Existen muchos escritos sobre el periodo de Francisco Franco, tanto los que muestran sus éxitos como los de sus detractores. Para los segundos, el hecho por el que el periodo de Franco como Jefe del Estado pierde toda su validez es por considerar que dicho periodo de la Historia de España se desenvolvió bajo el prisma de un sistema dictatorial o, al menos, desde un sistema en el que hubo ausencia de libertades públicas.
Estos aspectos políticos ya los hemos tratado en otros capítulos, motivo por el cual no vamos a entrar ahora en la justificación del “franquismo” o en su defensa, que no nos corresponde en este instante.
Pero lo que sí vamos a hacer es resaltar aquí los éxitos que, en materia de desarrollo financiero y económico, tuvo España como país emergente en unos momentos de la historia de Europa aquejados de enormes dificultades y tensiones. Se trata de avances únicos que ya fueron calificados por muchos en los años 50 y 60 como el “milagro español” y que, de alguna manera, influirían en el grado de aceptación que la España de Franco tuvo en los circuitos internacionales a partir de 1959.
Un hecho indudable, irrebatible y sobresaliente es que España se postuló como uno de los bastiones de Occidente contra el comunismo internacional que representaba la Unión Soviética, motivo por el cual fue prontamente aceptado nuestro país como socio preferente en múltiples aspectos de la economía, las finanzas y el comercio internacional.
No cabe duda tampoco de que uno de los elementos cruciales en esta transformación de España fue su adscripción al sistema de países “transparentes” desde el punto de vista financiero y fiduciario, una España que apostó por situarse entre los países envidiablemente avanzados del mundo, sustentados en una economía de mercado libre de corte capitalista, en la que imperaron la seguridad jurídica y la defensa de los derechos de ciudadanos, inversores y empresarios.
El legado económico dejado por Francisco Franco desde su victoria militar en la Guerra Civil hasta su fallecimiento en 1975 debe ser calificado de espectacular. En un reciente artículo publicado en el mes de septiembre de 2018 en El Confidencial, el economista Roberto Centeno realizaba la disección de los hitos más importantes.
Si hay un periodo realmente excepcional de crecimiento económico en España desde su más alejada historia es el que va desde 1959 hasta el año de la muerte de Franco, en 1975. Nunca se podrá saber qué es lo que un régimen como el de Franco hubiera podido hacer en acontecimientos posteriores, como cómo se habría comportado en los años 80 o 90 si hubiera pervivido el sistema.
Lo cierto es que Franco fallece justo con el advenimiento de una de las primeras crisis mundiales tras el crash de 1929, como fue la crisis de 1974. En España, los efectos de esta crisis no se dejaron sentir hasta entrados los años 80, debido a las condiciones particulares de la economía y la sociedad españolas y, de hecho, cuando sus efectos llegaron hasta aquí, en la mayor parte de los países ya habían pasado.
España protagonizó un viraje excepcional desde 1957, momento de la entrada de perfiles tecnócratas en la Administración central, que dan paso a una planificación concienzuda del crecimiento y la riqueza nacional.
Los llamados tecnócratas eran una generación de políticos más técnicos, altamente formados y cualificados, cuyo principal dogma era el crecimiento económico como forma de estabilidad social. La sociedad y las familias españolas se enfocaron entonces al crecimiento y al trabajo, pero también a la formación de sus hijos, en una nueva fase que podría llamarse “los felices 60”, que supusieron para muchos dejar atrás los años de penuria y, por fin, vislumbrar un futuro prometedor para sus hijos, la mayor parte de los cuales pudieron entrar en universidades públicas, hasta entonces vedadas solo para algunas familias privilegiadas.
El periodo de la llamada autarquía se había ya agotado y surge entonces otra nueva forma de planificar mediante el Plan de Estabilización de 1959, con el fin de lograr que la economía española entrara en los mercados internacionales para crecer económicamente de una manera más estable y menos protegida.
Estos objetivos habían de conseguirse mediante unas nuevas políticas económicas que incluían la mejora del sistema fiscal, la disminución del déficit público, la liberalización de precios y la libre competencia, el fomento de las inversiones extranjeras y del libre comercio y la convertibilidad de la peseta.
Se crearon además planes de Desarrollo Económico y Social que fueron añadidos al anterior programa en los años 60. Se promulgaron tres planes, con una duración cuatrienal, con la finalidad de impulsar desde el Estado el crecimiento de la economía por el sector público.
De este periodo destacaron los polos de desarrollo, que pretendían reducir los desequilibrios económicos regionales y crear zonas de convergencia económica hacia las que se derivaban recursos e inversiones, contribuyendo al sostenimiento de las comarcas.
Surge entonces el periodo del llamado “desarrollismo” económico, una suerte de “milagro español” que aparece a partir del Plan de Estabilización de 1959, que inicia un proceso de crecimiento económico que no se detendrá hasta la crisis mundial del petróleo en 1973.
Es un momento de crecimiento económico que no se olvidará nunca, realmente prodigioso, en el que coinciden dos condicionantes: la dirección política y una suerte de pueblo, el español, enfundado en una sola tarea, que es la de crecer y crecer y trabajar y trabajar para labrarse un futuro mejor.
Este proceso da pie a una fuerte industrialización como nunca antes había tenido España, ni siquiera a finales del siglo XIX. España pasa de tener un motor agrario de su crecimiento a tener un motor propio en un sector industrial moderno y renovado.
Tan importante y vertiginoso fue que, entre 1960 y 1973, el incremento de la producción industrial alcanzó tasas del 10 % anual, contando por primera vez con un par de elementos extraordinarios hasta entonces: la aparición de la importación de tecnología y la inversión de capitales extranjeros.
España consigue, por fin, favorecer las exportaciones y progresivamente se estimuló la subida de los salarios y la difusión de las compras a plazos, lo que aumentó la demanda de bienes de consumo. El propio crecimiento del consumo interno fue un motor para la expansión de la economía nacional.
Otro aspecto en el que la España de Franco avanza vertiginosamente es el del desarrollo del sector terciario. Es a partir de 1960 cuando la importancia del sector servicios aumentó considerablemente en nuestro país, fortaleciéndolo y modernizándolo.
En ello influyó el intenso proceso de urbanización —y de concentración de la población en ciudades y en torno a ellas, frente a la extensa población rural anterior—, el aumento de las redes de distribución y comercio, la mejora de los medios de transporte y de comunicación, y la aparición del sector del turismo, clave en el desarrollo de España como país moderno, con el impulso de nuevos y modernos aeropuertos y todo lo que ello conlleva a su alrededor.
Podría decirse, simplificando, que Franco crea la España moderna, y que el perfil de España es rotundamente diferente a partir de 1959, año en el que detona el gran cambio de nuestro país. España se transforma y se internacionaliza a partir de este año, a partir del cual se normaliza su situación en las esferas social, económica, cultural y, también, por qué no decirlo, en la internacional.
La España de principios del siglo XX, la que desemboca en la Guerra Civil, no tiene nada que ver con la que, hacia comienzos de la década de los sesenta, comienza a levantarse. En los años que van de 1939 a 1959, el cambio que disfruta España, para mejor, es profundísimo, transformándose de manera incuestionable de un país de alpargatas, rural y muy atrasado, en un país en un rápido proceso de industrialización, moderno y con nuevos servicios.
Centeno destacó que, mientras que durante los últimos 40 años España ha crecido muy por debajo de su potencial —menos del 1,5 % de media—, entre 1950 y 1975 lo hizo en torno al 6,6 %, cifras semejantes a las que manejan hoy algunos países emergentes como China.
Para el profesor Centeno resulta hoy en día “imprescindible explicar con hechos y cifras cuál fue el balance económico y social de los 40 años de gobierno de Franco”.
Centeno cita al historiador británico Antony Beevor, quien describe en su conocida obra La Guerra Civil española cómo el Frente Popular fue quien llevó a España a la guerra, incumpliendo desde el fraude electoral de febrero de 1936 la Constitución y la ley para aplastar a la media España que no pensaba como ellos.
Algunos estudiosos y economistas, como Fuentes Quintana o Juan Velarde, han documentado el proceso en el que ha devenido España desde la II República hasta nuestros días. La historia, como ciencia, es tozuda y no se puede mutar, por mucho que se mutilen las cabezas de las estatuas y se cambien los nombres de las calles.
Parafraseando el citado artículo de Centeno, en 1975 España e Irlanda tenían la misma renta per cápita. Hoy, continúa Centeno, “la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda”. Increíble pero cierto.
Y no son conscientes porque, como consecuencia de la mejora exponencial de la tecnología y de la reducción brutal de los costes de fabricación de todos los bienes y servicios, hoy hay más de todo que hace 40 años, y no solo aquí, sino en todo el mundo. Pero eso no significa que España no camine hacia un gigantesco desastre económico, político y social.
