«Por supuesto, autarquía e intervencionismo eran rasgos que caracterizaban la política económica española desde principios de siglo y, por tanto, no cabe mantener que en eso la legislación franquista fuese original; sin duda, las leyes industriales de 1908, 1917 y 1924 inspiraron la política industrial del franquismo».
(Martín Aceña et al., 1991, p. 76).
Algunos políticos españoles habían planteado con anterioridad sistemas parecidos al corporativismo[1] ya citado que se había intentado poner en práctica en naciones como Italia, Portugal o Austria[2]. Por ejemplo, el abogado y político leridano Eduardo Aunós Pérez (1894-1967), diputado a Cortes (1918, 1921-1923), procurador en Cortes (1943-1945, 1946-1967), que había sido secretario personal de Francesc Cambó i Batlle (1876-1947) y militante y diputado de la Lliga Regionalista, impulsó como ministro de Trabajo, Comercio e Industria (1924-1930) proyectos que buscaban la instauración en España de un sistema corporativista, poniendo en marcha el Código de Trabajo y la Organización Corporativa Nacional[3]. Aunós publicó numerosa bibliografía sobre el tema: La organización corporativa del trabajo (1927), Las corporaciones del trabajo en el Estado moderno (1928), El Estado corporativo (1928), La organización corporativa y su posible desenvolvimiento (1929), Estudios de derecho corporativo (1930) y La reforma corporativa del Estado (1935). Durante el primer franquismo, este espíritu corporativista se extenderá a la propia concepción del Estado. Eduardo Aunós será también ministro aunque de manera breve durante el franquismo, ocupando la cartera de Justicia entre marzo de 1943 y julio de 1945.
El franquismo opta por la autarquía[4] en parte por convencimiento y en parte por hacer de la necesidad virtud[5]. España queda fuera de la construcción del mundo político occidental surgido tras la II Guerra Mundial y de sus órganos económicos, quedando fuera incluso del European Recovery Program[6] o Plan Marshall[7] (1948-1952), que busca, entre otras cosas y condicionado por diversos factores no siempre altruistas, favorecer la reconstrucción de Europa[8].
El primer crédito norteamericano recibido por España será el de 62,5 millones de dólares[9] para la compra de productos agrícolas a través del Eximbank[10], una agencia pública de créditos para exportaciones a compradores poco solventes nacida en 1934 que practica una especie de discreto Plan Marshall paralelo, y no llegará hasta 1950[11].
«La política del Eximbank consistía en conceder préstamos a proyectos concretos presentados por empresas privadas que justificaran técnica y económicamente su viabilidad y rentabilidad, probaran la inexistencia de mejores alternativas y se comprometieran a remitir informes periódicos sobre la ejecución de los fondos. El propio Departamento de Estado y altos directivos del banco, de un lado, eran muy críticos con el régimen político y económico franquista». (Puig Raposo, 2003, p. 112).
A este le seguirá, poco después, otro crédito de la misma entidad por valor de veinticuatro millones de dólares destinados a la compra de algodón, 300.000 balas de algodón que eran imprescindibles para las industrias textiles de Cataluña. Este era uno de los productos que incidían de manera más negativa en nuestra balanza de pagos y se promovió a través del Instituto Nacional de Colonización su cultivo en diversas regiones de España. En 1956 se estudió un proyecto que pretendía crear una fuerte empresa algodonera pública mediante la unión de siete industrias ya existentes.
«La posición de la Administración norteamericana no era, naturalmente, unánime. Mientras el Departamento de Estado subordinaba sus tesis a las de sus aliados europeos, el de Defensa presionaba para que España quedara incluida en la política exterior americana. En el Congreso, finalmente, actuaba el llamado Spanish Lobby, integrado por cinco grandes grupos: los católicos; los anticomunistas; parte del Ejército, como el Pentágono; opositores a Truman, fundamentalmente republicanos; y hombres de negocios interesados en el mercado español, en particular los algodoneros del Sur. En la importación de algodón se apoyaban de hecho las relaciones comerciales hispano-norteamericanas desde comienzos del siglo XX, así como la Cámara Americana de Comercio, fundada en Barcelona en 1917». (Puig Raposo, 2003, p. 111).
No debemos olvidar que la mayoría de organismos internacionales ejercen, con mayor o menor intensidad, un bloqueo comercial y político -aunque sin sanciones económicas, sólo en el primer semestre de 1940 ya se firmaron acuerdos comerciales con Francia, Suiza, Japón, Italia y Portugal- a la España de Franco entre 1945 y 1950[12].
Algunas de estas ayudas y préstamos llegan a España bastante antes del regreso del embajador de los EE.UU.[13] y de la firma de los Pactos de Madrid, lo que demuestra que las críticas públicas a las políticas de Franco no impedían acuerdos económicos de todo tipo[14]. En realidad, muchas naciones occidentales condenan en público el régimen del general Franco pero no se oponen a que sus empresarios inviertan en el casi virgen panorama industrial y comercial español. El acuerdo con los EE.UU. permite derivar recursos destinados en un principio a unas Fuerzas Armadas anticuadas y mal equipadas a otros menesteres en un país que, no lo olvidemos, continuaba inmerso en un lento aunque constante proceso de reconstrucción.
«Las alianzas militares parecen limitar la carga de la defensa a sus miembros porque generan mayor eficiencia en el uso de los recursos defensivos al compartir tecnología, reducir capacidades duplicadas, utilizar economías de escala. Por ejemplo, el acuerdo defensivo con Estados Unidos de 1953 habría permitido a Franco emplear menos recursos en el área militar». (Jurado Sánchez, 2018, p. 121).
