra parte, el mismo Carrillo, constituye un ejemplo perfecto de cómo se construye una Memoria Histórica de diseño. Es tan sólo cuestión de proponérselo y disponer de los medios adecuados; apoyo parlamentario, -aunque sólo sea coyuntural- algunos medios de comunicación, ciertos autores y editoriales. En 2003, el dirigente comunista prologó el libro de Clemente Sánchez, En las cárceles de Franco, de la colección Biblioteca 70 años, que ya en su anagrama ostenta la bandera de la República. En dicho prólogo, Carrillo afirma, refiriéndose a los años de la posguerra:
Lo que cuenta del comportamiento de los vencedores lo he escuchado centenares de veces de personas que sufrieron tales afrentas. Era el clima social de esos tristes años en los que abundaron los consejos de guerra sin garantías, cuando no directamente las , los fusilamientos masivos, las fosas comunes, el odio cainita. Hay que leer un libro así y luego multiplicar por muchas miles de veces lo relatado para tener una somera idea de lo que entonces sucedió en España.
Es necesario leer muy detenidamente lo que dice su autor en éste párrafo, porque se trata de Carrillo, y está hablando de juicios sin garantías, “sacas”, fusilamientos en masa y fosas comunes, odio cainita . Es decir, describe algo que conoce perfectamente, y lo hace paso a paso; desde los juicios sin garantías hasta las fosas comunes, pasando por las ejecuciones masivas. Describe, en definitiva, lo que ocurrió en Paracuellos, bajo su responsabilidad, pero se lo traspasa al franquismo. No debería atreverse, por un mínimo de decencia y sentido común, a realizar esa traspolación. Resulta demasiado burda; está hablando del gran genocidio del Frente Popular, unido a su propio nombre para siempre, pero hace responsable al Régimen franquista de tales atrocidades. Es más, sostiene que lo que describe habría que multiplicarlo por miles de veces para entender lo que fue la represión del bando nacional: su propio holocausto (cuya mención omite) multiplicado por mil.
Se atrevió a escribir tal cosa, y no ocurrió nada; el libro en cuestión vió la luz con ese respaldo del gran personaje histórico, y ahí queda esa publicación para la Historia, con el prólogo del responsable del mayor crimen de la Guerra Civil; a mayor gloria de su autor, que nos informa de la represión nacional, supuestamente la peor que se ha conocido, la que debíamos investigar excavando fosas, profanando cementerios y procesando a Franco y a todos sus colaboradores por delitos contra la Humanidad. Con el respaldo del “campeón de la Democracia”, Santiago Carrillo.
Dentro del mismo plan estratégico, al año de su llegada al poder, el Gobierno de Zapatero procedía a desmontar la estatua ecuestre de Franco, situada delante del Ministerio de la Vivienda. La orden vino de la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que consideraba ser aquel momento oportuno, lo mismo que opinaba el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien llegó a decir que aquello le hacía sentirse mejor. El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicaba la retirada como algo que se incardina dentro de las decisiones adoptadas en el curso de esta legislatura para terminar con los últimos símbolos de la dictadura. Todo el nuevo Gobierno se posicionaba a favor de las nuevas corrientes históricas, pero quien avisaba claramente de lo que se preparaba era López Aguilar como demuestra el último de los testimonios recogidos: se preparaba ya el camino para la “recuperación de la Memoria Histórica”.
El PP reaccionó por boca de Mariano Rajoy, que calificaba el hecho de retirar la estatua como un intento del Gobierno de , pero el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, se expresaba con más contundencia, al acusar al Gobierno de , rechazando . Tampoco el que fuera primer presidente socialista, Felipe González, aprobaba la medida, al decir .85 Sin embargo, fue durante su mandato, cuando, muy cerca de la estatua de Franco, delante del mismo edificio, se instalaron dos hermosos monumentos a sendos personajes históricos del PSOE. Resultaba sorprendente su cercanía, pero en el ambiente de concordia que se respiraba durante la Transición podían darse tales situaciones sin que se levantase ninguna polémica. Como dice Alfonso Bullón de Mendoza:
El deseo de propiciar al máximo la reconciliación nacional hizo que las cruces y placas que recordaban a los caídos del bando nacional fueron desapareciendo de forma paulatina, y también cambiaron con más o menos rapidez, según fueran los resultados de las elecciones municipales, los nombres de las calles y plazas que evocaban a las principales figuras de los vencedores. En un principio no era extraño que conviviesen en la misma urbe calles destinadas a protagonistas de uno y otro bando o, como ocurrió en Madrid, que se levantase una estatua a Largo Caballero a escasos metros de donde ya se hallaba una de Franco. La Transición parecía asentada sobre la aceptación de un pasado que no había gran interés en remover desde el punto de vista político.