Un ejemplo que entiende hasta un niño: en 1975 España e Irlanda tenían la misma renta per cápita; hoy la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. Y lo que es aún peor, España tiene hoy la distribución de la renta más injusta de toda la Unión Europea.
En 1950, la clase media representaba en España el 34 % de la población; en 1975 la cifra había subido al 56 %, la más alta de toda nuestra historia. Pero en 2016 esta había descendido al 43 %.
En línea con ello, la clase baja y la pobreza pasaron del 65 % en 1950 al 39 % en 1975 —la cifra más baja de toda nuestra historia— y al 54 % en 2016.
Pero en 1975 España no era una república popular empobrecida y hambrienta, sino un auténtico milagro, y esto resulta esencial, pues, como me recordaba mi maestro Fuentes Quintana, “esto es el ejemplo claro de lo que España puede conseguir cuando está bien gobernada”.
En solo 25 años, nuestra nación experimentaría el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado había pasado a tener el décimo PIB mundial; hoy el decimocuarto.
De una renta per cápita en 1950 equivalente al 45 % de la de los nueve países centrales de Europa que en 1975 constituían la Comunidad Económica Europea, al 83 %, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzado desde el siglo XVI; hoy en el 71 %.
De una industria que en 1950 representaba el 12 % del PIB, al 36 % en 1975, y hoy hundida al 15 %, con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos, especuladores y camareros.
Pero no solo fue lo económico. La Administración española sería en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado —abogados, ingenieros o economistas— y a un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles.
Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay: 2,5 millones según las AAPP, tres millones según la EPA y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias.
De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ministro de Hacienda Montoro; el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.
Pero si en lo económico y en la eficacia de la gestión se degrada todo lo realizado, llamando “desarrollismo” a crecer al 7,5 % anual acumulativo durante 15 años, con un sectarismo y una miseria moral inéditas en Europa, o “tecnocracia” al conocimiento y la excelencia en la gestión pública frente a la ignorancia y la incompetencia, en lo social el engaño alcanza proporciones oceánicas: la Seguridad Social la crea Felipe González, a cientos de miles de viviendas sociales para la clase obrera se les arrancan las chapas para ocultar su origen… realmente alucinante.
Este es el resumen de lo creado durante el mandato de Franco:
- Creación de la sanidad pública universal (todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en 1975, y Franco murió en uno de ellos).
- Creación de la pensión de jubilación y también de la de viudedad. Establecimiento de la edad obligatoria de jubilación.
- Establecimiento del salario mínimo interprofesional.
- Creación del Auxilio Social, sembrando España de comedores gratuitos para los más necesitados.
- Creación de escuelas de Formación Profesional.
- Construcción de todos los pantanos posibles de España, etc.
Para el profesor de la Universidad de Stanford Stanley Winward, “el progreso económico de la etapa de Francisco Franco de veinte años que va desde 1949 hasta 1969 es de los más prodigiosos que se han podido contemplar en Europa, y una evidencia ejemplar de que una gestión austera y bien programada es capaz de proyectar un país desde la más absoluta miseria hacia la cúspide de los países desarrollados”.
Finalmente, debe explicarse cómo en un importante informe de 1945 (ocultado a los ciudadanos), el Banco de España recomendó al Gobierno hacer todos los esfuerzos posibles para integrarse en los sistemas monetarios y de comercio mundiales. El aislamiento internacional impidió al Gobierno seguir este camino, obligándole por mera necesidad de supervivencia a un sistema autárquico absolutamente ineficiente.
Finalmente, España entra en el FMI en septiembre de 1958, enterrando la autarquía y poniendo a España en el camino hacia el mayor periodo de crecimiento de su historia. Luego, España sería miembro fundador de la OCDE en 1961.
Pero en el área de los acuerdos internacionales, el más crucial de todos fue el Acuerdo Económico Preferencial con la CEE, gestionado por Alberto Ullastres, uno de los mejores ministros junto con López Rodó de toda la historia de España, en octubre de 1970. La CEE redujo un 30 % los aranceles de casi todos los productos españoles.
Este acuerdo era infinitamente más ventajoso para España que la desastrosamente negociada entrada de pleno derecho en 1986, a costa del desmantelamiento industrial de nuestra nación, algo perfectamente conocido y que, como todo lo demás, se oculta al pueblo español.
Precisamente es este uno de los principales mitos aún no derrumbados sobre el periodo de Franco como Jefe del Estado: el del crecimiento económico vertiginoso que propició que se le calificase en el exterior como “milagro español” y que en este capítulo venimos a relatar.
La situación de partida: el fin de una época
La situación de partida de nuestra nueva España de 1939 es, claramente, el final de la Guerra Civil y el arranque de la Segunda Guerra Mundial, un contexto nada favorable si lo que se quiere estudiar es el desarrollo de un país en sus elementos sociales, económicos y políticos. Si no puede existir un escenario peor, seguramente no podremos encontrar otro más nefasto que el de la España de 1939. No puede haber confluencia más negativa.
Las infraestructuras sufrieron un grave deterioro durante nuestra contienda civil, de un nivel parecido al experimentado por muchos de los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Un verdadero desastre patrio. La situación de España al acabar la Guerra Civil era la de un país azotado por un conflicto bélico de tres años de duración, durante el que se habían sacrificado una gran cantidad de recursos muy valiosos para un país atrasado como España y que se concretó en graves pérdidas materiales.
Una de las pérdidas más graves fue la de vidas humanas en uno y otro bando. Las pérdidas de población se estiman entre un 1,1 % y un 1,5 % de la población, similares a las sufridas por Italia (0,9 %) y Francia (1,4 %) durante la guerra mundial, aunque inferiores a Grecia, que perdió el 7 % de la población.
La población activa, sin embargo, perdió entre un 2,7 % y un 4 % de la misma, superior a las de Italia (2 %) o Francia (3 %), aunque también muy inferior a la griega (18 %).
La producción agrícola cayó en un 20 %, la cabaña equina descendió un 26 % y la bovina un 10 %. La producción industrial bajó un 30 %. Se produjo una paralización de la actividad minera, con agotamiento de las reservas de oro y divisas.
En otro orden de cosas, se manifestó un grave deterioro de las infraestructuras, principalmente ferroviarias, aunque inferiores a las sufridas por los países beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en España hubo una pérdida del 34 % de locomotoras, mientras que estos porcentajes fueron mayores en Francia (76 %), Italia (50 %) y Grecia (82 %).
Igual sucedió con la potencia eléctrica instalada, que en España bajó el 0,9 %, mientras que en Francia fue el 2,8 %, en Italia el 5,4 % y en Grecia el 3,1 %.
A consecuencia del conflicto y de manera inmediata, el nivel de la renta cayó y no se recuperó hasta mediados de los años cincuenta. El consumo se hundió y los productos básicos de primera necesidad quedaron racionados hasta 1952.
La vida cotidiana de los españoles estuvo dominada por la escasez de fuentes de energía y la falta de alimentos, aunque con la ilusión esperanzadora del final de una contienda que consumió muchas vidas y esfuerzos.
En general, el crecimiento del PIB durante los años cuarenta fue muy reducido y la renta per cápita no recuperó el valor de 1935 hasta 1953. En el último siglo y medio, no existen datos de que España haya soportado otro periodo tan destructivo y de empobrecimiento como el vivido entre 1934 y 1938, que agrandó la distancia que separaba la economía de España de la del resto de Europa.
La ausencia de conflictos permitió que, a partir de 1953 y, una vez sobrepasadas las dificultades generadas tanto por la Guerra Civil como por los efectos de la Segunda Guerra Mundial —en la que España fue neutral—, el país pudiera crecer, generando unas nuevas condiciones que le llevaron a una rápida industrialización jamás antes vista en la economía nacional.
A partir de finales de los años 60, la economía española estaba ya plenamente consolidada y en constante expansión, abriéndose camino en sectores de nuevo cuño, como el turismo, la construcción inmobiliaria y diversos sectores industriales, como la construcción naviera en distintos astilleros, los altos hornos o la fabricación de automóviles.
La banca y los seguros, en el sector financiero, demostraron una fuerte expansión y fortalecimiento, contribuyendo a generar confianza y seguridad en las inversiones y en las empresas.
Los niveles de endeudamiento público estaban bastante controlados y apenas sufrieron un crecimiento que pudiera considerarse peligroso en todo el periodo desde el final de la contienda civil, en 1939, hasta la muerte del Caudillo en 1975. En esos 36 años, los niveles de endeudamiento nunca supusieron un riesgo.
A poco de fallecer Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, en España ocurrió un hecho insólito: se alcanzó una inflación del 40 %, hecho que se debió especialmente a la crisis mundial del petróleo, que hizo muy costoso que España pudiera abastecerse a precios económicos de combustibles fósiles. El acelerado incremento de los precios a mediados de los años 70 fue debido en parte al encarecimiento de los transportes.
