«Después de nuestra guerra nos quedamos muy mal en todo cuanto se refiere a la economía. Estaba el país destrozado, lo mismo en barcos mercantes que en ferrocarriles, puentes, carreteras, calles, etc. Hubo que rehacerlo todo por completo (…) Hubo que fomentar la industria organizando el INI para construir lo que la industria privada no podía hacer (…) En fin, pocas naciones se habrán encontrado con tantas dificultades, teniendo además al mundo conjurado contra nosotros».[1]
España quedó económicamente muy afectada tras la Guerra Civil, si bien nadie parece ponerse de acuerdo en la cifra de pérdidas humanas y tampoco existe un único criterio a la hora de valorar los daños materiales.
«Sin pretender minimizarlas, hoy parece fácil demostrar que no fueron tan graves; y que su importancia radicaba sobre todo, como ya apuntábamos, en la dificultad de reparación, en el agotamiento humano y económico del país ante un horizonte internacional cada vez más incierto y amenazador». (De la Cierva, 1975, p. 108).
| AÑO | ÍNDICE |
| 1929 | 100,00 |
| 1930 | 105,32 |
| 1935 | 97,86 |
| 1940 | 83,92 |
| 1945 | 86,86 |
| 1950 | 106,77 |
| 1955 | 155,94 |
| 1960 | 203,59 |
| Índice de producción industrial española[2] | |
Una gran cantidad de infraestructuras resultaron dañadas o desaparecieron[3], lo que agravó sin duda la situación de un país que ya sufría un atraso evidente antes de la guerra con respecto a las naciones vecinas[4].
«¡Qué gran camino el hecho por España desde los días en que el comunismo contaba con dominar en nuestra Patria, desconociendo los recursos de heroísmo y de abnegación de nuestro pueblo! Hay que recordar los términos estrictos de nuestra situación a la terminación de la Cruzada. De la victoria había surgido un poder nuevo e incontestable, que tenía el futuro ante sí, pero que no disponía ni de un solo antecedente válido para la organización del Estado de derecho y de la vida pública. Las soluciones democráticas inorgánicas habían sido entre nosotros la causa misma de la tragedia que acabábamos de atravesar en forma indiscutible para todos los españoles y para cuantos conocieron mínimamente su historia y nuestros asuntos. Las alternativas políticas que entonces nos ofrecía el mundo chocaban sustancialmente con las exigencias espirituales y de carácter de nuestro pueblo. Habíamos, pues, de prescindir de antecedentes y buscar en nuestras propias tradiciones las bases firmes para constituir un Estado moderno».[5]
Para organizar la recuperación del país, el 31 de enero de 1938 se pone en marcha el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR) dentro del Ministerio del Interior con el fin de reconstruir monumentos, viviendas e infraestructuras afectadas por la guerra. Su primer director es el arquitecto, ingeniero y teniente del Arma de Ingenieros José Moreno Torres (1900-1983), y algunos de los proyectos del SNRDR se deben al arquitecto, ingeniero, geógrafo y militar de Infantería Juan Castañón de Mena (1903-1982), Diplomado de Estado Mayor, procurador en Cortes (1969-1973) y que será ministro del Ejército durante el mismo periodo. Tras la guerra, en agosto de 1939, la SNRDR pasa a denominarse Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDR) y queda integrada en el ahora llamado Ministerio de la Gobernación. La DGRDR se disolvió el 25 de febrero de 1957.
El mismo día en que finaliza la guerra, el 1 de abril de 1939, se aprueba el Decreto de Desmovilización de Talleres y Fábricas de Propiedad Privada para que todos los establecimientos vayan recuperando la normalidad y sus actividades anteriores al conflicto.
«En Marzo de la Victoria dispone el Caudillo, por Ley, la creación del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, organismo encargado de financiar aquélla, a base exclusivamente de recursos nacionales, tales como el de la prestación personal y otros, ya que sistemáticamente eran rechazadas ofertas halagadoras de empresas extranjeras, que veían en el destrozo material de nuestra Patria una cantera fácil para pingües y considerables negocios. Con qué orgullo y satisfacción se contestaba a tales ofertas con estas sencillas palabras: ‘Agradecemos el ofrecimiento que nos hacen, pero para reconstruir nuestra Patria nos bastamos los españoles a las órdenes del Generalísimo Franco’. ¡La sangre de nuestros héroes y mártires no se había derramado en balde!». (Reconstrucción, 1940, p. 2).
Parece claro que el camino escogido, una vez finalizada la guerra, es el de la autarquía, el intervencionismo y la independencia económica[6]. No olvidemos que en virtud de la Ley organizando la Administración Central del Estado[7], Francisco Franco asume un poder autoritario que ejercerá sin miramientos, por lo tanto será su ideario económico el que se aplicará en España, basado además de en sus propias y limitadas ideas sobre economía ya comentadas, en los exageradamente complacientes comentarios de sus colaboradores más cercanos acerca de las verdaderas posibilidades económicas de España, sus infraestructuras, sus recursos naturales y sus habitantes.
«Aquellos que pensaban que la dictadura traería el ansiado orden para los negocios, se encontraron con un Estado autoritario, protector, de partido único, intervencionista y dispuesto a sacrificar el desarrollo y el bienestar de la población en aras de su consolidación. La política económica fue diseñada por un gobierno militar, que se reservó una capacidad de intervención superior a la de etapas anteriores, transformando la tradicional vinculación entre el mundo de los negocios y el de la política, lo que no quiere decir que los empresarios no disfrutaran de un trato de favor frente a otros grupos sociales. Pero la relación entre las elites socioeconómicas y los gobernantes se fraguó de forma distinta: si durante la Restauración lo habitual era llegar a la política a través de los negocios o la propiedad, durante el franquismo se llegaba por afinidad o fidelidad, y una vez en política, el poder se aprovechaba para adentrarse en el mundo de los negocios o favorecer a los amigos que estaban en él». (Toboso Sánchez, 2007, p. 149).
El 30 de agosto de 1939 se crea, por orden directa del general Franco, el Alto Estado Mayor (AEM)[8] formado por tres secciones (militar, económica y de información), con la función de coordinar las acciones de los tres ejércitos, pero también con la intención de colaborar en la organización económica del país y en la aplicación de la autarquía, como por ejemplo «Someter a la Autoridad estudios y propuestas para la ordenación de la totalidad de las energías nacionales en caso de guerra, de tal suerte, que, ante ese evento, queden aseguradas en la máxima medida su evolución y su funcionamiento en régimen autárquico».[9] tal y como explica el preámbulo de la Ley: «Es por ello indispensable, promover el armónico desarrollo de las energías militares y económicas de nuestra nación, de tal suerte que a un tiempo puedan alcanzarse la independencia económica y el bienestar en la paz, y el más alto potencial bélico garantía de nuestra libertad de decisión».[10] El primer jefe del AEM es el general de Brigada Juan Vigón Suero-Díaz (1880-1955).
La militarización de la sociedad trae consigo también la militarización de la economía, con la creación de los más diversos órganos reguladores, el control de precios y salarios, y el racionamiento de numerosos artículos de primera necesidad.
«Aunque no aparezca expresamente formulada, otra nota característica del nuevo sistema político-administrativo es su carácter militar. Como más adelante dice rotundamente en el párrafo tercero de su preámbulo la antes mencionada Ley de 30 de enero de 1938 “muy especialmente al servicio de las atenciones de guerra, que absorbían la parte principal en la actividad de nuestra vida pública, fue dirigida aquella organización administrativa”. Especialmente determinantes fueron las declaraciones del estado de guerra hechas conforme a la entonces vigente Ley de orden público de 28 de junio de 1933 por las autoridades militares sublevadas en las zonas de sus respectivos mandos, y posteriormente con carácter nacional por el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936. En virtud de ellas, el Estado adquirió, como dice el preámbulo del D. de 16 de octubre de 1937, características castrenses, que se tradujeron en un comienzo en una acumulación de cometidos y en una subordinación estrecha y obligada de las autoridades civiles a los mandos superiores militares (preámbulo del Decreto-Ley de 16 de febrero de 1937). En consecuencia, el General Dávila, al que el D. de 3 de octubre de 1936 ordena que se haga cargo de la Presidencia de la Junta Técnica, y se le menciona como General Presidente de la Junta Técnica en la O. del Generalísimo de 16 de diciembre de 1937, es al mismo tiempo General Jefe del Estado Mayor General (D. 1 de octubre de 1936); y por su parte los Generales Jefes de Ejército ejercieron con cierta autonomía algunas funciones de gobierno y administración civil, que en el caso del General Queipo de Llano en Sevilla parece que alcanzaron tal relieve que llevó a algún autor a afirmar que la gestión del Jefe del Ejército del Sur, en la que debió de tener no pocos roces con el Presidente de la Junta Técnica del Estrado, era la de un “virrey autónomo”. Esa superioridad fue todavía confirmada respecto de los territorios situados en la zona de vanguardia del Ejército por el artículo 2 a) del antes citado Decreto Ley de 16 de febrero de 1937». (Pérez de la Canal, 2013, pp. 584-585).
El Consejo de Economía Nacional (CEN)[11], dependiente de la Presidencia del Gobierno, nace como órgano consultivo en virtud de la Ley de 4 de junio de 1940 por la que se crea el Consejo de Economía Nacional[12] bajo la dirección del economista tarraconense Pedro Gual Villalbí (1885-1968)[13] y se encarga de coordinar que todos los ministerios y organismos oficiales sigan las directrices del Gobierno. El CEN es imitador y continuador de un organismo homónimo del Directorio de Primo de Rivera, estará formado por veinte miembros y sólo cinco de ellos son economistas[14]. El artículo 2º de la Ley de creación del CEN establece que «El General Jefe del Alto Estado Mayor y el Delegado Nacional de Sindicatos serán, en todo caso, Vocales del Consejo».[15]
«La Junta Técnica del Estado constituye un organismo sui generis que según creemos carece de precedentes ciertos en la historia de las instituciones españolas. Sin embargo, son muchos los autores que ven en general los antecedentes de ella, y de su predecesora la Junta de Defensa Nacional de España, en el régimen implantado en España entre los años 1923 y 1930. Es verdad que debió de tenerse muy presente en los trabajos preparatorios del levantamiento, como parecen probarlo de modo evidente la Base 6.ª de la Instrucción reservada número 1 del General Mola, repartida a primeros de abril de 1936, las primeras líneas del documento del mismo General titulado El directorio y su obra inicial, fechado el 5 de junio de 1936 y ya iniciado el Movimiento la alocución que la Junta de Defensa Nacional dirige por radio a los españoles el mismo día de su erección». (Pérez de la Canal, 2013, p. 591).
