LA BOMBA AÑOVEROS
El problema vasco en nuestro país es largo, desde las guerras civiles de carlistas y liberales en virtud del problema sucesorio que nos dejó como herencia el rey Don Fernando VII. Más tarde aparecería una conciencia vasca, de ancestros clásicos y que fue la de Sabino Arana, quien fundaría lo que entendemos ahora como «nacionalismo vasco».
En la República de 1931 el País Vasco alcanzó su Estatuto, y los nacionalistas vascos hicieron causa común con los republicanos en la guerra civil, y después se irían al destierro.
El Partido Nacionalista Vasco tenía ya mitos y raíces y en los comienzos de los años 60 aparecería una organización armada y que representaba el nacionalismo más radical: ETA. Esta organización fue, precisamente, quien hizo otro magnicidio —el cuarto— en la persona del presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, en 1973.
Y tras de aquel acontecimiento que conmovió a todo el país, aparecería poco después una homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, que representaba un reconocimiento y hasta una exaltación de aquel nacionalismo. Entonces «temblaron las esferas» —como se decía antes— y estuvo a punto de ser expulsado de España el obispo, lo que también habría sido otro acontecimiento.
Vivía todavía el general Franco, que fue siempre un hombre prudente, y también hizo una brillante gestión diplomática el cardenal Tarancón, que presidía la Conferencia Episcopal. El caso es que no pasó nada, pero el documento aparece resonantemente, en la Historia de estos años.
Aquella homilía o pastoral fue replicada por dos periódicos vascos: La Gaceta del Norte, de gran tradición católica, y El Correo Español. Reproduzco, pues, ambas cosas: la pastoral y la réplica de El Correo.
«Uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana en el País Vasco y que afecta igualmente a la buena marcha de nuestra Iglesia diocesana, es el, así llamado, problema vasco. ¿En qué consiste dicho problema?
Reduciéndolo a lo esencial, puede expresarse de esta manera: mientras unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos rechazan indignados tal acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social.
Este problema, dentro de ciertos límites, entra dentro del campo de la misión evangelizadora de la Iglesia diocesana. Así lo ha recordado recientemente el Papa Pablo VI.
«La Iglesia católica toma muy en serio los derechos de las personas y de los pueblos, e igualmente las condiciones de libertad, de dignidad y de igualdad étnica, de justicia, de responsabilidad, que requieren para su pleno desarrollo.»
Por esta razón, queremos hoy ofrecer a todos los ciudadanos, particularmente a los creyentes que desean sinceramente inspirar su conducta en el Evangelio, unos criterios cristianos que sirvan para una doble finalidad:
— Para lograr una mayor fidelidad del pueblo de Dios en Vizcaya al plan Salvador de Cristo sobre nuestra sociedad.
— Para contribuir a la creación de una convivencia ciudadana basada sobre la justicia, el amor, la verdad y la libertad.
EL CRISTIANISMO, MENSAJE DE SALVACIÓN PARA LOS PUEBLOS
La Iglesia de Cristo es un signo visible y eficaz de salvación para todos los hombres. Pero la persona humana nace en un pueblo, recibe de él la lengua, la cultura, las tradiciones, en una palabra, su rostro espiritual. Las personas hacen a los pueblos; pero, a la vez, los pueblos modelan, en gran parte, a las personas. Cada pueblo es una muestra del poder inagotable de creación del espíritu humano.
Por eso la salvación, en cuanto liberación integral de la persona humana, es inseparable de la liberación del pueblo al que la persona pertenece. Porque los pueblos son una parte constitutiva de las personas que los forman. Una persona separada de su pueblo es como un árbol al que se han cortado sus raíces originarias.
La dimensión social y política de la salvación cristiana, afecta no sólo a las personas, sino también a los grupos étnicos y a los diversos pueblos, en cuanto que son la expresión colectiva de una comunidad de personas humanas.
Así se explica que la Iglesia de Cristo, llamada a proclamar y a hacer presente la salvación en medio del mundo, anuncie y exija la liberación de los pueblos oprimidos.
Reafirmamos —dicen los obispos en el Sínodo de 1971— el derecho de los pueblos a conservar la propia identidad.
Y el Papa Juan XXIII, en su Encíclica La paz en la tierra, concretaba el contenido de este derecho:
«Hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad de las minorías étnicas, viola gravemente los deberes de la justicia.