Uno de los hechos más controvertidos que tuvo lugar tras el fallecimiento de Franco fue la firma de los llamados Pactos de La Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, y que posibilitaron que España se reajustara a la nueva situación política y económica tras la muerte de Franco y con el aterrizaje forzoso en la antesala de una crisis mundial cuyos efectos en España aún no se habían dejado sentir con la intensidad que en otros países. España no estaba preparada para la crisis global.
Lo cierto es que los llamados Pactos de La Moncloa, que formalmente fueron dos, eran en realidad una manera de “aparcar” los nuevos problemas económicos que tenía que atender España sin haber arreglado aún la situación política de esa nueva España que se asomaba ya al sistema democrático, pero que no tenía aún la nueva Constitución aprobada, lo que ocurriría justo un año después.
España había llegado hasta esa fecha en una situación única de, digamos, virginidad total en aspectos que tuvieran que ver con su vinculación con el resto del mundo. España se comportaba realmente como un país rico y avanzado, llegando a ser el décimo país industrial del mundo y el 23.º militar. Un país próspero que avanzaba de manera creíble.
Abordemos, antes de continuar repasando los éxitos de Franco en el terreno económico, cómo fue este último capítulo de una España, la de Franco, que acabó sus días en 1975.
Los Pactos de La Moncloa se denominaron en realidad “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía” y “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”. Los firmantes se comprometieron a su desarrollo en el Congreso de los Diputados dos días después, y en el Senado el 11 de noviembre.
Estos pactos se negociaron y firmaron entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales.
Contaron también con el apoyo de Comisiones Obreras, aunque no completamente, puesto que algunas secciones sindicales lo rechazaron, como igualmente hizo en su conjunto la Unión General de Trabajadores (UGT), aunque finalmente lo firmó, al igual que la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Los objetivos de estos pactos eran sencillos: procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la gran inflación que alcanzaba ya el 26,39 %. Una cifra insólita en la España de Franco, que era la que dejábamos atrás.
La coyuntura económica de los meses inmediatos a la muerte de Franco no era la mejor. Lo cierto es que la economía española funcionaba perfectamente, pero había riesgos derivados de la presión ejercida por los desajustes mundiales en un contexto político para el que España no estaba aún preparada.
La situación fue muy grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de lleno a España, a la que no había afectado tan rápidamente como a los países europeos considerados aliados de Israel por la OPEP, y una inflación que había superado la grave frontera del 26 % a mediados del año 1977.
Lo que se llegaba a temer era la posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación, como las que posteriormente sufrieron algunos países iberoamericanos, sumiéndose en una sempiterna crisis.
En España, el problema era la falta de dirección política. Se estaba más enfrascado en la conducción de la nueva realidad política que en la definición de las nuevas políticas sociales y económicas para hacer frente a la crisis que había venido para quedarse.
Se llegaba a hablar incluso de una previsible fuga de capitales ante la inseguridad que podía generar la indeterminación política, en un peligroso cóctel con la crisis. Los empresarios y la banca, tanto la nacional como la extranjera, recelaban lógicamente de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales —poco creíbles, por cierto— organizados aún de manera bastante básica, como los sindicatos de clase que exhibían una retórica reivindicativa que podía entenderse “revolucionaria” y que no concordaban en absoluto con lo que quería la mayor parte de la población: seguridad para sus familias y sus trabajos, lo realmente importante.
Al morir Franco y aparecer estos nuevos actores políticos, se apreció entre la población que los lenguajes y los intereses eran completamente ajenos a los intereses de la generalidad de la gente: hablaban de otras cosas, y esos comienzos fueron la antesala de lo que tenemos hoy. La gente percibe que las cosas de las que hablan los políticos son completamente divergentes a las que se hablan en los bares, cafeterías o en los comedores de las casas entre la familia, frente al televisor.
Pero volvamos a aquellos tiempos. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ya había hecho sus contactos previos para contener la “hemorragia” y había sostenido conversaciones con Felipe González y Santiago Carrillo después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio de 1977.
La intención era sondear a estos líderes y sus fuerzas políticas, especialmente para que no aprovecharan la difícil coyuntura económica para perjudicar al Gobierno y lograr incluso un acuerdo de estabilidad.
Hay que recordar que por aquellas fechas el Gobierno no contaba además con el suficiente apoyo parlamentario, a lo que había que sumar que las Cortes no se habían planteado como constituyentes, que era la verdadera intención de la oposición y de una parte significativa de miembros de la Unión de Centro Democrático, el partido del Gobierno.
Por aquella época, el ministro de Economía y Hacienda era Enrique Fuentes Quintana, economista de gran prestigio, con notable influencia académica y social, no solo en el campo de la hacienda pública, sino también en el de la política, y que fue senador por designación real entre 1977 y 1979.
Suárez le pidió a su ministro de Economía que abordara la posibilidad de gestionar un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para evitar el alto nivel de conflictividad social. La UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.
Más tarde, las centrales obreras UGT y CC.OO. finalmente firmaron el acuerdo, junto a la patronal y otras fuerzas políticas españolas, siendo la anarcosindical CNT quien mostró su total rechazo a los Pactos.
Los acuerdos incluyeron no solo los ajustes económicos precisos para capear la crisis que vino con la muerte de Franco, sino que también se sumaron objetivos políticos, como acordar modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa y dejando al poder judicial las decisiones sobre la misma.
Se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias; se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento y se adoptaron medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar.
Una de las más importantes decisiones fue la de derogar la estructura del Movimiento Nacional, que quedó desmantelado casi de inmediato. Hoy continúa sorprendiendo a muchos que el tan cacareado “sistema franquista”, supuestamente férreo y dictatorial, pudiera ser desmantelado en cosa de pocas horas con un par de papeles y llamadas de teléfono.
Diera la sensación de que en los Pactos de la Moncloa nada se pactó y todo se cedió.
Los llamados Pactos de La Moncloa posibilitaron que se reconociera el despido libre para un máximo del 5 % de las plantillas de las empresas, el derecho de asociación sindical, y que el límite de incremento de salarios se fijara en el 22 %, que era la inflación prevista para 1978 —una brutalidad insostenible—.
Se estableció una contención de la masa monetaria y la devaluación de la peseta, fijando el valor real del mercado financiero para contener la inflación; una reforma de la administración tributaria ante el déficit público; así como medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
Ese fue el “café para todos”, la barra libre, a la muerte de Franco. Una llave que anunciaba lo que iba a venir con la aprobación, en 1978, de la Constitución.
Los firmantes de aquellos acuerdos de infausto recuerdo hoy fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo por UCD, Felipe González por el Partido Socialista Obrero Español, Santiago Carrillo por el Partido Comunista de España, Enrique Tierno Galván por el Partido Socialista Popular, Josep Maria Triginer por la Federación Catalana del PSOE, Joan Reventós por Convergencia Socialista de Cataluña, Juan Ajuriaguerra por el Partido Nacionalista Vasco y Miquel Roca por Convergència i Unió.
Manuel Fraga, que representaba a Alianza Popular, no firmó el acuerdo político, pero se sumó al económico, siendo estos acuerdos ratificados posteriormente en el Congreso y el Senado. Para muchos, estas aprobaciones en Congreso y Senado no tendrían que haber tenido objeto ni tenían tampoco efecto jurídico alguno, salvo el canto de sirena político, el acuerdo y el consabido consenso.
Es probable que fuera la crisis del petróleo y el negativo contexto exterior lo que contribuyera a que se rubricaran los llamados Pactos de la Moncloa, principalmente para intentar salvar la economía española.
Política económica: autarquía e intervencionismo
La autarquía fue concebida por las autoridades franquistas como una respuesta a una situación de emergencia en el mundo de la escasez de la posguerra. El Gobierno ejerció sus propias ideas sobre la situación de la economía española y la manera de alcanzar el desarrollo del país en un momento en el que no se podía apenas contar con nadie como aliado.
Franco llegó a afirmar: “La experiencia de nuestra guerra tendrá que influir seriamente en todas las teorías económicas defendidas hasta hace poco como si fueran dogmas”.
Según Juan Antonio Suances, ministro de Comercio e Industria de la época, primer presidente del INI y uno de los que tomaron parte en el desarrollo del autarquismo español:
“La autarquía es el conjunto de medios, circunstancias y posibilidades que, garantizando a un país por sí mismo su existencia, honor, su libertad de movimiento y, por consiguiente, su total independencia política, le permiten su normal y satisfactorio desenvolvimiento y la satisfacción de sus justas necesidades espirituales y materiales”.
