INTRODUCCIÓN
El relato dominante sobre el separatismo catalán y los años de la Transición suele presentar aquel periodo como una etapa de reivindicación política progresiva, negociada y esencialmente pacífica. Sin embargo, esa visión oculta deliberadamente una realidad incómoda: durante más de una década existió en Cataluña una organización terrorista de extrema izquierda, Terra Lliure, que recurrió a las bombas, los atentados y la violencia para tratar de imponer por la fuerza la ruptura de la unidad nacional.
Del mismo modo, el FRAP, heredero directo del radicalismo revolucionario de la posguerra, volvió a introducir el asesinato político en las calles en los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición. Ambos grupos son hoy prácticamente desconocidos para una parte de la opinión pública, pese a que sus acciones dejaron víctimas, dolor y una huella de violencia que contradice la imagen edulcorada de aquellos años. Recordar su historia no es un ejercicio de provocación, sino de memoria completa.
Terra Lliure, el brazo terrorista del separatismo catalán
El separatismo catalán lleva décadas intentando romper la unidad de España. La fuerza que ha adquirido, sobre todo tras las cesiones realizadas por Felipe González, en su última legislatura, y José María Aznar, en su primera, le dieron nuevos impulsos. Gracias a ellos, las concesiones políticas de José Luis Rodríguez Zapatero –“Apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”-, y la inacción de Mariano Rajoy ante lo que ellos denominan “proceso de desconexión”, han llevado la situación hasta el punto de que los separatistas ven como algo factible la ruptura de la unidad nacional.
Si alguien estudiase el separatismo catalán en este contexto, parecería que ha sido siempre una vía progresiva pactada con los débiles y acomplejados gobiernos de Madrid. Pero esto no es así. Al igual que los separatistas vascos tienen a ETA –no se ha disuelto todavía y mantiene su arsenal-, entre 1978 y 1991 los separatistas tuvieron su grupo terrorista de extrema izquierda: Terra Lliure.
Su historia, mucho menos sanguinaria que la de ETA, intentó sembrar de sangre y muertos nuestra patria para intentar doblegar la voluntad de España, decidida, quizá más entonces que ahora, a mantener unida la nación más antigua de Europa.
En 1978, el grupo terrorista de extrema izquierda y separatista catalán empezó a organizarse y, solamente un año después, ya intentaba asesinar. Afortunadamente no tenían pericia en el manejo de explosivos y las primeras víctimas que causaron no fueron sus objetivos, sino los propios terroristas que murieron al manipular las bombas con las que pensaban asesinar a inocentes. Así, Félix Goñi muere el 2 de junio cuando estalla el explosivo que preparaba. Esta casualidad permitió a la Policía detener a varios miembros de la organización, con lo que se completaba una operación iniciada en enero anterior cuando un comando que viajaba en coche y al que los agentes dieron el alto contestó abriendo fuego.
En el intercambio de disparos murió uno de los terroristas, Martí Marcó, y sus compañeros consiguieron escapar al renunciar los agentes a seguir disparando para no poner en peligro a los transeúntes.
En los meses siguientes, Terra Lliure colocó dos bombas que solamente causaron daños materiales, pero no personales. En 1981 se suceden los atentados con bomba, pero también tuvo lugar el atentado contra el hoy periodista Federico Jiménez Losantos y su compañera de trabajo, Isabel Izquierdo. El entonces profesor de enseñanza secundaria fue atado a un árbol en las afueras de Santa Coloma de Gramanet y recibió un disparo en la rodilla. El terrorista que fue condenado por dispararle, Pere Bascompte, fue condenado a nueve años de cárcel de los que tan solamente cumplió cuatro meses.
El resto del año 1981 transcurre entre bombas contra intereses del Gobierno español y de empresas españolas en Cataluña, hasta 15 artefactos explosivos. El año terminó con 22 terroristas detenidos. Al año siguiente la banda continúa con los ataques, esta vez intenta matanzas en casas cuartel de la Guardia Civil – Alcover, Vallvidrera…- empresas y organismos públicos. Ese año se detienen 9 terroristas, entre ellos los que habían herido a varios agentes de la Benemérita.