Claude G. Bowers (1878-1958) fue embajador extraordinario y plenipotenciario de los EE.UU. en España entre el 6 de abril de 1933 y el 2 de febrero de 1939. En los últimos meses de su labor residió en la localidad francesa de San Juan de Luz. La embajada de los EE.UU. regresó a suelo español el 13 de abril de 1939, con H. Freeman Matthews (1899-1986) como Chargé d’Affaires ad interim ante el Gobierno de Burgos. Le sucedió con el mismo rango Alexander W. Weddell (1876-1948) hasta el 7 de febrero de 1942. A continuación llegó Carlton J.H. Hayes (1882-1964), con el mismo rango y hasta el 18 de enero de 1945. Le sucede también como embajador Extraordinario y Plenipotenciario Norman Armour (1887-1982), hasta el 1 de diciembre de 1945. Entre diciembre de 1945 y febrero de 1951, los EE.UU. no tienen oficialmente embajador en España. Philip W. Bonsal (1903-1995), entre marzo de 1946 y junio de 1947, y Paul T. Culbertson (1897-1968), entre junio de 1947 y diciembre de 1950, ejercen como Chargé d’Affaires ad interim o Encargados de Negocios.
Stantton Griffis (1887-1974) es nombrado embajador de los EE.UU. en España el 1 de febrero de 1951, con las relaciones entre ambos países prácticamente normalizadas y con la nueva consideración hacia el Caudillo como un valioso aliado europeo contra el comunismo. Le siguen Lincoln MacVeagh (1890-1972) entre febrero de 1952 y marzo de 1953, y James Clement Dunn (1890-1979) entre febrero de 1953 y 1955. El 22 de febrero de 1955 es nombrado embajador de los EE.UU. en España el actor, político y diplomático John Davis Lodge (1903-1985), considerado como favorable a España.
La ayuda norteamericana no se limitó a la concesión de créditos sino que vino acompañada de ayuda técnica para las empresas y las diversas instituciones españolas. Destaca la actuación entre otros organismos de la United States Operations Mission (USOM, 1948), el Foreign Operations Administration (FOA, 1953) y la International Cooperation Administration (ICA, 1955). La principal misión de estas agencias era la defensa, implantación y difusión del sistema económico capitalista.
«Todo apunta a que la ayuda técnica, canalizada a través de la Comisión Nacional de Productividad Industrial, constituyó una espléndida oportunidad para que empresarios, directivos y expertos de muy variada procedencia, pero atentos en todos los casos a lo que ocurría fuera de España, y sensibles al proceso innovador, adquirieran ventajas importantes en el contexto económico nacional y asumieran en consecuencia un papel relevante en el despegue de los años sesenta y principios de los setenta, por lo menos. Un reflejo de este hecho será la fuerte vinculación existente entre la inversión extranjera –que era fundamentalmente americana– con la banca nacional y también con el INI». (Puig Raposo, 2003, p. 123).
El 13 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por treinta y cuatro votos contra seis[15], recomienda a sus países miembros que retiren a sus embajadores[16] en España, decisión que matiza el 4 de noviembre de 1950 ya que el bloqueo soviético a Berlín de 1948, el Tratado de Bruselas de 1948, el Tratado de Washington de 1949[17] y el inicio de la Guerra Fría convierten a Franco en un valioso aliado contra el nuevo enemigo de las potencias occidentales, el comunismo.
Francia decide mantener cerradas sus fronteras con España entre febrero de 1946 y febrero de 1948. Existe un vacío internacional generalizado hacia España, pero no se dictaron sanciones económicas, lo que permitió, por ejemplo, la firma de dos importantes acuerdos comerciales con la República Argentina del general Juan Domingo Perón (1895-1974) en 1946 y 1948. Dichos acuerdos permitieron la importación desde Argentina de dos millones de toneladas de trigo, quinientas mil toneladas de maíz, veinticinco mil toneladas de carne congelada, cinco mil toneladas de carne salada, diez mil toneladas de lentejas, veinte mil toneladas de alubias y cincuenta mil cajas de huevos, entre otros productos. En el acuerdo de 1948, parte del pago se realizó mediante la construcción de buques de diverso tonelaje en astilleros públicos españoles[18] aunque también se enviaron otros productos, como seiscientas toneladas de papel para cigarrillos, cinco mil toneladas de corcho, cinco mil toneladas de chapa y quince mil toneladas de palanquilla de acero. Pieza clave en los acuerdos entre España y la República Argentina es Francesc Cambó Batlle a través de la Compañía Hispano Americana de Electricidad, S.A. (CHADE) y su filial Compañía Argentina de Electricidad, S.A. (CADE), empresas fundadas y presididas por el antiguo ministro y líder de la Lliga Regionalista.
La posición geoestratégica de la península Ibérica, los archipiélagos balear y canario, el propio estrecho de Gibraltar, la cercanía a África, incluso las habituales buenas relaciones de España con el mundo árabe proporcionan a la España de Franco un nuevo papel en el escenario internacional dibujado por la II Guerra Mundial y la política de bloques.
