Está claro que cuantos han estudiado el problema, siquiera sea superficialmente, coinciden en que la sobremortalidad en el período 1936-1943, año en el que se restablece el número de defunciones normal, afectó a algo más del medio millón de personas, sin que pueda rebasarse el de las 600.000. Mis trabajos me han llevado a señalar como la más aceptable la cifra de 567.075 personas, que responde a un cálculo que se apoya en la diferencia entre las defunciones realmente observadas y aquellas que presumiblemente se hubieran producido de no haber estallado la guerra. Estas últimas son, consecuentemente, teóricas, y, por lo tanto, no podemos pretender que aquélla sea una cifra exacta, pero sí muy aproximada.
Del exceso de muertes sobrevenidas durante esos años, 346.899 se inscribieron en el Registro Civil durante los cuatro años de guerra, 220.176 en los inmediatamente posteriores, correspondiendo muy cerca de 100.000 de estas últimas a inscripciones demoradas de personas fallecidas en el período inmediatamente anterior, por lo que podemos afirmar que la sobremortalidad real afectó a unas 425.000 personas durante la guerra y a unas 150.000 en el período inmediatamente posterior, y que de este total de 575.000 personas fallecidas prematuramente, una parte importante se debió a la enfermedad, azote que siempre acompaña a las guerras.
Por el movimiento natural de población conocemos el número exacto de las defunciones que se registraron durante esos años, pero sólo por estimación podemos inducir las que se hubieran producido de no haber estallado la guerra. La probabilidad nos indica que debieron haber seguido la línea de tendencia de los años anteriores, y las inscripciones nos detallan el número de las que se observaron efectivamente. Pues bien, de haber seguido los óbitos el ritmo que llevaban en el primer quinquenio de los años treinta, esto es lo que hubiera pasado, pero nadie puede comprobar la exactitud de este dato, que se basa exclusivamente en lo que debió haber sucedido, pero no sucedió.
Con esta incertidumbre, y de la mano del cálculo, podemos establecer que las defunciones por causas naturales registradas entre los años 1936 a 1943 fueron 324,831 más de las previstas, y que el ritmo normal se recuperó plenamente en 1944. De esas 324.831 muertes, 165.612 corresponden al período propiamente bélico de 1936-1939, y 159.219 a los cuatro años de la inmediata posguerra. Sin embargo, resulta un tanto arriesgado cargar estas últimas, al menos en su totalidad, al haber de la contienda civil, pues aun de no haberse desencadenado, los años cuarenta hubieran sido difíciles para nosotros, como lo fueron para toda Europa. Incluso suponiendo, lo que es mucho suponer, que una España republicana con gobierno de frente popular hubiera sido capaz de mantenerse neutral en la segunda guerra mundial, lo que resulta casi inimaginable, es evidente que a partir de 1940 las dificultades para abastecer nuestro mercado interior hubieran sido prácticamente insalvables y que, como consecuencia de ellas, hubiera aparecido pronto el espectro de la penuria, con su acompañamiento de hambre, enfermedad y muerte. En Francia, donde lo débil de su resistencia hizo que la guerra se alejara muy pronto de su territorio, se alcanzó, a partir de 1942, la tasa más elevada de mortalidad del continente, muy por delante de la nuestra, que en aquel año ocupó un quinto lugar, a continuación de Francia, Portugal, Hungría y Bélgica, a pesar de que en todos estos países se excluía de las estadísticas a los muertos por heridas de guerra, que eran objeto de una clasificación especial, y de que ninguno de ellos participó directamente en la guerra durante aquel año. Portugal se mantenía al margen de ella, Hungría intervenía teóricamente, y Francia y Bélgica, ocupadas, gozaban de una paz octaviana, la dura paz impuesta por el conquistador. Todos los países europeos, incluso Suecia y Suiza, vieron cómo aumentaba su mortalidad en aquella época. La nuestra no es probable que hubiera sostenido su marcha descendente, ni tan siquiera que la hubiera conservado estática. Las cosas no hubieran sido mucho mejores para la España de los años cuarenta incluso de no haberse enzarzado antes los españoles en lucha fratricida. Durante ellos no hubiéramos disfrutado la engañosa prosperidad de que gozaron nuestros abuelos entre 1914 y 1918, aunque, por el contrario, es muy fácil que sí hubiéramos presenciado un nuevo 1918, tan funesto en consecuencias.
