Antes de comenzar la lectura, conviene advertir que este artículo presenta un desarrollo extenso y detallado, fruto de un análisis riguroso y documentado. Precisamente por su profundidad y longitud, recomendamos a nuestros lectores aprovechar la opción de descarga en PDF que ofrece nuestra web.
De este modo, podrán leer el contenido con mayor comodidad, sin conexión a internet y en cualquier momento, ya sea desde el ordenador, la tablet o el móvil. Una forma práctica de disfrutar la lectura a su ritmo y sin interrupciones.
«La colonización que se está llevando a cabo actualmente en España difiere notablemente de las colonizaciones realizadas en tiempos anteriores dentro de nuestra Patria. Las diferencias afectan no sólo a circunstancias accidentales, sino también a elementos esenciales. Esencialmente, la que se viene practicando a partir del año 1939 es una colonización completa por afectar a la totalidad de los elementos que intervienen en la misma, y considera como factor fundamental al colono, en cuanto persona humana y sujeto de la colonización, que no es mero objeto o agente instrumental de que se sirva el Estado para llevar a cabo una simple transformación de los medios de producción y del proceso productivo agrícolas». (Leal García, 1955, p. 89).
Todos los poblados del INC se construyen siempre y en su totalidad con dinero público. El propio Instituto aporta un 10 % del valor del proyecto, un 40 % proviene de un préstamo sin intereses del INV y el 50 % restante corresponde a un préstamo al 4 % de interés concedido por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, que pronto pasa a ser el Banco de Crédito a la Construcción.
Por Decreto de 6 de abril de 1938 se pone en marcha el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra[1], con el ingeniero agrónomo y camisa vieja Ángel Zorrilla Dorronsoro al frente. Se trata de la interpretación del bando insurrecto de las políticas de reforma agraria llevadas a cabo durante la II República. Zorrilla Dorronsoro elabora un proyecto dividido en cuatro partes: antecedentes históricos, la doctrina y la realidad, disposiciones necesarias, y actuación inmediata de indudable interés.
«Este largo título representa ya un claro cambio de criterio en relación con la antigua Reforma Agraria. Los dos años que duró este Servicio fueron principalmente de reorganización y estudio. Se liquidó gran parte de la actuación de Reforma y se trazaron las directrices y los jalones de la política de colonización que se inicia en 1939, cuando desaparece este Servicio y se crea en su lugar el Instituto Nacional de Colonización». (Díaz Pinés, 1963, p. 6).
El SNREST cuenta con la colaboración financiera del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, Pósitos y Seguros del Campo[2] para llevar a cabo su programa de actuaciones. Tiene entre sus competencias parcelación, concentración parcelaria, patrimonio familiar, acceso a la propiedad, racionalización del sistema de explotación, mejoras permanentes, vías pecuarias y rurales, transformación del secano al regadío, embellecimiento de la vida rural, créditos y seguros agrarios.
El 18 de octubre de 1939[3], como relevo del SNREST —disuelto el 6 de abril del mismo año— y del SRA[4] también fundado durante la Guerra Civil «…con objeto de poner en cultivo, con la mayor rapidez posible, las zonas liberadas, recoger todos los productos agrícolas, cosechas pendientes y elementos de producción que se encuentren abandonados en dichas zonas al ser conquistadas por nuestras tropas, así como los que se hallaren en graneros o depósitos colectivizados, y administrar las fincas e industrias agrícolas anejas de dichos territorios, cuyos propietarios hubiesen desaparecido», nace el Instituto Nacional de Colonización (INC)[5], dependiente del Ministerio de Agricultura, con la intención de sustituir los proyectos de redistribución de la tierra esbozados durante la II República y aplicados por el IRA, por la transformación del medio rural mediante la extensión del regadío, el aumento de la productividad y la construcción sobre todo en las cuencas fluviales más importantes de casi trescientos nuevos pueblos, que alojaron a unas 55.000 familias entre 1945 y 1970[6]. Desaparece de la documentación del INC toda referencia al término reforma agraria, que reaparecerá con la creación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)[7].
En el relevo del SNREST por el INC, esta es la valoración que realiza Zorrilla Dorronsoro:
«Nuestro pensamiento fundamental es que la reforma agraria, tan agudamente sentida por todos los españoles en los pasados tiempos, no es más que una consecuencia de nuestro desarrollo industrial, desarrollo industrial que, a su vez, es necesario para seguir de verdad una política, ya que solo él da la autonomía imprescindible para defender el pensamiento que toda política lleva consigo.
Nuestro primer jalón, por tanto, es no olvidar que, haga cuanto hiciera el Instituto de Colonización, el clamor de los campesinos de España, la belleza de sus pueblos, la elevación de vida de sus habitantes, no será un hecho en tanto no se haya equilibrado debidamente la economía española, desarrollando hasta el justo límite nuestra industria y nuestro comercio y no de un modo cualquiera, sino preferentemente en las zonas en que su raquitismo es más evidente, venciendo en ellas todas las dificultades que la falta de tradición industrial, de sentido financiero, de capacidad técnica se opongan al logro de tal resultado».
Tal y como indica en su texto fundacional: «El Instituto Nacional de Colonización asume actualmente todas las atribuciones que por la Ley de 1907 y el Reglamento de 1918 fueron conferidas a la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior».
Para algunos autores, la burguesía urbana, los obreros industriales influenciados por los sindicatos, las multinacionales y las grandes oficinas de las ciudades representan los valores de las influencias modernas y extranjeras, y son fuente de muchos de los problemas generados durante la etapa política anterior y que condujeron a España al abismo de la guerra; lo que algunos autores denominan el ambiente artificial urbano. Y esta sensación viene de muy atrás:
«En líneas generales, durante la primera mitad del siglo XIX, frente a una ciudad mayoritariamente liberal (aunque con bolsas de proletariado absolutista) encontraremos un campo fundamentalmente conservador cuando no absolutista». (Cepeda Gómez, 1999, p. 19).
En esta nueva fase de autarquía y aislamiento internacional, se verá en la agricultura el principal apoyo económico y moral del país y la producción agrícola se ve como sustituta de la industria devastada en la guerra o simplemente inexistente. No olvidemos que en el mundo rural, por lo general conservador y tradicional, encontró el Alzamiento Nacional uno de sus principales apoyos. Resultan interesantes en este sentido los resultados electorales de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y de las elecciones generales del 16 de febrero y 1 de marzo de 1936, con resultados muy dispares entre las grandes ciudades y el campo.
«El Movimiento, mucho más que una lucha de clases, tiene las características de un alzamiento del campo contra la ciudad, de la agricultura contra la industria. Fueron, en efecto, las regiones agrícolas las que desde el primer momento se pusieron al lado del Caudillo». (Martín Sanz, 1946, p. 10).
En los poblados del INC se intentará forjar el nuevo hombre de la nueva España: trabajador, rural y cristiano. No olvidemos que por ejemplo Unamuno[8] habla de la población rural como depositaria del espíritu de la raza.
«Estas políticas predominantes en las primeras décadas del franquismo defienden que los valores morales y el orgullo nacional proviene de lo que ofrece el medio rural. Se estimaba que desde este contexto la redención de una España ideológica y económicamente a la deriva sería mucho más fácil al no tener que hacer frente a los grandes problemas que comenzaban a asolar las ciudades: el liberalismo, el proletariado y la industrialización. Se reconoce, por tanto, una cultura campesina que es la que salvará de todos los males a la nueva sociedad». (García Redondo, 2016, p. 346).
«Si el Movimiento Nacional tiene una virtualidad, es porque ha venido a rectificar los errores de un siglo. El Movimiento Nacional ha venido a vivir de cara al mar y de cara al campo; a destruir aquel mal espíritu ciudadano que se compendia en aquella frase del señoritismo español que habló de los ‘burgos podridos’. Pero si vengo a alentaros no vengo a ofreceros regalías ni injusticias, ni favoritismos. Vengo a poneros frente a las realidades, como venís poniéndoos vosotros frente a ellas, durante generaciones que se suceden en la dura lucha del campo».[9]
«En este contexto de búsqueda de estabilidad de la población rural y de una base económica firme para la recuperación del país no se puede obviar el matiz ideológico de la colonización franquista. La atención de Franco al mundo rural, incluso antes de terminar la guerra, respondía a la mitificación de la familia rural católica y la defensa que hizo Falange de sus valores sentimentales y morales como depositaria del genuino ‘espíritu nacional’». (Flores Soto, 2013b, p. 732).
«El verdadero pueblo, el más numeroso, el más sufrido, el más trabajador, el más pacífico estuvo desde el primer momento al lado del Movimiento Nacional y está hoy dando su sangre para redimir a la Patria. El campo español se vació de sus jóvenes fornidos, resistentes, austeros para llenar los cuarteles, primero, y los frentes de batalla, después. En cambio, la revolución marxista tuvo su apoyo en los obreros bien pagados, de la ciudad; los panaderos de Madrid con seis horas de jornada y jornales de once a treinta pesetas; los tipógrafos socialistas con sueldos de quince y treinta pesetas diarias; los obreros textiles o los metalúrgicos, con muchos mayores ingresos al año y con mucho menor trabajo que el campesino navarro, gallego, aragonés o castellano, al que pomposamente llaman a veces burgués, pequeño propietario, que trabaja mucho más y gana mucho menos que aquellos obreros marxistas. No, la revolución comunista en España, el sanguinario terror rojo no ha sido la obra desesperada de los míseros, sino el desahogo vicioso de los concupiscentes». (La Nueva España agraria, 1937, p. 64).
La Ley de bases de colonización de grandes zonas, aprobada el 26 de diciembre de 1939[10], para algunos autores la verdadera propuesta de reforma agraria del franquismo, facilita el arranque de los proyectos del INC y recoge esto en su texto:
«La doctrina política del Nuevo Estado señala con jalones precisos la dirección que orienta su Reforma Agraria.
Ha de ser el primer paso, así lo señalan repetidos textos de José Antonio y el Caudillo, la colonización de grandes zonas del territorio nacional, especialmente de las que ya dominadas por el agua esperan hace años el riego que ha de fecundar sus tierras.
No sólo intereses, a veces legítimos y respetables del capitalismo rural, sino también otros bastardos, han dado lugar en los tiempos pasados amparándose en el Estado liberal y parlamentario a que la transformación más revolucionaria que puede hacerse en el suelo, el riego, se dilate por decenios enteros impidiendo la obtención de inmensos beneficios económicos y sociales para la nación entera.
El clamor de los combatientes y del pueblo, y la sangre derramada por los ideales de la nueva revolución, exigen la colonización de grandes zonas regables, la realización de otros trabajos de alto interés nacional en el secano. La creación de miles de lotes familiares donde el campesino, libre, emplee esta libertad en sostener y defender, si es preciso, la patria, colaborando a la vez con el trabajo a su engrandecimiento».
Dicha Ley confía básicamente en la iniciativa privada y en la voluntad de los propietarios de aportar sus tierras al proyecto, circunstancia que beneficiará teóricamente a todas las partes, pero que en la práctica significa que el INC tan sólo puede adquirir aquellas fincas que sus propietarios le ofrecen de manera voluntaria. Ante el poco entusiasmo mostrado por los terratenientes, ésta y la Ley de 25 de noviembre de 1940 son sustituidas por la Ley de 27 de abril de 1946 sobre expropiación de fincas rústicas, con la debida indemnización, previa declaración de interés social[11] y por la Ley de 21 de abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables[12], que se basa en la experiencia de la colonización agrícola llevada a cabo desde la Administración en grandes zonas del oeste de los EE.UU. por medio del Columbian Basin Project de 1943. Gracias a esta ley, es el Estado español el que toma la iniciativa ante la tibia respuesta de los propietarios a ceder, vender o perder sus tierras, o simplemente intentar desprenderse de las de peor calidad. El artículo 32 del Fuero de los Españoles[13] refuerza los planteamientos de la Ley:
«En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes».
El INC se compone de la Secretaría General, la Asesoría Jurídica, la Asesoría Técnica, Preparación de suelo e ingeniería rural, Explotación y embellecimiento de la vida rural, y cuatro secciones encargas de la formación de los colonos. El jefe de la Asesoría Jurídica del INC es el abogado del Estado Alfredo Cejudo Lletgel.
Sección Primera: selección de colonos, capacitación de los mismos en los centros de formación, educación de los hijos de los colonos, asistencia sanitaria y religiosa.
Sección Segunda: preparación del suelo cultivable, infraestructuras hidráulicas.
Sección Tercera: dirección de las explotaciones agrarias, suministro de ganado, semillas o maquinaria, nuevas técnicas de cultivo.
Sección Cuarta: gestión de las solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los colonos.
Las primeras actuaciones del INC consisten en ampliaciones de núcleos habitados ya existentes. Gracias a la Ley de 27 de abril de 1946, comienzan a expropiarse fincas con la intención de construir poblaciones para alojar a los colonos y convertir las tierras en regadío. Supone un tremendo avance ya que hasta entonces el INC tan sólo podía adquirir las fincas que le eran ofrecidas de manera voluntaria por parte de sus propietarios. La tierra cultivable es algo más que un simple recurso económico para los nuevos gobernantes de la España surgida de la Guerra Civil.
«Los nuevos pueblos no son creados por el Instituto exclusivamente en las Zonas Regables sujetas a la Ley de 21 de abril de 1949, sino que también son edificados en fincas, radicantes en otras comarcas, que son adquiridas por el Instituto, bien para resolver un problema social local y de carácter no circunstancial, bien para acoger en ellas a poblaciones trasladadas como consecuencia de la realización de grandes obras hidráulicas, o bien para dar acceso a la propiedad a antiguos arrendatarios o aparceros». (Leal García, 1955, p. 91).
El 15 de mayo de 1947, san Isidro Labrador es elegido patrono del Instituto, como lo será posteriormente de muchos de los poblados de colonización y como lo era de la Agricultura desde 1940, colocándose en los jardines de la sede central una imagen del santo, obra del escultor José Luis Sánchez. Así mismo, por Decreto de 28 de marzo de 1947[14], el 15 de mayo, festividad del santo, queda instituido como la Fiesta de la Colonización.
En las zonas de actuación del Instituto, éste se queda en propiedad la mayoría de las tierras –tierras en exceso-, otras permanecen en manos de sus antiguos propietarios –tierras en reserva-, y no se tocan aquellas que de manera previa ya han sido convertidas en regadío o presentan un rendimiento aceptable, son las llamadas tierras exceptuadas.
