INTRODUCCIÓN
Tras su salida del Gobierno en el primer bienio republicano, sectores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) comenzaron a preparar una estrategia insurreccional que cristalizaría en los sucesos de octubre de 1934. La dirección política y sindical encabezada por Francisco Largo Caballero asumió un papel central en la coordinación del movimiento, junto a otros dirigentes como Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Vayo o Luis Araquistáin.
En febrero de 1934 se constituyó un Comité Nacional Revolucionario integrado por representantes del PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas. Desde entonces se inició un proceso sistemático de acopio de armas y organización logística. Diversos registros policiales en Madrid y otras localidades permitieron incautar importantes arsenales, mientras la prensa socialista denunciaba tales hallazgos como montajes policiales. Sin embargo, testimonios posteriores de algunos protagonistas reconocieron la existencia de preparativos materiales para un eventual levantamiento.
Paralelamente, el órgano juvenil Renovación, dirigido por Santiago Carrillo, difundía un discurso revolucionario que apelaba abiertamente a la violencia como vía de transformación política. El tono de los editoriales y crónicas reflejaba una radicalización ideológica creciente y una ruptura explícita con la estrategia parlamentaria tradicional.
A lo largo del verano de 1934, las fuerzas de seguridad detectaron nuevos depósitos de armas y cargamentos significativos, incluido el célebre episodio del mercante “Turquesa” en Asturias. Pese a estas evidencias, la respuesta gubernamental presidida por Alejandro Lerroux fue percibida por algunos contemporáneos como vacilante o insuficiente para frenar la escalada.
El PSOE urdía la insurrección armada desde el mismo instante de su salida del Gobierno en el primer bienio, por instigación principal de los dirigentes Francisco Largo Caballero, Julio Álvarez del Vayo [1], Carlos Baráibar y Luis Araquistáin. En aquel momento, Largo reunía en su persona los cargos de presidente del PSOE y secretario general de la UGT y, aunque cuando fue juzgado negó su responsabilidad, antes de morir en París dejó constancia escrita en sus memorias del reconocimiento explícito de su labor principalísima como coordinador de la trama [2]. Si observamos los hechos con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, no podremos evitar sorprendernos ante el escaso sigilo con el que operaron los revolucionarios y la infinita tolerancia -o torpeza- de la que hicieron gala las autoridades.
En febrero de 1934 el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores y las Juventudes Socialistas formaron el Comité Nacional Revolucionario, organizaciones representadas por Francisco Largo Caballero, Juan Simeón Vidarte, Enrique de Francisco, Pascual Tomás, José Díaz Alor, Carlos Hernández Zancajo, Santiago Carrillo Solares e Indalecio Prieto Tuero. Desde un primer momento se encomendó el acopio de armamento a varios diputados, por su facilidad de desplazamientos y por la cobertura que les brindaba su inmunidad parlamentaria. Indalecio Prieto sería el responsable de la preparación militar, pero su labor sufrió distintos contratiempos al descubrir las fuerzas de seguridad varios importantes alijos de armas y munición. El primero de ellos a comienzos de junio de 1934, en Madrid, en un garaje de Cuatro Caminos donde la policía descubrió varios cientos de pistolas, con dos cargadores cada una, y hasta ochenta mil balas. Igualmente fue decomisado diverso material apto para la fabricación de explosivos. Entre los detenidos figuraba Basilio Tomás, tesorero del Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas y el diputado socialista Juan Lozano Ruiz, en cuyo domicilio se hallaron 54 pistolas más y 2.700 proyectiles [3]. Invariablemente, la prensa socialista atribuía los hallazgos de estos arsenales a meros montajes de la policía para incriminar a los dirigentes del partido; sin embargo, Largo Caballero se refiere a dichos alijos de armas en sus memorias y admite abiertamente su responsabilidad [4].