El general Franco critica con dureza que los diferentes gobiernos la II República suspendieron importantes obras de variadas infraestructuras por razones ideológicas, sin importarles que se tratara de proyectos imprescindibles e improrrogables:
«Vosotros conocéis mejor que nadie lo que fue la República, la estafa del pueblo español, el engaño de los hombres de bien. Y vivisteis los días en que las fuentes creadoras de riquezas en plena marcha, como las obras de las confederaciones hidrográficas, que habían de regar vuestras vegas, todas las obras nacionales y constructivas que habían de crear fuentes de trabajo y de producción, se suspendían para servir aquella falacia, aquella bandera que habían de levantar contra la Dictadura diciendo que arruinaba a España; los republicanos y los marxistas cambiaban aquella bandera constructiva por la de sumiros en la miseria para explotaros luego como carne de cañón en sus revoluciones.
España marchaba por la pendiente de la destrucción y del aniquilamiento, destrucción y aniquilamiento porque quienes más iban a padecer eran las clases más numerosas españolas, las clases trabajadoras, porque el que tiene dinero y medios cambia de patria y cambia de lugar, pero el que está ahí, enraizado en la tierra, el que tiene por único patrimonio el regar la tierra con su sudor, el que no tiene la cartera repleta, ¿qué va a hacer sino morirse de asco sobre su propia tierra?».[16]
La economía franquista refuerza la política intervencionista mayoritaria en la España de las últimas décadas mediante un férreo control de importaciones y exportaciones. La manipulación de los tipos de cambio se establece mediante la creación del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME)[17] y la limitación y control de las inversiones extranjeras. El IEME sustituye al Comité de Moneda Extranjera, creado el 18 de noviembre de 1936 y que funcionó durante la guerra en el bando nacional (en el lado republicano existían el Comité Interventor del Cambio y el Centro Oficial de Contratación de Moneda) y del que formó parte el general Diplomado de Estado Mayor Fernando Moreno Calderón (1880-1967) en calidad de Jefe Nacional de Adquisiciones de Material de Guerra en el extranjero.
En cuanto al IEME, «Su aparición en la escena monetaria española supuso un cambio trascendental por dos motivos. Primero, porque el nuevo organismo absorbió todas las competencias relativas al control y comercio de divisas. Segundo, porque las atribuciones en materia de moneda extranjera pasaron al Ministerio de Industria y Comercio, sustrayéndolas del control del Ministerio de Hacienda y del Banco de España». (Barciela, 2003, p. 279).
Existe durante los primeros años del franquismo una verdadera obsesión por tener una moneda fuerte, lo que de alguna manera se interpreta como un elemento más de la autarquía, y que ya se había visto en algunas actuaciones de José Calvo Sotelo (1893-1936), ministro de Hacienda (1925-1930) durante el periodo dictatorial anterior a la II República. El cambio oficial de la peseta permanece invariable entre 1939 y 1948.
«Como dijo Keynes en 1930 en Madrid, todas las dictaduras han sucumbido a la tentación de asociar valor de la moneda y prestigio nacional. Franco no fue una excepción; tenía ideas anacrónicas sobre el tipo de cambio de la peseta, para él un barómetro del prestigio exterior del Régimen». (Zaratiegui, 2018, p. 86).
Todas estas decisiones son fruto de un nacionalismo optimista, cuando no exacerbado, basado en una exaltación patriótica alejada de cualquier análisis riguroso de la realidad de la nación y sus recursos.
«El aislamiento respecto a la economía internacional y la exclusión del plan Marshall le hicieron menos daño a la economía española que un tipo de cambio de la peseta artificialmente alto mantenido por razones de prestigio». (Preston, 1998, p. 756).
Al comienzo de la Guerra Civil se crea el Consejo de Incautación de Minas (CIM) con el propósito de expropiar explotaciones mineras en manos extranjeras, infrautilizadas o que habían sido ocupadas por trabajadores y sindicalistas, como las minas de oro de Rodalquilar[18] en Níjar, Almería, que serán incautadas por el Estado en 1940[19]. El 6 de marzo del mismo año se anuncia la presencia de fabulosas cantidades de oro en las minas del Carballo, en La Coruña. En 1941, las funciones del CIM son asumidas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y en 1943, por la recién creada Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA), integrante del INI.
En cuanto a otra de las cuestiones fundamentales como es la agricultura, el Decreto número 74 de 28 de agosto de 1936[20], el Decreto número 128 de 24 de septiembre de 1936[21] y la Ley de Recuperación Agrícola de 3 de mayo de 1938[22] pretenden acabar con los intentos de reforma agraria de la II República[23] e intentan poner en práctica el ideario joseantoniano de «reforma económica y social de la tierra».
«El Régimen no se comprometió nunca realmente con la reforma agraria o la nacionalización de la banca. La política autárquica fue una respuesta a la necesidad y una adaptación mimética a las circunstancias de la guerra mundial. Pero enseguida se hizo de esa necesidad una virtud y se proyectó sobre dicha política el ideario de la independencia nacional cuando no los intereses proteccionistas». (De Miguel Rodríguez, 1975, p. 49).
«Tales son, entre otros, los derivados de la reciente implantación en España de la Reforma Agraria. No incumbe a esta Junta hacer la crítica de los aciertos o errores habidos en aquélla, aunque se dibuje claramente un marcado subjetivismo al aplicarla, por cuanto que la realidad de los hechos demuestra que una primera fase de la reforma se orientó contra una clase de propietarios, y en la segunda fase se atendió a los pueblos que presentaban un problema social aparentemente agudo, y no siempre real, dando con ello lugar a que fincas poco o nada interesantes a los fines de la reforma y al interés nacional fueran objeto de ocupación, que en algunos casos fue legalizada con posterioridad al allanamiento».[24]
El 23 de agosto de 1937, en plena Guerra Civil, se pone en marcha el Servicio Nacional del Trigo[25] (SNT), que interviene y regula la producción de cereales[26]. Otro claro ejemplo de intervencionismo económico que se prolongará mucho más allá del final de la guerra. En la creación del SNT destacan dos falangistas, el ingeniero de caminos Pedro González-Bueno y Bocos (1896-1985) y el ingeniero agrónomo Dionisio Martín Sanz[27] (1909-2002).
Según se afirma en el decreto ley fundacional del SNT:
«Con fe en las normas que animan al nuevo Estado, consideramos como única solución totalitaria del problema que interesa resolver la ineludible necesidad de realizar una política de revalorización, asegurando al trigo sus precios mínimos remuneradores, ordenando la producción y distribución del mismo y sus principales derivados y regulando su adquisición y movilización».[28]
Así mismo, el intervencionismo en un sector clave de la economía como es el de la producción de cereales queda bastante claro en los planteamientos del SNT[29]:
«Los objetivos fundamentales son: ordenar la producción y distribución del trigo y sus derivados principales y regular su adquisición, movilización y precios. Para ello se conceden al Servicio Nacional del Trigo facultades para intervenir el trigo y sus derivados; extendiendo su acción a productores, fabricantes de harina y molineros maquileros. Con vistas a ordenar la producción, limita la iniciativa del productor en cuanto a la extensión a sembrar de trigo, quedando subordinada esta superficie a las disposiciones que dicte el Ministerio de Agricultura, a propuesta del Servicio, según aconseje el interés nacional».[30]
En 1939, se presenta un ambicioso Plan Nacional de Obras Públicas[31] elaborado por el ministro del ramo (1938-1945) e ingeniero de caminos y licenciado en Ciencias Exactas Alfonso Peña Boeuf (1888-1966) con la intención de mejorar las infraestructuras españolas pero también de proporcionar puestos de trabajo a un buen número de desempleados.
| AÑO | DESEMPLEADOS |
| 1940 | 474.808 |
| 1941 | 450.014 |
| 1942 | 294.530 |
| 1943 | 225.493 |
| 1944 | 169.525 |
| 1945 | 147.946 |
| Fuente: de la Cierva, 1975, p. 322. | |
Peña Boeuf se verá obligado a dar continuidad a algunos planes anteriores al franquismo ante las tremendas dificultades de todo tipo, la falta de personal técnico y la escasez de maquinaria y materias primas, como el Plan Guadalhorce[32] (1926) o el Plan Nacional de Obras Hidráulicas[33] (1933) del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953), que había sido director general de Obras Hidráulicas durante la Dictadura de Primo de Rivera y también durante la II República. Peña Boeuf será el creador en enero de 1938 del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR) y también el impulsor de la Orden de 11 de agosto de 1939 aprobando la Instrucción de Carreteras[34], que recogerá la primera normativa española que tendrá en cuenta la circulación de los vehículos a motor. En 1939 presenta un ambicioso plan de Obras Públicas en clara continuidad con proyectos inacabados de la Dictadura primorriverista. Será presidente de RENFE entre 1953 y 1956, y del Comité Español de Grandes Presas entre 1959 y 1966.
«Dentro de estos ideales autárquicos, las obras públicas jugaban un papel fundamental. Se las consideraba susceptibles de generar riqueza no sólo a través de su construcción, sino también a través del efecto que su explotación produciría en el conjunto de la economía nacional. El Ministerio de Obras Públicas, como gestor de estos parámetros, era una de las piedras angulares del entramado planteado por los ideólogos franquistas. Por una parte, las obras hidráulicas se consideraban un sector esencial para el despegue económico del país a través de un amplio plan de construcciones dirigidas hacia la producción de regadíos y de energía eléctrica. Al mismo tiempo, el gobierno del general Franco abordó la nacionalización de los principales ejes empresariales vinculados con las obras públicas: ferrocarriles, aeronáutica y telecomunicaciones. Por último, un amplio plan sobre carreteras estudiaba la mejora y reorganización de otra de las arterias fundamentales para la economía española, que se completó con la modernización de las infraestructuras portuarias». (Macías, 2002, p. 150).
Se pone en marcha un organismo que tendrá apenas unos meses de existencia, entre abril de 1938 y octubre de 1939, y que no llegará a contar con una estructura orgánica, el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST). El 18 de octubre de 1939, como relevo del SNREST y del Servicio de Recuperación Agrícola (SRA)[35] fundado también durante la Guerra Civil, nace el Instituto Nacional de Colonización (INC)[36], dependiente del Ministerio de Agricultura, con la intención de sustituir los proyectos de redistribución de la tierra esbozados durante la II República por el Instituto de Reforma Agraria (IRA, 1932-1939) por la transformación del medio rural mediante la extensión del regadío, el aumento de la productividad y la construcción sobre todo en las cuencas fluviales más importantes de casi trescientos nuevos pueblos, que alojaron a unas 55.000 familias entre 1945 y 1970[37].
«Menciono este asunto[38], además de por la ilusión que puse en sacarlo adelante, porque es un ejemplo, y no el más importante, del gran esfuerzo económico y social que se hizo entonces en el campo con la política de colonización y regadíos; haciendo una reforma agraria en la que, sin demagogias, se expropiaron muchas fincas de grandes terratenientes de las más importantes familias de España, y se hicieron propietarios muchos miles de pequeños campesinos. (…) Fue una reforma realista, plena de sentido social y creadora de riqueza, bien lejos del irracional y antieconómico ‘reparto de tierras’, que sirvió tantas veces de cartel electoral o de banderín de enganche para manifestaciones y revueltas». (De la Fuente, 1998, p. 80).
