La economía con Franco. Por Javier Arcas

España quedó destrozada por la Guerra Civil que desangró nuestro país. Además de las irrecuperables pérdidas humanas en cuya cifra nadie parece querer ponerse de acuerdo un gran número de infraestructuras quedaron seriamente dañadas o simplemente desaparecieron, aunque tampoco debemos olvidar que la economía española sufría un importante retraso con respecto a las naciones vecinas, muy especialmente en lo que se refiere a la industria.

Las empresas españolas eran por lo general pequeñas y poco competitivas, muy dependientes en su mayoría de patentes extranjeras y dedicadas casi exclusivamente al mercado interior, con cifras de exportación muy bajas. Todo ello sumado a una lenta recuperación en relación a los países europeos que recibieron la ayuda del European Recovery Program o Plan Marshall agravó sensiblemente el problema durante la década de los cuarenta.

La victoria del bando franquista se debió entre otros factores a la momentánea unión de diversos sectores que tenían enfrente a un enemigo común pero que no compartían necesariamente los mismos puntos de vista en cuanto a cuestiones como por ejemplo la economía, éste y otros temas quedaron momentáneamente aparcados mientras no se lograse la victoria.

Una de las cuestiones fundamentales que muchos se preguntaban consistía en saber cuál sería el programa económico que adoptarían los nacionales tras ganar la guerra; si se continuaría con una economía tradicional de mercado con sus correspondientes privilegios y diferencias de clase, como exigían los sectores más conservadores y los monárquicos, y que había fomentado tremendas desigualdades en la sociedad española, muy especialmente en el ámbito rural; si se escucharía al sector deseoso de instaurar en España un estado corporativo similar a los que ya se habían puesto en práctica en otras naciones como Italia o Austria, o si serían tenidas en cuenta las ideas del sector falangista, más propensas a soluciones como las cooperativas laborales para que trabajadores y empresarios compartiesen realmente el funcionamiento y el sentido de las empresas.

A largo plazo, la economía española del franquismo se sostendrá sobre tres pilares básicos: la industrialización, a través de una apuesta especial por la industria pesada, con la siderurgia, la fabricación de vehículos a motor de todo tipo y la construcción naval como referentes; una importante puesta al día de la agricultura, con la transformación de millones de hectáreas de secano en regadío y la creación de una industria de elaboración y proceso de los alimentos; y por último, de manera muy especial a partir de la creación en 1951 del Ministerio de Información y Turismo, la acogida de turistas extranjeros y la transformación inmobiliaria y urbana, no siempre acertada, de nuestros parajes de interior y costa.

Pero antes de todo esto se implanta en nuestro país, en parte por ideología y en parte por necesidad la autarquía.

 Autarquía

El general Franco, nuevo Jefe del Estado, ya deja bien claro durante un discurso en 1938, en plena Guerra Civil, cuál sería el camino a seguir en cuanto a la economía, basado en el intervencionismo y la autarquía. Pese a que los intentos de aplicar medidas autárquicas en otros países no habían obtenido resultados demasiado satisfactorios, Franco parece plenamente convencido de la elección tomada.

Tras el final de la guerra se realizan constantes llamamientos al capital privado por parte del Estado para que realice inversiones y contribuya a volver a poner en marcha la industria y las infraestructuras del país, pero los empresarios tienen en general una reacción bastante tímida lo que por una vez hará coincidir en algo a militares y falangistas, en el convencimiento de que toda iniciativa industrial de una cierta importancia deberá realizarse desde el sector público, que ejercerá una política intervencionista en todos los ámbitos de la economía.

Hay que tener en cuenta que el primer tercio del siglo XX fue especialmente convulso, y no sólo en nuestro país; los capitalistas tienen miedo a invertir tras situaciones tan desestabilizadoras como la Semana Trágica de Barcelona, los diferentes conflictos armados en el norte de África, el pistolerismo, el auge de los movimientos marxistas y anarquistas, la Primera Guerra Mundial, la huida del rey Alfonso XIII, la II República, la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. Los inversores españoles, que en algunos casos temen una inminente intervención de los Aliados en España, se muestran reacios a colaborar con las propuestas de colaboración que reciben desde los gobiernos de Franco por lo que es el propio Estado quién deberá tomar la iniciativa.