»Responde por el contrario y plenamente a lo que la justicia demanda, que los gobernantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones.»
En ocasiones, los pueblos, o mejor dicho, las clases dirigentes de los pueblos que deciden sus destinos, pueden ceder a la tentación de sacrificar las características y valores peculiares del propio país a las ventajas que reporta el simple crecimiento económico.
Tal decisión, inspirada en el cálculo y el provecho de las clases dominantes, merece una clara desaprobación.
Rico o pobre, cada país posee una civilización recibida de sus mayores: instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones superiores (artísticas, intelectuales y religiosas) de la vida del espíritu. Mientras que éstas contengan verdaderos valores humanos, sería un grave error sacrificarlos (a intereses materiales).
Un pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir sus razones de vivir.
La enseñanza de Cristo vale también para los pueblos: «¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?» (Mt., 16-26.)
(Pablo VI: Encíclica El progreso de los pueblos, n.º 40.)
El derecho de los pueblos a conservar su identidad incluye también la facultad de estar dotados de una organización sociopolítica que proteja y promueva su justa libertad y su personalidad colectiva.
LA UNIDAD POLÍTICA NO SE IDENTIFICA CON LA UNIFORMIDAD
El Estado ha de estar al servicio de las personas y de los pueblos y ha de respetar sinceramente el pluralismo social y cultural existente en un país.
No es función de la Iglesia, sino de los ciudadanos, fijar la fórmula técnica que para que esa fórmula sea justa y asegure una convivencia pacífica, ha de ser el resultado de un diálogo cívico sincero y no de una imposición de los grupos más fuertes sobre los más débiles.
La liberación de los pueblos y su desarrollo solidario dentro de la familia humana es también una exigencia de la universalidad del cristianismo. El cristianismo no se identifica con una civilización determinada, sino que ha de arraigar en todas ellas, revelando el sentido último de todo valor humano verdadero.
«La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos los pueblos —con el mismo afecto con que Cristo se vinculó por su Encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió.» (Decreto conciliar Ad Gentes, número 10.)
Por esta razón la Iglesia cometería un atropello contra la dignidad de un pueblo y sería infiel a su misión, si pretendiera anunciarle el Evangelio utilizando unas expresiones culturales ajenas a su modo de ser.
Por el contrario, «para que los fieles puedan fructuosamente dar testimonio de Cristo…, siéntanse miembros del grupo humano en el que viven y tomen parte de su vida cultural y social…, familiarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas, descubran con gozo las semillas de la Palabra que en ellas se contienen.» (Decreto Ad Gentes, n.º 11.)
AMISTAD Y COLABORACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS
Finalmente, la salvación cristiana, en cuanto reconciliación y construcción, aunque imperfecta en la tierra, de la familia de Dios, reclama la amistad y colaboración entre los pueblos dentro del mutuo respeto.
Un pueblo que se cerrara sobre sí mismo y no practicara el intercambio cultural y tradiciones distintas de la suya, provocaría el empobrecimiento humano de sus miembros. Pero existe el recelo instintivo de los pueblos pequeños ante las llamadas, de suyo, justas, al universalismo, y la preocupación preferente que les impulsa a proteger su propia personalidad.
«La Iglesia declara —decía Pablo VI a los descendientes de los antiguos pobladores de Oceanía— que vosotros, como las demás minorías étnicas, tenéis todos los derechos humanos y civiles, iguales en todo a los de la mayoría; así como también tenéis ciertos deberes y ciertas obligaciones.
»Por el bien común, esto requiere que vuestras actividades armonicen en un espíritu de fraternidad y de colaboración, para ventaja de la sociedad a la que pertenecéis. A este respecto, sin embargo, debe quedar claro —y queremos subrayarlo— que el bien común no debe servir nunca de pretexto legal para dañar los valores positivos de vuestro modo particular de vida. La misma sociedad se enriquece con la presencia de diferentes elementos culturales y étnicos.» (Ecclesia, 12 de diciembre de 1970.)
APLICACIONES A NUESTRA SITUACIÓN CONCRETA
El pueblo vasco tiene unas características propias de tipo cultural y espiritual, entre las que destaca su lengua milenaria. Esos rasgos peculiares dan al pueblo vasco una personalidad específica, dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español actual.
El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual, sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos, dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa libertad.
