INTRODUCCIÓN
La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 marcó el inicio de una de las etapas más violentas y desestabilizadoras de la historia contemporánea de España. Desde los primeros días del nuevo gobierno se desencadenó una oleada de desórdenes públicos, atentados, incendios y agresiones que afectaron de manera especialmente intensa a la Iglesia católica, convertida ya en objetivo prioritario del extremismo revolucionario.
Entre febrero y julio de 1936 se creó un clima de terror sistemático, alimentado por la impunidad de los agresores, la censura informativa y la pasividad —cuando no la complicidad— de numerosas autoridades civiles. Los ataques a templos, comunidades religiosas y clero no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica de persecución que preparó el terreno para el estallido de una violencia aún mayor tras el inicio de la guerra. Estos meses constituyen, por tanto, una fase decisiva para comprender el alcance y la naturaleza de la persecución religiosa en España.
ATENTADOS CONTRA LA IGLESIA DESDE FEBRERO HASTA JULIO DE 1936
El 7 de enero de 1936 quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la II República y convocadas las elecciones generales, que tuvieron lugar el 16 de febrero y dieron la victoria al Frente Popular, formado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista. De esta forma llegaron al poder algunos de los partidos más violentos y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar.
Comenzó desde el 16 de febrero una serie de huelgas salvajes, alteraciones del orden público, incendios y provocaciones de todo tipo, que llenaban las páginas de los periódicos y los diarios de sesiones de las Cortes, si bien una rigurosa censura estatal, impuesta a la prensa, impidió que muchos de los hechos más execrables fueran divulgados. La complicidad de autoridades diversas en algunos de ellos fue a todas luces evidente. Se incrementó sensiblemente desde aquella fecha la prensa anticlerical y facciosa, que incitaba a la violencia, como La Libertad, El Liberal y El Socialista.
Según datos oficiales recogidos por el Ministerio de la Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos; algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos. Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias; otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas.
En algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto o lo limitaron, prohibiendo el toque de las campanas, la procesión con el viático y otras manifestaciones religiosas. También fueron profanados algunos cementerios y sepulturas, como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia), y los cadáveres de las religiosas del mismo convento. Frecuentes fueron los robos del Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas. Parodias de carnavales sacrílegos se realizaron en Badajoz y Málaga.
Los atentados personales afectaron a varios sacerdotes, pues además de los muertos —que fueron diecisiete— otros sufrieron encarcelamientos, golpes o heridas. Pero, a pesar de todas estas amenazas, la mayoría de los sacerdotes permanecieron fieles en sus ministerios con el consiguiente riesgo, mientras que los religiosos fueron expulsados de todos los centros oficiales.
En muchas poblaciones los desmanes se cometieron con el consentimiento de las autoridades locales y en otras éstas impidieron la defensa de los católicos. En todas partes quedaron impunes los malhechores.
Se creó, pues, un clima de terror en el que la Iglesia era el objetivo fundamental. Para fomentar el odio y la aversión contra ella se multiplicaron las acusaciones falsas, y el 14 de mayo llegó a circular por Madrid la voz de que las religiosas salesianas distribuían a los niños caramelos envenenados, provocando el asalto e incendio del colegio, con agresiones violentas a las monjas, muchas de las cuales quedaron gravemente heridas. El Gobierno trató, en esta circunstancia, de esclarecer los hechos y declaró oficialmente que dichas acusaciones eran falsas.
Todas las acciones revolucionarias y de propaganda demagógica fueron hábilmente desarrolladas por grupos extremistas de izquierda: los anarquistas con su sindicato, la FAI; los socialistas más radicales de Largo Caballero, conocido como el «Lenin español»; y los comunistas, con ideología y métodos estalinistas. Todo este explosivo conjunto fue incitado por la fobia anticlerical y anticristiana de la masonería.
Por ello, cabe preguntarse:
«¿Hará falta insistir en que, al margen de la propia guerra civil y con antelación a la misma, estaba minuciosamente previsto el programa de persecución a la Iglesia?».
Ante estos hechos, el 12 de mayo de 1936 Pío XI denunció el peligro del comunismo en todas sus formas y grados como el primero, el mayor y el más general de los peligros que amenazaban al mundo en aquellos momentos, porque impugnaba e insidiaba la dignidad individual, la santidad de la familia, el orden y la seguridad de la convivencia civil y, sobre todo, la religión hasta la negación abierta y organizada de Dios y la impugnación de la religión cristiana y de la Iglesia católica. Según el Papa, las pruebas documentadas de los ensayos realizados hasta ese momento por el comunismo eran Rusia, Méjico, España, Uruguay y Brasil.
APOGEO DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN EL VERANO DE 1936
La persecución religiosa desencadenada abiertamente durante el verano de 1936 por los partidos políticos y agrupaciones sindicales más violentos y exaltados es un hecho tan universalmente conocido que no necesitaría ulterior estudio, si no fuera porque coincidió con la sublevación militar frente al Gobierno republicano.
