“Los milicianos formaron un gran círculo, dentro del cual quedaban el tren, las tres ametralladoras con un servidor cada una, y el Catalán y el Barbas que, armados de pistolas ametralladoras, dirigían la extracción y matanza de viajeros”.
-Emilio Díaz Fernández-
Aparte de la horrenda masacre humana, las consecuencias objetivas de la toma del cuartel de la Montaña desencadenarían aún mayor desorden y conflicto social en el Madrid republicano, porque aquella turba incontrolada manejada por los partidos de izquierda y armada caóticamente, fue ganando potestad amparada en una legalidad republicana que le fue dando progresiva carta de naturaleza, como ya le había dado inicialmente al proveerla de armas y de su consecuente poder.
Tras la caída del cuartel, los 45.000 cerrojos allí custodiados permitieron poner en funcionamiento otros tantos fusiles que hasta aquel momento habían resultado inservibles, y que se sumaron a los ya en uso. Pero el recinto militar también acumulaba en sus depósitos gran número de armas completas, de tal forma que entre 80.000 y 100.000 fusiles acabaron en manos anónimas sin ningún control ordenado para su distribución.
Resulta ridículo presentar la situación, como hacen muchos historiadores al servicio de la causa izquierdista, buscando exonerar a las fuerzas políticas gubernamentales alejándolas de toda culpabilidad (o al menos atenuando su responsabilidad en los hechos), como una justa indignación social provocada por siglos de opresión e injusticia. Como algo ajeno a la planificación, o en cualquier caso como fruto de incontrolados al margen de la legalidad republicana. No hace falta ser muy perspicaz para comprender la enorme responsabilidad del Gobierno republicano en aquel caos inducido por su negligencia, su insensatez y su incompetencia. Y sobre todo la incitación de las masas populares al exterminio de cualquier disidente, efectuado por las fuerzas políticas del Frente Popular, como lo demuestran las declaraciones públicas de sus dirigentes y los comunicados periódicos al respecto.
Pronto en Madrid nadie estaba a salvo de ser detenido, apresado y ejecutado por haber discrepado en su momento de cualquier disposición política de las izquierdas, o simplemente por ser empresario, simpatizante de la monarquía, haber asistido a misa, o tener una cruz en su domicilio. De repente la arbitrariedad pasó a ser la norma. Cualquier vieja disputa, cualquier controversia, cualquier delación anónima fundada o no, era motivo más que suficiente para que hombres armados de las milicias socialistas, anarquistas o comunistas, dueños de la vida y la muerte, irrumpiesen en cualquier domicilio, sin ninguna orden judicial para llevarse a alguna persona que luego aparecería muerta con dos tiros en un sucio paredón mirando con ojos ciegos a la madrugada.
Pero no solo en Madrid se habían repartido armas convirtiendo a simples ciudadanos en peligrosos individuos sin control. En el resto de España la situación era similar, como ocurrió en Úbeda (Jaén) la noche del 30 de julio, cuando 47 presos fueron literalmente linchados en la cárcel por milicianos izquierdistas que habían asaltado la prisión. Y como ocurriría en las noches del 28 al 29 de agosto en Castellón cuando los milicianos socialistas penetraron en el buque Isla de Menorca, habilitado para prisión y anclado en el puerto del Grao, y sacaron del barco a los 56 presos allí encarcelados, que fueron maniatados por parejas, desembarcados y asesinados inmediatamente en diversos lugares cercanos al puerto.
Y sobre todo la matanza en Ronda, despeñando a las víctimas desde las alturas del famoso puente sobre el desfiladero del río Guadalevín, donde, como relata el hispanista inglés Gerald Brenan (poco sospechoso de simpatía con los nacionales) en su artículo Frenesí de muerte y destrucción, publicado en 1976: “El más terrible de los crímenes cometidos por estos grupos ocurrió entonces. Tres camiones de las juventudes de la FAI, armados hasta los dientes, llegaron hasta Ronda e insistieron en que el comité de aquella ciudad entregara a sus prisioneros. También habían incluido, al parecer sin la menor comprobación, los nombres de otras personas facilitados por delegados secretos. Una vez en su poder los arrojaron por el tajo desde los jardines públicos. Quinientas doce personas murieron de esta manera, entre ellas algunas mujeres”. https://elpais.com/diario/1976/05/07/sociedad/200268015_850215.html / Tribuna: La Guerra Civil en Malaga/4. Frenesí de muerte y destrucción. Gerald Brenan 7 de mayo de 1976.
