INTRODUCCIÓN
La figura de Lluís Companys ocupa un lugar central en la memoria política contemporánea de Cataluña. Para algunos es un símbolo del autogobierno y del catalanismo político; para otros, su trayectoria durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil plantea serias preguntas sobre su responsabilidad en la represión ejercida en la retaguardia catalana. Más allá de la mitificación o la demonización, el análisis de los hechos documentados permite abordar un periodo marcado por la violencia política, la ruptura del orden legal y la implantación de estructuras de poder paralelas.
Desde antes del estallido de la Guerra Civil, Companys impulsó la creación de milicias armadas y estructuras de control político que, tras julio de 1936, se integraron en el aparato de represión que operó en Cataluña. En ese contexto, miles de personas fueron detenidas, ejecutadas sin juicio y recluidas en centros de detención irregulares. El balance de víctimas atribuidas a la represión bajo su mandato revela la dimensión de un fenómeno que condicionó profundamente la vida social, política y religiosa de la retaguardia catalana.
Luis Companys es uno de los padres del separatismo político catalán. Su carrera política es muy dilatada, durante la época del pistolerismo en Cataluña, en la que los empresarios tuvieron que contratar a pistoleros armados para defenderse de los ataques de terroristas anarquistas ejerció como abogado defensor de los miembros de la anarcosindicalistas CNT que habían optado por lo que denominaban “acción directa”, basada en asesinar a quienes consideraban su enemigo. Eran los años 1917 a 1923.
Encontramos a un Companys con poder a partir del 31 de diciembre de 1933, cuando tras la muerte del presidente de la recién inaugurada autonomía de Cataluña, Francisco Maciá, fue nombrado su sucesor. Una de sus primeras medidas fue el nombramiento de José Dencàs como consejero de Gobernación. Le encargó la formación de los escamots. Una milicia armada, vinculada orgánicamente a la formación Estat Català, con la que pretendía imponer el separatismo cuando tuvieran la mínima oportunidad. Una oportunidad que perdieron con la proclamación del Estado Catalán el 6 de octubre de 1934 que apenas le duró unas horas pero que costó 110 muertos en las 10 horas escasas que duró.
Tras ser indultado con la llegada al poder del Frente Popular en febrero de 1936, el líder catalanista se había radicalizado todavía más. Tras el fracaso de la experiencia de los escamots, copió el modelo de milicia armada creando, en mayo de 1936 -meses antes del estallido de la Guerra Civil-, el Comité Militar Revolucionario. Estaba compuesto por 8.000 voluntarios separatistas miembros de su partido, especialmente de las Juventudes de Esquerra Republicana-Estat Catalá, a las que dotó de 20.000 fusiles comprados con dinero público. Tras el estallido de la Guerra, estas milicias serían el núcleo del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, fundadas por un decreto del presidente Companys el 26 de julio de 1936 y que sembró el terror en la retaguardia durante la guerra.
Durante este periodo, bajo su mandato y responsabilidad directa fueron asesinadas 8.129 personas en Cataluña. Sin juicio ni garantías legales. En su mayor parte eran civiles pertenecientes a partidos de derechas, miembros del clero o empresarios. Ordenó la creación de campos de concentración, como el de Omells de Na Gaia y autorizó a las diferentes formaciones del Frente Popular a constituir sus propias checas. Él mismo firmaría sentencias de muerte.
Las víctimas de la represión que fue responsabilidad de Companys fueron 2.441 religiosos, 1.199 carlistas, 281 miembros de la Liga Regionalista, 281 de la CEDA, 108 falangistas, 70 militantes de Renovación Española, 117 de Acción Ciudadana, 110 del Sindicato Libre, 18 de la Federación de Jóvenes Cristianos y 34 sin identificación política.
CONCLUSIÓN
Los asesinatos cometidos en Cataluña durante la Guerra Civil bajo el mandato de Companys reflejan el colapso del Estado de derecho y la sustitución de las garantías legales por la lógica de la violencia revolucionaria. La creación de milicias, checas y campos de concentración, así como la tolerancia —cuando no la autorización directa— de ejecuciones extrajudiciales, configuran un escenario de represión sistemática en el que miles de personas perdieron la vida por su adscripción política, religiosa o social.
Analizar este periodo no implica negar el contexto de guerra ni las presiones a las que se vieron sometidas las instituciones republicanas, pero sí obliga a reconocer responsabilidades políticas concretas. Solo desde una lectura crítica y documentada del pasado es posible comprender la complejidad de la Guerra Civil en Cataluña y evitar que la memoria histórica se convierta en un instrumento de simplificación o de legitimación ideológica.
