INTRODUCCIÓN
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 supuso un cambio político profundo que alteró de forma decisiva el equilibrio entre el Estado y la Iglesia católica en España. Aunque el nuevo régimen nació tras unas elecciones municipales y sin un enfrentamiento armado, sus consecuencias institucionales fueron inmediatas y de gran alcance. Entre ellas, destacó el replanteamiento del papel público de la Iglesia, una institución históricamente vinculada al poder político.
Lejos de la imagen de oposición frontal que posteriormente se consolidaría, la Iglesia adoptó en los primeros momentos una actitud de acatamiento, moderación e incluso colaboración con las nuevas autoridades republicanas. Sin embargo, el desarrollo de una legislación laicista, el crecimiento del anticlericalismo y la progresiva marginación religiosa provocaron un deterioro rápido y profundo de las relaciones, generando un conflicto que marcaría decisivamente el rumbo de la República y la percepción mutua entre católicos y republicanos.
ENFRENTAMIENTO DE LA REPÚBLICA CON LA IGLESIA
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que dieron la victoria a los candidatos monárquicos frente a los republicanos, socialistas y comunistas. Sin embargo, los republicanos triunfaron en las grandes ciudades y, en concreto, en Madrid.
El día 13 se produjeron agitaciones callejeras mientras los políticos celebraban consultas. El 14, los exponentes republicanos decidieron proclamar la II República. El rey Alfonso XIII, percatándose de la gravedad de la situación y para evitar enfrentamientos entre españoles y derramamiento de sangre, decidió salir de Madrid hacia Cartagena y, al día siguiente, se trasladó por mar hasta Marsella.
El 16 quedó constituido el primer gobierno provisional republicano, bajo la presidencia del moderado Niceto Alcalá-Zamora, y dos días más tarde, en Cataluña, Francesc Macià formó el Gobierno de la Generalitat.
La Iglesia, lo mismo que la mayoría de los españoles, no esperaba que el resultado de unas elecciones administrativas produjera un cambio político tan radical. Desde el primer momento adoptó no solo una actitud de acatamiento y sumisión, sino incluso de abierta colaboración en defensa de los intereses superiores del país. En un editorial publicado el 15 de abril en el diario católico El Debate se afirmaba: «La República es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla».
La Santa Sede pidió a sacerdotes, religiosos y católicos que demostraran el máximo respeto hacia el gobierno republicano para asegurar el mantenimiento del orden y del bien común. El obispo de Barcelona, Manuel Irurita, en una circular publicada el 16 de abril, ordenó a los sacerdotes «no mezclarse en contiendas políticas» y que «guarden con las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas», indicándoles además la conveniencia de hacer rogativas públicas para que el Señor «derrame sobre la Patria y sus gobernantes las gracias tan necesarias en los actuales momentos».
El nuncio Federico Tedeschini visitó en diversas ocasiones al ministro de Gracia y Justicia, Fernando de los Ríos, con quien mantuvo relaciones no solo correctas, sino incluso cordiales.
La jerarquía actuó con gran sentido de respeto y colaboración hacia la República. Demostró una moderación y un talante liberal al que no estaba acostumbrada, quizá por el influjo que los cardenales Vidal i Barraquer, de Tarragona, e Ilundáin, de Sevilla, ejercieron sobre los obispos tras la dimisión del cardenal Segura como primado de Toledo.
Este, junto con el obispo Múgica, de Vitoria, provocó el único incidente grave con el nuevo régimen en los primeros meses, pero fue resuelto en pocos días. Los documentos procedentes del archivo del que fue arzobispo de Tarragona demuestran la sensatez que en todo momento inspiró sus relaciones con las autoridades republicanas. Consiguió, además, que los otros obispos actuaran de la misma forma.
Pero cuando las provocaciones comenzaron a llegar desde los poderes nacionales, regionales y municipales, y cuando la opresión y discriminación de los católicos fue cada vez más insistente, la jerarquía se vio obligada a intervenir con duros escritos públicos y privados. Esta actitud fue compartida también por el papa Pío XI, que en diversas circunstancias elevó su voz autorizada para denunciar las violaciones de la libertad religiosa que, en nombre de una mal entendida democracia, cometían las autoridades republicanas.
El cardenal Tarancón ha escrito a este propósito:
«Ni yo ni la mayoría de los curas que conocí recibimos con absoluta hostilidad a la República. La propia jerarquía había mostrado su acatamiento al poder constituido. Aunque la verdad es que nadie acabó de creer que tal acatamiento fuera sincero y verdadero. Los republicanos lo consideraban puro oportunismo. La derecha tradicional lo juzgaba una traición. Para mí era una postura coherente… La verdad es que la República fue claramente antirreligiosa y que pronto entre los católicos comenzó a sentirse hacia ella una hostilidad que hizo que todos viéramos como bienvenido el Alzamiento».
¿TUVO ALGUNA RESPONSABILIDAD LA IGLESIA?
Desorientada ante el rumbo que tomarían los acontecimientos, la Iglesia fue el centro de atención del nuevo régimen tanto por parte de los republicanos como de los que seguían fieles al antiguo régimen. Acusada injustamente y vilipendiada por sus adversarios tradicionales con una serie de exageraciones y calumnias, cuya falsedad ha quedado históricamente demostrada, la Iglesia no estuvo, sin embargo, exenta de errores, retrasos, planteamientos equivocados e iniciativas discutibles.