Y aún continúa en el mismo artículo: “Otro terrible suceso fue la llegada de los refugiados de los populosos pueblos de la cuenca del Guadalquivir. Empujados por el ejército del general Varela, que avanzaba hacia el este desde Sevilla para abrir las comunicaciones con Córdoba y Granada, habían asesinado a los prisioneros de la derecha, a menudo de las formas más terribles, antes de abandonar sus casas. En un sitio los habían encerrado en la iglesia, prendiéndole fuego. El Gobierno nacionalista publicó después un libro sobre las atrocidades de los rojos en Andalucía del que hice una recensión para el New Statesman. Tuve que admitir la autenticidad de sus relatos porque yo había hablado con personas que estuvieron presentes… Para llegar allí tuve que pasar por el Camino Nuevo donde vi los cadáveres de una docena de sacerdotes aproximadamente, colocados en fila como los halcones y comadrejas que los guardabosques cuelgan de los árboles. Los ricos y los beatos tenían que verlos y darse por enterados”. Ibíd.
El aumento progresivo del número de asesinatos masivos con la participación, en unos casos, y la pasividad, en otros, de las autoridades que tenían obligación de asegurar el orden público, hizo que se conmoviera la opinión internacional y que las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid hicieran llegar a sus Gobiernos su alarma. Hubo una nota inglesa a este respecto, y el ministro de Estado (ministro de Asuntos Exteriores) español, Julio Álvarez del Vayo, en representación del Gobierno republicano, hizo pública una comunicación dirigida al encargado de negocios de la Gran Bretaña, lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno inglés que, afirmaba, carecía de fundamento, ya que «los presos se encontraban totalmente seguros y en espera de ser juzgados por los tribunales competentes». La comunicación apareció en la prensa los días 25 y 26 de octubre de 1936.
https://www.causageneral.org/07.htm
En Jaén, ya desde los primeros días de la fracasada sublevación, y sin apenas enfrentamientos bélicos de importancia, pronto las cárceles estuvieron repletas de detenidos, siguiendo la lógica arbitraria antes mencionada por la que cualquier individuo “sospechoso” según los peculiares criterios “democráticos” republicanos, podía ser acusado de traición. Tanto es así que, repletas las cárceles, tuvo que convertirse la propia catedral de Jaén en un recinto penitenciario donde se hacinaban más de 800 detenidos acusados de simpatizar con la rebelión.
Pero sucesos como los referidos en las cárceles, habían hecho tomar la decisión al gobernador civil de Jaén, Rius Zunón, consciente de su incapacidad para frenar a una turba de milicianos sedientos de sangre y animado por la buena intención de proteger a los detenidos, de contactar con Pedro Villar Gómez, director general de Prisiones, para trasladar a los detenidos de Jaén por ferrocarril a la prisión de Alcalá de Henares, en Madrid, pensando que allí estarían más seguros.
Para el traslado se organizaron dos trenes que debían partir hacia la capital de España los días 11 y 12 de agosto. Entre los trasladados no había militares y civiles directamente vinculados al fracasado golpe de Estado, sino personas señaladas por los regidores de los municipios de Jaén por su adscripción ideológica derechista y por ser católicos o votantes de las derechas
El 11 salió el primer tren con 322 presos, escoltados por medio centenar de guardias civiles y milicianos. Embarcaron en la estación de Espeluy, en Jaén, llegando a Madrid al día siguiente. Durante el viaje el tren fue recibido en cada parada por masas de exaltados frentepopulistas, siendo algunos de los detenidos amenazados por las turbas congregadas en los andenes, aunque el tren logró llegar a la estación del Mediodía de Madrid con todos sus presos vivos y sin mayores incidentes. Sin embargo, al salir de la estación camino de Alcalá de Henares el tren fue detenido por los ferroviarios anarquistas de la estación de Atocha. En esta estación se había fundado una checa de la CNT integrada por ferroviarios aragoneses liderados por Eulogio Villalba Corrales.