Para el diseño de las nuevas poblaciones, inspiradas en los programas italianos de Bonifica Integrale y Città Nuova, se recurre a los más prestigiosos arquitectos y urbanistas de España.
«La experiencia de un régimen totalitario con la regeneración de su mundo rural, teniendo a la agricultura como motor económico del país y a los campesinos como reserva moral y espiritual de la raza, se dio en los regímenes autoritarios contemporáneos con los que el franquismo inicial mostró claras sintonías ideológicas». (José Antonio Flores Soto en CICEES, 2016, p. 71).
Es nombrado director general del INC el ingeniero agrónomo y camisa vieja Ángel Zorrilla Dorronsoro (1903-1993) que ya lo había sido del SNREST, catedrático de Economía y Política Agraria de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Política Agraria en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, subsecretario de Agricultura en el II Gobierno Nacional (1939-1941) y procurador en Cortes por designación directa del jefe del Estado durante la I (1943) y II (1946-1949) legislaturas.
«La Era Azul no puede entenderse bien, creo yo, sin la continua dialéctica campo-ciudad que en el fondo se puede encontrar en todas las guerras civiles del XIX». (De Miguel Rodríguez, 1975, p. 55).
En unas declaraciones de Zorrilla Dorronsoro realizadas durante el Consejo Nacional de Colonización, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de noviembre de 1943, queda bastante clara la política del Nuevo Estado en cuanto a la propiedad de la tierra y un hipotético reparto de la misma: «La diferencia de posiciones (en materia de reforma agraria) se fue señalando más y más a lo largo del Movimiento Nacional en una y otra zona, pues, efectivamente, las armas se habían tomado, entre otras cosas, para defender una y otra posición frente a estas cuestiones de modo muy palpable en lo que se refiere al concepto de propiedad de la tierra». (Barciela, 2009, p. 14).
Comienza a aplicarse la regulación de algunos sectores económicos mediante los Decretos de 20 de agosto de 1938[39] y 8 de septiembre de 1939[40].
«Una regulación que cumpla con estas características sólo se ha producido en España durante las dictaduras de Miguel Primo de Rivera (1926-1930) y Francisco Franco (1938-1975), y fuera de España, en Portugal durante la dictadura de Salazar y, con menor intensidad, en la Italia de Mussolini y en la Alemania nazi». (Pires Jiménez, 2005, p. 149).
En el verano de 1938 se otorgan créditos a los agricultores de las zonas donde se van imponiendo los sublevados, con la garantía de las futuras cosechas[41]. «Serán beneficiarios de estos préstamos los cultivadores directos que no tengan créditos pendientes con el Servicio Nacional de Crédito Agrícola por operaciones contraídas hasta el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis».[42] Por Decreto de 20 de octubre de 1938 se crea el Consejo Coordinador de Industrias afectas a la Defensa Nacional, en cuyo artículo primero afirma «cuya jurisdicción ha de extenderse a las industrias no militares que puedan y deban ser incluidas en aquella denominación».
El 7 de diciembre de 1939 se aprueba la ley[43] que deja fuera del curso legal todo el dinero emitido por el Gobierno republicano desde el 18 de julio de 1936. El dinero en circulación se calcula en algo más de trece mil millones de pesetas, y otros diez mil millones depositados en cuentas bancarias.
Vinculada al SNT nace en 1940 la Red Nacional de Silos y Graneros (RNSG)[44], con una previsión inicial en 1945 de cuatrocientas treinta y siete unidades de almacenamiento vertical, silos, y seiscientas treinta y una unidades de almacenamiento horizontal, graneros[45]. Llegaron a edificarse en total novecientas cuarenta y nueve instalaciones de diversos tipos, repartidas por toda España, y también se utilizaron antiguos castillos abandonados o en desuso para el almacenamiento provisional del grano como el de Arévalo, en la provincia de Ávila, o el de Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. El último granero de la RNSG es el de Valchillón, en la provincia de Córdoba, puesto en servicio en 1989 y cuya construcción había comenzado antes de la liberalización del mercado. El sector del trigo funcionó como un monopolio estatal y también estuvieron intervenidos los precios del resto de cereales hasta 1984[46].
El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1986 liberalizó los precios del cereal y propició el abandono paulatino de muchos de los silos y graneros de la RNSG. La mayoría de ellos pasó a manos de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y fueron reconvertidos para otros usos aunque otros fueron demolidos y algunos permanecen vacíos y en venta desde hace años. Periódicamente salen algunos de ellos a subasta pública.
«Las regiones agrícolas estaban padeciendo un exceso en la mano de obra: la mecanización del campo, indispensable si se quería lograr un mayor rendimiento, disminuía el número de puestos de trabajo y hacía ineficaces las explotaciones pequeñas. Se produjo, en consecuencia, una corriente de emigración hacia Europa, por los salarios que ofrecían las empresas de Francia, Alemania o Suiza a esta mano de obra que quedara vacante. Algunos obispos y muchas organizaciones eclesiásticas se quejaron de esta emigración que desarraigaba a los hombres y destruía las familias, pero el Gobierno no quiso frenarla porque aunque era una solución deficiente –proporcionaba divisas para una reinversión en España-, pensaba que era preferible a una falta de solución en absoluto». (Suárez Fernández, 2002, p. 404).
En cuanto a la industrialización, como jefe del Servicio de Industria figura el coronel Manuel Casanova Conderana (1911-1947), ingeniero industrial, diputado a Cortes (1936-1939), consejero de Industria e inspector general del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Ministerio de Industria y Comercio (1935-1936), que sustituye en mayo de 1939 al monárquico José María de Areilza y Martínez de Rodas[47] (1909-1998). Areilza defiende la autarquía «no precisamente como un ideal económico, sino como una necesidad impuesta por la expoliación bélica de los medios de pago». (De la Cierva, 1975, p. 140).
Mediante la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940[48] y la Ley de Bases de la Organización Nacional Sindicalista de 6 de diciembre de 1940[49], incluso los nuevos sindicatos verticales coinciden en apoyar las prioridades del nuevo régimen: «Otro principio del sindicato era la defensa de que en el campo de la producción primase siempre el interés del Estado sobre los intereses privados». (González-Bueno, 2005, p. 201).
«Más o menos perfecto nuestro sistema, vosotros conocéis bien que jamás ha interrumpido en estos años el diálogo directo con el pueblo y la colaboración de todos los sectores de la Nación en la programación y resolución de sus problemas. Los Consejos Económicos Sindicales han venido recogiendo y poniendo al día los anhelos y aspiraciones de las comarcas, en que todos los sectores de la provincia han hecho oír su voz y sus aspiraciones».[50]
Como concesión al siempre inquieto sector falangista, que no ve cumplirse en estos primeros años del nuevo régimen sus revolucionarios proyectos socioeconómicos, es nombrado ministro de Trabajo el miembro fundador de las JONS y camisa vieja José Antonio Girón de Velasco (1911-1995), Delegado Nacional de Excombatientes (1939-1954), procurador en Cortes (1943-1977) y ministro de Trabajo (1941-1957), uno de los miembros más combativos del franquismo en cuanto a la justicia social y los derechos de los trabajadores se refiere. Girón de Velasco combatió en la Guerra Civil con una centuria de Falange y obtuvo la Medalla Militar Individual en el Alto de los Leones.
«José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, que trataba a toda costa de defender la estabilidad de los obreros en su puesto laboral, la seguridad social y el poder adquisitivo de los salarios, ganó por estos años un prestigio muy grande y no sólo entre los adictos al Régimen. Representaba entonces la realización de la política falangista, consistente en poner a las empresas y aun al mismo Estado al servicio del hombre en sus necesidades elementales». (Suárez Fernández, 2002, p. 140).
El 8 de noviembre de 1945, el INI pone en marcha la empresa mixta Minas de Almagrera S.A. (MASA)[51] con la intención de explotar la cuenca minera de Sierra Almagrera, al este de la provincia de Almería. El Instituto público aportó doscientos veinte millones de pesetas y un grupo de inversores privados sumó otros quince millones. La intervención del INI en esta mina se debió a los numerosos problemas que había sufrido desde su puesta en marcha. Las minas de Almagrera representan a la perfección algunos de los mayores problemas de la etapa liberal y liberalizadora en la minería española. Protagonista de una de las explosiones especulativas más espectaculares del siglo XIX (1839-1845), Almagrera constituía un perfecto ejemplo del minifundio minero, una de las causas del reiterado fracaso de las compañías privadas en este sector.
El desplome de las cotizaciones del plomo y de la plata en el primer tercio del siglo XX conducirá al cierre definitivo de muchas minas en las décadas de 1920 y 1930. Numerosas explotaciones mineras habían visto paralizada totalmente su actividad durante la Guerra Civil, como sucedió por ejemplo con el yacimiento asturiano de carbón en La Camocha, en la cuenca del Nalón, abierto en 1935. Cuando las empresas públicas mineras comiencen su andadura en la década de 1940, partirán prácticamente de cero.
Ante la tremenda escasez de vehículos de todo tipo y la falta de tecnología propia para su desarrollo, nace vinculado al INI en enero de 1946 el Centro de Estudios Técnicos de la Automoción (CETA), uno de cuyos primeros cometidos consistirá en colaborar en la creación de ENASA como fabricante nacional de vehículos industriales. Dirigido por el ingeniero barcelonés Wilfredo Pelayo Ricart Medina (1897-1974)[52], nombrado directamente por Suanzes, el CETA intentará sentar las bases de las futuras empresas españolas del motor, impulsar el crecimiento de una industria auxiliar prácticamente inexistente, formar personal especializado y establecer todo tipo de normas de fabricación y calidad.
Se llevan también a cabo numerosos procesos de nacionalización de empresas, citaremos como ejemplo tres actuaciones importantes en sectores tan estratégicos como el transporte aéreo, el ferrocarril y las comunicaciones telefónicas.
En 1927, la compañía aérea alemana Lufthansa y el empresario bilbaíno Horacio Echevarrieta Mauri (1870-1963) fundan Iberia, Compañía Aérea de Transportes. En 1928 se fusiona con la Compañía Española de Tráfico Aéreo y con Unión Aérea Española para formar la Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA). Durante la II República pasa a denominarse Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE). La ahora denominada Compañía Mercantil Anónima Iberia queda nacionalizada por medio de la Ley de 7 de junio de 1940[53], y recibe la exclusiva del tráfico de pasajeros, mercancías y correspondencia dentro del territorio nacional por un periodo de veinte años. En 1953 vuelve a cambiar su nombre por el de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.
