El valle de Bamiyán se encuentra en Afganistán central, a 230 km al noroeste de Kabul, a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. A su lado, la ciudad del mismo nombre situada en la antigua Ruta de la Seda fue en su momento una encrucijada entre el este y el oeste, convertida en zona de paso de caravanas del incesante tráfico comercial entre China y Oriente Medio. Allí, en una montaña cerca de la ciudad, tres colosales estatuas fueron talladas en un esfuerzo titánico por personas anónimas del siglo VI d. C. Una de ellas tenía 55, y la otra 37 metros de altura, siendo las estatuas de Buda más altas del mundo.
En marzo del 2001, el Gobierno talibán ordenó su demolición con artillería y explosivos, por ser contrarias a su cosmovisión de la humanidad. La comunidad internacional tuvo que contemplar impotente la destrucción de las magníficas estatuas y la conmoción y condenas mundiales fueron unánimes tras semejante desastre iconoclasta.
Pero en la España de 1936, casi 70 años antes de que los Budas de Bamiyán saltaran por los aires, en una supuesta sociedad civilizada occidental, tuvo lugar un desastre mucho mayor, movido por un fanatismo similar y con similares objetivos de transformación de la realidad.
Porque, en efecto, la destrucción del patrimonio histórico artístico de una nación, cuyo principal bagaje cultural a lo largo de su historia reposaba precisamente en una infinidad de obras arquitectónicas, pictóricas, escultóricas, decorativas, bibliográficas y ornamentales de carácter religioso-cristiano-católico, sólo podía tener un objetivo (consciente en unos e inconsciente en otros), que era la transformación de la realidad mediante la supresión física de cualquier elemento que pudiese evocarla.
Un episodio representativo de este estado de cosas, y coincidente en intolerancia, brutalidad y desdén por la cultura, el arte y la salvaguarda del patrimonio por los talibanes de la izquierda española, puede comprobarse en la destrucción del monumento al Corazón de Jesús, erigido en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, a unos diez kilómetros de Madrid. Un lugar elegido para la monumental obra con criterios especialmente simbólicos, ya que el Cerro de los Ángeles ha sido históricamente considerado el centro geográfico de España. El monumento, hoy convertido en ruinas, había sido inaugurado el 30 de mayo de 1919 por el rey Alfonso XIII. *Aunque tras la guerra fue construido nuevamente, dejando las ruinas del destruido en su momento como recuerdo y acusación permanente contra la izquierda y sus sicarios ejecutores. Una búsqueda en Internet permite ver el grado de ensañamiento irracional sufrido por las históricas piedras.
Se trataba de un grupo escultórico con una altura de 28 metros, un ancho de 31,5 metros, y un fondo de 16. Estaba construido con piedra de Almorqui, y se emplearon 882 toneladas de material. Se componía de varios grupos de esculturas laterales y una de mayor altura central, y había sido edificado con las aportaciones de miles de españoles que colaboraron de forma desinteresada.
Al comienzo de la Guerra Civil, un grupo de cinco personas decidieron vigilar el monumento ante el temor de posibles atentados, dado el clima de salvaje iconoclastia desatado. Los cinco se quedaron en el lugar con la voluntad de protegerlo con su simple presencia. Estas personas eran: Pedro-Justo Dorado Dellmans, de 31 años; Fidel Barrios Muñoz, de 21; Elías Requejo Sorondo, de 19; Blas Ciarreta Ibarrondo, de 40, y Vicente de Pablo García, de 19 años de edad.
Su cándida inocencia y su fidelidad inquebrantable fueron su perdición. El 23 de julio llegaron los milicianos izquierdistas. Ese mismo día los cinco fueron fusilados, allí mismo, sin más miramientos. Cinco días después, el 28 de julio, los milicianos efectuaron la famosa foto que condensa en su fanatismo antirreligioso la explicación de los sucesos de los años posteriores. En ella, los milicianos frente populistas formando un pelotón de fusilamiento, disparan sus armas contra el monumento de piedra en un simbolismo destructivo que ha perdurado hasta nuestros días. http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/fuego-el-fusilamiento-y-la-destruccion-de-jesus
Luego llegó el momento de la eliminación física del grupo escultórico. Destruyeron todas las esculturas con martillos y mazas, con cables tirados por un tractor, y finalmente utilizaron dinamita. Los milicianos necesitaron cinco explosiones para derribar por completo el monumento, que resistió los primeros intentos de demolerlo. Un odio fanático y un ensañamiento idénticos a los mostrados años después por los talibanes y los terroristas del ISIS con los Budas de Bamiyán. La prensa del Frente Popular publicó en portada y en primera página las fotografías del «fusilamiento» y comentó favorablemente el hecho como “la desaparición de un estorbo«. Finalmente, el Ayuntamiento de Getafe, en decisión refrendada por el Gobierno de la República, cambió la toponimia tradicional del lugar, Cerro de los Ángeles, por el de «Cerro Rojo», nombre que conservó hasta el final de la Guerra Civil. La aprobación de lo sucedido por las autoridades republicanas es un hecho.
No es descartable que la dinamita vuelva a hacer su aparición en nuestros actuales tiempos de 2023 contra la cruz del Valle de los Caídos, la mayor del mundo. El recurso a la dinamita ya ha sido sugerido por algunos de los talibanes de la Memoria Histórica, fieles herederos de aquellos que destruyeron el monumento del cerro de los Ángeles.
Como hemos visto hasta ahora, el asesinato de cualquier persona disidente o disconforme con la incipiente revolución era la norma de actuación de las milicias populares. Y como también hemos comentado, en la interpretación revolucionaria la matriz de todo ello se encontraba en la iglesia católica, en sus miembros oficiales, sus lugares de culto, y su iconografía artística. Para el pensamiento izquierdista, la iglesia era culpable de siglos de oscurantismo fanático y de imposición doctrinaria que habían convertido a la sociedad española en un pueblo sometido a la superstición y a la ignorancia. Destruir ese mundo, borrar su recuerdo y eliminar esa realidad, se convirtió en el paso previo para la definitiva transformación social. Su destrucción se convirtió en una apremiante necesidad imprescindible de culminar antes que todo lo demás.
