Es importante el juicio que formula Gil Robles en su libro No fue posible la paz: es muy difícil saber a quienes debe culparse de la destrucción de la República, si a los extremistas que siempre la combatieron o a los moderados, que no supieron unirse para su defensa. La investigación de los sucesos y, sobre todo, de la conducta de Franco, que ahora intentamos, nos obliga a huir de cualquier juicio de valor. Por mi parte puedo añadir que, cuanto he visto y leído, me impone el convencimiento de que no debe atribuirse al Generalísimo la responsabilidad de lo ocurrido: se encontró inmerso en una guerra que presentía, que nunca quiso y en cuya evitación trabajó hasta el último instante, teniendo a Casares Quiroga una mano que éste menospreció. Eligió el Alzamiento porque su conciencia no le permitía servir al Frente Popular, desbordando al Gobierno.
Por otra parte —advierte Javier Tusell— no parecen ciertas las acusaciones que se hicieron al Gobierno desde el propio Frente Popular, de que haya existido imprevisión. Incluso los errores, abundantes; imprevisión, de ninguna capacidad, tal vez. Se señala como muestra el nombramiento de Mola como gobernador militar de Pamplona, pero el objeto que se perseguía era, precisamente, colocarle a las órdenes directas de Domingo Batet, general divisionario en Burgos, que gozaba de absoluta confianza del Gobierno y se adelantó a pedir el «director» —equivalentes a las antiguas o modernas Capitánías sólo uno, Cabanellas, se sumó al Alzamiento, cuya dirección fue ejercida en la práctica por mandos inferiores o generales procedentes de la reserva. Sólo una región militar, Valladolid, se sublevó completa: las demás permanecieron fieles al Gobierno o se dividieron.
La propaganda inicial del Frente Popular contribuyó a un desenfoque a la larga pernicioso para el Gobierno: el que presentaba la guerra civil como un choque entre militares y fascistas, de un lado, y pueblo, de otro. Se procedió rápidamente a desarticular las unidades del Ejército, privándose así de una ventaja inicial: eran más los jefes y oficiales que seguían obedeciendo al Gobierno que los que se habían sumado al Alzamiento.
Los que seguían obedeciendo al Gobierno que se habían sublevado. Ejército y pueblo estaban divididos, y el entusiasmo por la lucha no fue monopolio de ninguno de los dos bandos. Pero las órdenes del Ministro de Marina, fueron interpretadas y ejecutadas como si se pretendiera llevar a la práctica las crueles escenas del film de S. M. Eisenstein, El acorazado Potemkine, que se estaba proyectando con más de quince años de retraso, en las pantallas españolas: la oficialidad de los barcos de guerra fue asesinada o arrojada al mar indiscriminadamente.
2.
Una leyenda es, pues, la de que el Gobierno se viese sorprendido. Esperaba y, tal vez, deseaba, un movimiento en falso para quebrantar la oposición y justificar represalias. En la carta de Franco a Casares Quiroga se apunta ya contra el apresurado nombramiento de cinco ayudantes militares del Ministro, de toda confianza, hecho con el objeto de contar con fieles servidores en los puntos clave. Dos de ellos, comunistas, eran expertos en conspiraciones. Ninguno de éstos falló a la confianza depositada. Si acaso, la única sorpresa pudo estar constituida por Gonzalo Queipo de Llano, republicano hasta ultranza —durante varios meses famosas charlas por Radio Sevilla concluían con la interpretación del himno de Riego— pero que aborrecía al Frente Popular por las razones familiares antes explicadas. No puede tampoco decirse que los militares comprometidos fuesen enemigos de la República: una de las mayores dificultades de Mola en sus negociaciones con los requetés procedía precisamente de su radical negativa a aceptar que el Alzamiento se hiciese en nombre de la Monarquía.
En sus notas económicas de A.F.E., fol. 30, Franco alude a los fondos económicos constituidos por los movimientos monárquicos, los cuales ofrecían compensaciones a quienes quisieran proclamarse en favor del rey. Qué se hizo de ese dinero y cómo se administró, pues ni el general supo qué sucedió con él.
El Gobierno, y de un modo especial Azaña, que presumía de conocer bien a los militares, tenía noticias de que estaban conspirando y no hizo nada por impedirlo. Si aceptamos como verdaderos los informes de que el Frente Popular preparaba el establecimiento de su propia dictadura de partido y también de la Izquierda Republicana pensaba en algo semejante, hay que suponer que nadie tuviese entonces interés en cerrar el paso a algo que, de repetirse el 10 de agosto, no serviría sino para acelerar el proceso deseado. En otras palabras la hipótesis, imposible de probar, de que el Gobierno desease una segunda edición del golpe de Sanjurjo, con su mismo protagonista, no es absurda: arrebataría a la derecha la última sombra de legitimidad y proporcionaría mejores medios para depurar a fondo al Ejército.