En enero de 1941[54] nace la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)[55] que nacionaliza y agrupa a una veintena de compañías ferroviarias privadas, casi todas de ancho ibérico más la línea Cercedilla-Navacerrada[56] de ancho métrico, conocida como Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, más de doce mil kilómetros de vías de los que sólo unos seiscientos están electrificados. De nuevo observamos una cierta continuidad con instituciones del Directorio de Primo de Rivera, en este caso con el organismo público Explotación de Ferrocarriles por el Estado[57] (1926-1965).
«Las líneas nacionalizadas se encontraban en una situación deplorable a causa de los destrozos sufridos durante la Guerra Civil. A ellos se unía la difícil situación económica que las sociedades concesionarias sufrían desde hacía ya bastante tiempo y que habían impedido las inversiones requeridas para la modernización de la red». (Bas Ordóñez, 2016).
Cinco ministerios cuentan con representantes en el primer Consejo de Administración de RENFE, presidido por el ingeniero de caminos Gregorio Pérez Conesa (1885-1960); Obras Públicas, Hacienda, Agricultura e Industria y Comercio[58], además del Ministerio del Ejército. De nuevo, encontramos intereses comunes entre economía, industrialización y defensa; así mismo, queda de nuevo patente la enorme importancia estratégica que el Ejército concedía al ferrocarril.
Las compañías ferroviarias más importantes de las integradas en RENFE[59] son la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte, 1858-1941), la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA, 1856-1941) y una que ya era de titularidad pública, la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España (Ferrocarriles del Oeste, 1928-1941). El proceso de expropiación tuvo lugar entre 1941 y 1943[60], tras largas conversaciones entre el Estado y unos propietarios que aceptaban la nacionalización pero querían imponer su precio. Las indemnizaciones, abonadas en 1944, ascendieron a unos dos mil quinientos millones de pesetas de la época[61].
En el verano de 1965 es nombrado subsecretario de Comercio (1965-1968) y en 1968 se convertirá en presidente de la empresa ferroviaria RENFE (1968-1970) el abogado del Estado y monárquico Alfonso Osorio García[62] (1923-2018), coronel auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire, Consejero del Reino (1969-1971), procurador en Cortes (1965-1971, 1975-1977), ministro de la Presidencia (1975-1977), senador (1977-1979), diputado a Cortes (1979-1989) y miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdeP)[63]. Medalla de Oro de la Comunidad de Cantabria.
Los propagandistas, que serían apartados temporalmente de los círculos de poder en favor de los miembros del Opus Dei[64] hacia finales de los años 50, retomarían su influencia durante el tardofranquismo y la Transición (1975-1982). Durante dicho periodo, diez ministros, dos presidentes de las Cortes, dieciocho secretarios de Estado y cerca de treinta subsecretarios o similares salen de las filas de la ACNdeP.
La ACNdeP ejercerá su influencia por medio de importantes personajes como el propio Osorio, José Ibáñez Martín (1896-1969), Mariano Puigdollers Oliver (1896-1984), José Larraz López (1904-1973), Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979), Fernando María Castiella (1907-1976), Pedro Gamero del Castillo (1910-1984), Santiago Udina Martorell (1911-2006), Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-2009), Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), Abelardo Algora Marco (1917-2001), José María Belloch Puig (1918-1984), José Giménez Mellado (1920-1993), Alejandro Fernández Sordo (1921-2009), José María Sánchez-Ventura y Pascual (1922-2017), Pío Cabanillas Gallas (1923-1991), Federico Silva Muñoz (1923-1997), Alfonso Osorio García (1923-2018), Eduardo Carriles Galarraga (1923-2020), Fernando Álvarez de Miranda (1924-2016), Rafael Alcalá-Santaella Núñez (1925-1997), José Luis Ruiz Navarro (1925-2001), Íñigo Cavero y Lataillalde (1929-2002), Andrés Reguera Guajardo (1930-2000), José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta (1931-2021), Cruz Martínez Esteruelas (1932-2000), Ignacio Gómez-Acebo y Duque de Estrada (1932-2011), Enrique de la Mata Gorostizaga (1933-1987), Landelino Lavilla Alsina (1934), Salvador Sánchez-Terán Hernández (1934), José Luis Pallarés González (1934-2011), José Almagro Nosete (1934-2019), Marcelino Oreja Aguirre (1935), León Buil Giral (1935-2013), Gabriel Peña Aranda (1936-2002), Luis Jáudenes García de Sola (1936-2006), José Tomás Raga Gil (1938), Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona (1939), Serafín Ríos Mingarro (1939-1997), José Manuel Otero Novas (1940) u Óscar Alzaga Villaamil (1942), culminando con el nombramiento como presidente del Gobierno (1981-1982) de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926-2008).
Las comunicaciones telefónicas en España estaban a cargo de la multinacional norteamericana International Telephone & Telegraph (ITT), que había obtenido una concesión por veinte años desde el 19 de abril de 1924 por medio de la Compañía Telefónica de España (CTE) tras fracasar numerosos intentos de crear un sistema telefónico de titularidad pública desde 1877[65]. En 1945, el Estado, que no quería renovar la concesión a una empresa extranjera, compra el 79,6 % de las acciones y pasa a controlar la nueva Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)[66], saliendo el capital americano y entrando en su lugar diversos bancos españoles. La no renovación del acuerdo obligaba al Gobierno español a abonar una penalización de cincuenta millones de dólares, que fue adelantada por el financiero mallorquín Juan March Ordinas (1880-1962) ante la falta de liquidez en las arcas públicas españolas[67].
La recuperación de la actividad económica es muy lenta[68] y de manera muy especial en cuanto a la actividad industrial, debido a factores como la escasez de materias primas, los cortes energéticos y la falta de mano de obra especializada[69].
«Entre todas las inquietudes de España que pesan sobre mi ánimo está siempre presente la de nuestras clases trabajadoras, la redención de las mismas y el salvarlas del materialismo grosero que en los pasados años se venía acumulando sobre ellas, porque no solamente de pan vive el hombre, sino también de satisfacciones y de espíritu.
La Revolución Nacional vino a levantar y a poner en marcha a España, y para ello es necesario el esfuerzo aunado de todos. Si vosotros contempláis una competición en que unos tiran de un lado y otros empujan para otro, el fracaso es seguro. Si los españoles se peleasen entre sí y malgastasen en ello sus esfuerzos, España volvería a donde se encontraba: a la miseria y a la pobreza.
No puede haber mejora individual, justicia social, si no hay progreso económico, si no se multiplican los bienes, si las tierras no producen más, si las fábricas no se multiplican y reparten por toda la superficie de España y si todos a una no ponemos en ello nuestro trabajo y nuestro espíritu. No hay justicia sin abundancia y sin ésta sólo podrían repartirse de nuevo las miserias.
Por eso nuestra política es la contraria de la que hasta nuestra llegada se practicó. No venimos a hacerle al pueblo promesas irrealizables, sino a enfrentarnos juntos con sus problemas; venimos a decirle que el camino es largo, que hay que trabajar, que si queremos pesar en el mundo, que los productos españoles se abran camino, si queremos tener más beneficios, hemos de trabajar todos firmemente, unos con la inteligencia, otros con los brazos, pero todos a una y con eficacia. Hay que huir de los viejos moldes: tenéis que procurar, por vuestra labor constante, que vuestros hijos sean mejores que vosotros y que vuestros nietos lo sean aún más que vuestros hijos. Y esto se logra solamente poniendo a España en pie y levantando los espíritus para conseguir la España grande, la España una y la España libre por que luchamos».[70]
Se populariza el uso del gasógeno, regulado por el Decreto de 17 de septiembre de 1940[71], un sistema desarrollado por el ingeniero químico francés Georges Christian Peter Imbert (1884-1950) que permite, mediante el proceso de gasificación de materia orgánica, convertir un combustible sólido en gaseoso para hacer funcionar los motores de explosión. Funciona con leña o carbón, pero también se utilizan cáscaras de frutos secos y otros desechos. El sistema se había diseñado, en un principio, para obtener un gas que posibilitase un sistema de alumbrado público barato.
La gasolina estuvo racionada en España entre el 25 de mayo de 1940 y el 1 de enero de 1953 según los sucesivos Decretos de 25 de mayo de 1940[72], 26 de julio de 1940[73] y 6 de noviembre de 1941[74], entre otras disposiciones. Además, desde el 1 de febrero de 1944 se suspendió el suministro de gasolina desde los EE.UU. a España, una medida que sólo se revocó cuando el Caudillo aceptó reducir las exportaciones de wolframio a Alemania. La gasolina comienza a venderse sin apenas restricciones el 13 de agosto de 1946 –a dos pesetas el litro- aunque algunas medidas restrictivas durarán hasta 1953.
Se intenta encontrar petróleo por toda España[75], con resultados siempre negativos, muy pobres e incluso tragicómicos como la prospección realizada en la localidad jienense de Puertas de Segura en 1957, llevada a cabo por el coronel de Infantería, ingeniero geógrafo y arqueólogo Alfonso Rey Pastor (1890-1959)[76].
«Las autoridades españolas emprendieron varias actuaciones con objeto de aliviar la grave situación: por un lado, se trató de incrementar la capacidad de refino, para reducir la dependencia exterior de derivados del petróleo; por otro, se buscaron soluciones autárquicas, para independizar al país de las importaciones de crudos, mediante la obtención de combustibles líquidos a partir de recursos interiores, al margen de su coste y de su viabilidad tecnológica, y finalmente, se pusieron en marcha una serie de proyectos de investigación en busca de reservas de hidrocarburos en el subsuelo peninsular». (Martín Aceña et al., 1991, p. 203).
La obtención de combustibles y lubricantes se convirtió en una prioridad[77] por lo que se crea, a principios de 1942, el Consejo Técnico de Combustibles Líquidos y Lubricantes (CTCLL). Por Decreto de 22 de enero de 1942 se encomienda al INI la tarea de intentar obtener ambos elementos a partir de pizarras bituminosas y lignitos, un proyecto que ya se había intentado sin éxito durante la II República, y por Decreto de 22 de mayo del mismo año arranca con ese fin la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes, S.A. (ENCASO).
«El Consejo de Administración de la ENCASO, formado generalmente por entre 10 y 12 miembros, contó siempre con una fuerte representación militar, en torno al 40 por ciento del total, procedente de los cuerpos técnicos del Ejército, principalmente Artillería e Ingenieros». (Arriaga, 2005, p. 84).
En 1954 nace la Compañía Ibérica de Petróleos, S.A. (PETROLIBER), dedicada a la búsqueda e investigación sobre hidrocarburos. El Estado aporta el 50 % del capital, el resto se lo reparten el Banco Exterior de España y el Grupo Fierro. La Sociedad Hispánica de Petróleos, S.A. (HISPANOIL) se constituye el 5 de mayo de 1965 con el objeto de explorar y producir hidrocarburos fuera del territorio nacional. Aprovechando la escasez de gasolina y de divisas para adquirirla, aparecen los más diversos estafadores y estrafalarios inventores, prometiendo soluciones milagrosas y elementos sustitutivos del petróleo de lo más dispares, que acabarían de un plumazo con la dependencia energética de España.