Once de los presos, principalmente terratenientes y figuras prominentes de la derecha jienense, fueron sacados del convoy por los milicianos a las órdenes de Villalba Corrales para ser llevados a una tapia cercana y asesinados. Los restantes 311 presos lograron llegar finalmente a la prisión de Alcalá de Henares. Entre estas 11 víctimas se encontraban: José Cos Serrano, presidente de la Federación Provincial de Labradores de Jaén y antiguo diputado del Partido Agrario; León Álvarez Lara, diputado por el Partido Agrario; Carmelo Torres Romero, jefe local de Falange en Jaén; dos sacerdotes y dos monjas. Luis E. Togores. https://www.larazon.es/memoria-e-historia/20201222/n6d5lev6fzaljlgaf3jsbzr7aa.html
La noticia del traslado del primer convoy de presos en tren llegó desde Jaén a Madrid enviada por diputados socialistas, lo que motivó la intervención criminal de los milicianos. Pero tras el fracaso parcial del primer asalto al primer tren, se produjo la preparación concienzuda de la segunda y más mortífera matanza.
El segundo tren partió de Jaén el 12 de agosto con 245 presos escoltados por 50 guardias civiles a las órdenes del alférez Manuel Hormigo Montero. Esta vez el tren esquivó su paso por Atocha para evitar el riesgo de que los presos cayesen en manos de Villalba Corrales y sus milicianos.
Pero en el tramo de vía de la estación de Santa Catalina-Vallecas, un grupo de milicianos anarquistas paró el convoy y desenganchó la locomotora. El jefe de estación y el alférez Hormigo, que mandaba la escolta del convoy, hablaron por teléfono con el director general de seguridad, Manuel Muñoz Martínez, informándole que los anarquistas habían parado el tren y les apuntaban con tres ametralladoras a la altura de El Pozo del Tío Raimundo. Manuel Muñoz ordenó a los guardias civiles que abandonasen a los presos a su suerte. Luego se justificaría diciendo que “la poca autoridad que aún conservaba el Gobierno se vendría abajo si las exiguas fuerzas de orden público acababan siendo arrolladas en un enfrentamiento con el pueblo armado”. Ibíd.
Sotero Peña Villalta era un guardia civil que formaba parte de la escolta del tren, y tres años más tarde, el 28 de julio de 1939, en la causa instruida por aquellos hechos, relata lo sucedido con sus propias palabras:
“El día doce —y a las dos horas— de agosto del año 1936, salió el que suscribe en unión de cuarenta y nueve más, entre ellos algunos sargentos y cabos, a las órdenes del hoy teniente don Manuel Hormigo Montero, pudiendo llegar con los mismos hasta la estación que por oídas decían ser la de Vallecas y en la cual esperaban cincuenta guardias de asalto a las órdenes de un teniente del referido Cuerpo, al objeto de prestar auxilio a la fuerza conductora de los referidos presos, llegando a la misma sobre las quince horas, aproximadamente, del mentado día, y en cuyo lugar se encontraban también un gran tumulto de personal, al parecer milicianos, y entre estos bastantes mujeres, y tanto unos como otros se encontraban armados de rifles, escopetas, fusiles, pistolas y otras armas, los cuales intentaban matar a los conducidos, oponiéndoles a ello los dos oficiales de referencia, así como toda la fuerza indicada, cosa que no consiguieron, debido a la resistencia por parte de la mentada fuerza, antes indicada.
Acto seguido el referido teniente de Asalto se puso al habla, según referencias, con el entonces Gobierno consultándole el caso y ver de conseguir el que los mismos no fueran entregados al personal referido, que así lo pedía a grandes voces y sí fueran hasta su destino, y transcurrido un plazo como de dos horas observó el que habla que el aludido teniente se quitaba del aparato telefónico, diciendo a las turbas las siguientes palabras: “Ya pueden Vds. llevarse los presos, pero que a esto no hay derecho”. Causa General. Legajo 1530, expediente 7, folios 107-108.