El resultado fue el mayor desastre cultural, histórico y artístico de la historia mundial en el siglo XX. No es posible encontrar, al margen de la pura destrucción ocurrida por el efecto directo de la guerra, un caso de voluntad destructiva sobre su propio pasado histórico como el sucedido en la España de 1936-1939, ejecutado y programado por fuerzas políticas izquierdistas y llevado a cabo mediante una sistemática acción destructora sobre las personas y las cosas.
Las manifestaciones en ese sentido son innumerables, fruto del odio esparcido durante años por los partidos de izquierda. Así lo proclamaron abiertamente decenas de diputados y líderes del movimiento obrero. Desde Jesús Hernández, dirigente del PCE y futuro ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (“Para el triunfo revolucionario del pueblo habrá de destruirse todo cuanto se refiere a la iglesia”) hasta las violentas proclamas de periódicos revolucionarios como Solidaridad Obrera:
“La Iglesia ha de desaparecer para siempre (…) En su lugar renacerá un espíritu libre que no tendrá nada de común con el masoquismo que se incuba en las naves de las catedrales. Pero hay que arrancar a la Iglesia de cuajo. Para ello es preciso que nos apoderemos de todos sus bienes que por justicia pertenecen al pueblo.
Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados”.
“No se trata de incendiar iglesias y de ejecutar a los eclesiásticos, sino de destruir a la Iglesia como institución social”.
“¡Hay que destruir! (…) Sin titubeos, ¡a sangre y fuego!” Alberti Oriol 2008: 286-296. Tomado de Iconoclastia religiosa en Bailén: La destrucción del patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Juan Pedro Lendínez Padilla; Juan José Villar Lijarcio. El subrayado es mío.
Así pues, el ritual destructor pretendía la eliminación de la función asignada a lo sagrado además de su desaparición material. De un modo más o menos consciente, destruyendo los templos o tirando los objetos a las llamas los incendiarios, querían no sólo quemarlos, sino también eliminar el legado, el símbolo y la función de todos ellos. Multitud de imágenes fueron descuartizadas, quemadas, arrastradas, fusiladas, ahorcadas, torturadas… como si fuesen la representación viva del enemigo, en una manifestación de fobia figurativa, próxima a la tradición iconoclasta e intransigente de la reforma luterana. Un verdadero símbolo de la nueva sociedad libertaria que querían imponer. Tomado de Jordi Alberti. La iglesia en llamas.
El hecho cierto es que, tal como anunciaban las proclamas revolucionarias, a finales de 1936 la Iglesia católica ya no existía en la España republicana. Ni oficialmente ni en la práctica, al margen de los escasos episodios de clandestinidad que se dieron en algunas localidades.
“Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, (…) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y los han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. En las iglesias han sido instalados depósitos de toda clase. Mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos llevando a cabo -los organismos oficiales que los han ocupado- en su edificación obras de carácter permanente.” Saavedra Arias. 2016: 126-127.
Aún con sus limitaciones e insuficiencias, el primer gran estudio detallado, publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno, identificó un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en territorio republicano durante la Guerra Civil: 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 monjas. Sin duda el número es mucho mayor, pero semejantes cifras pueden dar una idea de la magnitud de la represión sufrida por un grupo social objeto de exterminio sistemático.
La vida de los miembros del clero pasó a ser la de lo subhumano, algo sin valor y completamente despreciable, algo digno de ser eliminado para siempre de la existencia. De esa forma se comprende el ensañamiento ejercido sobre muchas de las víctimas religiosas, a las que en algunos casos les llegaron a amputar los testículos introduciéndoselos en la boca en un ritual salvaje, obsceno y admonitorio.
Como refiere Jordi Albertí, autor del libro repetidamente mencionado “La Iglesia en llamas” e investigador de la persecución religiosa durante la Guerra Civil, en una entrevista en La Vanguardia el 18 de noviembre de 2008: “Antes de matarlos, a muchos les amputaban brazos, les arrancaban los ojos, la lengua, los testículos…, y se los metían en la boca. ¡La muerte simbólica precedía a la literal! Hubo verdaderas cacerías del hombre por calles y campos, pero esto es ya materia de estudio para un antropólogo cultural…”.
No es el único que comenta estos hechos. Javier Paredes Alonso, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, también refiere el asesinato del obispo de Barbastro, Florentino Asensio, un episodio que “tiene todas las connotaciones de una crueldad diabólica. La noche del 8 de agosto de 1936 fue a buscarle a la cárcel, donde lo tenían preso, un grupo compuesto por Santiago Ferrando, Héctor Martínez, Alfonso Gaya, y otros dos más. Entre insultos y carcajadas comenzaron por atarle las manos por detrás con un alambre y lo amarraron, codo con codo, a otro preso más alto y recio que él. Y a continuación, le bajaron los pantalones, para ver si era hombre como los demás. Y entre humillaciones y vejaciones, Alfonso Gaya exclamó burlándose del obispo:
—¡Qué buena ocasión para comer cojones de obispo! y, sin mediar palabra, sacó una navaja de su bolsillo y le cortó en vivo los testículos, los envolvió en papel de periódico y se los guardó en un bolsillo. Le cosieron la herida con hilo de esparto, como hacían con los caballos destripados. Y chorreando sangre, le obligaron a subir por su propio pie al camión que le llevaría al cementerio donde pensaban asesinarlo. En el cementerio dispararon contra los presos, pero teniendo cuidado de no herir de muerte al obispo, con el fin de que falleciese durante la noche desangrado. Los quejidos de su larga agonía se podían escuchar desde el hospital de San Julián, por lo que el doctor Antonio Aznar Riazuelo avisó por teléfono al comité de vigilancia de las lamentaciones que se escuchaban desde el cementerio. Poco después de la llamada del médico, subió al cementerio un grupo de milicianos y lo remataron”.
La castración del obispo de Barbastro no fue la única. Lo mismo hicieron con el coadjutor del Santo Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real), Jesús Gigante Ruiz. “El 16 de septiembre de 1936 fue apresado junto con otros sacerdotes y conducido a la checa de Valdepeñas, llamada La Concordia. El 22 de noviembre, fue torturado de nuevo. Todavía vivo, le cortaron los testículos, se los metieron en la boca y a continuación lo acribillaron a tiros”.
“Con el mismo ensañamiento fue martirizada la navarra Apolonia Lizárraga y Ochoa de Zabalegui, superiora general de las Carmelitas de la Caridad, que fue asesinada el 8 de septiembre de 1936. Tras vejarla, la colgaron de un gancho, la aserraron y echaron los trozos de su cuerpo a unos cerdos, que habían sido incautados y que engordaba allí el responsable de la checa”.