España es admitida en 1947 en la Conferencia Internacional de Telecomunicación (CIT) y en la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El 10 de febrero de 1948 vuelve a abrirse la frontera hispano francesa. Los embajadores extranjeros regresan a España a partir de 1950, año en el que se consigue el ingreso en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)[19]. En 1951, España ingresa en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y se obtienen además sin problema nuevos créditos con bancos norteamericanos, como uno de 25 millones de dólares del Chase National Bank, concedido el 8 de febrero de 1949, que ayudó a comprar la primera maquinaria de SEAT; ingreso en la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en la Unión Postal Universal (UPU) en 1951; en 1953 se produce el ingreso en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en ese mismo año se firman los Pactos de Madrid y el Concordato con la Santa Sede, en 1954 se obtiene el reingreso en la Conferencia Mundial de la Energía (CEM), en 1955 en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y el 15 de diciembre del mismo año se consigue la entrada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[20]; en 1956 España es admitida en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en 1958 en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE)[21], en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial (BM). El 21 de diciembre de 1959 llega a Madrid, en breve visita oficial, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower (1890-1969), lo que proporciona al general Franco y su régimen un valioso espaldarazo internacional.
El sector falangista no muestra demasiado entusiasmo por la autarquía, que interpreta como un velado sistema de protección al capitalismo y a los empresarios[22]. Es necesario destacar que, muy especialmente entre 1939 y 1951, el Estado hace constantes llamamientos al capital privado para que acometa proyectos importantes e invierta en la industrialización del país. En general, los empresarios se muestran reacios a realizar grandes inversiones ante el incierto panorama mundial y la posibilidad, que durante un tiempo fue más que probable, de una invasión extranjera por parte de las potencias vencedoras en la II Guerra Mundial. Tampoco habían sido las anteriores unas décadas tranquilas ni estables en España, lo que enfriaba a los grandes inversores a la hora de afrontar proyectos muy ambiciosos. De igual forma, los falangistas rechazaban la ayuda norteamericana, que provocaba una importante dependencia económica y tecnológica, así como la construcción de bases militares de utilización conjunta, que traían consigo la presencia de tropas de los EE.UU. en nuestro país.
«En 1958, un extenso informe de los servicios de inteligencia del Departamento de Estado señalaba que el gobierno español se había hecho “peligrosamente dependiente de los Estados Unidos”». (Puig Raposo, 2003, p. 128).
España se convertía así, para los falangistas, en un satélite de los EE.UU., perdiendo gran parte de su independencia política.
«La actuación americana se centró en todo momento en estos intereses militares. Así, para el correcto funcionamiento de las bases había que invertir en infraestructuras; para ganarse a la población, mejorar su nivel de vida, empezando por la alimentación; y para conseguir el apoyo del Estado y de los empresarios, asistencia técnica. Con ésta se pretendía, mediante el envío de equipos a Estados Unidos y la llegada de especialistas norteamericanos, dar a conocer, entre funcionarios, directivos y expertos, el paradigma tecnológico americano, subrayándose la importancia de la educación a todos los niveles y, especialmente, los logros del capitalismo. Muchos contemporáneos, así como una parte de la Administración franquista, criticaron los escasos recursos concedidos desde Estados Unidos. Posteriormente, algunos autores han defendido la idea de que estas importaciones contribuyeron tanto a eliminar estrangulamientos en el sistema productivo español, derivados de la falta de materias primas y maquinaria, como a crear un ambiente favorable a la liberalización progresiva de la economía. También se ha argüido que la firma de los acuerdos de 1953 originó un clima de confianza entre los inversores, al mejorar sus expectativas sobre la evolución de la economía y asegurar la estabilidad del país, propiciando el aumento sostenido de la inversión y fomentando por tanto el crecimiento económico». (Puig Raposo, 2003, p. 115).
Tampoco podemos ignorar que la Administración franquista, por ejemplo a través del INI, ocupó espacios que podrían haber sido del interés de los inversores privados y que en no pocas ocasiones se dieron importantes conflictos de intereses. El Estado intentará estimular la inversión privada mientras el INI hará todo lo posible por limitarla y controlarla[23] o en ocasiones incluso boicotearla.
«El Estado no tiene la menor vocación de ser industrial, mientras tanto la iniciativa privada pueda satisfacer las necesidades en forma que convenga al mayor interés nacional, pero la encuadrará y orientará en el sentido necesario». (Ballestero, 1993, p. 195).
Por ejemplo, no se normaliza el suministro de acero hasta la puesta en marcha de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA) en 1950[24] pese a que Altos Hornos de Vizcaya asegura que la creación de la empresa pública provocará sobreproducción y saturación del mercado; tampoco se consigue centralizar y organizar la producción de carbón hasta la creación de Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) en 1967, con la intención de agrupar diversos pozos privados, pese a la larga tradición minera existente, con casi todas las empresas en manos privadas; la producción de carbón por parte de las empresas públicas significaba el 1 % del total de la minería española hacia 1950[25].
Y aunque no faltaban empresas cementeras en España -unas doscientas en 1959[26]-, no se logra un abastecimiento adecuado ni se establecen protocolos de estandarización hasta la puesta en marcha del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC) en 1949, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que intenta unificar criterios entre los diferentes fabricantes y la Administración con el objeto de industrializar la construcción de viviendas y otras estructuras.
El Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 1939 aprueba la creación del CSIC[27] para impulsar la investigación científica en España[28], y dentro del mismo se crea el Patronato Juan de la Cierva (PJC) que asume la investigación relacionada con el sector industrial. Al frente del PJC, figura el general Antonio Aranda Mata (1888-1979), que será relevado en diciembre de 1942 por Juan Antonio Suanzes.
El CSIC recibirá una fuerte influencia de miembros del Opus Dei como José María Albareda Herrera (1902-1966), Leopoldo Eulogio Palacios Rodríguez (1912-1981), Rafael Calvo Serer (1916-1988), Federico Suárez Verdeguer (1917-2005), Florentino Pérez-Embid Tello (1918-1974) o Luis Valls Taberner (1926-2006).