«El Instituto Nacional de Colonización, cuya obra es esencialmente creadora de bienestar y riqueza agrícola, afronta su cometido dentro de tres funciones, que lo facultan grandemente en sus innegables posibilidades, que son: la función técnica, en cuya proyección transforma el suelo agrícola mediante obras adecuadas; la función económica, porque organiza la explotación de las fincas transformadas, elevando sus índices de rendimiento y, por consiguiente, creando mayor riqueza; y en su función social, porque atiende a la mejora de la clase agrícola modesta, proporcionando al labriego el acceso a la propiedad, el acceso a la cultura de él y su familia; la mejora espiritual, por la atención prestada a los servicios religiosos, y la mejora sanitaria por la constante vigilancia de la salud o higiene de sus colonos y familias». (Díaz Pinés, 1963, p. 13).
El INC nace con diversas y ambiciosas motivaciones. Una de las más importantes consiste en impedir o por lo menos intentar regular o ralentizar el continuo flujo de población que abandona el campo para buscar oportunidades laborales y mejores condiciones económicas y de calidad de vida en las grandes ciudades o en las zonas más desarrolladas industrialmente y que comenzaba a causar graves problemas de todo tipo, tanto en el campo como en la ciudad. En una expresión que se utiliza hoy en día con frecuencia, las actuaciones del INC constituyen un intento de fijar población. Que todas aquellas familias que no quieren trasladarse a las grandes ciudades, que desean seguir dedicándose a las tareas agrícolas o que simplemente quieren permanecer en el medio rural dispongan de los medios necesarios para ganarse la vida y también de viviendas y servicios dignos. Que tengan al menos la capacidad de decidir sobre su futuro, que dispongan de alternativas.
También nace el Instituto con una gran escasez de recursos pese a que cuenta desde el momento de su creación con una asignación directa por parte del Estado de cien millones de pesetas, a todas luces insuficientes ante la ambición del proyecto. El plan es muy ambicioso pero no va acompañado de las partidas presupuestarias necesarias aunque esta cuestión irá mejorando con el paso de los años y cuando se va concretando el modelo de actuación. España se halla en plena posguerra y el resto del mundo vive un terrible conflicto bélico. Por otra parte, la política económica autárquica de los primeros gobiernos del general Franco dificulta la recuperación económica del país. El aislamiento exterior y el quedarse fuera del Plan Marshall[15] (1948-1952) tampoco ayudaron. A todo ello hay que sumar un tipo de cambio de la peseta muy alto mantenido de manera artificial por razones de prestigio.
Durante la década de los años cuarenta, el INC emite obligaciones y deuda pública para conseguir la financiación necesaria que le permita llevar a cabo sus proyectos. Esta será la tónica habitual en el Instituto hasta bien entrados los años cincuenta.
«Clarificado el asunto crucial de la propiedad, la actuación del Estado se centró, en materia de reforma agraria, durante los años cuarenta, en la llamada política colonizadora. Es decir, en una reforma agraria de carácter técnico, que tenía objetivos productivistas basados, sobre todo, en la ampliación del regadío (también en la desecación y saneamiento de marismas y zonas pantanosas) mediante la realización de grandes obras hidráulicas y que, como subproducto, originaría la instalación de colonos en las nuevas zonas regadas». (Sánchez Recio et al. 2003, p. 116).
También la legislación laboral[16] ayudará a los propósitos del INC, buscando una armonía no siempre fácil entre capital y fuerza de trabajo, intentando también en este ámbito eliminar, suavizar o reducir los habituales conflictos en el campo, muy especialmente en la zona de Andalucía, y que habían sido una eterna fuente de descontento social y uno de los detonantes de la caída de la monarquía y la llegada del régimen republicano. Durante la guerra, el 11 de junio de 1938, se aprueban por parte del Ministerio de Organización y Acción Sindical los Reglamentos de Trabajos Agrícolas, que sustituyen a las Bases Provinciales de Trabajo Agrícola elaboradas por los Jurados Mixtos del Trabajo Rural, y que se irán aplicando por sectores productivos y provincias en las zonas donde va quedando abolida la legislación republicana.
Ya en el año 1939, comienza a perfilarse lo que será el proyecto sindicalista[17] para los trabajadores del campo, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos[18] (1942-1977), que comienzan su andadura bajo el control directo de la Delegación Nacional de Sindicatos, que no depende directamente de ningún ministerio sino de la Secretaría General del Movimiento, y son de encuadramiento obligatorio para todos los trabajadores del sector[19]. En algunas sedes de las Hermandades, especialmente en pueblos de gran tamaño, se instalan los Centros de Medicina Social Agraria, primeros esbozos de la prevención y el tratamiento de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el ámbito laboral del campo.
«Todo propósito de política agraria en el nuevo Estado español se ha de asentar en la realidad constructiva de las Hermandades Sindicales de Labradores».[20]
Los Delegados Nacionales de Sindicatos fueron los siguientes:
| Nombre | Periodo |
| Gerardo Salvador Merino (1910-1971) | 1939-1941 |
| Fermín Sanz Orrio (1901-1998) | 1941-1951 |
| José Solís Ruiz (1913-1990) | 1951-1969 |
| Enrique García-Ramal Cerralbo (1914-1987) | 1969-1974 |
| Enrique de la Mata Gorostizaga (1933-1987) | 1974-1977 |
Su papel es decisivo en la contratación de mano de obra y por lo tanto las Hermandades tienen una enorme responsabilidad, ya que en muchas ocasiones pueden decidir quiénes trabajan, aunque sea por unos días y quiénes no. Al frente de las mismas suelen estar grandes terratenientes o empresarios ganaderos, que tienen así el poder de decidir qué personas trabajan en sus propias fincas.
«Sólo cuando las leyes de tendencia marxista, promulgadas en estos últimos tiempos, han obligado a los labradores a organizarse también por clases, se han constituido agrupaciones de propietarios, otras de arrendatarios y otras de obreros, entre estas la Unión Obrera Campesina de carácter cristiano. Por otra parte, socialistas, comunistas y sindicalistas, habían llevado al campo propagandas y organizado ya algunas huelgas revolucionarias, sobre todo en las comarcas del Sur de España. No hay que decir que todas esas agrupaciones marxistas y los agitadores que las crearon han desaparecido del territorio que vive bajo el Gobierno Nacional». (La Nueva España agraria, 1937, p. 56).
La actividad de la banca privada[21] queda regulada por la Orden Ministerial de 19 de octubre de 1939[22], las modificaciones aplicadas el 17 de mayo de 1940, la Ley de 13 de marzo de 1942[23] y la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946[24]. Esta última reconoce las entidades existentes antes de 1926 y exige la aprobación del Gobierno para todas aquellas de nueva creación e incluso para el crecimiento de las ya existentes[25]. Sólo podían ejercer como banqueros y bancos aquellos que realizaban dicha actividad antes del 18 de julio de 1936, y pone condiciones casi imposibles para el establecimiento de nuevas entidades de crédito. La nueva legislación favorecía claramente a los bancos que habían apoyado el Alzamiento[26].
«Artículo treinta y ocho.- Nadie podrá ejercer el comercio de Banca ni usar la denominación de Banco o Banquero sin figurar inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, que estará a cargo de la Dirección General de Banca y Bolsa. Figurarán en dicho Registro:
- Los que, ostentando la condición de Banco o Banquero con anterioridad a la vigencia del Real Decreto de veinticinco de mayo de mil novecientos veintiséis y habiendo ejercido desde entonces la profesión bancaria, obtengan la previa autorización del Ministerio de Hacienda, que habrán de solicitar antes de primero de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
- Los que, con posterioridad a la vigencia del mencionado Real Decreto, hayan obtenido la debida autorización para usar la denominación de Banco o Banquero y hayan venido ejerciendo la profesión bancaria desde que obtuvieron aquella autorización.
- Los que en adelante obtengan del Gobierno previo informe del Consejo Superior Bancario, la expresada autorización
También podrán obtener la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros aquellos establecimientos que, ejerciendo de hecho la función bancaria en territorio español con anterioridad a dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, continúen en dicho ejercicio y merezcan, por su actuación correcta, a juicio del Consejo Superior Bancario, la inscripción en el aludido Registro».[27]
Una vez más, contemplamos inspiración o continuidad con legislación del Directorio de Primo de Rivera, puesto que parte del espíritu de estas leyes estaba ya contemplado en la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921[28], conocida como Ley Cambó.
La Ley de 31 de diciembre de 1946 de ordenación bancaria pone las bases para el establecimiento de una verdadera banca pública, aunque no nacieron todas las entidades a la vez y se hallan divididas en función de sus diferentes sectores de actividad: Banco Hipotecario de España (1872), Caja Postal (1909), Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero (1919), Banco de Crédito Industrial (1920), Banco de Crédito Local (1925), Banco Exterior de España (1929), Banco de Crédito Agrícola (1962), Banco de Crédito a la Construcción (1962). Todas estas entidades oficiales quedan definitivamente nacionalizadas por medio de la Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre las bases de ordenación del crédito y de la banca[29].
Por medio de una Orden Ministerial de 15 de abril de 1948, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos pueden constituir Secciones de Crédito para conceder préstamos a sus miembros. El crédito para las gentes del campo recibe un impulso definitivo con la unión de las Cajas Rurales en 1957 en la Caja Rural Nacional, que se constituye como cooperativa de crédito agrícola de ámbito nacional. Pocos años más tarde, por medio de la Ley de 1962, se ponen los cimientos para la creación del Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito a la Construcción.
El Banco de Crédito Agrícola sustituye al Servicio Nacional del Crédito Agrícola (SNCA), creado en marzo de 1925, y que estuvo vinculado al IRA desde mayo de 1933. Como sucedió con otros muchos organismos, hubo un SNCA paralelo en el bando Nacional durante la Guerra Civil, trabajando estrechamente con la oficina del Banco de España en Burgos. El SNCA tuvo siempre numerosos problemas para llevar a cabo su labor por la escasez de fondos con la que funcionó habitualmente. Esta situación da un giro con la Ley de 17 de julio de 1946 por la que se facilitan hasta mil millones de pesetas al Servicio Nacional de Crédito Agrícola para la concesión de préstamos a los agricultores[30].
También pueden solicitarse ayudas para la mejora de las viviendas rurales al Patronato de Gestión Onésimo Redondo, vinculado a FET y de las JONS.
También cumplen una función similar otras instituciones como los Gremios Locales de Artesanos y Comerciantes, los Sindicatos Locales o las Cofradías de Pescadores. Las Hermandades son ante todo entidades de ámbito local, para la representación provincial y nacional existen los Sindicatos Verticales del Campo, divididos en los sectores de Cereales; Olivo; Vid, cerveza y bebidas; Frutos y productos hortícolas; Madera y corcho; Azúcar; Ganadería[31]. En estrecha colaboración con el INC trabajarán los Grupos Sindicales de Colonización, creados por el Ministerio de Agricultura el 11 de junio de 1941, y dedicados a los problemas más estrechamente relacionados con los colonos y su trabajo diario[32].
Las gentes del mundo rural comienzan un lento pero imparable proceso de abandono de sus lugares de origen[33], hombres y mujeres en edad laboral rechazan mayoritariamente las faenas del campo ante la imposibilidad de conseguir incluso autoabastecerse o debido a las duras condiciones socioeconómicas en las que viven y en ocasiones dejan atrás casas abandonadas, ganado sin cuidar y cosechas sin recoger. Entre los años 1940 y 1950, un millón de españoles abandona el campo con destino a las ciudades, cifra que aumentó hasta los dos millones trescientos mil entre los años 1951 y 1960.
Con frecuencia, tras un largo viaje en tren, algunas de estas familias se presentan en las ciudades sin ofertas concretas de trabajo ni lugar donde vivir lo que ocasiona problemas de toda índole. En casi todas las ciudades y núcleos industriales de España existe un importante déficit de viviendas de bajo precio o de alquiler, lo que dificulta la absorción de las familias que llegan del campo y fomentará casos de especulación urbanística, construcciones de baja calidad y chabolismo. Además de la escasez de nuevas construcciones hemos de tener también en cuenta las viviendas destruidas durante la guerra y que tuvieron por lo general una lenta sustitución o reparación.
Se aprueba la Ley de 27 de abril de 1946 por la que se considera constitutivo de delito el recibo de primas por el arrendamiento subarriendo de viviendas[34], que intenta poner freno a una actividad que se está haciendo habitual, la de cobrar un sobreprecio por encima de la renta estipulada. «La escasez de viviendas, especialmente sentida en los grandes núcleos urbanos, ofrece a los habituales explotadores de la necesidad un amplio campo de actividades que, revistiendo las características del fraude, amenazan con hacer inocua la actual legislación de arrendamientos urbanos por la falta de un instrumento adecuado para sancionar, en la vía criminal, las tortuosas maquinaciones a que la codicia de los agiotistas viene dando lugar, agudizando así el problema por causas cuya pervivencia resulta incompatible con el sentido profundamente social que caracteriza a la organización del Estado».[35]
La difícil adaptación al medio urbano o al entorno industrial provoca también algunos casos de pequeña delincuencia por parte de personas que no supieron o no pudieron adaptarse a su nueva realidad. Durante algún tiempo, las fuerzas del orden realizan controles en las estaciones ferroviarias de las grandes capitales, obligando a regresar a sus lugares de origen a todos aquellos que habían decidido viajar hasta la gran ciudad sin contrato de trabajo o sin tener alojamiento previsto. Un estudio de 1950 plantea un déficit aproximado de un millón de viviendas en las grandes ciudades.
Se produce un evidente goteo de gentes del campo hacia las grandes ciudades, sus núcleos industriales y sus oportunidades laborales. El campo español, lentamente, va quedando abandonado[36]. La población rural española, que supone un 54 % del total en el año 1900, es el 23 % del total en el año 1990[37]. Los esfuerzos del INC no serán suficientes para fijar población en el medio rural, hombres y mujeres en edad de trabajar marchan en busca de nuevos horizontes y mejores oportunidades para sus hijos. Comienza a hablarse de despoblación y muy pronto de los conocidos conceptos de España vacía o vaciada.
El INC tiene también como objetivos acomodar a las familias que perdían sus hogares e incluso sus pueblos por la construcción de pantanos y otras infraestructuras. Iniciar, continuar o culminar procesos de colonización iniciados en muchos casos décadas antes. Elevar el nivel de la vida de los habitantes del campo mediante la conversión de tierras de secano en regadío. Conseguir la suficiente producción agrícola que permita el abastecimiento del mercado nacional e incluso la exportación de excedentes, impidiendo o reduciendo de paso la importación de dichos productos y por lo tanto el gasto innecesario de las siempre escasas divisas.
En algunos poblados se cultivan algodón y tabaco, dos de los productos más importados y que por lo tanto repercuten de forma más negativa en nuestra balanza de pagos, e incluso con el tiempo y en zonas determinadas se experimenta con cierto éxito con cultivos como el cáñamo, el lino –que sufrió un importante bache en la década de los setenta ante el auge de las fibras artificiales- el lúpulo, el arroz, el cártamo o los girasoles.
