INTRODUCCIÓN
Los sucesos ocurridos en Aspe en julio de 1937 constituyen uno de los episodios más graves de violencia política en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil española. El linchamiento de Ramón Calpena Cañizares, de su hijo Luis Calpena Pastor y las gravísimas heridas sufridas por su yerno, Javier González Avellán, no fueron el resultado de un arrebato espontáneo ni de una situación incontrolada, sino el desenlace de un largo proceso de señalamiento político, detenciones, juicios populares, incautaciones y tensiones acumuladas desde los primeros meses de la guerra.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la masacre de Aspe se inserta en un contexto documentado de represión institucionalizada: listas de “desafectos”, tribunales populares, campos de trabajo, confiscación de bienes y una justicia sometida a la presión de partidos y organizaciones sindicales. El análisis de las fuentes permite comprobar cómo, sin negar la brutalidad de los linchamientos, determinados relatos han tendido a minimizar la responsabilidad del régimen republicano, desplazando el foco hacia una supuesta violencia exclusivamente popular o espontánea.
Este trabajo se apoya en estudios complementarios y documentación oficial para reconstruir los hechos con rigor, atendiendo tanto a la violencia física como a los mecanismos políticos y judiciales que la hicieron posible.
Durante los sucesos dos miembros de una familia de industriales murieron apaleados y un tercero quedó mal herido. Se trata de sucesos documentados, hemos seguido dos trabajos que creemos se complementan, los trabajos hacen una descripción minuciosa de los hechos y aunque que no le quitan gravedad a lo ocurrido, intentan en cierto modo excusar a la República y después cargar contra el franquismo.
«Una vez comenzada la guerra, en Aspe 117 vecinos fueron considerados desafectos, hubo un «paseo» y el linchamiento de dos personas. Respecto al «paseo», se produjo en una fecha, febrero de 1937, en la que ya eran excepcionales. La víctima fue un propietario agrícola (que no estaba incluido entre los «desafectos») y el informe de la Guardia Civil cita a cuatro sospechosos: un militante comunista que se exilió, un socialista (de nuevo guardia municipal) que sería fusilado en la postguerra, y dos más de los que desconocemos sus militancias. El 7 de julio de 1937 fueron linchados Ramón Calpena Cañizares de 74 años de edad, industrial y teniente de Alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera y su hijo Luis Calpena Pastor… Un tercer familiar, yerno de Calpena Cañizares, Javier González Avellán, resultó gravemente herido….»
«El 4 de diciembre, Ramón Calpena Pastor y su sobrino Francisco Javier González Calpena, fueron detenidos por orden del alcalde en funciones, Francisco Alcaraz Soria, junto a cinco operarios de la fábrica de Ramón Calpena Cañizares, porque estaban promoviendo una recogida de firmas entre los obreros de la fábrica para que se incorporasen a la petición de indulto que miembros de la familia de los industriales alpargateros querían elevar al Tribunal Supremo de la República. Fueron liberados a los pocos días. Entre ellos se encontraba Vicente Michavila, «el Herrero»». (**)
«La conmutacion de la pena comenzaba a aplicarse a partir del 6 de julio de 1937, día en que los indultados se presentaron en el pueblo cerca de la media noche, acompañados del teniente coronel del Ejercito e inspector del Cuerpo de Seguridad, Wenceslao Moreno Esteban, quien inmediatamente se personó en el Ayuntamiento -reunido en sesión pública- para notificar al alcalde la llegada de los Calpena y el sometimiento de estos a su autoridad, que a su vez debía prestar protección a los confinados».
«En las horas que transcurrieron desde la media noche del 6 hasta las primeras horas del siguiente día, se movilizaron diversas personas para extender por el pueblo la noticia de la llegada de los Calpena y concitar contra estos «unas iras que no sufrieron en los momentos álgidos del levantamiento militar». Según el juez instructor del proceso que se vio luego en Valencia, dos concejales -Francisco Alcaraz Soria y Luis Verdu Miralles, miembros del Partido Comunista- mostraron especial interés en divulgar este hecho, que presentaron como una especie de burla a los designios populares de justicia, ocultando que, en realidad, no habían sido puestos en libertad, sino confinados».