Pero dejemos el movedizo terreno de las presunciones y vayamos a lo que realmente sucedió.
Durante 1936, el número total de defunciones naturales fue bastante inferior (10.046) al registrado el año precedente, y casi todas las provincias mejoraron sus índices de salubridad. La guerra apenas había tenido incidencia, todavía, en la población civil.
En los años siguientes, las cosas cambiarían; la mortalidad crecería progresivamente, hasta alcanzar un máximo en el año 1938, que fue francamente malo para los españoles. Luego, en 1939, con la finalización de la guerra, se produjo una apreciable mejoría, que sería transitoria. La repartición de la sobremortalidad no fue, en modo alguno, uniforme. Recayó casi íntegramente sobre territorio republicano, y dentro de él, con una acusada incidencia, en el sudeste de España y en las provincias costeras catalanas. Bueno es indicar que tanto unas como otras provincias recibieron una importante oleada de refugiados que, lógicamente, modificaron de manera considerable la composición de su población, pero, en cualquier caso, los índices de mortalidad en todas ellas superaron el promedio del 120 por 100 con relación a los de 1935, cuando, en buena lógica, hubieran debido descender hasta poco más del 90 por 100.
En el conjunto de España, y durante los cuatro años de guerra, el índice de mortalidad se situó en la cota 108 con respecto a 1935, y lo superaron 19 provincias, de las que 14 eran de la zona gubernamental y sólo cinco de la nacional, siendo de advertir la enorme mejoría que se produjo en aquellas provincias que cambiaron de bando. Dos provincias -Jaén y Almería- superaron el índice 130, cinco -Ciudad Real, Murcia, Valencia, Gerona y Barcelona- oscilaron entre el 120 y el 130, y seis -Alicante, Santander, Cuenca, Madrid, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife- superaron el 110. Lograron situarse por debajo de la cota 100 de 1935: Navarra, Orense, León, Salamanca, Valladolid, Soria, Guipúzcoa, Logroño, Baleares, Burgos, Guadalajara, Segovia, Zamora, Ávila, Palencia, Toledo, Huesca y Teruel, por este orden decreciente.
En definitiva, durante la guerra murieron por enfermedad 121.212 personas, más de las que fallecieron en 1935, y de acuerdo con nuestras previsiones, como las defunciones debieron disminuir durante el cuadrienio, la sobremortalidad real, de ser correcto nuestro cálculo, afectó a 165.612 personas. Según esta estimación, el índice ponderado para 1939 debió ser el de 95,28, aunque si en vez de fiarnos de nuestras apreciaciones lo hiciéramos de las del doctor Villar Salinas, la cifra se reduciría a 160.412 vidas, y si pusiéramos nuestra confianza en el INE, a 154.902. En cualquier caso, resulta evidente que durante nuestra guerra murieron de muerte natural unas 160.000 personas más de las que era razonable esperar, y de ellas, según mis cálculos, 80.809 eran niños menores de cinco años y 25.098 ancianos que murieron de senilidad, pero prematuramente. Las muertes se las reparten principalmente las enfermedades infecciosas (25.366), diarreas y enteritis (22.000) y enfermedades del corazón (37.783).
