Llegado el día señalado abrieron los colegios electorales con normalidad si bien, teniendo en cuenta el ambiente de tensión en que se había desarrollado la campaña, en la semana previa se presentaron más de 17.000 renuncias para participar como presidentes y adjuntos en las mesas. A tenor de cómo se desenvolvió la jornada no les faltó razón a los renunciantes.
Y es que si bien en capitales como Madrid, Barcelona y otras importantes la jornada transcurrió con normalidad, no sucedió igual en el resto de la nación. En aquellas ciudades las medidas preventivas del gobierno fueron excepcionales para garantizar la normalidad. En palabras de Álvarez y Villa: “se montó un dispositivo de seguridad histórico”. Un ejemplo: en Málaga circularon camiones de la Guardia de Asalto con ametralladoras durante todo el día, pero incidentes numerosos y de gravedad ocurrieron: “Hubo más de una veintena de víctimas que no fueron, en absoluto, menores: 10 fallecieron y 16 quedaron heridas de gravedad”, según nuestros autores. Galicia fue la región que mayor atención demandó de las autoridades.
Con este idílico ambiente no es extraño lo que fue sucediendo a continuación. A las diez de la noche de ese día histórico el presidente del Consejo de Ministros, Portela Valladares, hizo unas declaraciones en las cuales, tras asegurar que era pronto para especular con los resultados, manifestó que en Barcelona capital y otras tres circunscripciones catalanas el triunfo de las izquierdas era seguro y, a pesar de que según él no estaba pasando nada, informó que el gobernador general de Cataluña y presidente de la Generalidad había presentado la dimisión que él había aceptado de inmediato.
La situación en las dos principales ciudades de la nación, Madrid y Barcelona, fue similar. Las izquierdas dieron por seguro el triunfo de sus candidaturas, saliendo en masa a celebrarlo y a impedir la “maquinación del adversario” de los resultados que aún eran desconocidos. A las once de la noche la concentración en la Puerta del Sol era imponente. No eran solamente manifestaciones de alegría, se asaltaron sedes de la CEDA, y las autoridades salvo en algunos casos, a pesar de estar prohibidas, las permitían.
En tal estado de cosas, informan Álvarez y Villa, en que por unos cuantos votos podía decidirse el ganador, el mantener el orden público para hacer un recuento de los votos era decisivo. Así lo pidió el jefe de la CEDA, Gil-Robles, que se desplazó a las tres de la madrugada a Gobernación para entrevistarse con Portela y a esa hora advirtió que, del inicial “no estaba pasando nada”, se transformaron los allí presentes en “francamente alarmados”. En presencia de Gil-Robles, Portela llamó al presidente de la República manifestándole que había “inquietudes de orden público”. Alcalá-Zamora prometió meditar sobre el asunto. Con la que estaba fraguándose se centró en la meditación. La estrategia diseñada por este aprendiz de brujo se le estaba torciendo pero, como tantos otros responsables, la contienda que vendría la vivió lejos de las trincheras.
El día siguiente, el 17, las masas comenzaron a tomar las calles con manifestaciones que estaban prohibidas ante los edificios oficiales, gobiernos civiles y ayuntamientos principalmente; ya no aceptaban otro resultado que no fuese la victoria aún no escrutada, intimidando a las autoridades provinciales y al mismo Gobierno. Una de las manifestaciones se dirigió a la cárcel Modelo con peticiones de asalto y liberación de presos. La tensión crecía con muertos en enfrentamientos, quema de Iglesias y motines en los penales de los presos revolucionarios para forzar su liberación.
En lo que sucedió a continuación fue determinante la actitud de un partido sobre el que pesa una losa de responsabilidad de muchas toneladas desde hace años: el PSOE. Sí, porque asumió y llevó a la práctica la estrategia anunciada por uno de sus socios de coalición, el comunista José Díaz, el día 11 anterior: había que tomar las calles durante las elecciones y el recuento porque, si no, sus adversarios buscarían “las oportunidades para los pucherazos, para las provocaciones”, y mostrando el gran respeto que ya entonces mostraban las fuerzas de progreso por las mujeres pedían a sus hembras, “vigilar también a las mujeres que vayan a depositar su papeleta contra el proletariado”. No puede extrañar que con tales mensajes de progresismo pata negra en Madrid un grupo de comunistas coaccionó para impedir el voto de religiosas, jugada que con igual esmero repitieron en Pontevedra, La Laguna, San Sebastián –aquí hubo un herido– y un pueblo de Zaragoza. Caso especial fue el de Valladolid: se produjo un tiroteo cuando las religiosas salían para votar. Aperitivo de lo que la progresía patria haría más tarde, durante la guerra, cuando asesinaron a casi trecientas religiosas.