O como el caso de Carmen Godoy Calvache, beatificada por la Iglesia católica el 25 de marzo de 2017. “La despojaron de todos sus vestidos y tuvo que permanecer desnuda en una habitación entre sus propios excrementos. Le restringieron la comida y el agua. Y tras tiempo sin beber, todo lo que le ofrecían era un vaso con la orina de sus carceleros. La Nochevieja de 1936, ante la imposibilidad de sacarle los nombres de los benefactores de la parroquia, la llevaron a la Albufera de Adra, donde cavaron una fosa ante ella, le machacaron la cabeza con una azada y no quisieron esperar a que se muriese. La enterraron viva”.
No vale la pena seguir. Los testimonios documentados son numerosos y superan la imaginación más horrorosa. Afortunadamente muchos de estos criminales asesinos recibieron su castigo al finalizar la guerra ante un pelotón de fusilamiento.
Junto a estas atrocidades, como compañera de viaje en muchos casos estaba la escatología. Defecar en un cáliz u orinar sobre las sagradas formas se convirtió en un medio eficaz, instintivo y repugnante para humillar a lo sagrado. La no existencia de límites para la transgresión abrió las puertas a perder el respeto a la dignidad humana de los sacerdotes y religiosos precisamente porque encarnaban a lo sagrado. Miquel Regás Ardévol, Miquel. Confessions, Spes. Barcelona. 1960. Tomado de Jordi Alberti. La iglesia en llamas.
La persecución de los seglares se completó con la de numerosas personas católicas sin ningún tipo de relevancia política: Vecinos anónimos en cualquier pueblo perdido de la geografía española, que podían haber destacado durante la República por su notorio fervor religioso o por su activismo católico. Un activismo en muchos casos limitado a modestos actos públicos de caridad cristiana, o a promover simples actividades de recreo para la juventud católica. Obras que pasaron a ser objetivo de las milicias izquierdistas, que acosaron a sus responsables como a presas en plena cacería hasta ser detenidos, interrogados en busca de otras personas como ellos, y en muchas ocasiones torturados y ejecutados por milicianos del Frente Popular sin orden gubernamental ni causa judicial de ningún tipo.
El elocuente silencio de las autoridades republicanas durante aquellos terribles meses de 1936, contrastaba con el control absoluto de los municipios a manos de los comités locales del Frente Popular, y de las organizaciones políticas que lo formaban, sobre todo UGT, PSOE, PCE y CNT, con distinta preponderancia según las respectivas zonas de control
Los crímenes de prisioneros sin formación de causa, cuyas defunciones en la mayoría de los casos ni siquiera fueron inscritas en los registros civiles, así como la impunidad de sus autores, representan una de las mayores obras de asesinato colectivo sobre la población de un país europeo por sus propias autoridades y por sus partidos de apoyo. Crímenes perpetrados por organizaciones de izquierda que decían inspirarse en las máximas de justicia, igualdad y democracia. Semejante horror, escondido, olvidado, tergiversado y adulterado, inspira las páginas de este libro que busca ser un permanente recuerdo de la abyección de sus ejecutores.
Con ser, en cualquier caso, la destrucción de la vida humana lo más atroz del comportamiento del Frente Popular en la República española (algo sin parangón también en cualquier sociedad civilizada del siglo XX, y del que en las páginas anteriores hemos dado suficientes ejemplos que quedarán para la historia como manchas indelebles de crimen político), es la destrucción del arte religioso, el arte fundamental y más numeroso del extraordinario patrimonio artístico español, el otro objetivo específico que sufrió las consecuencias del fanatismo tribal de la izquierda española, convertidos sus militantes en talibanes precursores de la mentalidad que acabó con la existencia de los budas milenarios de Bamiyán.
La obsesión destructiva no tuvo freno. Planificada, sistemática y organizada. Primero el sagrario, el altar y el crucifijo; después el destrozo de las imágenes, del mobiliario, de los retablos y del ornamento, que en muchos casos eran apilados en el exterior de los templos en una gran pira. Finalmente, la aplicación del fuego a los propios edificios religiosos. Una secuencia de hechos que se repite una y otra vez en toda la retaguardia republicana, con una constancia que indica su premeditación reflexiva. Por lo que resulta evidente que la quema de iglesias y edificios religiosos respondió a la acción de personas y grupos concretos, para nada anónimos ni carentes de liderazgo. Miembros del PSOE, comunistas, o militantes de las organizaciones sindicales UGT o CNT, en muchos casos ajenos a la localidad, que se encargaban de instigar la acción, tomar las decisiones y controlar los acontecimientos. Generalmente, la masa anónima asistía arrastrada como espectador pasivo, para dar apariencia de asentimiento popular, arracimada como asistente curioso, pero sin actuar como agente destructor.
Porque “en el ataque global contra la Iglesia las agresiones no se limitaron a las personas, sino que se dirigieron también, y en primer lugar, contra los templos. Contra toda clase de templos: capillas privadas, ermitas, santuarios, iglesias parroquiales, catedrales… Y contra los monasterios y los conventos. Y contra los colegios religiosos y los hospitales de beneficencia. Y contra los monumentos y las cruces de los caminos. Y contra las imágenes, todas las imágenes… Y contra las bibliotecas y los archivos conventuales o parroquiales. Y contra la toponimia…”.
“Esta circunstancia marca una diferencia básica con otras actuaciones revolucionarias como las dirigidas contra las propiedades privadas -mansiones y automóviles- que, por regla general, no se destruyeron ni incendiaron. Tampoco se derribaron los cuarteles ni los bancos… Es una diferencia sustancial porque denota que en el caso de los ataques a la Iglesia existió la firme voluntad de destruir un símbolo, de abolir el núcleo de la herencia patrimonial (…) La destrucción material de bienes eclesiásticos fue la máxima expresión plástica de la carga de la violencia social con que inundaron las calles de la retaguardia republicana los grupos de milicianos. Los millares de aspirantes a revolucionarios encontraron en la quema de iglesias una manera efectiva de demostrar que tenían el poder real en sus manos. Prender fuego a una iglesia equivalía a indicar que en aquel territorio -barrio, pueblo o vecindario- había llegado la revolución”. Tomado de Jordi Alberti. La iglesia en llamas.