Todas las decisiones de los primeros gobiernos del general Franco subordinan la economía a la política, si bien como suele ocurrir en los estados presuntamente monolíticos no todos sus miembros lo son en el mismo sentido. De hecho, los falangistas están convencidos de que la autarquía enmascara en realidad una serie de normativas de sobreprotección a los empresarios y al capital privado, medidas con las que no están nada de acuerdo, aunque acabarán por aceptar a regañadientes un organigrama económico con un importante intervencionismo por parte del Estado pero en el fondo demasiado liberal para su gusto.

Los militares en cambio desean desde el punto de vista económico un estado totalitario y militarizado que subordine la producción a las cuestiones relacionadas con la defensa y la independencia económica de España con respecto a los países vecinos.

Entre 1939 y 1941, la influencia de la Falange y sus sindicatos en las cuestiones económicas es notoria[1]. El Estado acude con frecuencia a la iniciativa privada para obtener los recursos que le permitan acometer la reconstrucción y puesta al día de un país devastado por la guerra, si bien como ya hemos apuntado la respuesta de los empresarios no es todo lo positiva que el nuevo régimen espera.

La idea de los nuevos gobernantes franquistas está orientada hacia la autarquía, pero ello no tiene que implicar marginar la iniciativa privada siempre y cuando ésta pretenda actuar esencialmente en aquellos campos que no están ligados a las industrias de armamento o a todo aquello considerado de interés estratégico por el Estado.

El personaje clave de la autarquía española es el militar e ingeniero naval Juan Antonio Suanzes, presidente del Instituto Español de Moneda Extranjera -creado el 25 de agosto de 1939  como una de las herramientas más sólidas de la autarquía- entre 1945 y 1951, además es ministro de Industria y de Comercio durante año y medio en plena Guerra Civil y entre 1945 y 1951, además de dirigir el INI entre 1941 y 1963. Sus discrepancias con el Plan de Estabilización de 1959 y la llegada de Gregorio López Bravo al Ministerio de Industria en 1963 precipitan su dimisión como presidente del INI y su retirada de la vida pública.

La autarquía, adoptada en parte por convencimiento pero también como única alternativa posible ante el aislamiento político al que las potencias occidentales someten a España tras la Segunda Guerra Mundial, pierde fuerza en 1953 tras los pactos de Madrid, que reconocen el importante papel de la España de Franco en su lucha contra el comunismo, pero desaparece lentamente de la economía española tras la aplicación del Plan de Estabilización[2] y de otras leyes similares[3].

Intervencionismo

Durante el franquismo, muy especialmente durante sus primeros años, existe una profunda intervención por parte del Estado sobre la economía, ejerciendo un verdadero condicionamiento industrial. Toda actividad económica con el exterior, la creación de nuevas empresas e incluso el traslado de éstas dentro del territorio nacional queda sometida a la intervención del Estado, que además limita al 25 % del capital la participación foránea en las empresas industriales españolas. Sirvan como ejemplo de aplicación de estas medidas diversas leyes y decretos aprobados en esta primera etapa[4].

También se regulan la participación accionarial y la actividad de las personas extranjeras en los consejos de administración y en los cuadros directivos de las empresas. Todas estas normas se van relajando con el paso del tiempo al compás de una mayor apertura al exterior, primero en base a resoluciones concretas y luego de forma más general[5].

Franco siempre tuvo muy claro que la mayoría de las desgracias y los desmanes que había sufrido España en el primer tercio del siglo XX se debían a las duras condiciones de vida de la clase obrera, muy a menudo inmersa en situaciones de desesperación y hambre. Por eso defiende la teoría de que una clase media por modesta que sea cumple con la doble función de alejar tentaciones revolucionarias y de procurar el suficiente bienestar económico y político que proporciona estabilidad a la sociedad. De ahí su insistencia en la creación de puestos de trabajo, es cierto que por lo general con salarios bajos, pero que permiten situaciones impensables apenas unos años atrás para los trabajadores como la adquisición de una vivienda propia o de un automóvil, así como la posibilidad de proporcionar estudios superiores a los hijos.

El intervencionismo económico de Franco, acertado o no –resulta muy sencillo pontificar ahora sobre dicha cuestión, tantos años después- tiene como objetivo principal evitar el cierre de empresas y por lo tanto el desempleo. También busca lograr una independencia económica y tecnológica casi imposible de lograr en un mundo cada vez más globalizado y en una economía ya casi totalmente interconectada.