Por aquellas fechas, Renovación era el órgano de prensa y portavoz de la Federación de Juventudes Socialistas de España, de publicación periódica cada diez días. Su director era el secretario general de la organización, Santiago Carrillo Solares, de diecinueve años de edad y llamado a desempeñar en breve plazo un papel en la vida política madrileña tan destacado como de luctuoso recuerdo [5]. La línea de la publicación era extremista hasta la demagogia, bolchevique sin disimulos y decididamente partidaria de la confluencia con el todavía pequeño Partido Comunista de España en un frente obrero único. Recomendamos la lectura de esta publicación, fuente primaria de la propaganda y adoctrinamiento que recibían las juventudes del partido con más afiliados de España, una de cuyas peculiaridades es que crónicas y artículos muy rara vez llevaban firma al pie. Prácticamente cualquiera de los ejemplares que se conservan en la Fundación Pablo Iglesias ofrece un contenido semejante en cuanto al odio irracional que destilan y sus constantes y patológicas incitaciones a la violencia homicida. Tomaremos uno como ejemplo pero, insistimos: son todos muy similares. El 21 de julio de aquel año de 1934 una columna, anónima, como casi todas, comentaba la eventual convocatoria de elecciones municipales:
«Elecciones, ¿para qué? ¿Para dar un aspecto democrático a esta dictadura monárquicorrepublicana que asfixia al país? (…) Los socialistas poco pueden esperar ya de unas elecciones. Las papeletas sirvieron para conquistar esta República, que, por venir como vino, se va tan tristemente. La nuestra, la República social no vendrá así. Vendrá con sangre, con violencia, como se producen fatalmente en la Historia todas las grandes transformaciones. Y sólo con sangre, con mucha sangre, podrá írsenos de las manos.
Por eso, cuando el Gobierno habla de elecciones, los proletarios deben responder: ¡REVOLUCIÓN! [6]».
Probablemente el lector coincidirá con nosotros en que las afirmaciones, y el tono con que eran expresadas, permitían albergar pocas esperanzas de encontrar entre las juventudes del PSOE gran apego a las reglas democráticas y escrupuloso respeto a las libertades y derechos de la ciudadanía. En plena sintonía con el texto anterior, citamos seguidamente la crónica que publicaba el diario El Socialista, sobre la concentración en San Martín de la Vega de las Juventudes Socialistas madrileñas, que acudieron a esa por entonces pequeña localidad:
«A fundirse en un bloque de hierro con sus camaradas campesinos. A gritar juntos su entusiasmo, con el puño cerrado en alto; nerviosamente cerrado; impaciente por apretar el fusil. (…) Cuando llegan los primeros expedicionarios, los camaradas de San Martín esperan en la plaza. Uniformados, alineados, en firme posición militar. (…) Muchachos y muchachas, en formación militar, tienen una misma fe, que casi se hace visible: Venceremos.
(…) Es el mediodía y la unanimidad militar se rompe en pequeños grupos por la tarde El compás cerrado de los himnos, en otro más disperso de conversaciones. Campesinos y ciudadanos se cuentan sus episodios de lucha. Unos oscuros y otros brillantes, pero todos sordos e hirientes, que dejan en el ánimo de los oyentes un poso de odio imposible de borrar sin una violencia ejemplar y decidida, sin una enorme operación quirúrgica. [7]».
El sindicato de obediencia socialista, la Unión General de Trabajadores de España, no podía faltar en estos preparativos materiales y propagandísticos para la inminente rebelión armada. El primer día de agosto de 1934, su comité nacional difundió una valoración de la etapa de gobierno de Alejandro Lerroux en la que se lamentaba: restricción de la libertad de prensa mediante censura y sanciones, limitaciones de los derechos políticos y sindicales («De trescientos quince días de Gobiernos lerrouxistas, doscientos veintidós ha estado el país sometido a un régimen de prevención o alarma. De los noventa y tres días de normalidad constitucional, sesenta corresponden al período electoral»), inflación en los artículos de primera necesidad y reducción de salarios, etc. El comunicado finalizaba con un críptico párrafo que precisaba de una atenta lectura entre líneas, así como ser interpretado en el contexto incendiario del resto del movimiento socialista. Su significado no era otro que la desvinculación irrevocable de la legalidad republicana:
«Contra un régimen del terror blanco como el actual no sirven protestas platónicas. Por ello, el Comité nacional de la Unión General de Trabajadores de España se limita a declarar estar dispuesto a procurar que la clase trabajadora organizada que representa realice el supremo esfuerzo para dar término con el régimen de excepción que vive la clase obrera, y recomienda a ésta la más estrecha unión para fines concretos y definitivos [8]».
Por si quedaban dudas, pocos días antes de la huelga revolucionaria, el editorial del órgano de prensa socialista se encargaba de disiparlas:
«Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. En período revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España [9]».