No se puede, por tanto, deslindar la destrucción del patrimonio histórico-artístico de la patológica fobia anticatólica que formaba, y forma, parte de la naturaleza esencial de la izquierda española. Un odio latente, una pulsión determinista, que produce significativos sucesos como el asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid el 10 de marzo de 2011, cuando un grupo de 70 personas (organizadas por la Asociación Universitaria Contrapoder, un grupo de izquierdas en la órbita del núcleo central, Podemos) irrumpió a gritos en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, al grito de “¡¡Arderéis como en el 36!!” o “¡¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y carcamal!!”.
O los comentarios públicos en 2017 del mediocre actor Willy Toledo, cuando publicó en Facebook: “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”
Sin duda estas personas son las herederas políticas de los chequistas y de los milicianos que con la antorcha en la mano aplicaban el fuego purificador a todo lo que representaba el secular pasado histórico español, fuesen seres humanos o simples policromías con siglos de antigüedad. Que su ignorancia y sectarismo les haga inmunes a la autocrítica, a la vergüenza por un pasado criminal y a la reflexión ponderada, es también una característica primordial de la izquierda española.
Resulta imposible cuantificar los daños materiales, pérdidas de patrimonio y devastación de bienes eclesiásticos en toda España, causados por la oleada de violencia anticlerical desatada al comienzo de la Guerra Civil y continuada durante esta. Los estudios son insuficientes y los destrozos han sido irreparables, quedando muchos de ellos olvidados definitivamente en la memoria. Las cifras son escandalosas, teniendo en cuenta además que fue una destrucción material generalizada, siempre ajena a los bombardeos o a las acciones de guerra.
Una destrucción sistemática que se llevó por delante órganos; retablos; tablas pictóricas; miles de imágenes de toda condición, valor y antigüedad; orfebrería de oro y plata; ornamentos; sillerías; artesonados; coros y pinturas; aparte de los mausoleos destrozados y las sepulturas abiertas y profanadas, con sus restos óseos expuestos como una feria de atrocidades.
En las llamas purificadoras desaparecieron también bibliotecas, archivos, registros de la propiedad, catastros y libros sacramentales, archivos parroquiales, diocesanos, y conventuales, así como códices miniados, bulas y privilegios medievales. Una catástrofe bibliográfica fruto de la furia irracional izquierdista, en la que se incluye la pérdida irreparable de las crónicas inéditas del monasterio de Santa María de Sopetrán en Hita, Guadalajara. Tomado de Jordi Alberti. La iglesia en llamas.
Basta una simple búsqueda de imágenes en internet para ver las fotografías del desastre existencial de una sociedad corroída por el odio anticatólico, y la miserable e impúdica exhibición de milicianos orgullosos posando al lado de las momias exhumadas y de los elementos litúrgicos, que luego acabarán en la hoguera o en los bolsillos de los espabilados de turno.
Hay que tener en cuenta que el tesoro histórico-artístico que existía en muchos pueblos, y que sustentaba la memoria colectiva de las poblaciones o de las comarcas, se concretaba en los templos, pequeñas ermitas, esculturas sagradas, policromías y documentos que existían en las humildes iglesias parroquiales, y que fueron destruidos por la furia iconoclasta de los miembros del Frente Popular. El desastre es sobrecogedor e inmenso. Sencillas construcciones románicas, magníficos retablos barrocos, archivos parroquiales, angelotes mofletudos, tallas rústicas de autor desconocido y enseres de todo tipo quedaron convertidos en cenizas por el odio de los militantes de las organizaciones de izquierda.
Las imágenes procesionales sufrieron especialmente la furia iconoclasta y fueron objeto de una particular hecatombe artística. Imágenes rodeadas desde siempre de una sencilla pero secular devoción por gentes sin mayores pretensiones de trascendencia, y en muchos casos convertidas en elementos puramente identitarios culturales de la localidad. Imágenes que fueron destrozadas con especial escarnio por unos milicianos tan analfabetos como aleccionados por sus jefes para continuar el sistemático proceso de vandalismo religioso. Muchas fueron arrastradas por las calles de los pueblos y ciudades, hasta llegar a la gran hoguera instalada en las plazas mayores o a la entrada de los principales templos, antes de comenzar su combustión y desaparición definitiva, convertidas en una nube negra de cenizas que se irían posando lentamente como una siniestra advertencia.
Es imposible referir pormenorizadamente o efectuar una relación cronológica del holocausto artístico que sufrió España a manos de las organizaciones del Frente Popular durante la Guerra Civil. Cualquier relación se quedaría corta, y excedería con mucho la extensión de este libro. Pero existen trabajos recopilatorios efectuados con dedicación por múltiples estudiosos del tema en las diversas regiones de España. Es fácil acceder a ellos y comprobar la terrible situación vivida por el patrimonio histórico artístico y las dimensiones de la catástrofe sufrida.
Sin embargo, a pesar de su inabarcable casuística, se pueden mencionar algunos sucesos que, por su carácter, encierran significativos elementos que explican tanto la voluntad destructiva intelectual anticatólica rectora de todo el proceso, como el fanatismo ideológico y la estupidez de una izquierda que ahora quiere ocultar aquellos desmanes contra el patrimonio de la nación como si nunca hubiesen existido.
Porque junto a numerosos objetos de culto puramente religioso, al margen de su indudable valor como puras antigüedades, se produjeron notables destrucciones de obras únicas en la historia universal del arte. Por ejemplo, el destrozo y pérdida de cuadros de Goya y Ramón Bayeu en la localidad turolense de Urrea de Gaén, junto con el retablo mayor de su iglesia, víctimas del fuego purificador de los talibanes socialistas, comunistas y anarquistas.
O la aniquilación, en este caso mediante martillazos, del San Juanito de Úbeda, en Jaén, la única obra de Miguel Ángel Buonarroti existente en España. Se trataba de una escultura de mármol ubicada junto al retablo mayor de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, panteón del secretario de Carlos I, Francisco de los Cobos. Los catorce fragmentos conservados -aproximadamente un 40 % de la obra original- fueron custodiados en dicha capilla hasta el inicio de su restauración en 1995. Una restauración efectuada en Florencia, que concluyó en 2013, y ha estado expuesta en diversas galerías italianas hasta su deseada vuelta a Úbeda, pasando por su exhibición previa en el Museo del Prado de Madrid en 2015.
