INTRODUCCIÓN
El 1 de octubre de 1934, el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, denunció en el Parlamento la anomalía institucional que, a su juicio, suponía excluir sistemáticamente a la mayoría parlamentaria del ejercicio del Gobierno. La crisis política culminó con la dimisión de Ricardo Samper y la formación, el 4 de octubre, de un nuevo gabinete presidido por Alejandro Lerroux, que incorporó por primera vez a ministros de la CEDA.
La reacción fue inmediata. El Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores activaron la huelga general revolucionaria previamente organizada. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el “Estado Catalán de la República Federal Española”. En Asturias, socialistas, anarquistas y comunistas coordinaron una auténtica insurrección armada que derivó en combates abiertos, ocupación de ciudades y destrucciones masivas.
Durante dos semanas, amplias zonas asturianas quedaron bajo control revolucionario. El Gobierno declaró el estado de guerra y confió la dirección operativa de la represión militar al general Francisco Franco, quien coordinó el envío de tropas desde Marruecos y diversas regiones peninsulares. La represión fue contundente y el saldo humano y material resultó devastador.
La Revolución de Octubre no fue un episodio aislado ni una simple huelga general malograda: constituyó un enfrentamiento armado de gran escala que fracturó definitivamente la convivencia política en la Segunda República.
El 1 de octubre de 1934, Gil-Robles pronunciaba un discurso en el Parlamento para señalar la manifiesta fragilidad de los gabinetes que se sucedían desde las elecciones y exigir lo que, en buena lógica del sistema parlamentario, le correspondía:
« (…) desde que esta Cámara se halla constituida, no ha habido un momento en que la mayoría de la misma se reflejase en la composición numérica del Gobierno. ¿Que en algún momento las circunstancias lo hicieron necesario? Indudable (…); pero cuando una situación se prolonga más allá de lo que es necesario, cuando lo excepcional se convierte en permanente, entonces se está falseando la esencia del régimen parlamentario y la misma base de la ley fundamental del Estado. (…) Tenemos que llegar -no ahora, sino cuando sea el momento- a una conclusión evidente: si la mayoría de la Cámara no sirve para gobernar, habrá que pedirle al pueblo que rectifique o ratifique la composición de la Cámara, para que, con toda dignidad, se pueda sentar en el banco azul un Gobierno y con toda dignidad podamos nosotros permanecer en nuestros escaños [1]».
Se diría que en el hemiciclo había estallado una bomba, de tanta y tan febril agitación como desataron las palabras del jefe de la CEDA. Tras diez minutos de consultas en privado el presidente del Gobierno, Ricardo Samper, presentó su dimisión. Al día siguiente, el Presidente de la República realizó la habitual ronda de consultas para descubrir que nada había cambiado y que los engranajes institucionales seguían atascados: la izquierda se decantaba por la disolución de las Cortes, tal como venía haciendo el Partido Socialista desde el primer momento de la legislatura, mientras que la derecha en general optaba por un nuevo Gobierno con participación de la mayoría. Alcalá-Zamora llamó nuevamente a Alejandro Lerroux para encargarle encabezar el Consejo; hasta el último momento se resistió don Niceto a aceptar ministros cedistas, aunque finalmente hubo de resignarse a validar la lista que Lerroux presentó. Incluso Gabriel Jackson -historiador notoriamente simpatizante de la izquierda política y elemento fundamental de la historiografía progresista sobre la España del siglo XX- se ve forzado a admitir que la CEDA no representaba ningún peligro para la legalidad republicana:
«Aunque los miembros de su partido eran admiradores de Dollfuss, el canciller austriaco, y sus grupos juveniles gritaban con frecuencia lemas fascistas, no existía prueba alguna de que Gil Robles estuviese preparando un régimen fascista [2]».
El Presidente decidió que, a pesar de sus temores y desconfianzas, no podría excluir para siempre a la CEDA y pidió a Alejandro Lerroux que formara un Gobierno con su propio Partido Republicano Radical en el que se encomendarían tres carteras a la confederación derechista, de las cuales ninguna sería para José María Gil-Robles, sujeto pasivo de la animadversión de Alcalá-Zamora. Además, contó en aquella ocasión con ministros del Partido Republicano Liberal Demócrata y del Partido Agrario.
