En los últimos meses del año se desarrollaron varios acontecimientos que por un lado fueron causa de la ofensiva internacional contra España y por otro el aprovechamiento de la situación por el Rey de Marruecos para adueñarse del Sahara español y el laissez faire de los Estados Unidos de Norteamérica para aprovecharse de la circunstancia en la negociación del tratado con España relativo a las bases militares conjuntas en nuestro país.
Lo que motivaría la citada ofensiva internacional contra nuestro país, que narraremos a continuación, fue el cumplimiento de la sentencia de pena de muerte dictada por la Autoridad Judicial contra cinco terroristas por los asesinatos de dos policías armadas, Ovidio Díaz López, casado, que dejó viuda embarazada, Lucio Rodríguez Martínez soltero, con novia; Antonio Pose Rodríguez, teniente de la Guardia Civil, que dejó viuda, y Gregorio Posadas Zurrón, cabo de la Benemérita, que dejó viuda y dos hijos.
Los condenados a la pena capital fueron:
Ángel Otaegui Echevarría, condenado como cómplice en el asesinato de Gregorio Posadas. Indicó a otros asesinos de ETA el recorrido que hacía la victima y los cobijó tras el crimen.
Juan Paredes Manotas, también miembro de ETA, autor material de la muerte de Ovidio Díaz. Además había sido uno de los asesinos del inspector de policía José Díaz Linares.
José Humberto Baena Alonso, miembro del FRAP, autor material de la muerte de Lucio Rodríguez.
Ramón García Sanz, miembro también del FRAP, autor material del asesinato de Antonio Pose.
José Luis Sánchez-Bravo Sollas, inductor de la muerte del teniente Antonio Pose. Formaba parte del mismo comando de García Sanz, autor material del crimen.
Los cinco fueron ajusticiados en cumplimiento de las sentencias judiciales.
Pero también habían sido condenados a la misma pena de muerte:
José Antonio Garmendía Artola, condenado por asesinar a Gregorio Posadas.
Manuel Blanco Chivite, por inductor del asesinato de Lucio Rodríguez.
Vladimiro Fernández Tovar, que facilitó el revólver para matar a Lucio.
Manuel Cañaveras de Gracia, facilitó el arma para matar a Antonio Pose.
María Jesús Dasca Panela, colaboradora en el asesinato de Antonio, y
María Concepción Tristán López, que ordenó el crimen del teniente Pose.
Estos seis últimos asesinos fueron indultados por el Gobierno del Generalísimo Franco.
Los cinco ajusticiamientos desataron las protestas masivas de la Izquierda europea, protagonizadas fundamentalmente por los partidos comunistas y adláteres, que reseñaremos resumidamente a continuación, pero antes quiero dejar sentadas un par de cuestiones:
¿Por qué había de perdonarse a todos los asesinos?
¿A alguien le importaban las víctimas?
Hay que recordar que durante el franquismo se produjeron no menos de trece decretos de indulto, desde 1945 a 1971.
Asesinan al policía Diego del Río Martín en un atraco en Barcelona
Sin que guarde relación con lo anterior, el 29 de septiembre de 1975 miembros de los GRAPO perpetraron un atraco en la Residencia Sanitaria Francisco Franco, del Valle de Hebrón en Barcelona, que les supuso un botín estimado en principio en unos 32 millones de pesetas, si bien luego se precisó que realmente fueron 21.550.000, pues ya había cobrado mucha gente, ya que se trataba de la nómina del personal. Con ocasión de este atraco dispararon a dos policías que allí prestaban servicio, acribillándoles a fuego de metralleta y robándoles luego sus armas reglamentarias. Los atracadores fueron cinco, quizá tres hombres y dos mujeres, que se camuflaron entre los sanitarios que hacían cola ante la Habilitación del centro para cobrar.
Eran los policías armados Diego del Río Martín, que resultó muerto en el acto y su compañero Enrique Camacho Jiménez, al que hubo que extirpar el bazo y quedó inválido a causa de las lesiones recibidas, necesitando asistencia médica y psiquiátrica durante mucho tiempo. Tenía 27 años, natural del Puerto de Santa María, estaba casado sin hijos.
Un antiguo miembro de la OMLE detenido tiempo después en Madrid, Francisco Fossoul de la Sierra, aclaró las circunstancias del mencionado atraco, protagonizado por el PCE (r), que fue en esta época el más importante de los perpetrados en España. Esta provisión de fondos puede explicar bien la calidad de la propaganda del partido y la cobertura que les permitió montar una infraestructura (pisos, etc.) capaz para desarrollar su labor y “liberar” a varios militantes.
Diego del Río recibió cinco impactos mortales en la cabeza y abdomen; quedó prácticamente descerebrado y fue llevado al Hospital Militar donde ingresó ya cadáver.
Diego, de 24 años, estaba casado con Magdalena Periñán Rueda; tenían un hijo de un año y la esposa estaba embarazada. Había ingresado en el Cuerpo en 1974.
Al conocerse la triste noticia de la muerte del señor Del Río, el ayuntamiento de Algeciras, de donde era natural, cerró un hoja de la puerta de acceso a la Casa Consistorial en señal de duelo y cursó a la viuda el siguiente telegrama: “Ciudad de Algeciras dolorosamente conmovida al tener conocimiento triste noticia fallecimiento su esposo, le testimonia por medio de la Corporación Municipal y esta Alcaldía, la expresión de su más sincera y sentida condolencia ante irreparable pérdida por muerte en acto de servicio de un algecireño ejemplar. Lledó, alcalde de Algeciras”.
El sepelio de Diego del Río se celebró por la tarde en el cuartel de la 42 Bandera Móvil de la Policía Armada, cuyo patio estaba lleno de compañeros del extinto, jefes, oficiales y publico en general, sumando más de cuatro mil personas.
Junto al capitán general de la Región Militar, Salvador Bañuls, que presidió el duelo, estaban el gobernador civil Rodolfo Martín Villa, director adjunto de Seguridad, señor Fanlo, presidente de la Diputación, Alcalde de la ciudad y otras autoridades. El cuerpo fue trasladado a Algeciras para recibir sepultura. Diego del Río fue condecorado a título póstumo con la Medalla de Oro al Mérito Policial.
