¿QUEDAN FRANQUISTAS EN ESPAÑA?
Como nota de humor, en mi libro “La obsesión con Franco” incluí una introducción para antifranquistas subtitulada “pero… ¿quedan franquistas en España?” donde concluía que “En resumen, tengamos cuidado con los franquistas, están entre nosotros, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, los padres de los amigos de nuestros hijos en el colegio, incluso la persona con la que ligamos en un bar. Y, bien mirado, tienen argumentos convincentes”. Más allá de ello, sin embargo, la pregunta tiene cierta miga, dada la utilización descarada que hace el actual gobierno del supuesto “peligro franquista” para justificar todos sus desmanes. ¿En qué términos quedan franquistas en España?
La clave de la cuestión es, por tanto, que entendemos por franquistas. Si hablamos del franquismo como un movimiento de masas que pueda tomar el poder e instaurar un régimen como el de Franco en la actualidad hay que decir que no, que en ese sentido no quedan franquistas y que todo el alarmismo de la izquierda al respecto no es más que una estúpida demagogia. Por el contrario, si llamamos franquistas a quienes discrepamos de las tesis históricas que pretenden imponer las leyes de memoria y consideramos que el periodo histórico que representó el franquismo no fue esa caverna de oscuridad donde los pajarillos no trinaban, las florecillas no salían y todos los españoles agonizaban en el aire irrespirable de la cruel dictadura en blanco y negro, hasta que la democracia devolvió el color a nuestras vidas, hay que decir que no solo quedan franquistas, sino que cada vez son (somos) más.
Como efecto secundario de las leyes de memoria y de la utilización demagoga de la manipulación histórica sobre el franquismo en el rifirrafe político, cada vez más españoles, especialmente los más jóvenes, están descubriendo aspectos positivos en el franquismo y se están rebelando contra la historiografía oficial y políticamente correcta, con su antifranquismo sobreactuado.
LAS LEYES DE LA MEMORIA
Los gobiernos democráticos no pueden hacer leyes de memoria histórica. La Historia es obra de los historiadores, no de los políticos. Memoria histórica es un oxímoron, una contradicción en términos, no puede existir. La memoria es personal y subjetiva. La Historia es la obra en conjunto de los historiadores y es el estudio objetivo de los archivos y datos.
Stanley G. Payne
El 31 de octubre de 2007, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó en el Congreso la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. La norma que, contra lo expuesto en su extenso nombre, no se limitaba a reconocer derechos, sino que imponía una visión determinada de la historia, fue criticada por la oposición, pero también por historiadores de izquierdas, como Paul Preston o Santos Juliá, que afirmó: «Imponer una memoria colectiva o histórica es propio de regímenes totalitarios o de utopías totalitarias»[1].
Durante el gobierno del PP con mayoría absoluta, el presidente, Mariano Rajoy, dejó la ley sin dotación presupuestaria, pero no la derogó, como había prometido. Con la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez se reactivó el proceso memorialístico y el 5 de octubre de 2022, el senado aprobaba la nueva Ley de Memoria Democrática que declaraba ilegal el franquismo y abría la puerta a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos (los restos de Franco ya habían sido profanados) y a la ilegalización de asociaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco.
Es cierto que, para la ilegalización de asociaciones o fundaciones se exige, no solo la apología del franquismo, sino el menosprecio y la humillación de sus víctimas o la incitación al odio o a la violencia contra las mismas, lo que, desde luego, va a resultar muy difícil de probar, básicamente porque ni la FNFF ni otras muchas organizaciones que parten de una visión positiva de Franco o su régimen han caído nunca en el menosprecio ni la incitación al odio a las víctimas del bando nacional en la Guerra Civil o de la represión posterior. Más bien han sido las autoridades las que, en aplicación de esta norma, han menospreciado a las víctimas del otro bando derribando las cruces que las recuerdan o eliminando sus homenajes. Veremos, en ese sentido, como es aplicada por los tribunales.
