Del 7 de noviembre al 4 de diciembre de 1936: La Solución Final cominista; Paracuellos del Jarama

“…funcionó, tanto en Paracuellos del Jarama como en Torrejón de Ardoz, con la precisión de una máquina bien engrasada. De improvisación nada”.

-Ian Gibson-

                            

      Si el episodio del robo de las monedas del Museo Arqueológico puede considerarse una de las mayores vergüenzas nacionales, los crímenes masivos de los presos de las cárceles madrileñas se han convertido, sin duda, en la mayor de las vilezas cometidas en España durante toda su historia. Ningún otro suceso puede comparársele ni en dimensión trágica ni en iniquidad moral.

      A estas alturas del libro, el lector atento ya habrá advertido que la tesis de la propaganda izquierdista es siempre la misma: La represión republicana fue obra de unos delincuentes incontrolados que se aprovecharon del colapso organizativo del Estado republicano, provocado por la rebelión militar de junio de 1936, para dar rienda suelta a sus primarios instintos homicidas, sin que estos individuos tengan nada que ver con la izquierda y su pureza doctrinal.

Para su maniquea simplificación conceptual, que se extiende hasta gran parte de la opinión pública actual, la violencia criminal que asoló la retaguardia republicana brotó sin más de la mera mano de una guerra traída un día de julio por un puñado de espadones militares, quienes inocularon al cuerpo social una repentina sed de sangre, y por tanto la lógica reacción del “pueblo” produjo los desmanes aislados, fruto de una indignación tan justa como desbocada.

Por este burdo procedimiento de transformación de la realidad, propio para mentes infantiles, la historiografía oficial (siempre proclive instintivamente a las tesis izquierdistas) da carpetazo a cualquier asunto homicida con unas breves menciones, describiéndolos como sucesos deplorables, pero siempre de carácter aislado y casi inevitable.

La desatención de lo ocurrido en Paracuellos ha sido, por tanto, la norma en todos los trabajos provenientes del ámbito académico histórico, tanto nacional como extranjero, aludiendo siempre a la mencionada tesis de los “incontrolados” y al pánico desatado por el avance franquista sobre Madrid como la causa de aquel episodio criminal, que queda enmascarado por otros sucesos de mucha menor importancia. Basta con revisar las historias más famosas de la Guerra Civil española para comprobarlo. Muchos hispanistas en sus obras le dedican poco más allá de un escueto párrafo. Desde luego nadie entra a explicar cómo fue posible que aquellos fanáticos milicianos perpetradores de la matanza, “animados por las más rudimentarias ideas de justicia, algunos de ellos con largos historiales delictivos a sus espaldas”, se mostrasen capaces de masacrar a miles de presos en la capital de España, y enterrarlos casi sin dejar rastro en unos pocos días, contando con la necesidad de mantener una logística continua de transporte, ejecución y eliminación de los cadáveres que se prolongó durante más de un mes… y hacerlo todo sin que ninguna autoridad republicana tuviese conocimiento de ello. Resulta casi un insulto a la inteligencia.

Tal es la tesis que los políticos republicanos exhiben en sus correspondientes libros de memorias, siempre eximiéndose de responsabilidad. Existe, además, un discurso explicativo complementario, que “adorna”, por así decirlo, la exculpación de la República y sus gobernantes, y es la de atribuir a los soviéticos la inducción o la participación como elemento clave en los hechos. En esencia, se trata de buscar un cabeza de turco, en este caso de ruso, para hacer recaer en él la responsabilidad, atenuando así la propia republicana. Una maniobra de distracción con la que se intenta diluir el crimen y confundir a la Historia. Esta tesis ha tenido, además, la ventaja de ser aceptada por la historiografía franquista, al socaire del “Rusia es culpable”. A ella se apuntan con entusiasmo los historiadores y los medios de comunicación de cabecera de la izquierda española, que buscan en los asesores soviéticos la culpa de los hechos, y la orden ejecutiva en los despachos del Kremlin. Todo con la inconfesable intención de escamotear responsabilidades e incluso los mismos hechos en sí, hasta el extremo de parecer que semejante inhumanidad se hubiese producido en Vladivostok y no en la capital de España bajo el Gobierno de la República.

Como muestra, un botón: aún en fecha tan relativamente reciente como 2012, el historiador Fernando Hernández Sánchez, claramente proclive a la “causa izquierdista” (sea eso lo que sea), publicó en el número 168 de la revista La Aventura De La Historia un artículo titulado Masacre en Paracuellos: Moscú movió los hilos.

El propio Giménez Caballero, panegirista del régimen de Franco, propagó la idea de que semejantes matanzas no podían ser idea de un cerebro español y sólo podía atribuirse su ejecución a mentes criminales soviéticas. Paradójicamente, la izquierda se adhirió a esta tesis para intentar envolverse en su cómodo abrigo ocultando su culpabilidad.

En cualquier caso, incluso tras la guerra, la propia historiografía franquista tampoco fue demasiado rigurosa con aquella atrocidad. Tanto es así, que su recuerdo fue diluyéndose en el tiempo y casi alcanzó el olvido. Una vez que el régimen franquista se estabilizó, y las preocupaciones cotidianas fueron la norma vital, pareció existir una inconsciente vergüenza en recordar unos sucesos tan trágicos que mostraban una historia nacional reciente que era mejor arrinconar; como una familia bien avenida que borra de sus conversaciones un pasado oscuro digno de olvido, quedando relegado solo a la memoria de los familiares directos de las víctimas.

Sea como fuere, lo cierto es que el régimen franquista no “explotó” propagandísticamente aquel suceso, que por sí solo hubiese servido para inhabilitar ante la Historia al régimen republicano y a sus dirigentes. Tanto es así, que muchas personas nacidas y crecidas durante esos años ignoraban por completo el episodio, o a lo sumo conocían vagas referencias de él.

El hecho es que, con respecto a las matanzas de Paracuellos, los debates historiográficos posteriores se centraron especialmente sobre la posible responsabilidad de Santiago Carrillo, o en el grado de conocimiento de los dirigentes republicanos, buscando embarrar el terreno de juego y confundir al desorientado oyente. Pero no cabe duda de que aludir a la confusión como elemento primordial de aquellos sucesos es más un fermento para enmascarar la realidad entre la hojarasca discursiva, un recurso demagógico, generalmente malintencionado, para no mirar de frente un episodio histórico que está muy claro en su primordial naturaleza asesina.

La aparición, relativamente reciente en la escena histórica, de un personaje como Felix Schlayer, ha roto esta cómoda desmemoria que la izquierda ejercía con impostada convicción. La publicación, traducido al español en 2005, de su libro escrito en 1938 con el título de Matanzas en el Madrid republicano (y reeditado en 2008 con su título original Diplomático en el Madrid rojo), significó una piedra en el zapato de la interesada memoria histórica izquierdista. Su libro Diplomat im roten Madrid (Un diplomático en el Madrid rojo) vio la luz en Berlín en 1938, pero no sería traducido al español hasta el año 2005, con el título de Matanzas en el Madrid republicano.

Felix Schlayer Gratwohl, era el cónsul de la embajada noruega en Madrid, y su encargado de negocios. Disponía, por tanto, de una atalaya perfecta para observar los sucesos desde el epicentro del huracán republicano, situado en una posición relativamente segura y con cierta capacidad de acción para moverse en aquella peligrosa jungla revolucionaria, mediante la inmunidad que le confería su estatus diplomático y su pertenencia a un país con reconocida trayectoria neutral y pacifista.

Se trata de un testigo directo de los acontecimientos, que describe en sus memorias con precisión detallada. De igual forma relata sus entrevistas con las autoridades gubernativas, ya implicado directamente en el intento de salvar las vidas de numerosos inocentes, convertido en un Schindler ibérico. Tanto es así que el edificio del consulado de Noruega se fue llenando de refugiados durante los meses de septiembre y octubre, por lo que Schlayer se vio forzado a alquilar, en noviembre, una docena de viviendas de un inmueble cercano, trasladando allí el consulado. Lo que él llamó el Gross Asyl Noruega (“El gran Refugio de Noruega”).

Las viviendas, ya legalmente dentro de la legación diplomática, fueron ocupadas cada una de ellas por grupos de unas 70 personas, que allí se amontonaban con poco espacio y menos comida. Unas 900 personas llegaron a convivir al mismo tiempo refugiadas en la embajada noruega. Número superado en algunos centenares por las refugiadas en la embajada de Chile, aunque esta contaba con más edificios y más espacio. Personas que se pasaron el día y la noche encerrados en los mismos cuartos, durante más de un año entero. El lector puede hacerse una idea de aquella coyuntura, a la que hay que añadir la dificultad para alimentarlos y los problemas de higiene originados, máxime teniendo en cuenta la presencia de 120 niños. Sin embargo, para aquellos refugiados la alternativa era abandonar la embajada, ser detenidos y acabar rápidamente fusilados, sin acusación ni juicio. Felix Schlayer. Diplomático en el Madrid rojo.

En sus extraordinarias memorias, el cónsul noruego refiere todos los pormenores de estas circunstancias y su manera de afrontarlas y resolverlas. Por todo ello el testimonio de Schlayer se convierte en un elemento de primera magnitud como participante activo en aquella convulsión social, y en un incómodo dedo acusador contra la izquierda y sus brutalidades.

Ciertamente, no han faltado los intentos de desacreditarlo aludiendo a su tendenciosidad política y a su cercanía al régimen nazi. Algo que, además de ser incierto por indemostrable e indemostrado, no invalidaría su alegación y la realidad de los hechos que describe. La visión directa de sus ojos como testigo presencial de aquellas atrocidades, y su acreditada participación activa en el salvamento de muchas vidas, vale mucho más que las elucubraciones teóricas de los académicos interesados en desvirtuarlas o justificarlas.

Así, su relato es tan clarificador históricamente, como demoledor para la memoria frente populista. La siguiente transcripción de sus memorias, el 29 de septiembre, forma parte de sus alegaciones en la reunión celebrada en la embajada de Méjico por el cuerpo diplomático destacado en Madrid, entregadas en mano a sus colegas presentes.