«Sobre las ocho y media de la mañana, un grupo de unas veinte personas se dirigió al domicilio de Ramon Calpena y su yerno, donde se hallaban de vigilancia dos Guardias Municipales -Santonja y Asensi- con la misión de impedir la fuga de los moradores y en cumplimiento de las ordenes del Ayuntamiento, y armados con palos, invadieron violentamente el domicilio y los sacaron a la calle, conduciéndoles entre golpes e insultos hasta la plaza del Ayuntamiento. Ramón Calpena fue derribado a unos doce metros de la puerta de la Casa Consistorial y golpeado hasta la muerte, mientras que también allí era abandonado el cuerpo de Javier González, que sufrió graves lesiones de las que tardo en curar más de 45 días».
«A la misma hora aproximadamente -en concreto, a las ocho y cuarto de la mañana del día 7- se producía una escena análoga ante el domicilio de Luis Calpena, custodiado por el guardia municipal Cervera…». (*)
«…ese momento, un grupo de personas, algunas con palos, llegaban al lugar, procedentes de la plaza, de la que solo dista unas decenas de metros. El guardia se retiró a un lado y la gente comenzó a dar golpes en la puerta gritando: «salir, provocadores». Una familia de refugiados que habitaban en la casa se asomó por el balcón del piso superior, preguntando qué ocurría. Les invitaron a que se metieran dentro y cerraran las ventanas, diciéndoles: «no tener miedo que no va nada contra vosotras…»
«Poco después, se abrió la puerta y asomó Luis Calpena, nada más salir, dio tres o cuatro bofetadas al primero que encontró frente a él, haciéndole retroceder y caer al suelo de espaldas, al tiempo que preguntaba si querían apresarle para llevarle detenido. Al momento, se abalanzaron sobre él varias personas propinándole golpes y puntapiés, por lo que se apresuró a salir calle abajo, hacia la plaza. Le persiguieron entre patadas y empujones, y varias personas se le echaban encima propinándole bofetadas. Alguno, incluso, tomando carrera desde el domicilio contiguo de la familia Almodóvar, saltó sobre la víctima dándole un puntapié. Le hostigaron con un objeto metálico punzante y, a la altura de la casa de Ramón Botella Rebagliato, tres casas más allá de la suya, echó a correr entre la gente hasta la puerta del Partido Comunista, instalado en la casa contigua al Casino Primitivo, ya en la plaza de la República. Allí recibió un empujón con zancadilla que le hizo caer al suelo, recibiendo varias patadas al tiempo que le ofrecían un carnet del Partido Comunista. Mientras se encontraba en el suelo fue golpeado repetidas veces con un hierro, como de un trozo de reja, de unos cuarenta o cincuenta centímetros de largo, y varias mujeres se acercaron a él y le pisotearon. Algunas de ellas le golpeaban en la cara con una alpargata. Finalmente le clavaron el hierro en el cuello, dejándolo moribundo, derramando sangre, justo frente de la puerta del local del Partido Comunista». (**)
«Como el fiscal hizo constar en el proceso, los agresores no llevaban armas de fuego, de manera que los únicos armados eran los guardias municipales que custodiaban las viviendas y que, faltando a su deber, no se opusieron a los desmanes ni trataron de defender a quienes estaban confiados a su custodia, «como única encarnación de la fuerza legitima del pueblo»: no hay que olvidar, por otro lado, que dos de estos guardias municipales habían actuado como testigos de cargo en el juicio contra los Calpena, en febrero de 1937.»