Pese a esto, con frecuencia se exageran la importancia y la influencia del Opus Dei en los diferentes gobiernos de Franco, muy especialmente durante los años de la estabilización y del desarrollismo, o incluso que formasen un grupo homogéneo o un lobby de presión con acciones coordinadas e intereses comunes.
«También se propaló el infundio de que los miembros del Opus Dei que intervenían en la política formaban un grupo homogéneo. Es patente que, como consecuencia lógica de la plena libertad política, eran muy diversas sus posturas y opiniones. A título de ejemplo, recordemos que Fernando Herrero Tejedor, Javier Domínguez Marroquín y José Ramón Herrero Fontana eran falangistas; Juan María de Araluce Villar y Pedro Mendizábal Uriarte, tradicionalistas; Mariano Navarro Rubio, sindicalista; Hermenegildo Altozano Moraleda, Antonio Fontán Pérez y Florentino Pérez Embid pertenecían al Consejo Privado del Conde de Barcelona y, en cambio, Gregorio López-Bravo de Castro, Vicente Mortes Alfonso y yo mismo fuimos partidarios de la restauración de la Monarquía en la persona de Don Juan Carlos de Borbón; Alberto Ullastres Calvo y Juan José Espinosa San Martín eran políticos independientes; por último, hubo quienes se hallaban en la oposición al Régimen, cuya figura más destacada fue Rafael Calvo Serer». (López Rodó, 1990, p. 99).
Se establecen medidas de control y condicionamiento industrial sobre la apertura de nuevas empresas, su instalación en un determinado territorio o su posible traslado, el porcentaje de capital que puede estar en manos de extranjeros -en las acciones de muchas sociedades figura impreso Intransferibles a extranjeros-, la presencia de estos en los consejos de administración o incluso la indispensable condición de ciudadano español para los gerentes[29].
«Contempló incluso la posibilidad de abordar una cooperación con el capital extranjero. Falto de liquidez, el régimen necesitaba atraer por cuantos medios estuvieran a su alcance, inversiones extranjeras y, en particular, las procedentes de los Estados Unidos. En reuniones mantenidas con banqueros y empresarios de ese país en 1947, Suanzes había insistido en la aspiración general de lograr una «eficaz cooperación en actividades de producción y transformación». Para combatir el recelo que los inversores extranjeros mostraban hacia la política española de nacionalizaciones, Suanzes empleó argumentos fútiles. Con ese tipo de afirmaciones, intentó quitar hierro a la preocupación que despertaba el límite legal de un 25 por 100 del capital social en las empresas coparticipadas por extranjeros. Dejó entrever la posibilidad de que esa cuota podría ser anulada mediante subterfugios aceptables para ambas partes». (Gómez Mendoza, 1997, p. 306).
La industrialización estuvo fuertemente regulada, controlada e intervenida por el Estado. Sirvan como ejemplo el Decreto 313 de 10 de julio de 1937, Decreto de 8 de septiembre de 1939, Ley de delitos monetarios de 24 de diciembre de 1938, Ley de protección a las industrias de interés nacional de 24 de octubre de 1939, Leyes de jurisdicción industrial y aérea de 9 de noviembre de 1939, Ley de ordenación y defensa de la industria nacional de 24 de noviembre de 1939[30], Decreto de 30 de diciembre de 1939 de protección a la industria aeronáutica, Decreto de 10 de febrero de 1940 concediendo auxilios para el desarrollo de industrias de interés nacional, Decreto de 26 de abril de 1940 de reorganización de las industrias aeronáuticas, Ley de minas de 19 de julio de 1944[31], Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 de septiembre de 1944[32].
En las empresas que son declaradas de Interés Nacional, el Estado designa un interventor que vigila por el buen cumplimiento de las condiciones establecidas y a un Consejero Delegado dotado de amplios poderes. Como ya hemos comentado, muchas de las iniciativas económicas que toman los primeros gobiernos del general Franco se inspiran en leyes y decretos de la etapa del Directorio, en especial desde el establecimiento de la Organización Corporativa Nacional[33] en otoño de 1926.
«Un nuevo hogar de emoción humana, un principio plasmador de civilización futura ha nacido del ideal del trabajo. También aquí la generosidad puede florecer; también aquí puede producirse el sacrificio de lo individual a lo colectivo. El trabajo tiene igualmente su compañerismo fraterno y conoce el sentido de la virilidad, del heroísmo, del honor. En torno del culto al trabajo y de las leyes profesionales va apareciendo ante nuestros ojos maravillados un orden nuevo; un orden nuevo que no es otra cosa en definitiva sino el orden eterno aplicado a distinto fin; pero ello exige que un esfuerzo lúcido y previsor tienda a sacar dentro de cada país la vida del trabajo de las anarquías de lo amorfo, donde la sumieran los tristes errores sufridos por la Humanidad en la etapa de civilización dominada por el individualismo».[34]
Se regulan precios y salarios, y se establece un severo control sobre las entidades financieras y los más variados sectores productivos. Sin embargo, no sería justo atribuir toda la defensa del modelo autárquico o corporativista a los militares, puesto que este sistema económico también fue defendido de manera enérgica desde otros sectores tan diversos como el clero, la ciencia o la política[35]. Citamos a continuación algunos ejemplos.
El jurista, periodista, escritor y asesor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Ricardo Oyuelos Pérez (1863-1932) asume planteamientos corporativistas durante el Directorio de Primo de Rivera, con el que colabora en cuestiones de política social desde el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Reformas Sociales (1903-1924).