  “Hago constar que cada mañana pueden verse en la calle de Cea Bermúdez, muy cerca de varias representaciones diplomáticas, numerosos cadáveres de hombres y mujeres, así también como en la carretera que va de la Dehesa de la Villa a la Puerta de Hierro.

      Pero estos no son los únicos lugares frecuentados por los asesinos políticos o comunes, ya que el número total de cadáveres hallados, sin salirse del casco urbano de Madrid, alcanza, diariamente, la cifra de sesenta, lo cual nos permite suponer que el número de cadáveres que puedan encontrarse en las carreteras conducentes a los pueblos vecinos, exceda ampliamente de la misma. En estos últimos días las víctimas se cuentan ya por centenares.

      Hago constar que estas últimas noches se sacaron presos de las cárceles de San Antón, a los que se asesinó en diferentes lugares; en un solo caso, producido recientemente, fueron asesinadas cincuenta personas en una sola noche.

     Hago constar, que en «Fomento 9», funciona un tribunal completamente ilegal que «pone en libertad», en las primeras horas de la madrugada, a todos los que no han sido condenados, para que el populacho que espera en las puertas los despedace sin piedad.

  Hago constar que en muchos ateneos y “asociaciones” de denominaciones diversas se arrogan el derecho de apresar indiscriminadamente a personas, mantenerlas en cautividad y hacer con ellas lo que les plazca.

       En las prisiones oficiales del Estado, se hallan en la actualidad: cinco mil presos en la cárcel Modelo, mil presos en la que fue Cárcel de mujeres (Ventas), dos mil presos en San Antón y Porlier y más de quinientas mujeres presas en Conde de Toreno 9.

        Existen, además, una serie de prisiones privadas de las que el Estado no se preocupa; por ejemplo un antiguo convento, en la calle de San Bernardo, frente a la Iglesia de Monserrat.

      El domingo, temprano por la mañana, vi con mis propios ojos veinte cadáveres que yacían en las proximidades de mi Embajada. Calculo que en este día la cifra total de los asesinados en Madrid y en sus alrededores pasaría de los trescientos. Además, se había producido un número incontable de secuestros de muchachitas cuyo apresamiento negaban, pero que retuvieron para fines inconfesables.

      Hago constar que la noche del cinco al seis se recogieron ciento diez asesinados, solo en el término municipal de Madrid”. Felix Schlayer. Diplomático en el Madrid rojo.

Tras aquella reunión de los representantes diplomáticos en Madrid, se emitió un acta de la misma en la que estos querían hacer constar su preocupación por la vida de los miles de presos que se encontraban recluidos en las cárceles madrileñas, sin acusación, declaración, ni ninguna garantía judicial propia de cualquier país democrático:

   “El Cuerpo Diplomático es el único representante de los sentimientos humanitarios en las circunstancias reinantes. En su opinión, ha de contarse con que antes de que las tropas nacionales tomen la capital, descargue una tormenta de odio sobre las distintas cárceles de Madrid, tormenta de la que el Cuerpo Diplomático, no sólo no puede desentenderse, sino que tendrá que empeñar todas sus fuerzas y posibilidades para que no llegue a producirse. Su propuesta es que el Cuerpo Diplomático pidiera que cuatrocientos o quinientos guardias civiles de más de cuarenta años, quedaran especialmente destinados a la defensa de dichas prisiones». Ibíd.

Los embajadores de Chile y Méjico entregaron personalmente esta nota al Ministerio de Asuntos Exteriores, recibiendo la respuesta de que precisamente se estaban retirando del frente a cuatro mil ex-policías y se les iba a destinar a la protección de las prisiones. Como sabemos ahora, aquella afirmación no solo era falsa, sino que estaba completamente alejada de la voluntad del Gobierno.

Los asesinatos masivos de los presos de las cárceles madrileñas se efectuaron sobre todo en noviembre, con la firma documental de organismos del Gobierno que las ordenaron y avalaron. Ningún policía o guardia civil hubiera podido oponerse a la voluntad gubernamental del Frente Popular. Y desde luego el Cuerpo Diplomático erraba profundamente al suponer que dialogaba con políticos civilizados y no con criminales investidos de autoridad coyuntural.

Tanto es así, que a los cuatro días el Ministerio de Exteriores de Álvarez del Vayo remitió una nota oficial de respuesta amenazante contra los representantes diplomáticos que albergaban y protegían a los refugiados:

    “Habida cuenta de que el ejercicio del derecho de asilo ha dado lugar a notorios abusos, es voluntad del Gobierno hacer constar, ante los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, que se ve obligado a poner fin a la actitud de extraordinaria tolerancia mantenida hasta la fecha, frente al ejercicio de tal derecho y a reservarse, a su vez, la facultad de proceder contra los abusos ya cometidos, en la forma que en cada caso requieran los supremos intereses de la República”. Ibíd.

El Cuerpo Diplomático respondió solicitando entrevistarse con el presidente de la República, Manuel Azaña, para conocer la opinión sobre la nota emitida por el ministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno, y si la apoyaba. La entrevista se produjo el 16 de octubre, y Azaña respondió que nada sabía del documento ni de la actitud hostil del Gobierno hacia el derecho de asilo. Lo cual demuestra lo desconectado que vivía de la realidad política del momento el jefe del Estado, y su nula capacidad para intervenir en los acontecimientos.

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Pero conviene comenzar por el principio para comprender en toda su magnitud la mayor masacre de civiles indefensos, el asesinato masivo de miles, en efecto ¡miles! de personas, que se produjo durante la Guerra Civil, convirtiéndose en una de las mayores matanzas masivas de la historia de Europa, sólo superada por la de Katyn en Polonia y la de Babi Yar en Ucrania, ya en plena Segunda Guerra Mundial.

Todo comenzó a las 11 de la mañana del 6 de noviembre de 1936, en una reunión urgente del Gobierno republicano presidido por Largo Caballero. Se trataba de tomar la difícil decisión de abandonar la ciudad ante el avance aparentemente incontenible de las fuerzas nacionales que se acercaban a Madrid. Por lo que se conoce, la discusión llegó a ser agria. Los cuatro ministros anarquistas y los dos comunistas se opusieron porque consideraban que la marcha supondría aceptar la derrota, y dejar a los madrileños solos hundiría la escasa moral de resistencia que quedaba en la ciudad. Los anarquistas pidieron que constara en acta su voto en contra. Pero Indalecio Prieto, ministro socialista de Marina y Aire, insistió en que la decisión había que tomarla por unanimidad, sin disidencias, para que luego no hubiera habladurías. La batalla de Madrid. Jorge Martínez Reverte.  Largo Caballero. Mis recuerdos. Méjico. 1976. pág.188. Indalecio Prieto. Convulsiones de España. Méjico, 1967, pág. 192.

Finalmente, los anarquistas cedieron y se tomó la decisión de que el Gobierno abandonara Madrid esa misma tarde, trasladándose de inmediato a Valencia. El presidente de la República, Manuel Azaña, haciendo alarde de su conocido carácter timorato ya había abandonado Madrid tres semanas antes, en lo que parecía más una huida que una elemental medida de precaución. Tras la reunión, el Gobierno emitió una nota informativa secreta dirigida a los partidos. En ella se comunicaba su disposición de abandonar la capital de España, y su intención de dejar el mando de la defensa de la ciudad a una Junta de Defensa presidida por el general José Miaja, y compuesta por representantes de todos los partidos que componían el Frente Popular:

“Con el fin de poder seguir cumpliendo su principalísima misión en defensa de la causa republicana, ha resuelto alejarse de Madrid y confiar a Miaja la defensa de la capital a cualquier precio”. El subrayado es mío.

Fue un visto y no visto. Aquella misma noche del 6 de noviembre, una gran caravana de vehículos cargados de dirigentes republicanos atravesó la única carretera nacional que seguía abierta en dirección a Valencia. Una larga fila de vehículos oficiales, con dos pequeñas banderas tricolores ondeando al viento, salieron de Madrid repletos de personalidades del Gobierno; era un espectáculo tan insólito como ridículo. Como es bien sabido, en caso de naufragio las ratas son las primeras en abandonar el barco.

El viaje fue tranquilo hasta que llegaron a la altura de Tarancón, cuando un grupo de milicianos de la CNT les detuvieron. ¿Qué diantres era aquello? ¿Cómo era posible que tamaña caravana abandonara la ciudad? Los milicianos anarquistas, perplejos, detuvieron el convoy y no pudieron más que maldecir cuando los ministros les informaron de que acudían a Valencia como medida de precaución. José Villanueva, al mando del grupo, les retuvo y no permitió el paso del convoy. El republicano Cipriano Mera, su superior, fue uno de los pocos que narró el episodio en sus memorias:

    “Lo que está pasando en Madrid es una verdadera vergüenza. El Gobierno, que es el que tenía que conservar la serenidad, ha sido el primero en huir, dando la sensación al pueblo de que todo está perdido…

     Villanueva me comunicó que tenía detenidos, por huir hacia Valencia abandonando Madrid, al general Asensio, subsecretario de Guerra; al socialista Álvarez del Vayo, ministro de Estado (Asuntos Exteriores); a nuestro compañero Juan López, ministro de Comercio; al general Pozas, el cual arguyó que se le había ordenado situar su puesto de mando precisamente en Tarancón, y algunos más. Abundaban entre los detenidos los secretarios, subsecretarios, algún gobernador y no pocos altos funcionarios. Por lo visto también había logrado escapar Federica Montseny, ministra de Sanidad (anarquista)”.

Mera se presentó rápido en el lugar, y describió en sus memorias la conversación con los ministros de la República:

   “–¿Por qué se nos tiene aquí, cuando nuestro puesto está en Valencia, al lado del Gobierno?

   –Está usted equivocado. El verdadero sitio de todos ustedes está en Madrid, al lado de sus defensores. Su deber no era el de escaparse, como han hecho. Celebro que los trabajadores tengan ocasión de exigir explicaciones a los jefes militares que no saben luchar y a los ministros que no saben gobernar”. Manuel R. Villatoro. ABC.

https://www.abc.es/historia/verguenza-ocultada-republica-cazaron-milicianos-alcalde-cobarde-20221018140632-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhistoria%2Fverguenza-ocultada-republica-cazaron-milicianos-alcalde-cobarde-20221018140632-nt.html.