Los golpes policiales parecen surtir efecto y en 1983 solamente cometen cuatro atentados. Dos con bombas y dos con lanzamientos de proyectiles con morteros a cuarteles de la Policía. Sin embargo, los años que van de 1984 a 1988 son los de mayor actividad criminal. Si bien la mayoría de sus atentados no pueden calificarse más que de sabotaje, contra material de construcción, bancos, empresas o casas particulares, durante esta etapa asesinan a una vecina de Borjas Blancas, Emilia Aldomá, que vivía en el inmueble en el que se encontraban los juzgados en los que se instaló una bomba. También murieron dos terroristas mientras manipulaban explosivos y fueron detenidos dos docenas de componentes de la banda separatista.
A partir de 1989, una facción de Terra Lliure empieza a pedir la disolución de la banda –los denominados IV asamblea-, mientras que los activistas –III asamblea- mantienen una línea de atentados menores y sabotajes hasta que en 1991 se disuelven también.
El manifiesto con el que presentan la disolución no deja ninguna duda a quienes son sus herederos políticos:
“Terra Lliure, organización militar que lucha por la independencia total de Cataluña, se dirige por última vez al pueblo catalán para comunicar los siguientes acuerdos: vista la buena marcha de las negociaciones políticas establecidas entre los dirigentes independentistas procedentes de Catalunya Lliure y de ERC, habiendo comprobado el sentido de profunda responsabilidad política de ERC en el proceso hacia la independencia y habiendo considerado la demanda realizada por la dirección de ERC en la ronda de conversaciones, la dirección ejecutiva de Terra Lliure ha acordado, con la consulta y el acuerdo previos con cada uno/a de sus militantes y colaboradores/as, reconsiderar la posición inicial de tregua unilateral indefinida y aprobar la autodisolución de nuestra organización”.
Los últimos presos de la banda terrorista separatista salieron de la cárcel a lo largo del año 1996, muchos de ellos sin aceptar que debían pedir perdón y sin reinsertarse. Tras ser indultados por el Gobierno manifestaron su repulsa “para todos aquellos que han querido que nos reinsertemos durante todo este tiempo”.
FRAP, ‘viejos republicanos’ que seguían matando en la Transición
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) otro grupo terrorista de inspiración marxista que en los años finales del franquismo sembró de muerte el camino de lo que hemos dado en llamar Transición. Fundado por Julio Álvarez del Vayo, ex ministro de Estado republicano durante la Guerra Civil y diputado socialista. Su pertenencia a los gobiernos más radicales del Frente Popular durante la Guerra Civil, los que armaron a las milicias y fomentaron la persecución religiosa y el exterminio de los “derechistas”, los gobiernos que permitieron la creación de las chekas y que miraron hacia otro lado cuando se fusilaba en Paracuellos, Camuñas, Valencia, Aravaca…
No es de extrañar que una persona que colaboró con esos desmanes durante la guerra, tras la derrota de su bando se obcecase en seguir con el terrorismo. Primero desde las filas del Partido Comunista de España, pero cuando Santiago Carrillo decidió enmascarar el reguero de sangre que había producido, junto a un búnquer defensor de las bombas y el tiro en la nuca, creo varios grupos terroristas hasta que logró volver a asesinar.
En 1963, Álvarez del Vayo creó la Unión Socialista Española (USE), tras su fracaso, junto a varios socialistas radicales, a principios de los setenta creó el Frente Español de Liberación Nacional (FELN), con el que no logró sino que algunos sicarios pusieran pequeños artefactos explosivos sin más consecuencias. Finalmente, y ya en 1973, logró la fusión de algunos miembros del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y de Vanguardia Socialista para crear el FRAP. Y con este nuevo proyecto consiguió su objetivo: volver a asesinar. El grupo terrorista de Álvarez del Vayo tiene el dudoso honor de haber sido presentado en sociedad de forma pública en París y cuyo nacimiento fue ratificado por once organizaciones comunistas y socialistas.
La primera víctima del FRAP fue un joven subinspector de la Policía, adscrito a la brigada Político Social que fue asesinado tras sufrir una emboscada en las proximidades de la estación de Atocha, en la calle Santa Isabel. Acudió el 1 de mayo de 1973, junto a otros compañeros del cuerpo a disolver una manifestación que portaba banderas rojas con la hoz y el martillo y, cuando estos salieron corriendo, otro grupo apostado en la esquina de la calle del Doctor Mata les atacaron con machetes, causando la muerte de Juan Antonio Fernández Gutiérrez y heridas graves a otros cuatro agentes. Como consecuencia de los hechos, fueron detenidos un centenar de jóvenes que habían participado en las manifestaciones en esa zona.