El tradicionalista Víctor Pradera y Larumbe (1872-1936), diputado a Cortes (1899-1901, 1901-1903, 1918-1919, 1927-1930), habla en su libro, El Estado nuevo[36], de un corporativismo católico que al parecer influyó en el pensamiento económico del general Franco.
El abogado y político Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), concejal del Ayuntamiento de Madrid (1902-1907), diputado a Cortes (1903-1923, 1931-1933), Gobernador Civil de Barcelona (1907-1909) y ministro de Fomento (1919-1920), plantea una solución corporativa para España como respuesta a los nuevos grupos sociales surgidos de la Revolución Industrial, la inacción del turnismo partidista de la Restauración y la aparición de los primeros embates que conducirán a España hacia la II República. Durante la Guerra Civil ejerció como embajador de la España republicana en Francia, Bélgica y Argentina. Miembro del Gobierno de la II República Española en el exilio.
El escritor y político Ramiro de Maeztu Whitney (1874-1936), miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1928), embajador de España en la República Argentina (1928-1930), diputado a Cortes (1933-1936), había defendido una difusa aproximación desde el catolicismo a la ética protestante del trabajo, presentando un capitalismo cristiano alejado del liberalismo y el marxismo, y planteando una reconciliación entre la tradición católica y el capitalismo industrial. Habla de industrialización, autarquía, proteccionismo y corporativismo ante el fracaso del librecambismo y se refiere en ocasiones a una posible monarquía corporativa. Su pensamiento social y económico quedó recogido en su obra El sentido reverencial del dinero[37], recientemente reeditada.
Hacia 1936, un físico y sacerdote jesuita, José Agustín Pérez del Pulgar (1875-1939), defiende postulados semejantes y habla de un Estado fuerte, la industrialización de la economía política y de la necesidad de abandonar el individualismo en aras de un bien común y superior. Quedaron recogidas en un libro algunas de sus notas e intervenciones en conferencias, El concepto cristiano de la autarquía[38].
El jurista, catedrático, político y diplomático socialista Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), diputado a Cortes (1919-1920, 1923, 1927, 1931-1939), ministro de Justicia (1931), Instrucción Pública y Bellas Artes (1931-1933) y Estado (1933), plantea en su obra La crisis actual de la democracia[39] su concepto de democracia orgánica.
Práxedes Zancada y Ruata (1880-1936), escritor, periodista y político, diputado a Cortes (1910-1912, 1918-1919, 1923), miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1929-1930), subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, defiende también la opción corporativista como solución a los endémicos problemas de España. Destacan sobre esta cuestión entre sus obras El obrero en España: notas para su historia política y social[40], El trabajo de la mujer y el niño[41] y Derecho corporativo español[42].
El economista y antiguo militante de la Lliga Regionalista Pedro Gual Villalbí[43] (1885-1968), miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930), vocal y presidente del Consejo de Economía Nacional (1940-1957) y ministro sin cartera (1957-1965), plantea la necesidad de un parlamento corporativo. Destacan entre sus obras Principios y aplicaciones de la organización científica del trabajo[44] y las conferencias El pensamiento de las clases productoras ante el futuro político de España[45] y La remodelación del orden económico actual[46].
El piloto náutico, periodista, escritor y político del PSOE Luis Araquistáin Quevedo (1886-1959), diputado a Cortes (1931-1933, 1936-1939), embajador de España en Alemania (1932-1933) y Francia (1936-1937), plantea una democracia orgánica con «un Parlamento de representantes patronales y obreros de toda España». Destaca entre su obra El pensamiento español contemporáneo[47].
El diplomático y escritor Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978), embajador de España en los EE.UU. (1931), diputado a Cortes (1931-1933), embajador de España en Francia (1932-1934), ministro de Justicia (1933-1934) e Instrucción Pública y Bellas Artes (1934), defiende en su ensayo Anarquía o Jerarquía[48] la democracia orgánica y un Estado corporativo nacional, además de criticar duramente a las democracias parlamentarias. «El Estado económico, y aún diremos más, el Estado funcional, tiene que ser autoritario». Madariaga defiende desde el exilio, para la España posterior a Franco, una III República orgánica y corporativa contra la prevista restauración de la monarquía.
Un sacerdote jesuita, el filósofo y jurista guipuzcoano Joaquín Azpiazu Zulaica (1887-1953), propone un corporativismo católico como elemento capaz de mitigar las posibles injusticias sociales aparejadas al capitalismo y como medida armonizadora de la sociedad. Publicó diversas obras sobre el tema, como Política corporativa[49], El Estado católico[50] o El Estado corporativo[51].
El filósofo y catedrático Wenceslao González Oliveros (1890-1965), miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930), gobernador del Banco Exterior de España durante el Directorio de Primo de Rivera, Gobernador Civil de Barcelona (1939-1940), procurador en Cortes (1943-1964), plantea la necesidad de una economía intervenida por el Estado, una fuerte organización sindical o gremial y unas relaciones laborales inspiradas por la doctrina social de la Iglesia.
José Calvo Sotelo (1893-1936), diputado a Cortes (1919-1920, 1930, 1931-1936), ministro de Hacienda (1925-1930), economista, político y colaborador de Ramiro Maeztu, defiende un corporativismo cristiano y habla de una economía industrial bajo el control de un Estado totalitario[52]. Escribió un libro que recoge sus ideas sobre economía y corporativismo, El capitalismo contemporáneo y su evolución[53].