Una vez que cumpliendo órdenes se retiraron los guardias civiles, los milicianos pusieron el tren en marcha con dirección a Alcalá de Henares. Pasado el apeadero de Santa Catalina, en un lugar que se llama El Pozo del Tío Raimundo, el tren se paró, y obligando a bajar a los presos comenzó con total impunidad una ceremonia sangrienta de fusilamientos en masa. En grupos de diez, sin indagar ni personas ni delitos, colocados en un terraplén frente a tres ametralladoras y observados por decenas de personas del lugar, que luego se encargarían de enterrar los cadáveres no sin antes despojarles de todo cuanto consideraron de valor.
Eran las primeras horas de la tarde del 12 de agosto de 1936, y en aquel lugar fueron asesinadas 193 personas. Entre ellas se encontraban el obispo de Jaén, Manuel Basulto Jiménez, su hermana, el marido de ésta y el vicario general de la diócesis jienense Félix Pérez Portela. Todas las víctimas fueron enterradas en dos zanjas abiertas junto a las tapias del cementerio de Vallecas. En la década de 1940, sus restos fueron trasladados a la cripta de la catedral de Jaén. Allí se encuentran varias lápidas de mármol con casi todos los nombres de los asesinados en el Pozo del Tío Raimundo. Sus asesinos no fueron perseguidos, ni molestados, ni condenados como consecuencia de estos crímenes por las autoridades republicanas.
Emilio Díaz Hernández era un panadero de 33 años, que aquel día participó en el crimen apretando el gatillo. Su declaración, tomada el 25 de mayo de 1939, no deja lugar a dudas:
“(…) Junto a ellos marcharon otros a Santa Catalina, donde ya estaría detenido el tren, compuesto “de 8 o 10 unidades” y cuya escolta también habría partido ya. Unos doscientos “milicianos armados, que eran del Puente de Vallecas, prestaban vigilancia alrededor del tren” y “a los pocos minutos llegó un automóvil del que sacaron tres ametralladoras que emplazaron a dos o tres metros una de otra, a unos cincuenta metros del tren y apuntando hacia este”. Los milicianos formaron “un gran círculo, dentro del cual quedaban el tren, las tres ametralladoras con un servidor cada una, y el Catalán y el Barbas que, armados de pistolas ametralladoras, dirigían la extracción y matanza de viajeros”:
El declarante manejaba una de las ametralladoras, otra la disparaba Mariano el Pelas, y la tercera era servida por el Talaya. El Catalán y el Barbas fueron sacando de sus vagones a los presos, a los que ponían seguidamente contra el terraplén de la explanación de la vía, para ser en el acto matados por la descarga simultánea de las tres ametralladoras. El primer grupo que mataron era de 10 víctimas y contra ellas dispararon el declarante y los que manejaban las otras dos ametralladoras. Como tras hacer los primeros disparos se le encasquillase la máquina al que declara, le quitaron de aquel puesto y el mismo Barbas tomó el manejo de su ametralladora. Fue aumentando sucesivamente el número de detenidos que en cada grupo iba sacando el Catalán para su fusilamiento. Al final, los grupos eran de 35 a 40 personas. Calcula que en total matarían allí aquella tarde alrededor de 250 viajeros de aquel tren. Cuando sólo quedaban viajeros con vida en uno de los vagones, uno de sus ocupantes se dirigió a quienes realizaban la matanza, diciendo que él venía allí por equivocación y que todos los que ocupaban aquel vagón eran gente que había sido engañada y él respondía de los mismos. El Comité estuvo hablando con todos aquellos viajeros, que eran de 40 a 50, y acordó respetarles la vida. Fueron traídos presos a Madrid.
Todos los viajeros de aquel tren eran hombres, excepto una señora, hermana del obispo de Jaén, al que también vio cómo bajaban del vagón y que vestía un abrigo negro, con alzacuellos. Cuando llegó la hora de matarla, del grupo con que debía ser ametrallada, la extrajo la vecina de Vallecas Pepa Coso (hace días estaba presa en Alcalá) y diciendo: “A esta la mato yo”, se puso frente a ella, y a unos tres metros de distancia, le quitó la vida con dos o tres disparos de pistola.