La izquierda redobló entonces su exigencia de disolución del Parlamento, y concretamente PSOE y ERC con lenguaje virulento y amenazador que, junto con sus vaticinios de involución social y política, sirvieron de detonante para la revolución armada [3]. El Gobierno había quedado constituido el 4 de octubre y ese mismo día comenzó la huelga general revolucionaria, convocada conjuntamente por las ejecutivas de UGT y PSOE y bajo la dirección de Francisco Largo, quien cursó telegramas a las delegaciones provinciales ordenando el inicio de la insurrección. La huelga propiamente dicha tuvo un seguimiento mayoritario en Madrid, hasta el punto de convertirla durante veinticuatro horas en una ciudad paralizada y desabastecida. Otras ciudades donde la huelga registró seguimiento mayoritario a lo largo de los días siguientes fueron Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Gijón, Palencia, Salamanca, San Sebastián, Bilbao, Santander y Zaragoza, en esta última gracias a la adhesión de la CNT.
Y dio comienzo la insurrección. Los primeros choques armados se registraron por la noche del día 4 en Madrid, donde milicias socialistas intentaron hacerse con el control de varios cuarteles militares y de la Guardia Civil, la estación ferroviaria de Atocha, el Palacio de Comunicaciones y diversos edificios gubernamentales con el propósito de apresar al Presidente Alcalá-Zamora y a Santiago Alba, presidente de las Cortes, aunque la intentona fracasó [4]. No obstante, durante cuarenta y ocho horas se registraron constantes tiroteos, o simples disparos al aire que sostenían la inquietud de la población en la capital de España. Al declararse la huelga general, surgieron igualmente enfrentamientos entre obreros y guardias civiles en las zonas metalúrgicas de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa y en áreas mineras de Palencia y León. En Valencia llegaron a producirse refriegas violentas con las fuerzas de seguridad en la capital y en diversas poblaciones de Alicante, mientras que en el resto de España fracasó la insurrección violenta. Las únicas zonas donde el levantamiento llego a prender con fuerza, y con gravísimas consecuencias, fueron Asturias y Cataluña.
En Cataluña la huelga general comenzó el 5 de octubre, organizada por la Alianza Obrera, que conducía el BOC (Bloque Obrero y Campesino, embrión del POUM – Partido Obrero de Unificación Marxista) y secundaba el PSOE, de menor implantación en Cataluña, el Partido Sindicalista y otros grupos. La táctica que habían de seguir no era otra que empujar a ERC y su líder Lluís Companys hacia la proclamación de la república catalana [5]. Aquel mismo 5 de octubre se estableció en Mieres un comité revolucionario de la Alianza Obrera UHP (Unión de Hermanos Proletarios), presidido por el socialista Ramón González Peña e integrada por dirigentes del PSOE, CNT, PCE y BOC [6]. A lo largo del día los obreros convertidos en milicianos se apoderaron de toda la comarca minera, mientras en Cataluña la huelga general se extendía rápidamente gracias a la colaboración de los piquetes de la Alianza Obrera con los escamots de Esquerra. No obstante, la CNT catalana se abstuvo de tomar parte [7]. Por su parte, los republicanos jacobinos también aportaron algunas gotas a la creciente marea revolucionaria: Unión Republicana, Partido Nacional Republicano, Izquierda Republicana e Izquierda Radical Socialista difundieron sendos comunicados y repartieron octavillas en la calle en tono veladamente sedicioso. Decía así la nota de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña:
«Declaramos que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición; rompemos toda solidaridad con las instituciones del régimen y afirmamos nuestra decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República [8]».
Azaña, el adalid de la democracia frente a las injerencias de Alfonso XIII y las manipulaciones del caciquismo, el estadista íntegro, negó legitimidad para gobernar al ganador de unas elecciones. Azaña, la encarnación misma del espíritu republicano, el puntilloso dispensador y negador de credenciales de republicanismo genuino, rechazó aceptar el funcionamiento ordinario de las instituciones constitucionales. Incluso más: rompió con ellas y con la legalidad para validar y legitimar el recurso a la violencia. Véase aquí la enésima manifestación de la patología congénita del régimen del 14 de abril, donde un solo sector ideológico se consideraba detentador en exclusiva de legitimidad para ejercer como actor político y excluía a la otra mitad de los españoles de participación y responsabilidad efectivas, por la fuerza si así más convenía. Cabe precisar que estas declaraciones de los partidos de la izquierda burguesa no rebasaban el nivel de baladronada, pues lo menguado de su base de afiliados así como su temperamento predominante, refractario al riesgo personal, eliminaban la repercusión práctica de tales pronunciamientos. Así y todo, suponían un importante apoyo moral a los revolucionarios. Aquel mismo día 5 de octubre, el ministro de la Guerra Diego Hidalgo designó al general Francisco Franco asesor especial, con el cometido de dirigir personalmente, desde el propio Ministerio y con plenos poderes las operaciones contra los sediciosos.