José Pemartín Sanjuán (1898-1954), miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930), escritor y político, se presenta como teórico de un fascismo católico y plantea un necesario equilibrio entre empresa privada e intervencionismo. Desde la defensa de un paternalismo empresarial, aboga por la instauración de un salario mínimo y una red pública de asistencia social. Miembro entre 1927 y 1930 de la Asamblea Nacional Consultiva de Primo de Rivera, plantea su ideario en Los valores históricos en la Dictadura española[54].
El sacerdote y escritor falangista Fermín Yzurdiaga Lorca (1903-1981), principal impulsor de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda creada en mayo de 1937 como órgano de propaganda de FET y de las JONS, procurador en Cortes (1943-1967) y miembro del Consejo de Estado, reivindica un Estado totalitario y defiende «la necesidad de un movimiento de tipo fascista pero genuina y esencialmente católico y español» frente al conservadurismo autoritario y el carlismo.
El ingeniero industrial, escritor y publicista Luis Creus Vidal (1904-1990), vinculado a la Lliga Regionalista y a los inicios de Unió Democràtica de Catalunya, se presenta como partidario del corporativismo de la Italia de Mussolini en su obra Visió econòmica de Catalunya[55] publicada en 1934.
Onésimo Redondo Ortega (1905-1936), fundador de las Juntas Castellanas de Acción Hispánica y uno de los principales teóricos e impulsores del nacionalsindicalismo, plantea la necesidad de una «Revolución social para sustituir el caduco edificio liberal-burgués por las nuevas formas de un corporativismo de amplitud nacional». Destaca sobre esta cuestión entre sus obras El Estado Nacional[56].
Higinio Paris Eguilaz (1907-¿?), un doctor en medicina reconvertido en economista gracias a los estudios que cursa en Berlín a finales de la década de los años treinta, ejerce una gran influencia en las decisiones económicas del franquismo desde finales de los años cuarenta hasta bien entrada la década de los años sesenta. Secretario del Consejo de Economía Nacional desde 1940 y subdirector del Instituto Sancho de Moncada del CSIC. Algunas de sus obras son muy destacables como orientadoras de las primeras políticas económicas de Franco, como La guerra y los problemas económicos[57], El Estado y la economía[58], Un nuevo orden económico[59], Política económica nacional[60], La expansión de la economía española[61]. Paris Eguilaz evoluciona desde posiciones nacionalistas y autárquicas hacia posturas más convencionales de libre mercado y liberalismo económico, lo que se refleja en sus obras Inversiones y desarrollo económico en España[62] y La política del desarrollo económico y el caso de España[63].
El también jesuita Martín Brugarola Mas (1908-1988), uno de los ideólogos del nacional catolicismo, se preocupa también de estos temas con interés especial en el mundo rural. De entre sus muchas obras destacan El capitalismo popular[64] y Propiedad moderna y capitalismo popular[65].
El requeté y más tarde falangista y profesor universitario Bartolomé Aragón Gómez (1909-1999), procurador en Cortes (1943-1946), que será durante el franquismo jefe de la Obra Sindical de Cooperación, defiende abiertamente el corporativismo de la Italia fascista en su obra Síntesis de economía corporativa[66], si bien no precisa en qué modo podría aplicarse dicho sistema al modelo específico español.
El escritor, político y diplomático Gonzalo Fernández de la Mora y Mon (1924-2002), procurador en Cortes (1970-1971, 1976-1977), diputado a Cortes (1977-1979), ministro de Obras Públicas (1970-1974), defiende con frecuencia un sistema social y político autoritario y corporativista, implantando una “conciencia nacional unitaria” apoyada por la conciliación de la economía capitalista con la mentalidad católica y tradicional.
Incluso la Iglesia católica propone un corporativismo católico para lograr un orden social orgánico por medio de las encíclicas Rerum Novarum (León XIII, 1891) y Quadragesimo anno (Pío XI, 1931).
Muchas de las medidas económicas adoptadas por los primeros gobiernos de Franco en cuanto a la participación de capitales, directivos y accionistas extranjeros en las empresas españolas están inspiradas en el programa de la Unión Patriótica, el movimiento político impulsado por el general Primo de Rivera desde diciembre de 1923. De hecho vemos diversas conexiones personales y una evidente continuidad en muchas cuestiones sociales y económicas entre el régimen de Primo de Rivera y el primer franquismo[67]. Sin embargo, el control de la economía por parte de la patronal que caracteriza a la etapa del general Primo de Rivera será sustituido durante el franquismo por el control por parte del Estado.
«El regeneracionismo de Primo tenía algo de colectivista, bastante de moralista y mucho de charla de café o cuarto de banderas. Pero era, sin duda, honrado. Y Primo contó en Hacienda con el joven Calvo Sotelo, que puso las bases financieras sólidas para un enorme plan de obras públicas que no solo creó empleos sino infraestructuras rápidamente rentables para la modernización industrial, la electrificación, la educación y otros aspectos de la vida civil, como el del voto femenino. Lo importante es que mantuvo el respeto a la propiedad privada junto a un desarrollo estatalista que creó monopolios a la larga poco rentables, pero a la corta eficaces en territorios vírgenes, como la telefonía y la electricidad». (Jiménez Losantos, 2018, p. 380).
La cuestión es que no se escogió durante los primeros pasos del franquismo el camino de la autarquía para reconstruir el país después de la guerra o para llevar a cabo actuaciones puntuales o cubrir carencias de algún tipo, sino como modelo económico de desarrollo a corto, medio y largo plazo para la nación.