De manera que su líder Largo Caballero exigía ya el día siguiente de las elecciones, el 17, la entrega del poder: “El Gobierno dimitirá, los presos saldrán y los republicanos ocuparán el Poder, respaldados por las masas, cuyo entusiasmo, si alguien se opusiese, arrollaría todos los obstáculos”. El problema de las formas no puede traducirse en “dilaciones”. “Exigimos que inmediatamente se entregue la dirección del país al Frente Popular”. El editorial del día 18 de El Socialista fue claro como el agua: “Una sola demanda: el poder”. Del recuento ya ni se acordaban ni lo necesitaban.
Y así las cosas, con una sucesión de hechos concretados en manifestaciones, amenazas, bulos de golpes de estado, por no mencionar lo que acontecía en Cataluña siempre ejemplo de sociedad paradisíaca, Portela se mostraba cada vez más hundido, deseoso de tomar las de Villadiego e incapaz de restablecer el orden público. Por su parte Azaña no quería la dimisión precipitada de aquel por lo que pudieran “hacer las masas victoriosas”. Es decir que les tocase a ellos restaurar el orden; además “faltaba repetir las elecciones en algunas provincias y ni siquiera sabían exactamente cuál era el resultado electoral, ni por tanto, que mayoría tenían”. Los acontecimientos que se sucedían están relatados en el libro que nos sirve de guía con detalle: consistorios tomados por los frentepopulistas, gobernadores que renunciaban a restaurar el orden público, alcaldes que dimitían atemorizados por los manifestantes, problemas en los penales, etc… y por fin Portela el mismo día 19 dimitió, a pesar de la insistencia con que el presidente de la República le instaba a seguir en su cargo, sin que se hubiera efectuado el escrutinio. La brujería diseñada por el ilustre presidente de la República nombrando a Portela para controlar las elecciones terminó brillantemente. Ninguno de los ministros civiles del gobierno quiso tomar el testigo y el asunto concluyó con la dimisión irrevocable del ejecutivo. Gente responsable como señaló el diario Ahora, “el temor a que las masas se lanzasen a la calle a imponer su voluntad ha hecho que, sin esperar más trámites, se entregue el poder al señor Azaña”. Efectivamente, de manera anormal, accedió al cargo de presidente del consejo de ministros Manuel Azaña que empezó por asegurar que las condiciones en que llegaba no podían ser peores, una situación peor de lo previsto. Con su brillantez acostumbrada, hay que reconocerlo, manifestó que “como si me entregase las llaves de un piso desalquilado”.
La marcha de Portela y el nombramiento de Azaña, pensando que este amansaría a sus masas, tuvo el efecto contrario. Éstas comprendieron que habían vencido y se envalentonaron más. Los gobernadores civiles a pesar de los ruegos del nuevo ministro pusieron pies en polvorosa. Los resultados de los sucesos del día 19 y 20, en realidad 36 horas, dieron como resultado 16 muertos y 19 heridos, entre aquellos no podían faltar los asaltos a edificios religiosos, una constante en la historia del más paradigmático de nuestros partidos progresistas, el PSOE. No menos de cincuenta iglesias y casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas. Continuaban trabajando a destajo los socialistas para alumbrar la luminosidad ensalzada por el doctor Pedro Sánchez; mucha luminosidad. Pero además, otro de los sucesos más ilustrativos de la situación era la deposición de los ayuntamientos legalmente constituidos para sustituirlos por otros al mando de militantes del frente popular. Elche fue un buen ejemplo. Allí se produjeron los “disturbios más graves de todo el período republicano” según un historiador local. La impunidad fue total sin una sola detención e, informan los autores, los efectos fueron devastadores para el nuevo gobierno generando una desconfianza absoluta en la derecha. Episodios similares se desarrollaron en las 26 ciudades que citan Álvarez y Villa dispersas por toda la geografía nacional. Asaltos a juzgados, registros de la propiedad, desalojo de monjas de sus conventos aprobado, por ejemplo, en Betanzos por el alcalde de izquierdas, incendio de la sede de la CEDA en Cartagena alentado por su muy progresista alcalde, quema de periódicos como la del aún subsistente La Verdad en Murcia, intento de asaltar un cuartel de la Guardia Civil en Carmona, etc.; en fin una serie de hazañas progresistas cuyo detalle puede seguirse en el libro que nos sirve de referencia fundamental en este capítulo. Donde pusieron con predilección su punto de mira las fuerzas de progreso fue en los falangistas exigiendo el cierre inmediato de sus sedes, pues en caso de que no lo hiciesen los gobernadores “lo hará el pueblo”, así al menos se expresaba un periódico de izquierdas. Todo un ejemplo para sus herederos ideológicos de nuestros días.