Entre los preparativos en curso, es imposible dejar de mencionar el que de todos ellos fue más absurdo y delirante y que tuvo lugar el 25 de aquel mes de agosto. Se desplazó a Madrid el consejero de Gobernación de la Generalidad, Josep Dencàs, el organizador de escamots (pelotones, de Estat Català) paramilitares al servicio de Esquerra Republicana. Entregó al ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, una solicitud oficial en papel timbrado de la Generalidad por la que pedía autorización oficial para comprar veintiséis ametralladoras, supuestamente para hacer frente a un eventual levantamiento de los anarquistas de la FAI. Recuerda el propio Hidalgo en sus memorias políticas que su temor a que el destino del armamento fuese otro bien distinto «hizo que ese oficio quedase en ese cajón de las mesas de los ministros donde duermen el sueño eterno las peticiones absurdas [10]». No contento con desempeñar tan ridículo papel en una ocasión, el patético Dencàs insistió una vez más; días después de la entrevista con Hidalgo, presentó otra solicitud al ministro de la Gobernación, Rafael Salazar, en la que reiteraba su petición de ametralladoras y añadía:
«Me honro en solicitar de V.E. una nueva autorización para adquirir en la fábrica que en Éibar posee don Bonifacio Echevarría 180 fusiles ametralladores, marca “Star”, de la misma calidad de los que actualmente destina a las compañías de Asalto en toda España para su servicio, al objeto de destinarlas a cada compañía de las doce que integran el referido Cuerpo de Seguridad en Cataluña. Me permito insistir con todo respeto a V.E. la urgencia de la entrega de las mencionadas ametralladoras, así como lo antes posible dé V.E. las oportunas órdenes para autorizar la adquisición de los subfusiles [11]».
Tampoco su segunda petición fue atendida. Afortunadamente.
Mientras tanto, continuaba a buen ritmo la tarea de aprovisionar la intendencia para el alzamiento que se avecinaba. Indalecio Prieto, Juan Negrín (que habría de presidir el último Gobierno republicano, al final de la guerra civil), Ramón González Peña y Amador Fernández, adquirieron un importantísimo cargamento de armas y municiones por importe de medio millón de pesetas, que fue cargado a bordo del mercante «Turquesa», también comprado por 73.000 pesetas, en un rocambolesco episodio descrito por Enrique Barco [12]. El 10 de septiembre, procedente de Cádiz, el mercante desembarcó en San Esteban de Pravia (Asturias) diversas cajas que contenían armas cortas, cargadores, 500 fusiles máuser con 116.000 cartuchos, 50 ametralladoras y su correspondiente munición, con un peso total superior a las dieciocho toneladas [13]. Sólo cinco días después, el 15 de septiembre, el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid ordenaba el registro de la Casa del Pueblo, donde fue hallado un cuantioso alijo de armas cortas, largas, municiones y diverso material explosivo [14]. Fueron detenidos los dirigentes socialistas Wenceslao Carrillo (padre del secretario general de las Juventudes Socialistas y director de Renovación), Pascual Tomás y Agapito García Atadell, este último responsable de una checa en Madrid dos años después, durante la guerra civil.
La preparación de los trágicos acontecimientos que habían de producirse en varios puntos de España comenzó a gestarse con casi un año de antelación. En septiembre de 1934 -cuando aún se estaba a tiempo de evitar la violencia ciega y la destrucción que se acercaban- el Gobierno ya disponía de más que sobradas evidencias de la revuelta en ciernes. Posiblemente el presidente Lerroux y sus ministros considerasen las amenazas de Prieto meramente retóricas, recursos parlamentarios tal vez extremados. Acaso los discursos de Largo y las soflamas de la prensa socialista se interpretasen como excesos dialécticos sin relevancia. Pero cuando los cuerpos policiales descubrían depósitos de armas de guerra con alarmante frecuencia, siempre con presencia de indicios de relación con el PSOE o sus dirigentes, la pasividad de Lerroux es rigurosamente enigmática. Enteramente incomprensible, si se tiene presente que el propio ministro de la Gobernación, Rafael Salazar, protestaba contrariado por haber advertido al Gobierno de la existencia de la trama subversiva y que, aun así, no se le permitiera tomar la delantera y adoptar medidas severas contra los sediciosos [15]. Una actitud irresponsable, cuando Dencàs personalmente había entregado a los propios ministros Salazar e Hidalgo sendas solicitudes de autorización para la compra de material bélico. Sin duda, Samper y Lerroux habrían prestado un gran servicio a los españoles si hubiesen recordado y puesto en práctica el consejo de Nicolás Maquiavelo: «No se debe nunca permitir un desorden esperando evitar una guerra, porque no se evita, sino que se aplaza en tu perjuicio [16]».