«Las autoridades españolas, bien a su pesar, reconocían el fracaso de la política económica autárquica». (Zaratiegui, 2018, p. 31).
De hecho, en 1945, el propio Juan Antonio Suanzes expresa sus dudas: «Las relaciones internacionales del Instituto eran prácticamente nulas, con el riesgo de que los programas de inversión, fundamentalmente los eléctricos y que dependían de la posibilidad de importar equipo, se iban a ver dificultados. Suanzes empezaba a plantear a Franco la necesidad de abrir conversaciones con Inglaterra y Estados Unidos como posibles suministradores. La política autárquica empezaba a ser reconsiderada por la fuerza de los hechos». (Ballestero, 1993, p. 192).
Con el paso de los años, el propio general Franco reconoce las dificultades de continuar con las políticas autárquicas en un mundo que evoluciona a pasos agigantados hacia la globalización, el comercio y el intercambio de mercancías y capitales.
«Un estado puede y debe realizar aquellas cosas que el interés público y el bien común demanden; pero no puede hacer todas aquellas cosas que corresponden a la libre iniciativa de los ciudadanos, pues mataría el estímulo y arruinaría el progreso.
Hay que enterrar los viejos conceptos. Hoy no se puede vivir como antaño, bajo un Estado que se conformaba con el estancamiento de la sociedad; que se resignaba a que se perpetuase la existencia de comarcas pobres y provincias ricas, y hombres ricos y hombres miserables, y que no utilizase todos los medios que la ciencia y los adelantos técnicos ofrecen para su adecuada transformación. Las naciones ya no pueden vivir en aquel viejo concepto de las autarquías, pues la vida moderna de los pueblos exige intercambio en mercancías, maquinaria y materias primas, cuando no la importación de adelantos científicos y de patentes, que sólo pueden lograrse en la vida de relación con un intercambio de productos o de servicios. Hoy los pueblos en desarrollo han entrado en el concierto internacional de la producción y de los intercambios, teniendo que enfrentarse con la lucha intensa de los mercados, pues una cosa es lo que se predica en el mundo teórico internacional y otra muy distinta lo que se practica».[68]
[1] Sobre esta cuestión, Perfecto García, 1984b.
[2] Sobre esta cuestión, Perfecto García, 1984a.
[3] Real Decreto Ley aprobando el Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926, Real Decreto Ley de Organización Corporativa Nacional de 26 de agosto de 1926, Real Decreto Ley estableciendo la Organización Corporativa Nacional de 26 de noviembre de 1926, Real Decreto Ley sobre Organización Corporativa de la Agricultura de 12 de mayo de 1928.
[4] Sobre las diferencias entre la autarquía planteada por el régimen de Franco y la verdaderamente llevada a cabo, Clavera et al 1973.
[5] Sobre la política autárquica, Sánchez Recio et al., 2003, p. 23, y sobre la ineficacia de la misma, pp. 35-39.
[6] Las primeras naciones beneficiadas por el Plan Marshall fueron la República Federal Alemana, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia y Turquía. A partir de 1950 también recibieron ayudas Suiza y Portugal.
[7] España quedó oficialmente fuera del Plan Marshall pero obtuvo el favor de la administración Truman como valioso aliado frente al comunismo gracias a uno de los principales impulsores del plan, el diplomático estadounidense George Frost Kennan (1904-2005), que realizó en 1947 un informe favorable a la colaboración entre ambos países. La enmienda conocida como Ley 480 del senador Pat McCarran (1876-1954) permite además la venta en pesetas a España de excedentes agrícolas estadounidenses. También son destacables las acciones del congresista republicano y director de la Administración de Cooperación Internacional John B. Hollyster (1890-1979).
[8] Sobre esta cuestión, Delgado, 2003.
[9] La petición inicial, apoyada por el Partido Republicano, era de 100 millones de dólares. La rebaja se produjo para suavizar la oposición del presidente Harry S. Truman (1884-1972) y del secretario de Estado Dean Gooderham Acheson (1893-1971), ambos del Partido Demócrata. El dinero fue entregado a España entre septiembre de 1950 y enero de 1953.
[10] The Export-Import Bank of the United States (Eximbank). Fundado el 2 de febrero de 1934 durante la administración Roosevelt con la intención de financiar las exportaciones de riesgo de las empresas norteamericanas. Opera con fondos públicos y está sometido al control del Congreso.
[11] Sobre las tremendas dificultades de la obtención de dicho crédito, Ballestero, 1993, pp. 216-231.
[12] Sobre las abundantes inversiones extranjeras en España en el campo de la automoción durante el franquismo, Arcas González, 2014, pp. 111-124.
[13] El embajador retirado por los EE.UU. tras la recomendación de la ONU fue Norman Armour, el 1 de diciembre de 1945. El primer embajador de los EE.UU. en España tras el final del bloqueo es Stanton Griffis, empresario del mundo del espectáculo y directivo de la compañía cinematográfica Paramount. Sustituyó a Paul T. Culbertson, que no era oficialmente embajador de los EE.UU. sino encargado de negocios en España. Griffis presentó sus credenciales el 1 de marzo de 1951 y cesó en el cargo el 28 de enero de 1952. Le sustituyó el diplomático de carrera y arqueólogo Lincoln MacVeagh, que ocupó el cargo hasta el 4 de marzo de 1953.
[14] Sobre las ayudas norteamericanas a España, Barciela, 2000.
