Cuando analizamos el régimen de Franco debemos tener en cuenta la excepcionalidad de su origen y de su naturaleza, así como las enormes dificultades de su desenvolvimiento internacional, que durante la primera parte del mismo amenazaron su misma existencia.
Tampoco puede analizarse el franquismo sin diferenciar las diferentes etapas por las que transcurrió, homogeneizando los casi 40 años que duró. Por tanto, lo referente a las libertades personales, y aún a las políticas, no puede ser tratado como un solo objeto de estudio.
Sin embargo, y en términos muy generales, sí puede establecerse un cierto patrón de actuación así como la persistencia de unos principios permanentes. El hecho de que el sistema de partidos durante la Restauración fuera una mascarada únicamente útil para mantener la estabilidad, y que desembocase en el caos de la II República, había desacreditado no solo a los partidos, no solo al sistema en su conjunto, sino a la idea misma de política. Por eso, quizá ningún aspecto del franquismo fue tan popular como su apoliticismo.
Sin duda, las libertades políticas en el franquismo estaban restringidas a las condiciones propias del régimen. Pero el juicio que tal circunstancia merece debe efectuarse desde la visión que los españoles de aquel tiempo tenían: la verdad es que, aunque hoy nos parezca un factor esencial en cualquier sociedad, durante la mayor parte del régimen pocos echaron de menos dichas libertades.
Otra cosa es que el franquismo no fuera capaz de estructurar un verdadero sistema representativo. Durante la primera mitad, era un asunto que apenas se trataba. A fines de los años cincuenta, se produjo el más serio intento de institucionalización del sistema, aunque no fructificó y la posterior liberalización arrinconó dicha propuesta, de corte falangista y pergeñada por José Luis Arrese; la propia liberalización sería, sin embargo, el más eficaz vehículo para propiciar una democratización del régimen, aunque no exactamente una institucionalización.
A partir de la modernización y la apertura el asunto se fue tomando más en serio, pero nunca hubo un diseño global. El franquismo, fiado al consenso popular que le era abrumadoramente favorable, no vio la necesidad de reformar el régimen hasta muy tarde. Y ese fue su mayor error político, porque le dio un carácter de interinidad que, si podía justificarse en los términos del estado campamental del que hablaba Serrano en plena guerra civil, no resultaba aceptable en los años cincuenta; y no digamos con posterioridad.
No era, sin embargo, una cuestión de oportunidad; era el carácter mismo del régimen el que desconfiaba de la movilización, pues el franquismo venía a ser, en fin, el sistema político de los elementos más desmovilizados de la sociedad, algo que no debe olvidarse.
La manera que arbitró para ocupar a los elementos más dinámicos (que suelen ser, a su vez, los más jóvenes) en los primeros años fue el Frente de Juventudes, pero resultaba insuficiente a la altura de los sesenta. Esa insuficiencia residía, precisamente, en que la citada organización (“obra predilecta” del régimen) no había sido concebida sino como una válvula de escape, en principio de los falangistas más ardorosos y más tarde, de modo algo más difuso, de la juventud en general, en lugar de constituir el semillero de una organización que hubiera de dirigir el Estado. Naturalmente, tal cosa se correspondía con un tipo de Estado que nada tenía que ver con el franquista.
A nadie se le ocurrió jamás que el partido – que era, en realidad, una peculiar y heterogénea mezcolanza de diversas tendencias ideológicas – fuese a dirigir el Estado en modo alguno. En España no hubo jamás partido único, sino un único partido, que es cosa bien distinta.
Esa heterogeneidad, a su vez, es reflejo del semipluralismo característico del régimen. Obviamente, en su singular condición de Jefe de Estado, Caudillo y Generalísimo, Franco fue siempre el árbitro último de las decisiones, pero no puede negarse que existía una pugna política real entre las diversas familias del régimen, que trataban de obtener posiciones de poder a costa de sus adversarios.
Las instituciones reflejaban esa pluralidad, así como las elecciones del propio Franco, que escogía a las personas y a los grupos que entendía más adecuados en función de las necesidades.