Finalmente, el grueso de la caravana pudo continuar su marcha hacia Valencia, pero un numeroso grupo de funcionarios fue despachado de vuelta a Madrid. Entre ellos el propio alcalde de la ciudad, el socialista Pedro Rico, que una vez en ella buscó cobijo en la embajada de Méjico, hasta que pudo salir de la capital escondido en el maletero del coche de un antiguo banderillero apodado “el Nili”, amigo personal y convertido, por obra y gracia del dedo municipal, en delegado de Abastos del Ayuntamiento.

En la capital de España, la Junta de Defensa quedaba facultada para “la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de Madrid, que deberá ser llevada al límite”, y se constituía en la máxima autoridad en la capital, con facultades delegadas del Gobierno y absorbiendo también, por tanto, las competencias del Ayuntamiento de Madrid.

Junto con el Gobierno, las cúpulas de los partidos del Frente Popular también abandonaron de inmediato la capital. De los dirigentes del PSOE, sólo permaneció en la capital Julián Zugazagoitia, al frente de El Socialista. El partido comunista fue el único cuya dirección permaneció mayoritariamente en Madrid. En gran medida, este hecho determinaría la trágica suerte de los presos.

Como hemos visto, con anterioridad a esta decisión gubernativa, el Cuerpo Diplomático destacado en Madrid ya había presionado al Gobierno de Largo Caballero para que evacuase a los prisioneros fuera de la ciudad, temiendo que la inminente entrada de las fuerzas rebeldes en la capital estuviera precedida de una “masacre a gran escala” en las prisiones. No en vano, Milicia Popular, el periódico portavoz del 5º Regimiento comunista, había publicado el 5 de agosto: “En Madrid hay más de mil fascistas presos, entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados… ¿Cuándo se les fusila?”. Milicia Popular, 5 de agosto de 1936. Tomado de César Vidal. Paracuellos-Katyn.

Y solo unos días más tarde, volvía a publicar: “El enemigo fusila en masa. No respeta niños, ni viejos, ni mujeres. Mata, asesina, saquea e incendia… En esta situación, destruir un puñado de canallas es una obra humanitaria, sí, altamente humanitaria. No pedimos, pues, piedad, sino dureza”. Milicia Popular. 21 de agosto de 1936. Ibíd.

Por su parte, el periódico Octubre, a mediados de agosto, afirmaba: “A esta hora no debía quedar ni un solo preso, ni un solo detenido. No es hora de piedad. La sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces”. Octubre, 17 de agosto de 1936. Ibíd.

        Y solo unos días antes de la huida del Gobierno republicano, el 3 de noviembre, el diario La Voz escribía en sus páginas: “Hay que fusilar en Madrid a más de cien mil fascistas camuflados, unos en la retaguardia, otros en las cárceles. Que ni un quinta columna quede vivo para impedir que nos ataquen por la espalda. Hay que darles el tiro de gracia antes de que nos los den ellos a nosotros”. Ibíd.

Este mismo periódico, La Voz, había publicado el 27 de octubre la crónica de la supuesta matanza producida tras la toma de Badajoz por las fuerzas que avanzaban hacia Madrid, mandadas por el coronel Yagüe. La crónica no tiene desperdicio, y me permito transcribirla íntegramente para que el lector pueda comprobar su grado de verosimilitud, y el veneno que se intentaba transmitir sentimentalmente a una gran parte de la población ya sumida en una barahúnda asesina:

       “Cuando Yagüe se apoderó de Badajoz (…) hizo concentrar en la Plaza de Toros a todos los prisioneros y a quienes, sin haber empuñado las armas, pasaban por gente de izquierda. Y organizó una fiesta. Y convidó a esa fiesta a los cavernícolas de la ciudad, cuyas vidas habían sido respetadas por el pueblo y la autoridad legítima.

        Ocuparon los tendidos caballeros respetables, piadosas damas, lindas señoritas, jovencitos de San Luis y San Estanislao de Kostka, afiliados a Falange y Renovación, venerables eclesiásticos, virtuosos frailes y monjas de albas tocas y miradas humildes. Y ante tan brillante concurrencia fueron montadas algunas ametralladoras.

      Dada la señal –suponemos que mediante clarines–, se abrieron los chiqueros y salieron a la arena, que abrasaba el sol de agosto, los humanos rebaños de los liberales, republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas de Badajoz. Confundíanse los viejos y los niños. También figuraban mujeres: jóvenes algunas, ancianas otras; gritaban, gemían maldecían, increpaban, miraban con terror y odio hacia las gradas repletas de espectadores. ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Exhibirlos? ¿Contarlos? ¿Vejarlos? Pero pronto, al ver las máquinas de matar con los servidores al lado, comprendieron. Iban a ametrallarlos. Quisieron retroceder, penetrar de nuevo en los chiqueros. Pero fueron rechazados a golpes de bayoneta y de gumía por los legionarios y cabileños que estaban a su espalda (…) Yagüe estaba en el palco, acompañado de su segundón, Castejón. Le rodeaban, obsequiosos y rendidos, terratenientes, presidentes de cofradías, religiosos, canónigos, señoras, damiselas vestidas con provinciana elegancia. Levantó un brazo y sacó un pañuelo. Y las ametralladoras comenzaron a disparar”.

En la parte final de la crónica se decía: “Ya lo sabéis, madrileños. Yagüe, delegado de Mola, Franco, Queipo, Cabanellas y demás generales sublevados contra España, se propone repetir en Madrid, en mucha mayor escala, lo que ya hizo en Almendralejo y Badajoz […] Quieren matar a cien mil madrileños… Por otra parte han prometido a los moros y a los del Tercio dos días completos de saqueo para indemnizarles de sus fatigas y peligros actuales. En el botín, como es natural, entran las mujeres… Ya sabe el pueblo de Madrid lo que le aguarda si no quisiera defenderse, lo que no creemos en modo alguno. La muerte para muchos. La esclavitud para los demás. Los que vienen contra él sedientos de sangre y anhelosos de saqueo son los de Badajoz”. La Voz de Madrid. 27 de octubre de 1936. En una fecha tan tardía como 1966, se añadió que a algunos de los que iban a morir se les puso antes banderillas, y más tarde que habían sido estoqueados,​ y todavía en plena transición democrática varios medios, como las revistas Tiempo de Historia e Interviú, reprodujeron la versión de la “fiesta”​.

Por tanto, comprenderá el lector que con semejante incitación al odio entre clases y entre personas se estaba creando un ambiente propicio para el crimen y el linchamiento y, con ello, el riesgo era inminente para una población reclusa y desprotegida, que en absoluto estaba a salvo del exterminio. Ninguna autoridad mínimamente sensata, responsable y capaz, podría haber hecho caso omiso de estas advertencias que, tanto el Cuerpo Diplomático, como el ambiente inducido por la propaganda, permitía visualizar con claridad a cualquier persona con un mínimo de honestidad personal y ojos en la cara… salvo que ese, el crimen, fuese la “solución final” decidida por todos… unos por acción, y otros por omisión.

De hecho, es ya indiscutible (como el historiador Julius Ruiz demuestra en su libro Paracuellos, una verdad incómoda, uno de los mejores y más documentados estudios sobre estos hechos) que unos días antes, la noche del 28 al 29 de octubre, treinta y dos presos, entre los que se encontraban Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos, fueron “sacados’’ por el CPIP (Comité Provincial de Investigación Pública – Checa de Fomento) de la prisión de Ventas después de obtener la autorización del ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, para su traslado a la cárcel de Chinchilla, pero en su lugar fueron llevados al cementerio de Aravaca, donde fueron fusilados. Y entre los días 1 y 5 de noviembre otras “sacas” de las prisiones madrileñas habían terminado nuevamente en el fusilamiento en Aravaca y en Rivas Vaciamadrid de 158 presos. Hasta el 7 de noviembre, el CPIP mató a 190 presos derechistas con el mismo modus operandi de Paracuellos. Julius Ruiz. El Terror rojo.

De tal manera, por tanto, antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar bastantes sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios a las de las milicias a raíz del asalto a la cárcel Modelo ya relatado, el 22 de agosto, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tendrían los de noviembre y diciembre.

En aquel momento, debido a la indiscriminada represión ya referida, en la capital de España existían unos 10.000 ciudadanos encarcelados por su supuesta disidencia política con el Frente Popular, la gran mayoría presos después del estallido de la Guerra Civil y metidos entre rejas por las más peregrinas razones. De estos, unos 5.500 se encontraban hacinados en la cárcel Modelo de Madrid, cerca de 400 en la cárcel de Ventas, 1.150 en la cárcel de San Antón y unos 1.200 en la cárcel de Porlier. En todas ellas los presos se encontraban amontonados en las peores condiciones.

Ya antes del inicio de la guerra las prisiones estaban repletas de “desafectos”, pero el comienzo de las hostilidades significó el abarrotamiento total. Por ejemplo, una prisión como La Modelo, diseñada para albergar a 1.200 presos, estaba ocupada por más de 5.000. En celdas individuales, de dos por tres metros, se acomodaban hasta seis personas que no disponían de colchones y cuyas condiciones higiénicas eran infrahumanas. La alimentación dependía de los propios familiares encargados de suministrársela, que incluso debían facilitar los colchones en los que poder dormir. Esta situación obligó a habilitar, como improvisadas prisiones, conventos y colegios como el de la plaza del conde de Toreno y el escolapio de San Antón. César Vidal. Paracuellos-Katyn.

En la noche del sábado 7 de noviembre, es decir, al día siguiente de la marcha a Valencia del Gobierno, se produjo una importante reunión entre las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) encargadas de la Consejería de Orden Público y miembros de la Federación local de la CNT. En aquella reunión se decidió la «ejecución inmediata« (sin juicio) y «cubriendo la responsabilidad« (con garantía de impunidad) de una parte de los 10.000 presos que había en ese momento en la capital.