De entre todos ellos destaca Albert Elder von Filek (1889-1952)[78], un ciudadano austriaco hijo ilegítimo de un aristócrata nacido en Viena y llegado a España en 1931 huyendo de diversas acusaciones de robo, estafa y otros delitos en varios países europeos. Patentó -aunque no llegó a abonar nunca las tasas de la patente- en 1935 un «Procedimiento para la obtención de gasolina sintética», que se componía básicamente de un porcentaje de entre un 50 y un 75 % de agua y el resto formado por alcohol de vinos endebles, maleza, remolacha, acetona, naftalina y algodón de pólvora, si bien la mezcla y los componentes sufrían variaciones, llegando a incorporar incluso zumo de naranja. En 1939 se puso en contacto con las autoridades franquistas a las que aseguró haber inventado un combustible, la filekina, que permitiría producir tres millones de litros diarios de carburante a partir de su ingeniosa fórmula. Con dichas cifras no sólo se solucionaría la dependencia de España de las importaciones de petróleo, unos ciento cincuenta millones de dólares anuales, sino que pasaríamos a ser, incluso, una nación exportadora.
Esto reafirmaba las tesis de la Administración franquista acerca de las cuestiones económicas y políticas: «Los ingenieros de Franco estaban de acuerdo en vincular la independencia energética a la soberanía política o (de modo más realista) buscar modos de evitar que la dependencia se tradujese en vulnerabilidad». (Camprubí, 2017, p. 197).
Von Filek explicó que había sido prisionero de los rojos en Madrid durante la Guerra Civil -en realidad había cumplido condena por timador aunque también había sido acusado de espía- y que por lo tanto cedía su invento con entusiasmo a la España Nacional. Convenció al propio Franco de las bondades de su invento -le explicaron entre otras cosas que los camiones que traían diariamente el pescado de Galicia a Madrid utilizaban ya dicho combustible en pruebas con magníficos resultados- y se le proporcionó un piso en Madrid donde alojarse, además recibió diez millones de pesetas, una verdadera fortuna de la época para desarrollar su invento por medio de la Fábrica de Carburante Nacional[79]; según el austriaco, las aguas del río Jarama eran perfectas para la filekina, así que se edificó una factoría con enormes depósitos subterráneos de agua junto al río.
En total, se expropiaron y dedicaron unas doscientas hectáreas al proyecto, concentradas sobre todo en los términos municipales de Barajas y Coslada. Todos los informes técnicos ponían en duda la efectividad de la filekina pero Franco confió en su instinto: «Todos los ingenieros y servicios técnicos que he consultado me han informado en contra del proyecto; pero yo me fío más de mi chófer y este me ha asegurado que en el último viaje hemos logrado una media de noventa kilómetros por hora utilizando mi gasolina». (Martínez de Pisón, 2018, p. 92).
Pero la falta de resultados destapó la estafa y von Filek acabó en la cárcel, entrando en el campo de concentración de Nanclares de la Oca el 27 de marzo de 1941 como preso gubernativo sin juicio previo, evitando así dar mayor publicidad al asunto. Salió libre en septiembre, volvió a delinquir y fue deportado a Alemania. El asunto von Filek, con ser una anécdota, no deja de ser también un ejemplo de la desesperada situación no sólo de España, su economía y sus recursos, sino también de la realidad de la ciencia y la investigación del país en un momento histórico[80] en el que no pocos científicos se habían visto obligados a partir al exilio o eran represaliados de cualquier otra forma, como no permitiéndoles ejercer en actividades de investigación o docencia[81] relacionadas con su actividad o su campo de conocimiento[82].
Otro ejemplo de escasez y racionamiento es el relacionado con el caucho para producir neumáticos, que llegó a su punto álgido a principios de 1951, paralizando incluso la entrega de vehículos ya fabricados pero almacenados sin ruedas como, por ejemplo, le ocurrió con frecuencia a ENASA, fabricante de los camiones Pegaso[83], entre 1947 y 1951. El ingeniero salmantino Ricardo Soriano Scholtz von Hermensdorff (1883-1973), fabricante de las motocicletas y motocarros Soriano entre 1941 y 1954, tomó durante un tiempo la decisión de vender sus vehículos sin neumáticos, pasando a sus clientes la ardua labor de conseguirlos. También Barreiros sufrió durante un tiempo el mismo problema con sus camiones. Durante los primeros años de la posguerra fue habitual entregar las alpargatas usadas al comprar unas nuevas para fundir y recauchutar la goma de las suelas. El 1 de octubre de 1943 se retomó la fabricación de neumáticos gracias a la importación de quinientas toneladas de caucho.
Eran frecuentes los cortes en el suministro eléctrico o la regulación de horas concretas de uso para hogares y empresas. El 21 de febrero de 1947 se levantan las restricciones sobre el fluido eléctrico aunque hasta 1954 la producción de energía eléctrica será insuficiente para cubrir las necesidades del mercado nacional.
También se dieron casos de individuos que aseguraban poder solucionar otro de los graves problemas de la economía española del momento como la falta de divisas. Destaca en esta cuestión un ciudadano norteamericano de origen dominicano llamado Carlos León, que llegó a ser recibido en audiencia por Franco en agosto de 1949, si bien la cosa no llegó tan lejos como en el asunto von Filek porque se solicitaron, prudentemente, amplios informes sobre el presunto empresario[84]. La escasez de divisas fue un problema constante durante la guerra y la posguerra.
«Así, en junio de 1938 se inició una negociación, a espaldas de Hacienda, entre los responsables de Industria y Comercio y los de la Vicepresidencia del Gobierno para la cesión de parte del cupo militar con objeto de cubrir las necesidades militares de productores civiles. Aunque, como se vio anteriormente, en un principio se alcanzó un acuerdo, estableciéndose un criterio claro sobre estas cuestiones, el problema se volvió a presentar con más fuerza a partir de septiembre de 1938, cuando las autoridades militares solicitaron directamente la ampliación de su cupo para poder hacerse cargo de parte de las necesidades hasta ahora cargadas al cupo civil. A medida que la guerra iba acercándose a su fin, las autoridades militares permitieron la cesión de una parte cada vez mayor de sus disponibilidades para atender las necesidades civiles». (Martínez Ruiz, 2006, p. 60).
Todo esto provoca también que algunos destacados políticos del momento presenten proyectos disparatados como la intención de José Luis de Arrese de acabar con el hambre en España mediante bocadillos de delfín. Los ministros de Franco tenían una gran libertad de acción, si bien eran conocedores de sus límites, que no eran otros que los planteamientos personales del Caudillo. «Los ministros no respondían de su gestión ante la opinión pública sino ante Franco, por lo que la confianza de este era vital para ocupar y mantenerse en el cargo». (Soto Carmona, 2010, p. 373).
Franco intervenía poco en los consejos de ministros y apenas opinaba sobre economía o industrialización[85]. «Escuchaba, preguntaba en algún caso y asentía o callaba». (González-Bueno, 2005, p. 164).
Una de las características más destacadas de todos los Gobiernos de Franco es sin duda alguna la elevada formación de sus ministros. Todas las personas que formaron parte de los gabinetes del general Franco, tanto civiles como militares, contaban con una sólida formación intelectual y una amplia experiencia profesional en sus respectivos campos. Y esto sin olvidar que los sueldos de los ministros y del resto de altos cargos de la Administración no eran precisamente elevados durante el franquismo. Por supuesto ser elegido ministro proporcionaba un enorme prestigio profesional, social y político pero no llevaba de la mano una remuneración acorde con la responsabilidad y la relevancia del cargo.
Se apelaba más al patriotismo y a la vocación de servicio público que a la oferta salarial y los posibles beneficios económicos. De hecho, son conocidos los casos de diversos profesionales que declinaron amablemente la oferta de un ministerio mientras otros tantos esperaban ansiosos el cese para retomar sus actividades privadas sin pasar por el siempre incómodo trance de la dimisión o la renuncia.
«Conozco la carta y la he aprobado, pues no quería que Mateu hiciese un sacrificio por complacerme, y por ello se le escribió. Mateu tiene sus actividades en industrias propias y que no son sociedades anónimas; por eso el cargo de ministro le crearía más dificultades que a otros. Tardó mucho en contestar a dicha carta, y al fin se recibió su respuesta alegando que sus actividades, estado de salud y próxima boda de su hija le impedían aceptar». (Franco Salgado-Araujo, 1976, p. 204).
«No puedo precisar si se ofrecieron compensaciones a Girón, perjudicado en sus intereses económicos por los largos años de permanencia en el Ministerio». (Suárez González, 2002, p. 80).
Es conocido, por ejemplo, que el empresario José María Aguirre Gonzalo (San Sebastián, 1897-Madrid, 1988), uno de los fundadores de la constructora Agroman, consejero o presidente de más de cincuenta empresas públicas y privadas, procurador en Cortes (1961-1977), rechazó en 1958 la cartera de Vivienda que le ofreció el Generalísimo en persona porque prefería continuar atendiendo a sus negocios y dedicar muy poco tiempo a la política.
Por lo tanto, el franquismo nombra para sus altos cargos a civiles y militares que son destacadas figuras en sus respectivos campos y que podrían ganar mucho más dinero y disfrutar de carreras profesionales mucho más prósperas en el sector privado. José Luis Villar Palasí (1922-2012), el ministro de Educación y Ciencia (1968-1973) que estableció la EGB y el BUP[86] hablaba quince idiomas. Resulta imposible pensar, en nuestros días y salvo en muy honrosas excepciones, que la política parece haberse convertido en el refugio de aquellos que buscan dedicarse a una actividad poco exigente y bien remunerada ante la dificultad o la pura imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad por modesta que sea en el sector privado.
Como ya hemos visto con anterioridad con otros muchos ejemplos, también en esta cuestión encontramos un claro paralelismo entre el franquismo y el Directorio de Primo de Rivera. Cuando el militar jerezano se decidió en 1925 por la creación de un Directorio Civil para dar continuidad a sus políticas escogió a algunos de los elementos más brillantes de la sociedad civil del momento en sus respectivos campos[87].
En palabras de uno de sus más cercanos colaboradores: «Ser ministro de Franco es ser un reyezuelo que hace lo que le parece, sin que S.E. los frene en su política personalista». (Franco Salgado-Araujo, 1976, p. 80).
El país está por reconstruir y el resto de naciones no puede acudir en ayuda de España, en algunos casos por cuestiones ideológicas que les impiden apoyar a un mandatario que había flirteado con el fascismo y el nazismo, pero también porque se hallan enfrascados en la preparación de una más que inminente guerra. Por supuesto, se contó en un principio con la ayuda de aquellos países que ya habían ayudado a Franco durante la Guerra Civil, Alemania, Italia y, en menor medida, Portugal.