Ni siquiera las familias políticas son las mismas durante todo el tiempo; el falangismo, por ejemplo, que fue relativamente hegemónico en la primera mitad de los años cuarenta, se fue diluyendo a partir de finales de los cincuenta, y diez años más tarde era un lugar común afirmar que se encontraba en “estado gaseoso”, tal era su situación; el carlismo, desde los cincuenta, virtualmente desapareció; los monárquicos, a su vez, distaban de conformar un frente único, y al tiempo que unos pocos seguían incondicionalmente a don Juan de Borbón, no pocos de quienes confiaban en una instauración borbónica compaginaban esta aspiración con la fidelidad a Franco, por no hablar de los que pasaron a brindar su apoyo a don Juan Carlos una vez quedó claro que este iba a suceder al Caudillo; los católicos, que procedían de la ACNP en los años cuarenta y que terminaron siendo reclutados en el Opus Dei, con distintas sensibilidades políticas.
Más allá de lo estrictamente político, en cuanto a las libertades ciudadanas y los derechos, conviene puntualizar ciertos extremos. En muchos aspectos, durante la segunda parte del franquismo, las libertades personales no eran sensiblemente menores que en otros lugares de Europa; y, por supuesto, no se podían comparar en absoluto con las de los países bajo el dominio soviético.
Cuando Soljenitsin vino a España en abril de 1976 – con toda la legislación franquista aún perfectamente vigente – se negó a considerar que en España hubiese un serio recorte de libertades personales: podían adquirirse periódicos de todo el mundo, podía marcarse un número de teléfono de cualquier latitud sin más explicaciones, las fotocopias eran de libre curso, se podía pasear por la calle a cualquier hora sin ser detenido ni dar más razón del paseo que a sus próximos o familiares, cualquiera podía entrar y salir libremente del país…
La comparación con los estados comunistas ciertamente no se sostiene, y resulta poco honesto, desde el punto de vista intelectual, asociar el franquismo a aquellos por el hecho de que ambos sean distintos de las democracias liberales occidentales. Pero ¿puede establecerse con mayor razón un paralelismo con los países de Europa occidental? Evidentemente, sí, y no solo (aunque también) por razones de tradición cultural.
Si la Transición fue posible tras el franquismo, ello se debió a que lo sustancial de la misma ya se había efectuado antes de la muerte de Franco; porque lo que llamamos Transición fue un cambio legislativo que acomodó el país en el plano político a los cambios que ya habían tenido lugar en las esferas económica, social y cultural. Unos cambios, que podemos denominar “infraestructurales”, y que nos habían acercado a Europa más de lo que España lo había estado en el siglo y medio anterior.
Conforme a una costumbre de nuestros días, cuando analizamos el franquismo – u otro periodo histórico – lo hacemos desde la perspectiva actual, sin tener en cuenta la realidad de su tiempo y el contexto en el que se produjo. Parecía el gran historiador Hugh Trevor-Roper estar pensando justamente en esto cuando afirmó que “cada época tiene su propio contexto social, su propio clima, y lo da por sentado… desdeñarlo, empleando términos como “racional”, “supersticioso”, “progresista”, “reaccionario”, como si solo fuese racional lo que obedece a nuestras reglas de razonamiento, y solo fuese progresivo lo que apunta hacia nosotros, es peor que una equivocación; es una vulgaridad.”
Es muy peligrosa esa arrogancia tan propia del historiador y del intelectual de nuestros días que parece facultarle convertirse en juez, condición que ha alcanzado inadvertidamente desde su original función de relator. Y es muy peligrosa porque implica un fuerte sentimiento de superioridad sobre el objeto juzgado, el pasado; que es lo mismo que decir sobre nuestros – y los suyos – padres y abuelos. No hay, verdaderamente, ninguna razón objetiva para considerar que nos encontramos en una situación de superioridad sobre nuestros antepasados en el plano moral, que es el que nos empuja a vestir la toga de la historia y sentenciar.
El historiador debe, ante todo, comprender. Evitando, justamente, la tentación de situarse por encima del pasado; más bien debe sumergirse en él, aunque quizá sin pasar del cuello, manteniendo la cabeza fuera del agua.
Por eso, la naturaleza del régimen franquista y su carácter represivo hay que examinarlos a la luz de los criterios de la época; evitando, exactamente, lo que usualmente se hace: compararlo con los usos y procedimientos actuales. Por el contrario, debe ser valorado en función de aquello que le antecedió en su país —lo que heredó— y de lo que era uso corriente en otros países de su mismo tiempo histórico —lo que le rodeó—.