Y tras la espantada de los gobernadores la fruta siguiente por digerir fueron los ayuntamientos. En éstos, y sobre todo en las provincias donde eran fuertes las izquierdas, se invadían los edificios y se forzaba el nombramiento de las nuevas autoridades locales. Ejemplar lo sucedido en la localidad albaceteña de Yeste en donde, nos informan Álvarez y Villa, “tras una protesta de los republicanos de izquierdas y de los socialistas, el nuevo gobernador apeló a razones de orden público para sustituir a la corporación radical (la del partido de Lerroux) por una gestora controlada exclusivamente por el Frente Popular”. En otras provincias, Zaragoza, se actuó de igual manera: las gestoras eran necesarias porque temían alteraciones de orden público, o porque era manifiesta la “hostilidad del vecindario hacia los concejales conservadores”. Vamos, que como no puedo contener a mis ladrones, entrégales tu cartera. El caso de la diputación de Álava fue ejemplarmente ejemplar, progresismo en estado puro. Allí el Frente Popular había logrado 9.000 votos y los conservadores 33.000 pero el presidente de la gestora –imaginen a que bando pertenecía– no tenía empacho en afirmar que sus muchachos representaban la “voluntad popular”. Si él lo afirmaba, con eso solo bastaba para detentar el poder. Y no bastaba con alcanzar la vara de mando, una vez en su mano se llegaba a extremos grotescos como lo acontecido en Huelva donde se exigieron responsabilidades a los anteriores concejales por la concesión de subvenciones a las procesiones de Semana Santa de 1935.
Con ese ambiente, con la presión de la calle exigiendo la amnistía para los implicados en el golpe de estado de 1934, se concedió el día 22, o sea 6 días después de la elecciones, eso sí con fines pacificadores y mostrando una vez más el respeto a la ortodoxia legal. El artículo 102 de la Constitución establecía que “las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento”, cosa insoportable para las fuerzas de progreso incluso teniendo mayoría en él, de modo que pasaron a la acción directa: dictaron un decreto y asunto concluido. Dice en sus memorias Gil-Robles que la derecha no se opuso para evitar males mayores -el resultado fue el de siempre– lamentándose a continuación de que la Ley de Amnistía publicada tras el decreto en julio siguiente “no era sino la glorificación del movimiento revolucionario de octubre”. A mayor abundamiento sigue Gil-Robles informando que “en virtud del proyecto aprobado, solo disfrutarían de libertad los que se alzaron en armas contra el Gobierno legalmente constituido, pero no los que defendieron la seguridad del Estado, que siguieron purgando lo que se consideraba delito por los rectores de la política española”. Como suena. Y Gil-Robles opina que ese proceder -libertad para los golpistas y cárcel para los encausados por la represión-, pudo fundamentarse en el nuevo concepto del delito político-social asentado en 1934 por el penalista del PSOE Jiménez de Asúa en el Parlamento, en los siguientes términos:
“No es para nosotros un concepto que pueda derivarse tan solo de la subjetividad jurídica del delito, sino fundamentalmente del móvil del delito. El título o nombre de delitos políticos ha sido por la moderna técnica un tanto arrumbado, para sustituirlo por el delito evolutivo, y es evidente que estos delitos, por aberrantes que sean en la mente de los autores, por utópico que sea el ideal que los mueve, son tan solo aquellos que de una manera, si se quiere torpe; de una manera, si se quiere delincuente o criminal –por eso son delitos– tratan de llevar la sociedad hacia adelante; no aquellos que procuren por todos los medios retrotraer la sociedad a tiempos pretéritos”.