[15] Los treinta y cuatro votos a favor de retirar los embajadores en España corresponden a Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca, EE.UU., Etiopía, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, India, Irán, Islandia, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Reino Unido, Suecia, Ucrania, URSS, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Los seis votos en contra de la ponencia corresponden a la República Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú. Se abstuvieron Afganistán, Colombia, Egipto, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Canadá, Holanda, Cuba, Honduras, Sudáfrica, Turquía y Grecia. El representante de Irak se hallaba ausente en el momento de la votación. Es preciso aclarar que la mayoría de naciones retiraron a sus embajadores pero no cerraron sus embajadas, dejándolas al cargo de un encargado de negocios o similar.
[16] Sólo permanecieron en España los embajadores de la Santa Sede, Portugal, Irlanda, Suiza y la República Argentina.
[17] Ambos tratados desembocarían en la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). España se incorporó a la organización el 30 de mayo de 1982.
[18] Se aprueba la Ley de 12 mayo de 1956 de protección y renovación de la flota mercante española, que favorecía a los astilleros españoles con prioridad en los pedidos de la Administración y acceso a créditos, subvenciones y desgravación fiscal. BOE núm. 134 de 13 de mayo de 1956.
[19] España era miembro fundador de dicha organización.
[20] En el año 1955 ingresaron en la ONU además de España, Albania, Austria, Bulgaria, Camboya, Ceilán, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Nepal, Portugal, Libia, Laos y Rumanía. La ONU pasó a tener 76 países miembros. Creemos necesario este apunte por si alguien podía pensar que únicamente España se hallaba fuera de la organización. En 1956 ingresaron Japón, Marruecos, Sudán y Túnez.
[21] Desde diciembre de 1960, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
[22] Sobre esta cuestión, Moya, 1975, p. 112.
[23] Sobre esta cuestión, Gómez Mendoza, 2000, p. 21.
[24] El primer alto horno, llamado Carmen, se inaugura el 24 de septiembre de 1957.
[25] Martín Aceña et al., 1991, p. 165.
[26] Camprubí, 2017, p. 101.
[27] Dividido en ocho patronatos: Juan de la Cierva, dedicado a investigaciones técnicas; Alonso Herrera, ciencias naturales y agrarias; Santiago Ramón y Cajal, ciencias biológicas y médicas, y Marcelino Menéndez Pelayo a ciencias sociales y jurídicas. Los otros cuatro comparten trabajos con otros organismos españoles y extranjeros: Alfonso el Sabio, matemáticas, medicina y naturaleza; Raimundo Lulio, ciencias jurídicas, sociales y económicas; Saavedra Fajardo, filosofía, historia y filología, y José María Cuadrado, estudios locales.
[28] El CSIC sustituye a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939).
[29] Sobre el condicionamiento industrial, Pires Jiménez, 2003a.
[30] Por ejemplo, dicha ley establece un máximo del 25 % de capital extranjero para las nuevas industrias.
[31] Excluye a los extranjeros de las concesiones para la explotación de minas y declara intransferibles a extranjeros el 75 % de las sociedades mineras.
[32] Limita al 20 % la contratación de técnicos y personal especializado de origen extranjero.
[33] Real Decreto Ley estableciendo la Organización Corporativa Nacional. Gaceta de Madrid núm. 331 de 27 de noviembre de 1926.
[34] Gaceta de Madrid núm. 331 de 27 de noviembre de 1926, p. 1098.
[35] Sobre la historia del corporativismo en España, Fernández Riquelme, 2021.
[36] Editorial Cultura Española. Madrid, 1935.
[37] Editorial Encuentro. Madrid, 2013.
[38] Editorial Tradicionalista. Madrid, 1938.
[39] Universidad de Granada. Granada, 1917.
[40] Casa Editorial Maucci. Barcelona, 1902.
[41] Mariano Núñez Samper Editor. Madrid, 1904.
[42] Juan Ortiz Editor. Madrid, 1928.
[43] Un problema de la posguerra: dónde y cómo se emplazarán las industrias. Fomento del Trabajo Nacional. Barcelona, 1945.
[44] Editorial Juventud. Barcelona, 1929.
[45] Madrid, 1928.
[46] Madrid, 1962.
[47] Editorial Losada. Buenos Aires, 1962.
[48] Editorial Aguilar. Madrid, 1935.
[49] Editorial Razón y Fe. Madrid, 1929.
[50] Editorial Razón y Fe. Madrid, 1939.
[51] Editorial Razón y Fe. Madrid, 1940.
[52] Sobre esta cuestión, Prieto Mazaira, 2013.
[53] Editorial Cultura Española. Madrid, 1938.
[54] Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana. Madrid, 1929.
[55] Editorial Catalònia. Barcelona, 1934.
[56] Editorial Libertad. Valladolid, 1938.
[57] Editorial Aldus. Santander, 1939.
[58] Editorial FE. Madrid, 1939.
[59] Editorial FE. Madrid, 1941.
[60] Editorial Ruta. Madrid, 1943.
[61] CSIC, Instituto de Economía Sancho de Moncada. Madrid, 1944.
[62] Diana Artes Gráficas. Madrid, 1956.
[63] Diana Artes Gráficas. Madrid, 1962.
[64] Editorial Razón y Fe. Madrid, 1962.
[65] Editorial Razón y Fe. Madrid, 1963.
[66] Librería La Facultad. Salamanca, 1937.
[67] Las Cortes franquistas, con mayoría de uniformes militares y de Falange o del Movimiento frente a los trajes civiles, son muy similares en su funcionamiento a la Asamblea Nacional Consultiva que funcionó entre 1927 y 1930.
[68] Palabras del Jefe del Estado en Barcelona el 4 de julio de 1966.