Apertura, recuperación y desarrollo

Como ya se ha apuntado con anterioridad, la autarquía no podía ir más allá de una mera solución coyuntural, forzada en parte por la actitud de algunos de esos países que se han portado tan bien con nosotros a lo largo de la historia, pero que también intentaron mantener a capa y espada por cuestiones ideológicas no pocos políticos y economistas de la época.

La España de Franco, por ejemplo, es rica en carbón y pobre en petróleo, precisamente uno de los elementos que hacen posible el crecimiento general de las economías en la segunda mitad del siglo XX; además a alguien hay que venderle nuestro excedente de cítricos y de otros elementos, probablemente a los mismos que puedan vendernos aquello de lo que carecemos, ya sean productos manufacturados o licencias de fabricación de enseres de cuya tecnología y patentes no disponemos.

Nuestro país, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, recibe con normalidad –no siempre compartiéndolas, por supuesto, pero esa es otra cuestión- durante el franquismo las influencias del mundo exterior, sobre todo desde la instalación de las bases de utilización conjunta hispano norteamericanas y de la masiva llegada de turistas. Casi un millón de turistas extranjeros visita nuestro país en 1960, quince millones en 1966, poco más de veinte millones en 1970 y algo más de treinta millones en 1975. Todas esas influencias obligarán a la introducción de cambios en nuestra sociedad, también en lo económico.

Occidente comienza a dejar atrás la guerra y a buscar un crecimiento económico, humano y social que proporcione calidad de vida a sus ciudadanos y estabilidad a sus sociedades, el conocido Estado del bienestar basado tanto en el desarrollo de la economía como de las personas, las sociedades o la educación así como los derechos humanos y sociales. A esta época se la conoce en nuestro país como la del milagro económico español, también negado por los ya habituales dentro y fuera de nuestras fronteras, y podemos situarla aproximadamente entre 1959 y 1973. Durante estos años la economía española crece a una media del 7 % anual, tan sólo superada por la del Japón.

El parque automovilístico español crece desde los 72.000 vehículos en 1946 al millón de unidades veinte años más tarde, en un porcentaje abrumador de producción nacional tanto en automóviles como en motocicletas, motocarros, autobuses, furgonetas y camiones de diverso tonelaje. Crecen así mismo de manera imparable los hogares que cuentan con televisor: 7.605 en 1958, ≃ 50.000 en 1960, ≃ 1.000.000 en 1964, casi 4.000.000 en 1970 y más de seis millones en 1975.

Una fuerte inversión en la creación de infraestructuras de todo tipo se une a la existencia de empresas públicas españolas rentables en sectores estratégicos como la fabricación de automóviles, la siderurgia o la energía. La producción de cemento y de acero se dispara, sobre todo por la construcción de nuevas viviendas, de polígonos industriales y de infraestructuras diversas además del constante aumento de la producción de vehículos y buques de todo tipo.

España es uno de los principales países productores de energía nuclear de la segunda mitad del siglo XX, apostando claramente por el uso de esta energía frente al carbón y proyectando algunas centrales que se inaugurarían mucho más allá de 1975. Llegan a conectarse a la red eléctrica las centrales nucleares de Zorita (1968), Garoña (1971), Vandellós I (1972), Almaraz I (1981), Almaraz II (1983), Ascó I (1983), Ascó II (1985), Cofrentes (1984), Vandellós II (1988) y Trillo (1988). Lemóniz I, cuyas obras se iniciaron en 1972, no llegó a ponerse en marcha. Quedaron sobre el papel las centrales proyectadas de Lemóniz II (Vizcaya), Regodola (Lugo), Lamuño (Asturias), Santillán I (Cantabria), Valencia de Don Juan (León), Sayago (Zamora), Azután (Toledo), Almonte (Huelva), Tarifa I y II (Cádiz), Cabo Cope I (Murcia), Ispaster (Vizcaya), Punta Endala I y II (Guipúzcoa), Tudela (Navarra), Chalamero (Huesca), Sástago (Zaragoza) y Escatrón (Zaragoza). En 1975, España era la séptima potencia nuclear del mundo tras los EE.UU., la URSS, Gran Bretaña, Francia, la RFA y el Japón.