Merece la pena releer el párrafo detenidamente.
Veamos, yo lego en materia penal he de recurrir a ponerme un par de ejemplos y que el lector decida si interpreto el párrafo del ilustre penalista –el mismo que promovió la expulsión de los jesuitas por su obediencia a un jefe extranjero– correctamente. Imaginemos una nación que no disfruta del nivel de bienestar y libertad alcanzado por otra –la URSS por ejemplo– y los ciudadanos más modernos de esa nación tratan de llevar la sociedad adelante para ser tan felices como los de la sociedad soñada, mediante un golpe de estado ruinoso y con muertos. Nos hallaríamos ante un golpe catalogable no como delito político-social sino delito evolutivo y por tanto disculpable, merecedor de aplicar una amnistía. Otro ejemplo que sirve para entender el texto de Asúa podría ser este. Una nación centenaria, una de las tres o cuatro más importantes y decisivas en la historia de la humanidad, descubre por obra de gentes modernas y cultas que eso ha sido todo un invento de las fuerzas del oscurantismo, e insignes luchadores de la libertad nacidos en ella se empeñan en desmantelar la fachandosa mentira; unos matando cuanto se les ponga por delante y otros apoyándoles desde las propias instituciones de la oscurantista nación, con el noble fin de lograr cada uno su republiquita particular y protagonizando un golpe de estado. Según la tesis asentada por Jiménez de Asúa los asesinatos y el golpe son delitos evolutivos porque tratan de llevar la sociedad hacia adelante, acabar con la nación inventada por las fuerzas reaccionarias y luchar por la obvia plurinacionalidad. Los asesinos son, en realidad hombres de paz, y ¿comprende Ud.?, quien se oponga a ello, incluido el Rey, debe pedir perdón por tratar de retrotraer la sociedad a tiempos pretéritos. Aceptando la existencia del evolutivo se entiende mejor la arenga del jurista zapaterista instando a los jueces a no temer mancharse las togas con el polvo del camino. Jurista, hoy, del Tribunal Constitucional. Obviar la aplicación de la ley vigente otorga estos réditos.
Retornando al relato de la época, realmente antes de la promulgación de la ansiada amnistía, ya el día 20 anterior se excarceló a centenares de presos. Ese día salieron de la prisión de Gijón más de trescientos, incluidos reclusos comunes para los que hubieron de dictarse nuevas órdenes de detención.
Otro asunto polémico fue la restitución de la Generalidad de Cataluña. Las Cortes nacionales autorizaron al parlamento catalán para que restableciese la Generalidad anterior a Octubre de 1934, pero era preciso que las Cortes nacidas de las nuevas elecciones derogaran una ley de 1935 para que el restablecimiento fuese total. A los golpistas separatistas de entonces, como sucede en la actualidad, les pareció poco. De todas formas allí también habían hecho cuanto les vino en gana restableciendo ayuntamientos destituidos por su participación en el golpe de 1934.
Pero lo fundamental, el orden público, seguía sin resolverse a pesar de la llegada de Azaña a la presidencia del gobierno. El número de muertos entre el 21 de febrero y 1 de marzo, fecha ésta en que se celebraba la segunda vuelta llegó a 23 y los heridos graves a 51. Si se tienen en cuenta las víctimas de los días previos, 19 y 20, fueron 129 muertos y heridos graves. Como dicen los autores citados continuamente, una media de casi 12 al día. Era difícil que la situación variara cuando la fuerza de progreso por excelencia el “PSOE aconsejaba al Gobierno que se liberase de la ‘juridicidad’ y no se enredase ‘otra vez’ en una legalidad que solo era efectiva cuando perjudicaba a los obreros”. Por si no era suficiente alguno de sus portavoces “reclamaron que no se dejase ni un día de tranquilidad al Ejecutivo, para que cumpliera, llevando el tema ‘a la calle’ y empleando los medios ‘que sean’”.