Así fue: no se quiso remover el pasado y por eso, cuando, junto a la estatua de Franco, se levantaron las de dos socialistas, ni se comentó el asunto. Hasta ahí, nada de sorprendente, pero lo extraño fue la identidad de los elegidos: dos conspiradores contra la II República, que lo fueron a pesar de haber sido ministros del primer Gobierno republicano: Indalecio Prieto (de Hacienda) y Francisco Largo Caballero (de Trabajo).
Este último, Secretario General de la UGT, presidente del PSOE y del grupo parlamentario socialista, había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, pero radicalizó su postura, desde los inicios de la República, con una clara deriva hacia el comunismo que le valió el sobrenombre de Lenin español. Ya en 1933 era partidario, abiertamente de la revolución, como expresaba en sus discursos de la Escuela de Verano de Torrelodones, y en los mítines electorales de diciembre de aquel mismo año, llegando a decir:
En algunos mítines se ha dicho que vamos a conquistar el Poder, y que si no nos dejan de otra forma, lo haremos revolucionariamente. Pero yo añado que si a eso no acompaña el propósito de preparar las huestes para la revolución, no es más que una estridencia y una insinceridad. Hay que preparar a las masas para la revolución espiritualmente, pero sobre todo materialmente.
Y se refería a una revolución contra el propio régimen republicano, en el que tan sólo veía una etapa que había sido preciso atravesar para implantar la dictadura del proletariado. Solamente unos meses después de pronunciar ésta clarísima soflama, unido a su correligionario, (y antiguo colega de Gobierno) Indalecio Prieto, organizaba una revolución en toda regla contra el Gobierno, que debía estallar, sincronizadamente, en toda España. Sólo llegó a producirse el levantamiento en algunos puntos: en Barcelona –donde se proclamó el Estado Catalán- fue sometida en cuestión de horas; en Vizcaya ardió la margen izquierda del Nervión durante una semana, pero en Asturias, prendió la mecha y se convirtió, realmente en una guerra civil que tardaría cerca de un mes en ser sofocada.
Toda la trama fue socialista, empezando por sus dos cabezas visibles: Prieto se encargó de la financiación, llegando a fletar un vapor, El Turquesa, cargado de armas con destino, en principio a Vizcaya, pero que fue descargado en Asturias, mientras que Largo Caballero se ocupaba de la preparación y ejecución de la huelga revolucioanria, proclamada el 5 de octubre de 1934, que causó el levantamiento de la cuenca minera, la ocupación de Oviedo, y la intervención del Ejército como única salida, desactivadas las fuerzas del orden en todo el Principado. El episodio se saldó con los siguientes datos oficiales.
Edificios incendiados, volados o deteriorados:
La misma autora que publica este balance de la desolación causada por la Revolución de Asturias, Mercedes Montero, recoge el testimonio esclarecedor de un miembro de la comisión ejecutiva de la UGT, de aquella época, Amaro del Rosal, que confirma, en primera persona, el protagonismo absoluto de Largo Caballero en aquellos sucesos:
En el trabajo organizativo se llevaba más de ocho meses cuando estalló el movimiento. En los cuadros de organización estaban involucrados cientos de elementos pertenecientes a la UGT, al PSOE, a las Juventudes Socialistas, cada uno de ellos responsabilizado en misiones específicas y concretas. El conocimiento del plan general en todos sus detalles perfectamente estructurados, estaba en manos de Caballero, clave por clave, nombre por nombre, objetivo por objetivo. Sus colaboradores más inmediatos tenían un conocimiento parcial del plan, la parte que les correspondía y una idea inconcreta de aquellos otros aspectos que no estaban en el área de su misión.
Fracasada la revolución, Largo Caballero fue procesado, mientras que Prieto lograba escapar, pero la República, si alguna vez lo había sido, dejaba de ser viable. Era el principio, y cada vez se estudia más en esa clave, de la Guerra Civil, y sus máximos organizadores fueron los dos socialistas, a quienes sus correligionarios en el poder, medio siglo después de aquellos sucesos, levantaron las estatuas que en plena oleada revolucionaria de la memoria histórica, nadie cuestionaba.Y sin embargo fueron ellos quienes terminaron –al menos lo intentaron- con el Régimen que los socialistas reivindican como modelo y única fuente de legitimidad histórica y democrática. Sería interesante saber porqué a ellos y no a otros más dialogantes se les levantaron monumentos recién concluída la Transición. Quién y con qué criterios tomó esa decisión.
