INTRODUCCIÓN
Durante la Guerra Civil española, la violencia en la retaguardia no se limitó a episodios aislados ni a reacciones improvisadas fruto del caos del conflicto. En distintas zonas controladas por el Frente Popular se articularon mecanismos de detención, traslado y eliminación de personas señaladas como “enemigos” por su ideología, su condición social o su vinculación religiosa. Estos procesos, repetidos en múltiples lugares, desmienten la idea de una represión puramente espontánea y permiten hablar de una práctica sistemática que se extendió por amplias áreas del territorio republicano.
El Pozo de La Lagarta, en el municipio almeriense de Tabernas, es uno de esos escenarios que condensan la crudeza de la represión en la retaguardia. En este enclave, al menos un centenar de personas fueron asesinadas y arrojadas a un pozo durante los primeros meses de la guerra. La elección de lugares apartados, la organización de las sacas desde cárceles y checas de la capital y la reiteración de estos crímenes en otros puntos de la provincia dibujan un patrón de violencia que marcó profundamente la vida social de Almería durante el conflicto.
Nuevamente encontramos un caso de represión que rompe uno de los principales argumentos de la izquierda española para quitar importancia a las decenas de miles de asesinados por la represión del Frente Popular durante la Guerra Civil fue su supuesto carácter espontáneo. Pero esto no fue así. El asesinato de religiosos, derechistas, falangistas, propietarios… fue una práctica extendida, organizada y preparada por los partidos que formaban parte de la coalición del Frente Popular que tanto gusta reivindicar a la actual izquierda española.
Ya hemos hablado en este libro de las sacas de Paracuellos, de los asesinatos de madrileños que allí se cometieron, sacados de la capital de España, sin importar su edad o condición. Miles de ellos murieron allí, sin que en la mayoría de los casos se les diera el tiro de gracia. También hemos señalado como en otro lugar de la retaguardia lejana se elegían espacios en los que asesinar a estos “enemigos de la revolución”, en masa y sin necesidad de ocultar los cuerpos. En la provincia de Toledo eligieron la mina de la localidad de Camuñas, un Katyn republicano en plena Mancha.
Al igual que Madrid o esa zona de la provincia de Toledo, Almería estuvo en manos republicanas durante toda la Guerra Civil. Hasta el último mes de la guerra no conoció lo que era un frente. Era lo que se llamaba la retaguardia remota o lejana. Un lugar donde se llevaba a los soldados propios a descansar, pero también donde se cometían las represiones más brutales contra el enemigo señalado por su ideología derechista, por ser propietario o por ir a misa los domingos. En el municipio de Tabernas se encuentra un lugar llamado el Pozo de La Lagarta. Allí, al menos 116 personas fueron asesinadas. Algunos eran fusilados y arrojados al pozo, otros eran tirados vivos y algunos eran llevados ya muertos. Muchas de las víctimas eran fusiladas atadas. Algunos presentan signos de haber sido torturados e, incluso, algunos fueron asfixiados.
En su mayor parte procedían de las cárceles y checas de la capital, Almería, a escasos 30 kilómetros de distancia. El traslado de las víctimas era organizado por las milicias comunistas, anarquistas y socialistas y ningún comité o autoridad del Frente Popular o el supuesto Gobierno de la República hizo jamás nada para parar estos desmanes.
No era el único sitio en Alicante donde se producían estos crímenes. La primera saca de “derechistas” organizada por los milicianos –esos que en lugar de luchar en el frente asesinaban en la retaguardia- fue en la Playa de la Garrofa, donde murieron fusilados 28 almerienses en la noche del 14 de agosto. Pero allí era difícil ocultar los cuerpos. Por eso buscaron otros sitios.
Así diversificaron sus lugares para asesinar: el cementerio de Almería, el Barranco del Chisme, el Pozo del Tahal o el campo de trabajo de Turón. En total, sumados a los asesinados en La Lagarta fueron 691 personas, todas almerienses, a las que hay que sumar la represión en los municipios de la provincia para superar las 1.700 personas. De todas ellas, solamente 12 habían sido condenadas por un tribunal.
CONCLUSIÓN
El Pozo de La Lagarta se suma a otros espacios de exterminio en la retaguardia republicana que evidencian una represión organizada y sostenida en el tiempo. La existencia de múltiples puntos de ejecución en la provincia de Almería, la coordinación de milicias para los traslados de presos y la casi total ausencia de procedimientos judiciales ponen de relieve la quiebra del Estado de derecho en aquellos meses y la normalización de la violencia política como instrumento de control.
Recordar estos lugares no responde únicamente a la necesidad de cuantificar víctimas, sino a comprender los mecanismos que hicieron posible la eliminación sistemática del adversario en zonas alejadas del frente. La memoria de quienes fueron arrojados al Pozo de La Lagarta, como la de tantas otras víctimas en la retaguardia, invita a una reflexión serena sobre los efectos de la deshumanización del enemigo y la instrumentalización del poder político en contextos de guerra civil.