También produce España menos maíz del que necesita, pese a que se cultiva en casi todas nuestras provincias, lo que obliga a importar varios miles de toneladas cada año con el consiguiente gasto en divisas. Se intenta incrementar el número de hectáreas dedicadas a su cultivo y se introducen nuevas técnicas, fomentando también el uso de buenas semillas y de abonos químicos, así como el aprovechamiento no sólo del fruto sino también de las hojas como alimento para el ganado o para la elaboración de cestos, capazos y otros elementos.
Para potenciar el cultivo del tabaco en España existe desde 1919 el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, que contará con una Estación de Estudios del Tabaco en un antiguo monasterio de la localidad sevillana de Santiponce. El franquismo legisla sobre la producción del tabaco español por medio del Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se reorganiza el cultivo de tabaco en España, establecido con carácter definitivo por la Ley de 18 de marzo de 1944[38]. El tabaco se cultiva especialmente en las provincias de Cáceres, Badajoz, Sevilla, Granada, Valencia y Santander. El Ministerio de Agricultura y el INC construyen secaderos y locales de fermentación en algunos poblados de colonización. Toda la cosecha de tabaco es comprada por la empresa pública Renta de Tabacos, que vende a su vez el producto terminado a la también pública Tabacalera, S.A. La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea obligó a la liberalización del mercado español de tabacos, así se aprueba el Real Decreto573/1987, de 10 de abril, por el que se determinan las funciones de la Agencia Nacional del Tabaco, y se crea la Compañía Española de Tabaco en Rama, Sociedad Anónima[39]. CETARSA nace con un 79’18 % del capital en manos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y el 20’82 % restante para la multinacional hispano francesa Altadis, S.A. Cuenta actualmente con tres factorías en los municipios de Talayuela, Navalmoral de la Mata y Coria, todas ellas en la provincia de Cáceres.
También se experimenta con nuevas técnicas agrícolas, como el cultivo sobre arena o enarenado y la utilización masiva de invernaderos en el Campo de Dalías, en la provincia de Almería. Estas nuevas técnicas se probaron con gran éxito, logrando cosechas anticipadas, una gran variedad de cultivos y una mayor calidad de los productos. Además, se ganó para la agricultura una enorme extensión improductiva, con pozos de agua con un alto grado de salinidad, batida por los vientos y prácticamente despoblada hasta entonces.
En las Islas Canarias, que reciben por lo general escasa cantidad de lluvias, se experimenta con el cultivo sobre una triple capa formada por arena volcánica sobre tierra vegetal y lava. Sin más agua que la aportada por las escasas precipitaciones, se consiguen gracias al denominado riego seco cosechas de alta calidad de productos tan variados como cepas, chumberas, higueras, calabazas, trigo, maíz, cebollas y tabaco.
También en el archipiélago canario se pone en marcha de manera intensiva el cultivo de tomates, que surtirán al resto de España durante el invierno. Se crean semilleros y unas estaciones de bombeo de agua que les hacen llegar desde el fondo de los valles el líquido elemento. Muchas de las plantaciones de tomates se instalan en terrenos cubiertos de lava volcánica después de volarla con Dinamita.
En las marismas cercanas a la desembocadura del río Guadalquivir, cada año quedaban inundadas por aguas salobres unas 140.000 ha de terreno, haciendo que una enorme extensión de tierra no fuera considerada apta para cultivos de ningún tipo, utilizándose para acoger manadas de ganado bravo que apenas si podía alimentarse.
Las aguas del río Guadalquivir mezcladas con las aguas del mar se infiltraban en la tierra y aumentaban enormemente su salinidad. Por iniciativa del INC, se construyen diques en el río, se arranca la escasa vegetación salinizada existente y se desala la tierra hasta una profundidad de 70 cm. Con estas técnicas se consiguió cultivar con éxito arroz, maíz, tabaco y algodón. Además, se trajo ganado de la raza Santa Gertrudis desde Texas y de raza Hereford desde el oeste de los EE.UU., que cruzado con ganado retinto andaluz proporcionó un excelente resultado.
Otro producto que se utiliza a escala industrial es el esparto, que crece de manera espontánea en tierras malas o improductivas. Se aprovecha para la fabricación de cuerdas, calzado, pasta de papel, en la industria textil y en otros muchos usos. En muchas regiones secas de España crecen de manera silvestre los palmitos, la única especie autóctona de palmera de la península ibérica y de las islas Baleares, que no son convenientemente explotados de manera comercial en los años del INC por no conocerse todavía sus diversas propiedades[40]. Muchos palmitares son transformados entonces en plantaciones de remolacha, maíz o trigo.
Se conceden créditos para la compra de ganado lanar y vacuno con la intención de diversificar la economía y aprovechar los terrenos expropiados por el INC que no eran cultivables o en los que no podía edificarse, como las riberas de los ríos o las zonas situadas alrededor del núcleo de viviendas. Esto provocó algunos problemas con ganaderos de las zonas cercanas a los poblados del INC que hacían pastar habitualmente a su ganado en dichos territorios antes de las expropiaciones y tuvieron que dejar de hacerlo. El programa no tuvo el éxito esperado pese a que los préstamos se concedían a un interés muy bajo y con cinco años de plazo de amortización ya que muy pocos de los colonos tenían experiencia previa, interés o habilidad en la actividad ganadera.
El aumento del nivel de vida de las familias españolas y la baja productividad de las granjas provoca momentos puntuales de escasez de carne de vacuno en el mercado, lo que se intenta solucionar con la Orden de 29 de enero de 1965 por la que se dictan normas para la tramitación de la acción concertada para la producción nacional de ganado vacuno de carne[41].
Los intentos de organización y estímulo de la ganadería desde el Estado no llegan hasta el 11 de julio de 1969 con la creación de la Agencia de Desarrollo Ganadero (ADG, 1969-1984)[42], impulsada por la aportación de un crédito de 25 millones de dólares por parte del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial. El organismo concede créditos, asesoramiento y asistencia técnica a los ganaderos con el objetivo de hacer más rentables sus explotaciones.
El Ministerio de Agricultura construye Centros de Inseminación Artificial Ganadera en muchas provincias, cruzando por lo general sementales ingleses o de razas charolesa o frisona con vacas rubias gallegas, asturianas, pirenaicas, mantequeras leonesas, blancas cacereñas o retintas, obteniendo excelentes resultados. Se traen también ejemplares de vacas holandesas, Aberdeen Angus, Hereford o Shorthorn intentando mejorar la calidad y el rendimiento del ganado bovino español. Además, se intenta acabar con la costumbre de que los mejores chotos van al matadero y el ganadero se queda para la cría con las reses que rechaza la industria cárnica, que suelen ser las peores.
El precursor de la inseminación artificial en España para los animales de granja es el veterinario y militar Domingo Carbonero Bravo[43].
También se llevaron a cabo proyectos similares con el ganado lanar, importando por ejemplo ovejas de raza Lincoln, e intentando mejorar algunas de las razas autóctonas españolas como la merina, la churra, la manchega, la aragonesa, la castellana o la talaverana. La producción de lana continuará siendo de vital importancia en España hasta la aparición y difusión de las fibras sintéticas. Incluso se crearon semilleros donde se probaban semillas traídas desde los lugares más diversos con la intención de mejorar la rentabilidad y la calidad de los pastos locales pensando en una mejor alimentación para el ganado.
Las granjas avícolas procuran también mejorar su rendimiento mediante la adopción de nuevas técnicas de cría, la importación de razas de gran calidad como la Rhode Island norteamericana y la mejora de las instalaciones y la alimentación. Del mismo modo se fomenta la cría de patos, ocas, gansos y otras aves, así como la cunicultura.
Para mejorar la producción porcina se introducen razas extranjeras de gran calidad, mayor producción de carne y ciclos cortos de crianza, como la Berkshire, la Landrace, Large Black o Large White. En cuanto al ganado caprino, las habituales razas españolas murciana, malagueña y granadina se consideran muy valiosas por su capacidad omnívora y su relativa gran producción de leche y carne.
Por toda España, la Agencia de Desarrollo Ganadero instala laboratorios que analizan continuamente la calidad de los productos de consumo y realizan un control exhaustivo de las enfermedades y el bienestar animal. Además, cuenta como apoyo para sus distintas responsabilidades con los Centros de Reproducción Dirigida, Centros de Selección y las Estaciones Pecuarias, además de contar con la colaboración de las ganaderías diplomadas y calificadas.
Se instalan centrales lecheras en todas las grandes ciudades, con la doble intención de mejorar la calidad sanitaria de la leche y sus derivados, y evitar la extendida costumbre de añadir agua al producto antes de venderlo.
En 1975, el Banco Mundial aporta un nuevo crédito de 33 millones de dólares y, al agotarse dicho crédito, la Agencia de Desarrollo Ganadero pasa a financiarse a través de las Cajas de Ahorros y de las diputaciones provinciales. Por medio de diferentes Reales Decretos, las Comunidades Autónomas asumieron las competencias de la ADG a lo largo del año 1984.
En 1940 comienzan las obras del Canal del Bajo Guadalquivir, que tendrá una gran importancia en el desarrollo de los proyectos del INC en las provincias de Cádiz y Sevilla. Fue construido por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM, 1939-1962) dentro del programa de Redención de Penas por el Trabajo. Las obras finalizaron en 1962, el canal tiene una longitud de 158 km y actualmente riega una superficie de 80.000 ha.
Hacia 1937[44], un físico y sacerdote jesuita, José Agustín Pérez del Pulgar, diseña por encargo del embrionario Estado franquista el Programa de Redención de Penas por el Trabajo, que permite a un buen número de presos políticos y comunes lograr una reducción de sus condenas a cambio de trabajar en algunas de las grandes obras que el régimen lleva a cabo durante la posguerra. Muchos presos se apuntan al programa de manera voluntaria para ver reducida su estancia en prisión o para romper con la rutina carcelaria y el monótono encierro. Un buen número de empresas de construcción logra de esta manera mano de obra muy barata con la que realizar los encargos recibidos aunque también existieron reducciones de pena por estudios o por recibir formación religiosa.
«La organización y utilización del trabajo de los presos trae como consecuencia, según el citado Decreto, el abono a las mujeres de los reclusos de una cantidad de dos pesetas sobre la una cincuenta que se abonan para manutención del recluso y los cincuenta céntimos que se le entregan en mano, y el de una peseta más por cada hijo menor de quince años que viviere al amparo de la madre, hasta el límite que alcance el jornal de los braceros en la localidad».[45]
La aportación de esta fuerza de trabajo no fue demasiado habitual en la construcción de los poblados del INC pero sí lo fue por ejemplo en las grandes obras hidráulicas como presas, pantanos y canales, y también en el tendido de vías de tren. La construcción de los poblados exigía la participación de personal cualificado y formado para las muchas y diferentes tareas necesarias para levantar una población nueva desde la nada, por lo que las constructoras preferían confiar en su personal habitual o contratar profesionales de manera puntual ante necesidades concretas. Sin embargo, la construcción de canales, pantanos o líneas ferroviarias requería una gran cantidad de mano de obra no especializada. El programa de Pérez del Pulgar está detallado en su obra La solución que España da al problema de sus presos políticos[46], editada en 1939.
El Canal del Bajo Guadalquivir es una de las infraestructuras de riego más importantes de las impulsadas desde el INC. Ahora conecta los modernos embalses de Peñaflor y Don Melendo con un recorrido de 158 km, regando unas 80.000 ha. Su construcción se llevó a cabo entre 1940 y 1962, con la participación de unos 2.000 presos políticos del SCPM apuntados como voluntarios al programa de Redención de Penas por el Trabajo. En el año 2006, el tramo situado entre La Rinconada y Dos Hermanas fue bautizado como Canal de los Presos.
Una de las cuestiones que defiende el INC desde el comienzo de sus actividades es que repartir tierras de secano es equivalente a repartir miseria, por lo tanto toda la obra de colonización irá ligada de manera inseparable con la planificación de grandes infraestructuras hidráulicas y la implantación del regadío.
En la mayoría de los casos se lleva a cabo un proceso simple de venta de terrenos si hay acuerdo entre los propietarios de las fincas y el INC, de no existir acuerdo se procede a menudo a expropiar tan sólo una parte de la finca. Por supuesto se abona al propietario un justiprecio, pero la propiedad se ve también beneficiada por la llegada del riego u otras infraestructuras a la parte que conserva de la finca, lo que es muy valorado por los terratenientes, así que no se producen demasiados litigios contra los procesos de expropiación o venta forzosa[47]. En algunos casos se produce una permuta de terrenos, intentando siempre evitar conflictos y reclamaciones judiciales que puedan eternizar el proyecto.
El proceso colonizador sigue normalmente unos pasos establecidos de manera muy clara:
-Estudio de viabilidad: se estudian las posibilidades reales del proyecto, las posibles dificultades y la rentabilidad de la operación.
-Declaración de Zona de Interés Nacional: el Estado interviene las fincas y bloquea cualquier posible transacción comercial.
-Plan general de colonización: se fijan los objetivos a conseguir y las obras necesarias para llevarlos a cabo.
-Plan coordinado de obras: ordenación del territorio y planificación de las obras tanto de viviendas como de infraestructuras o zonas de riego y cultivo.
-Proyecto de parcelación: diseño de las parcelas concretas que corresponderán a cada familia, asignación de viviendas según las diferentes categorías.
Esto suponía la construcción de viviendas públicas para alojar a los colonos y sus familias. Aunque inicialmente se pretendió impulsar la construcción de viviendas aisladas, situadas directamente en la parcela agrícola, esta posibilidad quedó pronto descartada debido al alto coste de dotar a todas estas viviendas de los servicios necesarios, y también a la escasez de vehículos y combustibles y las dificultades en las comunicaciones propias de la época. Así, se optó por la creación completa de nuevos pueblos, cercanos a las tierras de labor, siguiendo un esquema básico que establecía un asentamiento por cada 20 km2, determinado por un radio de 2,5 km. En escasas ocasiones también se construyeron viviendas dispersas o barriadas integradas en pedanías, pueblos, o núcleos ya existentes.
«Pero el INC se decanta por el segundo modelo, es decir, la creación de viviendas agrupadas formando núcleos de población, un modelo usado ya en la colonización interior realizada en nuestro país en época de Carlos III. Pese a que de cara al trabajo de la tierra pudiera resultar un poco menos productivo, las consideraciones sociales y económicas pesaron más que las meramente productivas. De ese modo, los agricultores podían comunicarse mejor entre ellos, evitando el aislamiento rural que hubiera supuesto la vida en cada parcela aislada, que anularía su vida social. Así podían compartir sus experiencias, les sería más fácil llevar a cabo las tareas de escolarización y la asistencia a los oficios religiosos, permitiendo además un control más eficaz y un ahorro considerable en las obras de urbanización y construcción de los mismos». (Alagón Laste, 2015, p. 6)
Tampoco podemos ignorar que concentrar a la población era facilitar su control. Evitando la proliferación de viviendas dispersas se dificultaba además la actividad de maquis o delincuentes y sus movimientos para abastecerse o esquivar a las fuerzas del orden. Del total de viviendas construidas por el INC, un 93 % están ubicadas en poblado y el 7 % restante lo están de manera dispersa.