Los españoles tenían derechos recogidos por la ley en el Fuero de los Españoles, una de las ocho Leyes Fundamentales, de modo que no solo el Estado no podía actuar de modo arbitrario, sino que fue siempre obsesión de Franco la del imperio de la ley y el Estado de Derecho.
Es cierto que el Fuero de los Españoles no puede ser considerado en ningún modo una Constitución, por más que sea ley suprema del Estado. La denominación misma de “fuero” estaba concebida precisamente para distinguirse del concepto liberal, e igualmente el que se evitara la denominación de “ciudadanos” para referirse a los españoles y se citase, en cambio, su condición nacional.
Es argumento recurrente el que la proclamación de libertades y derechos de los españoles estuviera limitada por otras normas de menor rango que servían, en la práctica, para anular dichos derechos y libertades; pero no es menos cierto que ese proceder era práctica común en distintos sistemas políticos, y desde luego lo fue durante la II República, incluso de forma más drástica.
Así, la Ley de Defensa de la República fue un instrumento de excepción que facultaba la actuación gubernamental al margen de los tribunales de justicia para salvaguardar, al menos teóricamente, la integridad del nuevo régimen; en la práctica se convirtió en un medio arbitrario para ejercer el poder al margen de la ley y la Constitución.
A la Ley de Defensa de la República le sucedió la Ley de Orden Público, que se aplicó desde agosto de 1933 hasta la guerra civil con la misma discrecionalidad que la anterior; gracias a la cual la aplicación de las garantías constitucionales estuvo suspendida prácticamente sin interrupción entre ambas fechas. De acuerdo a esta ley, en caso de estado de guerra, los tribunales estarían constituidos únicamente por militares, al contrario de lo que sucedía en las normas vigentes bajo Primo de Rivera, que establecía tribunales mixtos de militares y civiles.
La República se desarrolló en un permanente estado de excepción, siendo muy raros los episodios de normalidad constitucional. Nada parecido sucedió en el franquismo, donde la suspensión de la legislación vigente fue excepcional; en lo que hace al cumplimiento de la ley, fue mucho más frecuente en el franquismo que durante la II República.
De modo que, en todo caso, la suspensión de derechos no sería una singularidad franquista, sino que gozaría de abundantes antecedentes en el régimen republicano que le precedió.
Es también citada frecuentemente como una especificidad franquista la Ley de Vagos y Maleantes, que sería paradigma de dicha política represiva. Esta ley, sin embargo, fue aprobada por las Cortes de la II República en agosto de 1933, durante el gobierno Azaña, y se aplicó con notable dureza: se crearon campos de concentración, para quienes estaban incursos en sus supuestos, en Burgos, Alcalá de Henares, el Puerto de Santa María y la isla de Annobón, en Guinea Ecuatorial.
Es importante señalar que dicha ley no solo sancionaba delitos, sino que tenía un neto carácter preventivo, de acuerdo a la doctrina del socialista Jiménez de Asúa. Proxenetas, mendigos, alcohólicos, toxicómanos, corruptores de menores, suplantadores de personalidad y aquellos que presentasen una inclinación al delito que les convirtiera en irrecuperables, eran sus principales objetivos. Además, el juez instructor del proceso era el mismo que dictaminaba sobre la causa.
Si es cierto que el franquismo incluyó en 1954 la homosexualidad como causa para la detención, no lo es menos que tal circunstancia se daba en otras muchas legislaciones (casi todas) de Europa occidental, por no hablar de latitudes más exóticas. Pero el franquismo jamás internó en campos de concentración ni a los mendigos ni a los alcohólicos ni a los toxicómanos.
Por ejemplo, en Gran Bretaña la homosexualidad estuvo penada hasta 1967, y ese año se despenalizó solo parcialmente, porque Escocia tuvo que esperar a 1981 e Irlanda del Norte al año siguiente. En Canadá no se legalizaron los actos homosexuales sino en 1969, y en Noruega en 1972. En Alemania, la homosexualidad aún era considerada delictiva en 1994 (aunque desde 1969 no había procesamientos). En Austria dejó de ser punible en 1971, pero hasta 2002 no se unificó la edad de consentimiento con la de los heterosexuales; medida que se adoptó en Suiza en 1990. En la URSS y la posterior Rusia, la homosexualidad se mantuvo como delito hasta 1993 (desde 1937). Como vemos, España no era una excepción, precisamente.