España tenía que salir adelante como fuera, y si no era con ayuda exterior —que no existía—, tendría que hacerlo con sus propios medios, así de sencillo. El desarrollo tenía que alcanzarse persiguiendo los máximos niveles de autoabastecimiento en un país que en el pasado ya se había demostrado rico en recursos del sector primario, como minería, pesca, agricultura y ganadería, aunque menos en la transformación o la industria. Pero, al menos, no nos moriríamos de hambre.
La Guerra Civil había dejado atrás tiempos peores, y todos los españoles miraban al futuro con ilusión y esperanza. Se consideró que lo importante era producir, conseguir los objetivos cuantitativos que se marcaban, sin importar a costa de qué ni con qué eficiencia económica.
España era, al acabar la Guerra Civil, una economía muy dependiente de los aprovisionamientos de productos energéticos, materias primas y bienes de equipo, por lo que se hubiera necesitado una política que garantizase esos suministros exteriores.
El intervencionismo tuvo como objetivo primordial el ejercicio del control sobre la asignación racional de recursos productivos, dando como resultado un modelo propio de la época de posguerra que se prolongó hasta los años cincuenta. En 1951 comenzaron unas muy tímidas medidas liberalizadoras de la economía.
La intervención se manifestó en dos grandes áreas. En primer lugar, se produjo una intensa regulación sobre el control de precios y el racionamiento de los artículos de primera necesidad, lo que posibilitó un reparto seguro y equitativo. Se crearon multitud de organismos reguladores, bajo los que se encontraba una concepción casi militar del funcionamiento de la economía, según la cual los mercados podían ser disciplinados.
En segundo lugar, se creó de manera rápida y eficiente el Instituto Nacional de Industria (INI), que convirtió al Estado español en empresario, desarrollando proyectos encaminados a lograr que España fuera, por fin, un país industrial. Y vaya si se consiguió: España alcanzó el décimo puesto entre los países industriales del mundo.
España tuvo que reinventarse al finalizar la contienda civil de 1936. Además, no pudo aplicarse adecuadamente a la reconstrucción, pues casi inmediatamente tras la finalización de la guerra civil estalló la Segunda Guerra Mundial, imposibilitando que España —que se mantuvo neutral— ascendiera con normalidad por los peldaños del desarrollo hasta fechas posteriores a 1949.
Es el periodo que se conoce como “autarquía”, caracterizado por una larga y profunda depresión económica, que conllevó un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, el crecimiento de la miseria y el mercado negro, y que supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población en los últimos 150 años de historia.
Todo ello fue consecuencia de las heridas dejadas por la Guerra Civil, a lo que se sumó el efecto de una Guerra Mundial en la que España, por suerte, no tomó parte. Las directrices de la política económica siguieron entonces unas pautas de carácter autárquico, en un ambiente de aislamiento internacional imposible de evitar, al estar todos los países centrados en preservar sus propios intereses durante la Segunda Guerra Mundial.
La economía de España durante la era franquista se puede dividir en un primer periodo de autarquía y aislamiento que comprende los años que transcurren desde 1939, en que termina la Guerra Civil, hasta 1959, cuando se aprueba el Plan Nacional de Estabilización.
La aprobación de este Plan da para muchos estudios y da comienzo al llamado segundo periodo, que se extendió desde esa fecha de 1959 hasta la muerte de Francisco Franco, ocurrida en noviembre de 1975.
Algunos autores crean en sus estudios un tercer periodo que va desde 1950 a 1959, una especie de periodo “bisagra” o de “transición económica”, durante el cual la producción inicia una recuperación y se comienza a romper el aislamiento de la economía, aunque continúen los desequilibrios económicos y el fuerte intervencionismo.
El segundo periodo, que arranca aproximadamente en 1959, estuvo marcado principalmente por una mayor apertura comercial al exterior y un fortalecimiento del desarrollo, la estabilización social y el crecimiento progresivo de la economía y del mercado de trabajo.
La primera etapa autárquica, durante los años 40, se caracteriza por una gran depresión de la producción, la escasez de todo tipo de bienes y las dificultades en el crecimiento económico o en el proceso de modernización. Había además escasez de oferta de trabajo, y todo el esfuerzo estaba enfocado a la reconstrucción tras la Guerra Civil.
En el ámbito internacional destaca el proteccionismo comercial y financiero adoptado por los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra, así como el aislamiento impuesto a España, que se fue desbloqueando favorablemente tras la finalización de la contienda mundial y el inicio de lo que se dio en llamar la Guerra Fría.
Estos factores, junto a los daños producidos en la contienda, fueron los principales determinantes de los efectos negativos producidos en la economía española, que arrojaba entonces unos débiles resultados.
España y su Gobierno tomaron prontamente y con decisión un proyecto autárquico de orientación de su economía, la llamada “economía de guerra”, y unas políticas intervencionistas que posibilitaron, al menos, que todo estuviera bajo control.
Hubo autores que defendieron abiertamente en esta época este tipo de intervencionismo y la aplicación necesaria de una “economía de guerra”, como el economista José Luis Barceló Fernández de la Mora, que en el año 1946 fundó el periódico de economía El Mundo Financiero y que publicó numerosos libros como Problemas económicos de postguerra (publicado en 1946 por el Ministerio de Industria y Comercio) o Planificación económica de urgencia, editado en Madrid en 1960.
Barceló, que mantuvo con Franco cinco audiencias privadas y que fue el personaje más joven recibido en solitario por el Jefe del Estado, ya había publicado otros trabajos animando a la mejora de la posición de España, como La economía internacional del futuro (publicada en 1946 por los Servicios de Propaganda del Ministerio de Industria y Comercio), España ante el mundo (1949) o Historia económica de España (1952).
Actualmente, su hijo José Luis es director del periódico que fundara su padre, El Mundo Financiero, y responsable de la información económica de radioya.es, además de gran amigo y mejor persona. Muchos de sus trabajos y artículos sirven de base para la información económica que hoy recogemos en este artículo.
El Estado durante este periodo se expresó mediante un desplazamiento de la iniciativa privada por las regulaciones públicas, buscando la organización de los sistemas productivos y evitando el riesgo de los proyectos fallidos. Se trabajó más en la planificación y en el bloqueo de los problemas surgidos por el abastecimiento precario que existía entonces, llevando a cabo un proceso de inversiones públicas concentradas en la industria.
Estas eran financiadas por vías inflacionistas de muy corto recorrido que no pusieron en riesgo un elevado endeudamiento, haciendo uso también de una rígida reglamentación de las relaciones laborales, la proliferación de controles de precios y una fuerte sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta, apoyada en un conjunto de normas de controles cambiarios.
Para poder entender mejor este periodo de la historia económica de España, se debe recordar que ya desde finales del siglo XIX se comenzó a detectar un reforzamiento progresivo de un modelo de crecimiento e industrialización denominado nacionalista, basado en el proteccionismo de la producción nacional frente al comercio exterior. Es decir, que ya existían unos antecedentes que colocaban a España como un país en riesgo ante las presiones exteriores.
Por ejemplo, debemos llamar la atención sobre el hecho de que ya los gobiernos de Cánovas del Castillo supusieron el inicio de un periodo de carácter proteccionista y aislacionista, de indiferencia hacia el comercio internacional, que, con saltos y altibajos, se conduciría de esta forma hasta el final de la Guerra Civil.
El propio Cánovas afirmó durante alguno de sus discursos: «La economía política tiene que aceptar el concepto de patria y someterse a él. La patria es una asociación de productores y de consumidores con objeto de producir para ella, de consumir dentro de ella».
El denominado «arancel Cánovas», que se estableció en 1891, supuso la protección del sector cerealista y textil, gravando las importaciones de estos productos con aranceles de entre el 40 % y el 46 %.
Esta tendencia no fue específicamente española, ya que el proteccionismo empezaba también a triunfar en una gran parte de Europa. Lo peculiar del caso de España fue la intensidad con que se perseguía el ideal de autosuficiencia nacional y la relativa facilidad con que el intervencionismo encajaba en las tradiciones del Estado español, tendencia que Franco aprovechó justo en un momento clave, que era el de la grave crisis producida por las guerras civil y mundial.
La política de fomento de la industria nacional tuvo una clara manifestación en la Ley de 1907 de contratos por cuenta del Estado, por la que solo se debían admitir artículos de producción nacional en los suministros públicos.
El «arancel Cambó» de 1922 fue otro ejemplo de la política proteccionista en la que se inspiraban ciertas aplicaciones de las políticas de Franco a partir de 1939, de las que, en realidad, casi ni se llegaba a desconectar y que constituían un antecedente que en nada llamaba la atención.
También durante la dictadura de Primo de Rivera se propició un nacionalismo económico con planteamientos corporativistas. Por el contrario, el paso de la Monarquía a la República en 1931 supuso la derogación de la legislación industrial anterior y la anulación de la tramitación de expedientes de auxilio incoados al amparo de la normativa corporativista.