De igual forma fue destruido, en la misma iglesia, el Retablo de la Transfiguración, obra de Alonso de Berruguete en 1550, uno de los referentes fundamentales de la escultura española del Renacimiento.
Con el caso de las pinturas pertenecientes al Museo del Prado y cedidas para ser instaladas en el interior del Palacio de la Moncloa, que fueron negligentemente mantenidas en su interior a pesar de estar condenado a ser frente de batalla, se muestra con claridad la hipocresía de los actuales panegiristas académicos que ensalzan la preocupación de la República por la salvaguarda de las obras de arte, algo que es un oxímoron en sí mismo.
Antes del estallido de la Guerra Civil, una sobresaliente muestra del trabajo pictórico de Ramón Bayeu, el gran pintor aragonés coetáneo de Goya, se guardaba en el Real Sitio de la Moncloa, un palacete situado en el noreste de Madrid, que en aquel tiempo pertenecía al Ministerio de Fomento, y que como sabemos hoy en día, ya reconstruido, pertenece a la estirpe de los presidentes de Gobierno postfranquistas. Si hay una saga familiar íntimamente ligada con Goya y su tiempo, esa es la de los Bayeu. El gran pintor aragonés se formó junto a esta familia, una de las más importantes de su tiempo en cuanto a encargos y actividad artística.
Cuadros como Un ciego tocando la gaita y un niño los hierros; Un caballero de pie y dos amanuenses sentados, escribiendo; Un caballero ofreciendo el brazo a una señora vestida de azul y algunos otros, junto con excelentes obras de José del Castillo, importante pintor neoclásico de la misma época, fueron destruidos (cuando no expoliados o directamente robados) por la incuria, la dejadez y el abandono de las autoridades de la República, sin la diligencia suficiente para protegerlas del combate que se avecinaba. Durante la guerra el palacio fue completamente destruido con todo su contenido artístico dentro, en una palpable demostración del interés de la izquierda gobernante por el salvamento del arte, que intenta camuflar con el esperpéntico episodio del denominado “salvamento del Prado”, una burla a la inteligencia de cualquier persona con criterio reflexivo y cierto conocimiento de los hechos.
Mención especial merece la destrucción de los cuadros que llegaron a la Universidad de Oviedo procedentes de las colecciones estatales. En 1880, mediante una real orden de 1879, se entregaron a la institución doce cuadros, uno contemporáneo y once antiguos, entre los que había obras de Carlos María Esquivel y Mateo Gilarte. Cuatro años más tarde, llegarían del Museo de Prado, en calidad de depósito, nuevos cuadros, doce en total, con destino a la capilla. Hasta ese momento, esta solo se usaba para la celebración de oficios religiosos, pero ante la falta de espacio se convirtió también en salón de actos y paraninfo, y los cuadros llegados se utilizaron para ornato del recinto. Eran obras valiosas comprendidas entre los siglos XVI y XVIII, de importantes autores como Luca Giordano, Francisco de Zurbarán, Juan Frías Escalante, Vicente Carducho, Alonso del Arco o Juan García de Miranda. Esta notable colección pictórica se alojaba en los salones y aulas del edificio universitario, así como en la capilla, en las cátedras o en la Biblioteca. Todos ellos servirían para alimentar las llamas del incendio provocado por los milicianos de la rebelión asturiana, que destruyeron completamente la Universidad, la institución de mayor prestigio cultural de la región.
Aquel 13 de octubre de 1934 desapareció también para siempre la mayor parte del patrimonio universitario acumulado en más de trescientos años. Ese día quedó destruido el edificio con todas sus pertenencias, así como el Colegio de Huérfanas Recoletas. Únicamente se salvó de la quema, y parcialmente, el pabellón destinado a Facultad de Ciencias, construido en los primeros años del siglo XX. Desaparecieron la riquísima biblioteca, el archivo, cuadros, gabinetes científicos, material pedagógico, mobiliario y enseres. La biblioteca disponía en 1934 de unos 250 manuscritos. Más de 70 incunables, es decir, obras impresas en el siglo XV, y numerosas y valiosas ediciones impresas de los siglos XVI a XVIII, aparte de los muchos libros del siglo XIX y del primer tercio del XX, y de una valiosísima hemeroteca asturiana, la mejor colección de periódicos regionales reunida hasta entonces.
Otra trágica pérdida fue la destrucción del archivo, que custodiaba toda la documentación universitaria desde la fundación del centro académico. En el archivo se conservaban documentos que recogían testimonios de los momentos fundacionales y otros relativos al día a día de la institución. Una buena parte de los legajos se referían a expedientes personales de profesores y alumnos, principalmente, y a otros aspectos de la vida académica, con lo que es fácil deducir cuán grave fue la pérdida del mismo para la memoria de la institución. Ramón Rodríguez. Director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. La revolución de 1934 y sus consecuencias en la Universidad de Oviedo. Boletín de la Fundación Emilio Barbón, III, 2010.
Todo ello fue pasto de las llamas y de la barbarie socialista. Allí solo quedaron las cenizas de la brutalidad y del odio de las fuerzas de izquierda dirigidas por el PSOE, que incendiaron la Universidad y destruyeron todo su contenido. Como colofón de este indignante y triste suceso, el lector interesado en profundizar en las fuentes puede consultar el acta de la reunión del claustro ordinario de la universidad del 17 de octubre de 1934, que se encuentra en las notas al final de este libro. En ella se expone sin lugar a dudas la autoría de los hechos.
El Catoblepas. Número 116. Octubre 2011. Pág. 9. El incendio de la Universidad de Oviedo y el acta del Claustro de 17 de octubre de 1934. José María García de Tuñón Az. (Setenta y siete años después, se publica íntegra por vez primera el Acta del Claustro ordinario de la Universidad del 17 de octubre de 1934, que permanecía sorprendentemente inédita).
El Sr. Rector dice que no puede darse lectura al acta de la sesión anterior por haber desaparecido todos los libros de Secretaría en el incendio que destruyó por completo la Universidad.
A continuación hace uso de la palabra para exponer el doloroso motivo de esta reunión, conocido de todos y que a todos ha de impresionar vivamente por el cariño profundo que sentían por nuestra gloriosa Universidad.
Añade que por vivir muy cerca del edificio tuvo el sentimiento de presenciar parte de lo ocurrido y describe cuanto pudo apreciar desde su casa. Procuró mandar recado al comité que actuaba en este barrio, pero no le fue posible. El hecho ocurrió el día mismo en que se retiraban los que se apoderaron de la Universidad. Tengo la seguridad –añade– que la destrucción no fue consecuencia de un accidente de la lucha, sino que la Universidad fue incendiada con toda intención.