Sin embargo, en las actuales circunstancias, el pueblo vasco tropieza con serios obstáculos para poder disfrutar de este derecho. El uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza, en sus distintos niveles, como en los medios de comunicación (Prensa, Radio, Televisión), está sometido a notorias restricciones. Las diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un discriminado control.
La Iglesia, para anunciar y hacer presente la salvación de Cristo, en esta situación concreta de las diócesis, tiene que exhortar y estimular, para que se modifiquen convenientemente, conforme a los principios indicados en los documentos pontificios y conciliares, las situaciones en nuestro pueblo.
Pero la Iglesia ha de comenzar por llevar a la práctica en su vida interna lo que aconseja instaurar en la vida civil. Esto supone ajustar su acción pastoral y educativa a las características propias de la población que ha de evangelizar y formar en la fe.
Concluimos haciendo nuestras las palabras del último Sínodo de los Obispos:
«La misión de predicar el Evangelio en el tiempo presente requiere que nos empeñemos en la liberación integral del hombre, ya desde ahora, en su existencia terrena… Pero sabemos que nuestras denuncias en tanto podrán obtener asentimiento en cuanto sean coherentes con nuestra vida y se manifiesten en una acción constante.» (Sínodo de los Obispos, página 74.)
LA RÉPLICA DE EL CORREO
«El pasado domingo fue leído en algunas iglesias de nuestra diócesis un escrito sin firma procedente del Obispado de Bilbao que contiene, a nuestro entender, gravísimos errores.
En primer lugar, queremos hacer constar que, según nuestra información, el señor obispo de la diócesis se negó a firmar dicho documento cuando fue solicitado para ello por varios sacerdotes. Por otra parte, el escrito fue conocido en el extranjero antes de ser leído en las iglesias de Vizcaya.
En el primer párrafo del citado documento se dice que uno de los problemas que existen en nuestra diócesis es el llamado “problema vasco”, presentando como tal el del supuesto “pueblo vasco oprimido”, olvidándose el autor de que el auténtico problema que en este momento existe en la región es el planteado por el terrorismo, que ha sembrado el temor y la zozobra entre sus habitantes y que entendemos no ha sido suficientemente condenado por el Obispado de Bilbao.
El segundo párrafo dice textualmente: “Reduciéndolo a lo esencial (el problema vasco), puede expresarse de esta manera: mientras unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social.”
El documento se refiere insistentemente al problema de las “minorías étnicas” presentando como tal a la minoría vasca, cuando el autor a quien se refiere en realidad es a una minoría que existe dentro de la minoría vasca. Esto es, a la minoría separatista vasca.
Por otra parte, se olvida el autor de que el régimen español actual es esencialmente vasco: vascas fueron las dos principales provincias que se alzaron contra la República el 18 de julio de 1936 (Álava y Navarra); vascos fueron los preparadores del Movimiento Nacional (Maeztu, Goicoechea, Sangróniz, etc.); y si contemplamos el nomenclátor de políticos que nos han gobernado desde aquella fecha, observamos una interminable lista de nombres vascos (Bilbao, Castiella, Iturmendi, Lequerica, Careaga, Aristegui Bengoa, etc.), de donde puede deducirse que si los vascos estamos oprimidos, quienes nos oprimen son tan vascos como nosotros mismos.
La gran convocatoria al Sacramento de la unidad —unidos todos en la misa en torno al Cuerpo de Cristo— quedó, en buena parte, despedazada “desde dentro” el pasado domingo. El sorprendente enfoque de un problema meramente temporal desde cátedras llamadas a iluminar el espíritu, resultó conturbador.
Este particular «mensaje de salvación» que oímos el domingo —el supuesto «problema vasco»— encrespó olas apaciguadas y trajo también preocupantes dudas teológicas sobre si nos salvaremos en cuanto personas, o la salvación —que siempre entendimos como empresa fundamentalmente individual— será, realmente —como hemos oído—, inseparable de la liberación del pueblo al que la persona pertenece.
La aplicación práctica del extraño escrito, abundoso en citas doctrinales manejadas con habilidad indudable —pero que tal vez no digan realmente lo que parecen decir separadas de más amplios contextos—, parece contemplar al pueblo vasco ayuno de la grandiosa universalidad histórica que tan justamente le corresponde. Es como si el derecho a conservar nuestra propia identidad se redujera a aquello de cantar y bailar sobre el Pirineo.