Se establecieron toda una serie de convenios económicos y de asistencia técnica[88] que resultaron de lo más beneficiosos a ambas partes, pero sobre todo a la maltrecha España, y que, por supuesto, se vieron gravemente alterados o incluso suspendidos tras la derrota del Eje en 1945. Hay que señalar sin embargo que algunos autores se niegan a considerar como perdida la década de los cuarenta, tanto a nivel económico como social y de desarrollo[89].
España se mantiene oficialmente Neutral y por tanto al margen de la II Guerra Mundial (1939-1945) en los inicios del conflicto. En junio de 1940, se pasa de Neutral a No beligerante[90]; en octubre del mismo año, se entrevistan Franco y Adolf Hitler (1889-1945) en Hendaya, en febrero de 1941 lo hacen Franco y Benito Mussolini (1883-1945) en Bordighera, en junio de 1941 se pone en marcha la División Española de Voluntarios o División Azul.
Sin embargo, los cambios en el curso de la guerra llevan a Franco a deshacerse de algunos de sus colaboradores más germanófilos, como el cese del falangista Sancho Dávila y Fernández de Celis (1905-1972) como máximo responsable del Frente de Juventudes en mayo de 1941, el del también falangista y germanófilo Antonio Tovar Llorente (1911-1985) de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda o el de Dionisio Ridruejo Jiménez (1912-1975) como director general de Propaganda, si bien resultan más significativos los relevos en la cartera de Exteriores. Ramón Serrano Suñer (1901-2003), simpatizante declarado de los alemanes, es sustituido como ministro de Exteriores en septiembre de 1942 por el militar monárquico y vocal del Consejo de Economía Nacional Francisco Gómez-Jordana (1876-1944), mientras que el abogado madrileño y propagandista Alberto Martín-Artajo Álvarez será ministro de Asuntos Exteriores (1945-1957) en sustitución del falangista José Félix de Lequerica Erquiza (1890-1963), que lo había sido durante once meses entre 1944 y 1945. Por lo tanto, entre 1942 y 1957 se ocuparán de Exteriores sucesivamente un declarado germanófilo, un militar monárquico, un falangista y un propagandista.
El triunfo de los Aliados obliga también al franquismo a realizar toda una serie de cambios formales y estéticos: sólo en 1945, el 8 de mayo bloqueo de los bienes de las potencias del Eje, el 17 de julio Fuero de los Españoles[91], el 11 de septiembre supresión del saludo romano, el 9 de octubre indulto a una gran cantidad de presos políticos y comunes, el 22 de octubre Ley de Referéndum Nacional[92].
Incluso dentro del sector católico se produce el relevo de algunos cargos políticos ocupados por militantes tradicionalistas en favor de miembros de la ACNdeP. Como ya hemos dicho, los propagandistas perderán temporalmente influencia entre los círculos de poder del franquismo hacia finales de la década de los 50, momento en que serán paulatinamente sustituidos por miembros del Opus Dei[93], si bien recuperarán su importante papel durante los últimos años del franquismo y la Transición.
La propia Iglesia, que intenta desmarcarse de los tiempos de la Cruzada[94], da tímidos pasos como la organización de los Cursillos Nacionales de Apostolado Obrero de 1942 en Palencia y 1943 en Vigo, o la primera pastoral social colectiva de los obispos de Andalucía Oriental en octubre de 1945, que derivará en la formación de movimientos como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC, 1946) o la Juventud Obrera Católica (JOC, 1947) como respuesta a los sindicatos verticales de la Organización Sindical Española[95].
«El testimonio que daban los obreros de la HOAC en medio de sus compañeros de trabajo y la ascendencia que iban adquiriendo ante ellos hizo recelar al Gobierno hasta llegar a declararles una guerra abierta. No se atrevían a enfrentarse directamente con una organización de Acción Católica, pero argüían que se salían de su campo apostólico para intervenir en problemas temporales.
El concepto distinto que tenían la jerarquía y el Gobierno sobre lo que significaba apostolado fue causa de muchos malentendidos y roces. El Gobierno vigilaba a los militantes de la HOAC por medio de la Policía y entorpecía frecuentemente sus reuniones y asambleas con la excusa de que hacían política y estaban, por lo tanto, fuera de la ley». (Enrique y Tarancón, 1996, p. 277).
Desde abril de 1944 funciona la Asesoría Eclesiástica de la Organización Sindical, que tiene como objetivo desarrollar la acción religiosa de la Iglesia y dar orientación cristiana a la Organización Sindical.
«En 1958 las HOAC, abandonando el proyecto que tuviera la propia Iglesia de convertir el 19 de marzo en la fiesta de los trabajadores invocando el patronazgo de San José, volvieron al 1 de mayo, una fiesta que los movimientos marxistas consideraban como propiamente suya». (Suárez Fernández, 2002, p. 353).
«Lo cierto es que cuando llegó por fin el cambio de régimen, aparecieron con fuerza muchos movimientos sindicales y políticos –marxistas o de extrema izquierda- que estaban capitaneados por antiguos militantes cristianos, mientras la Iglesia se encontraba sin una fuerza organizada y eficaz en este campo». (Enrique y Tarancón, 1996, p. 279).
Muy especialmente desde 1953, con la firma de los Pactos de Madrid[96] entre España y los EE.UU., el general Franco vestirá traje civil o uniforme militar dependiendo de la ocasión, pero abandonará de manera casi definitiva la indumentaria falangista.
Finalizando la década de los años cuarenta se ponen en marcha diversas empresas mixtas, con capital público y privado, como un gesto que pretende favorecer la negociación de créditos ante los bancos norteamericanos. Algunos ejemplos de esas empresas mixtas son las ya comentadas SEAT, CASA o la Empresa Nacional del Aluminio, S.A. (ENDASA).
«Por lo que atañe a la política económica, se consumó un cambio de barniz, sin renuncia a los principios fundamentales del ideario autárquico nacionalista. Merece destacarse, primero, una suavización de la actitud que dispensó Suanzes a la empresa privada. Con ello inauguró un clima de concordia y entendimiento con el sector privado en busca de una cooperación que, por lo general, no consiguió para los grandes proyectos industriales emprendidos por el INI en esos años en ámbitos diversos; por citar un par de ejemplos, el establecimiento de una siderurgia integral (ENSIDESA) o la formación de una red de frigoríficos». (Gómez Mendoza, 1997, p. 305).
La actividad de la banca privada[97] queda regulada por el Decreto 57 de 20 de agosto de 1936[98], la Orden Ministerial de 19 de octubre de 1939[99], las modificaciones aplicadas el 17 de mayo de 1940, la Ley de 13 de marzo de 1942 que regula la liquidación del ejercicio económico del Banco de España de 1936-1941 y otros aspectos de sus relaciones con el Estado[100] y la Ley, de 31 de diciembre de 1946, de ordenación bancaria [101]. Esta última reconoce las entidades existentes antes de 1926 y exige la aprobación del Gobierno para todas aquellas de nueva creación e incluso para el crecimiento de las ya existentes[102].
«En 1950, los cinco grandes bancos (Central, Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya) controlaban el 65 % de los recursos financieros». (Alonso Barahona, 2022, p. 52).
Sólo podían ejercer como banqueros y bancos aquellos que realizaban dicha actividad antes del 18 de julio de 1936, y pone condiciones casi imposibles para el establecimiento de nuevas entidades de crédito. La nueva legislación favorecía claramente a los bancos que habían apoyado el Alzamiento[103].
«Artículo treinta y ocho.- Nadie podrá ejercer el comercio de Banca ni usar la denominación de Banco o Banquero sin figurar inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, que estará a cargo de la Dirección General de Banca y Bolsa. Figurarán en dicho Registro:
- Los que, ostentando la condición de Banco o Banquero con anterioridad a la vigencia del Real Decreto de veinticinco de mayo de mil novecientos veintiséis y habiendo ejercido desde entonces la profesión bancaria, obtengan la previa autorización del Ministerio de Hacienda, que habrán de solicitar antes de primero de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
- Los que, con posterioridad a la vigencia del mencionado Real Decreto, hayan obtenido la debida autorización para usar la denominación de Banco o Banquero y hayan venido ejerciendo la profesión bancaria desde que obtuvieron aquella autorización.
- Los que en adelante obtengan del Gobierno previo informe del Consejo Superior Bancario, la expresada autorización
También podrán obtener la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros aquellos establecimientos que, ejerciendo de hecho la función bancaria en territorio español con anterioridad a dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, continúen en dicho ejercicio y merezcan, por su actuación correcta, a juicio del Consejo Superior Bancario, la inscripción en el aludido Registro».[104]
Una vez más, contemplamos inspiración o continuidad con legislación de la etapa del general Primo de Rivera, puesto que parte del espíritu de estas leyes estaba ya contemplado en la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921[105], conocida como Ley Cambó.
La Ley de 31 de diciembre de 1946 de ordenación bancaria[106] pone las bases para el establecimiento de una verdadera banca pública, una actividad que ya existía aunque no nacieron todas a la vez, algunas se formen sobre entidades ya existentes y se hallen divididas en función de sus diferentes sectores de actividad: Banco Hipotecario de España (1872), Caja Postal (1909), Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero (1919), Banco de Crédito Industrial (1920), Banco de Crédito Local (1925), Banco Exterior de España (1929), Banco de Crédito Agrícola (1962) y Banco de Crédito a la Construcción (1962). Todas estas entidades oficiales quedan definitivamente nacionalizadas por medio de la Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre las bases de ordenación del crédito y de la banca[107].
«Sin embargo Franco, que no domina el terreno económico con la misma profesionalidad que el militar, o con el mismo recelo que el cultural, concederá una autonomía cada vez mayor tanto a los empresarios como a la Banca como a sus propios gestores ministeriales de la política económica, a quienes seleccionará por el dictamen, equivocado o no, de quienes pasan por reconocidos expertos». (De la Cierva, 1975, p. 142).
Toda actividad industrial queda sujeta a condicionamiento y control, necesitando cualquier empresa permisos para iniciar su actividad, ampliar sus instalaciones o trasladarse, según recoge el Decreto de 20 de agosto de 1938 sobre establecimiento de nuevas industrias o ampliación importante de las existentes[108].
«Los elementos civiles que incorpora el Caudillo son normalmente técnicos o grises figuras asociadas al pasado experimento dictatorial de don Miguel Primo de Rivera (Martínez Anido, González-Bueno, Carceller, Benjumea)». (De Miguel Rodríguez, 1975, p. 41).
Una vez finalizada la Guerra Civil, la actividad industrial queda regulada mediante el Decreto de 8 de septiembre de 1939 modificando el de 20 de agosto de 1938 sobre implantación en territorio español de industrias de nueva planta y ampliación o transformación de las existentes[109] y la Orden dictando normas para aplicación del Decreto de 8 de septiembre de 1939, sobre instalación de nuevas industrias y ampliación de las existentes[110]. Las empresas privadas habrán de «marchar por el camino del interés nacional que marca el nuevo Estado». (López Carrillo, 1996, p. 63).