«Frente a unas primeras actuaciones más dispersas en la época de Primo de Rivera asociadas a la recién creada Confederación Hidrográfica del Ebro y del Guadalquivir, con fecha muy temprana y en particular en este segundo cauce se optó ya por el modelo concentrado». (Calzada Pérez, 2005, p. 58).
El Ministerio de Agricultura es por lo general encomendado a los falangistas durante el franquismo. Los ministros de Agricultura que tienen mayor influencia en el desarrollo de las actividades del INC son el ya comentado ingeniero de Minas Joaquín Benjumea Burín, que es quien le da impulso y lo acompaña en sus primeros pasos, y el ingeniero agrícola y falangista Rafael Cavestany de Anduaga[48], que dará el empuje definitivo al desarrollo de los proyectos más ambiciosos del Instituto.
«Lo que el campo necesita es una concepción que se eleve por encima de todos los intereses; y hacen falta hombres dispuestos a realizar esa concepción con un sentido apostólico, misional y caballeresco».[49]
Para algunos autores, Cavestany es el ministro que inicia un lento pero constante proceso de desmantelación del antiguo intervencionismo y de la política autárquica en el sector agrario, con reformas clave como la repoblación forestal, incremento de la producción, concentración parcelaria, una mejor selección de los proyectos del INC, los progresos en la mecanización del campo, formación técnica para los campesinos, la creación de industrias de transformación de los productos, aumento de las exportaciones, la mejora de la cabaña ganadera, la elevación de los precios fijos agrícolas y una tímida liberalización general en la agricultura española. Cavestany defiende a menudo que la única reforma agraria que precisa el campo español es su modernización, y para ello plantea que la agricultura pase de ser una forma de vida a convertirse más bien en una actividad económica, y que las explotaciones agrarias, de cualquier tamaño, sean consideradas como empresas. Algunos de sus discursos más importantes están recogidos en su obra Una política agraria[50].
«Al considerar después de nuestra guerra, el problema de la economía agrícola en todo su conjunto, se apreció un índice de posibilidades que podría aumentar la superficie útil en cifras impresionantes. Los kilómetros cuadrados no pueden ser solamente objeto de la geografía o de las mediciones superficiales; tienen como finalidad contribuir al sostenimiento de sus habitantes, obteniendo del terreno los máximos rendimientos». (Díaz Pines, 1963, p. 3).
Cavestany es además el primer ministro de Agricultura que reconoce y admite la realidad de un éxodo continuado e imparable de familias campesinas desde el campo a la ciudad, e intenta incluso sacar conclusiones positivas de una situación que considera ya irreversible. En las actuaciones del INC comienzan a imponerse de manera lenta pero constante las motivaciones puramente económicas a las de tipo social, sin olvidar la importancia de éstas.
«El porcentaje de población activa empleada en nuestra agricultura es excesivo. La política de transformación y mejora agraria en marcha permitirá elevar su nivel de vida hasta un límite decoroso en relación con el del resto de la población, pero no absorbe su plena capacidad de trabajo. Para lograr esta finalidad, que constituye un objetivo que no puede olvidarse, se precisa que actividades ajenas a la agricultura absorban, por lo menos, un 25 por 100 de nuestra población agrícola actual».[51]
Su sucesor, Cirilo Cánovas García[52], lleva a cabo una labor continuista aunque durante su etapa al frente del Ministerio de Agricultura comenzaron los recortes presupuestarios del INC. Durante los mandatos de Cavestany y Cánovas al frente de Agricultura, entre 1951 y 1965, se construyó el 80 % de los poblados del INC.
«Cavestany fue el hombre adecuado en el momento oportuno. Los cambios en la política y en la política económica española, incluida la agraria, respondían, en último término, a movimientos políticos internacionales y, concretamente, a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos». (Barciela López et al., 2013, pp. 146-147).
También es destacable la labor de otros personajes como los falangistas Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra[53], como estrecho colaborador del ministro de Agricultura Carlos Rein Segura –que había trabajado veinte años atrás como ingeniero agrónomo en la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior-, Gabriel Bornás y de Urcullu[54] o Manuel Goytia Angulo[55].
«Si se siguen las declaraciones de Franco y de algunos de sus colaboradores en estos años es fácil percibir que su planteamiento era: incrementar la producción, elevar el nivel de vida de los campesinos evitando la especulación de la intermediación, mantener explotaciones rentables e introducir mejoras técnicas. De hecho, los responsables agrarios insistieron en los años cincuenta en que su reforma agraria tenía poco que ver con el proyecto republicano de raíz político-social, pues el problema real era de orden técnico-económico, por lo que planteaban una ‘transformación económica y social del campo’, como explicaba el Ministro de Agricultura Cirilo Cánovas en los cincuenta y se mantenía a principios de los sesenta por Criado Abad». (Torres García, 2018 p. 330).
| Ministro de Agricultura | Nombramiento | Cese | Adscripción |
| Raimundo Fernández-Cuesta | 31/01/1938 | 09/081939 | Falangista |
| Joaquín Benjumea Burín | 09/08/1939 | 19/05/1941 | Conservador |
| Miguel Primo de Rivera | 19/05/1941 | 20/07/1945 | Falangista |
| Carlos Rein Segura | 20/07/1945 | 19/07/1951 | Falangista |
| Rafael Cavestany de Anduaga | 19/07/1951 | 25/02/1957 | Falangista |
| Cirilo Cánovas García | 25/02/1957 | 07/07/1965 | Falangista |
| Adolfo Díaz-Ambrona | 07/07/1965 | 29/10/1969 | Falangista |
| Tomás Allende y García-Baxter | 29/10/1969 | 11/12/1975 | Falangista |
«Menciono este asunto[56], además de por la ilusión que puse en sacarlo adelante, porque es un ejemplo, y no el más importante, del gran esfuerzo económico y social que se hizo entonces en el campo con la política de colonización y regadíos; haciendo una reforma agraria en la que, sin demagogias, se expropiaron muchas fincas de grandes terratenientes de las más importantes familias de España, y se hicieron propietarios muchos miles de pequeños campesinos. (…) Fue una reforma realista, plena de sentido social y creadora de riqueza, bien lejos del irracional y antieconómico ‘reparto de tierras’, que sirvió tantas veces de cartel electoral o de banderín de enganche para manifestaciones y revueltas». (De la Fuente, 1998, p. 80).
Todas las cuestiones se afrontan como si de un combate se tratase, como continuidad de los esfuerzos realizados durante la guerra ahora en tiempos de paz. La batalla por mejorar la calidad de vida de las gentes del campo constituye una lucha constante en la que hay que perseverar:
«La Revolución es como una gran batalla que hay que mantener. No es un combate en que se venza para disfrutar tras él de reposo y descanso; es una lucha continua, necesita de un celo, de una continuidad, de una vigilia permanente; y esta vigilia tensa y permanente no surge por sí misma, la mantienen sólo los que poseen amor al servicio y al sacrificio, esa minoría inasequible al desaliento a la que antes me refería, que si a algunos parezca no interesarle, es decisiva para nuestro porvenir, para el pueblo español y para la Nación entera».[57]
Para el diseño de las nuevas poblaciones, inspiradas de alguna manera en los programas italianos de Bonifica Integrale y Città Nuova, se recurre a los más prestigiosos arquitectos y urbanistas de España. En algunos de los primeros documentos del INC se hace referencia a los trabajos del arquitecto Franco Albini[58] y otros en poblaciones satélite de la ciudad de Milán y otras actuaciones en la Italia de la posguerra.
«La experiencia de un régimen totalitario con la regeneración de su mundo rural, teniendo a la agricultura como motor económico del país y a los campesinos como reserva moral y espiritual de la raza, se dio en los regímenes autoritarios contemporáneos con los que el franquismo inicial mostró claras sintonías ideológicas».(José Antonio Flores Soto en CICEES, 2016, p. 71).
El 10 de noviembre de 1939 es nombrado director general del INC Ángel Zorrilla Dorronsoro que ya lo había sido del SNREST y del SRA; «La Era Azul no puede entenderse bien, creo yo, sin la continua dialéctica campo-ciudad que en el fondo se puede encontrar en todas las guerras civiles del XIX» (De Miguel Rodríguez, 1975, p. 55). Zorrilla Dorronsoro será el máximo responsable del INC entre 1939 y 1946.
Reproducimos a continuación un extracto de los discursos pronunciado por José Antonio en el Parlamento los días 23 y 24 de julio de 1935 con referencia a las ideas de la Falange sobre la reforma agraria:
«El tema de toda esta discusión creo que puede encerrarse en una pregunta: ¿Hace falta o no hace falta una Reforma agraria en España? Si en España no hace falta una Reforma agraria, si alguno de vosotros opina que no hace falta, tened el valor de decirlo y presentad un proyecto de ley que diga: “Artículo único. Queda derogada la ley de 15 de septiembre de 1932”. Ahora, ¿hay alguno entre vosotros, en ningún banco, que se haya asomado a las tierras de España y crea que no hace falta una Reforma agraria? Porque no es preciso invocar ninguna generalidad demagógica para esto; la vida rural española es absolutamente intolerable. Prefiero no hacer ningún párrafo; os voy a contar dos hechos escuetos. Ayer he estado en la provincia de Sevilla: en la provincia de Sevilla hay un pueblo que se llama Valdolatosa; en este sitio salen a las tres de la madrugada las mujeres para recoger los garbanzos; terminan la tarea al mediodía, después de una jornada de nueve horas, que no puede prolongarse por razones técnicas, y a estas mujeres se les paga una peseta.
Otro caso de otro estilo. En la provincia de Ávila hay un pueblo que se llama Narros del Puerto. Este pueblo pertenece a una señora que lo compró en algo así como ochenta mil pesetas. Debió de tratarse de algún coto redondo de antigua propiedad señorial. Aquella señora es propietaria de cada centímetro cuadrado del suelo; de manera que la iglesia, el cementerio, la escuela, las casas de todos los que viven en el pueblo, están, parece, edificados sobre terrenos de la señora. Por consiguiente, ni un solo vecino tiene derecho a colocar los pies sobre la parte de tierra necesaria para sustentarle, si no es por una concesión de esta señora propietaria. Esta señora tiene arrendadas todas las casas a los vecinos que las pueblan, y en el contrato de arrendamiento, que tiene un número infinito de cláusulas, y del que tengo copia, que puedo entregar a las Cortes, se establecen no ya todas las causas de desahucio que incluye el Código Civil, no ya todas las causas de desahucio que haya podido imaginarse, sino incluso motivos de desahucio por razones como ésta: “La dueña podrá desahuciar a los colonos que fuesen mal hablados”. Es decir, que ya no sólo entran en vigor todas aquellas razones de tipo económico que funcionan en el régimen de arrendamientos, sino que la propietaria de este término, donde nadie puede vivir y de donde ser desahuciado equivale a tener que lanzarse a emigrar por los campos, porque no hay decímetro cuadrado de tierra que no pertenezca a la señora, se instituye en tutora de todos los vecinos, con esas facultades extraordinarias, facultades extraordinarias que yo dudo mucho de que existieran cuando regía un sistema señorial de la propiedad.
Pues bien: esto, que en una excursión de cien kilómetros se encuentra repetido por todas las tierras de España, nos convence, creo yo que nos convence a todos, de que en España se necesita una Reforma agraria. Ahora, entiendo que, evidentemente, la Reforma agraria es algo más extenso que ir a la parcelación, a la división de los latifundios, a la agregación de los minifundios. La Reforma agraria es una cosa mucho más grande, mucho más ambiciosa, mucho más completa; es una empresa atrayente y magnífica, que probablemente sólo se puede realizar en coyunturas revolucionarias, y que fue una de las empresas que vosotros desperdiciasteis a vuestro tiempo.
La Reforma agraria española ha de tener dos partes, y si no, no será más que un remedio parcial, y probablemente un empeoramiento de las cosas. En primer lugar, exige una reorganización económica del suelo español. El suelo español no es todo habitable, ni muchísimo menos; el suelo español no es todo cultivable. Hay territorios inmensos del suelo español donde lo mismo el ser colono que el ser propietario pequeño equivale a perpetuar una miseria de la que ni los padres, ni los hijos, ni los nietos se verán redimidos nunca. Hay tierras absolutamente pobres, en las que el esfuerzo ininterrumpido de generación tras generación no puede sacar más que cuatro o cinco semillas por una. El tener clavados en esas tierras a los habitantes de España es condenarlos para siempre a una miseria que se extenderá a sus descendientes hasta la décima generación.
En este proyecto del señor ministro de Agricultura se dice que la propiedad será pagada a su precio justo de tasación, y se añade que no se podrán dedicar más que cincuenta millones de pesetas al año a estad operaciones de Reforma agraria. ¿Qué hace falta para reinstalar a la población española sobre el suelo español? ¿Ocho millones de hectáreas, diez millones de hectáreas? Pues esto, en números redondos, vale unos ocho mil millones de pesetas; a cincuenta millones al año, tardaremos ciento sesenta años en hacer la Reforma agraria. Si decimos esto a los campesinos, tendrán razón para contestar que nos burlamos de ellos. No se pueden emplear ciento sesenta años para hacer la Reforma agraria; es preciso hacerla antes, más de prisa, urgentemente, apremiantemente, y por eso hay que hacerla, aunque el golpe los coja y sea un poco injusto, a los propietarios terratenientes actuales; hay que hacerla subestimando el valor económico, como se ha subestimado el valor jurídico.
Vuestra resolución del año 31 pudo hacer y debió hacer todas estas cosas. Vuestra revolución, en vez de hacerlo pronto y en vez de hacerlo así, lo hizo a destiempo y lo hizo mal.
Eso hicisteis, e hicisteis otra cosa: hicisteis aquello que da más argumentos a los enemigos de la ley Agraria del año 32: la expropiación sin indemnización de los grandes de España. No todos los grandes de España están tan faltos de servicios a la patria. Lo que era preciso haber escudriñado no es la condición genealógica sino la licitud de los títulos, y por eso había en la ley un precepto que nadie puede reputar de injusto, que era el de los señoríos jurisdiccionales. Los señoríos jurisdiccionales, por una obra casi de prestidigitación jurídica, se transformaron en señoríos territoriales; es decir, trocaron su naturaleza de títulos de Derecho público en títulos de Derecho privado patrimonial. Naturalmente, esto no era respetable; pero no era respetable en manos de los grandes de España, como no era respetable en otras manos cualesquiera. En cambio, fuisteis a tomar una designación genealógica y a fijaros en el nombre que tenían derecho a ostentar ciertas familias, e incluisteis junto a algunos que tenían viejos señoríos territoriales a algunos de creación reciente, a algunos que paradójicamente habían sido elevados a la grandeza de España precisamente por sus grandes dotes de cultivadores de fincas.