En su libro La batalla de Madrid, editado en 2004, Jorge Martínez Reverte. La batalla de Madrid. Crítica. 2004. Jorge M. Reverte reproduce el acta, nunca antes publicada, de lo comentado en esa reunión. Las organizaciones que toman parte en esa decisión «que costará la vida a cientos de personas» -concluye Reverte- “están dirigidas por Santiago Carrillo Solares”, consejero de Orden Público perteneciente a las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) y “Amor Nuño Pérez, consejero de Industrias de Guerra de la Junta de Defensa, por la CNT”.

De lo que hablaron y acordaron dio cuenta Amor Nuño Pérez al día siguiente, domingo 8 de noviembre, en la reunión del Comité Nacional de la CNT de Madrid. De esa reunión se levantó acta en la que quedó constancia de lo informado por Nuño Pérez. Esta acta fue la encontrada por Jorge Martínez Reverte en el archivo de la CNT, en el curso de la investigación para documentar su mencionado libro

El acta decía lo siguiente:

    “A continuación da cuenta de los acuerdos que han tenido con los socialistas que tienen la Consejería de Orden Público sobre lo que debe hacerse con los presos, habiendo tomado el acuerdo de dividirlos en tres grupos, a saber:

• PRIMER GRUPO. Fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata, cubriendo responsabilidad. El subrayado y la negrita son míos.
• SEGUNDO GRUPO. Detenidos de menor peligrosidad, su evacuación inmediata al penal de Chinchilla con toda clase de seguridades.
• TERCER GRUPO. Detenidos de menor peligrosidad, su evacuación inmediata con toda clase de garantías sirviéndonos de ellos como instrumento para demostrar a las Embajadas nuestro humanitarismo”.

Borrador del acta de la reunión del Comité Nacional de la CNT. Archivo de la CNT, Madrid, 8 de noviembre de 1936. Jorge Martínez Reverte. La batalla de Madrid.

Así pues, en aquella reunión se decidió la “ejecución inmediata, cubriendo responsabilidad” de los presos “fascistas y elementos peligrosos”, es decir, sin dejar rastros incriminatorios y desplegando una campaña de desinformación para ocultar la verdad de las masacres. Lo que demuestra que las matanzas de Paracuellos y de Torrejón de Ardoz contaron con el respaldo de la CNT-FAI, del Partido Comunista de España, y de los socialistas que componían la Junta de Defensa.

Un acuerdo de estas características, en el que se determina el asesinato de miles de personas, no puede haber sido una decisión “incontrolada” ni fruto de una precipitación irreflexiva e indignada, tomada por la chusma revolucionaria o por un grupo de milicianos analfabetos en contra del criterio de sus jefes políticos y de sus instrucciones concretas, como la propaganda difundida por las terminales mediáticas y la historiografía izquierdista se ha empeñado en sostener en su constante campaña de desinformación.

Al contrario, como el sentido común indica, la verosimilitud de los hechos determina, y el referido documento demuestra, fue tomada por autoridades políticas que ostentaban el poder ejecutivo delegado por el Gobierno en fuga. Gobierno que ya antes de su huida era consciente de las “sacas” y ejecuciones de presos, como muchos testimonios, entre ellos el de Felix Schlayer, afirman. La Junta de Defensa sólo organizó “industrialmente” el crimen.

La misma noche del 7 de noviembre, poco tiempo después de la reunión descrita, se efectuó la primera “saca” de presos de la cárcel Modelo. Contando con el cheque en blanco que les confería la clasificación de los presos en categorías aleatorias, ya no era necesario perder el tiempo en expurgar expedientes o en seleccionar “grados de desafección” a la causa republicana. Lo mejor era liquidarlos a todos sin excepción, colocándolos en el primer grupo de los “fascistas y peligrosos”. El exterminio sistemático había comenzado.

Alrededor de las nueve de la mañana del 8 de noviembre se produjo una segunda “saca” de la cárcel Modelo, organizada personalmente por Serrano Poncela, mano derecha y amigo íntimo de Santiago Carrillo. Según relató tras la guerra a los fiscales franquistas un participante en la operación (el comunista Ramón Torrecilla, miembro del Consejo de Investigación de la Dirección General de Seguridad), los presos “evacuados” serían más de quinientos, que fueron subidos a “siete o nueve autobuses urbanos de los de dos pisos del servicio público urbano y dos autobuses grandes de turismo”. Como aún no habían sido enterrados los cadáveres de la saca del día anterior, los presos fueron llevados a otro lugar, la finca Soto de Aldovea de Torrejón de Ardoz. Todos los presos fueron fusilados y sus cadáveres fueron arrojados y enterrados en el canal de riego seco que había en la finca.

En total, Julius Ruiz estima en unos 1.000 los presos asesinados en esos dos días, cifra que coincide con la reflejada por Paul Preston, nada sospechoso de beligerancia contra el Frente Popular.

Y aún se repitió una tercera saca al día siguiente, 9 de noviembre, con las mismas características, pero esta vez con presos extraídos de la cárcel de Porlier. Eran “solo” 30 que fueron trasladados a Paracuellos y ejecutados sin contemplaciones.

En su libro La batalla de Madrid, Jorge Martínez Reverte hace una fidedigna descripción de las últimas horas de aquellas desgraciadas personas. Su relato consigue evocar una atmósfera tan terrible como opresiva:

  “(…) Es difícil saber qué hora es cuando suenan los cerrojos y las puertas se abren con brusquedad. La sala que alberga a decenas de presos, que descansan en colchonetas sobre el suelo, lleva ya muchas horas en penumbra. Él, como casi todos sus compañeros de infortunio, no tiene reloj. Se lo quitaron al ingresar en la cárcel, la de Porlier, situada en la calle de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca. Manuel lleva allí varias semanas y no es la primera vez que su sueño se ha visto alterado por la presencia repentina de los milicianos de guardia. Pero esta vez parece que se trata de algo más importante. Lo notan todos los presos. Con los milicianos que hacen de vigilantes viene un paisano que debe de ser policía. Y lee nombres en voz alta. Muchos nombres. Los aludidos se mueven con un andar inseguro. La hora hace pensar que su destino va a ser el peor de los imaginables. A nadie se le pasa por la cabeza que le vayan a poner en libertad de madrugada. Uno de los milicianos ha dicho que los nombrados se preparen para su traslado a la cárcel de Alcalá, pero tampoco se hace muy creíble el argumento, aunque quizá…

      Y cada uno de los nombrados se dirige hacia la puerta con una mirada de incertidumbre, con miedo en los ojos. Alguno hace un leve gesto, aprieta el brazo del vecino de lecho. Pero todos se van mansamente a afrontar su destino, su traslado.

  Los que se quedan miran con piedad a los que marchan, pero seguramente todos van soltando un suspiro de alivio al comprobar que el nombrado es otro.

      En unos minutos, el trámite está cumplido. Los milicianos avisan con severidad de que se guarde silencio. Las luces se apagan y nadie se atreve a decir ni una palabra. Apenas se oye algún leve cuchicheo, un sollozo.

     La “saca” ha terminado por esa noche en la prisión de Porlier. Pero Manuel no pegará ojo. Su nombre no está en la lista, pero no hay ninguna razón para pensar que no lo esté en una ocasión próxima”. Jorge Martínez Reverte. La batalla de Madrid. 7 de noviembre. Ed. Crítica. Barcelona 2004. Durante muchos días, hasta el 4 de diciembre, las sacas continuaron sin cesar, acabando con la vida de unos cinco mil presos indefensos, sin acusación, declaración, ni juicio. La lotería de la muerte se repitió una y otra vez con diferentes protagonistas, pero con la misma atmósfera de miedo y terror. A diferencia de las ejecuciones de los meses previos, también indiscriminadas y numerosas, pero efectuadas sin un plan preconcebido y ordenado, esta vez sí existió un plan de exterminio planificado y ejecutado sistemáticamente por las autoridades republicanas.

Se trataba de eliminar masivamente a todos los rivales políticos en la capital de la nación, con diferencia la más poblada y la más significativa desde el punto de vista social y político. Algo nunca visto en la historia de España. La eliminación física del disidente, del desafecto, para hacer desaparecer su influencia, su inteligencia y su memoria en el futuro de nuestro país.

Felix Schlayer lo relata en sus memorias. Cuenta su enorme preocupación por el destino final de los presos en las cárceles de Madrid bajo la supuesta protección de la República. Junto a otros diplomáticos, los visitaba, les proporcionaba alimentos y medicinas y sobre todo les transmitía tranquilidad y cierta sensación de seguridad. Cuenta como desde septiembre y octubre recorrió todas las prisiones, llegando a conocer a los jefes de los centros de reclusión con los que incluso llegó a tener relaciones de cierta confianza. Y cuenta haber presenciado cómo las mujeres de los detenidos acudían todas las mañanas por centenares a llevarles algo de comida o alguna prenda de abrigo, bajo los groseros insultos de los milicianos encargados de la vigilancia.

Y cuenta como el seis de noviembre de 1936 se encontraba en la cárcel Modelo, preocupado por la suerte de los presos viendo la actitud amenazadora y peligrosa de los milicianos, y como la mañana del día siguiente, día siete, conocedor de la “evaporación” del Gobierno y su huida hacia Valencia, acompañado del delegado del Comité de la Cruz Roja Georges Henny, hizo nuevamente acto de presencia en La Modelo encontrándose con la sorpresa de que la plaza delante de la prisión estaba cerrada en semi-circulo por barricadas y protegida por milicianos con la bayoneta calada. Allí, dentro de la plaza, Schlayer refiere como pudo ver gran número de autobuses dispuestos para un traslado.

Alarmado, y junto con el delegado de la Cruz Roja Internacional (el médico suizo Georges Henny) se trasladó a la Dirección General de Seguridad, pero su intento de hablar con el director general, Manuel Muñoz, fue infructuoso dada su marcha con el Gobierno a Valencia. Según le responden, había quedado como delegada del orden y jefe de la Policía en Madrid, la diputada socialista Margarita Nelken, que esa misma mañana se había instalado en el despacho del director general. A pesar de sus esfuerzos y su influencia, Schlayer fue incapaz de hablar con ella. Abandonada la búsqueda de la responsable del orden, el cónsul noruego acudió al Ministerio de la Guerra, entrevistándose con el general Miaja, en aquel momento el hombre con más poder en Madrid, al que transmitió sus temores sobre la suerte de los presos. Miaja fue todo buenas palabras, pero nada más. Le comentó que en poco tiempo tendría lugar una reunión para constituir oficialmente la Junta de Defensa, con un nuevo delegado de Orden Público, a quien podría dirigir sus quejas.