Los motivos para negar la puesta en marcha o la ampliación de una empresa eran básicamente tres: industria suficiente, cuando se entendía que el mercado ya estaba abastecido por las empresas existentes; escasez de materias primas, cuando se preveía difícil conseguir los elementos necesarios para la producción; y escasez de divisas cuando era necesario importar demasiados elementos para la fabricación.
«En una economía como la española de entonces, tan elemental en su estructura y tan dependiente de la materia prima, los excesos de producción podían resultar tan perniciosos como las adversidades naturales». (Suárez Fernández, 2002, p. 129).
Pero más allá de la actividad industrial, muchas cuestiones básicas están por resolver. Sólo entre 1950 y 1960, la ciudad de Madrid pasa de 1,5 a 2,5 millones de habitantes, mientras que el Estado planteaba, para toda España, la necesidad de unas 50.000 viviendas nuevas al año[111]. Se estima que en las afueras de Madrid existían unas 6.000 chabolas en 1951, que llegaron a 28.200 en 1955[112]; en Barcelona se calculan unas 6.000 en 1929, 10.352 en 1957 y unas 20.000 a principios de la década de los 60[113].
España no recuperó los niveles de renta per cápita y PIB de 1938 hasta el periodo comprendido entre 1951 y 1954, no sólo por las consecuencias de la Guerra Civil sino también por la errática política económica de los primeros gobiernos de Franco[114]. La cartilla de racionamiento estuvo en vigor nada menos que trece años, entre mayo de 1939 y mayo de 1952[115]. Para algunos autores, la autarquía fue la única opción posible hasta 1945 pero el modelo continuó en vigor tras el final de la II Guerra Mundial por expreso deseo y convencimiento de Franco, de sus colaboradores más estrechos y de sus ministros económicos[116], aunque muchos de ellos evolucionaron con el paso del tiempo y adoptaron posturas más abiertas.
«Suanzes estaba convencido de que una autarquía más radical no era viable. Por un lado había que dar salida a los excedentes agrícolas y mineros, y ello requería tratados comerciales con otros países; por otro, la reconstrucción de la industria dañada por la guerra pasaría necesariamente por la importación de maquinaria, utillaje y medios de transporte no disponibles en España». (Ballestero, 1993, p. 100).
[1] Testimonio del general Franco en Franco Salgado-Araujo, 1976, p. 267.
[2] Fuente: Juliá, 1993, p. 155.
[3] Sobre esta cuestión, Carreras et al., 2006, p. 280; una visión menos pesimista de la situación en Juliá, 1993, pp. 147-148, y Clavera et al., 1973, Vol. I, pp. 46-47 y pp. 166-170.
[4] Sobre esta cuestión, Carreras et al., 2006, p. 286.
[5] Declaraciones del Jefe del Estado en Burgos el 1 de octubre de 1961.
[6] Una teoría acerca de una situación menos planificada, con un régimen moviéndose a impulsos, en Soto Carmona, 2010, p. 370-372.
[7] BOE núm. 467 de 31 de enero de 1938.
[8] BOE núm. 243 de 31 de agosto de 1939. El AEM es sustituido en 1980 por la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM).
[9] BOE núm. 243 de 31 de agosto de 1939, p. 4797.
[10] BOE núm. 243 de 31 de agosto de 1939, p. 4797.
[11] Desaparece en 1977, absorbido por el nuevo Ministerio de Economía.
[12] BOE núm. 160 de 8 de junio de 1940.
[13] Pedro Gual Villalbí fue catedrático de Política Económica y Legislación Aduanera en la Universidad de Barcelona. Militó en la Lliga Regionalista y durante el directorio de Primo de Rivera fue secretario de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana. También formó parte de la Asamblea Nacional Consultiva entre 1927 y 1930. Entra a formar parte del Consejo de Economía Nacional como vocal en 1940 y se convierte en su presidente en 1956. Procurador en Cortes (1957-1965, 1967-1968). Ministro sin cartera (1957-1965). Académico de Honor de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
[14] Pedro Gual Villalbí (1885-1968), José María Zumalacárregui y Prat (1879-1956), Manuel de Torres Martínez (1903-1960), Mariano Sebastián Herrador (1909-1990) y Román Perpiñá Grau (1902-1991).
[15] BOE núm. 160 de 8 de junio de 1940, p. 3931.
[16] Palabras del Jefe del Estado en Sevilla el 17 de abril de 1953.
[17] Ley de 25 de agosto de 1939 prescribiendo la competencia en el Ramo de Divisas y creando el Instituto Español de Moneda Extranjera. BOE núm. 239 de 27 de agosto de 1939. Desaparece en 1973, pasando sus competencias al Departamento Extranjero del Banco de España. Sobre la historia del IEME recomendamos la tesis doctoral de Elena Martínez Ruiz, El control de cambios en la España franquista, 1939-1973. Universidad de Alcalá, 2000.
[18] Sobre las minas de Rodalquilar, Hernández Ortiz, 2018.
[19] Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 11 de noviembre de 1940 por la que se resuelve la incautación por el Estado de las minas e instalaciones de la Sociedad “Minas de Rodalquilar”. BOE núm. 328 de 23 de noviembre de 1940.
[20] BOJDN núm. 14 de 30 de agosto de 1936.
[21] BOJDN núm. 29 de 26 de septiembre de 1936.
[22] BOE núm. 586 de 31 de mayo de 1938.
[23] Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932, Ley de Obras de Puesta en Riego de 1932, Ley para la Reforma Agraria de 1935, Ley de 18 de junio de 1936.
[24] BOJDN núm. 14 de 30 de agosto de 1936 p. 2.
[25] Decreto Ley de Ordenación Triguera de 23 de agosto de 1937. BOE núm. 309 de 25 de agosto de 1937. En 1967 se convierte en el Servicio Nacional de Cereales (SNC), en 1971 en el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y se integra en el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA). De la fusión de SENPA y FORPPA nace en 1995 el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
[26] Sobre la creación del Servicio Nacional del Trigo, González-Bueno, 2006, pp. 121-129. Sobre su importancia histórica y su utilidad, de la Fuente, 1998, pp. 89-90. Sobre la historia del SNT desde sus inicios hasta su final, Barciela, 2007.
[27] Ingeniero Agrónomo. Subsecretario de Agricultura, procurador en Cortes (1943-1947, 1949-1977), vicepresidente de las Cortes (1967-1974), miembro del Consejo del Reino (1976-1977).
[28] BOE núm. 309 de 25 de agosto de 1937, p. 3026.
[29] Sobre esta cuestión, Barroso Rodríguez, 1949.
[30] Ministerio de Agricultura, 1958, p. 16.
[31] Ley de 11 de abril de 1939 aprobando el plan de Obras Públicas. BOE núm. 115 de 25 de abril de 1939.
[32] Real Decreto Ley aprobando el plan preferente de ferrocarriles de urgente construcción. Gaceta de Madrid núm. 65 de 6 de marzo de 1926. Impulsado por el ingeniero de minas Rafael Benjumea Burín (1876-1952), conde de Guadalhorce, ministro de Fomento (1925-1930), presidente de RENFE (1947-1952).
[33] Ley de 24 de agosto de 1933 disponiendo quede redactado en la forma que se inserta el artículo 12 de la Ley de 7 de julio de 1911, sobre obras hidráulicas. Gaceta de Madrid núm. 237 de 25 de agosto de 1933.
[34] BOE núm. 331 de 27 de noviembre de 1939. Sustituida por el Plan de Modernización de Carreteras de 1950, el Plan General de Carreteras de 1961 y el Plan REDIA de 1967.
[35] Ley de Recuperación Agrícola de 3 de mayo de 1938. BOE núm. 565 de 6 de mayo de 1938.
[36] Ley de Bases de 26 de diciembre de 1939 de Colonización de Grandes Zonas Regables, Ley de 23 de febrero de 1940, Ley de 25 de noviembre de 1940 sobre la Colonización de Interés Local, Decreto de 23 de julio de 1942, Ley de Expropiación de Fincas Rústicas Consideradas de Interés Social de 27 de abril de 1946, Ley de 8 de junio de 1947, Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables de 21 de abril de 1949, Ley de Concentración Parcelaria de 20 de diciembre de 1952, Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre Declaración de Fincas Manifiestamente Mejorables.
[37] El Instituto Nacional de Colonización será sustituido en 1971 por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que acogerá también el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SNCPOR), en virtud de la Ley 35/1971.
[38] Se refiere a la expropiación de la finca Casas de Carrasco perteneciente a Livia Falcó y Álvarez de Osorio, VIII marquesa de Villatorcas, propuesta por el INC para la creación del pueblo de Valdesalor y los regadíos del Salor, en la provincia de Cáceres, en 1963. La marquesa era la esposa del general Pablo Martín Alonso (1896-1964), director general de la Guardia Civil, ministro del Ejército (1962-1964) y jefe de la Casa Militar de Franco. El propio Caudillo ordenó la expropiación de la finca pese a la oposición de la marquesa ante la trascendencia del proyecto.
[39] BOE núm. 56 de 25 de agosto de 1938.
[40] BOE núm. 266 de 23 de septiembre de 1939.
[41] Decreto concediendo créditos, con garantía de sus cosechas pendientes, a los agricultores de las zonas recientemente liberadas. BOE núm. 8 de 8 de julio de 1938.
[42] BOE núm. 8 de 8 de julio de 1938, p. 102.
[43] Ley de 7 de diciembre de 1939 reguladora del desbloqueo. BOE núm. 345 de 11 de diciembre de 1939.
[44] Sobre la RNSG, Azcárate Gómez, 2010.
[45] La RNSG fue inaugurada de manera oficial el 6 de junio de 1951 con la visita del general Franco al silo Carlos Ynzenga Caramanzana de Córdoba, construido en 1943.
[46] Real Decreto 1031/1984, de 23 de mayo, por el que se establece la normativa de regulación trienal del mercado en el sector cereales y Ley 16/1984, de 29 de mayo, por la que se regula la producción y el comercio del trigo y sus derivados.
[47] II marqués de Santa Rosa del Río, III conde de Rodas, conde consorte de Motrico por matrimonio. Definido habitualmente como monárquico, Areilza militó en la Juventud Monárquica, en Unión Monárquica, en Renovación Española, en Unión de Derechas, en FET y de las JONS, en Acción Ciudadana Liberal, en el Partido Popular que se integró en la Unión de Centro Democrático, en Coalición Democrática y en la propia UCD.
[48] BOE núm. 31 de 31 de enero de 1940.
[49] BOE núm. 242 de 7 de diciembre de 1940.
[50] Palabras del Jefe del Estado en Berga el 1 de julio de 1966.
[51] Decreto de 13 de noviembre de 1944. BOE núm. 320 de 15 de noviembre de 1944.
