A diferencia de lo ocurrido con España en 1975 cuando se fusilaron a cinco asesinos de ETA y FRAP -ejecución que fue respondida clamorosamente en muchos países europeos- la aplicación de la justicia francesa no tuvo resonancia alguna al ejecutar, mediante el moderno sistema de la guillotina, tan francés él, a un agricultor tunecino de 28 años, con las facultades mentales disminuidas, y autor del asesinato de la joven de 20 años Suzanne Bousquet, a la que dio muerte después de torturarla. Lo ejecutaron en 1977.
El tunecino, de nombre Hamida d’Jandoubi había sido un hombre normal hasta 1971 en que como consecuencia de un accidente laboral, perdió una pierna y cambió su actitud, que a partir de entonces mostró anormalidad mental.
Pero no era una cuestión aislada esa aplicación de la pena de muerte en Francia; bajo la Presidencia del recientemente fallecido, Valery Giscard D’Estaing, este era el tercer guillotinado y la segunda aplicación de aquella aquel año. Por supuesto ni El Vaticano ni los izquierdistas en el continente se dejaron oír.
No deja de ser interesante este episodio por lo que se refiere a la justicia francesa. Muchos años después, el 5 de enero de 2017, Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París de ABC publicaba una crónica, de la que, por su interés, transcribo algunos párrafos:“El presidente francés François Hollande, habría ordenado durante los tres últimos años la ejecución extrajudicial de unos cuarenta yihadistas o presuntos yihadistas, sin cobertura legal ni jurídica de ningún tipo.
Hace meses Hollande reconoció personalmente haber ordenado “la eliminación física” de varios terroristas y presuntos terroristas, en un explosivo libro de conversaciones con dos periodistas del vespertino “Le Monde”.
Tanto el historiador Vincent Nouzille como “Le Monde” han vuelto a reafirmar que, en verdad, el presidente Hollande ordenó entre 2013 y 2016 unas cuarenta “ejecuciones selectivas” consumadas fuera de Francia por comandos “de acción exterior” de los servicios de seguridad nacionales que definen tales asesinatos como “operaciones homo”, de homicidas.
En 1985, por ejemplo, el presidente François Miterrand ordenó a los servicios secretos franceses la “neutralización” (hundimiento) del Rainbow Warrior, barco insignia de la organización ecologista “Greenpeace”. En aquella operación murió un fotógrafo portugués, Fernando Pereira, víctima de un comando militar francés del que formaba parte un hermano de la luego ministra de Medio Ambiente, Segolene Royal, madre de los cuatro hijos del presidente Hollande.
Más de treinta años después, Hollande habría autorizado numerosas “operaciones homo”en Malí, Siria, Etiopía, Libia y Egipto, entre otros escenarios estratégicos.
En este terreno, Hollande ha trabajado en estrecha colaboración con varios aliados privilegiados, comenzando por el presidente Barack Obama, bajo cuyo mandato EEUU ha recurrido de manera sistemática a la ejecución sumaria, sin cobertura jurídica, de numerosos “HVI” (high value individuals -individuos de gran valor), eufemismo burocrático para nombrar a personas consideradas como asesinos peligrosos por los servicios de seguridad aliados.
Este tipo de intervenciones, francesas y aliadas, escapan a toda cobertura diplomática, internacional o judicial. Se trata de “operaciones homo” decididas en Washington y París, sin consulta diplomática ni jurídica de ningún tipo.
Si a estos episodios sumamos los autorizados por Margaret Thatcher en Gibraltar, o las actuaciones norteamericanas en varios Guantánamos, por no incidir en más casos, no se comprenderán, sobre todo, las protestas internacionales europeas, incluida la vaticana, cuando en los estertores del antiguo Régimen (1975) se fusiló a cinco asesinos, en la legalidad más absoluta. Aquello eran cosas de una dictadura, aunque llovía sobre mojado, desde 1909 por ejemplo.