Schlayer es capaz de transmitir su angustia de aquellas horas por el destino de los presos: “Entretanto habían dado ya las seis y a mí me angustiaba de nuevo un oscuro presentimiento de lo que pudiera estar ocurriendo en la cárcel Modelo”. Felix Schlayer. Diplomático en el Madrid rojo.

Para aplacar sus dudas, y mientras esperaba la finalización de la reunión de la Junta, se trasladó nuevamente a la cárcel Modelo. Allí, tras su insistencia, el director de la prisión, Jacinto Ramos Herrera, le comunicó que ya se habían llevado a varios centenares de presos en los autobuses para trasladarlos a Valencia, a la prisión de San Miguel de los Reyes, mediante una orden de la Dirección General. Schlayer refleja sus temores sobre aquella situación: “Deduje por sus propias referencias que él mismo veía el asunto con pesimismo y, al hacerle yo algunas preguntas categóricas, me contestaba con evasivas”. Ibíd.

Finalmente, de vuelta en el Ministerio junto con el delegado de la Cruz Roja, pudo hablar con el recién nombrado delegado de Orden Público: “Se llamaba Santiago Carrillo, con el que tuvimos una conversación muy larga en la que ciertamente recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias con respecto a la protección de los presos y al cese de la actividad asesina, pero con el resultado final por todos percibido de una sensación de inseguridad y de falta de sinceridad. Le puse en conocimiento de lo que acababa de decirme el director de la cárcel y le pedí explicaciones. Él pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me pareció inverosímil. Pero a pesar de todas aquellas falsas promesas, durante aquella noche y el siguiente día, continuaron los transportes de presos que sacaban de las cárceles, sin que Miaja ni Carrillo se creyeran obligados a intervenir. Y entonces sí que no pudieron alegar desconocimiento, ya que ambos estaban informados por nosotros”. Ibíd. En entrevistas posteriores, muchos años después, Santiago Carrillo reconoce la existencia de esta entrevista, pero no recuerda lo hablado en ella. Es poco verosímil suponer que no recuerde el asunto de una conversación ocurrida justo después de su nombramiento como delegado de Orden Público, con un cónsul extranjero y el delegado de la Cruz Roja Internacional, dado lo concreto del asunto a tratar.

Al día siguiente, Schlayer, dispuesto a llegar al fondo del asunto del traslado de los presos, se dirigió nuevamente a la cárcel Modelo para hablar más sosegadamente con el director del centro. De su conversación con él fue deduciendo que los presos probablemente no hubiesen llegado a su pretendido lugar de destino, la prisión de San Miguel de los Reyes en Valencia. Por boca del director, Jacinto Ramos, supo que durante la noche habían salido dos expediciones con los presos atados en parejas por los codos y sin poder llevar con ellos sus pertenencias personales. Aquello desprendía un hedor pestilente.

El propio Schlayer lo comenta con sus palabras: “Empezaba yo a barruntar la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen inaudito en el que hasta entonces no había podido ni pensar” y aún prosigue, atormentado por esa tenebrosa posibilidad los días siguientes: “En los días que siguieron, iba tomando cuerpo la verosimilitud de un crimen de dimensiones inauditas. Recogí información en otras prisiones y pude comprobar que en San Antón y en la de Porlier se habían producido, asimismo, sacas sospechosas”. Ibíd.

El cónsul noruego, tenaz, no cejó en sus averiguaciones: “Conseguí a duras penas y valiéndome de determinadas relaciones, obtener comunicación con el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia y con el de Chinchilla, a cuyos desprevenidos directores pregunté, apelando a su conciencia, cuántos presos procedentes de las cárceles de Madrid habían ingresado en sus establecimientos penitenciarios durante la última quincena. En ambos casos me aseguraron, extrañados, que ni uno solo. Asimismo, les pregunté si no había llegado notificación alguna en forma de lista. No, no habían recibido ni notificación ni lista. Por si acaso, telefoneé aún a la prisión principal de Valencia, de donde recibí la misma información”. Ibíd.

    Para Schlayer, y para cualquier persona que sepa sumar dos más dos, estaba claro: “Habían asesinado a mil doscientas personas, a las que habían sacado de las cárceles con dicho fin”.

El diplomático continúa: “Eran hombres a los que nunca se había juzgado, ni siquiera acusado. Estaban presos desde que estallaron los disturbios y, hasta entonces, se les había considerado como rehenes. Ahora lo que importaba era seguir la pista de los hechos hasta descubrir el lugar del crimen…”. Ibíd.

Siguiendo rumores e información fragmentaria conseguida entre dientes, Schlayer mantuvo la búsqueda como un perro de presa. Acompañado del encargado de negocios de Argentina, Edgardo Pérez Quevedo; “le hice partícipe de mis averiguaciones y le invité a venir conmigo” el cónsul estaba dispuesto a encontrar aquel tenebroso lugar.

      “Se mostró dispuesto a acompañarme y fuimos un par de kilómetros por una carretera secundaria desde el pueblo de Torrejón hasta el puente sobre el Henares. Allí había, junto a la carretera, una casa solitaria, que antes había sido una modesta casa de peones camineros. La casualidad quiso que esa casa fuese precisamente aquella en la que, en 1905, el anarquista Mateo Morral tomó su último alimento en su huida por los campos, después de haber arrojado la bomba contra la carroza real el día de la boda del Rey Alfonso XIII”. *Por lo que parece, se podría decir que existe un siniestro vínculo entre los episodios narrados en esta sucinta historia criminal de la izquierda, como si un determinismo trágico moviese los hilos de los diferentes actores para regresar a los lugares comunes de su propia historia.

     Y sigue Schlayer con su relato de aquellas tenebrosas horas:

        “Delante de esta casa había algunas mujeres sentadas, con unos niños jugando. Cerca de ahí, se bifurcaba un camino rural y uno de sus ramales bajaba hacia el río, en dirección a un castillo del siglo XVIII, llamado Castillo de Aldovea. El cauce del río es profundo, en aquel lugar y sus orillas están abundantemente cubiertas de árboles y de vegetación de monte bajo.

     A las preguntas que, con precaución, les hicimos acerca de los autobuses que habían pasado por allí el domingo anterior, las mujeres respondieron… que, efectivamente, el domingo por la mañana pasaron un buen número de autobuses, llenos de hombres procedentes de Madrid, que torcían para entrar en el mencionado camino rural. Al poco tiempo empezó un tiroteo que duró toda la mañana. Eso era en el lecho del río muy cerca del castillo”.

         Schlayer y su acompañante argentino se dirigieron al castillo, donde encontraron un miliciano de guardia que custodiaba el lugar.

      “Le pregunté sin rodeos dónde habían enterrado los hombres que fusilaron el domingo, dando por sabido lo ocurrido. El hombre empezó a hacerme una descripción algo complicada del camino. Le dije que sería mucho más sencillo que nos acompañara y nos enseñara el lugar; me hizo caso, se colgó el fusil y nos condujo al lugar.

      A unos 150 metros del castillo se metió en una zanja profunda y seca que iba del castillo al río y que llaman ‘caz’. Era una antigua acequia. Ahí empezaba, en el fondo de dicha zanja, un montón de unos dos metros de alto de tierra recientemente removida. Lo señaló y dijo: ‘Aquí empieza’.

      Reinaba un fuerte olor a putrefacción. Por encima del suelo se veían desigualdades, como si emergieran miembros. En otro lugar asomaban botas. No se había echado sobre los cadáveres más que una fina capa de tierra. Seguimos la zanja en dirección al río. La remoción reciente de tierra y la correspondiente elevación del nivel del fondo de la cacera tenía una longitud de unos trescientos metros. ¡¡Se trataba, pues, de la tumba de quinientos a seiscientos hombres!!” 

     “Tal como aún pude sonsacarle al miliciano, los autobuses que llegaban a Paracuellos se estacionaban arriba en la pradera. Cada 10 hombres atados entre sí, de dos en dos, eran desnudados (es decir, les robaban sus pertenencias) y enseguida les hacían bajar a la fosa, donde caían tan pronto como recibían los disparos, después de lo cual tenían que bajar los otros diez siguientes, mientras los milicianos echaban tierra a los anteriores. No cabe duda alguna de que, con este bestial procedimiento asesino, quedaron sepultados gran número de heridos graves que aún no estaban muertos, por más que en muchos casos les dieran el tiro de gracia”. Felix Schlayer. Diplomático en el Madrid rojo.

       Sobran los comentarios, la elocuencia del relato de Schlayer los hace innecesarios. Su testimonio como la primera persona que tuvo conocimiento y descubrió la matanza, lo convierte en una inobjetable acusación contra el Gobierno republicano y los partidos políticos de la izquierda española que lo componían. No es de extrañar, por tanto, la ocultación, la mentira y la falsificación de estos hechos, por sus correligionarios y por los estómagos agradecidos de algunos medios de comunicación.

Porque, además, el cónsul noruego no se detuvo en aquellas fosas del terror en Torrejón. Continuó sus pesquisas intentando esclarecer las demás actuaciones asesinas. Una semana después de estos hechos, Schlayer, impulsado por nuevas averiguaciones, dejando atrás Barajas, cruzó el río Jarama y se dirigió hacia Paracuellos. “Este pueblo está maravillosamente situado sobre una elevación perpendicular al valle de dicho río, desde el que se disfruta de una vista espléndida de Madrid y su meseta, así como de la sierra de Guadarrama más al fondo”.