No era buena, por esas cosas, la ley del año 32; pero esta que vosotros traéis ahora no se ha traído jamás en ningún régimen, y si queréis repasar en vuestra memoria lo que hizo la Monarquía francesa restaurada después de la Revolución, veréis que no llegó, ni mucho menos, en sus proyectos revolucionarios, a lo que queréis llegar vosotros ahora, porque vosotros queréis borrar todos los efectos de la Reforma agraria y queréis establecer la norma fantástica de que se pague el precio exacto de las tierras, pero con todas esas características: justiprecio en juicio contradictorio, pago al contado, pago en metálico, y si no en metálico, en Deuda pública de la corriente, de ésta que va a crear el señor Chapaprieta dentro de unos días, no ya pagando el valor nominal de las fincas n valor nominal de títulos, sino al de cotización, lo cual equivale a otro aumento del veinte por ciento de sobreprecio, aproximadamente, y después con una facultad de disponer libremente de los títulos que se obtengan. Comprenderéis que así es un encanto hacer una ley de Reforma agraria; en cuanto se compre la totalidad del suelo español y se reparta, la ley es una delicia; pero esto termina en una de estas dos cosas: o la ley de Reforma agraria, como dije antes, es una burla que se aplaza por ciento sesenta años, porque se va haciendo por dosis de cincuenta millones, y entonces no sirve para nada, o de una vez se compra toda la tierra de España, y como la economía no admite milagros, el papel que representa un valor que solamente habéis trasladado de unas manos a otras, deja de tener valor, a menos que hayáis descubierto la virtud de hacer con la economía el milagro divino de los panes y de los peces.
Vosotros, que sois todavía los continuadores de una revolución, aunque esto vaya sonando cada día un poco más raro, habéis tenido que hacer frente a dos revoluciones, y no más que hoy nos habéis anunciado una tercera. Cuando está en perspectiva una tercera revolución, ¿creéis que va a detenerla, que es buena política la vuestra para detenerla haciendo la afirmación más terrible de arriscamiento quiritario que ha pasado jamás por ninguna Cámara del mundo? Hacedlo. Cuando venga la próxima revolución, ya lo recordaremos todos, y probablemente saldrán perdiendo los que tengan la culpa y los que no tengan la culpa.
En este concepto de revolución, lo que yo envuelvo no es el goce de ver por las calles el espectáculo del motín, de oír el retemblar de las ametralladoras ni de asistir al desmayo de las mujeres, no; lo que envuelvo en el concepto de revolución es la atenuación de la reverencia que se tuvo a unas ciertas posiciones jurídicas.
El que no cumpla ninguna función, el que simplemente goce de una posición jurídica privilegiada, tendrá que resignarse, tendremos que resignarnos, cada uno en lo que nos toque, a experimentar una subestimación y a sufrir una merma.
Y después el espectáculo de vuestras risotadas, de vuestros gritos y vuestras interrupciones demuestran que no tenéis en poco ni en mucho la intención de hacernos caso a los que venimos con estas consideraciones prudentes.
Haced lo que os plazca, como ayer os dije. Si queréis anular la ley de Reforma agraria, hacedlo bajo vuestra responsabilidad. Y ateneos a las consecuencias». (Del Río, 1971, pp. 631-638).
En unas declaraciones del camisa vieja Zorrilla Dorronsoro realizadas durante el Consejo Nacional de Colonización, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de noviembre de 1943, queda bastante clara la política del Nuevo Estado en cuanto a la propiedad de la tierra y un hipotético reparto de la misma: «La diferencia de posiciones (en materia de reforma agraria) se fue señalando más y más a lo largo del Movimiento Nacional en una y otra zona, pues, efectivamente, las armas se habían tomado, entre otras cosas, para defender una y otra posición frente a estas cuestiones de modo muy palpable en lo que se refiere al concepto de propiedad de la tierra». (Barciela, 2009, p. 14).
En algunos lugares se apoyó también la continuación o la creación de cooperativas y la puesta en marcha de industrias relacionadas con los productos elaborados en las diferentes zonas, como vino, aceite, esparto, algodón, espárragos, pimientos, tomates o remolacha. La Ley de cooperación de 27 de octubre de 1938[59], la Ley de unidad sindical de 26 de enero de 1940[60], la Ley de 2 de enero de 1942, de cooperación[61], y el Reglamento de 11 de noviembre de 1943[62] para la aplicación de la Ley de cooperación[63], intentan armonizar las cooperativas y las asociaciones profesionales con los planteamientos del Fuero del Trabajo[64]. La visión que del mundo de las cooperativas laborales tienen los sindicatos verticales del franquismo y la propia Falange choca de pleno con el cooperativismo agrario católico –por no hablar del llevado a cabo por grupos socialistas o anarquistas- inspirado y promovido al amparo de la legislación anterior[65] y a los que acabará incorporando por medio de la Delegación Nacional de Sindicatos.
Uno de los principales defensores del cooperativismo dentro de los distintos sectores falangistas es el arquitecto José Luis de Arrese. Algunas de sus ideas sobre esta cuestión están recogidas en su obra Capitalismo, comunismo, cristianismo[66].
«Mientras no se establezca un sistema justo, mientras al obrero y al técnico no se les abran las puertas de la empresa como se le abren al capitalista, mientras se empeñe en conservar para el dinero una jerarquía superior al trabajo y se haga valer contra éste el criterio de que es el único capaz de producir dinero; en una palabra, mientras no se implante el sistema cooperativo, no se llegará a una colaboración total, absoluta y definitiva entre los tres elementos indispensables de la producción; y mientras esto no suceda, la sociedad estará ahí, rota y amenazando en todo momento con acabar a tiros, porque sólo está basada en el poder de los unos y en la necesidad de los otros».[67]
Para algunos sectores de la Falange, el cooperativismo puede convertirse en una verdadera alternativa al capitalismo y al comunismo. Muy pocas de las ideas económicas del nacional sindicalismo se ponen en práctica durante el franquismo y la creación de cooperativas laborales puede constituir una alternativa seria de reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza, el acceso a la propiedad aunque sea compartida de los medios de producción. Así se entiende que uno de los elementos que mejor motivaron a los colonos del INC y colaboraron de manera más efectiva en los éxitos iniciales del Instituto fuera la posibilidad real de convertirse en dueños de su vivienda y de su medio de vida al cabo de unos años de trabajo, cosa por lo general totalmente imposible para las familias campesinas españolas. Arrese afirma en 1959 que «No queremos una España de proletarios sino de propietarios».[68]
«Arrese se anticipó al programa privatizador de Thatcher en varias décadas, dando el tono al proyecto social franquista, “una economía de buenos negocios y malas empresas”, donde se buscaron herramientas de apaciguamiento de la fuerza de trabajo. Una de las fundamentales fue la propiedad de la vivienda, que genera un cambio de mentalidad muy importante y que ha tenido un peso enorme en la historia posterior. Somos un país muy patrimonialista, no solo económicamente, sino también ideológicamente y eso explica en parte por qué en España el voto de clase siempre ha sido muy débil. Mucha gente de izquierdas se queda estupefacta cuando la derecha gana las elecciones una y otra vez. Piensan que los votantes del PP son malvados o idiotas o las dos cosas. La verdad es que la derecha gana porque mucha gente siente que representa sus intereses materiales y eso tiene que ver con el peso del patrimonio inmobiliario en nuestro mapa social». (Rendueles, 2017).
Un ejemplo destacable es el de la federación de cooperativas conocida hoy como Corporación Mondragón (1956), impulsada por el sacerdote José María Ariezmendiarrieta Madariaga[69] con el apoyo de la Falange. Pese a ello, la integración de las cooperativas católicas en la Organización Sindical resultó siempre un proceso plagado de conflictos e inconvenientes[70], intentando reunirlas sin demasiado éxito en la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, constituida el 1 de mayo de 1942 como continuación de la CNCA. Su primer presidente es Tomás Bulnes García-Villalobos[71].
«Nuestra aldea debe tender a convertirse en cooperativa de producción, regida por el acuerdo de JONS, integrada en cada localidad rural por labradores y representada por el capital tierra, para establecer en ella instalaciones comunes de industrias derivadas de la agricultura y ganadería, venta de productos en común a grandes centros consumidores, a cuyas JONS municipales o provinciales, competería correlativamente la organización de depósitos y compras. Nos bastarían asociaciones económicas forzosas, como la de la parroquia, y un comercio rápido y directo con las poblaciones, cuyo órgano sería la cooperativa nacional-sindicalista provincial o municipal».[72]
Mediante la actuación del Servicio de Extensión Agrícola[73] (SEA, 1955-1991), creado con el apoyo de técnicos estadounidenses[74] del Institute of International Education –y con la aportación norteamericana del 45 % del presupuesto inicial del Servicio- con la intención expresa de ayudar al agricultor, ganadero y trabajador forestal, y de actuar en las zonas de colonización y concentración parcelaria, se imparte formación a los colonos y sus familias acerca de nuevas técnicas de sembrado, abonos, tratamiento de plagas e incluso rudimentos básicos de contabilidad por medio de los Agentes de Extensión Agraria. Aunque las exigencias de titulación variaron a lo largo del tiempo, los agentes suelen ser peritos o capataces agrícolas, veterinarios, e ingenieros agrónomos o de montes, y han de residir obligatoriamente en la comarca donde prestan servicio. Incluso se les proporcionan, en caso de ser necesario, lecciones de conducción de automóviles todo terreno y motocicletas para que puedan llegar con facilidad a las parcelas o fincas más apartadas.
Con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA) y de asesores norteamericanos, los primeros agentes del SEA se forman en Jerez de la Frontera, y las posteriores promociones lo hacen en la finca de El Encín, cerca de Madrid. Algunos técnicos continuaron su formación en los EE.UU. y en algunas naciones europeas.
«El elemento central de toda la actuación del SEA era, desde luego, el agente de extensión, de quien se esperaba que construyera los vínculos de confianza y de conocimiento local que le permitieran desarrollar su labor de dinamización, activación y cambio. El factor fundamental para que esto pudiera hacerse era su doble cercanía, tanto física como actitudinal, a la población rural». (Gómez Benito et al., 2007, p. 146).
Uno de los grandes aciertos del SEA consiste en no limitarse a los agricultores en activo y prestar una especial atención a los jóvenes como futuros trabajadores del agro. La Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, a la que está vinculada el SEA, cuenta con un equipo de Agentes de Extensión Agraria[75] y, desde 1960, también mujeres formadas como Agentes de Economía Doméstica[76] que imparten sus enseñanzas en el medio rural.
El SEA se organiza en Servicios Centrales, Centro Regional, Agencia de Zona –más tarde llamada Agencia Provincial- y Agencia Comarcal; con 20 de estas últimas comienza su andadura en 1955 y llega a disponer de 759 en 1978. La Agencia Comarcal es la más cercana al agricultor, se procura que salvo en casos excepcionales exista una a 30 km como máximo de su vivienda o explotación. En la Agencia Comarcal trabajan dos Agentes de Extensión Agraria, una Agente de Economía Doméstica y un auxiliar administrativo. El SEA llega a contar con 11 centros regionales, 50 agencias provinciales, 40 escuelas de capacitación, unos 1.800 Agentes de Extensión, 320 Agentes de Economía Doméstica y más de 100 ingenieros agrónomos además de otros técnicos y personal de todo tipo.
| Año | Agencias de Extensión Agraria |
| 1955 | 20 |
| 1963 | 228 |
| 1964 | 296 |
| 1965 | 364 |
| 1966 | 432 |
| 1967 | 500 |
| 1978 | 759 |
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El programa de enseñanzas se compone de cuatro programas y nueve subprogramas:
Mejora Agraria, que contiene:
Divulgación y desarrollo tecnológico.
Fomento empresarial de agricultores.
Fomento cooperativo y agricultura de grupo.
Juventud rural, que contiene:
Capacitación profesional.
Incorporación e instalación de jóvenes.
Mejora rural y familiar, que contiene:
Bienestar familiar.
Mejora de las comunidades.
Apoyo y coordinación, que contiene:
Apoyo tecnológico.
Cooperación técnica.
Bien pronto se hace muy popular la figura del agente de Extensión Agraria recorriendo la España rural con variados vehículos llegados de los EE.UU. gracias a los acuerdos bilaterales, aunque bien pronto son sustituidos por el Citroën 2 CV, tanto en su versión turismo como furgoneta fabricados en Vigo. Precisamente las aptitudes camperas del pequeño Citroën propiciaron su fabricación en España pese a la inicial oposición del Ministerio de Industria y del INI.
«En una reunión del Consejo de Ministros volvió a plantearse la solicitud que yo había presentado sobre autorización de fabricación del 2CV. Parece que el ministro Planell reaccionó de forma tajante, defendiendo su argumento de que conceder esa licencia de fabricación era poner en peligro el progreso de SEAT, pues se le iba a plantear una seria competencia en unos momentos en que la fábrica no estaba aún suficientemente desarrollada. Terminó indicando que, en el caso de que el Consejo acordase acceder a lo solicitado, él se vería obligado con mucho pesar a presentar su dimisión.
Al Generalísimo no le agradó el planteamiento y dijo que entendía las razones del ministro de Industria y las creía acertadas, pero que deseaba conocer la opinión del resto del Consejo. Entonces Cavestany defendió la conveniencia de ampliar el mercado a otras marcas, iniciando la operación con un vehículo ligero como el 2CV, que por sus características podía ser de gran interés, principalmente para el sector agrícola». (González-Bueno y Bocos, 2006, p. 275).
Las Agentes de Economía Doméstica tienen a su disposición un scooter Vespa, fabricados en España desde 1952[77]. Dichas agentes se desplazan, previa cita concertada, a las granjas o a las viviendas aisladas en los entornos rurales. Ofrecen formación muy variada sobre cuidado personal, peluquería o pequeños trucos de belleza; cómo eliminar moscas y demás insectos mediante cebos de azúcar e insecticidas; cuidado de los niños, aportando las más recientes recomendaciones sanitarias; corte y confección; técnicas de conservación de los alimentos; curtido y aprovechamiento de pieles; decoración del hogar; cocina y repostería; juegos y ejercicios para niños y niñas; mejora del rendimiento de la cría de pequeños animales de granja, como gallinas y conejos.