Resulta irónico que fuese precisamente Franco, el general a quién la República llamó en su auxilio en la trágica coyuntura de 1934, y que fuese él quien la salvase organizando la conquista del territorio insurrecto. Pero como el propio Franco dijo a su primo –Franco y Salgado-Araujo- los militares del 18 de Julio no se alzaron contra el régimen republicano sino contra la anarquía y el caos de la revolución. Y ésta la habían iniciado los socialistas dos años antes.
Sin embargo, en el momento de retirarse su estatua, la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, describía la medida como un acto de normalidad democrática, ya que su presencia no contaba con el amplísimo consenso que requiere un símbolo . Sería interesante conocer la extensión del consenso que respalda la permanencia de las estatuas de los dos enemigos declarados de la República en pleno centro de Madrid, como también qué porcentaje lo apoyaría de conocer con detalle las circunstancias históricas que acabamos de repasar. Pero antes debería darse a conocer a los votantes del PSOE la trayectoria de aquellos dos personajes históricos.
Siguiendo con Largo Caballero, recordemos que, a pesar de su comprobado protagonismo en la revolución de Asturias, pocos meses más tarde estaba en la calle y en plena actividad. A causa de la revolución del 34, fueron detenidas 30.000 personas y ejecutadas algunas de ellas – al dirigente socialista Ramón González Peña, condenado a muerte, se le conmutó la pena por la de cadena perpetua, que no cumplió, al ser liberado por el Frente Popular – pero, gracias a las componendas políticas republicanas, Caballero pudo participar activamente en la consolidación del Frente Popular y en la campaña para las elecciones de 1936. Fue entonces cuando, en el cine Europa de Madrid, pronunció un discurso todavía más esclarecedor en cuanto a su visión de la República:
Antes de la República nuestro deber era traer la República; pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo.Y cuando hablamos de socialismo, no nos hemos de limitar a hablar de socialismo a secas. Hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario.
Este era su pensamiento; la República era un paso necesario, previo a la instauración de algo diferente: en su caso era el marxismo, pero en el del PSOE posterior al franquismo, podría ser algo distinto. En 1984, cuando se instaló su monumento, todavía existía la Unión Soviética, pero no era ya “exactamente” el modelo a seguir por un partido que acababa de abjurar –no sin tensiones internas- del marxismo. Cuando llegó al poder Rodríguez Zapatero, ya no existía aquel gigante que mantuvo en vilo al mundo libre, pero el socialismo tampoco era ya el mismo: aspiraba, de todos modos, a crear, lo antes posible, un “hombre nuevo”, una “sociedad nueva”, sin apenas conexiones con el pasado; tenía, en suma, una revolución pendiente por hacer. Como Largo Caballero; podría ser él, por tanto, un referente a exaltar. La idea de dejar a España de manera que no la reconociera ni la madre que la parió pertenecía, de hecho, a la generación anterior de socialistas en el poder; la de Guerra y González; la que colocó allí las dos imponentes estatuas, que perpetúan la memoria de dos socialistas de los que se pueden hacer muchas afirmaciones, pero no que representen un ideal democrático como el que María Teresa Fernández de la Vega consideraba imprescindible para perpetuarse como símbolo, apoyado por un <amplísimo consenso>.
Pero estaba claro que aquel Gobierno llegaba dispuesto a crear y destruir símbolos según su conveniencia. La Vicepresidenta, se convertiría muy pronto en el brazo ejecutor de la destrucción de uno de los mayores de la Historia de España: el Valle de los Caídos, símbolo de reconciliación. Disponía de todos los medios del Estado para convertirlo, ante todo, en símbolo de ignominia. El desmontar la estatua de Franco –en Madrid primero, luego en el resto de España- era solamente el primer paso para la construcción de la más artificiosa de las Memorias Históricas.
Lo más esperpéntico de toda esta historia es que la misma noche en que se desmontaba la estatua del que fuera Jefe del Estado durante cuarenta años, en el mismo Madrid, se rendía homenaje al responsable del holocausto de Paracuellos, con asistencia de las máximas autoridades de la Nación. Se homenajeaba a Santiago Carrillo como a un héroe de la Democracia, por su papel durante la Transición; un período histórico que muy pronto comenzaría a ser cuestionado por las fuerzas desatadas por el propio Gobierno socialista. El fenómeno de Carrillo merece un profundo estudio, pendiente aún.