Por otra parte se produce un importante desplazamiento de población rural hacia las ciudades, protagonizando un enorme movimiento migratorio interior sobre todo a partir de 1950. Tan sólo en la década de los sesenta se calcula en más de tres millones el número de personas que se trasladan desde el campo a la ciudad. La concentración parcelaria y la mecanización del campo provocan un excedente de mano de obra que encuentra una nueva oportunidad laboral en las grandes industrias que se están instalando a las afueras de las grandes zonas urbanas, muy especialmente en Cataluña, Madrid y el País Vasco. Esto provocará un déficit de viviendas en dichas zonas y la aparición de fenómenos como el barraquismo.

Se pone así en marcha el Primer Plan de Vivienda[6] y se establecen algunas condiciones como la superficie mínima de las viviendas o su equipamiento y condiciones higiénicas imprescindibles [7]. Se regulan por primera vez, por ejemplo, las dimensiones mínimas de cada pieza de la vivienda y la altura y el volumen de los elementos de iluminación y ventilación. Nacen el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y la Obra Sindical del Hogar (OSH), que junto a otros organismos públicos construyen durante el franquismo más de tres millones de viviendas protegidas.

el INI y las empresas nacionales

En 1941 se crea el Instituto Nacional de Industria (INI) –estuvo cerca de llamarse Instituto Nacional de Autarquía- a iniciativa personal de Franco e inspirado en el Instituto per la Riconstruzione Industriale (IRI) italiano, creado por el gobierno de Italia el 21 de enero de 1933 para auxiliar a los bancos y empresas italianas afectadas por el Crack del ’29 con la intención de sanearlas y devolverlas al sector privado. También se toman algunas ideas y conceptos del Vereinigte Industrie-Unternehmungen, AG (VIAG) nacido en la Alemania de 1923 para agrupar en un holding público las empresas estatales y muy especialmente las centrales eléctricas si bien éste tuvo siempre un comportamiento más enfocado a la rentabilidad y por lo general era gestionado como una empresa privada.

El INI, que depende directamente de Presidencia del Gobierno y no del correspondiente Ministerio de Industria y de Comercio, nace con la idea de crear un tejido de empresas capaces de dar forma al sueño de economía autárquica del Caudillo, pero sobre todo con la intención de controlar desde la Administración del Estado toda aquella producción susceptible de resultar útil para la defensa nacional. Pese a ello, los primeros proyectos y documentos del INI son bastante ambiguos, buscando sin duda contentar a las diferentes corrientes ideológicas del franquismo, lo que deja un gran margen de interpretación y maniobra a su máximo dirigente, Juan Antonio Suanzes.

De este modo, las empresas del INI gozan de prioridad a la hora de obtener materias primas, exenciones fiscales, expropiación de terrenos, créditos, concesión de licencias de importación, divisas y toda otra serie de privilegios a los que tienen muy difícil acceso las empresas privadas.

Para el recién creado INI, los males de la industria española son los mismos que ya aquellas Comisiones de Movilización Industrial impulsadas por el Ejército habían señalado veinticinco años antes: el control de las materias primas por parte de empresas extranjeras, errónea situación estratégica de las industrias -a menudo instaladas lejos de sus proveedores o de vías de comunicación importantes-, un mercado interno muy limitado, un mercado exterior casi inexistente, además de empresas de sectores estratégicos o vinculados a la defensa en manos de capital extranjero.

El éxito del INI se basa en la creación de empresas públicas rentables y que generan muchos puestos de trabajo por todo el país como la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. (ENASA) o la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A. (SEAT) en el campo de la automoción; la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. (ENHER), Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA), la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA), la Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS), Refinería de Petróleos de Escombreras, S.A. (REPESA) o la Empresa Nacional Calvo Sotelo, S.A. (ENCASO) en cuanto a recursos energéticos; la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA) dedicada a la producción de acero y derivados del hierro; Astilleros Españoles, S.A., la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S.A. o la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, S.A., dedicadas a la fabricación de buques civiles y militares; la Empresa Nacional del Aluminio, S.A. (ENDASA), dedicada a la producción de aluminio; o Nitratos de Castilla, S.A. (NICAS), dedicada a la elaboración de abonos y fertilizantes. Sólo por citar algunas de ellas.

La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA), la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) y Tabacalera son las cuatro grandes empresas públicas españolas que nunca formaron parte del INI sino de la Dirección General de Patrimonio.