Por otro lado, la postura de la izquierda aún bien entrados los años cincuenta había sido de abierto rechazo de la homosexualidad, y era frecuente que los partidos comunistas de todo el mundo expulsaran de sus filas a notorios homosexuales.
Parte de la imagen más oscura de la represión está relacionada con la policía, sobre la que se cargan las tintas de modo no pocas veces gratuito, perdiéndose de vista, con frecuencia, la actuación de otras policías en aquel mismo tiempo. Difícilmente la policía española saldría mal parada en una comparación con la norteamericana, pongamos por caso, cuyas actuaciones racistas eran moneda corriente, y cuyo trato hacia sus propios ciudadanos no estaba exento de considerables dosis de agresividad; la protección por parte de la ley y de los tribunales a las actuaciones policiales no eran menores que la que pudiera existir en España, y la corrupción en la estadounidense ha terminado por ser proverbial.
En España habría sido inconcebible algo como la matanza de argelinos sucedida en París con motivo de la manifestación del 17 de octubre de 1961, cuando se produjo el asesinato de doscientos manifestantes magrebíes —que marchaban de forma ilegal pero pacífica— al cargar la policía con una dureza brutal contra ellos. El asunto no acabó ahí; los agentes condujeron los cuerpos a las furgonetas y, desde allí, los arrojaron al Sena. No pocos de ellos, inconscientes en lugar de muertos, se ahogaron en el río. Durante días, los cadáveres bajaban hasta la ciudad de Ruán, a ciento treinta kilómetros de distancia.
Casi 12.000 argelinos fueron detenidos y hacinados en el palacio de los Deportes y en el estadio Coubertin, donde los malos tratos fueron continuos. Excepto L’Humanité —el órgano de prensa del Partido Comunista— toda la prensa impuso un silencio completo por orden del gobierno.
Tampoco en España, por cierto, existía una red de delación como la que la policía francesa había establecido gracias a las porteras de París, que estaban registradas en las comisarías de los barrios e informaban con regularidad de los vecinos. Nada que envidiar a los regímenes comunistas del este de Europa o al cubano.
Por lo demás, un preso español del GRAPO estaba más seguro en una cárcel española que un preso alemán de la Baader-Meinhof en un centro penitenciario germano. Recordemos el “suicidio colectivo” que tuvo lugar en 1977 en una prisión de alta seguridad alemana, en el que los tres principales dirigentes de la llamada Fracción del Ejército Rojo aparecieron muertos simultáneamente, supuestamente suicidados, uno de ellos con cuatro puñaladas en el corazón; todavía en 1993 seguía habiendo “suicidios” en la banda terrorista con motivo de las detenciones policiales.
Sin duda, la española era una sociedad conservadora, en términos generales, por razón de su historia. La identificación con el catolicismo siempre ha sido esencial para entenderla, aun entre quienes se oponían u oponen al predominio de la Iglesia e incluso a su existencia. En consecuencia, los usos y costumbres en la sociedad española han venido siendo más tradicionales que en el resto de Europa.
De modo que, usualmente, la legislación ha sido más conservadora que las europeo-occidentales; y no solo durante el franquismo. Este heredó una gran parte de la legislación anterior, la republicana, pero también la anterior a dicho periodo. En lo esencial no la alteró, por lo que no fueron innovaciones franquistas el que la mujer, por ejemplo, no gozase de los mismos derechos que el varón; la situación era muy semejante en la mayoría de países de Europa.
Así, no es que la mujer estuviera en inferioridad frente al varón solo en España; en Francia, por ejemplo, tampoco podía abrir una cuenta corriente sin permiso del marido, mientras que en Alemania necesitaba la autorización marital para trabajar hasta 1977. El aborto estaba prohibido en los principales países europeos en la época del franquismo, si bien España era una excepción en la legislación sobre el divorcio; aunque la verdad es que este no era en absoluto una demanda social (como se pretendería en 1981, al aprobarse la ley; las magras cifras de quienes se acogieron a este demostraron la falsedad de esta pretensión).
Anecdóticamente, diremos que el bikini se autorizó en España en 1952, prenda que estaba prohibida en la Francia republicana y progresista de la posguerra mundial. La autorización le fue requerida al mismo Franco por el alcalde de Benidorm, y el Caudillo, sin vacilaciones, la dio.