No olvidemos que este objetivo estuvo a punto de ser logrado pues el Alzamiento, en cuanto simple golpe de Estado, fracasó. Ocurrió entonces algo que podía considerarse imprevisible: no se produjo la desintegración del Ejército, salvo en la zona republicana y por un error de planteamiento. El Ejército sublevado se reforzó, emprendió una guerra, encuadró a los civiles y se proporcionó mandos adecuados. Mientras tanto las masas marxistas derribaban a la República sustituyendo a las autoridades ordinarias por comités revolucionarios. El Gobierno dejó de ser obedecido mientras que en el bando contrario, Francisco Franco asumía el mando y, siendo en principio el menos fuerte, le convertía en victorioso. Los últimos estudios de Ramón Salas Larrazábal permiten también despejar otra de las leyendas, forjada por historiadores no españoles ajenos a la documentación fehaciente: aquella que pretende que el Generalísimo logró la victoria gracias a ayuda copiosa que al Gobierno de la República negaban las democracias. En realidad, el Gobierno rojo adquirió mucho más pertrechos y material de guerra que el nacional.
3.
El Alzamiento del 18 de julio de 1936 no estuvo dirigido contra la República como forma de Estado sino contra el Frente Popular. A lo largo de este libro tendremos —así lo espero— ocasión de comprobar de qué modo el retorno de España a la Monarquía —«la larga marcha», como la denomina con acierto López Rodó— fue producto de una terca y paciente política que Franco desarrolló a lo largo de muchos años. Esto no obsta para que los monárquicos fuesen cruelmente perseguidos en la zona republicana. En los primeros momentos de la guerra civil, la propaganda frente-populista tendía a identificar a Franco, Mola y Queipo de Llano con Gil Robles y la CEDA. Los periódicos de Asturias, por ejemplo, acuñaron un curioso slogan, «la fracasada intentona militar-fascista», explicando dicha identificación. Tampoco esto coincide con la realidad.
El espectro político que se instaló detrás del Alzamiento era muy vario y fue impulsado, en gran medida, por el temor suscitado por el Frente Popular. La simple comprobación de que se hubiese votado a la derecha bastaba para justificar el envío a la cárcel o la remisión a los improvisados pelotones de ejecución. No es extraño por tanto que todos los miembros de la CEDA se sumasen al movimiento con calor. Los monárquicos, que contaban con la UME, grupo minoritario dentro del Ejército, hicieron lo mismo. Monárquicos y tradicionalistas estaban muy lejos de mostrar un frente unido: el 10 de marzo de 1936 Alfonso Carlos de Borbón declaró fracasada la negociación que desde 1931 se venía sosteniendo con la otra rama porque ésta presentaba «opciones liberales inaceptables», según explicaba el Pretendiente en carta a su pariente, Javier de Borbón Parma, al que en previsión de su propia muerte, encomendó la Regencia de la Comunión tradicionalista, con un encargo concreto: reconocer como sucesor únicamente a aquel Príncipe que aceptara en su integridad los principios del Tradicionalismo.
También estaban los falangistas y los tradicionalistas, fuertes de un modo especial en Navarra, que aportaron el vigor de sus creencias. Pero en cambio la mayor parte de los militares comprometidos, carecían de filiación política. Emilio Mola, por ejemplo, no simpatizaba ni con Falange ni con la Monarquía, pero aspiraba a restablecer el orden y la disciplina: dirigió un Alzamiento bajo la condición de que éste no prejuzgase ninguna forma de Estado en particular. Goded, Cabanellas y Queipo de Llano estaban considerados, desde antiguo, como republicanos.
En los planes trazados antes del mes de julio se contemplaba únicamente una sublevación militar de corte clásico, en la que el dominio de Madrid, la capital, se consideraba como factor clave: en el caso de que el golpe de Estado no consiguiera apoderarse de Madrid en el primer momento, todas las fuerzas movilizadas tenían que converger rápidamente sobre ella y conquistarla, mediante una acción breve y violenta. Inmediatamente después se procedería a designar una Junta técnica compuesta por militares y expertos civiles, bastante parecida al Directorio.
Pero cuando, a primeros de julio, Francisco Franco se sumó al Alzamiento, formuló una reserva importante sobre la viabilidad de dicho plan. A través de Valentín Galarza advirtió que era difícil que las fuerzas disponibles en la capital pudiesen apoderarse de ella. En ese caso no debían, en modo alguno, encerrarse en sus cuarteles: la misión principal debía ser el dominio de todas las carreteras que desde Madrid conducen a la Sierra, a fin de establecer sobre los montes una cabeza de puente para el enlace con las fuerzas que Mola debería traer desde el norte.