[52] Wilfredo P. Ricart, como le gustaba que se citara su nombre, militó en FET y de las JONS. Fue oficial de complemento en el bando nacional durante la Guerra Civil y concejal en el primer Ayuntamiento franquista de Barcelona, constituido el 27 de enero de 1939 con Miguel Mateu y Pla (1898-1972), presidente de La Hispano Suiza, como alcalde.
[53] BOE núm. 171 de 19 de junio de 1940.
[54] Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera de 24 de enero de 1941. BOE núm. 28 de 28 de enero de 1941.
[55] Sobre la creación de RENFE recomendamos la tesis doctoral de Pedro Pablo Ortúñez Goicolea, El proceso de nacionalización de los ferrocarriles en España. Historia de las grandes compañías ferroviarias, 1913-1943. Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1999.
[56] El Ministerio de Obras Públicas adquirió la línea en 1954 y la integró en RENFE, que pasó así a ser propietaria además de explotadora. Hoy Línea C-9 de Cercanías Madrid de RENFE.
[57] El 23 de septiembre de 1965 se convirtió en Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
[58] Horacio Azqueta Monasterio y José Nicolás de Salas y Salas por Obras Públicas, Enrique Calabia López y José María Lapuerta y de las Pozas por Hacienda, Lorenzo Justiniano Casado García por Agricultura, Ignacio Muñoz Rojas por Industria y Comercio.
[59] La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces (1877-1936), había sido incautada por el Gobierno del Frente Popular mediante Decretos de 9, 20 y 25 de mayo de 1936 debido a sus problemas económicos. Por su gran tamaño e importancia quedó integrada en la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste.
[60] Leyes de 24 de enero de 1941 y 27 de febrero y 13 de marzo de 1943.
[61] Sobre esta cuestión, Barciela, 2003, p. 56.
[62] Consejero del Banco de España, Caja Postal de Ahorros, INI, SEAT y el Banco Exterior de España. Vicepresidente de PETROMED, PROQUIMED y British Petroleum.
[63] Fundada en 1909 por el sacerdote jesuita y pedagogo Ángel Ayala Alarco. Hoy Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Sobre la ACNdeP y su papel durante el primer franquismo, Barreiro, 2018.
[64] Fundado en 1928 por el sacerdote aragonés Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902-1975), canonizado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002.
[65] El teléfono llega a España en 1877, más concretamente a la isla de Cuba. Pronto nacen en la península diversas empresas que obtienen licencias municipales para actuar en el ámbito de las llamadas locales. En 1890 se funda la Sociedad General de Teléfonos (SGT) y en 1894 la Compañía Peninsular de Teléfonos (CPT), ambas en Barcelona. La CPT establece en 1895 una línea telefónica que une Barcelona, Zaragoza y Madrid. En 1900 nace la Compañía Madrileña de Teléfonos (CMT).
[66] Decreto Ley de 13 de abril de 1945 sobre la adquisición de acciones de soberanía que de la Compañía Telefónica Nacional de España posee la International Telephone and Telegraph Corporation de Nueva York. BOE núm. 106 de 16 de abril de 1945. La CTNE fue privatizada entre 1995 y 1999, actualmente Telefónica, S.A.
[67] Existen enormes discrepancias en torno a la cantidad abonada finalmente por el Estado español a ITT. Sobre esta cuestión, Calvo, 2010, p. 232.
[68] Índices de producción industrial en España previos y posteriores a la Guerra Civil en Carreras, 1984.
[69] Las cifras de producción y renta per cápita de la España anterior y posterior a la Guerra Civil en Juliá, 1993, p. 150.
[70] Declaraciones del Jefe del Estado en Almadén el 28 de junio de 1955.
[71] Decreto por el que se declara de interés nacional, a los efectos de la Ley de 24 de octubre de 1939, de protección a las nuevas industrias, la fabricación de gasógenos adaptables a vehículos automóviles. BOE núm. 263 de 19 de septiembre de 1940. La fabricación de gasógenos fue declarada de Interés Nacional el 25 de enero de 1941. BOE núm. 26 de 26 de enero de 1941.
[72] BOE núm. 149 de 28 de mayo de 1940.
[73] BOE núm. 209 de 27 de julio de 1940.
[74] BOE núm. 315 de 11 de noviembre de 1941.
[75] Mediante el Decreto de 12 de diciembre de 1952 se declaró de Interés Nacional la búsqueda de hidrocarburos y se estableció la reserva a favor del Estado de todo el territorio nacional, con la excepción de las concesiones ya existentes. El yacimiento más productivo se encontró en la localidad burgalesa de Ayoluengo, en funcionamiento entre 1967 y 2017.
[76] Sobre esta cuestión, Ballestero, 1993, pp. 301-302.
[77] Sobre los intentos de producir gasolina sintética, Aznar Colino, 2007.
[78] Sobre la vida de von Filek y sus actividades en España, Martínez de Pisón, 2018.
[79] Decreto de 15 de diciembre de 1939, disponiendo la declaración de urgentes a las obras de instalación de la Fábrica de Carburante Nacional, del que es inventor don Alberto Elder von Filek. BOE núm. 5 de 5 de enero de 1940.
[80] Sobre esta cuestión, Sánchez Ron, 1999. Una visión más optimista sobre la ciencia durante el franquismo en Camprubí, 2017.
[81] Sobre la universidad española durante el franquismo, Claret Miranda, 2006.
[82] Sobre esta cuestión, Camprubí, 2017, pp. 24-31.
[83] Los problemas con el suministro de neumáticos se extendieron de 1947 a finales de 1951. Así consta en las memorias de ENASA de 1947 y 1950.
[84] Sobre esta cuestión, Ballestero, 1993, pp. 220-221.
[85] Sobre esta cuestión, Pires Jiménez, 2003, p. 67.
[86] Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. BOE núm. 187 de 6 de agosto de 1970.
[87] Algunos ejemplos destacables son José María Yanguas y Messía (1890-1974), Estado; José Calvo Sotelo (1893-1936), Hacienda; Galo Ponte y Escartín (1867-1943), Gracia y Justicia; Eduardo Aunós Pérez (1894-1967), Trabajo, Comercio e Industria; Rafael Benjumea Burín (1876-1952), Fomento; Eduardo Callejo de la Cuesta (1875-1950), Instrucción Pública y Bellas Artes.
[88] Sobre esta cuestión, Valdaliso Gago, 1997.
[89] Sobre esta cuestión, Bendala Ayuso, 2020, pp. 34-36.
[90] El 7 de agosto de 1943 se volvió a la situación de Neutral.
[91] A falta de una constitución, el ordenamiento franquista se basó en siete Leyes Fundamentales: Fuero del Trabajo (09/03/1938), Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, Fuero de los Españoles (17/07/1945), Ley de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 7 de junio de 1947, Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de 1958 y Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
[92] Ley de 22 de octubre de 1945 por la que el Jefe del Estado podrá someter a referéndum aquellas leyes que su trascendencia lo aconseje o el interés público lo demande. BOE núm. 297 de 24 de octubre de 1945.
[93] Sobre la desconfianza de Falange hacia las actividades del Opus Dei, Díaz Hernández, 2018.
[94] Sobre esta cuestión, Sánchez Recio, 2022.
[95] Sobre la oposición al franquismo desde sectores católicos, Domínguez Sánchez, 1985. Acción Católica, la HOAC y la JOC tendrán un fuerte protagonismo en el nacimiento de la Unión Sindical Obrera (USO).
[96] Contienen tres acuerdos bilaterales de defensa mutua, asistencia técnica y cooperación económica. Contemplan el establecimiento en suelo español en un primer momento, entre otras instalaciones, de las bases de utilización conjunta del Strategic Air Command de Zaragoza y Torrejón de Ardoz, y más adelante las bases aeronavales de Morón de la Frontera y Rota. El Golpe de Praga (1948), el bloqueo de Berlín (1948-1949), el triunfo de Mao Zedong en China (1949) y el inicio de la Guerra de Corea (1950-1953) fueron determinantes para la firma, con una aportación inicial recibida de doscientos veintiséis millones de dólares.
[97] Sobre esta cuestión, Gutiérrez Sebares et al., 2014, pp. 198-202.
[98] BOJDNE núm. 9 de 21 de agosto de 1936.
[99] Esta ley prohíbe la apertura de nuevos bancos o cajas de ahorros, impide la ampliación de capital de las entidades ya existentes y limita su actuación territorial, supeditando todas sus decisiones a la preceptiva autorización del Gobierno. La situación no cambiará hasta la Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca. BOE núm. 91 de 16 de abril de 1962.
[100] Dicha ley determinó la liquidación de los ejercicios del Banco de España entre 1936 y 1941, periodo en que dos entidades habían funcionado por separado, una en cada bando de la Guerra Civil, unificando los balances de ambas. BOE núm. 76 de 17 de marzo de 1942.
[101] BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947.
[102] Artículo veintiocho.- El Banco necesitará autorización del Ministerio de Hacienda para la apertura de nuevas Sucursales y Agencias. BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947, p. 116.
[103] Sobre esta cuestión, Moya, 1975, pp. 105-106 y Clavera et al., 1973, Vol. I, p. 109. Sobre las facilidades y las dificultades de financiación de ambos bandos, Torres García, 2018, pp. 189-190.
[104] BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947, p. 117.
[105] Gaceta de Madrid núm. 364 de 30 de diciembre de 1921. El Banco de España, antiguo Banco de San Carlos, deja de ser un banco comercial más para convertirse en un banco emisor de moneda, regulador y controlador del resto de entidades bancarias privadas.
[106] BOE núm. 1 de 1 de enero de 1947.
[107] BOE núm. 91 de 16 de abril de 1962.
[108] BOE núm. 53 de 22 de agosto de 1938.
[109] BOE núm. 260 de 17 de septiembre de 1939.
[110] BOE núm. 266 de 23 de septiembre de 1939.
[111] Por Decreto Ley de 25 de febrero de 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda. Asume las funciones de la Dirección General de Regiones Devastadas, la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo y el Instituto Nacional de la Vivienda. Siguiendo con la tradición de los denominados ministerios sociales, la cartera de Vivienda fue otorgada en vida del general Franco siempre a falangistas. José Luis de Arrese Magra (1957-1960), Pedro Gual Villalbí (1960), José María Martínez Sánchez-Arjona (1960-1969), Vicente Mortes Alfonso (1969-1973), José Utrera Molina (1973-1974) y Luis Rodríguez de Miguel (1974-1975). El Ministerio de la Vivienda desapareció en 1977, pasando sus funciones al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
[112] Sobre esta cuestión, Camprubí, 2017, p. 89.
[113] Sobre esta cuestión, MUHBA, 2009.
[114] Sobre esta cuestión, Moya, 1975, pp. 93-119.
[115] El 28 de marzo de 1952, como celebración del aniversario de la liberación de Madrid, queda suprimido el racionamiento de aceite.
[116] Sobre esta cuestión, Biescas, 1989.