Reacción de la prensa ante los sucesos
Los diarios alicantinos informaron de tan terribles sucesos, desde su particular punto de vista político. El diario republicano El Luchador, que titulaba la información diciendo que en Aspe «hallaron trágica muerte en la plaza del pueblo dos enemigos del régimen republicano y un tercero quedo herido de gravedad», hizo un relato sucinto de los hechos. El diario anarquista Liberación dedico toda una pagina a lo ocurrido, bajo el titular de «Trágicos sucesos en Aspe. Dos fascistas muertos y uno herido de gravedad. El pueblo no quiere fascistas y hace la justicia». Los dos redactores enviados por el periódico a Aspe recordaban los sufrimientos del proletariado de Aspe -«sueldos de hambre, trato de eunucos, desigualdad manifiesta ante la ley»- por obra del cacique Ramon Calpena y como la sublevación fascista vino «como anillo al dedo» para liquidar cuentas con él: el «sentido humanitario» del pueblo hizo que estos se limitase a su detención, junto a su hijo y su yerno. Nadie protestó cuando les fue impuesta una pena «tenue», en el Campo de Trabajo de Totana».
«Liberación criticó la detención de los consejeros municipales, que consideraba una prueba de que no se quería profundizar sobre las autenticas causas de lo ocurrido, limitándose a la tradicional «legalidad jurídica». El caciquismo subsistente en la retaguardia y quienes habían propiciado la liberación de tres fascistas «que el pueblo repudiaba» eran los auténticos causantes de lo ocurrido. En definitiva, concluía el periódico, era necesaria la «modernización» de la justicia y su adaptación a «las nuevas corrientes». Eso suponía que no se podía mantener la tradicional estructura jurídica que se sostenía en pie basada en concepciones tan falsas como la sociedad capitalista y «la superstición religiosa». La justicia tradicional permitía que el poderoso comprase una patente de hombre honrado, mediante las maniobras de los leguleyos, y en cambio, la ley aplastase a los trabajadores «que molestaban la digestión de los adinerados». Por ello, el pueblo de Aspe -como el de Fuenteovejuna-, con su «magnífico gesto», «digno y arrogante», había escrito «una gloriosa epopeya». Porque, «como el pueblo es soberano, lo que ha hecho el pueblo esta por encima de lo que haya hecho un representante del pueblo, una autoridad del pueblo o una institución del pueblo, que a lo sumo debe limitarse a aceptar como bueno todo lo que haga el pueblo por su soberana voluntad». «La actuación del Juzgado de Instrucción -al que desde otras opciones políticas se criticaba también, por su «dureza», propia de otros tiempos inquisitoriales- era una prueba más de la labor de quienes «se han empeñado en desviar la revolución, devolviendo a los caciques de antaño a los cauces de su dominio». Liberación, pues, englobaba todo lo ocurrido -y, en realidad, toda la represión antifascista- en la idea de que «los pueblos deben ser libres y autónomos hasta para aplicar su justicia».
«En cuanto al diario comunista Nuestra Bandera, que salio a la luz pública por esas fechas, no informo de los sucesos, pero comento la marcha de la investigación sobre los mismos, iniciada por el Juzgado de Instrucción de Novelda. Una de las primeras medidas tomadas por la justicia fue el encarcelamiento de todos los componentes del Consejo Municipal, decisión que desato las críticas de la prensa de todas las tendencias, aunque fueron pronto puestos en libertad. Nuestra Bandera aplaudió la liberación de los concejales, argumentando que estos habían hecho todo lo posible para evitar «que las cosas llegaran a tanto», frente a la «imprevisión» de organismos superiores al permitir el regreso de los Calpena a Aspe, medida que el pueblo -con su trayectoria antifascista y recordando a sus hijos muertos en el campo de batalla- considero inaceptable, una auténtica ofensa. Ademas, la presencia de los citados empresarios no era técnicamente necesaria para la marcha de la industria, pues su papel podía haber sido perfectamente desempeñado por «auténticos técnicos antifascistas».