     De nuevo su curiosidad obtuvo respuesta, aunque en esta ocasión con más dificultad por la mayor vigilancia de milicianos recelosos de su presencia. De hecho, ya de regreso a Madrid tras una infructuosa búsqueda, en el puente del Jarama se encontró con un joven y sus dos mulas que le suministró la información que buscaba:

“(…) Más allá bajo los cuatro pinos, hice que me señalara cuáles eran y le pregunté ‘¿Y cuántos vendrían a ser?’ ‘Muchos’ me contestó, a lo que añadí ‘¿Como seiscientos?’ ‘Más’, me dijo él ‘¡Todo el día estuvieron viniendo autobuses y todo el día estuvimos oyendo las ametralladoras!’”

    Por ello mandé conducir despacito y vi claramente dos montones paralelos de tierra recién removida, que iban desde la carretera hasta la orilla del río, de unos doscientos metros de largo cada uno. Se me confirmó después que los vecinos del pueblo no cubrieron inmediatamente con tierra los cuerpos, sino algunas horas más tarde, pero también sin hacer distinción entre muertos y heridos”.

Desde el 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre continuó la actividad asesina. Cinco mil asesinatos, un exterminio masivo planificado y ejecutado con organización, coordinación y la participación de numerosos miembros de las milicias del Frente Popular. Se trataba de eliminar físicamente a cualquier vestigio de la “vieja y podrida sociedad”. Al enemigo de clase, al disidente, al militar, al católico, aunque hubiera que morir matando para ello.

Quiero y debo añadir, finalmente, para que el esforzado lector tenga toda la información y pueda comprender la magnitud demencial de la vileza cometida por socialistas y comunistas, que entre los miles de asesinados se encontraban cincuenta varones de entre 13 y 17 años. Es decir, menores de edad. La detallada investigación de José Manuel Ezpeleta, referida por el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, Javier Paredes Alonso, ha permitido poner nombre y apellidos a estas cincuenta víctimas. En las notas del final del libro podrá el lector encontrar los correspondientes nombres junto a su edad. Baste ahora mencionar al más joven de todos ellos, Samuel Ruiz Navarro, de 13 años de edad. *Conviene recordar, no obstante, que en realidad el número de menores asesinados según la mayoría de edad de la época fue en total 276. De ellos 226 entre 18 y 21 y 50 entre 13 y 18 años.

Paracuellos de Jarama

Luis Abía Melendra, 17 años.

Ramón Alcántara Alonso, 17 años.

Manuel Alonso Ruiz, 16 años.

Jaime Aranda de Lombera, 17 años; también asesinaron a su hermano Andrés, de 22, y su padre Salvador, de 50.

Carlos Arizcún Quereda, 17 años.

José A. Barreda Fernández Cerceda, 17 años.

Manuel Blanco Urbina, 17 años.

Vicente Caldón Gutiérrez, 17 años.

José María Casanova y González Mateo, 17 años.

Antonio Castillejos y Zard, 16 años.

Víctor Delgado Aranda, 17 años.

Vicente Galdón Jiménez, 17 años.

Manuel Garrido Jiménez, 17 años; también asesinaron a su hermano Enrique, de 21.

Aurelio González González, 17 años.

Rafael Gutiérrez López, 17 años.

Adolfo Hernández Vicente, 17 años.

Miguel Iturrurán Laucirica, 17 años.

Ángel Marcos Puente, 17 años.

Emilio Morato Espliguero, 17 años.

Saturnino Martín Luga, 17 años.

Ramón Martín Mata, 17 años.

José María Miró Moya, 16 años.

Carlos Ortiz de Taranco Cerrada, 17 años.

Manuel Pedraza García, 15 años.

Francisco Rodríguez Álvarez, 15 años.

Antonio Rodríguez de Ángel, 17 años.

José Luis Rodríguez de la Flor Torres, 17 años.

Epifanio Rodríguez García de la Rosa, 17 años.

José María Romanillos Hernando, 17 años.

Manuel Ruiz Gómez de Bonilla, 16 años.

Samuel Ruiz Navarro, 13 años.

Juan Carlos Sagastizabal Núñez, 17 años.

Alfonso Sánchez Rodríguez del Arco, 16 años.

Alfredo Santiago Lozano, 17 años; también asesinaron a su hermano Manuel, de 20.

Enrique Sicluna Rodríguez, 16 años.

Óscar Suárez Lorenzo, 17 años.

Guillermo Torres Muñoz de Barquín, 17 años.

Bernardino Trinidad Gil, 16 años.

Tarsilo de Ugarte Ruiz de Colunga, 17 años.

José Luis Vadillo y de Alcalde, 17 años; también asesinaron a su hermano Florencio, de 21.

Alejandro Villar Plasencia, 17 años.

Olegario Zorrella Muñoz, 17 años.

Alfredo Zugasti García de Paredes, 17 años.

Torrejón de Ardoz

Enrique Arregui Hidalgo, 17 años.

Rafael Arrizabalaga Español, 17 años.

Félix Berceruelo Martín, 17 años.

Jesús Calvo Quemada, 17 años.

José Luis Pérez Cremos, 16 años.

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Llegados a este punto, conviene detenerse en la cadena de mando. Porque coincidirá el lector, que tamaña operación homicida es imposible llevarla a cabo sin alguien que imparta las órdenes y alguien que las obedezca. Antes de apretar el gatillo, era necesario un trámite previo en los centros de detención, un suministro de transporte y una decisión política que todo lo amparase. No es razonable aludir a la tesis de los incontrolados para explicar un proceso de matanza continua que duró un mes.

¿Cuál era esa cadena de mando? ¿Quién tenía capacidad para ordenar a los directores de las cárceles -que suministraban el material humano- su puesta a disposición de las fuerzas que se encargarían del “traslado” y de la ejecución? La mirada acusadora sólo puede converger en el ministro de Gobernación, Ángel Galarza; en su mano derecha, el director General de Seguridad, Manuel Muñoz; en el delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, Santiago Carrillo Solares, y en su ayudante, amigo y correligionario, Segundo Serrano Poncela.

De la personalidad del jefe de todos ellos, Ángel Galarza Gago, ministro de Gobernación (equivalente al actual ministro del Interior), procede comentar brevemente sus opiniones políticas sobre la democracia y sobre la realidad de aquellos tiempos, para comprender mejor los acontecimientos. En 1931, en un debate en el Parlamento, sostuvo: “Tiene que llegar un momento y una época en que no haya posibilidad que el derecho del voto lo tenga nadie más que una clase, la clase trabajadora, intelectual o manual, y que el parásito, hombre o mujer, no tenga derecho a intervenir en la legislación del país, no pueda tener voto”. Lógicamente, la capacidad decisoria para estimar quién es o no un parásito, le correspondería en exclusiva a la izquierda. María Teresa González Cortés. Los monstruos políticos de la modernidad. De la revolución francesa a la revolución nazi. Ediciones de la Torre. Madrid 2007. Tomado de Julius Ruiz. Paracuellos. Una verdad incómoda.

El 1 de julio de 1936, dirigiéndose a Calvo Sotelo, Galarza sostuvo en un debate parlamentario: “La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. Comentario que reprodujo durante un mitin en el estadio de Mestalla, en Valencia, el 23 de agosto. Gabriele Ranzato. El gran miedo de 1936. Como España se precipitó en la Guerra Civil. El Socialista, 25 de agosto de 1936.

Por último, y quizás aún más significativo sobre la forma de pensar de la persona que controlaba el orden público de la República, cabe referir sus puntos de vista sobre la legalidad democrática republicana. Por sí mismos, sus comentarios explican muchas cosas:

 “Para mí, un periodo revolucionario indica una época de formación del Derecho. La conducta hay, en esos periodos, que ajustarla no a la ley, porque esta no existe, La negrita es mía. sino a los nuevos conceptos y categorías jurídicas en cuyo nombre se ha hecho la revolución”. Sobran comentarios…

Estos son, pues, los nombres y apellidos de la infamia.

Desde luego, contando lógicamente con la mano de obra ejecutora, sus pretorianos desalmados, los hombres del CPIP (Comité Provincial de Investigación Pública) y de las MVR (Milicias de Vigilancia de Retaguardia). Ellos, unos y otros, fueron los responsables de todo el proceso, porque el terror habría sido imposible sin la complicidad de las instituciones del Estado y sus organismos ejecutivos. Como sabemos, algunos fueron generosamente recompensados por ello muchos años después, ya en plena democracia post franquista.

El CPIP (Comité Provincial de Investigación Pública) fue constituido el 4 de agosto de 1936. Como refiere Julius Ruiz, hispanista británico, en su libro Paracuellos. Una verdad incómoda, esta organización fue idea de Manuel Muñoz Martínez, director general de seguridad del Gobierno republicano.

El 3 de agosto, Muñoz convocó a todos los partidos del Frente Popular y a todas las fuerzas políticas de izquierda (PSOE, IR, UGT, CNT, FAI, PCE y JSU) a una reunión para crear una comisión central de registros y detenciones. La reunión se produjo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De los testimonios posteriores de los participantes en la reunión, se extrajo la conclusión de que el principio fundacional de la nueva organización era que esta “podría ejecutar extrajudicialmente a sospechosos”. El otro punto clave del acuerdo fue la asunción de una responsabilidad colectiva de su actividad a todos los niveles.

Benigno Mancebo, uno de los representantes de la FAI en el comité, deja clara la naturaleza del CPIP en una entrevista concedida a la prensa en 1937:

“El Comité de Investigación Pública —explicó— se constituyó con la representación de tres delegados por cada organización sindical y tres por cada uno de los partidos políticos antifascistas, teniendo también representación las Juventudes Libertarias y los marxistas. La labor que este Comité ha realizado en Madrid e incluso fuera de Madrid ha sido eficacísima. A esta formidable obra de exterminio del fascismo han contribuido incansablemente y con gran eficiencia los Grupos de Investigación, dependientes siempre de los acuerdos y decisiones del Comité. Ni un solo Grupo ha actuado jamás sin aceptar las decisiones del Comité”. Julius Ruiz. Paracuellos. Una verdad incómoda.