En la investigación que se hizo al día siguiente de restablecerse la paz, se encontraron cierres de bidones de gasolina y otros objetos que prueban cómo el incendio fue provocado. También hubo diversas explosiones que contribuyeron a la destrucción y aniquilamiento de los arcos y paredes del claustro. Decir que protestaba con toda energía de lo ocurrido y que la desgracia le llega al alma, como a la de todos, es inútil. De eso ni siquiera debe hablarse.
El Sr. Espurz pide que cuanto antes y sin remover siquiera los escombros, se saquen fotografías que sirvan de documento probatorio. Se acuerda así y el Sr. Rector continúa diciendo que la Universidad no es la materialidad de un edificio, sino que es un espíritu, algo más elevado y el Claustro ahora reunido, representa el espíritu de la Universidad. Esto que él dice, es el mismo pensamiento del querido compañero que es hoy subsecretario de Instrucción Pública, D. Ramón Prieto que ya ha visto la Universidad destruida y comenzó las gestiones no sólo para que se vuelva a construir el venerable edificio, sino para que se mejore. Después había que pensar en rehacer, dentro de lo posible, las valiosas Bibliotecas, tanto la General, como las de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras y también el moderno y completo material científico.
Al lado de estos, hay otros problemas importantísimos; como son el problema administrativo, el de rehacer en lo posible los archivos y el reanudar, donde y como se pueda, las enseñanzas. En cuanto a esto último, por indicación del Sr. Prieto, se han hecho gestiones cerca de ciertas personas, que por el momento no han dado resultado. Visitó al Sr. Rector al director de la Escuela Normal que no fue destruida y le participó, que por haber ahora pocos alumnos tiene cátedras suficientes, que con una pequeña reforma, quedan en condiciones para la enseñanza universitaria. También existe el Conservatorio de Música, la Sociedad Económica de Amigos del País y otros Centros a los que se puede recurrir en caso necesario, así como solicitar del Estado temporalmente el edificio en construcción para Gobierno Civil.
Para encargarse de estos detalles de buscar local, se acuerda nombrar una comisión formada por los Srs. Rector, Vicerrector, Decanos de las Facultades y Secretarios que con la mayor rapidez comenzarán las gestiones y darán cuenta al Claustro de los resultados que obtengan.
El Dr. Yzaguirre dice que es preciso distinguir en esto diferentes aspectos. Ante todo hay que condenar enérgicamente los hechos y luego atender a la reorganización de la enseñanza y de la vida administrativa. Advierte el Sr. Rector que respecto a lo último envió un telegrama al Sr. Ministro dándole cuenta oficial de la destrucción de la Universidad y en él pedía instrucciones para la reorganización de la vida administrativa de lo que hay precedentes en la destrucción de los registros Civiles de la propiedad y otros en las luchas políticas; es este asunto que sólo puede resolver la superioridad.
En cuanto a la Universidad debe tenerse en cuenta que los hechos aquí ocurridos han producido en el pueblo honda indignación y el mismo pueblo se encargará de reafirmarla y sostenerla.
El Sr. Gendín cree que entre los escombros puedan aparecer objetos y libros de mucho interés. Convendría hacer con cuidado los trabajos de recoger materiales. Contesta el Sr. Rector que por de pronto se tomarían las medidas para que no entre nadie en el recinto y hasta convendría que algún portero se alojara en el pabellón de Ciencias esta temporada.
Por lo visto hay peligro de que se produzca alguna explosión. El descombrar se hará bajo la dirección de peritos y siempre a presencia de alguna persona de la Universidad.
Se acuerda nombrar una Comisión encargada de vigilar los trabajos de desescombro formada por los Srs. Vicerrector, Vallina, Eguren, Gendín y Secretario.
Por de pronto se harán las fotografías que sirvan de documento para la historia de la Universidad y para que en el Ministerio se den cuenta de la magnitud del desastre.
El Sr. Espurz espera que pueda encontrarse gran parte de la colección de minerales y otras cosas valiosas no fusibles pero de esto no conviene hablar para evitar unas posibles rapiñas. También se acuerda que la Secretaría General comience a actuar cuanto antes en el Pabellón de Ciencias.
El Sr. Yzaguirre pide la palabra para decir que teniendo en cuenta la poca atención que el Ayuntamiento ha tenido para la Universidad, propone que se acuerde solicitar y se dé el nombre de D. Fernando Valdés Salas a una calle importante de Oviedo y añade el Sr. Galcerán que indicando además que fue el fundador de la Universidad.
Así se acuerda por unanimidad.
Los ejemplos destructivos del fanatismo izquierdista son inagotables y harían interminable esta somera exposición de la deuda que esas fuerzas políticas han contraído con el patrimonio cultural de la nación, algo que la amnesia colectiva por ellas inducida parece querer olvidar para siempre. Sirva este testimonio, por tanto, para recordarles su infamia.
Sin embargo, procede mencionar un caso paradigmático de la destrucción de los tesoros españoles de la liturgia medieval, como el ocurrido con el Portapaz de Uclés. Se trataba de un objeto litúrgico consistente en una especie de placa, ricamente adornada, con una estructura semejante a la de un pequeño altar o retablo, que en su parte posterior lleva un asa o mango para poder cogerlo con la mano. Los portapaces acostumbraban a ser piezas de valor extraordinario, realizadas en metal, oro, plata, esmalte o marfil. Los temas representados son muy variados, predominando las escenas de la vida de Cristo o de la Virgen.
El Portapaz de Uclés era uno de estos elementos de gran valor artístico que había pertenecido a los Caballeros de la Orden de Santiago y se encontraba depositado en el Monasterio de Uclés. Se trataba de una pieza excepcional, de valor incalculable, catalogado como único en su género. Fue labrado en 1565 por el platero conquense Francisco Becerril, uno de los mejores artistas españoles de la época. La pieza servía de marco o receptáculo a un bajorrelieve bizantino del siglo XI, que fue traído desde Constantinopla durante la época de las Cruzadas. Su valor histórico, artístico y económico era, por tanto, extraordinario.