Los cursos de capacitación agraria se imparten a través del SEA, las Escuelas de Capataces Agrícolas[78], las organizaciones juveniles del Movimiento y la Sección Femenina de FET y de las JONS. Su financiación corre a cargo del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades o del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Se intenta llegar de manera más concreta a la población juvenil por medio de los Centros Juveniles de Extensión Agraria, posteriormente denominados Planteles de Extensión Agraria.
Los cursos fueron variando a lo largo de la existencia del SEA, desapareciendo unos e incorporándose otros, pero estas son las materias especializadas que se impartieron por lo general durante la breve existencia del Servicio: alimentación y mejora ganadera, cultivos especiales, avicultura, economía doméstica, fruticultura, horticultura, maquinaria agrícola y tractores, olivicultura, plagas y enfermedades de las plantas, praticultura y forrajes, suelos y abonos, y viticultura. La nueva Ley de educación de 1970[79] establece la creación de una Formación Profesional Agraria, buscando que los estudios relacionados con las actividades del campo gocen de una convalidación oficial y faciliten la incorporación de los estudiantes al mercado laboral.
Hasta ese momento, una formación académica básica sobre cuestiones agrícolas tan sólo se llevaba a cabo en edades más tempranas[80], o ya en etapas formativas superiores desde la iniciativa privada, por medio de los Colegios Familiares Rurales impulsados por Acción Católica en Valladolid en 1966, y de las Escuelas Familiares Agrarias (EFA) nacidas al amparo del Opus Dei en las localidades sevillanas de Lora del Río –EFA de Molino Azul- y Brenes –EFA de Casablanquilla- en 1967. También algunas cajas de ahorro llevaron a cabo iniciativas similares en algunas zonas rurales.
El primer curso de Formación Profesional Agraria de Primer Grado se imparte durante el curso académico 1971/1972. El Decreto 379/1972, de 24 de febrero, sobre enseñanzas de Formación Profesional de carácter agrario[81] establece que dicha formación será impartida desde el SEA, de este modo los Agentes de Extensión Agraria y las Agentes de Economía Doméstica, junto a los Capataces Agrícolas, se convierten en profesores y pasan a impartir las nuevas materias en los Centros de Capacitación Agraria.
| Curso | Centros de formación | Alumnos |
| 1971/1972 | 54 | 1.507 |
| 1972/1973 | 109 | 3.536 |
| 1973/1974 | 159 | 5.015 |
| 1974/1975 | 190 | 6.668 |
| 1975/1976 | 202 | 7.210 |
| 1976/1977 | 197 | 7.442 |
| 1977/1978 | 180 | 6.032 |
| 1978/1979 | 155 | 4.969 |
| 1979/1980 | 130 | 4.522 |
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Servicio de Extensión Agraria desaparece en 1991[82], pasando con fecha 1 de enero de 1992 sus competencias a Comunidades Autónomas, diputaciones o cabildos, aunque en 1980 ya se produce el traspaso de algunas competencias, personal y medios a los diferentes entes preautonómicos. El SEA es uno de los organismos franquistas mejor valorados por quienes lo conocieron, de hecho CCAA como Aragón y Valencia han recuperado parte del espíritu del SEA a través de diversos organismos propios. Buscar al agricultor y al ganadero en su medio, no esperar a que acudan a una oficina para solicitar información o ayuda, ofreciendo formación y orientación de todo tipo. Contar también con una red de fincas colaboradoras que faciliten la celebración de jornadas formativas y que fomenten la divulgación de conocimientos y el intercambio de ideas entre los técnicos y los profesionales del campo.
Figuras clave en la colaboración norteamericana y la concesión de ayudas de los EE.UU. a España en materia económica no vinculada a cuestiones relacionadas con la Defensa[83] son los senadores Hubert Humphrey[84] por medio de la Public Law 480 y Patrick Anthony McCarran[85] por medio de la Public Law 778, también conocida como Enmienda McCarran. A inversiones directas relacionadas con la colonización, la agricultura o las obras hidráulicas se destinaron gracias a la PL778 más de treinta y seis millones de dólares. También es necesario destacar a Harold Edward Stassen[86], director de Operaciones de los EE.UU. en el Exterior precisamente durante la negociación de los Pactos de Madrid.
Durante los años cincuenta y sesenta llegarían más ayudas norteamericanas con el mismo fin e incluso se facilita la importación por el INC de maquinaria pesada norteamericana de movimiento de tierras, perforación, bombeo o sondeos, imprescindible para las labores del Instituto y casi inexistente o en muy mal estado en la España del momento.
Parte del personal del SEA proviene del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de la II República (INIA, 1932-1939)[87]. En el SEA destaca el ingeniero agrónomo Emilio Gómez Ayau, que ya había trabajado con el IRA en tiempos de la II República. Zorrilla Dorronsoro le reclama para colaborar en la creación del SNREST y se incorporará posteriormente al INC, donde será vicesecretario técnico. Gómez Ayau es el autor del informe La importancia del coste de la vivienda rural en la economía de las explotaciones familiares de los nuevos regadíos[88].
El SEA, dividido en Juntas Locales y Agencias Comarcales, lleva a cabo «campañas nacionales sobre cooperativas, fertilizantes, cuidado de invierno de árboles y nutrición animal» dentro de una «etapa de la enseñanza de habilidades agrícolas simples». En 1961 comienzan a actuar en el mundo rural las primeras Agentes de Economía Doméstica, impartiendo cursos sobre alimentación, cuidados, higiene familiar, conservería y creación de huertos familiares.
El objetivo concreto y principal del SEA es el incremento de la producción agrícola buscando así elevar el nivel de vida de las familias campesinas, lo que intenta con la introducción y aplicación de modernas técnicas de cultivo, fertilizantes, prevención de plagas y utilización racional de las herramientas y máquinas disponibles. Pese a que el público objetivo del SEA es el agricultor, hacia el final de la existencia del Servicio se ofrecerá también formación a jóvenes y mujeres del mundo rural.
El INC se organiza en ocho delegaciones territoriales: Ebro, Noreste, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur-Levante, Baleares-Canarias y Duero. Contó con diversas escuelas de formación de capataces, los Centros Técnicos de Colonización, que se encargaban de formar a los colonos y a los responsables agrícolas de los poblados. Entre los más destacados, uno en la localidad leridana de Gimenells, uno en La Alfranca, Zaragoza, uno en Bastiagueiro en la costa de Oleiros en La Coruña y otro en la finca agrícola La Orden, en la provincia de Badajoz. Muchos de estos centros continúan en funcionamiento dedicados a la formación e investigación en actividades agrarias. La fundación privada Obra Tutelar Agrària[89] gestiona Gimenells y la Junta de Extremadura hace lo propio con La Orden. El Espacio Alfranca alberga el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente y acoge dos centros de interpretación, uno destinado al medio fluvial y otro a la agricultura y el regadío, lo gestiona el Gobierno de Aragón. Las instalaciones coruñesas de Bastiagueiro acogen el Instituto Nacional de Educación Física y otras dependencias públicas.
Pese a lo que pueda parecer, el INC es una de las instituciones del franquismo menos politizadas, quizá porque están en relación continua personajes de muy diversa procedencia, nivel de estudios, origen familiar y oficios. Arquitectos, aparejadores, ingenieros y peritos agrónomos, campesinos, ganaderos, pastores, tractoristas, mecánicos, personal de construcción, sacerdotes, maestras, funcionarios de todo nivel y otros muchos comparten durante muchos años muchas horas del día con un objetivo común, el de que los proyectos del INC salgan adelante y logren sus objetivos, consiguiendo así mismo cada persona y familia los suyos.
«Hay que señalar que, en general, Colonización tenía empeño en eludir toda connotación política en su tarea y, en ocasiones, se les pararon los pies a algunos colonos que hacían alarde de su adscripción política franquista y trataban de interferir en las actuaciones del Instituto. En todo caso corrían los tiempos de un Régimen ya consolidado y al que la introducción de la economía liberal pretendía pintarle la fachada y darle tintes de modernidad». (Sabio Alcutén, 2010, p. 125).
Entre el 20 y el 25 de marzo de 1950 tiene lugar en Madrid un congreso organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos con el objetivo de diseñar un ambicioso plan agrícola de ámbito nacional que garantice cosechas suficientes para alimentar a todos los españoles. Se intenta aprobar un programa que permita mejorar la productividad del campo y también su rentabilidad.
En febrero de 1953 nace el Servicio de Concentración Parcelaria (SCP), en virtud de la Ley de 20 de diciembre de 1952 de concentración parcelaria[90]. Por aplicación del Decreto 3293/1962, de 7 de diciembre, sobre reorganización del Ministerio de Agricultura[91] se convierte en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SNCPOR). El texto de la Ley define las intenciones de la ordenación rural: «elevar el nivel de vida de la población agrícola mediante la transformación integral de las zonas y la concesión de estímulos adecuados para la mejora de las estructuras agrarias».
El SNCPOR pone en marcha las escuelas de Formación Profesional Obrera dentro del programa de Comarca de Ordenación Rural. También se intentan establecer pequeñas industrias, a menudo relacionadas con los productos del campo pero también recuperando antiguas artesanías locales, sobre todo con la intención de crear empleo para mujeres y jóvenes intentando fijar población en las áreas rurales. Desaparece en 1971 absorbido por el recién creado IRYDA, que abandona los anteriores conceptos de colonización para desarrollar más a fondo cuestiones como la concentración parcelaria. A lo largo de su andadura, el Servicio de Concentración Parcelaria actuó sobre unos seis millones de hectáreas de algo más de un millón cien mil propietarios.
«La impopularidad con que se prejuzgaba que iba a acogerse en España una Ley sobre concentración parcelaria motivó, sin duda alguna, el abandono y postergación en que se ha mantenido el problema hasta el presente, posponiéndolo sistemáticamente ante otras empresas más fáciles, más “políticas”. Ha sido preciso contemplar durante varios lustros el movimiento agrario europeo decididamente a favor de la concentración parcelaria y tener un Gobierno fuerte para que nuestro país contase con la Ley que es imprescindible para hacer posible el progreso de su agricultura». (García de Oteyza, 1953, p. 115).
La cuestión relativa a la concentración parcelaria tuvo especial importancia en la mitad norte de España pero también en Castilla y en toda la zona de Levante, donde abundan los minifundios agravados por las cuestiones hereditarias. Esto dificultaba la mecanización de los procesos y por lo tanto penalizaba la rentabilidad de las parcelas, de hecho existían incluso parcelas tan pequeñas que no cabían en ellas un arado y una yunta, no digamos ya un tractor o una cosechadora, por lo que debían ser trabajadas a mano. Tampoco existe espacio suficiente para que el ganado entre a pastar después de la siega. Además, la excesiva parcelación obligaba a la existencia de multitud de lindes de separación entre las fincas y de caminos que permitiesen el acceso a cada una de ellas tanto de las personas como de los animales sin la necesidad de atravesar las fincas ajenas, lo que repercutía de manera muy importante en la extensión final de la tierra realmente cultivable.
Todo esto provocaba además toda otra clase de problemas, como el acceso al agua de cada propietario, los excesivos tiempos y distancias de desplazamiento, la necesidad de mano de obra simultánea, la dificultad de retirar las piedras del terreno o incluso el producto de la cosecha, la transmisión involuntaria de semillas, herbicidas o insecticidas por el aire, las distintas fechas de cultivo, germinación, cosecha o recogida de los diferentes cultivos.
En un pueblo de Castilla existía un propietario de 27 parcelas, alguna de las cuales tenía el tamaño de un colchón; tras la preceptiva concentración parcelaria, obtuvo dos fincas de similar superficie y características.
Todo esto se intenta solucionar por medio de la Ley de 15 de julio de 1952 por la que se regulan los patrimonios familiares creados por el Instituto Nacional de Colonización[92], la Ley de 15 de julio de 1954 sobre fijación de unidades mínimas de cultivo[93], y la creación en 1956 de la Explotación agraria familiar protegida.
Para intentar solucionar el problema de una vez por todas se acometió un proceso de concentración parcelaria, voluntario para los propietarios, en que éstos recibían la misma superficie de tierra cultivable y del mismo tipo que aportaban. Participaron de manera voluntaria en el programa más de 1.100.000 propietarios que aportaron 16.300.000 parcelas, que se convirtieron en 2.100.000 concentradas, unos 6.000.000 de hectáreas. Figura clave en las operaciones de concentración parcelaria es el ingeniero agrónomo Ramón Beneyto Sanchís[94]. También destaca la labor de su sustituto al frente del SNCPOR, Luis García de Oteyza[95].
«La posibilidad de mejora de la agricultura de muchas regiones españolas viene condicionada a la previa realización de la concentración parcelaria. En efecto, el excesivo número y la reducida extensión de las parcelas que integran las explotaciones agrícolas de estas regiones, invalida cualquier intento de cambio en su sistema de producción y hace antieconómica la adquisición de equipo, o la realización de inversiones de tanto interés como las encaminadas hacia la transformación de tierras de secano en regadío». (García de Oteyza, 1963, p. 296).
El Servicio de Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura colabora con el SNCPOR en la realización de bancales y la aplicación de otras técnicas que permitan la conservación de la tierra cultivable y de sus cualidades, como el drenaje, la eliminación de las malas hierbas, el control de la erosión, la acción adecuada de terrazas y surcos o el aprovechamiento racional de los rastrojos.
Tras los últimos coletazos del INC, el IRYDA nace en 1971 con voluntad modernizadora. Ni el mundo, ni la España ni el campo de 1970 son los de 1940, aunque como vemos en la memoria del Instituto correspondiente a 1982, algunas cuestiones parecen eternas y no pocas de ellas parecen estar siempre pendientes de resolver; esto es lo que plantea por ejemplo el programa del IRYDA en el año 1982:
-La Reforma de las estructuras del campo español y, en especial, de la empresa agraria a fin de conseguir la plena viabilidad de la explotación y, una vez alcanzada, mejorarla.
-El aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales en lo que afecta a la capacidad productiva de la tierra, con énfasis especial en las obras de transformación en regadío en la infraestructura agraria en general.
-La mejora del medio rural a través del empresario agrícola y su familia, incluida la tarea de prepararlo profesionalmente, además de mejorar el entorno en que vive y desarrolla su actividad.
-Todas aquellas acciones, incluso las que puedan producirse de forma esporádica y coyuntural –por ejemplo, las debidas a las inundaciones de los últimos años-, que amparen y favorezcan cuantas actuaciones sean comunes a los tres programas señalados previamente.
Los proyectos del INC más exitosos son los vinculados a la instalación de sistemas de regadío, política que como vemos también comparte el IRYDA. Las pocas poblaciones levantadas en zonas que continuaron siendo de secano o en las que se tardó demasiado en afrontar la conversión en regadío no prosperaron y acabaron siendo abandonadas por algunas de las familias de colonos, que prefirieron marchar a las grandes ciudades, a pueblos más grandes de la misma comarca o a trabajar en la industria o los servicios.