Con estos grandes programas, España se recuperó, no sin dificultades, de manera rápida y prodigiosa. El nivel de la renta nacional y de la renta per cápita de 1935 se recuperó y creció de manera gigantesca en solo quince años.
Suele considerarse el final de la autarquía con la llegada del Plan de Estabilización de 1959, que inicia un proceso continuo de apertura de la economía española que tuvo sus antecedentes ya en la década de 1950, especialmente a partir de 1957 con la formación de un Gobierno compuesto por los llamados tecnócratas.
El Plan de Estabilización supuso un giro a la política económica reinante durante los veinte años anteriores. Hubo algunas notas de proteccionismo que no fueron abandonadas nunca, seguramente por su efectividad, y durante los años sesenta y también en la década de los setenta se mantuvieron muchos elementos de carácter proteccionista e intervencionista en la economía española, que no terminaron de desaparecer hasta la integración de España en la Comunidad Europea en 1986 y el ingreso en la Unión Monetaria en 1998, es decir, hasta hace bien poco.
Durante la década de los años cuarenta, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, alejaron rápidamente sus posiciones hasta un claro enfrentamiento. Una parte fundamental de la Guerra Fría fue la extensión y afianzamiento de la influencia soviética en el Este de Europa y la contención por parte de los Estados Unidos y sus aliados en el resto del continente.
En 1953 se firman con Estados Unidos los Acuerdos de Defensa Mutua y Ayuda Económica, que comprendían la apertura de bases militares norteamericanas en España a cambio de recibir ayuda financiera, cuya cuantía hasta 1963 se fija en 1.523 millones de dólares, cuantitativamente bastante inferior a la recibida en el resto de Europa en el denominado Plan Marshall y, a la vez, bastante supeditada a fuertes contrapartidas económicas y comerciales.
Este acuerdo supuso, por una parte, la entrada de divisas en un país muy necesitado de recursos externos y, por otra, el incremento de la capacidad financiera del proceso industrializador, que se reflejó en la mejora de las expectativas empresariales y en el notable crecimiento de la inversión durante la década de los cincuenta.
En esta década mejoró la situación con crecimiento de la producción; sin embargo, se comienzan a poner de manifiesto graves desequilibrios en la balanza de pagos, en las relaciones comerciales y en las finanzas públicas, que terminaron por estrangular el proceso de mejora económica vivido durante los años cincuenta y que darían pie al nacimiento del Plan de Estabilización en 1959.
A partir de este momento se produjo un giro en la política económica que posibilitó la liberalización parcial de los precios, el comercio y el tránsito de bienes. En 1952 acabó el racionamiento de alimentos, medidas propias de una etapa de bonanza y recuperación que evidenciaban una mejora de la economía.
La agricultura fue uno de los sectores en los que la intervención pública funcionó de forma muy completa. En el caso del trigo, se realizó a través del Servicio Nacional del Trigo. Este organismo, en aras de alcanzar la autosuficiencia del país, fijaba las superficies de cultivo tanto a nivel nacional como regional y local.
Uno de los objetivos era controlar la distribución del grano de acuerdo con los objetivos de garantizar el suministro y evitar la especulación con los precios en momentos de escasez. Se establecieron, por tanto, precios fijos para el cereal, controlándose toda la producción, la comercialización y el consumo.
Para asegurar el aprovisionamiento de los productos de primera necesidad y evitar el hambre, se impuso el racionamiento a través de las conocidas cartillas. Los productores estaban obligados a vender a precio fijo la totalidad de su producción al Estado, que a su vez la vendía a los consumidores a un precio tasado.
El establecimiento de acuerdos con Argentina en 1947 permitió mejorar mucho la situación, especialmente en alimentos de los que todavía, en época de posguerra, se escaseaba, como la carne.
Las políticas expuestas permitieron que durante los años cuarenta se acumulase un cierto volumen de capital que facilitó financiar, durante los años cincuenta, el sector industrial y el desarrollo del propio sector agrícola hasta niveles que no habían sido posibles en décadas anteriores en España.
Algunos autores estiman que los efectos directos de la Guerra Civil sobre la industria española no fueron tan excesivos como pudiera parecer a primera vista. En 1940, la producción industrial había descendido un 14 % respecto a la de 1935, pero destaca que su proceso de normalización fue muy lento y, así, en 1950 no se había logrado recuperar el nivel de producción previo a la Guerra Civil.
El caso es que, para 1959, la industria española no tenía punto de comparación con ninguna otra etapa anterior de la historia de España, así como tampoco la agricultura, que pasó de desarrollarse en sistemas propios del autoabastecimiento rural a convertirse en una agricultura técnica y mecanizada, propia de un país avanzado.
En la política industrial del Gobierno destacan las siguientes medidas:
- Sujeción de las inversiones industriales de cualquier clase a un régimen de autorización previa, marcado en el Decreto de 8 de septiembre de 1939. Este decreto exigía autorización del Ministerio de Industria para la instalación, ampliación o traslado de fábricas, así como la intervención en la concesión de cupos de materias primas (Ley de protección de las industrias de interés nacional de 25-10-1939).
- Concesión de un conjunto de estímulos a las denominadas “industrias de interés nacional”, que suponían una reducción impositiva, facultad de expropiación forzosa a favor de las empresas acogidas, garantía de rendimiento mínimo del 4 % del capital invertido, disminución o exención de derechos de aduanas y posibilidad de declarar los productos de estas empresas de obligado consumo para la industria nacional.
- Propósito de nacionalizar el sector industrial de la economía, a través del máximo control de la inversión extranjera.
- Creación del Instituto Nacional de Industria (INI) con el objeto de propulsar y financiar la creación y “resurgimiento” de las industrias.
En aquellos momentos, el objetivo principal del Ministerio de Hacienda era el control del déficit público.
En el primer Gobierno de Franco de la posguerra, José Larraz intentó elaborar una política fiscal tradicional, aunque tuvo que optarse, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, por los planes de “reconstrucción nacional”. Se aprobó un presupuesto ordinario equilibrado en 1940, liquidando los atrasos de los gastos de la Guerra Civil al margen.
A partir de 1947, los ministros posteriores a José Larraz —Joaquín Benjumea y Francisco Gómez de Llano— continuaron con la práctica de equilibrio presupuestario, evitando caer en el déficit.
El intervencionismo económico no supuso un mayor gasto público, concentrándose este en defensa y orden público. En materia de ingresos públicos, se implantó la contribución de Usos y Consumos y se elevaron las tarifas de los impuestos, recurriendo parcialmente al déficit público.
Entre 1940 y 1946, el déficit presupuestario alcanzó cifras más elevadas que con anterioridad, al pagarse los atrasos derivados de los gastos incurridos durante la Guerra Civil, que se liquidaron definitivamente, contra lo sostenido por algunos autores y estudiosos críticos con el sistema franquista.
A partir de esa fecha, se practicó una política bastante restrictiva, con equilibrios presupuestarios desde 1952 hasta 1957, que fueron financiados mediante recursos directos al Banco de España y emisión de deuda pública automáticamente pignorable.
Ambas medidas generaron una leve inflación, asumida con normalidad por el crecimiento del consumo y los salarios, sin comparación con las inflaciones de la crisis de mediados de los años 70, que tuvieron como foco detonador la crisis mundial del petróleo.
Como hemos mencionado, la financiación de los déficits públicos de los primeros años cuarenta se realizó mediante emisiones directas al Banco de España y emisión de deuda directamente pignorable, lo que desencadenó un proceso levemente inflacionista durante la década de los cuarenta. La acumulación de deuda pignorable generó una liquidez casi ilimitada en el sistema bancario, sentando las bases del crecimiento de los precios en la década de los cincuenta.
Por su parte, el comercio exterior descendió bruscamente con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y tras la Guerra Civil, lo que no ayudó a la recuperación. En el año 1941, el volumen de las expediciones comerciales al exterior era menos del treinta por ciento del existente en 1929. Las importaciones durante la década de los cuarenta se mantuvieron alrededor del 45 % de las de 1929.
Desde mediados del siglo XIX, el peso del comercio exterior nunca había sido tan bajo en España, aunque estos datos también se relacionaban con la existencia previa de un imperio colonial exportador que incluía territorios como Cuba o Filipinas, aspecto que a menudo se omite en determinadas comparaciones históricas.
Una de las preocupaciones del ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes, fue la lucha contra el déficit de la balanza de pagos, reduciendo las importaciones y fomentando las exportaciones. El Gobierno de Franco consideró que la peseta debía mantener un tipo de cambio muy elevado, equiparándolo a la libra esterlina, lo que favorecía las importaciones, que crecieron.
Se instauraron, aprovechando esta situación, las licencias de importación, que evitaban un posible desorden económico.
