INTRODUCCIÓN
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 abrió una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales en España, pero también desencadenó una oleada de violencia y legislación hostil contra la Iglesia católica sin precedentes en la historia contemporánea del país. Apenas un mes después del cambio de régimen, los sucesos de mayo de 1931 revelaron la existencia de un anticlericalismo radical dispuesto a actuar con impunidad ante la pasividad —cuando no la connivencia— de las autoridades.
A partir de ese momento, la relación entre la República y la Iglesia quedó gravemente dañada. A la violencia callejera se sumó una legislación claramente sectaria que limitó la libertad religiosa, expulsó órdenes religiosas y marginó el catolicismo de la vida pública. Estos hechos no solo provocaron la ruptura definitiva entre ambas instituciones, sino que contribuyeron decisivamente a la polarización política y social que marcaría el destino del régimen republicano.
ATAQUES SISTEMÁTICOS CONTRA LA IGLESIA DESDE 1931
Durante los días 11, 12 y 13 de mayo, cuando aún no había transcurrido un mes desde la proclamación republicana, en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz se produjeron las primeras manifestaciones violentas del más desenfrenado anticlericalismo, con asaltos, saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos, que la fuerza pública no impidió, porque tanto la Guardia Civil como los bomberos permanecieron al margen.
Casi un centenar de edificios religiosos quedaron total o parcialmente destruidos.
La polémica sobre las responsabilidades del Gobierno por estos hechos sigue abierta, aunque el historiador no puede entrar en ella porque «no quedan actas judiciales del proceso, que no llegó a iniciarse, contra los autores de tales desmanes. Ya esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia de por sí que el Gobierno rehuía aclaraciones excesivas de lo ocurrido».
Miguel Maura, ministro de la Gobernación, en un discurso pronunciado en el Cine Ópera el 10 de enero de 1932, dio una versión de estos sucesos en la que, al intentar defenderse declarando que él mismo pidió la intervención de la fuerza pública para reprimir con energía los desmanes, escuchó de un ministro estas palabras: «Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito».
Sin embargo, Alcalá-Zamora afirma que Maura «permitió o favoreció con su actitud la propagación de los incendios».
No debe sorprender la indiferencia de las autoridades civiles ante hechos tan graves si se considera que en Málaga el gobernador militar González Caminero ordenó la retirada de la fuerza pública que trataba de evitar el incendio y la destrucción del palacio episcopal y la residencia de los jesuitas. El mismo gobernador envió al ministro de la Guerra el siguiente telegrama: «Hoy ha comenzado quema de conventos. Mañana continuará».
Estos luctuosos sucesos demostraron lo que Sánchez Albornoz plasmó en una frase lapidaria: «Los viejos republicanos eran masones y rabiosamente anticlericales».
Esta actitud queda confirmada por un episodio referido por el propio Maura: «Al proclamarse la República, recibí —cuando hacía unas horas que estaba en el Ministerio de la Gobernación— un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nombre no hace al caso: “Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura”».
Los temores de muchos católicos quedaron confirmados con las violencias de aquellos aciagos días de mayo de 1931 y con otros hechos semejantes que se repetirían a lo largo de 1932 en Zaragoza, Córdoba y Cádiz (enero), Sevilla (abril), Granada (julio) y Cádiz, Sevilla y Granada (octubre).
No sorprendieron, pues, las contundentes afirmaciones del obispo de Tarazona, Isidro Gomá, futuro cardenal primado, quien afirmó que «España había entrado ya en el vórtice de la tormenta», ni las del cardenal Segura, para quien «nuestra patria ha sufrido un duro golpe con los sucesos de estos días».
Desde ese momento quedaron enturbiadas las relaciones entre la República y la Iglesia, como reconocieron destacados políticos del momento. El presidente del Gobierno provisional declaró que las consecuencias de los incendios «para la República fueron desastrosas: le crearon enemigos que no tenía; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de otros, como Holanda».
Lerroux calificó los incidentes de mayo como «un crimen impune de la demagogia», y Maura admitió que se trató de un «bache» que pudo haber sido definitivo para el nuevo régimen.