Como el propio Julius Ruiz comenta: “Jamás llegaremos a determinar cuántas personas murieron a consecuencia de la “formidable obra de exterminio del fascismo” llevada a cabo por el CPIP”, pero es indudable que su número superó cualquier cifra conocida hasta entonces en cualquier país civilizado, y un claro ejemplo de ello fue el exterminio de Paracuellos y el de los meses anteriores y posteriores. Según Ruiz, que estudió en profundidad este asunto, aun excluyendo el personal administrativo, de cocina y de limpieza, al menos 584 personas participaban en la guerra de exterminio del CPIP. Casi 400 de ellos trabajaban en 77 grupos de investigación de cinco miembros cada uno. Y pronto, su intensa actividad represiva necesitó de más hombres y más espacio, teniendo que trasladarse del Círculo de Bellas Artes a unas dependencias más amplias en la calle Fomento 9, constituyendo la terrorífica checa de Fomento, la checa gubernamental, la mayor de todas y con diferencia la que más ejecuciones cometió.

La estrecha cooperación entre el CPIP y la Dirección General de Seguridad representaba la estrategia política de integrar al “pueblo” en una nueva estructura de actividad policial, que se obtuvo mediante la depuración previa de cualquier residuo que pudiese “oler” al anterior estado de cosas. Cualquier funcionario profesional sospechoso de desafección, fue “purgado” y eliminado físicamente por el propio CPIP, dejando una policía “químicamente pura” en las ideas revolucionarias izquierdistas. Destituciones, despidos, reclusiones y ejecuciones, fueron la norma de actuación.

Según Ruiz, a fecha 19 de diciembre de 1936, un total de 307 funcionarios y jefes, aproximadamente el 40% de la plantilla, habían sido eliminados de sus puestos. Sus vacantes fueron ocupadas por los “hombres nuevos” seleccionados por partidos y sindicatos del Frente Popular.

“En definitiva, la autoridad (…) para combatir al enemigo interior descansaba sobre tres pilares interconectados: el primero era el partido o el sindicato de izquierda de procedencia; el segundo era el CPIP, que proporcionaba la legitimidad revolucionaria por tratarse de la expresión organizada de la voluntad del Frente Popular de exterminar la subversión fascista; y el tercero era la DGS, que procuraba la justificación “legal” para los arrestos. La máquina de matar de Paracuellos también se forjaría a partir de esos tres pilares y se sustentaría sobre ellos”. Julius Ruiz. Paracuellos. Una verdad incómoda.

El otro brazo ejecutor fueron las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR), creadas expresamente por orden de Largo Caballero en octubre para los trabajos sucios de colaboración con el control policial del CPIP, (que acabó integrándose orgánicamente en ellas, aunque continuó actuando por su cuenta), y para prestar todo tipo de asistencia que se les solicitase. Compuestas por miembros de todos los partidos, ellas fueron las que apretaron el gatillo en Paracuellos, en Torrejón, en Aravaca…

La respuesta a la pregunta sobre la composición de la cadena de mando está, pues, respondida: Ministro – Director General de Seguridad – Delegado de Orden Público de la Junta de Defensa – CPIP (Comité Provincial de Investigación Pública) – MVR (Milicias de Vigilancia de Retaguardia).

O lo que es lo mismo: Ángel Galarza – Manuel Muñoz – Santiago Carrillo – Segundo Serrano – Federico Manzano Govantes, y desde luego poniendo en la cúspide de esa pirámide a Largo Caballero, como presidente del Gobierno y máximo responsable.

Esa es la verdad de la historia. De no ser así no se comprende el comentario de Ian Gibson, también muy poco sospechoso de animadversión contra las fuerzas izquierdistas, sobre que aquella operación: “funcionó, tanto en Paracuellos del Jarama como en Torrejón de Ardoz, con la precisión de una máquina bien engrasada. De improvisación nada”. Ian Gibson. Paracuellos: Cómo fue. Pág.235.

El cambio de escenarios para efectuar el crimen y ocultarlo, así como la utilización de numerosos medios de transporte, incluyendo los autobuses de dos pisos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, es indicativo de un despliegue de recursos como no se había visto aún durante la época del terror previa. Las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR) colaboraron con el CPIP y la DGS, y todos los milicianos de estas (casi 1.500 personas) fueron movilizados para tareas de evacuación, transporte y ejecución. Los verdugos actuaban bajo las órdenes de Federico Manzano Govantes, un oficial de milicias socialista que había sido nombrado Inspector General de las MVR el 7 de septiembre. Julius Ruiz. Paracuellos. Una verdad incómoda.

Conviene aclarar que, aunque ahora conocemos los detalles gracias a la presencia en primera persona de Felix Schlayer Gratwohl y de sus dos compañeros de “andanzas” (el médico suizo Georges Henny, delegado de la Cruz Roja Internacional; y el delegado de negocios de la embajada argentina, Edgardo Pérez Quevedo) durante los tres años que duró la guerra, para las familias de los asesinados no existió ninguna noticia ni ninguna comunicación oficial. Para ellos, sus familiares eran únicamente desaparecidos con los que ya no se podían comunicar, ni saber con exactitud su paradero, ni tener siquiera el convencimiento de su existencia. Les quedaba la esperanza de verlos al finalizar la guerra, una vez que fuesen liberados. Por supuesto no podían imaginar un terrible final como el que realmente había sucedido.

Solo el final de la guerra mostró la espantosa realidad.

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En este sentido, es imprescindible reseñar finalmente el criminal intento de ocultación efectuado por la República, el cual hace, si cabe, más miserable aún su actuación.

El 8 de diciembre de 1936, cuando sobrevolaba la localidad alcarreña de Pastrana a 3.000 metros de altura, un bimotor Potez-54 de la embajada francesa en Madrid, que había despegado de Barajas a las 12:20 horas con dos tripulantes y cinco pasajeros, era ametrallado por un avión de caza. El avión atacado lucía claramente a la vista los distintivos internacionales de la aviación francesa; en el timón de cola la bandera de Francia y en su fuselaje se podía leer claramente Ambassade de France. Se trataba de un aparato francés transformado para transporte de pasajeros. Tenía el número 228 del catálogo castrense galo y la matrícula F-A000.

      Los pasajeros del avión, con destino a Toulouse, eran el suizo Georges Henny, representante de la Cruz Roja Internacional; dos periodistas franceses: Louis Delaprée, corresponsal en España de Paris-Soir, y André Château, corresponsal de la agencia Havas. Junto a ellos viajaban dos niñas gemelas de 14 años: María Carlota y María Dolores Cabello y Sánchez-Pleités, hijas de una adinerada familia aristocrática que había optado por alejarlas del peligro de la guerra.

A los diez minutos de vuelo surgió el ataque del avión de caza. Pese a estar muy dañado por los impactos de ametralladora, el piloto del Potez Charles Boyer, logró hacerse con el control del aeroplano, maniobró con pericia e intentó un aterrizaje de emergencia, que pudo lograr a duras penas sobre los campos de cultivo. El avión capotó al tomar tierra quedando finalmente ruedas arriba. Como consecuencia del ataque, el delegado de la Cruz Roja, Georges Henny, sufrió un balazo en la pantorrilla; Louis Delaprée fue alcanzado en la ingle y la bala llegó a la cavidad abdominal, muriendo a los pocos días. André Château recibió un impacto en la pierna derecha que le destrozó tibia y peroné, sufriendo la amputación de esta. A su vez, una de las niñas tuvo la fractura de un brazo.

El suceso provocó inmediatamente la reacción de la prensa de la zona republicana, que no dudó en atribuir el ataque sufrido por el avión a la «aviación fascista», y pronto adquirió mucha resonancia dado el empeño que se puso en presentarlo como un deliberado ataque perpetrado por la aviación franquista contra un indefenso avión civil. Aquella noche, el parte radiado del Ministerio de la Guerra decía: “A las 18 horas de hoy, cuando volaba sobre la provincia de Guadalajara, ha sido criminalmente atacado y derribado por la aviación fascista el avión correo que hacía el servicio entre Madrid y Toulouse”. El diario madrileño La Voz llevó a titular el 9 de diciembre: «Alemania dispara nuevamente contra los aviones de Francia», al mismo tiempo que la maquinaria de propaganda izquierdista se puso en marcha para adulterar la situación. El propio ministro de exteriores, Álvarez del Vayo, decía en una carta oficialmente dirigida al encargado de Negocios francés en Valencia: “el ministro de Estado español afirma de una manera rotunda que el Gobierno legal tiene pruebas incontestables de que el avión en el que viajaba el periodista Delaprée fue agredido por un aparato rebelde y no por un avión gubernamental, como han pretendido hacer creer ciertas informaciones de la prensa derechista francesa».

Poco convencidas, sin embargo, las autoridades francesas efectuaron su propia investigación independiente, teniendo en consideración de forma primordial la información suministrada por el piloto y el radiotelegrafista del aparato. El informe fue publicado el 29 de diciembre de 1936, convertido en nota de protesta contra el Gobierno republicano español. Decía lo siguiente:

       “29 de diciembre de 1936.

     El encargado de Negocios de Francia tiene el honor, por orden de su Gobierno, de llamar la atención del Gobierno español sobre la agresión de la que fue objeto el 8 de diciembre el avión de la Embajada de Francia encargado de asegurar las conexiones con el territorio francés.

      Dicho aparato, provisto de las marcas de nacionalidad y números de matriculación reglamentarios de la aviación civil (FA.000), y llevando además la inscripción “Embajada de Francia”, dejó el aeródromo de Barajas el 8 de diciembre a las 12.20h con destino a Toulouse, después de haber cumplido con todas las formalidades requeridas.

     Pilotado por el Sr. Boyer, tomó el rumbo habitual que le mantiene constantemente por encima del territorio que ha permanecido fiel al Gobierno español y lo más lejos posible de las fuerzas insurgentes. En los alrededores de Alcalá se cruzó con un avión que llevaba las bandas rojas características de la aviación gubernamental, el cual pareció haberlo reconocido, por lo que no se preocupó.

        Hacia Pastrana, un biplano de caza con unas bandas rojas parecidas evolucionó alrededor del avión francés durante el tiempo suficiente para asegurarse de su identidad. El Sr. Boyer continuó su camino sin imaginar la posibilidad de un ataque y pensando solamente que había sido reconocido de nuevo, cuando una salva de balas alcanzó el avión de la Embajada y a cuatro de sus pasajeros. La sangre fría y la presencia de ánimo del piloto permitieron un aterrizaje en unas condiciones especialmente peligrosas y evitaron una catástrofe aún mayor.