El día 6 los revolucionarios se lanzaron al asalto de Oviedo, viendo facilitado su avance por la dinamita que empleaban los mineros sublevados, aunque hasta el día 9 no dominarían la ciudad. A primera hora de la tarde se adueñaron del Ayuntamiento y, muy poco después, Alcalá-Zamora firmaba el decreto a propuesta de Lerroux por el cual se declaraba el estado de Guerra, al amparo de la Ley de Orden Público [9]. Mientras tanto, en Barcelona la gravedad de la situación empeoraba por momentos; el consejero Josep Dencàs movilizó todas las fuerzas a sus órdenes: policía y guardia civil (transferidas por el Gobierno nacional), el cuerpo de Mossos d’Esquadra (policía autonómica) y cuatro mil militantes de los escamots de ERC. En total, unos siete mil hombres entre los que se distribuyó el armamento de cuatro depósitos clandestinos que se encontraban en sendos edificios oficiales de la Generalidad. A las ocho de la tarde de aquel 6 de octubre, el presidente Lluís Companys salió al balcón del palacio en la plaza de San Jaime (en aquel momento, plaza de la República) y pronunció un brevísimo parlamento de riguroso contenido faccioso. Tras evocar que «las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder», y anunció que su gobierno rompía «toda relación con las instituciones falseadas». Finalmente, asumía todo el poder en la región y proclamaba «el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República».
Companys requirió formalmente al general Domingo Batet, jefe de la IV División Orgánica con sede en Barcelona, a ponerse a sus órdenes. Ignoraba Companys que Batet, vía teletipo, ya había informado a Lerroux de la rebelión de la Generalidad y recibido instrucciones del presidente del Gobierno para proclamar mediante bando el Estado de Guerra en toda la región, como así lo hizo a las nueve de la noche. A partir de ese momento dieron comienzo las primeras agresiones de los separatistas sublevados contra fuerzas del ejército, que pronto serían respondidas enérgicamente [10]. Una vez sofocados los conatos de rebeldía en dos puntos de la ciudad, fuerzas de artillería e infantería se dirigieron hacia la plaza de San Jaime para obtener la rendición de las autoridades del Ayuntamiento y la Generalidad.
Al mismo tiempo, en Madrid los revolucionarios trataron de dar el que pretendían fuese golpe definitivo: asaltar el Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol, defendido por agentes de la guardia civil, donde se hallaba reunido el Consejo de Ministros. De hecho, mientras arreciaba el fuego sedicioso desde las azoteas de la plaza, Lerroux ultimó la proclama que él personalmente a las diez de la noche se encargaría de radiar en directo. Los ciudadanos, sobrecogidos, escucharon:
«Españoles: la rebeldía que ha logrado perturbar el orden público llega en este momento a su apogeo. (…) El movimiento, que ha tenido graves y dolorosas consecuencias y manifestaciones en pocos lugares del territorio, queda circunscrito por la actividad y el heroísmo de la fuerza pública a Asturias y Cataluña. (…) Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República, bajo un gobierno que sea leal a la Constitución [11]».
En esos mismos momentos menudeaban los brotes revolucionarios en Vasconia, Valencia, Andalucía y Castilla. Y en Asturias; sobre todo, en Asturias. Los revolucionarios controlaban una franja de terreno de 50 kilómetros de norte a sur y de 40 kilómetros de anchura, con Oviedo en su zona central. Se trataba de la zona más poblada de la región, con las mayores ciudades y de orografía ciertamente complicada. Según qué organización política o sindical predominase en unas u otras poblaciones, se proclamaba la dictadura del proletariado, cuando se trataba de socialistas, o el comunismo libertario en los casos de preponderancia anarquista. El día 7 el general Franco envió por mar unidades del protectorado de Marruecos para sofocar la sublevación, desde Gijón hacia el interior [12].