En el año 1980, las empresas del INI alcanzan su récord de trabajadores con la cifra de 254.258 empleados directos, pero el Instituto que tanto había hecho por industrializar España va adoptando nuevos cometidos que le son ajenos y que colaboran en su declive, adquiriendo empresas en mala situación financiera o abocadas al cierre con la intención de reflotarlas pero sobre todo de salvar así los puestos de trabajo. Entre 1984 y 1987, el INI lleva a cabo una política de desinversiones que acabará con la privatización de algunas sociedades, muchas de ellas todavía rentables. El Instituto Nacional de Industria desaparece en junio de 1995 aunque la mayoría de sus funciones eran ejercidas por la sociedad pública TENEO desde julio de 1992, desde septiembre de 1996 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La octava potencia mundial

Las reformas llevadas a cabo por los gobiernos del general Franco con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional impulsan nuestra economía hasta convertir a España en la octava potencia económica mundial. Para ello resultan fundamentales los Planes de Desarrollo (I, 1964-1967, II, 1968-1971, y III, 1972-1975), quedando un IV Plan en el cajón por la crisis del petróleo de 1973, que ayudan a industrializar zonas como Oviedo, Córdoba, Granada, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Huelva, Burgos, La Coruña, Vigo o Valladolid.

Se produce una fuerte y constante creación de empleo sobre todo una vez superados los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Según el Anuario Estadístico de España hay un promedio de 474.408 desempleados en 1940 y de 450.014 en 1941. En 1942 la cifra baja ligeramente hasta los 294.530, siendo 225.493 en el mes de diciembre de 1943, 169.525 en 1944 y 147.946 en 1945. La primera Encuesta de Población Activa (EPA) tiene lugar en 1964 y arroja un porcentaje de desempleo del 2,1 %. Hacia finales de 1975, coincidiendo con el fallecimiento del general Franco, el paro en España corresponde al 3,7 % de la población activa.

En el año 2025 ocupamos el puesto 16 en el ranking de las economías mundiales; también hemos pasado de alcanzar una renta per cápita del 83 % de la que disfrutaban las nueve primeras economías europeas en 1975 a tener hoy tan sólo un 70 %; la industria aportaba en 1975 el 36 % de nuestro PIB, hoy es el 14 %.

En cuanto a temas relacionados con la Hacienda pública y los impuestos mejor no hablar ni comparar, de hecho uno de los grandes misterios del franquismo continúa siendo a día de hoy cómo pudieron hacerse tantas cosas y sacar adelante proyectos tan ambiciosos en un país que apenas recaudaba impuestos. Parte de la explicación puede hallarse en leyes[8] que intentan recuperar la austeridad perdida durante el periodo de fuerte crecimiento económico y por supuesto también en que no había que mantener un Congreso, un Senado, diecisiete parlamentos autonómicos más las dos asambleas de las Ciudades Autónomas, así como un sinfín de direcciones generales y organismos públicos de todo tipo.

Con el Decreto de 1967 se suprimen subsecretarías, así mismo delegaciones y jefaturas provinciales y regionales se integran en delegaciones únicas para reducir organismos públicos, eliminándose docenas de ellos en cada uno de los ministerios. Se establece una importante reducción en los coches oficiales y publicaciones, se unifican horarios, se reducen plantillas, desaparece un escalón jerárquico y se centralizan la compra de materiales y las actuaciones arquitectónicas o inmobiliarias.

Por no hablar de los salarios y prebendas de la clase política de nuestros días, aunque a menudo parece no resultar suficiente. Recordemos que durante el franquismo los alcaldes, por ejemplo, no perciben un sueldo, tan sólo dietas en el caso de las poblaciones mayores de 150.000 habitantes. Los procuradores en Cortes percibían unas diez mil pesetas mensuales hacia 1970.

El papel de embalses y pantanos

El ambicioso Plan de Obras Públicas de 1939[9] es el punto de partida de todas las grandes obras hidráulicas de la España de Franco. Lo elabora el ministro del ramo Alfonso Peña Boeuf, en clara continuidad con diversos proyectos inacabados del Directorio y de la II República, y con la intención de mejorar las infraestructuras españolas pero también de proporcionar puestos de trabajo a un buen número de desempleados.