[1] Álvarez del Vayo fue, a partir de 1971 y hasta su fallecimiento en 1975, el máximo dirigente de la organización terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (N. del A.)
[2] LARGO CABALLERO, Francisco (1976). Mis recuerdos. México D.F., Ediciones Unidas, pp. 121-134.
[3] «En un local habilitado para garaje encuentra la Policía 610 pistolas y 80.000 proyectiles» (7-6-1934). Madrid, diario Luz, p. 5.
[4] LARGO CABALLERO, Francisco (1976). Op. cit., p. 125.
[5] El 6 de noviembre de 1936 el Gobierno de la República, presidido por Francisco Largo huyó para instalarse en Valencia. Madrid quedó a cargo de una Junta de Defensa encabezada por el general José Miaja, en la que Santiago Carrillo era titular de la Consejería de Orden Público. Desde el 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre la Dirección General de Seguridad, responsabilidad de Segundo Serrano y éste a su vez a las órdenes de Santiago Carrillo, procedió a «trasladar» los presos políticos de las cárceles de la capital. En realidad, eran conducidos a la localidad de Paracuellos de Jarama para ser asesinados en masa. Fueron llevadas a cabo treinta y tres «sacas» de presos con un total de víctimas impreciso y controvertido, pero que podría llegar hasta las 8.000 (N. del A.).
[6] «Elecciones, no. ¡Revolución!» (21-7-1934). Madrid, Renovación, p. 1.
[7] «Mil jóvenes obreros y campesinos socialistas afirman su voluntad revolucionaria» (10-7-1934). Madrid, El Socialista, p. 4.
[8] «Declaración del Comité Nacional de la U.G.T.» (1-8-1934). Madrid, El Socialista, p. 1.
[9] «Unas palabras a los republicanos» (25-9-1934). Madrid, El Socialista, p. 1.
[10] HIDALGO DURÁN, Diego (1934). Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra. Madrid, Espasa Calpe, p. 62
[11] SALAZAR ALONSO, Rafael (1935). Bajo el signo de la revolución. Madrid, Ed. Librería de Roberto San Martín, p. 42.
[12] BARCO TERUEL, Enrique (1984). El golpe socialista (octubre 1934). Madrid, Ed. Dyrsa, pp. 125-126.
[13] «En Asturias se descubre un importante contrabando de armas» (12-9-1934). Madrid, Ahora, p. 7.
[14] «Descubrimiento de armas y de municiones en la Casa del Pueblo» (15-9-1934). Madrid, La Voz, p. 4.
[15] GIL-ROBLES Y QUIÑONES, José María (1968). No fue posible la paz. Barcelona, Ariel, pp. 128-130.
[16] MAQUIAVELO, Nicolás (2017). El Príncipe. Madrid, Ed. Cátedra, p. 83.
CONCLUSIÓN
Los preparativos revolucionarios del PSOE y la UGT en 1934 evidencian la profundidad de la crisis política que atravesaba la Segunda República. La desconfianza hacia el rumbo del Gobierno y el temor a una involución política llevaron a sectores socialistas a optar por una estrategia de confrontación armada.
La combinación de propaganda radical, organización paramilitar y acumulación de armamento configuró un escenario que hacía cada vez más probable el estallido violento. Al mismo tiempo, la falta de una reacción preventiva contundente por parte del Ejecutivo alimentó interpretaciones divergentes: para unos, prudencia política; para otros, irresponsabilidad.
En perspectiva histórica, estos preparativos no fueron un episodio aislado, sino el preludio de la Revolución de Octubre de 1934. Constituyen un ejemplo paradigmático de cómo la polarización extrema y la pérdida de confianza en las reglas del juego democrático pueden desembocar en la ruptura abierta del orden constitucional.