La ley establece en su título IV un régimen sancionador con multas de hasta 150.000€ por, por ejemplo, “Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. La ambigüedad de este punto y su aplicación (sin perjuicio de su posterior revisión por los tribunales) por autoridades administrativas politizadas y henchidas de ideología antifranquista de extrema izquierda puede dar lugar a un serio menoscabo de derechos constitucionales como la libertad de expresión. Junto a la ilegalización de fundaciones o asociaciones, esto es particularmente grave porque se trata de una brutal mutilación de derechos fundamentales por razones ideológicas, al no establecerse una paralela sanción a quienes puedan exaltar dictaduras de izquierdas o asesinatos políticos cometidos por terroristas de izquierdas. Conforma un estado ideológico y, por lo tanto, totalitario, donde se persiguen conductas no en función de su peligrosidad objetiva o del quebranto de bienes jurídicos protegidos sino del posicionamiento político de sus autores y de sus presuntas víctimas. Exaltar a un dictador solo es sancionable si ese dictador es de derechas, humillar a una víctima solo recibe reproche jurídico si esa víctima es de izquierdas (y su victimario de derechas, puesto que tampoco se reconoce a las victimas izquierdistas de otros izquierdistas). En caso contrario está aceptado, incluso es aplaudido. Es una aberración jurídica y moral. Abre las puertas a una regulación en la que no se persiguen actitudes sino maneras de pensar. En definitiva, a la destrucción de nuestra libertad.
Dados los numerosos motivos de inconstitucionalidad de la norma, el grupo parlamentario Vox presentó el 13 de enero de 2023 un recurso de inconstitucionalidad contra ella. En la rueda de prensa que la anunciaba, su presidente, Santiago Abascal, manifestó su firme compromiso con los derechos de todos los españoles al afirmar: no vamos a permitir que ningún partido ni representante político trate de dictar la memoria colectiva de los ciudadanos en España, que son libres para pensar lo que quieran.
Personalmente, tengo familiares muertos de la Guerra Civil en los dos bandos y no voy a consentir que ningún político ni ninguna ley me digan a cuál de ellos tengo que recordar con más cariño, a cuál lo mató el bando correcto y a cuál el equivocado, a que víctima puedo honrar y a que víctima no. Es mi memoria personal y la de mi familia, ninguna ley tiene nada que decir ahí.
Luego está la historia, la que hacen los historiadores, partiendo de hechos y datos objetivos. Tampoco ninguna ley tiene derecho a decirles como la tienen que contar. Ese es su trabajo y si se dejan influir por condicionantes políticos lo están haciendo mal. Entonces no sería historia sino propaganda. La expresión “memoria histórica” es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Si es memoria es personal o, como mucho, familiar. Si es historia es objetiva. O debe serlo. Si no, algo está haciendo el historiador mal.
La excusa de la primera Ley de Memoria Histórica de Zapatero, cara a la galería, fue que los cadáveres de republicanos, que yacen en fosas comunes, se pudieran enterrar en otros lugares, exagerando su número hasta el absurdo. De hecho, se lanzó el bulo de que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes o cuerpos desaparecidos, solo superado por Camboya. Esta información falsa fue repetida por Pedro Sánchez, Irene Montero o Pablo Iglesias, entre otros políticos, por elperiodico.com, elplural.com o Público, entre otros periódicos de extrema izquierda y por representantes de numerosas asociaciones antifranquistas.
La falsedad de esta afirmación, sin embargo, salta a la vista. Aun aceptando las cifras exageradamente altas presentadas por pseudohistoriadores o asociaciones dedicadas a la “memoria” histórica o democrática como negocio, estas palidecerían en comparación a las de la Segunda Guerra Mundial, el Gulag comunista o las guerras y dictaduras asiáticas como las de Vietnam o Irak. Si, además, tales cifras se contrastan, la magnitud de la mentira queda más en evidencia. Esto fue reconocido incluso por el verificador Newtral, conocido por su notorio sesgo izquierdista, que debió afirmar que “No hay evidencias de que España sea el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya”[2]. “Tanto la ONU como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, aseguran a Newtral.es que no tienen constancia del ránking que sitúa a España en segundo lugar por detrás de Camboya en el número de desaparecidos y/o fosas comunes”. No hace falta que lo diga la ONU, es cuestión de sentido común. Ni los políticos ni los medios ni las asociaciones que han extendido y siguen extendiendo el bulo han rectificado todavía.