Hambre, azote de la guerra
Trasladado todo esto al mapa, se pone de manifiesto la superior incidencia que tuvo la enfermedad en el territorio republicano, en donde las dos provincias que pasan del índice 130, las cinco que superan el 120 y cinco de las seis que rebasan el 110 formaron parte de él, mientras que no lo hizo ni una sola de las que mejoraron su situación en relación a 1935, pues el caso insólito de las provincias de Guadalajara, Toledo, Huesca y Teruel se debía, más que a la bondad de su posición sanitaria aparente, a la evacuación de una parte importante de su población. Guadalajara y Toledo la evidenciaron al rebasar ampliamente el 100 en 1939, y Huesca y Teruel, aunque conservaron posiciones envidiables, también vieron crecer su mortalidad en ese año, a pesar del notable descenso de su población. El valle del Duero íntegro, macizo medular de la zona nacional, y con él Guipúzcoa, Baleares y Orense constituyeron un núcleo resistente a la enfermedad, y el resto del territorio nacional se mantuvo en discretísimos niveles, incluso en esa región sudoccidental tan proclive a las endemias y que habría de sufrir terriblemente la dureza de las circunstancias de la vida de la posguerra. Badajoz, Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cáceres y Huelva mantuvieron índices que, en orden decreciente, iban del 105,4 de la primera al 100,2 de la última, es decir, muy próximos a la par. De todo ello se deduce que en la evolución sanitaria del país influyó, tanto como la guerra, la administración, que atenuaba o agravaba los desfavorables efectos de aquélla, y así éstos fueron muy moderados en la zona nacional, donde una austera gestión de los recursos disponibles garantizó el abastecimiento de la población, y se acusaron de forma verdaderamente pavorosa allí donde una total ausencia de la economía de fuerzas y medios dio como resultado un enorme despilfarro de material y recursos. La misma conducta que en lo militar produjo una angustiosa penuria allí donde los elementos utilizables permitían contar con una reconfortable seguridad, originó que la enfermedad y la muerte avanzaran mucho más allá de lo inevitable.
El hambre, azote que era endémico en el país y que se cobraba anualmente del orden de 250 víctimas -233 en 1934, 239 en 1935-, fue una sombra nefasta que se cernió sobre toda la Península, reclamando una terrible contribución de vidas. En los años anteriores a la guerra eran muy pocas las provincias que se veían libres de esa plaga, y esta hambre ancestral se recrudeció durante la guerra, registrándose 2.485 muertes por esta causa, siendo la sobremortalidad de 1.708 defunciones durante el período 1936-1939. En 1938 se alcanzó el máximo con 1.111 españoles fallecidos de inanición, siendo Barcelona, con 735 defunciones por esta causa, la que ocupa un primer lugar muy destacado. En el conjunto de la guerra, las siete provincias más afectadas fueron, por este orden, Barcelona, Madrid, Murcia, Ciudad Real, Almería, Gerona y Vizcaya, con una sobremortalidad de 1.026 defunciones para Barcelona y 141 para Madrid; las restantes registraron cifras inferiores al centenar, pero si de la sobremortalidad pasamos al número absoluto de fallecimientos, desaparecería de la lista Vizcaya, sustituida por Cádiz, provincia en la que ya antes eran frecuentes las muertes por hambre, que, como la enfermedad, se cebó preferentemente en territorio republicano. Después de que en 1940 las defunciones por esta causa disminuyeran a 490, 1941 con 1.093 y 1946 con 1.120 señalarían dos nuevas crestas, correspondiendo a la última de ellas el máximo absoluto del siglo. A partir de este año se reanuda una situación que es de precaria normalidad, porque todavía siguen muriendo de hambre en España tantas personas como antes de la guerra. Habría que adentrarse en la década de los cincuenta para que esta calamidad se alejara definitivamente de nuestra patria. Durante esta dura posguerra son 1.784 las muertes por hambre que se registran por encima del promedio de 1935. El total de fallecimientos ocurridos por esta causa en los años comprendidos entre 1936 y 1950 fue de 7.916.