El Portapaz de los Caballeros de Uclés estuvo permanentemente en la catedral de Ciudad Real desde su donación hasta 1937. Con el saqueo de que fue objeto la catedral de Ciudad Real, el Portapaz fue incautado junto a otras muchas piezas por la Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda de la República, siendo trasladado a Valencia. Allí terminó desapareciendo.
En efecto, durante esa “maravillosa” labor de protección del patrimonio que tanto ensalzan (con la unanimidad de la consigna programada por la voz de su amo) los académicos y especialistas del arte que lamen la mano de quien les da de comer, el Portapaz acabó desapareciendo definitivamente como tantas otras obras de arte que fueron maltratadas y expoliadas, como ya hemos visto en capítulos anteriores.
Finalmente, en 1986 se identificaron 14 piezas que formaban parte del Portapaz de Uclés y que estaban en posesión del que fuera director general de la Caja de Reparaciones, el socialista Amaro del Rosal, que las entregó al presidente de Castilla La Mancha, José Bono, en una confusa y aún no explicada maniobra exculpatoria casi cincuenta años después de su robo. En cualquier caso, la mayor parte de su estructura se ha perdido para siempre, gracias a la labor “salvadora” de las autoridades republicanas.
Con la historia de la destrucción y expolio de los bienes artísticos del monasterio de Sijena en Huesca, una de las joyas del patrimonio artístico medieval en Europa, pasó algo similar. Se trata de un monasterio del siglo XII situado en el término municipal de Villanueva de Sijena, hecho construir por Sancha de Castilla, reina consorte de Alfonso II de Aragón, que recibió sepultura en el panteón real del cenobio.
En agosto de 1936, el monasterio fue incendiado y arrasado por milicianos anarquistas aragoneses y catalanes, salvándose solamente la iglesia románica y el Panteón Real. Los valiosos frescos de la sala capitular quedaron carbonizados y se perdió una buena parte del patrimonio religioso. Muchas obras de arte fueron destruidas o saqueadas y las tumbas de los reyes de Aragón fueron profanadas, en consonancia con el gran amor por la cultura del Frente Popular. Un lugar que, de haber conservado todas sus riquezas, sería en la actualidad uno de los puntos museísticos más importantes de Europa, sobre todo por las bellas y extraordinarias pinturas románicas murales de la sala capitular, que según los comentarios de la época asombraban al visitante.
Durante la guerra, el arquitecto Josep María Gudiol Ricart (que las había fotografiado en detalle pocos meses antes) cuando tuvo noticia del desastre ocurrido acudió a Sijena, vio el destrozo ocasionado y consiguió retirar los restos de las pinturas de la sala capitular, para tratar de conservar los fragmentos carbonizados que todavía quedaban, que fueron enviados a Barcelona. En realidad, se trataba de las migajas de una catástrofe cultural causada por los miembros de fuerzas políticas izquierdistas que sustentaban el régimen republicano. Una muestra más de su ineludible responsabilidad histórica.
Las pinturas ya no regresarían nunca más a Sijena, quedando atesoradas en las salas del Museo “Nacional” de Arte de Cataluña (MNAC). En 1939, una vez acabada la Guerra Civil, otros miembros de las instituciones museísticas de Cataluña trasladaron cajas sepulcrales góticas y varias tablas pertenecientes al retablo de San Pedro, del siglo XVI, que habían conseguido salvarse de la quema, nunca mejor dicho. Al margen del legítimo interés inicial por la salvaguarda del patrimonio, las autoridades regionales catalanas hicieron todo lo posible por no devolverlas a su lugar de origen. Muchos años después el pleito aún continúa.
Aunque no quiero alargar en demasía esta exposición de latrocinios cometidos por las autoridades republicanas, sí procede mencionar el caso del saqueo del tesoro de la catedral de Toledo y en particular de la llamada Custodia de Arfe.
Se trata de una obra de arte elaborada por Enrique de Arfe (Heinrich von Harff), platero de origen alemán, entre 1515 y 1523. Le fue encargada por el Cabildo de la catedral de Toledo para albergar el ostensorio de oro, que perteneció a la reina Isabel la Católica. Según la leyenda, la pieza fue realizada con el primer oro llegado de América.
La pieza, una torre de más de dos metros de oro y plata, es considerada una de las mayores piezas de orfebrería de toda la cristiandad, tanto por su valor simbólico como por su valor material. Comprenderá por tanto el lector, el incalculable valor de la joya.
A finales de julio, apenas iniciado el levantamiento, mediante una orden verbal del presidente de Gobierno (José Giral, de Izquierda Republicana), se había ordenado la incautación inmediata del Tesoro íntegro de la catedral de Toledo para su traslado a Madrid, a los sótanos del Banco de España, incluyendo la Gran Custodia de Enrique de Arfe.
Por aquellos días se personaron en la catedral, para dar cumplimiento a la instrucción gubernativa, José Vega López, gobernador de Toledo; Emilio Palomo Aguado, diputado a Cortes de Izquierda Republicana; Manuel Aguillaume, presidente del Frente Popular en la ciudad; Urbano Urbán, representante del Partido Comunista y Eusebio Rivera Navarro, capitán de las Fuerzas de Asalto. Inicialmente fueron trasladados en un primer envío 61 objetos: broches; cálices; copones; superhumerales; esmeraldas; diamantes; una bandeja con El rapto de las Sabinas de Benvenuto Cellini; el San Francisco de Pedro de Mena; un Lignum crucis; pectorales; el copón de Cisneros; anillos; cruces; portapaces; además de las coronas y los mantos de la Virgen del Sagrario (entre ellos el llamado de las 80.000 perlas) y los tres tomos de la Biblia de San Luis, en un alarde enternecedor de amor por el arte religioso por parte de los dirigentes republicanos. Pero, como ahora sabemos, ese amor era sobre todo por ellos mismos. Muchos de aquellos objetos acabaron en las bodegas del yate Vita, y desaparecieron para siempre.
El saqueo en el interior de la catedral continuó en los días siguientes y fueron descolgados de la sacristía y embalados El Expolio, de El Greco, y todas las obras allí presentes de Goya, Tiziano, Rubens, Caravaggio, Rafael, etc. Pero con la Custodia de Arfe lo tuvieron más difícil. Era necesario desmontarla antes de su traslado por su fragilidad y el gran riesgo de rotura, por lo que fue necesario localizar al arcediano de la catedral, Rafael Martínez, y al tesorero, Ildefonso Montero, a los que a punta de pistola exigieron que les entregaran el manual que el propio autor, Enrique de Arfe, había redactado en el siglo XVI con las instrucciones de montaje y desmontaje de aquella obra colosal. Una vez conseguido el manual, ambos fueron fusilados, el 31 de julio y el 1 de agosto, respectivamente.