Ahorramos al lector desmenuzar uno a uno los párrafos de este singular mensaje dominical. No obstante, nos afecta particularmente este punto sobre el que queremos puntualizar:
«El uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza en sus distintos niveles, como en los medios de comunicación (Prensa, Radio, Televisión), está sometido a notorias restricciones. Las diversas manifestaciones culturales se hallan también sometidas a un discriminado control.»
La información es notoriamente inexacta. En este campo no es cierto que exista restricción alguna sobre el uso de la lengua vasca. Este periódico podría ser redactado en euskera con absoluta libertad —de la primera a la última página— si las exigencias de los lectores así lo justificasen. Bastantes periódicos de la región incluyen páginas o artículos en vascuence. Nuestro colega vespertino Hierro —diario del Movimiento— da cabida en sus páginas a un curso de euskera, y el empleo de la lengua vasca no tiene, en fin, en la Prensa diaria, más limitaciones que las impuestas por el servicio de lectores, cuya inmensa mayoría es de habla castellana.
Que sepamos, ninguna iniciativa sobre emisiones en vascuence, por lo que respecta a las emisoras locales, ha sido coartada jamás. «Radio Popular» —tan estrechamente vinculada al Obispado— emite dos horas diarias en euskera. El hecho de que la emisora del Obispado emplee el canal de frecuencia modulada, y no la onda media, para sus emisiones en vascuence, no delata sino una escasez de oyentes en este sector, cuyo reconocimiento desmonta, por sí solo, cualquier apelación a que la mínima minoría vascoparlante constituye —por razón del idioma— un grave problema pastoral y aún menos provincial.
Haciendo un rápido e incompleto recuento, llegamos a la conclusión de que la autoridad competente ha autorizado durante 1973 cerca de 300 manifestaciones folklóricas de carácter vasco. Será difícil encontrar en otra época histórica —e incluso en otras regiones españolas— el espléndido ramillete de grupos folklóricos y culturales que hoy adornan a Vizcaya y cuyas manifestaciones tienen, incluso, alcance y categoría nacional: ¿Hablamos del «Biotz Alai», del «Danok-Bat», de las corales de Alonsótegui, Lejona, Bilbao…? ¿Recordamos las actividades de la Guechoaga, del Instituto Vascongado de Cultura Hispánica, de la Gran Enciclopedia Vasca, de «Akelarre», de los Amigos del País? ¿Nos referimos a los cursos desarrollados en la Universidad de Deusto? ¿Invocamos el hecho de que dos grandes creaciones de la música vasca —la ópera Zigor y la Espatadantza de Larrauri— hayan sido representadas en la capital de España con honores nacionales, bajo el patrocinio del Ministerio de Información y Turismo, y por las primeras orquestas del país? ¿Aludimos a la constante dedicación de Radio Nacional de España en Bilbao y San Sebastián a la temática, al folklore y a la cultura regional…?
El «discriminado control» de que tan ligeramente acusa el singular escrito del domingo parece que, en todo caso, necesitaría de algunas precisiones. Tal vez si se nos señalara claramente dónde y cuándo se ha ejercido ese «control discriminado» podrían aclararse muchas dudas.
Otro de los párrafos del documento dice que éste tiene la finalidad de «contribuir a la creación de una convivencia ciudadana». La información que publicamos junto a estas líneas dará a conocer al lector los numerosos incidentes a que dio lugar su lectura en aquellas iglesias en que se realizó.
Es sorprendente la inoportunidad del referido escrito en el momento en que todos los comentaristas políticos del país aluden insistentemente al clima de conciliación y buena voluntad que existe entre la Iglesia y la autoridad civil desde el nombramiento del nuevo Gobierno de Arias Navarro.
Conviene precisar, finalmente, de modo claro y terminante, que el pueblo vasco no es una minoría vergonzante ni oprimida. Vasconia —sin mengua de su sentido universal de siempre— la integran hoy hombres nacidos en muy distintos rincones de España que, junto a la mayoría indígena, han cimentado una prosperidad y una dinámica sin precedentes en la historia del país. Aun siendo respetable y respetados su folklore, su lengua y su cultura, al pueblo vasco lo identifican hoy, además, otros muchos valores escasamente comprensibles si queremos contemplarlo como una colectividad aislada del gran contexto nacional.
Será contemplando y potenciando estos valores integradores y universalistas como logremos una fructífera convivencia ciudadana basada, cada vez más, sobre la justicia, el amor, la verdad y la libertad.»