Por otra parte, han sido numerosos los casos en que, buscando víctimas del franquismo, han encontrado a personas asesinadas por el bando frentepupolista. Por lo demás, resulta obvio que para buscar a desaparecidos y darles una sepultura digna, a lo que en absoluto nos oponemos, no hacía falta aprobar ninguna ley ni despreciar, como ocurrió, a las víctimas del otro bando. Tampoco la excusa de que las víctimas de los republicanos ya fueron homenajeadas durante el franquismo nos sirve, porque eso no funciona así. Pretender aplicar una especie de ley de la compensación, en virtud de la cual hay que convertir la actual democracia en una suerte de dictadura antifranquista, durante, al menos, 40 años (que por cierto ya habrían transcurrido), para compensar la de Franco, no parece tener mucho sentido. La democracia actual debe representar la reconciliación entre todos los españoles, no una oportunidad de revancha de quienes perdieron la Guerra Civil. Las víctimas son víctimas siempre y, dado que las hubo en los dos bandos, hay que ser sensibles con ellas, con su memoria y con sus supervivientes siempre, independientemente de la simpatía política que nos inspire el bando en el militaban o el bando que las victimizó.
Tampoco la obsesión por cambiar nombres de calles, quitar las placas del Instituto Nacional de la Vivienda de las casas, retirar monumentos a los caídos del otro bando y demás tropelías va a resolver ningún problema de España. Como, además, esos cambios no se limitan a quitar nombres o símbolos de la historia de España de los últimos 80 años, sino que también suponen eliminar los homenajes a las víctimas de la república o el bando rojo en la guerra civil, bajo acusación de ser “vestigios” del franquismo, no solo son una patochada anti-histórica, sino una falta de respeto a los asesinados por el bando con el que los actuales defensores de esta ley se identifican. Más que a la memoria histórica o democrática, a lo que dan pie estas leyes es a la desmemoria histérica. Toda una damnatio memoriae.
Si eso no resultaba suficientemente perverso, la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, no tiene bastante con humillar a las víctimas del otro lado, quiere perseguirlas, acabando con nuestras libertades. Pretende así, que visiones veraces de la historia que contradigan su discurso, como la expresada en este libro, puedan estar fuera de la ley (aunque las ampare la constitución) y que asociaciones como la FNFF puedan ser ilegalizadas. Supone el establecimiento de una tiranía en toda regla. No podemos consentirlo.
Las leyes de memoria son unas normas absurdas y nocivas. Pretenden presentar como obligatoria una versión determinada de la historia, falseada y manipulada, para dar una sobrelegitimación política a la izquierda y, sobre todo, a la extrema izquierda, autoproclamadas continuadoras de los republicanos que, en su versión, luchaban valientemente por la democracia, aunque en la realidad estaban tratando de imponer una dictadura estalinista.
Con la excusa de dar sepultura a los muertos republicanos que aun puedan quedar en las cunetas, exagerando su número, el único efecto práctico de esa ley ha sido cambiar nombres de calles y quitar Cruces, bajo la alegación de tratarse de “Cruces franquistas” como si el símbolo más representativo del cristianismo pudiera ser franquista o republicano. En lugar de honrar a sus víctimas, lo único que han hecho es faltar al respeto a las víctimas del otro bando, exacerbar los odios y minar la convivencia.
LA NUEVA LEYENDA NEGRA
Las versiones de la historia reciente sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición que las leyes de «memoria histórica» y «memoria democrática» quieren imponer totalitariamente en nuestro país, constituyen, además, como defendí en mi ensayo “La memoria democrática, nueva leyenda negra” que el jurado del premio Pascual Tamburri galardonó, una nueva edición de la leyenda negra que nuestra patria arrastra desde el siglo XVI, en tanto replican sus características, al constituir, como aquella, una visión falsificada y calumniosa de la historia de España, en estos casos reciente, que se basa en prejuicios supremacistas que minusvaloran a los españoles y que se forja como propaganda de guerra, la leyenda negra tradicional, contra el Imperio español, y la leyenda negra antifranquista contra el bando nacional en la Guerra Civil y contra las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. De igual modo, ambas leyendas negras perviven al cambio de circunstancias que las vieron nacer, la tradicional al Imperio español y la antifranquista a la Guerra Civil e, incluso, a la propia desaparición del franquismo, fallecido el dictador, por quedar impregnadas en algunas de las ideas, instituciones y mitos de mayor éxito en la modernidad y la posmodernidad, como en el caso de la leyenda negra tradicional la religión protestante, las ideologías liberal y progresista y la aparición de los estados-nación modernos en sustitución del antiguo criterio imperial, y en el caso de la antifranquista, el mito del antifascismo impostado, del que el antifranquismo es hijo o hermano pequeño, que en ausencia de un verdadero movimiento fascista al que oponerse, es en el mejor de los casos un fraude y en el peor un crimen.
