El escándalo Matesa estalla en 1969, al confirmarse los rumores sobre la estafa de 10.000 millones de pesetas del empresario Juan Vilá Reyes, debido a los siguientes acontecimientos:
El producto fabricado y comercializado por MATESA, el telar sin lanzadera IWER, era un producto nuevo. Hasta la fecha, todos los telares tenían lanzadera, cuya expansión internacional suponía gastos y riesgos enormes. Había que crear una red de filiales internacionales que no sólo vendieran el producto, sino que también atendieran el necesario servicio posventa y combatieran las dificultades de introducir un producto novedoso en un mercado desconocido mediante la oferta de agresivas ventajas financieras.
Todo ello convertía a MATESA en una voraz devoradora de créditos. El saldo deudor de MATESA con el Banco de Crédito Industrial (BCI) creció de forma masiva. El banco público concentró un alto riesgo en la empresa y, sin duda, la motivación a la que obedecía el comportamiento del BCI era política y no económica ni financiera.
MATESA, a la que se había definido como empresa modelo, se convirtió en insignia del nuevo tipo de empresa abierta al mercado internacional que las autoridades económicas, después de tantos años de autarquía económica, querían fomentar.
Sin embargo, las sospechas sobre el comportamiento irregular de la empresa fueron aumentando poco a poco. Aun así, debía seguir tratándose el asunto con discreción para evitar perjudicar a la compañía.
A finales de mayo, el ministro de Comercio, Faustino García Moncó, mantuvo una reunión con Juan Vilá Reyes, en la que éste confesó que un tercio de las exportaciones de su empresa eran falsas. En ese momento se apartó al empresario de la dirección de la empresa y se trazó un plan de rectificación.
Este plan no tuvo éxito y pronto se descubrió que la situación era mucho peor de lo que se sospechaba.
La multinacional era el paradigma del aperturismo de los tecnócratas, el grupo de ministros economistas pertenecientes al Opus Dei que se habían incorporado al gobierno del régimen en 1957. Desacreditarla favorecía a sus adversarios políticos, los falangistas, el sector más conservador y tradicionalista del franquismo.
Por ello, el plan inicial de Franco al descubrirse la falsificación de exportaciones consistía en apartar a Vilá Reyes de la empresa e intervenirla, según consta en el «Informe sobre situación de Maquinaria Textil del Norte de España, S.A. y acuerdo sobre medidas a adoptar», redactado por el Ministerio de Hacienda en julio de 1969.
Sin embargo, los intereses políticos y la relevancia que adquirió el caso en los medios de comunicación impidieron esta estrategia de discreción.
El 14 de agosto, apenas dos semanas después de las detenciones, fueron destituidos los responsables de la entidad que había concedido el dinero a MATESA, el Banco de Crédito Industrial. Además, se ordenó la creación de una comisión de investigación en las Cortes, que concluyó con una reforma de las mismas y la formación, en octubre, del llamado «gobierno monocolor», integrado mayoritariamente por tecnócratas.
Franco apartó del Gobierno a Manuel Fraga y José Solís, por parte del sector falangista, y a Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y Mariano Navarro Rubio, por parte de los tecnócratas.
Estos tres últimos fueron posteriormente juzgados por el Tribunal Supremo por negligencia, pero antes de que pudiera dictarse sentencia, y sin que lo hubieran solicitado, Franco les concedió el indulto.
Esta medida extraordinaria e irregular benefició también a Vilá Reyes, aunque no le libró de las responsabilidades penales. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 223 años de prisión por delitos de estafa y falsedad documental, además de una multa de 9.500 millones de pesetas.
No obstante, sólo cumplió seis años de privación de libertad, ya que el rey Juan Carlos I lo indultó en 1975, pocos meses antes de que el Tribunal Supremo confirmara definitivamente su culpabilidad.
Hasta 1983, MATESA continuó desarrollando su actividad productiva bajo administración judicial. En marzo de ese año fue subastada por 66.000 pesetas y repartida entre los miembros de una sociedad laboral formada por antiguos trabajadores.
El caso MATESA se convirtió en una auténtica crisis para el régimen franquista debido, precisamente, al factor mediático. La prensa pudo informar sobre el asunto con una libertad poco habitual para la época, y la opinión pública contempló por primera vez de forma clara las divisiones internas existentes dentro del franquismo.
Como consecuencia, el descubrimiento del caso por parte del sector falangista, que pretendía reforzar su posición dentro del régimen, produjo el efecto contrario. Dos de las figuras más visibles de la ofensiva contra MATESA, Manuel Fraga y José Solís, fueron apartadas del Ejecutivo y, en octubre de aquel mismo año, las Cortes quedaron prácticamente dominadas por los tecnócratas mediante el denominado «Gobierno monocolor».
Los tres ex ministros que pasaron por la vía judicial fueron finalmente indultados por Franco, pero Vilá Reyes había amenazado con revelar los nombres de los miembros del Gobierno implicados en la trama.
El caso MATESA fue sólo la parte visible de un gran iceberg de problemas que la dictadura venía acumulando desde hacía años. Con el cambio de gobierno de octubre de 1969 se intentó cerrar esas fracturas internas del régimen.
Para Carrero Blanco aquello constituyó un éxito político, ya que, gracias a la reestructuración gubernamental, el asunto MATESA no podría pasar a la historia como una crisis general del régimen que afectara a un número excesivo de responsables políticos.
No obstante, el caso sí ha trascendido como una de las mayores crisis políticas del franquismo.
CONCLUSIÓN
El escándalo MATESA surgió en 1969 cuando se hizo público que el empresario Juan Vilá Reyes había sido detenido y que su empresa mantenía una deuda de 10.000 millones de pesetas con un banco público.
En lo que constituye un hecho excepcional en la historia del franquismo, la prensa pudo tratar el asunto con una libertad poco habitual durante varios meses, mientras una comisión de investigación de las Cortes elaboraba un informe especialmente crítico con varios ministros y altos cargos del régimen.
Posteriormente, tres ex ministros fueron procesados por negligencia ante el Tribunal Supremo, aunque terminarían siendo indultados.
El caso MATESA mostró las tensiones existentes entre las distintas familias políticas del franquismo y puso de manifiesto los límites, contradicciones y problemas internos de la dictadura en su etapa final. Asimismo, evidenció cómo un escándalo económico podía convertirse en una crisis política de primer orden, anticipando algunas de las dinámicas que más tarde serían habituales en los sistemas democráticos.