El escritor Javier Esparza, en el epílogo del libro que le dedica, se pregunta por la misteriosa fascinación que sigue ejerciendo sobre la clase política española:
¿Los buenos? ¿Los malos? En aquel homenaje que el español tributó a Carrillo, la misma noche en que se desmanteló la última estatua de Franco en Madrid, no estaban en realidad ni los buenos ni los malos. La que allí estaba era una generación que, supuestamente, ya había olvidado tales etiquetas, al menos en su vinculación con la guerra civil. La mayor parte de los ministros socialistas de Zapatero son hijos de la España franquista, y algunos, incluso, vástagos de altos cargos del viejo régimen. Y los que eran hijos del bando republicano, como PecesBarba, pudieron desarrollar con toda tranquilidad buenas carreras profesionales sin que nadie les pidiera pedigrí. La realidad del país, por fortuna, había dejado atrás la guerra y sus cortes bestiales. Carrillo pertenecía a ese mundo. Totalitario antes de la guerra, totalitario en la guerra, totalitario después de la guerra, toda la vida de Santiago Carrillo –como la de muchos millones de europeos- chapotea en la sangre del siglo más sanguinario de la Histora universal.
La mención a Peces-Barba nos lleva nuevamente al Valle de los Caídos: hijo de uno de sus más ilustres reclusos-trabajadores, como dice Esparza, pudo desarrollar, como tantos hijos de republicanos, buenas, cuando no excelentes, carreras profesionales sin que nadie en la España franquista les pidiera <pedigrí>, lo que no deja de ser un argumento a favor del Régimen, pero sigue el autor de ésta cita preguntándose qué pensaría Carrillo en la noche de su homenaje; la misma en que se desmontaba la estatua de Franco, en una coincidencia excesivamente elocuente. Piensa Esparza que podría experimentar una sensación de fracaso por haber presenciado el desmoronamiento de su mundo, el comunista. Pero bien podría haber pensado que finalmente, de alguna menera, enmendaba la plana a la Historia. Lo mismo que Zapatero empezaba a intentar mediante un plan perfectamente trazado, con sus etapas bien establecidas. Con mucha prisa, eso sí, porque no disponía de mucho tiempo para ejecutar un designio tan importante como demoledor. El primer acto podría estar representado por aquel baile de símbolos trastocados en una misma noche. Podría ya cualquiera preguntarse, quienes eran los buenos y quienes los malos, pero lo imperdonable era poner en esa tesitura a la sociedad española que hacía ya décadas había decidido no hacerse esa pregunta.
En cuanto al Valle de los Caídos, el primer documento que aparece como origen de los mitos que forman su leyenda negra, procede, precisamente, de uno de los dos socialistas cuyas estatuas hemos comentado: Indalecio Prieto. En marzo de 1959, publicaba, en el <Órgano del Partido Socialista> en el exilio, un artículo titulado El osario vacío. Cuelgamuros Hilton, en el que dice, entre otras cosas:
A poco de cercarse el valle […] comenzaron a llegar a Cuelgamuros partidas de hombres macilentos cuya condición de cautivos la revelaban los guardias civiles de su custodia. Procedían de todos los presidios de España […] Seguramente los Faraones no se valieron de esclavitud mayor para levantar las pirámides egipcias. Estos esclavos del siglo XX sabían que su trabajo –un trabajo bestial, consistente en quebrar la piedra, acarrearla por el túnel y labrarla en el exterior –, era para glorificar a sus vencedores, con lo cual al extenuante agobio físico sumábanse grandes tormentos morales.
En 1940 llevó a muertos-vivos, sacándolos de presidio por la fuerza. ¿Llevará en 1959 muertos-vivos, sacándolos, también por la fuerza, de los cementerios? Los necesita para llenar la cripta.
Hablaba Prieto ya entonces, de los esclavos y no lo hacía en un sentido más o menos figurado del término, sino que aclaraba que habían sido sacados a la fuerza de sus presidios, para someterles a un trabajo extenuante a cuyas penalidades debería sumarse la humillación suprema de trabajar por la gloria de sus vencedores -aunque de forma contradictoria reconociera en el mismo artículo, que el Monumento serviría como enterramiento de los caídos de los dos bandos-, todo un cuadro, en suma, de hombres no solamente esclavizados, sino sometidos al agobio de un y extenuante, además de , capaces de destruir a aquellos combatientes republicanos. Todo lo que la historiografía antifranquista ha repetido hasta convertirlo en lugar común, ya aceptado por la mayor parte de la opinión pública. El que aquello firmaba en 1959, era el mismo que conspiró contra la República, desencandenando una revolución que fue el origen de la Guerra Civil; el mismo cuyo monumento continúa en el centro de Madrid como supuesto homenaje a los “democráticos gobernantes republicanos”. La base de la leyenda negra del Valle de los Caídos se cimentaba sin la menor legitimidad histórica.