Con gran disgusto suyo, el gran maestro de forja, Julio Pascual, recibió la encomienda del desmontaje confiándole el manual de Arfe. Tenía que desmontar 18 kilos del primer oro que vino de las Indias, 183 kilos de plata sobredorada, 5.600 piezas, 12.500 tornillos, 260 estatuillas. Todo ello ensamblado en casi 3 metros de altura, con 225 kilogramos de peso, acompañados de esmeraldas de Colombia, zafiros de Ceilán y un bosque prodigioso de filigranas, pináculos, columnas y doselillos que componían una de las grandes joyas de la historia mundial de la orfebrería. De haber llevado a buen término la encomienda ¿le queda alguna duda al lector en donde habría acabado todo aquello?
Para gran suerte del Patrimonio Nacional, cuando las tropas del general Varela tomaron Toledo, el 27 de septiembre, la Custodia estaba aún a medio desmontar en embalajes, y con todos los herrajes en cajas, de modo que Julio Pascual recibió esta vez el encargo de volverla a montar y dejarla como al principio. A pesar de ello, el robo llegó a consumarse en parte. Poco después de la llegada de las tropas nacionales a Toledo, cuando los dos únicos canónigos supervivientes se hicieron cargo del tesoro catedralicio, entre un montón de cascotes, tras la doble puerta de hierro que protege la sala, hallaron dos cajones con las partes principales de la custodia listas para ser trasladadas a Madrid por orden de Giral. El ostensorio fue hallado, pero sin una sola de las piedras que lo enriquecían, extraídas a punta de navaja: veinte esmeraldas y ochenta perlas, y que entonces fueron valoradas en dos millones y medio de pesetas.
Fueron inútiles cuantos esfuerzos realizó entonces el cardenal Gomá, para recuperar las piedras robadas. Desde entonces se intentó reponerlas, pero durante veintisiete años la famosa Custodia de Enrique de Arfe estuvo procesionando por las callejas de la ciudad con su pieza más valiosa desprovista de las piedras preciosas. Hasta que el Cabildo llevó a cabo el difícil empeño de restaurarlas definitivamente en el año 1964.
Los paniaguados historiadores de guardia de la Memoria Histórica se esfuerzan una y otra vez en sus conferencias, trabajos académicos y entrevistas, en dar una imagen de las autoridades republicanas de profunda preocupación por el patrimonio de la nación. Ya hemos visto en qué consistió esa gran preocupación. Básicamente incautación, expolio y robo. Los ejemplos son innumerables. No es posible encontrar en la historia europea, y quizás en la mundial, un caso similar. El de un Gobierno dedicado a despojar a sus ciudadanos de los bienes de la nación en provecho propio, o permitir la destrucción de patrimonio histórico por motivos de ingeniería social sustentada en un planteamiento tan ideologizado como sectario. Conviene recordarlo una y cien veces, ante la fragilidad de la memoria posmoderna.
Cierto que la palabrería que adorna las consignas excretadas por los citados expertos incide en la gran labor de protección del arte, “arte protegido” le llaman, amparado en el asentimiento de nuestras grandes instituciones culturales como el propio Museo del Prado, convertido en un lacayo de los intereses políticos de turno. Alegan como argumento definitivo, la existencia de organizaciones creadas por el Gobierno republicano para la salvaguarda de los bienes culturales. Numerosos estudios rellenos de hojarasca corrompida enfatizan este hecho como la demostración palpable de su verdad. Pero la realidad histórica no soporta ese análisis. Por supuesto que existieron personas honradamente dedicadas a esa labor, y no discuto que hayan salvado de la destrucción algunas, o muchas, obras de arte. Pero eso no invalida ni redime la realidad esencial, que ha quedado expuesta con claridad en las páginas anteriores.
Salvo que consideremos todo lo sucedido obra de extraterrestres venidos de Marte y no de autoridades políticas y milicias izquierdistas (es decir, del sustrato realmente existente de una izquierda dueña del poder) dedicadas sistemáticamente a unos objetivos concretos sustentados en su única forma de comprensión de la convivencia social.
En última instancia, la existencia de organizaciones creadas por el propio Gobierno republicano, como las pomposamente llamadas Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, con sus “Juntas Delegadas de ámbito local”, cuyo objetivo era incautar y «conservar», en nombre del Gobierno, “todas las obras, muebles o inmuebles, de interés artístico, histórico o bibliográfico, que en razón de las anormales circunstancias presentes ofrezcan, a su juicio, peligro de ruina, pérdida o deterioro”. Un genérico objetivo que, en realidad, daba cobertura legal y cierta organización al expolio y que “por más que las juntas o muchos de sus miembros trabajasen de forma desinteresada, lo hacían inevitablemente a las órdenes y al servicio de unos jefes políticos que sí tenían intereses muy concretos al respecto.” Tanto es así, que el traslado de las obras del Museo del Prado y el infame asunto del Vita, como ya hemos visto, son algunos de sus “grandes éxitos”.
Luego vino la creación de la Junta Central del Tesoro Artístico, presidida por Timoteo Pérez Rubio, también al servicio de los intereses políticos de los dirigentes frente populistas, gestionando una situación de completa sumisión a los designios gubernamentales, hasta que llegó el decreto reservado, transfiriendo el control efectivo al Ministerio de Hacienda y demostrando la ausencia de interés real en el salvamento artístico.
El hecho es que al final, en septiembre de 1938, las Juntas delegadas sufrieron una nueva remodelación, colocándose a su frente a los respectivos gobernadores civiles y, entre los vocales, a los delegados de Hacienda. Es ridículo hablar, por tanto, de “la gran labor de salvamento”, que tanto llena las bocas de los académicos de guardia.
Porque la brutal destrucción del Patrimonio Histórico artístico de nuestra nación, sin parangón en la historia universal, junto con el robo premeditado y programado, y el traslado de bienes patrimoniales y culturales fuera del país para beneficio de parte, es obra exclusiva y específica de la izquierda española… A su lado, los talibanes de Bamiyán, son unos niños balbuceantes que comienzan a dar sus primeros pasos.