Por lo demás, el sistema político español era bien distinto al europeo. En realidad, lo de España era casi una ausencia de sistema, en cierto modo era un no-sistema. Como ha quedado dicho, el gran error del franquismo fue no haber desarrollado su propio cauce de representación política. Pero eso no debe llevarnos a extremar las diferencias entre España y Europa, pues en realidad el franquismo nos acercó a Europa más de lo que se había hecho en ningún otro momento de la época contemporánea.
En 1975, cuando muere Franco, España presenta una convergencia del 82% con la media de lo que entonces era el Mercado Común; cifras que aún hoy no se han alcanzado (en relación con los países fundadores de la UE: Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). El franquismo generó una clase media cuya ausencia fue causa fundamental de los conflictos sociales de los siglos XIX y XX y, en parte, de la guerra civil. Esa fue su esencial aportación a la sociedad y la historia española, como el propio Franco reclamó hacia el final de sus días: el que, gracias a la gigantesca transformación social que hizo emerger una poderosa, pujante y próspera clase media como España no había conocido, se hiciera inviable una nueva guerra civil.
A nuestro tiempo le importan las víctimas más que los héroes. Por eso resulta fácil construir un relato victimista del pasado, que ignora a la generalidad de la población. Juicios morales al margen, esa óptica no deja de constituir una lente deforme. La realidad histórica es que el franquismo benefició a muchos más de a los que perjudicó; por eso, la población en su tiempo percibió el franquismo como una época de paz y prosperidad sin precedentes.
Ciertamente, en 1975 había unos pocos cientos (no miles) de presos por actividades políticas clandestinas, pero a una gran porción del pueblo español eso le traía sin cuidado, e incluso veía con agrado la determinación del régimen en mantener a raya a quienes turbaban la paz de una sociedad entusiásticamente optimista. Muchos de aquellos presos, además, militaban en un partido comunista que cosechaba un gigantesco rechazo, y cuya pretensión democrática era percibida por la mayoría de la población como una simple añagaza.
Los españoles, en su inmensa mayoría, respaldaron al régimen durante la mayor parte de su vigencia. Conocían, porque las disfrutaban, las ventajas que había procurado el franquismo; muchos de ellos habían vivido tiempos de miseria que contrastaban con la prosperidad de los años sesenta y setenta. La esperanza de vida había aumentado desde los cincuenta años hasta casi los setenta y cinco; la renta per cápita se había disparado en los últimos quince años; los seguros sociales proporcionaban una estabilidad y certidumbre tradicionalmente ausentes; la escolarización había alcanzado cotas nunca antes vistas, así como el número de universitarios, de mujeres trabajando y estudiando incluso los grados universitarios más elevados; el paro era un fenómeno desconocido; España se había convertido en la novena potencia industrial del mundo; la mortalidad infantil estaba por debajo de la de los EE.UU. o Alemania; el país, en fin, se había convertido en una moderna sociedad industrial y de servicios, y las oportunidades abundaban.
La salud social era envidiable. El total de presos, inferior a los 8.500, difumina la imagen de una sociedad fuertemente represiva; en el siglo XXI, la cifra de presos ha llegado a multiplicarse por más de diez. Eso, teniendo en cuenta la mayor laxitud de las leyes actuales; de otro modo, aplicando los criterios de 1975, la población penitenciaria sería aún mayor.
Otro dato relevante es el del índice de suicidios. La sociedad del franquismo es en la que menos suicidios se produjeron en la historia de España desde que hay registros. Entre 1940 y 1980 la tasa de suicidios se redujo extraordinariamente, más de un 50% con respecto al periodo inmediatamente anterior. Es un dato enormemente elocuente, que está relacionado con el crecimiento de la población y su consiguiente rejuvenecimiento (además de incidir favorablemente en los adultos que son padres) pero, sobre todo, con las perspectivas de futuro: la esperanza con la que la sociedad de aquellos años veía el futuro era muy superior a los problemas que encontraba.
Dadas esas circunstancias, nada tiene de particular que la percepción de los españoles de 2019 sea bien diferente a la de los españoles de 1970, pongamos por caso. Por eso, frente al relato oficial que enfatiza a una minoría de desafectos, la realidad para la inmensa mayoría de la población en aquel tiempo era otra muy diferente. Puede que, en efecto, aquellos pocos descontentos sufriesen los rigores del Estado sobre ellos; pero es, simplemente, falsa la imagen de una sociedad reprimida y aterrorizada con carácter general.
Más bien, la verdad es todo lo contrario.