Tierras con buenas condiciones para la producción agrícola pero que quedaron fuera de los planes de riego, por una u otra razón, fueron lentamente abandonadas por los colonos y sus familias ante la imposibilidad de obtener una mínima rentabilidad que hiciera merecedor el esfuerzo. Las fincas salmantinas de Torreperales, La Dueña o Tornadizos constituyen un buen ejemplo.
Un informe del Banco Mundial[96] hecho público el 7 de diciembre de 1966 cuestiona la rentabilidad del programa de colonización y la continuidad de los proyectos del INC. El informe recomienda que todos aquellos proyectos que hayan superado el 50 % de su realización se terminen enseguida para lograr lo antes posible su rentabilidad, pero que todos los demás se paralicen de inmediato. En plena tutela del BM sobre el Plan de Estabilización de 1959[97] y en el deseo de acercarse e integrarse política y económicamente a Europa, occidente y los diversos organismos internacionales, las conclusiones del informe resultaron decisivas para ralentizar y reducir las actividades del Instituto, sobre todo si tenemos también en cuenta el informe del año 1962[98].
Los anhelos y motivaciones de justicia social que inspiraron durante el primer franquismo[99] la creación del Instituto Nacional de Colonización dejaron paso a criterios puramente económicos, lo que hacía difícilmente justificables e insostenibles algunas inversiones y proyectos. Algo de todo esto se desprende de las palabras que dirige el Caudillo a una delegación del INC con motivo del 25 aniversario del Instituto:
«Precisamente por haber vivido íntimamente el desarrollo de la entidad desde su nacimiento a estos días he seguido paso a paso la obra del Instituto y me complace mucho el poder felicitaros en estos veinticinco años, aniversario de su fundación, porque es de los instrumentos que si no ha salido perfecto se ha venido perfeccionando en esos años. Evidentemente no creo haya en la historia de España un rendimiento, una operación más económica y eficaz que la que ha realizado el Instituto Nacional de Colonización.
Los tiempos cambian y por tanto tenemos que estar siempre dispuestos a cambiar nosotros también y a adaptarnos a las circunstancias. El Instituto ha sido un instrumento perfecto para la colonización, para el rendimiento del campo en España, para los nuevos regadíos, para la creación de nuevos puestos de trabajo a colonos y regantes.
Que todo siga así y que se multiplique en la misma forma que hasta hoy; que vayamos adaptándonos a las circunstancias, llevando a cabo todas las evoluciones necesarias para poder transformar el campo español».[100]
El 8 de julio de 1965 toma posesión de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación el falangista Adolfo Díaz-Ambrona Moreno[101], que integra en diciembre de 1967 el INC, el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y el Servicio de Conservación de Suelos en la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural del Ministerio de Agricultura; todas las competencias de estas áreas pasan en 1971 al IRYDA, que acabará a su vez convertido en Transformaciones Agrarias, S.A. (TRAGSA). Como propietario agrícola y ganadero, es uno de los ministros de Agricultura que mejor conocen su campo de actuación y que más iniciativas llevó a cabo durante su mandato. Impulsó el Fondo de Ordenación y Regulación de las Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) y la Agencia de Desarrollo Ganadero, se aprueba la Ley de Caza y se mejoran la Seguridad Social Agraria y la Ley de Ordenación Rural.
Bajo su mandato se reduce drásticamente la actividad del INC. Se finaliza la construcción de los poblados en curso pero no se realizarán nuevos proyectos. Cambia también la política de lotes, se entregan parcelas a los campesinos de la zona en cesión o arrendamiento para que las trabajen pero el INC conserva la propiedad de la tierra. Estas medidas se aplicarán hasta llegar a la total desaparición del Instituto.
La disminución de la actividad del INC coincide con la aceleración de un proceso lento pero irreversible de abandono del campo y del desplazamiento hacia la ciudad por parte de sus gentes[102]. La actividad agraria es cada vez menos rentable, en los pueblos no existen demasiadas oportunidades laborales fuera de las faenas del campo y la década de l960 presenta en las grandes zonas urbanas una fuerte industrialización que precisa de mucha mano de obra no cualificada.
| Año | Porcentaje de población rural en España sobre el total |
| 1900 | 66 % |
| 1930 | 48 % |
| 1950 | 42 % |
| 1970 | 30% |
| 1990 | 23 % |
Fuente: INE
«La despoblación favoreció una transformación silenciosa de la estructura ocupacional rural, ya que los movimientos migratorios campo-ciudad fueron selectivos en función de características individuales como el sector de ocupación o la edad. La población vinculada al sector agrario mostró una propensión migratoria particularmente acentuada, en parte debido a su menor nivel de renta en relación a otros grupos ocupacionales rurales». (Collantes Gutiérrez, 2007, p. 258).
Los diferentes planes de desarrollo[103] puestos en marcha durante el franquismo intentan no olvidarse de las todavía muy importantes actividades agrícolas y ganaderas, aunque su principal intención consiste en el impulso, la creación y la consolidación de la industria a todos los niveles. Gracias a dichos planes llegaron el agua corriente y la luz eléctrica a muchos pueblos de España y se mejoraron infraestructuras, servicios, viviendas y otras construcciones en el medio rural. Se potenciaron el regadío, el uso de abonos químicos y semillas certificadas, la repoblación forestal o las instalaciones frigoríficas para la conservación y transporte de los productos agrícolas. Con este último fin, se crean la Red Nacional del Frío y el Centro Experimental del Frío del CSIC.
El miércoles 28 de julio de 1971, a las 17:00h, se reunió en Madrid por última vez el Consejo Nacional de Colonización, bajo la presidencia de Luis García de Oteyza, vicepresidente primero del Instituto, que se dirigió de esta forma a los miembros del Consejo:
«Abierta la sesión y antes de entrar en el Orden del Día, el Sr. PRESIDENTE manifiesta que es la última sesión de trabajo como Instituto Nacional de Colonización y de este Consejo, porque realmente a través de la nueva Ley, recientemente aprobada de creación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, se configura un nuevo Consejo, que recogerá en esencia parte de los representantes de la Administración que tiene ya este Consejo Nacional de Colonización y algunos otros, como consecuencia del nuevo planteamiento de este Organismo, en el que se recogerán todas las actividades que ya estaban incluídas en la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural.
En esta última sesión del Consejo quiero expresar en nombre del Ministro de Agricultura, que le hubiera gustado asistir a esta reunión y que no ha podido hacerlo porque se ha ido de viaje, el agradecimiento a todos los que a lo largo de tanto tiempo han colaborado en la gran labor realizada por el Instituto y en especial a los que en esta última fase nos han acompañado. Pienso que si han leído todos el discurso del Ministro, al aprobarse las leyes en las Cortes, habrán visto que las palabras pronunciadas por él han sido lo suficientemente elogiosas para que no pretenda decir otras distintas, ya que en ellas ha quedado de manifiesto toda la gran labor del Instituto Nacional de Colonización, de modo que quiero expresarles, en su nombre, su gratitud por la colaboración que han prestado a lo largo del tiempo los diferentes Organismos de la Administración y concretamente los que están aquí representados, Obras Públicas, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas y a todas las representaciones, y pensar que en el nuevo Consejo de Reforma y Desarrollo Agrario estarán Vdes. y otros más en nombre de los Departamentos que estén más relacionados con el Ministerio de Agricultura y con el nuevo IRYDA».[104]
El miércoles 9 de febrero de 1972 se constituye en Madrid el Consejo del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, bajo la presidencia del ministro de Agricultura Tomás Allende y García-Baxter[105].
Con respecto al INC, el IRYDA promocionó la instalación de nuevas empresas agrícolas en los terrenos que pertenecían al Instituto, la concentración parcelaria y la ordenación, modernización y capitalización de las explotaciones. Sin embargo, no se supo interpretar ni detectar a tiempo que el aumento de la renta de los españoles hacía crecer la demanda de determinados productos en la lista de la compra, tales como carnes, huevos, leche o frutas frescas, mientras se continuaba sobreprotegiendo sectores como el cerealista y más concretamente el del trigo.
El Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario[106], el Real Decreto 1761/1977, de 17 de junio, sobre entrega y conservación de obras y bienes de Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario[107], y diversos Reales Decretos publicados entre 1980 y 1995 suponen el final de la actividad del INC y del IRYDA y el traspaso de sus diversas competencias a las diferentes Comunidades Autónomas. El trasvase del personal del INC al IRYDA no quedó totalmente regulado hasta nada menos que 1981[108], diez años después de la desaparición del INC.
El 23 de junio de 1995 se pone fin de manera oficial y definitiva al IRYDA, que se refunde junto al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en el nuevo Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), adscrito entonces al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, finalizando de este modo los proyectos públicos de colonización agraria impulsados en España durante la segunda mitad del siglo XX.
[1] BOE núm. 170 de 8 de abril de 1937.
[2] El organismo nace en 1925 como Servicio Nacional de Crédito Agrícola y continúa su andadura durante la II República integrado en el Ministerio de Agricultura. En febrero de 1937 arranca en Burgos el organismo paralelo en la España Nacional, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, Pósitos y Seguros del Campo. [3] BOE núm. 300 de 27 de octubre de 1939. [4] Ley de Recuperación Agrícola de 3 de mayo de 1938. BOE núm. 565 de 6 de mayo de 1938.
[5] Diversas leyes ayudarán al desarrollo de las labores del INC: Ley de Bases de 26 de diciembre de 1939 de Colonización de Grandes Zonas, Ley de 23 de febrero de 1940, Ley de 25 de noviembre de 1940 sobre la Colonización de Interés Local, Leyes de Colonización de Interés Local de 1941 y 1943, Decreto de 23 de julio de 1942, Ley de Expropiación de Fincas Rústicas Consideradas de Interés Social de 27 de abril de 1946, Ley de 8 de junio de 1947, Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en las Zonas Regables de 21 de abril de 1949, Ley de Concentración Parcelaria de 20 de diciembre de 1952, Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre Declaración de Fincas Manifiestamente Mejorables, Ley de 20 de julio de 1955 sobre Conservación y Mejora de Suelos Agrícolas, Ley de 14 de abril de 1962 complementaria de la Concentración Parcelaria.
[6] El Instituto Nacional de Colonización será sustituido en 1971 por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que acogerá también el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SNCPOR) en virtud de la Ley 35/1971. Las actuaciones del IRYDA quedan reguladas por la Ley de reforma y desarrollo agrario aprobada por medio del Decreto 118/1973. El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947) fue presidente del IRYDA (1981-1982).
[7] BOE núm. 175 de 23 de julio de 1971.
[8] Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936). Escritor, poeta, filósofo y profesor. Diputado a Cortes (1931-1933). Rector de la Universidad de Salamanca (1901-1914, 1931-1936).
[9] Palabras del Jefe del Estado durante la I Asamblea Nacional de Hermandades de Labradores y Ganaderos. Madrid, 19 de octubre de 1946.
[10] BOE núm. 25 de 25 de enero de 1940.
[11] BOE núm. 118 de 28 de abril de 1946.
[12] BOE núm. 112 de 22 de abril de 1949.
[13] BOE núm. 199 de 18 de julio de 1945. A falta de una constitución, el ordenamiento franquista se basó en siete Leyes Fundamentales: Fuero del Trabajo (09/03/1938), Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, Fuero de los Españoles (17/07/1945), Ley de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 7 de junio de 1947, Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de 1958 y Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
[14] BOE núm.107 de 17 de abril de 1947.
[15] Las primeras naciones beneficiadas por el Plan Marshall fueron la República Federal Alemana, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia y Turquía. A partir de 1950 también recibieron ayudas Suiza y Portugal. España quedó oficialmente fuera del Plan Marshall pero obtuvo el favor de la administración Truman como valioso aliado frente al comunismo gracias a uno de los principales impulsores del plan, el diplomático estadounidense George Frost Kennan (1904-2005), que realizó en 1947 un informe favorable a la colaboración entre ambos países.
[16] Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, Ley de Bases de 18 de julio de 1938, Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942, Ley del Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944, Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940, Ley de Descanso Dominical de 13 de julio de 1940 y Ley de Bases de Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940, Orden de Incremento de los Salarios Agrícolas de 17 de diciembre de 1941, Órdenes reguladoras del plus familiar de 20 de octubre de 1944, 19 de junio de 1945, 29 de marzo de 1946, 15 de diciembre de 1950, 17 de julio de 1951 y 16 de octubre de 1952.
[17] Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940, Ley de Integración de los Antiguos Sindicatos Agrícolas de 2 de septiembre de 1941, Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942, circular número 20 de la Delegación Nacional de Sindicatos de 20 de abril de 1942, Decreto de Unidad Sindical Agraria de 17 de julio de 1944, Orden de 23 de marzo de 1945.
[18] Sobre esta cuestión, Gómez Herráez, 2008. [19] BOE núm. 86 de 27 de marzo de 1945.
[20] Declaraciones del Delegado Nacional de Sindicatos Gerardo Salvador Merino, Pueblo, 4 de diciembre de 1940, p. 1.
[21] Sobre esta cuestión, Gutiérrez Sebares et al., 2014, pp. 198-202.
[22] Esta ley prohíbe la apertura de nuevos bancos o cajas de ahorros, impide la ampliación de capital de las entidades ya existentes y limita su actuación territorial, supeditando todas sus decisiones a la preceptiva autorización del Gobierno. La situación no cambiará hasta la Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca (BOE núm. 91 de 16 de abril de 1962).
[23] Dicha ley determinó la liquidación de los ejercicios del Banco de España entre 1936 y 1941, periodo en que dos entidades habían funcionado por separado, una en cada bando de la Guerra Civil, unificando los balances de ambas. (BOE núm. 76 de 17 de marzo de 1942).
[24] BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947.
[25] Artículo veintiocho.- El Banco necesitará autorización del Ministerio de Hacienda para la apertura de nuevas Sucursales y Agencias. BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947, p. 116.
[26] Sobre esta cuestión, Moya, 1975, pp. 105-106 y Clavera et al., 1973, Vol. I, p. 109.
[27] BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947, p. 117.
[28] Gaceta de Madrid núm. 364 de 30 de diciembre de 1921. El Banco de España dejaba de ser un banco comercial más para convertirse en un banco emisor de moneda, regulador y controlador del resto de entidades bancarias privadas.
[29] BOE núm. 91 de 16 de abril de 1962.
[30] BOE núm. 199 de 18 de julio de 1946.