En materia de tipos de cambio, entre 1939 y 1948 se mantuvo un tipo de cambio único y fijo de la peseta. En 1948 se optó por un sistema de cambios múltiples, según el tipo de producto objeto de comercio con el exterior.
España evidenciaba, no obstante, ciertas limitaciones en su capacidad de continuar creciendo indefinidamente y comenzó a mostrar algunas señales de fatiga, especialmente a partir del advenimiento de la crisis del petróleo en 1972 o 1973.
La prolongada etapa de crecimiento, con un aumento anual del PIB muy superior al del resto de Europa, implicó una mejora de las condiciones de vida de los españoles. Sin embargo, el modelo de crecimiento económico que posibilitó el llamado “milagro español” mostró también algunas limitaciones.
Para entonces, los cambios se concentraron en el sector industrial y de servicios, mientras que el sector agrario se estabilizó en su dimensionamiento y la población rural comenzó a emigrar hacia las ciudades.
La industria española comenzó a tener problemas para absorber a toda la población procedente de la emigración interior, y empezó a aparecer el fenómeno de la emigración de españoles al extranjero a partir de los años sesenta.
Según las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración (IEE), entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo un millón de personas (1.066.440), el 71 % de los que salieron fuera de España en esos quince años.
A diferencia de las emigraciones anteriores, en la década de los sesenta se da un movimiento migratorio de carácter rotativo. La mayoría de los emigrantes salen del país con un contrato de trabajo establecido entre el Instituto Español de Emigración y las autoridades de los países receptores, por un periodo inicial de un año.
Esa característica favoreció un flujo de salidas y retornos anuales, además de una estrecha relación entre la situación económica del país receptor y el volumen de contratos de trabajo que oferta a España.
De acuerdo con los datos disponibles, el desplazamiento medio anual de ese periodo fue de 73.000 personas y, si se descuentan los retornados, de 38.800 trabajadores que siempre permanecieron unidos a España de una u otra manera y que también contribuyeron al crecimiento del país mediante el retorno de ahorros y pensiones que muchos aún hoy disfrutan.
Crecimiento: igualdad en la España de Franco
Esto que hemos relatado en las líneas anteriores fue la descomposición del franquismo, el desmantelamiento rápido del sistema.
Durante la década de los años sesenta solía decirse que en España se pagaban pocos tributos, y resulta muy probable que, al menos hasta la aprobación de las leyes General Tributaria y de Reforma del Sistema Tributario de 1964, no se sistematizaran los nuevos impuestos sobre la renta y sobre el tráfico de empresas.
Pero estamos hablando ya de 1964; aún quedaba mucho para ver finalizar la etapa conocida como “franquismo”. Hasta ese momento solo había impuestos indirectos que gravaban todos los bolsillos por igual y, por lo tanto, los ricos pagaban lo mismo que los pobres, ya que no había baremos en función de los ingresos ni mecanismos similares a los actuales.
Aun así, la reforma de 1964 y los planes de desarrollo, que supusieron la creación de nuevos focos industriales, junto con el papel clave del turismo, fueron fundamentales para el aumento progresivo de la presión fiscal hasta el entorno del 17 %, cifra que se alcanzaría el 20 de noviembre de 1975.
El turismo se convirtió no solo en una palanca económica —que aún hoy es uno de los pilares más importantes de la economía española—, sino también en un extraordinario elemento de proyección internacional de una nueva imagen de España: joven, atractiva, accesible y con gran riqueza cultural.
Esta clave turística, desarrollada en España a principios de los años sesenta, continúa siendo hoy un elemento esencial para el desarrollo del país y para la imagen que proyecta en el exterior, diferenciándose claramente de otros países del entorno europeo.
El turismo en España continúa siendo hoy uno de los grandes pilares de la economía nacional.
El llamado “boom turístico” supuso una elevada fuente de ingresos y el aumento de la creciente actividad hotelera, nunca vista hasta el momento.
La aparición de este fenómeno es difícil de explicar, pues por una parte tenemos factores externos en el contexto europeo que ayudan a explicarlo, pero por otra, España se consagra como uno de los destinos que comienzan a resultar especialmente atractivos para las nuevas corrientes de turistas.
El detonante es, por un lado, el advenimiento de una nueva sociedad del bienestar en Europa y la existencia de vacaciones pagadas para los trabajadores europeos, que encontraban en España un destino barato, cálido y con abundancia de playas, algo inexistente en gran parte del continente, salvo en algunas zonas de Italia y Grecia.
En la España de Franco, en contrapartida, aumentó el comercio internacional. Las principales exportaciones dejaron de ser los productos agrícolas y comenzaron a ser los productos manufacturados.
Sin embargo, el déficit comercial era negativo, pero se compensaba con los ingresos procedentes del exterior, como el turismo, que además aportaba divisas y generaba consumo interno por parte de unos visitantes que, por lo general, tenían mayor poder adquisitivo que los españoles.
Si nos situamos en ese entorno de presión fiscal de la España de Franco, que no superaba el 17 %, debemos tener en cuenta que, tras su fallecimiento, dicha presión fiscal fue aumentando progresivamente año a año, hasta alcanzar durante la Transición niveles nunca vistos, creciendo aproximadamente un punto por año y superando la barrera del 30 % en 1987.
¿Puede vivir un país como España con una presión fiscal como la del 17 % que tenía nuestro país a la muerte de Franco?
Si bien la mayor parte de los países del entorno de la Unión Europea se sitúan hoy en cifras superiores —como el 34,2 % de la España actual, el 40 % de Alemania, el 43 % de Finlandia o el 51 % de Islandia—, no es menos cierto que existen países desarrollados que operan con niveles de presión fiscal más bajos.
Por ejemplo, Irlanda, con poco más de un 23 %; Israel, con un 31 %; o Corea del Sur —uno de los países más desarrollados del mundo— con un 25 %.
Hay datos que sorprenden: ¿cuál diría usted que es la presión fiscal de Estados Unidos? Pues se cifra en el 26 %, bastante por debajo de países aparentemente mucho menos desarrollados, como Marruecos, que supera ese 26 % de Estados Unidos; Turquía, con un 28,7 %; Belice, con un 29,6 %; Brasil, con un 32,2 %; Serbia, con un 38,4 %; o Cuba, con un 41,7 %.
De ello se desprende que no son necesariamente los países con mayor carga fiscal los que disponen de más medios o los aplican mejor para el desarrollo de sus sociedades, sino que algunos gestionan mejor con una menor presión fiscal que otros.
Hay que deshacer el mito de que en los países con mayor presión fiscal existe una mayor distribución de la riqueza, porque, según esta interpretación, no sería necesariamente así. La España de Franco demostró que se podía crecer hasta convertirse en el décimo país industrial del mundo con una presión fiscal relativamente baja.
La presión fiscal suele ser una herramienta muy debatida por los políticos. Existen corrientes que sostienen que debe ejercerse una mayor presión fiscal para lograr mayores cotas de bienestar social y un mejor reparto. Sin embargo, también se argumenta que países con mayor presión fiscal no siempre presentan mejores resultados en términos de desarrollo económico o social.
El modelo de Estados Unidos, caracterizado por un menor intervencionismo estatal en comparación con otros países, permite que el funcionamiento del mercado tenga un papel más relevante en el desarrollo económico. Este modelo es criticado por algunos, pero también considerado eficaz en determinados aspectos, especialmente en el caso estadounidense, cuyo sistema es difícilmente comparable al de la Unión Europea.
La España de Franco no optó por aumentar significativamente la presión fiscal, sino por impulsar el crecimiento a través del consumo como motor económico. Los teóricos sostienen que la presión fiscal tiende a aumentar en épocas de bonanza, al incrementarse la recaudación, y a disminuir en momentos de crisis. Sin embargo, en la práctica, no todos los países han seguido estas pautas de manera uniforme.
Como contraste con aquellos tiempos, España es hoy uno de los países que más ha incrementado su presión fiscal en las últimas décadas dentro del mundo desarrollado y de la OCDE. Este hecho puede interpretarse de distintas maneras, dependiendo del enfoque teórico, y no necesariamente implica un consenso sobre si se han alcanzado mayores niveles de igualdad o bienestar.
Si comparamos la España de Franco con la actual en términos de generación de ingresos para las arcas del Estado y de crecimiento del endeudamiento público, las diferencias son notables. La mayor generación de ingresos ha ido acompañada de niveles mucho más elevados de endeudamiento público.
La evolución de la deuda pública en España ha crecido en paralelo al aumento de la presión fiscal. No está del todo claro si el incremento de la deuda responde a una mayor capacidad de ingresos que permite sostenerla, o si, por el contrario, el aumento de la presión fiscal ha sido consecuencia del crecimiento del gasto público y de la necesidad de financiar ese endeudamiento.