     El ataque tuvo las graves consecuencias siguientes: a pesar de la ayuda encontrada en las autoridades locales y los auxilios médicos prestados de inmediato, el Sr. Delaprée no sobrevivió a sus heridas, y otro francés, el Sr. Chateau, estuvo durante varios días en un estado muy preocupante. El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja y una joven, embarcados regularmente, resultaron igualmente heridos. En lo que respecta a los daños materiales causados, son importantes. El avión francés quedó completamente inutilizable y su estructura destruida. Los objetos pertenecientes a los pasajeros o bien se han perdido o bien han resultado dañados.

      Debido a estas circunstancias, así como al hecho de que el ataque se produjo en una región donde las autoridades gubernamentales ejercen efectivamente su autoridad, el Gobierno francés lamenta tener que formular una protesta formal ante el Gobierno español, pedirle que sean sancionados los autores de dicho ataque y rogarle que le haga saber las reparaciones que piensa conceder para las personas que fueron víctimas de él y para las pérdidas materiales consecuentes».

La nota de protesta del Gobierno francés dejaba una firme evidencia: la del testimonio de un piloto que sobrevuela una nación envuelta en una guerra civil y al que se le supone conocimiento suficiente para identificar sin género de dudas los distintivos de los aviones contendientes, y su convicción de que el avión atacante pertenecía a la aviación republicana, habiendo efectuado la agresión con pleno conocimiento de la identidad del aparato agredido. A su vez, la nota aportaba la confirmación de que el Potez-54 era el mismo aparato que venía haciendo los vuelos entre Madrid y Toulouse sin que hubiera tenido percance alguno hasta entonces, lo que desmentía la hipótesis de que no estuviera suficientemente identificado.

Por su parte el periodista francés Louis Delaprée, antes de morir en el hospital, le comentó al periodista ruso Mihail Koltsov (como este refiere en su libro Diario de la Guerra de España): “No llevábamos en el aire más de diez minutos. De repente, sobre nosotros apareció por un lado un caza. Dio una vuelta, por lo visto nos estuvo contemplando a su gusto. Es imposible que no viera las señales distintas. La negrita es mía. Desapareció por unos minutos y luego de golpe, por abajo, a través del piso de la cabina, empezaron a penetrar las balas. Caímos heridos por los primeros disparos. El piloto quedó ileso. Se dirigió bruscamente al aterrizaje”.

Información confirmada por el periodista Sefton Delmer, amigo de Delaprée, y famoso años más tarde por haber entrevistado a Hitler. Delmer también refirió en uno de sus libros que Delaprée le había confesado en el hospital que los responsables del derribo habían sido “dos cazas rojos” de la aviación republicana.

Por último queda el testimonio definitivo de Andrés García Lacalle, jefe de la aviación de caza de la República como capitán del primer Escuadrón de Combate, que reconoció en su propia biografía “Mitos y verdades: La aviación de caza en la Guerra Civil española” que los autores del derribo habían sido dos cazas Polikarpov republicanos pilotados por los soviéticos Gueorgui Zajarov y Nikolai Shimelkov. Andrés García Lacalle. México. Lito Offset fersa. 1973.

Por tanto, es indiscutible que el derribo del avión civil de pasajeros fue un acto delictivo y criminal ordenado por las autoridades de la República española con el fin de eliminar a los pasajeros del avión. Un asesinato más en su negra historia.

Pero ¿cuál era el motivo?

El ataque al avión sucedió el 8 de diciembre de 1936. Tres días más tarde, el 11 de diciembre, tendría lugar una reunión de la asamblea de la Sociedad de Naciones en Ginebra (el antecedente de la actual ONU) en la que estaba previsto el discurso del ministro de Exteriores de la República española, Álvarez del Vayo, en el que acusaría directamente a Alemania e Italia de intervenir en España y causar la muerte a miles de mujeres y niños a través de bombardeos indiscriminados. Su intervención, en sintonía con el cinismo republicano, ya sabedor de las masacres ocurridas las semanas anteriores en Paracuellos, buscaría el apoyo internacional para socorrer a una República supuestamente atacada por las potencias fascistas.

Como sabemos, en el Potez derribado viajaba el delegado de la Cruz Roja Internacional, Georges Henny, de nacionalidad suiza, enviado desde Ginebra a Madrid el 11 de septiembre de 1936, que sí conocía la verdadera situación y el comportamiento genocida de la República española. Acompañado por el cónsul Schlayer había recorrido cárceles y centros irregulares de detención, y junto con el diplomático noruego y el encargado de negocios de la embajada argentina, Edgardo Pérez Quevedo, habían sido los únicos extranjeros que habían visto los lugares del crimen y experimentado el escalofrío de semejante atrocidad ante la visión directa de los cadáveres en Paracuellos del Jarama.

Henny se había convertido en un testigo inconveniente, cuya alegación hubiese supuesto el fin de la intensa actividad diplomática de la República en busca de un apoyo internacional, que quedaría horrorizado con la verdad. El delegado disponía de material acusatorio de peso; fotografías, informes y su propio testimonio, sobre todo lo relativo a los asesinatos de detenidos que se habían producido en el mes de noviembre.

Eliminarlo en tierra hubiese supuesto responder molestas preguntas de difícil respuesta. Pero, para hacerlo en su viaje aéreo de vuelta, bastaba con echarle la culpa al bando franquista y matar dos pájaros de un solo tiro.

El periodista André Château, que perdió la pierna a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque, consideraba que el delegado de Cruz Roja Internacional era un «testigo incómodo» al que había que eliminar para que el mundo no conociese la auténtica cara del Frente Popular y de la República española. El cónsul de Francia en Madrid, Emmanuel Neuville, tampoco tuvo dudas al respecto. Pero lo más importante es que el propio Henny tenía la certeza de que el ataque había tenido como objetivo acabar con su vida para evitar su asistencia a la trascendente reunión de la Sociedad de Naciones de unos días más tarde.

¿Cómo hubiera reaccionado Naciones Unidas si el doctor Georges Henny hubiera aportado sus datos objetivos de la criminal represión republicana en Madrid y de las ejecuciones en masa que se estaban llevando a cabo en Paracuellos y Torrejón, y hubiese prestado su testimonio personal junto a su elocuencia de testigo directo? Información acompañada de datos y fotografías que Henny llevaba en varias carpetas para su Oficina Central, precisamente en Ginebra.

Felipe Ezquerro Ezquerro, experto en la Guerra Civil y en historia militar, consiguió hablar con el doctor Francisco Cortijo, que en 1936 era el médico de Pastrana, la localidad donde fue derribado el avión, y que fue de las primeras personas que auxiliaron a las víctimas tras su accidentado aterrizaje de emergencia:

      “El aparato capotado al tomar tierra, estaba panza arriba, con las ruedas al aire. Tenía unos treinta impactos de bala en dos filas, que agujereaban la cabina a ambos lados de la parte central.”

En cuanto a los pasajeros, “más o menos heridos”: “Estaban semitumbados, abrigados “y reflejando todavía en el rostro el miedo y el terror pasados en el aire y recelando también en sus miradas de todas las personas que llegaban (…). Los heridos de bala eran tres hombres jóvenes; cerca, dos niñas mayores, en la primera pubertad, con lesiones pequeñas, mientras los pilotos, absolutamente ilesos, atendían y animaban a todos, después de sacarlos del avión y ponerlos en las mejores condiciones posibles”.

Y el relato del doctor Cortijo sigue así: “Habían hecho fuego recogiendo alguna leña, aumentando la fogata con un maletín de cuero del que aún quedaba sin quemar algún trozo y restos de cartulinas de fotografías, diciéndonos que lo habían quemado por el frío ambiental y porque su contenido no tenía importancia, lo que no convenció a nadie, aunque de momento no hubo más comentarios (…). Al lado de un herido, junto a su mano, se veían dos bolsas de lona fuerte, bien atadas con cordón y candado, como dos sacos de películas aunque más pequeños que, en realidad, eran dos valijas diplomáticas.” 

    “(…) Mientras tanto la noticia había sido transmitida a Guadalajara y después a Madrid (…). Al poco tiempo, ya casi de noche, se organizó un buen jaleo en Pastrana pues empezaron a llegar coches de Guadalajara y Madrid, trayendo personajes, responsables y tipos de todas clases y cataduras que, con más o menos ínfulas, mandaban, inquirían o pedían noticias a unos y otros tratando de enterarse de lo ocurrido sin faltar detalle, y entre ellos venían algunos que buscaban algo más, algo muy importante y eran los dos sacos de lona que el médico herido (el doctor Henny), al fin, confiado, me entregó y yo escondí de momento, para más tarde, cuando tuve seguridad de a quién debía entregarlo, dárselo al secretario de la Embajada francesa, dejando defraudados a todos los demás que los deseaban (…). El derribo del Potez de la embajada francesa sobre Pastrana. Felipe Ezquerro Ezquerro.

Hasta hace unos años, los archivos de la Cruz Roja Internacional durante la Guerra Civil española eran un auténtico misterio. Tras su última desclasificación, se ha podido comprobar que existe un documento escrito de puño y letra de Henny bajo el título de “Lista 208”. Se trata de una lista que llevaba el responsable de la Cruz Roja durante el derribo del avión en la que se hablaba de 973 prisioneros derechistas que fueron sacados de la cárcel Modelo de Madrid en noviembre de 1936 para ser asesinados.

https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2021-12-06/pedro-corral-el-derribo-del-avion-frances-con-un-testigo-clave-de-paracuellos-6841494/

Las evidencias son demoledoras. El mayor crimen de la historia de Europa previo a la II Guerra Mundial, cometido sobre población civil e indefensa, había tenido lugar en la capital de España. Decidido, organizado y ejecutado por las fuerzas izquierdistas que componían el Frente Popular. Eliminando a los incómodos testigos, el intento de encubrimiento posterior del crimen se había consumado con chapucera eficacia. Aunque siempre podrá atribuirse a algún incontrolado piloto soviético…