Unos meses después, el 27 de julio del mismo año, el FRAP cometió su segundo asesinato, esta vez en Barcelona. La víctima fue Francisco Jesús Anguas Barragán, el verdugo, Salvador Puig Antich. La víctima, a quien se ha olvidado en los últimos cuarenta y dos años, fue descrita así por alguien que la conoció: “Paquito Anguas era un policía atípico. Es decir, que escapaba del cliché habitual del poli franquista. No era gordo, ni sudoroso, ni envuelto en humo de Celtas, ni tenía bigote recortado, ni gritaba 20 maldiciones por minuto. Anguas era flaco, pequeñito, pelirrojo, con la cara sembrada de pecas. Parecía el hermano menor de los Hollister. Tenía entonces 23 años, aunque aparentaba menos. Le apasionaban las mismas cosas que a mí: el cine y los libros, sobre todo”. Lo escribía el periodista de El País, Marcos Ordoñez, en un artículo en el que comentaba su relación con la elaboración de la película dedicada al asesino que le acribilló con una pistola Astra del 9 largo.
Dos años después, en agosto de 1975, era asesinado otro policía, Lucio Rodríguez Martín. Su muerte revela el sinsentido de la existencia de los grupos terroristas. El joven agente, que no llevaba ni un año en el cuerpo, prestaba servicio de vigilancia en la puerta de las oficinas de Iberia. Los asesinos habían robado un coche y buscaban una víctima fácil e indefensa. Lucio Rodríguez recibió los disparos por la espalda y su cuerpo fue abandonado, dándose a la fuga los cuatro miembros del FRAP que fueron detenidos dos horas después. Tres de ellos serían condenados a muerte.
Un mes después era asesinado el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, adscrito a la sección de Tráfico, cuando se dirigía desde su coche, aparcado en la calle, a su casa. Los autores de este asesinato también fueron detenidos rápidamente. En la operación policial que siguió al asesinato fueron detenidas 36 personas integrantes del FRAP, entre ellos el actual presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra Blanco.
En Barcelona caía asesinado en septiembre de 2015 otro policía, Juan Ruiz Muñoz, de 49 años. Cuando volvía de prestar servicio a su casa, fue disparado por la espalda y rematado en el suelo, pero en lugar de descerrajarle un tiro de gracia, los dos asesinos se ensañaron con él dándole varios cortes con armas blancas en el cuello y en la espalda.
La última víctima de los FRAP fue asesinada dos semanas después. El policía Diego del Río Martín que prestaba servicio de vigilancia en las dependencias de la Seguridad Social de Barcelona. Varios miembros del grupo terrorista asaltaron las oficinas para robar los 21 millones de pesetas que había en ellas y, para lograrlo, asesinaron a del Río e hirieron al compañero que prestaba servicio con él.
CONCLUSIÓN
La existencia y actuación de Terra Lliure y del FRAP desmontan la idea de que el camino hacia la democracia en España fue un proceso lineal, pacífico y exento de terrorismo político por parte de la extrema izquierda y del separatismo. Aunque su capacidad criminal no alcanzó las dimensiones de ETA, ambos grupos recurrieron al asesinato, al sabotaje y a la intimidación como herramientas políticas, dejando víctimas que hoy apenas tienen espacio en el relato público.
La posterior integración de parte de sus militantes en estructuras políticas legales, la concesión de indultos y la falta de un verdadero proceso de arrepentimiento y reparación para las víctimas contribuyeron a diluir la gravedad de aquellos hechos. La memoria histórica, si quiere ser honesta, no puede seleccionar qué violencias recuerda y cuáles prefiere olvidar. Reconocer el terrorismo de Terra Lliure y del FRAP es una condición necesaria para comprender la Transición en toda su complejidad y para no trivializar el sufrimiento de quienes fueron asesinados en nombre de proyectos ideológicos que hoy algunos pretenden blanquear.