Los datos son elocuentes: si en 1980 la deuda en España suponía el 16,48 % de nuestro PIB, con una cantidad de unos 425 millones de euros, solo tres años después se multiplicó por tres. En 1983 superaba ya el 30 % y para 1992 superaba el 50 % del PIB.
El 100 % de nuestro PIB se alcanzó en el año 2014, y en solo diez años, entre 2007 y 2017, la deuda pública se ha triplicado, pasando de 8.404 millones de euros a 24.527 millones de euros. Cifra que no guarda comparación con nuestro PIB, que entre esos mismos años, de 2007 a 2017, se ha mantenido prácticamente estable en torno a 1 billón de euros.
Ni un solo país del primer mundo, ni de lo que ahora denominamos “nuestro entorno”, ha duplicado su presión de la manera que lo ha hecho España. O nos hemos hecho muy ricos o nos hemos dejado engañar por los sucesivos dirigentes desde 1978.
Pero España consiguió demostrar por sí sola que era capaz de desarrollar e impulsar su economía y sus sectores productivos, consolidando una sociedad de corte capitalista industrializada, comparable a las de Italia o Francia, que ya llevaban décadas de ventaja.
La redistribución de la riqueza favoreció el crecimiento de nuevos profesionales autónomos y de los funcionarios. La expansión de la economía provocó una rápida transformación de la sociedad, que dejó atrás la miseria anterior a la Guerra Civil y, más aún, la situación vivida durante el conflicto entre 1936 y 1939.
Un dato relevante es el aumento del poder adquisitivo, que permitió la entrada de España en una sociedad de consumo con nuevos equipamientos hasta entonces insólitos en los hogares, como frigoríficos, los primeros televisores, automóviles como el Seat 600 o aspiradoras, que suponían nuevas cotas de comodidad y confort doméstico nunca vistas antes.
Este tipo de nueva sociedad quedaba reflejada en los novedosos anuncios de televisión.
Algunas leyes que se promulgaron durante aquella etapa y que cambiaron la faz de España para siempre fueron la nueva Ley General de Educación, que remodeló el sistema educativo y permitió reducir el analfabetismo, alcanzando niveles comparables a los de otros países avanzados.
La mujer comenzó a dejar el ámbito doméstico para incorporarse al mundo laboral y educativo, y muchas alcanzaron niveles universitarios altos comparables con los del resto de países europeos.
En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que remitía los delitos de oposición al régimen a la jurisdicción civil en vez de a la militar, como había sucedido durante la posguerra.
En 1966, Fraga promovió la Ley de Prensa, que suprimía la censura previa y permitía la publicación de nuevas revistas, periódicos y libros.
También se aprobó la Ley de la Seguridad Social, que amplió la cobertura social con cargo al Estado para los casos de enfermedad, vejez o viudedad, en términos que, en buena medida, continúan vigentes en la actualidad.
Asimismo, se aprobó la Ley de Libertad Religiosa, que reconocía la igualdad y la libertad de práctica de todas las religiones.
Otra ley importante fue la Ley Orgánica del Estado, que retocaba algunas Leyes Fundamentales y confirmaba la institución monárquica, definiendo a España como un reino, alejando la posibilidad de una nueva etapa republicana.
En 1969, de acuerdo con la Ley de Sucesión, Franco designó como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón y nieto del último monarca español, Alfonso XIII, abriendo así el camino hacia la España posterior a su etapa.
España, por otro lado, convergía con el resto del mundo occidental en su oposición al comunismo representado por la Unión Soviética.
En 1962, España solicitó el ingreso en la Comunidad Económica Europea, aunque esta petición fue denegada. Sin embargo, en 1970 se alcanzó un Acuerdo Preferencial que permitió reducir considerablemente los aranceles y favoreció las exportaciones españolas.
España también participó en el proceso de descolonización en África, al igual que otras potencias europeas. Francia pactó con el rey de Marruecos el reconocimiento de la independencia de la zona francesa del protectorado en 1956, lo que forzó a España a retirarse de Marruecos.
En 1968, España concedió la independencia a Guinea Ecuatorial y, en 1969, cedió a Marruecos el territorio de Ifni tras un conflicto. España solo conservó el Sáhara Occidental hasta 1975.
El bienestar social: ¿invento de Franco?
¿Cómo podía obtener la España de Franco los recursos para crecer?
Efectivamente, siempre queda la duda de cómo el régimen obtenía los recursos para sostener el país. Quienes vivieron aquella época, o se acercan a ella por experiencia directa o memoria generacional, pueden recordar las condiciones de vida y plantearse esta cuestión:
¿De dónde procedían los recursos que permitieron el avance económico?
Parafraseando a Stefan Zweig, la verdad de una cosa tiene que ser completa; si no, no es verdad.
Muchas personas y empresarios, en fechas anteriores a 1976, jamás hicieron declaración de ningún tipo y pocas o casi ninguna persona puede recordar que pagara muchos impuestos, fuera multada o sancionada por ello, o perseguida, salvo, claro está, que se tratara de un delincuente.
Los tiempos de Franco trajeron mucha normativa, legalidad, seguridad jurídica para inversores y empresarios, así como garantías de todo tipo para los ciudadanos.
La mayor parte de las leyes de Franco se han mantenido vigentes hasta hace pocas fechas, e incluso han sido consideradas constitucionales porque defendían los derechos generales de las personas bajo el prisma de la igualdad ante el Derecho y la justicia universal. Es por ello que muchas han pervivido y que la jurisprudencia generada entre 1939 y 1975, año de la muerte de Franco, ha sido la base jurídica que ha regido España durante el último medio siglo.
Una de las leyes de mayor impacto fue el Fuero del Trabajo. Recién finalizada la Guerra Civil, el 9 de marzo de 1938, Franco dicta la Ley del Fuero del Trabajo en beneficio de los trabajadores.
En base a esta ley fundamental, se aprobaron las siguientes normas:
- 1 de septiembre de 1939: Ley del Subsidio Familiar.
- 23 de septiembre de 1939: Ley del Subsidio de Vejez.
- 13 de julio de 1940: Ley de Descanso Dominical y Días Festivos.
- 25 de noviembre de 1942: Ley de Patrimonios Familiares.
- 14 de diciembre de 1942: Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Estas leyes crearon un marco jurídico de defensa del trabajador y de sus derechos que, según esta interpretación, ha sido difícilmente mejorable por normativas posteriores, incluyendo el Estatuto de los Trabajadores promulgado en 1980, impulsado por el ministro de la UCD Rafael Calvo Ortega, que intentó aglutinar en un solo documento lo establecido en las leyes anteriores de los años 1939 a 1942.
Para dar cobertura a la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad, durante este periodo se construyó una red hospitalaria dependiente de la Seguridad Social que agrupó 292 residencias hospitalarias, más de 500 ambulatorios, 425 consultorios y casi un centenar de residencias concertadas.
El propio Francisco Franco falleció en un hospital público, que durante mucho tiempo fueron considerados una opción de referencia. Aún hoy en día, el sistema sanitario español mantiene un alto nivel de valoración a nivel internacional.
A partir del 26 de enero de 1944, apenas unos años después de finalizada la contienda, el mundo del trabajo y la economía nacional experimentaron un cambio significativo con la aprobación de nuevos modelos de contrato laboral que incorporaban vacaciones retribuidas, protección por maternidad para las mujeres trabajadoras y diversas garantías laborales.
Todo ello constituyó una base relevante para el desarrollo posterior del llamado estado del bienestar, que se consolidaría especialmente a partir de mediados de la década de los años sesenta.
El 19 de noviembre de 1944 se instituyó la paga extraordinaria de Navidad, de enorme repercusión social, y una novedad que extendió el sentido del bienestar de las personas, familias y trabajadores. El 18 de julio de 1947 se instituyó la paga extraordinaria del 18 de julio. Las pagas de verano y de Navidad de las que se disfruta en la actualidad tienen su origen en estas medidas.
Con fecha de 14 de junio de 1950 se ordenó la reforma del I.N.P. para una mejor cobertura en la acción protectora, y el 22 de junio de 1956 se promulgó el marco normativo que regulaba los accidentes de trabajo. Un par de años después, el 24 de abril de 1958, se reguló también el sistema de convenios colectivos, cuyo origen se sitúa en este periodo histórico.
Hubo otras muchas normativas y leyes que han tenido amplia repercusión para entender el marco regulatorio de la actividad productiva, empresarial y laboral en España, y que en gran medida se desarrollaron en esta etapa. Algunas de ellas son:
- Creación de la Mutualidad Agraria (23 de abril de 1959), que encuadraba a 2.300.000 trabajadores del campo, por cuenta ajena y propia.
- Seguro de Desempleo (2 de abril de 1961).
- Ayuda a la Ancianidad (14 de junio de 1962).