Peña Boeuf se ve obligado a dar continuidad a algunos proyectos anteriores al franquismo ante las tremendas dificultades de todo tipo, la falta de personal técnico y la escasez de maquinaria y de materias primas, como el Plan Guadalhorce (1926) o el Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933) del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, que había sido director general de Obras Hidráulicas durante el Directorio de Primo de Rivera y también durante la II República.

Los populares pantanos del franquismo provocaron en ocasiones conflictos entre diferentes organismos del propio régimen, como el habido entre el INI y el Ministerio de Agricultura con motivo de la puesta en marcha en 1946 de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. (ENHER). El Instituto pensaba en el máximo aprovechamiento de las aguas del río Noguera Ribagorzana para producir energía mediante trece centrales eléctricas distribuidas a lo largo de su curso, mientras que el Ministerio de Agricultura defendía que dicha decisión dejaría millones de hectáreas de cultivos sin agua para su riego.

Existen actualmente alrededor de 1.230 embalses en España, aproximadamente la mitad de ellos construidos o inaugurados antes del final del franquismo en 1975 si bien durante la Transición se inauguraron algunos que estaban proyectados o en construcción desde varios años antes, entre 1975 y 1990 se terminaron treinta embalses comenzados antes del fallecimiento del Caudillo. Aproximadamente 615 embalses, la mitad de los existentes, se construyen durante el franquismo o se proyectan durante dicha etapa para ser finalizados entre 1975 y 1978, coincidiendo con una corriente favorable a la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas en la Europa y el mundo occidental en general de la segunda mitad del siglo XX.

La capacidad de los embalses españoles era de unos 4.000 millones de metros cúbicos en 1936 y pasa a ser de 36.628 millones en 1975. La producción de energía eléctrica era de 1.350.000 kW en 1940, pasando a 56.484.000 kW en 1970. Entre 1978 y el año 2021 se construyeron en España unos cincuenta embalses más.

Algunos de estos embalses habían cesado todo tipo de actividad y fueron puestos de nuevo en orden de marcha ante diversos problemas puntuales como picos de demanda de energía, sequías u otras incidencias con el suministro eléctrico o con el riego de los cultivos. Por ejemplo, muchos de ellos retomaron su actividad y su protagonismo de manera temporal gracias a diversas actuaciones como el Plan Eléctrico Nacional de 1969[10] y otras medidas adoptadas en 1975[11], 1981[12] o 1991[13].

Sin embargo, sólo en el año 2021 se destruyen 95 embalses o azudes en los ríos españoles, 256 sumando los años 2022 y 2023 recurriendo a argumentos de todo tipo, en la mayor parte de los casos de tipo ecológico y de recuperación del entorno natural siguiendo una directiva de la Unión Europea que busca el regreso de los ríos a su cauce natural para que la fauna fluvial pueda desplazarse sin obstáculos artificiales.

El Instituto Nacional de Colonización

Tras los tres fallidos intentos de reforma agraria puestos en práctica durante la II República, en la primavera de 1938[14] se pone en marcha dentro de la España nacional el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA) dentro de la Jefatura Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra.

El 18 de octubre de 1939, como relevo de los organismos anteriores, nace el Instituto Nacional de Colonización (INC), dependiente del Ministerio de Agricultura, con el ingeniero agrónomo y camisa vieja Ángel Zorrilla Dorronsoro al frente y con la intención de sustituir los proyectos de redistribución de la tierra esbozados durante la II República y aplicados de manera desigual por el Instituto de Reforma Agraria (IRA). El INC pretende la transformación del medio rural mediante la extensión del regadío, el aumento de la productividad y la construcción sobre todo en las cuencas fluviales más importantes de casi trescientos nuevos pueblos, que alojarán a unas 55.000 familias de colonos entre 1945 y 1970.

La construcción de estos pueblos consagró a toda una nueva generación de arquitectos españoles que gozaron de una enorme libertad para desarrollar sus proyectos, destacando entre ellos José Luis Fernández del Amo, José Borobio Ojeda, Alejandro de la Sota o José Antonio Corrales.

El INC lleva a cabo con éxito la primera y verdadera reforma agraria de la historia de España ya que los tres intentos puestos en práctica durante la II República no obtienen el resultado deseado por diversos motivos. Por vez primera en nuestra historia se facilita el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y de sus hogares, en un ambicioso plan muy criticado por aquellos que sólo lo analizan desde la perspectiva de la economía. Los planes del INC van mucho más allá de buscar la mera rentabilidad económica del campo, abarcan un proyecto de construcción social y de convivencia que no puede valorarse únicamente desde parámetros económicos.