«El Comité local de Aspe del Partido Comunista publicó el 10 de julio de 1937 una hoja dirigida «al pueblo» en la que daba a conocer su opinión ante estos «dolorosos sucesos»». Comenzaba recordando que lo que se estaba produciendo en España no era «una pequeña escaramuza» entre el gobierno y unos militares traidores, sino «una lucha a muerte entre la España feudal y la España liberal, entre el despotismo y la libertad, entre la sociedad podrida del vil capitalismo y la sociedad generosa, tolerante, llena de efluvios y armónicas concepciones políticas, sociales y económicas que nos señalan un norte seguro que nos conducirá hacia la Sociedad, llena de venturas y de idealidad, del socialismo». En definitiva, una lucha a muerte entre grandes capitalistas y terratenientes, amparados en el fascismo, y el pueblo laborioso que de todo carecía y que no quería ya vivir una vida de oprobio y esclavitud».
«La «desgraciada familia Calpena», incapaz de adaptarse a estos nuevos tiempos, estaba cumpliendo «una dulce condena» que le impuso un Tribunal Popular magnánimo y generoso, pues «a otros muchos fascistas, con un pasado menos oprobioso en su actuación politica y patronal, se les fusilo». Pero no se conformaron con ello y así se llego a la noche del 6 de julio, «noche de gran estupor para los amantes de la justicia», una noche que «no se borrará de nuestra memoria» nunca, «por la responsabilidad moral que la acción de unos locos devolvía a las autoridades y al pueblo antifascista». Un jefe militar comunicó al alcalde que había llevado a Aspe a los Calpena y pese a las protestas del alcalde de que él no podía hacerse responsable de lo que les pudiese ocurrir a personas que «todo el pueblo repudia», se marcho. Ante eso, el camarada presidente del Consejo Municipal convoco a Consejo a las organizaciones políticas y sindicales y acordaron «para evitar un día de luto al pueblo de Aspe», meter en la cárcel a los Calpena «y de esa manera poder responder de sus vidas», mientras se hablaba con el Gobernador para pedirle su inmediato traslado a Totana, porque «sabíamos que el pueblo no podría tolerar ni un momento tal provocación».
«Pero no se atendió a «tan sabias como humanitarias advertencias». La noticia de la presencia de los Calpena corrió por el pueblo como reguero de pólvora y el pueblo se sintió burlado, una vez más, en «sus más caros sentimientos de amor a la justicia» e hizo «lo que todos los hombres de elevados ideales de humanidad repudian». Enloquecido al verse burlado, se tomo la justicia por su mano. «¡Doloroso, muy doloroso, son los hechos acaecidos en la mañana del 7 de los corrientes, tristes, muy tristes, pero ténganlo presente los que no quieren darse cuenta, que un pueblo hambriento de justicia es capaz de llegar a las mayores aberraciones cuando no se le da satisfación a sus justas aspiraciones!». La hoja terminaba transfiriendo la responsabilidad de lo ocurrido a quienes, con su actitud soberbia y vanidosa, habían provocado el linchamiento, sobre el cual el Partido Comunista declinaba «toda responsabilidad moral en este doloroso acto»».
«Según Pluma Roja, portavoz del PCE en Novelda, los comunistas no habían tenido ni arte ni parte en los acontecimientos, pero, añadían, lo ocurrido se debió a que el pueblo de Aspe se sintió provocado y, siendo mejor conocedor y juzgador de la actuación de los asesinados que el Tribunal que les juzgo y les puso en libertad, actuó en consecuencia, excitado también por las bravatas y amenazas del militar que les custodiaba. Tras afirmar que los comunistas «tenemos indudablemente, que condenar todo crimen. Pero condenamos con mayor virulencia cuanto significa incitación al crimen. Esto es, al que da pie a que el crimen se cometa», se concluía que, al fin y al cabo, tampoco era tan grave lo ocurrido: «No parece sino que la muerte de unos individuos hubiera de suponer la muerte de la nación o del mundo»».