Aunque desde finales del siglo XIX muchos eclesiásticos fueron sensibles a los grandes movimientos sociales procedentes del extranjero, la Iglesia no llegó a penetrar con eficacia en los ámbitos políticos y culturales más avanzados de la nación.
Según José María Gil Robles, «había comenzado a brotar en esos años, con innegable retraso, un cierto sentido social, traducido en obras positivas, que no llegó a dar sus frutos por el indiferentismo de la mayoría de las gentes y, en ciertos casos —sobre todo en el orden del sindicalismo industrial—, por una concepción radicalmente equivocada».
José Ortega y Gasset, durante una conferencia pronunciada el 6 de octubre de 1931 en el Cinema de la Ópera de Madrid, afirmó que la Iglesia, favorecida por el Estado, aparecía poseyendo un poder social que no procedía de sus propias fuerzas, sino del apoyo estatal, lo que falsificaba la ecuación real de las fuerzas sociales y terminaba desmoralizándola.
Salvador de Madariaga compartía esta tesis cuando afirmaba que la Iglesia solía ponerse «infaliblemente al lado de las peores causas de la vida nacional».
Estos juicios, aunque exagerados —y en algunos casos falsos—, describen la imagen que la Iglesia ofrecía al mundo laico español en 1931. Las dos grandes acusaciones lanzadas contra ella —ingente poder económico y escaso sentido social— penetraron en la conciencia de las masas populares, instigadas por un anticlericalismo ciego y violento.
A pesar de ello, tales juicios resultan excesivamente negativos e injustos, pues solo ponen de relieve los aspectos menos ejemplares del clero, olvidando sus virtudes y méritos en el ejercicio callado y oculto del ministerio. Es cierto que persistía una intransigencia sociopolítica y religiosa difundida durante decenios por el integrismo, que había provocado graves polémicas intraeclesiales.
Las responsabilidades aducidas para justificar la presión anticlerical del régimen republicano no eran solo de la Iglesia, sino también, y en mayor medida, del Estado.
ANTICLERICALISMO INTELECTUAL Y POPULAR
Se entiende por anticlericalismo una reacción más o menos fuerte contra la excesiva interferencia del poder clerical en los asuntos políticos o sociales. Sus antecedentes literarios se hallan ya en la Edad Media y el Siglo de Oro, pero el anticlericalismo moderno se vigoriza con el racionalismo ilustrado, el liberalismo del siglo XIX y el positivismo científico.
La reacción anticlerical se situó principalmente en dos campos: la educación y la política. En ambos, los abusos reales o percibidos de influencia clerical fueron interpretados como freno al progreso. En la lucha entre lo antiguo y lo moderno, el clero español se alineó mayoritariamente con lo primero, lo que generó una profunda animadversión en amplios sectores intelectuales.
A ello se sumaron otras causas: el sectarismo político, las sociedades secretas y, sobre todo, una profunda descristianización de la sociedad española. Existía un alto grado de clericalismo propio de un Estado confesional, lo que explica la persistencia de rebrotes anticlericales hasta nuestros días.
Desde 1868 se acentúan los signos de irreligiosidad: robos sacrílegos, blasfemias, irreverencias públicas, destrucción de imágenes y profanaciones. La reacción católica dio lugar a asociaciones de defensa, actos de reparación y manifestaciones públicas de fe.
Durante el reinado de Alfonso XIII permanecieron latentes dos corrientes anticlericales: una intelectual y otra popular. La masonería desempeñó un papel singular durante la II República, especialmente en el ámbito educativo, a través de la Institución Libre de Enseñanza, que influyó decisivamente en la formación de las élites republicanas.
El anticlericalismo intelectual no buscó la violencia, pero penetró en la mentalidad colectiva a través de la escuela y la universidad. El anticlericalismo popular, en cambio, se manifestó con frecuencia en disturbios, ataques a templos y agresiones personales.
Tras el 14 de abril de 1931, el anticlericalismo reprimido durante la Dictadura estalló abiertamente. Se fundaron editoriales y publicaciones abiertamente hostiles a la fe cristiana y a la Iglesia, sin control alguno por parte de las autoridades. La legislación laicista y los tumultos callejeros fueron las primeras consecuencias.
A los dos años de la proclamación de la República, el entonces obispo de Tarazona, futuro cardenal Gomá, escribía:
«España es católica… pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca tensión en millones de ciudadanos».
CONCLUSIÓN
La relación entre la Iglesia y la Segunda República fue compleja, cambiante y profundamente condicionada por factores políticos, sociales e ideológicos acumulados durante décadas. Frente a la idea de una Iglesia intrínsecamente hostil al nuevo régimen, los hechos muestran una actitud inicial de respeto institucional y voluntad de convivencia, tanto por parte de la jerarquía eclesiástica como de la Santa Sede.
No obstante, la rápida implantación de un proyecto laicista radical, unido a un anticlericalismo intelectual y popular cada vez más agresivo, condujo a una situación de enfrentamiento abierto. La Iglesia, acusada de privilegios y atraso social, fue objeto de una presión política y cultural que terminó generando una reacción defensiva y una creciente hostilidad mutua.
Si bien la institución eclesiástica no estuvo exenta de errores, retrasos y planteamientos discutibles, las responsabilidades del conflicto no pueden atribuirse exclusivamente a ella. El Estado republicano, al optar por una política de confrontación en lugar de integración, contribuyó decisivamente a radicalizar posiciones. El resultado fue una fractura religiosa y social que debilitó la convivencia democrática y dejó una huella duradera en la historia contemporánea de España.