Por su parte, al poco de registrarse en Barcelona los primeros enfrentamientos del día 6 de octubre entre los sublevados y las fuerzas del ejército, cundió el nerviosismo y el desaliento entre guardias de asalto y guardias civiles, sujetos a la disciplina de la Generalidad. Se sucedieron deserciones y rendiciones para desesperación del consejero de Gobernación, Dencàs, que inútilmente trataba de que las fuerzas de seguridad neutralizaran las compañías militares que maniobraban en el centro urbano y que comenzaban a asediar el edificio de su propia Consejería. En realidad, las fuerzas de Batet eran muy reducidas: tres compañías de soldados y una de guardias civiles, apenas quinientos hombres en total, equipados con armas largas y unas pocas piezas de artillería de montaña. Vencida la fugaz resistencia de los milicianos separatistas que se habían atrincherado en el Centro de Dependientes del Comercio y de la Industria y en el edificio del Somatén, a las once de la noche del día 6 de octubre entró en la plaza de San Jaime una compañía de infantería, con un refuerzo de cincuenta artilleros y dos piezas de montaña acarreadas a lomos de mulos. Los militares fueron severamente hostilizados desde las azoteas circundantes por mossos d’esquadra y milicianos escamots, que llegaron a inmovilizar temporalmente a los atacantes. A la una de la madrugada del día 7, los militares consiguieron acceder a la terraza superior de una finca de la calle Librería y desde allí abrieron fuego contra las azoteas hasta acallar a los rebeldes. Las piezas de artillería comenzaron entonces a cañonear alternativa y muy espaciadamente los edificios: tres granadas contra el Ayuntamiento y un total de veinticinco contra la Generalidad, aunque cabe mencionar que el bombardeo tuvo efectos mucho más intimidatorios que propiamente destructivos. A las cuatro de la madrugada del día 7 de octubre capituló el alcalde, Carles Pi Sunyer, y a las seis el presidente Lluís Companys telefoneó al general Batet para rendirse. El consejero Dencàs y sus asesores emprendieron la fuga por una alcantarilla y, tras comprobar que amigos y partidarios les negaban refugio, optaron por escapar en dirección hacia la frontera francesa [13]. Companys y sus consejeros fueron detenidos, interrogados por el juez instructor y recluidos en el vapor Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. La intentona sediciosa se cobró un considerable tributo de sangre: 46 muertos y 117 heridos [14].
El fenómeno revolucionario había registrado episodios de diversa intensidad en muchos puntos diferentes de España. La mayoría habían quedado reducidos a estallidos de distinta virulencia pero, al contar con escaso seguimiento, fueron prontamente reducidos por las fuerzas de seguridad republicanas. Fracasadas las insurrecciones en Madrid y Cataluña, sólo se mantenía activa la revolución en Asturias y fue precisamente en esa región donde los hechos revistieron mayor gravedad y perduraron varios días más cuando en el resto de España ya habían sido sofocados los brotes revolucionarios. Las fuerzas del ejército se dirigieron al encuentro de los sublevados desde varios puntos distintos: un primer contingente, mandado por el general Bosch, avanzó desde León. Los legionarios y regulares al mando del teniente coronel Yagüe desembarcaron en Gijón y progresaron hacia el sur en dirección a Oviedo. Desde Bilbao, a través de Santander y en dirección a Oviedo, avanzó la columna del coronel Solchaga y, finalmente, desde Galicia penetró en la región la columna dirigida por el general López Ochoa.
Buena parte de Asturias registró terribles destrucciones materiales y sensible pérdida de vidas humanas, una parte de ellas no a causa de los combates sino víctima de crueles asesinatos perpetrados por los revolucionarios. En cualquier caso, nada comparable a lo sucedido en Oviedo, donde los mineros usaron profusamente la dinamita, tanto al apoderarse de la ciudad como al verse obligados a abandonarla. Objetivos predilectos de su destrucción fueron aquellas construcciones que consideraban emblemáticas de los enemigos de la clase proletaria: bancos, institutos mercantiles o empresariales y recintos militares. Igualmente, no pudo faltar el propósito de hacer desaparecer todo vestigio de la civilización cristiana y así iglesias, instituciones de caridad y la propia catedral, a la que nos referiremos seguidamente, fueron objetivos predilectos de la furia vesánica de los milicianos socialistas, anarquistas y comunistas [15]. Así lo describe Payne:
«Además de la lucha, hubo una frenética destrucción de la propiedad, y después de la quema de iglesias los revolucionarios dedicaron grandes energías a arrasar edificios que simbolizaban la presencia del enemigo de clase [16]».