Se concede mucha importancia a la atención sanitaria y a la educación en los casi 300 pueblos levantados por el Instituto Nacional de Colonización, ya que en todos ellos hay un dispensario médico y una escuela. En los pueblos más grandes existen viviendas para el médico y las maestras, que atienden a ese pueblo en exclusiva. En el caso de los pueblos más pequeños, un facultativo cubre tres o cuatro de ellos, visitándolos uno o dos días por semana. Sí existían escuelas con maestras fijas en todos los casos.

Aunque el INC llevó a cabo su labor por todo el territorio nacional es preciso destacar dos actuaciones concretas, el Plan Badajoz[15] y el Plan Jaén[16]. El INC, que convierte millones de hectáreas de secano en tierras de regadío y aplica la concentración parcelaria sobre unos seis millones de hectáreas, desarrolla sus funciones entre 1939 y 1971, año en que es sustituido junto al Servicio de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SCPOR) por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que abandona los anteriores conceptos clásicos de colonización para desarrollar más a fondo cuestiones como la modernización y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El IRYDA desaparece en 1995, integrado junto al Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en el nuevo Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[1] Ley sobre unidad sindical. BOE núm. 31 de 31 de enero de 1940.

Ley de 4 de junio de 1940 por la que se crea el Consejo de Economía Nacional. BOE núm. 160 de 8 de junio de 1940.

Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940. BOE núm. 342 de 7 de diciembre de 1940.

[2] Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, de ordenación económica. BOE núm. 174 de 22 de julio de 1959.

[3] Decreto 157/1963, de 26 de enero, por el que se autoriza la libre instalación, ampliación y traslado de industrias dentro del territorio nacional. BOE núm. 25 de 29 de enero de 1963.

[4] Ley penal y procesal de delitos monetarios de 24 de diciembre de 1938. BOE núm. 153 de 30 de noviembre de 1938.

Ley de 24 de octubre de 1939 de protección a las nuevas industrias de interés nacional. BOE núm. 298 de 25 de octubre de 1939.

Ley sobre ordenación y defensa de la industria de 24 de noviembre de 1939. BOE núm. 349 de 15 de diciembre de 1939.

Ley de 19 de julio de 1944 de Minas. BOE núm. 204 de 22 de julio de 1944.

Decreto de 23 de septiembre de 1944 por el que se regula la contratación de técnicos y personal especializado extranjero en nuevas industrias o de interés nacional. BOE núm. 268 de 24 de septiembre de 1944.

[5] Decreto 1870/1968, de 27 de julio, por el que se regulan el empleo, régimen de trabajo y establecimiento de los extranjeros en España. BOE núm. 195 de 14 de agosto de 1968.

[6] Decreto Ley de 14 de mayo de 1954 por el que se encarga al Instituto Nacional de la Vivienda la ordenación de un plan de viviendas de tipo social. BOE núm. 168 de 17 de junio de 1954.

[7] Orden de 29 de febrero de 1944 por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. BOE núm. 61 de 1 de marzo de 1944.

[8] Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, sobre reorganización de la Administración Civil del Estado para reducir el gasto público. BOE núm. 284 de 28 de noviembre de 1967.

[9] Ley aprobando el plan de Obras Públicas. BOE núm. 115 de 25 de abril de 1939.

[10] Orden de 31 de julio de 1969 por la que se aprueba el Plan Eléctrico Nacional. BOE núm. 199 de 20 de agosto de 1969.

[11] Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen de concierto en el sector energético. BOE núm. 40 de 15 de febrero de 1975.

[12] Real Decreto 1217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la producción hidroeléctrica en pequeñas centrales. BOE núm. 150 de 24 de junio de 1981.

[13] Real Decreto Ley 1/1991, de 17 de enero, sobre medidas de restricción de la demanda energética. BOE núm. 16 de 18 de enero de 1991.

[14] Ley de recuperación agrícola. BOE núm. 562 de 6 de mayo de 1938.

[15] Ley de 7 de abril de 1952 sobre el plan de obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Badajoz. BOE núm. 99 de 8 de abril de 1952.

[16] Ley de 17 de julio de 1953 por la que se aprueba el plan de obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Jaén. BOE núm. 199 de 18 de julio de 1953.