- Ley de Bases de la Seguridad Social (28 de diciembre de 1963).
- Régimen Especial Agrario (31 de mayo de 1966).
- Ordenanza General del Campo (2 de octubre de 1969), que establecía la jornada laboral de 8 horas.
- Mutualidad de Autónomos Agrícolas (20 de agosto de 1970).
- Ley de Empleo Comunitario (23 de diciembre de 1970).
De acuerdo con la Ley del 9 de julio de 1976, los trabajadores españoles contaban con cobertura en diversas contingencias por parte del Estado:
- Seguro de desempleo.
- Subsidio de vejez.
- Invalidez permanente total.
- Invalidez absoluta.
- Gran invalidez.
- Protección a discapacitados y disminuidos.
- Subsidio de ancianidad.
- Enfermedad común no laboral.
- Accidente común no laboral.
- Subsidio familiar.
- Protección a familias numerosas.
- Asistencia farmacéutica.
- Asistencia médica.
- Asistencia hospitalaria.
- Vacaciones retribuidas.
- Descanso dominical y días festivos.
- Paga extraordinaria de Navidad.
- Paga extraordinaria del 18 de julio.
- Pagas sobre beneficios.
- Convenios colectivos.
- Representantes sindicales liberados.
- Jurados de empresa.
- Representación en los consejos de administración de las empresas.
Resultaría difícil enumerar algún Estado que haya podido impulsar tantas reformas, y tan trascendentales para un país, como las que se desarrollaron durante el periodo de Francisco Franco y que, además, perduraron durante varios decenios, incluso más allá de la incorporación de España a la Unión Europea.
Algunos expertos justifican esta serie de aciertos en la inexistencia de partidos políticos o de políticos en el sentido convencional, señalando que el impulso de estas reformas recaía en funcionarios y altos funcionarios cuyo objetivo principal era la mejora del país.
La inexistencia de transferencias a Comunidades Autónomas —que no existían entonces—, así como la ausencia de procesos electorales, habría favorecido, según estas interpretaciones, que el país siguiera una trayectoria centrada exclusivamente en el desarrollo y el progreso.
Otros analistas van más allá y sostienen que el periodo comprendido entre 1975 y la entrada de España en el euro en 2002, aproximadamente 27 años, estuvo marcado por el aprovechamiento de las bases económicas y sociales establecidas en etapas anteriores. En este sentido, señalan el crecimiento del endeudamiento público —superior al 100 % del PIB— como un elemento relevante en la evolución posterior.
Sin embargo, queda una cuestión compleja de analizar: cómo comparar o contrastar un sistema como el existente durante el periodo de Franco con el sistema democrático actual.
Desde algunas perspectivas, se plantea que determinados elementos de protección social o estabilidad pueden influir en la valoración que distintas personas hacen de uno u otro periodo. No obstante, estas comparaciones dependen en gran medida del enfoque, los criterios utilizados y el contexto histórico considerado.
En cualquier caso, resulta necesario abordar este tipo de análisis con cautela, teniendo en cuenta la complejidad de los factores políticos, económicos y sociales implicados en cada etapa.
Finalmente, debemos reconocer que los regímenes como el instaurado por Franco pueden mantener algunos espacios de libertad de manera distinta a las democracias. Puede que en tiempos de Franco no se pudiera votar, pero en ocasiones se plantea que el hecho de votar no siempre garantiza por sí mismo la revisión de determinadas situaciones dentro del sistema.
Hoy tampoco pueden realizarse algunas prácticas que eran habituales en el pasado, como fumar en bares o asistir a determinados espectáculos en ciertas ciudades.
Modelo: La economía de Franco
Hubo una ocasión en que Francisco Franco tuvo que enfrentarse a una propuesta de subida gradual de impuestos y de aumento de la presión fiscal. Esta recomendación procedía de diversos informes técnicos elaborados en aquel momento.
Este episodio está relatado por la profesora Rocío Sánchez Lissen en su obra Los economistas de la “Escuela de Madrid”, publicada en Madrid en 2007 por el Instituto de Estudios Económicos.
En la página 171 se menciona que, el 10 de junio de 1973, Enrique Fuentes Quintana y el ministro de Hacienda, Alberto Monreal, acudieron a El Pardo para presentar a Franco el denominado “Libro Verde” sobre la reforma tributaria.
La propuesta consistía en una subida significativa de los impuestos, basada en argumentos habituales de la Hacienda Pública: la necesidad de equiparar la fiscalidad española con la europea, el incremento de la demanda de servicios públicos debido al aumento de la renta y criterios de redistribución.
Según recoge la obra citada, Franco mostró inicialmente agradecimiento por el trabajo realizado y pareció satisfecho con el resultado.
Sin embargo, al día siguiente, el ministro Monreal, nombrado en 1969, fue cesado. Tal como relata la autora, la sorpresa fue considerable, y tanto Enrique Fuentes Quintana como su equipo del Instituto de Estudios Fiscales temieron por su propia continuidad.
Finalmente, no se produjeron más destituciones y se nombró a Barrera de Irimo como nuevo ministro de Hacienda.
Franco sencillamente no quería a nadie a su alrededor que no tuviera los mismos objetivos que el resto de sus sucesivos gobiernos. Lo cesó probablemente no por no coincidir plenamente con él, sino porque dichos planteamientos confrontaban con las ideas que se estaban intentando mantener en un momento tan difícil como era la crisis de mediados de los años setenta. Sencillamente, no había identidad de criterios.
Existe otra anécdota del ministro de Obras Públicas, el diplomático Gonzalo Fernández de la Mora, relatada por el propio protagonista. Según Fernández de la Mora, Franco le convocó al despacho del Palacio de El Pardo cuando iba a ser nombrado ministro.
El propio Fernández de la Mora relató que nunca supo hasta el último instante que iba a ser designado, y que, al entrar en el despacho, conversaron sobre la situación internacional, la crisis mundial y otros asuntos generales. En ese contexto, Franco le dijo:
“Don Gonzalo, no quiero que venga a los Consejos de Ministros solo para acatar lo que se traiga a aprobación, sino que se discuta y se traigan proyectos”.
Esta anécdota coincide con los testimonios de otros ministros y colaboradores, que destacan la exigencia de preparación, eficacia y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad.
Lo que se buscaba en los ministros o altos funcionarios era la efectividad, la brillantez y la capacidad de gestión en niveles elevados de exigencia. Fernández de la Mora encajaba en ese perfil, reuniendo condiciones de mérito y capacidad destacadas.
España presentó también algunos problemas derivados de su dependencia de la tecnología y de las inversiones extranjeras, lo que implicaba importantes necesidades de capital y cierta vinculación a decisiones externas. Algo similar ocurría con el sistema financiero, que mostraba limitaciones estructurales.
Asimismo, los beneficios del crecimiento económico no siempre se tradujeron en una mejora homogénea del desarrollo, ya que persistieron desequilibrios en la redistribución y en la dotación de infraestructuras.
Los datos demográficos reflejan una mejora de la situación general. La población pasó en la década de 1960 de 30,4 a 33,8 millones de personas, alcanzando los 35,8 millones en 1975.
Este crecimiento fue consecuencia de varios factores: el descenso de la mortalidad —especialmente la infantil—, el aumento de la esperanza de vida y las políticas demográficas de la época, que dieron lugar al denominado “baby boom”.
Los movimientos migratorios también fueron relevantes, destacando un intenso éxodo rural, especialmente desde regiones como Andalucía, Castilla, Aragón y Extremadura.
La mecanización y modernización del campo contribuyeron de manera significativa a estos desplazamientos de población hacia entornos urbanos.
Más de 1,3 millones de españoles salieron a buscar trabajo a Francia, Alemania y Suiza, iniciando un proceso de despoblación rural que se ha prolongado hasta nuestros días.
Hay un aspecto que resulta difícil de encajar con la imagen de Franco como “dictador militar”, tal y como a menudo se simplifica, y es el hecho de que, pese a haber mostrado posiciones antiliberales en distintos ámbitos durante décadas, en determinados momentos adoptara decisiones que algunos interpretan como favorables a los contribuyentes.
En concreto, se señala que no se aplicaron subidas de impuestos en ese periodo, ni siquiera durante la crisis del petróleo de comienzos de los años setenta, incluyendo los últimos años de su vida.
Esto ha llevado a algunos a plantear si pudo existir una orientación más cercana al liberalismo económico en determinadas decisiones. Sin embargo, se trata de una cuestión sujeta a interpretación y debate.
La propuesta de subida de impuestos impulsada por Fuentes Quintana no llegó a aplicarse durante ese periodo. Tras un intento fallido en 1976 con Cabello de Alba, sería finalmente en 1977 cuando se implementaron reformas fiscales, con Fuentes Quintana como ministro de Economía y Francisco Fernández Ordóñez al frente de Hacienda.