[31] La Ley de 23 de junio de 1941 sobre clasificación de sindicatos, BOE núm. 192 de 11 de julio de 1941, establece los siguientes Sindicatos Nacionales: Cereales; Frutos y productos hortícolas; Olivo; Vid, cerveza y bebidas; Azúcar; Madera y corcho; Ganadería; Pesca; Piel; Textil; Confección; Vidrio y cerámica; Construcción; Metal; Industrias químicas; Combustible; Agua y electricidad; Papel, prensa y artes gráficas; Transportes y comunicaciones; Hostelería y similares; Seguro; Banca y bolsa; Espectáculo; Productos coloniales. Textil y Confección se fusionaron más tarde para crear el Sindicato Nacional de Textil y Confección. También aparecen con posterioridad los Sindicatos Nacionales de Actividades diversas; Actividades sanitarias; Alimentación; Enseñanza; Marina mercante. A estos Sindicatos Nacionales hay que añadir las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, donde quedaban integradas a nivel provincial las Hermandades de Labradores y Ganaderos, las Cofradías de Pescadores y la Federación Nacional de Comercio. [32] Sobre los Grupos Sindicales de Colonización, Torres García, 2018, pp. 336-337. [33] Sobre esta cuestión, Revista de Estudios Agro-Sociales, núm. 58, 1967.
[34] BOE núm. 118 de 28 de abril de 1946.
[35] BOE núm. 118 de 28 de abril de 1946, p. 3086.
[36] Sobre esta cuestión, Collantes Gutiérrez, 2007.
[37] Fuente: INE.
[38] BOE núm. 173 de 21 de junio de 1944.
[39] BOE núm. 104 de 1 de mayo de 1987.[40] El palmito se cultiva ahora en invernaderos. La planta es muy apreciada como elemento ornamental y se exporta a diversos países y sus fibras se utilizan en tapicería y para la elaboración de escobas y cuerdas. Los frutos del palmito son ricos en ácido butírico y son utilizados en alimentación y por la industria farmacéutica en la elaboración de productos antidiarreicos y astringentes.
[41] BOE núm. 29 de 3 de febrero de 1965.
[42] Decreto 3104/1969, de 11 de diciembre, sobre organización y régimen de la Agencia de Desarrollo Ganadero. BOE núm. 297 de 12 de diciembre de 1969.
[43] (El Gordo, 1911-1986). Veterinario. Procurador en Cortes (1946-1949). Fundador del Instituto de Inseminación Artificial Ganadera. Director General de Ganadería (1945-1953).
[44] Decreto núm. 281, de 28 de mayo de 1937, concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes. BOE núm. 224 de 1 de junio de 1937. Meses más tarde se crea el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. BOE núm. 103 de 11 de octubre de 1938.
[45] BOE núm. 103 de 11 de octubre de 1938, p. 1.742.
[46] Librería Santarén. Valladolid, 1939.
[47] Sobre esta cuestión, Artola Blanco, 2013.
[48] (Madrid, 1902-1958). Ingeniero agrónomo. Teniente en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Procurador en Cortes (1943-1946, 1949-1951, 1957-1958), ministro de Agricultura (1951-1957).
[49] Palabras del ministro de Agricultura Rafael Cavestany de Anduaga ante las Cortes Españolas. Madrid, 18 de julio de 1951.
[50] Ministerio de Agricultura. Madrid, 1958.
[51] Cavestany Anduaga, 1955, p. 22.
[52] (Requena, 1899-Madrid, 1973). Ingeniero Agrícola. Director General del Servicio de Recuperación Agraria (1939-1943), ingeniero jefe del INC en Levante, Baleares y Canarias (1943-1952), director general de Agricultura (1952-1957), Procurador en Cortes (1957-1965), ministro de Agricultura (1957-1965).
[53] (Valencia, 1914-Madrid, 1985). Jurista y político. Gobernador Civil de Málaga (1941-1945), subsecretario de Agricultura (1945-1951), director del Instituto de Estudios Políticos (1956-1961), fundador y presidente del Instituto de Estudios Agro-Sociales (1955-1977), procurador en Cortes (1943-1971), consejero del INI.
[54] (Segovia, 1906-Pontevedra, 1962). Ingeniero agrónomo. Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura (1946-1947), director general de Agricultura (1947-1952), presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, subdirector del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, presidente de la Comisión Internacional de Industrias Agrícolas, presidente del Instituto de Estudios de Jardinería y Arte Paisajista, miembro del Instituto de Estudios Agro-Sociales, procurador en Cortes (1955-1957, 1958).
[55] (Jerez de la Frontera, 1902-Madrid, 1998). Ingeniero agrónomo. Director de la Granja Escuela y de la Estación de Cerealicultura de Jerez de la Frontera durante la II República. Delegado Nacional del SNT (1937-1940), subsecretario de Agricultura (1939), director general del Instituto Nacional de Producción de Semillas Selectas, presidente del Consejo Superior Agrario (1971), procurador en Cortes (1943-1946), Consejero Nacional del Movimiento. [56] Se refiere a la expropiación de la finca Casas de Carrasco perteneciente a Livia Falcó y Álvarez de Osorio, VIII marquesa de Villatorcas, propuesta por el INC para la creación del pueblo de Valdesalor y los regadíos del Salor, en la provincia de Cáceres, en 1963. La marquesa era la esposa del general Pablo Martín Alonso (1896-1964), director general de la Guardia Civil, ministro del Ejército (1962-1964) y jefe de la Casa Militar de Franco. El propio Caudillo ordenó la expropiación de la finca pese a la oposición de la marquesa ante la trascendencia del proyecto.
[57] Palabras del Jefe del Estado durante la inauguración del poblado de Valdelacalzada, 7 de octubre de 1956.
[58] (Robiatte, 1905-Milán, 1977). Arquitecto, decorador y diseñador de muebles.
[59] BOE núm. 132 de 9 de noviembre de 1938.
[60] BOE núm. 31 de 31 de enero de 1940.
[61] BOE núm. 12 de 12 de enero de 1942.
[62] BOE núm. 332 de 28 de noviembre de 1943.
[63] BOE núm. 55 de 24 de febrero de 1944.
[64] BOE núm. 505 de 10 de marzo de 1938. Estará en vigor hasta la aplicación del Decreto 2396/1971, de 13 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de cooperación (BOE núm. 242 de 9 de octubre de 1971) y la Ley 52/1974, de 19 de diciembre, general de cooperativas (BOE núm. 305 de 21 de diciembre de 1974).
[65] Ley de pósitos agrícolas de y Ley de sindicatos agrícolas de 1906, Real Decreto de 8 de agosto de 1907, Real Decreto de 31 de julio de 1915, Real Decreto de 23 de octubre de 1918, Real Decreto de 21 de diciembre de 1920, Ley de 14 de julio de 1922, Real Decreto de 14 de enero de 1925, Real Decreto de 12 de enero de 1926, Real Orden de 28 de enero de 1928, Decreto de 4 de julio de 1931, Ley de 9 de septiembre de 1931, Reglamento de 2 de octubre de 1931.
[66] Ed. Radar. Madrid, 1948.
[67] Declaraciones de José Luis de Arrese como procurador en Cortes en 1947.
[68] Declaraciones de José Luis de Arrese como ministro de la Vivienda en el transcurso del homenaje recibido por parte de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, 1959
[69] (Marquina, 1915-Mondragón, 1976). Sacerdote y periodista.
[70] Sobre esta cuestión, Fernández Prieto et al., 2022.
[71] (Aguilar de Campoo, 1906-¿?). Abogado. Funcionario de la Inspección General de Trabajo, delegado regional de Trabajo en Zamora, Salamanca, Palencia y Valladolid. Miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, presidente de la Federación de Estudiantes Católicos y de la Juventud Parroquial de Acción Católica, presidente del Sindicato de Remolacheros de Valladolid
[72] Ponencia de Galicia en el I Consejo Nacional de Falange Española de las JONS, 11 al 15 de febrero de 1934.
[73] Orden de 15 de septiembre de 1955, BOE núm. 273 de 30 de septiembre de 1955. El Servicio de Extensión Agrícola es también nombrado con frecuencia como Servicio de Extensión Agraria.
[74] Esta colaboración se produce gracias a los Pactos de Madrid, firmados el 23 de septiembre de 1953 entre España y los EE.UU. Contienen tres acuerdos bilaterales de defensa mutua, asistencia técnica y cooperación económica. Contemplan el establecimiento en suelo español, entre otras instalaciones, de las bases de utilización conjunta de Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Morón y Rota. El Golpe de Praga (1948), el bloqueo de Berlín (1948-1949), el triunfo de Mao Zedong en China (1949) y el inicio de la Guerra de Corea (1950-1953) fueron determinantes para la firma, con una aportación inicial recibida de doscientos veintiséis millones de dólares.
[75] BOE núm. 350 de 16 de diciembre de 1955.
[76] BOE núm. 264 de 3 de noviembre de 1960.
[77] Fabricados por la empresa Motovespa, S.A., participada por la italiana Piaggio y el Instituto Nacional de Industria, con factoría en Madrid. Comenzó su actividad en el año 1952 y cerró sus puertas en el año 2003.
[78] El monasterio de Santa María de la Santa Espina, en el municipio vallisoletano de Castromonte, acoge una escuela de capacitación agraria desde 1886. Se convierte en Escuela de Capataces del Ministerio de Agricultura por iniciativa del ministro del ramo, Rafael Cavestany de Anduaga. Fallecido en 1958, está enterrado en una capilla del monasterio.
[79] Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y financiamiento de la reforma educativa. BOE núm. 187 de 6 de agosto de 1970. [80] Decreto de 12 de abril de 1946 por el que se establecen las Escuelas Primarias Nacionales de Orientación Agrícola. BOE núm. 125 de 5 de mayo de 1946. [81] BOE núm. 48 de 25 de febrero de 1972. [82] Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE núm. 101 de 27 de abril de 1991. [83] Sobre esta cuestión, Martínez Rodríguez & Sánchez Picón &García Gómez, 2019.
[84] (Wallace, 1911-Waverly, 1978). Farmacéutico y político. Senador por el Estado de Minnesota (1949-1965, 1971-1978), vicepresidente de los EE.UU (1965-1969).
[85] (Reno, 1876-Hawthorne, 1954). Empresario agrícola, fiscal, juez y político. Senador por el Estado de Nevada (1933-1954) por el Partido Demócrata.
[86] (West St. Paul, 1907-Bloomngton, 2001). Gobernador de Minnesota (1939-1943), director de la United States Foreign Operations Administration (1953-1955). Miembro del Partido Republicano.
[87] El Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (1929), el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (1929) y el Patronato de Biología Animal (1952) se convierten en 1971 en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, integrado en el CSIC.
[88] Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Colonización. Madrid, 1947.
[89] Entidad impulsada por el político, sociólogo y abogado Ramón Albó y Martí (Barcelona, 1872-1955). Diputado a Cortes (1909-1910, 1923), juez de menores, presidente del Tribunal Tutelar de Menores, director general de Prisiones, presidente del Patronato de Menores Abandonados y Presos de Barcelona, fundador de la Obra Tutelar Agraria en 1928.
[90] BOE núm. 202 de 21 de julio de 1955.
[91] BOE núm. 301 de 17 de diciembre de 1962.
[92] BOE núm. 198 de 16 de julio de 1952.
[93] BOE núm. 197 de 16 de julio de 1954.
[94] (Valencia, 1906-Madrid, 2000). Doctor ingeniero Agrónomo, doctor en Derecho, profesor Mercantil. Director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, director del Servicio de Concentración Parcelaria (1953-1965), secretario general del Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco.
[95] (1919-2011). Ingeniero Agrónomo. Vicepresidente primero del INC, secretario técnico, subdirector general y director del Servicio de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, subsecretario del Ministerio de Agricultura, vocal de la Junta Central de Extensión Agrícola, presidente de la Comisión de Agricultura del Plan de Desarrollo Económico y Social, presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrícolas (FORPPA).
[96] Informe del Banco Mundial y de la FAO sobre el desarrollo de la agricultura en España. Ministerio de Hacienda. Madrid, 1966.
[97] Decreto Ley 10/1959, de 21 de julio, de ordenación económica. BOE núm. 174 de 22 de julio de 1959.
[98] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El desarrollo económico de España. Oficina de Coordinación y Programación Económica de Presidencia del Gobierno. Madrid, 1962. Valoraciones del informe en Zorrilla Dorronsoro, 1962, y García de Oteyza, 1962.
[99] No existe unanimidad entre historiadores y otros expertos a la hora de establecer las diferentes etapas del franquismo. Por ejemplo, Luis Eduardo Pires Jiménez propone cuatro etapas: Guerra Civil (1936-1939), posguerra (1939-1951), la década de los años 50 (1951-1957) y el Plan de Estabilización y el desarrollo de los 60 (1957-1974). José Luis García Delgado propone tres etapas: desde 1939 hasta el comienzo del decenio de los 50, otro entre la crisis de gobierno de 1951 y el verano de 1959, y un tercero que comprende los años 60 y llega hasta 1973. Nosotros entendemos como primer franquismo el periodo situado entre 1939 tras el final de la Guerra Civil y hasta 1959 con la aprobación del Plan de Estabilización.
[100] Palabras pronunciadas por el Jefe del Estado en la audiencia concedida a la Comisión del Instituto Nacional de Colonización. Palacio de El Pardo, Madrid, 18 de noviembre de 1964.
[101] (Badajoz, 1908-Madrid, 1971). Abogado del Estado y empresario ganadero. Presidente de la Diputación de Badajoz (1949-1965), delegado provincial de Auxilio Social en Badajoz (1963-1969), ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (1965-1969), ministro de Comercio interino (1965-1969), procurador en Cortes (1952-1972).
[102] Sobre esta cuestión, Collantes Gutiérrez, 2007.
[103] I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-1967), Ley 194/1963 de 28 de diciembre; BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 1963. II Plan de Desarrollo Económico y Social (1968-1971), Ley 1/1969 de 11 de febrero; BOE núm. 37 de 12 de febrero de 1969. III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975), Ley 22/1972 de 10 de mayo; BOE núm. 113 de 11 de mayo de 1972. Se diseñó un IV Plan de Desarrollo (1975-1979) que no llegó a ser aprobado
[104] Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Colonización, libro de actas del año 1971, acta núm. 252.
[105] (Guadalajara, 1920-Madrid, 1987). Empresario agrícola, abogado y político. Camisa vieja de la Falange. Impulsor de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, procurador en Cortes (1955-1975), subsecretario del Plan de Desarrollo Económico y Social (1965-1969), presidente del Consejo Nacional del Frío (1965-1969), ministro de Agricultura (1969-1975).
[106] BOE núm. 30 de 3 de febrero de 1973.
[107] BOE núm. 168 de 15 de julio de 1977.
[108] Orden de 18 de febrero de 1981 por la que se regula la integración en las escalas del IRYDA del personal procedente del Instituto Nacional de Colonización y del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, suprimidos por la Ley 35/1971, de 25 de julio. BOE núm. 60 de 11 de marzo de 1981.