«El proceso ante el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición
Tras la actuación del Juzgado de Instrucción de Novelda, fueron encarcelados en Valencia veintiún ciudadanos de Aspe, acusados de haber participado en los hechos. Y en diciembre de 1937 empezó el juicio oral contra ellos, ante el Tribunal Especial contra el Espionaje y Alta Traición, que había sido creado el 23 de junio de 1937 para entender de «los actos de espionaje, alta traición, derrotismo y todos aquellos que significan una agresión, mas o menos encubierta, contra el régimen»».
«En el interrogatorio, los acusados negaron su participación en los hechos. Los dos concejales del PCE considerados inductores de los hechos, Alcaraz y Verdu, ademas, recordaron, a preguntas de su defensor, su trayectoria antifascista, añadiendo que cuando estalló la sublevación militar no se maltrato en Aspe a ningún fascista, pues todos los que había en el pueblo fueron entregados a los Tribunales para ser juzgados, y asimismo insistieron en que los trabajadores el pueblo «querían mal» a los Calpena porque siempre habían sido unos caciques».
«El Fiscal presento entonces a dos testigos más: se trataba de los comisionados por el Frente Popular Antifascista provincial para investigar los hechos. El anarquista Antonio Ortega Cubi testificó que de inmediato pudieron comprobar que esos hechos no iban contra el Gobierno, sino contra unos caciques que «desde la Dictadura habían venido sojuzgando a los trabajadores»; que era cierto que el alcalde, ante el malestar existente en el pueblo, solicito el envío de fuerzas de asalto al Gobierno Civil, pero que este no las mando por pensar que no era necesario; que Aspe tuvo una conducta intachable al estallar el movimiento subversivo pues entrego a los tribunales a todos los fascistas que consideraban peligrosos, y que, a su juicio, los procesados no eran culpables «pues fue el pueblo y la muchedumbre en general la que motivo los sucesos y lo mismo que están procesados los veintidós vecinos de Aspe que se sientan en el banquillo, podían estarlo ciento y mas». Y el socialista Luis Caballero Pozo coincidió en considerar que los hechos no iban contra el Gobierno, sino que constituían «un movimiento colectivo de la multitud por su animadversión contra los Calpena, la cual según tiene entendido era justa», añadiendo que podían estar sentados muchos mas en el banquillo y que si se hubiera tomado precauciones no hubieran ocurrido los sucesos, aunque eso era muy difícil asegurarlo».
(Creemos que es un hecho llamativo que el fiscal presentara dos testigos que ayudaban a justificar a los acusados)
CONCLUSIÓN
La masacre de Aspe demuestra que la represión en la zona republicana no fue únicamente el resultado del descontrol inicial de la guerra ni de reacciones irreflexivas de la multitud. Los linchamientos de julio de 1937 fueron precedidos por detenciones arbitrarias, procesos judiciales ideologizados, condenas en tribunales populares, internamientos en campos de trabajo y una sistemática política de incautación de bienes contra quienes eran declarados enemigos del régimen.
Los sucesivos juicios y absoluciones posteriores, celebrados en un clima de exaltación política, ponen de manifiesto la quiebra del principio de responsabilidad individual y la subordinación de la justicia a la llamada “voluntad del pueblo”, entendida como una masa políticamente movilizada. La impunidad final de los responsables y la legitimación pública de los hechos por parte de determinados órganos de prensa y organizaciones políticas refuerzan esta conclusión.
Lejos de exculpar a los autores materiales de la violencia, el caso de Aspe obliga a reconocer la responsabilidad estructural de un sistema que toleró, justificó y, en determinados momentos, alentó prácticas represivas incompatibles con cualquier Estado de derecho. Como en otros episodios similares narrados por la historiografía y la literatura contemporánea, estos hechos evidencian que la violencia en la retaguardia republicana fue también el resultado de decisiones políticas concretas y no solo de la espontaneidad revolucionaria.