Antes de seguir con otras consideraciones es oportuno condensar los datos globales de la tragedia, admitidos hoy sin discusión por historiadores de todas las tendencias. Según los datos ofrecidos por Montero en 1960, de los 6.832 muertos, 4.184 pertenecen al clero secular, incluidos doce obispos y un administrador apostólico; 2.365 son religiosos y 283 religiosas. No es posible ofrecer cifras fiables sobre los seglares católicos asesinados por motivos religiosos, pero fueron probablemente varios millares.
Iribarren afirma que desde el 1 de enero hasta el 18 de julio de 1936 habían sido asesinados diecisiete sacerdotes y religiosos. En los últimos días de julio el número ascendió a 861, y sólo el día 25 de julio fueron martirizados noventa y cinco miembros del clero. En agosto se alcanzó el máximo, con 2.077 asesinatos, una media de setenta diarios, entre ellos diez obispos.
Cuando Pío XI habló el 14 de septiembre de 1936, las víctimas se aproximaban ya a las 3.400. Según Tarancón, la carta colectiva del Episcopado no provocó represalias, sino que contuvo la sangría, pues el noventa por ciento de los sacerdotes asesinados había muerto antes de su publicación.
Desde 1937 las muertes decrecieron sensiblemente. Iribarren concluye que los obispos temieron la total aniquilación de la Iglesia en la España republicana y que el eco mundial de la pastoral contribuyó a frenar los asesinatos.
Las declaraciones de dirigentes revolucionarios como Andrés Nin, José Díaz o la prensa anarcosindicalista demuestran que la eliminación de la Iglesia fue considerada un objetivo cumplido. Documentos de la CNT y la FAI acreditan que existieron consignas explícitas para la destrucción de iglesias y el exterminio del clero.
Los comités revolucionarios actuaron impunemente, con protección política, ejecutando detenciones y asesinatos sin proceso judicial alguno.
El memorándum presentado por Manuel de Irujo el 9 de enero de 1937 describe con precisión la situación: suspensión total del culto, destrucción sistemática de templos, profanación de objetos sagrados, exterminio del clero y prohibición incluso de conservar imágenes religiosas en domicilios privados.
Los testimonios diplomáticos extranjeros confirman que la persecución fue organizada, sistemática y tolerada por las autoridades republicanas, y que el catolicismo fue excluido deliberadamente de la libertad de cultos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PERSECUCIÓN
La Iglesia quedó automáticamente identificada con uno de los bloques del conflicto. La persecución tuvo un proceso de preparación, alcanzó su cénit tras el 18 de julio de 1936 y se caracterizó por su motivación esencialmente religiosa: in odium fidei, in odium Ecclesiae.
Aunque existieron casos con motivaciones políticas o sociales, la mayoría de las muertes se produjeron por la sola condición de sacerdote, religioso o creyente. Hubo ejecuciones masivas sin distinción de edad o condición, precedidas casi siempre de torturas, ultrajes y profanaciones.
La persecución fue también un “martirio de las cosas”: destrucción sistemática del patrimonio artístico y religioso, profanación de la Eucaristía, demolición de templos y monumentos, y consignas públicas para erradicar todo vestigio de lo sagrado.
La razón última fue anticristiana y antidivina: eliminar a Dios de la sociedad. Por ello se intentó forzar la blasfemia, la apostasía y la traición sacramental, sin conseguirlo en la inmensa mayoría de los casos.
Todo ello demuestra que la persecución religiosa en España fue premeditada, organizada, sistemática y dirigida contra la fe cristiana en cuanto tal.
CONCLUSIÓN
Los atentados contra la Iglesia entre febrero y julio de 1936 evidencian que la persecución religiosa no fue una consecuencia improvisada de la Guerra Civil, sino un proceso previamente incubado, organizado y sostenido por sectores radicalizados del Frente Popular y del movimiento revolucionario. La violencia contra el clero, la destrucción sistemática de templos y la supresión del culto se desarrollaron en un contexto de terror, propaganda anticristiana y ausencia total de garantías jurídicas.
El verano de 1936 representó el apogeo de esta persecución, que alcanzó dimensiones trágicas y sin precedentes en Europa occidental. Los datos, hoy aceptados por historiadores de todas las corrientes, confirman que la motivación esencial de los asesinatos fue religiosa: se persiguió a la Iglesia por lo que era y representaba, no por hechos individuales o responsabilidades políticas concretas.
La identificación automática del catolicismo con uno de los bloques del conflicto, unida al objetivo explícito de erradicar toda presencia religiosa de la vida social, explica la brutalidad y sistematicidad de los crímenes. La persecución religiosa en España fue, en definitiva, un fenómeno premeditado, dirigido contra la fe cristiana en cuanto tal y ejecutado con una intensidad que dejó una huella imborrable en la historia nacional y en la memoria colectiva.