En mi ensayo “La memoria democrática, nueva leyenda negra” ponía los ejemplos del bombardeo de Guernica y del famoso discurso (falso) de Unamuno del “Venceréis, pero no convenceréis”. En mi libro “La obsesión con Franco” ampliaba los ejemplos con la “desbanda” o la supuesta matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. En todos estos casos se genera una historiografía falsa o exagerada procedente de historiadores o supuestos testigos (que siempre llegan al lugar de los hechos cuando estos ya han transcurrido y se enteran de todo de oídas) extranjeros, especialmente anglosajones, que elaboran un relato ideologizado con algún interés concreto de desprestigio del bando franquista en la Guerra Civil para defender tesis belicistas en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El discurso del “Vencereis, pero no convenceréis” de Unamuno, por ejemplo, lo redactó en realidad José Portillo y se publicó en la revista inglesa Horizons de donde lo copió Hugh Thomas tomándolo por cierto, a quien a su vez copiaron los historiadores posteriores.
VIGENCIA DEL MITO ANTIFRANQUISTA
En su momento, la falsificación de la historia de la Segunda República y la Guerra Civil obedeció a la propaganda de guerra y la del franquismo fue una prolongación de esta, parte rencor de los derrotados del 39, parte una extensión del antifascismo europeo, en tanto de identificaba la España de Franco como aliada de las potencias del Eje, parte, como vemos, una prolongación de los lugares comunes de la leyenda negra tradicional en la que Franco aparece como un nuevo Felipe II, señor del “tenebroso antro papista” repleto de inquisición, oscurantismo religioso y demás tópicos. Sin embargo, la persistencia del mito más allá de la existencia histórica del franquismo merece una explicación más detallada. ¿Por qué se sigue explotando, con más virulencia que nunca, esta versión calumniosa de la historia, cuando de su falsedad ya no cabe ninguna duda historiográfica y cuando Franco lleva muerto medio siglo? Porque se le sigue extrayendo rentabilidad política. George Orwell, en su famosa y fundamental novela 1984, incluyó, como uno de los lemas de la sociedad distópica, adoradora del Gran Hermano, que describe, la siguiente frase: “Quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro.” Obviamente, existen unas oligarquías, tanto a nivel político como, sobre todo económico y mediático, y tanto en España como en el plano internacional, cuyo plan consiste en utilizar su control del presente para definir asimismo el pasado con la intención de condicionar el futuro y amoldarlo a sus intereses. En ese empeño, la redacción de la historia, el control de la memoria, resulta esencial, porque carentes de ella no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos. Perdemos nuestra identidad y nuestra personalidad. Nos convertimos en títeres en sus manos.
En “La obsesión con Franco” analizaba la manipulación antifranquista como ventajismo político, a nivel geopolítico, como globalismo, como forma de progresismo, como excusa de la izquierda ante su abandono a los trabajadores, como representación del padre autoritario y como cáncer de la democracia. Analizaremos las tres primeras por ser las más significativas.
La parte más fácil de explicar es la relativa a la clase política española izquierdista y nacionalista, la que constituye la mayoría parlamentaria que aprueba y ejecuta las leyes de memoria. Si ellos se identifican con los derrotados en la Guerra Civil, es entendible que nos los quieran mostrar como héroes. Si no se les valora por su lamentable realidad presente, sino por su supuesto heroísmo pasado y se descalifica a sus rivales políticos presentes, por considerarlos continuadores de los villanos de entonces, eso les da una clara ventaja. Más difícil de justificar resulta la pasividad cómplice y culpable del PP, partido procedente de la Alianza Popular de Fraga fundada por 7 ministros de Franco y que, con la imposición antifranquista, queda gravemente deslegitimado. Esto se explica cómo protección del Régimen del 78. En efecto, si Franco dejó una España unida, prospera, con bienestar y justicia social, resulta evidente que nuestros actuales gobernantes están fracasando, ante realidades como la crisis, el desempleo, la inflación o el separatismo. Si, por el contrario, el franquismo fue un terrible infierno de pobreza, tiranía y desolación, nuestra realidad actual nos resultará ventajosa en comparación. Por esa razón, el antifranquismo institucionalizado, al establecer un punto ficticio de comparación, evita la percepción del fracaso del Régimen del 78 y de los partidos que se han turnado en el poder durante su desarrollo, incluido el PP.
