El 27 de septiembre de 1975 se llevaron a cabo en España las ejecuciones de dos miembros de la organización ETA y tres integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), tras haber sido condenados a muerte por consejos de guerra celebrados durante los últimos meses del régimen franquista. Se trató de las últimas ejecuciones realizadas en España mediante la aplicación de la pena capital durante la dictadura.
Los ejecutados fueron los miembros de ETA Juan Paredes Manot, conocido como «Txiki», y Ángel Otaegui, así como los militantes del FRAP José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla. Las condenas estaban relacionadas con la participación en diversos atentados y acciones armadas atribuidas a estas organizaciones, que durante aquellos años habían incrementado su actividad violenta contra representantes del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad.
Los procesos judiciales se desarrollaron en un contexto político especialmente complejo, marcado por el deterioro de la salud de Francisco Franco, el aumento de la conflictividad social y política y la intensificación de la actividad terrorista y de la oposición al régimen. Diversos sectores nacionales e internacionales cuestionaron las garantías procesales de los juicios y solicitaron la conmutación de las penas impuestas.
Las peticiones de clemencia llegaron desde numerosos gobiernos, organizaciones internacionales, partidos políticos, sindicatos y personalidades del ámbito cultural y religioso. En varias capitales europeas y americanas se celebraron manifestaciones y protestas, mientras diferentes países expresaron oficialmente su rechazo a las ejecuciones y reclamaron la suspensión de las condenas.
A pesar de estas solicitudes, el Gobierno decidió mantener las sentencias y las ejecuciones fueron llevadas a cabo el 27 de septiembre en distintos puntos del territorio español. La decisión provocó una intensa reacción diplomática internacional y dio lugar a la retirada temporal de embajadores por parte de algunos países, así como a un notable deterioro de la imagen exterior del régimen franquista en sus últimos meses de existencia.
El impacto político y social de aquellos acontecimientos fue considerable y contribuyó a incrementar el debate sobre la situación política española en vísperas de la muerte de Francisco Franco, ocurrida menos de dos meses después, el 20 de noviembre de 1975.
Las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 constituyen uno de los episodios más significativos y debatidos de la historia reciente de España y continúan siendo objeto de análisis dentro del estudio del final del franquismo y del proceso que conduciría a la Transición democrática.
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