La zona del hambre, que durante la guerra se había trasladado con preferencia a las grandes ciudades y a las provincias levantinas, retorna a su feudo tradicional y se desplaza muy acusadamente hacia el sudoeste y La Mancha. Esta amplia zona, con población subalimentada, fue también muy vulnerable a la enfermedad. En 1941, el índice de mortalidad, que había descendido a 103,7 con respecto a 1935, se elevó hasta 121,7 y tuvo una terrible incidencia en todas esas provincias. Huelva, con el dramático índice de 202,9, ocuparía un destacado triste lugar, seguida por Badajoz con 197, Cádiz con 170,7 y Sevilla con 161,4. A partir de 1942, las cosas evolucionarían de modo favorable, pero las provincias sudoccidentales seguirían ocupando los lugares de cabeza en la tabla de mortalidad, aunque mejorando notablemente sus posiciones. Huelva, con el índice 128,2, se mantendría en el primer puesto, seguido de Badajoz, Cádiz y Sevilla, con índices que oscilarían entre el 119,3 de Sevilla y el 105,5 de Badajoz. La mejoría, sin embargo, era en parte engañosa, porque durante el año precedente se había producido un acusado rejuvenecimiento de su población al morir todos sus habitantes más débiles, en especial ancianos y niños, presunción que se confirma en 1943, año en el que ceden los primeros puestos a provincias totalmente nuevas en la tabla y con tasas de mortalidad de partida muy bajas. Las Palmas, con un índice de 115,8, y Tenerife, con 114,5, ocuparon los dos primeros lugares.
La sobremortalidad observada con respecto a 1935 afectó durante el cuadrienio a 43.779 personas, y al introducir el índice corrector para hacer intervenir el descenso que debiera haberse operado en la mortalidad en función de la línea teórica que debieron seguir las defunciones, éstas hubieran disminuido durante el período considerado en 87.594 según el INE, en 101.192 de acuerdo con las previsiones de Villar Salinas y en 115.440 según mi estimación personal. Sumando éstas a las 43.789 observadas, la sobre mortalidad real es de 159.219 muertes, de las que 50.408, es decir, el 43,66 por 100, afectaron a niños menores de cinco años, y muy cerca de 20.000 a ancianos que murieron antes de lo esperado. Unas y otras se reparten de forma prioritaria, como durante la guerra, entre las enfermedades infecciosas, tumorales y del corazón.
Sumadas las 159.000 calculadas por nosotros como cifras más probables para el cuadrienio a las 165.612 que dedujimos para el anterior, llegamos a la cifra total de 324.831 fallecimientos naturales más que los que cabía esperar. Las estimaciones de Villar Salinas y, sobre todo, las del INE reducen apreciablemente esta cifra, dejándola en 304.862 el primero y en 285.764 el INE.
En todo caso, creo que puede establecerse, con toda seguridad, que pasaron de 300.000 las defunciones debidas al incremento de mortalidad por enfermedad consecuencia de la guerra. Las cifras de 1935 fueron rebasadas en 164.991 óbitos. El año 1943 presenció la ir reinstalación en la línea de tendencia abandonada en 1937, y en el mismo se observó un número de defunciones inferior al calculado por Villar Salinas, el INE e incluso al previsto por mí. De acuerdo con las tesis de Villar Salinas, en él se debió llegar al índice 91,68; según el INE, al 92,88, y siguiendo mi cálculo ponderado, al 90,56, pero mejorando todas esas previsiones se alcanzó el 88,83. Como quiera que sea, resulta claro que le se había restablecido la situación; la incidencia de la guerra en la demografía española había tocado fondo. Sin embargo, como ocurrió con el hambre, el año 1946 presenció una pasajera recaída en la interrumpida mejoría de nuestra enfermería nacional, y las defunciones por causas naturales fueron 20.779 más que el año anterior, pero en el siguiente se reanudó la normalidad. Incluso en ese año 1946, el número de defunciones disminuyó con respecto a cualquiera de los años anteriores -excepto 1943-, incluidos los de la preguerra.