Las tensiones aumentaron con el destierro del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, acusado de fomentar manifestaciones carlistas. Esta medida provocó la dimisión momentánea del presidente Alcalá-Zamora y abrió el camino a nuevas expulsiones, como la del cardenal Segura el 15 de junio de 1931, por su abierta hostilidad al régimen.
LEGISLACIÓN SECTARIA Y ANTIRRELIGIOSA
Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931, comenzó de inmediato una legislación abiertamente antirreligiosa. El 16 de enero de 1932 se ordenó retirar los símbolos religiosos de las escuelas; el 24 de enero fue disuelta la Compañía de Jesús; el 2 de febrero se aprobó la ley del divorcio; el 6 se secularizaron los cementerios y el 11 de marzo quedó suprimida la asignatura de Religión en los centros docentes.
La disposición más polémica fue la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada el 17 de mayo de 1933, que limitó gravemente el ejercicio del culto y sometió la vida eclesial al control de las autoridades civiles. Alcalá-Zamora retrasó su firma por considerarla persecutoria, y numerosos diputados católicos la denunciaron públicamente.
RESPUESTA DE LA IGLESIA A LOS ATAQUES LEGISLATIVOS
Ante la legislación sectaria y los atentados contra templos y comunidades religiosas, la actitud inicial de respeto hacia la República comenzó a evolucionar. El 1 de enero de 1932 los obispos publicaron una pastoral colectiva en la que afirmaban que la Iglesia había dado pruebas de moderación y generosidad, pero denunciaban que la Constitución representaba «una verdadera oposición agresiva» a la libertad religiosa.
Siguieron otros documentos colectivos, y el más importante antes de la guerra fue el texto de los metropolitanos del 25 de mayo de 1933, con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, seguido por la encíclica Dilectissima nobis de Pío XI y la pastoral Horas graves del arzobispo primado Isidro Gomá.
Los obispos denunciaron el «trato durísimo» infligido a la Iglesia, la contradicción entre la legalidad constitucional y la violación de la libertad religiosa, la expoliación del patrimonio eclesiástico y el atropello al derecho de los padres a educar cristianamente a sus hijos.
Pío XI protestó solemnemente contra la ley y llamó a los católicos españoles a unirse disciplinadamente para defender los derechos imprescriptibles de la Iglesia, subordinando todo al bien común de la patria.
TESTIMONIO DE TARANCÓN
El entonces joven sacerdote Vicente Enrique y Tarancón recordaba aquellos años como un tiempo de intensa politización:
«Las sacristías se convirtieron en centros de conspiración. Los sacerdotes sentíamos el deber de tomar partido… La política atacaba al Altar, y la Iglesia tenía el deber de defenderlo».
La quema de conventos, la Constitución laica, la expulsión de los jesuitas y la legislación persecutoria alimentaron un clima de militancia política entre el clero, que consideraba imposible la neutralidad ante lo que percibía como un ataque frontal al catolicismo en España.
CONCLUSIÓN
Los ataques contra la Iglesia durante la Segunda República no fueron episodios aislados ni meras explosiones de violencia popular, sino el resultado de un clima ideológico profundamente anticlerical que encontró respaldo —explícito o tácito— en amplios sectores del poder político. La quema de conventos de mayo de 1931, la ausencia de responsabilidades judiciales y la posterior legislación antirreligiosa consolidaron una percepción de persecución que alteró de forma irreversible la convivencia institucional.
La respuesta de la Iglesia, inicialmente moderada y respetuosa, evolucionó hacia una defensa firme de sus derechos ante lo que consideraba una agresión sistemática a la libertad religiosa y al orden moral. Las pastorales colectivas, las encíclicas pontificias y la creciente implicación política del clero reflejan hasta qué punto la neutralidad resultó inviable en un contexto de hostilidad abierta.
Este enfrentamiento no solo debilitó a la República, como reconocieron destacados dirigentes del propio régimen, sino que contribuyó a radicalizar posiciones y a erosionar el consenso social necesario para la estabilidad democrática. La cuestión religiosa, mal gestionada desde el poder, se convirtió así en uno de los factores más decisivos en la quiebra del proyecto republicano y en la posterior tragedia nacional.