A nivel geopolítico, partimos de un panorama en el que las naciones-estado teóricamente soberanas e independientes se incardinan, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en dos imperios y, desde la caída del Muro de Berlín, ya solamente en uno, al que rinden pleitesía con muy escasas excepciones, como podía ser la España de Franco. En ese sentido, para asegurar el dominio del Imperio anglosajón con metrópoli en los Estados Unidos, sobre España, el antifranquismo resulta un instrumento eficaz. Al final, la leyenda negra antifranquista, como la tradicional, pretende someter a España ante sus enemigos.
El mito antifranquista, por tanto, es hijo o hermano pequeño del mito antifascista o antinazi. No importa, en realidad, que la España de Franco fuera no beligerante primero y directamente neutral después en la Segunda Guerra Mundial. El franquismo quedará englobado en el fascismo geopolítico, en sentido amplio, simplemente porque la España franquista no era una democracia parlamentaria asimilable al modelo angloamericano ni una dictadura comunista asimilable al soviético y, por lo tanto, estaba fuera de lo “permitido”. De sobra estará mencionar que ese antifranquismo antifascista antinazi, tras la muerte de Franco y el final de la Segunda Guerra Mundial, sin movimientos franquistas, fascistas ni nazis operativos a los que oponerse resulta, básicamente, un mecanismo de manipulación con el que las clases dirigentes engañan a sus pueblos.
Existe todavía un nivel, algo más complejo, pero de importancia mayúscula. Y es que el antiguo paradigma ideológico de izquierdas y derechas ha dado lugar a otro que podríamos calificar de globalistas contra patriotas y en el que los europeos y, en general, los occidentales, observamos, cada vez con más claridad, que los gobiernos de centroderecha y centroizquierda que se turnan en el poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial practican exactamente las mismas políticas, aquellas que les dictan organismos supranacionales, antidemocráticos, porque nadie los ha elegido y que podemos resumir en inmigración masiva, deslocalización, desindustrialización, ideología de género, tratados de libre comercio que destruyen nuestra agricultura, etc. Todo quien manifieste discrepancia o resistencia a estas políticas será calificado por el sistema automáticamente como de extrema o ultra derecha, buscando su criminalización y su satanización.
En ese contexto, el seguir criminalizando a un presunto aliado de las potencias del Eje, aunque la Segunda Guerra Mundial terminase hace mucho y la España de Franco fuera, en realidad, como hemos visto, básicamente neutral y su régimen distara mucho de ser fascista, sigue siendo una poderosa arma de manipulación, porque la satanización de toda política crítica con el globalismo dominante calificándolo como “fascista”, “nazi” o, en España, “franquista” continua prestando redito político a los guardianes de la ortodoxia ideológica del sistema, a los protectores del pensamiento hegemónico.
Si reconoce que la inmigración masiva supone un peligro para el ciudadano autóctono por el aumento de la delincuencia, especialmente sobre mujeres, porque fuerza a la baja los salarios, por lo que perjudica al trabajador español y copa las ayudas sociales, con lo que, lejos de compensar el déficit en la Seguridad Social causado por la baja natalidad, lo agrava, es usted un racista y, por supuesto, un franquista. Si le parece que la ideología de género es una locura que prescinde de la biología, que los niños tienen pene y las niñas vulva y no al revés, si cree que la violencia no tiene género y que hay que proteger, por supuesto, a las mujeres maltratadas por sus maridos, pero también a los hijos maltratados por sus padres, a los ancianos, a los miembros de parejas homosexuales, etc., es usted un machista y, por supuesto, un franquista. Si cree que es una vergüenza que, por ejemplo, se dejen pudrir las naranjas en los campos valencianos mientras llegan cítricos de Argelia o Sudáfrica, que los tratados de libre comercio destruyan nuestro campo, el medio de vida de miles de agricultores y la cultura tradicional asociada a su actividad, es usted un nacionalista, enemigo del comercio y, además, un franquista. Si está en contra del sistema autonómico que multiplica el gasto público, creando 17 mini-estaditos o reinos de Taifas, que duplica no, multiplica por 17 órganos públicos y que da alas al separatismo, es usted un centralista y, por supuesto, un franquista. Sí, finalmente, está usted orgulloso de la historia de España y se niega a odiar nuestro pasado, es usted un fascista y, por supuesto, ¿lo adivinan? ¡Un franquista!
[1] ABC, 29 de julio de 2006
[2] https://www.newtral.es/espana-camboya-fosas-comunes-desaparecidos-onu/20191104/