La Universidad fue convertida en polvorín donde los mineros almacenaron ingentes cantidades de dinamita. El templo del saber fue volado cuando la liberación de la ciudad estaba ya próxima y, con el edificio entero, desapareció la magnífica biblioteca de varios cientos de miles de volúmenes. Destrucción semejante depararon los sublevados al Palacio Episcopal, diversos conventos, el Monte de Piedad, el Colegio de Niñas Huérfanas, la Audiencia Provincial, el Banco Asturiano, la Delegación de Hacienda y un importante número de viviendas. En el informe del Ministerio de la Gobernación de 3 de enero de 1935, citado por Barco Teruel, se relacionan treinta edificios de propiedad pública destruidos y cincuenta y ocho iglesias incendiadas. Adicionalmente, en Oviedo fueron voladas las cámaras acorazadas del Banco de España, cuyo pillaje proporcionó al socialista Ramón González Peña y a los otros miembros del Comité Revolucionario la astronómica cifra de 14.425.000 pesetas (más de 21.000.000 de euros de 2021). Posteriormente, declararon en sede judicial haberse quedado cada uno de ellos 15.000 pesetas y haber ocultado el resto. Mención aparte merece el intento de los sublevados de acabar mediante dinamita con el núcleo de militares que resistían atrincherados en el interior de la catedral ovetense. La terrible carga abrió una gran brecha en los muros del templo y produjo la casi completa voladura de la Cámara Santa, capilla y cripta del siglo IX edificada en tiempo del rey Alfonso II. La devastación de aquella joya del arte prerrománico constituyó una muy acabada muestra de barbarie.
La aproximación de las columnas militares que confluían sobre Oviedo provocó la progresiva huida de los revolucionarios ocupantes. El 13 de octubre capituló la ciudad y se produjo la retirada de los obreros a las cuencas mineras, donde fue conformado el último Comité Revolucionario, que cayó el 18 de octubre, dos semanas después del alzamiento. 1.048 muertos y 2.074 heridos fue el trágico balance de una contienda tras la que 30.000 sublevados fueron hechos prisioneros.
El saldo de la revolución de octubre a escala nacional fue terrible; Moa recoge las estadísticas oficiales de la época:
«El total de víctimas mortales ascendió a 1.375 y a casi 3.000 el de heridos (…) De las víctimas mortales correspondieron a la fuerza pública 331, aproximadamente uno por cada tres paisanos. (…) Los daños materiales contabilizados oficialmente incluyen: 935 edificios destruidos o seriamente dañados, de ellos 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos. Algunas de estas construcciones eran verdaderas joyas artísticas o tenían un alto valor histórico. Los ferrocarriles sufrieron voladuras y cortes en 66 puntos y las carreteras en 31. Pueden incluirse en las pérdidas los 15 millones de pesetas (más de 3.500 actuales) expropiados por los revolucionarios en varios bancos [17]».
Con razón, Gerald Brenan consideró que la revolución de octubre de 1934 bien pudo ser «la primera batalla de la guerra civil [18]» y otros, como Ricardo de la Cierva y Pío Moa, señalan el claro propósito de los insurrectos de provocar una guerra generalizada en toda España, mediante la cual obtener un triunfo definitivo sobre sus antagonistas. Historiadores de tendencia progresista interpretan que aquel rotundo fracaso de octubre de 1934 aleccionó al PSOE, su principal organizador y responsable, sobre la conveniencia de respetar las reglas de la democracia. Así, Juliá pensaba que sus dirigentes
«no sólo no volvieron a pensar en las armas para recuperar el poder sino que confesaron su culpa por haber tomado parte en aquellos hechos. Ese fue el caso, sobre todo, de Indalecio Prieto, muy activo entre los exiliados de México, cuando en 1942 se declaró culpable ante su «conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de (su) participación en aquel movimiento revolucionario». [19]».
Pero, antes y al margen del arrepentimiento de Prieto en el exilio, es necesario recordar que la frustrada revolución y las penas de prisión para los condenados retroalimentaron el discurso de fractura y enfrentamiento social. Efectivamente, Prieto no estaba dispuesto a repetir una experiencia similar, pero tal negativa no puede predicarse de la izquierda revolucionaria en general, y ni siquiera de todo el PSOE en particular. De hecho, Largo Caballero quería volver a intentarlo tan pronto como fuese posible [20].