Algunos viajeros se tiraron por las ventanillas del lado opuesto del tren, pero en seguida fueron cazados a tiros de fusil por los milicianos que rodeaban el tren por aquella parte.
Mientras esto sucedía, los altos de Santa Catalina, situados a unos 500 metros a su espalda, estaban llenos por una gran multitud (1.500 a 2.000 personas) que, procedentes de Vallecas, estaban presenciando el espectáculo con gran vocerío, semejante al que se oye en los toros y en las verbenas.
Acabó la matanza cuando anochecía. Vio entre dos luces, como todos los individuos del Comité de Vallecas, y con ellos el Catalán, el Barbas y Esteban Cantarero, iban removiendo los cadáveres y quitándoles cuanto llevaban de valor y lo metían en un saco, el cual quedó lleno de objetos hasta una altura aproximadamente de 80 centímetros, y se lo llevaron en un automóvil. Cuando esto sucedía era ya de noche.
Ha oído decir que los cadáveres de los aquel día asesinados se enterraron en una gran zanja del cementerio de Vallecas”. Causa General, legajo 1530, expediente 7, folios 80-83.
Solo se salvaron 40 personas que lograron convencer a los milicianos de su pertenencia a alguna organización socialista o sindical de izquierdas, gracias a la habilidad y osadía de Leocadio Moreno, que guardaba un viejo carnet de afiliación a la UGT. El testimonio de este superviviente ha servido para reconstruir con precisión la historia de estos olvidados (y ocultados) hechos, que efectúa Santiago Mata en su magnífico libro: El tren de la muerte, donde se profundiza en las circunstancias y cuya lectura es imprescindible para quien quiera conocer con detalle el mayor fusilamiento público de la Guerra Civil y unos de los mayores crímenes de la izquierda española.
La principal evidencia obtenida al respecto es que esta matanza, según sostiene Mata, fue autorizada por el Gobierno de la República con el consentimiento muy probablemente del presidente del Gobierno José Giral, casi con certeza del ministro de Gobernación Sebastián Pozas, y sin ningún género de dudas del director general de Seguridad Manuel Muñoz.
Lamentablemente, los 40 supervivientes de la masacre del Pozo del Tío Raimundo terminaron ingresados en la Cárcel Modelo de Madrid. La mayoría de ellos serían asesinados unas semanas después en Paracuellos del Jarama.
Esta matanza provocó que buena parte de la sociedad internacional empezase a considerar que la República española había dejado de ser un Estado de derecho con legitimidad para reclamar la solidaridad de las democracias occidentales.
Una trágica coincidencia quiso que el jueves 11 de marzo de 2004, Madrid sufriera el más trágico atentado terrorista de la historia de Europa con 191 muertos y más de 1.500 heridos, debido a la explosión de varias bombas colocadas en cuatro trenes cerca de las estaciones de El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y Atocha. El dolor y el luto nacional anularon la campaña electoral por decisión unánime de los políticos. Tres días después se celebraron las elecciones generales que dieron la victoria contra todo pronóstico al PSOE tras ocho años de Gobierno del Partido Popular, provocando la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno y el inicio de una revisión histórica del pasado reciente que parecía haber cicatrizado las heridas de la guerra civil. La formulación de leyes de Memoria Histórica, obligando coercitivamente a una interpretación unívoca de la historia, y el renacimiento de los viejos rencores fratricidas son su auténtico legado. Diríase que un sangriento vínculo cósmico teje los hilos del destino de la izquierda española.
El 13 de abril de 2019 tuvo lugar un homenaje en el Cementerio del Este a las víctimas del franquismo en Madrid, organizado por el colectivo Memoria y Libertad. Eulogio Villalba Corrales, jefe anarquista de una de las bandas criminales autoras de aquellos hechos, juzgado y fusilado en 1939, fue uno de los homenajeados. Luis E. Togores.
https://www.larazon.es/memoria-e-historia/20201222/n6d5lev6fzaljlgaf3jsbzr7aa.html
Esta es la triste memoria histórica y ,no la asquerosa memoria que estos admiradores de aquellos asesinos quieren imponer. No han olvidado que perdieron y que les encantaría repetir aquellas atrocidades. De dónde ha otra vez tanta gentuza?