Es imposible desentenderse del impacto de la fallida revolución y de su continuada influencia en la crispación política y social que acabó por dar paso a la guerra de 1936. So pena de no comprender aquellos acontecimientos e interpretarlos de forma incongruente, no podemos olvidar la extraordinaria campaña de propaganda internacional que la izquierda propició y alentó con elementos fantásticos muy propios de la leyenda negra antiespañola. Hay que tener presente que la campaña militar primero, y los procesos penales y condenas que después recayeron sobre los dirigentes revolucionarios -sólo algunos de ellos; otros muy señalados resultaron absueltos- se convirtieron en un relato victimista de represión indiscriminada, matanzas, vejaciones y torturas. La revolución de octubre ya no abandonó el discurso de la izquierda hasta las siguientes elecciones de 1936, con el propósito de azuzar y magnificar el odio político y el afán de revancha. La amnistía prometida por el Frente Popular fue un notable reclamo de voto que apelaba tanto a la compasión por los represaliados, como a la vindicación de su ejemplo en las jornadas revolucionarias de octubre. Los últimos disparos en las calles de Oviedo y en los valles mineros de Asturias no escribieron los últimos renglones de un fallido alzamiento; a lo sumo marcaron un punto y aparte previo a la guerra civil.
[1] Diario de Sesiones de las Cortes (1-10-1934). (113), p. 4483.
[2] JACKSON, Gabriel (1967). La República Española y la Guerra Civil. México, D.F., Editora Americana, p. 129.
[3] RUIZ GONZÁLEZ, David (1988). Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934. Barcelona, Labor, pp. 22-25.
[4] VIDARTE, Juan Simeón (1978). El bienio negro y la insurrección de Asturias. Barcelona, Grijalbo, p.229.
[5] ALBA, Víctor [PAGÈS I ELIES, Pere] (1973). El marxismo en España. 1919-1939. (Historia del BOC y del POUM). México D.F., Costa-Amic, Tomo 1, p. 164.
[6] GROSSI MIER, Manuel (1978). La insurrección de Asturias. Madrid, Júcar, pp. 23 ss.
[7] MOA RODRÍGUEZ, Pío (1999). Los orígenes de la guerra civil. Madrid, Encuentro, p. 54.
[8] BARCO TERUEL, Enrique (1984). Op. cit. p. 140-141.
[9] Decreto por el que se declara el Estado de Guerra en todo el territorio de la República Española (7-1-1934). Gaceta de Madrid, (280), p. 194.
[10] ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (1969). Op. cit. Vol. II, pp. 485 ss.
[11] BARCO TERUEL, Enrique (1984). Op. cit. p. 151.
[12] MOA RODRÍGUEZ, Pío (1999). Op. cit., p. 80.
[13] Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña (5-6-1936). (214), p. 4312.
[14] ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (1969). Op. cit. Vol. II, p. 509.
[15] BARCO TERUEL, Enrique (1984). Op. cit. pp. 240 ss.
[16] PAYNE, Stanley G. (1971). La revolución española. Barcelona, Ariel, p. 162.
[17] MOA RODRÍGUEZ, Pío (1999). Op. cit., pp. 77-78.
[18] BRENAN, Gerald (1984). El laberinto español, Madrid, Globus, p. 305
[19] JULIÁ DÍAZ, Santos (2000). Op. cit., p. 185.
[20] MOA RODRÍGUEZ, Pío (2004). 1934: comienza la guerra civil. Barcelona, Áltera, p. 159.
CONCLUSIÓN
La insurrección de octubre de 1934 representó un punto de no retorno. Por primera vez desde 1931, el conflicto político se transformó abiertamente en guerra interior localizada, con proclamaciones secesionistas, control territorial efectivo por fuerzas revolucionarias y respuesta militar del Estado.
En Asturias, la violencia alcanzó niveles de auténtica guerra civil regional, con destrucción sistemática de infraestructuras, templos, edificios públicos y cuantiosas pérdidas humanas. En Cataluña, la proclamación unilateral del Estado Catalán supuso un desafío directo a la legalidad constitucional. El balance final —miles de muertos y heridos, decenas de miles de detenidos y enormes daños materiales— dejó una huella indeleble.
Para algunos historiadores, la Revolución de Octubre fue la “primera batalla” de la Guerra Civil. Más allá de las interpretaciones ideológicas, lo cierto es que la insurrección y su represión alimentaron un clima de resentimiento, victimismo y revancha que marcaría decisivamente la campaña electoral de 1936 y la posterior radicalización política.
Los disparos cesaron en Asturias el 18 de octubre, pero la fractura moral y política que abrió aquella revolución no volvió a cerrarse. Octubre de 1934 no fue el final de una crisis: fue su antesala definitiva.
