INTRODUCCIÓN
La pastoral colectiva del Episcopado español, publicada el 1 de julio de 1937, constituye uno de los documentos más trascendentales y polémicos de la historia contemporánea de la Iglesia en España. Redactada en plena Guerra Civil y en medio de una persecución religiosa sin precedentes en la zona republicana, la carta supuso la toma de posición más clara de la jerarquía eclesiástica ante el conflicto fratricida que desgarraba al país.
Lejos de ser un texto improvisado o meramente ideológico, la pastoral nació como respuesta a la negación internacional de los hechos, a la propaganda republicana y a la magnitud del exterminio del clero y de la vida religiosa. Sin embargo, su publicación comprometió de hecho a la Iglesia con el bando nacional, generando una controversia historiográfica y moral que ha perdurado hasta nuestros días y que obliga a analizarla dentro de su contexto histórico, humano y religioso.
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El documento más polémico y significativo del magisterio episcopal relativo a la contienda fratricida y a la persecución religiosa fue la pastoral colectiva del 1 de julio de 1937. Con este documento el Episcopado tomó una actitud bien definida ante la trágica situación religiosa de la zona republicana.
Redactó la carta el cardenal Gomá, a quien la sublevación militar del 18 de julio de 1936 le sorprendió en Tarazona. Allí había acudido para conferir la consagración episcopal a Gregorio Modrego, que fue su obispo auxiliar y más tarde arzobispo de Barcelona. La consagración fue aplazada hasta octubre y Gomá se trasladó a Pamplona, donde fue acogido por el obispo, Marcelino Olaechea, junto con el obispo de Gerona, José Cartañá; el padre Marcet, abad de Montserrat; el prior Escarré, y los monjes supervivientes de aquella comunidad benedictina, que tuvo 23 asesinados. Centenares de sacerdotes fueron igualmente acogidos y atendidos por la generosa hospitalidad del obispo Olaechea en la casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey de la capital navarra. Gomá, pues, siguió la guerra civil desde Navarra, en la que el conflicto se vivió no como un movimiento militar contra la República, sino como una auténtica «cruzada» contra el comunismo ateo y en defensa de la civilización cristiana. Por este sublime ideal dieron su vida muchos jóvenes navarros en el frente de batalla. Ninguno de los otros tres cardenales españoles estuvo en la zona republicana, pues Vidal consiguió huir de Tarragona en los primeros días de la guerra, protegido por el Gobierno de la Generalität, y fue acogido en la cartuja italiana de Farneta, cerca de Lucca. Ilundáin estuvo siempre en Sevilla, en zona nacional, y Segura permaneció en su obligado exilio romano, hasta que Pío XI, en 1937, le nombró sucesor del fallecido Ilundáin en la sede hispalense.
Estos datos son muy importantes para entender la actitud de cada uno de estos purpurados ante la guerra. Gomá fue el defensor más decidido de la causa de Franco. El Papa le nombró su representante oficioso ante el general y a él se debió en buena medida el reconocimiento del nuevo régimen por la Santa Sede. Suya fue la denuncia más autorizada del Episcopado ante la opinión pública mundial de los crímenes cometidos por el furor republicano y, al mismo tiempo, de la exaltación de la «cruzada». Este importante documento sigue siendo muy discutido por las tesis antagónicas que defienden historiadores de tendencias opuestos y, sobre todo, porque comprometió a la Iglesia con el nuevo régimen; pero en aquellos momentos los obispos no podían hacer otra cosa, habida cuenta del holocausto provocado por la persecución. La carta tiene muchas limitaciones, reparos y silencios. Su tono fue bastante moderado, consideradas las circunstancias en que fue escrito.
El polémico documento, que consta de siete apartados, tuvo como objetivo «que se conozca la verdad de lo ocurrido en España para rectificar juicios extraviados». Para ello analizaba los hechos acaecidos en España y que condujeron a la sublevación, los caracteres de los movimientos enfrentados y la posición de la Iglesia española para llegar a unas conclusiones y responder a unos reparos.
«Nosotros, obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de Nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir en el tremendo apelativo de “canes muti”, con el que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia».
Afirmaban que «la Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó» y llegan a cuatro conclusiones básicas:
— «La Iglesia, a pesar de su espíritu de paz, y de no haber querido la guerra, ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha».
— «La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en el porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del Movimiento Nacional, en su origen, manifestaciones y fines».
— «El levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico… y el sentido religioso…».
— «Hoy por hoy, no hay en España más esperanzas para reconquistar la justicia y la paz, y los bienes que de ella derivan, que el triunfo del Movimiento Nacional».
Negaban los obispos que la persecución desatada contra ella en zona republicana estuviera originada por una agresión previa. Rechazan la afirmación de que fuera propietaria del tercio de la riqueza nacional. Afirman que siempre estuvieron al lado de la justicia y de la paz sin atarse a partidos, personas o tendencias e impugnan la idea de que la guerra española fuera un simple episodio de la lucha de clases o de la oposición entre democracia y estatismo.
Reconocían que no pueden «predecir lo que ocurrirá al final de la lucha», pero afirman que «no se ha emprendido para levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada, sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los tiempos viejos».
Terminaban la carta haciendo un llamamiento a los católicos de todo el mundo y con una declaración de amor y perdón: «Dios sabe que amamos en las entrañas de Cristo y perdonamos de todo corazón a cuantos, sin saber lo que hacían, han inferido daño gravísimo a la Iglesia y a la Patria. Son hijos nuestros. Rogad para que en nuestro país se extingan los odios, se acerquen las almas y volvamos a ser todos unos en el vínculo de la caridad».
Juzgado a la luz y con la mentalidad de un tiempo de confrontación y lucha, se trata de un documento explicable y comprensible. En él no se califica nunca a la lucha de cruzada y la única vez que aparece esa palabra es para negar ese carácter a la contienda.
La Iglesia se situaba a uno de los lados de las trincheras aunque sin comprometerse con un bando que, tal vez, podría desviarse en una dirección indeseable.
En el tiempo en que se produjo esta declaración colectiva era poco menos que imposible que la Jerarquía hubiera podido tomar una postura diferente. Aún hoy, medio siglo después, los miembros de ella, que lamentan e incluso condenan aquella decisión colectiva, no pueden por menos que reconocer que situados en aquellas condiciones también la hubieran firmado aunque más tarde se habrían arrepentido, postura un tanto arbitraria, pues no puede juzgarse a una época con criterios de otra posterior.
No firmaron la carta cinco obispos por diversas razones. Las ausencias más significativas fueron las del cardenal Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, y el obispo de Vitoria, Mons. Mateo M úgica93. El primero porque, a pesar de considerar el documento «admirable de fondo y de forma», estimaba que era poco adecuado «a la condición y carácter de quienes han de suscribirlo. Temo —decía— que se le dará una interpretación política por su contenido y por algunos datos o hechos en él consignados». El segundo porque no podía en conciencia avalar con su firma un documento que exaltaba a los nacionales, responsables del asesinato de 14 sacerdotes vascos, acusados de separatismo.
De este modo, tanto el cardenal de Tarragona como el obispo de Vitoria se vieron obligados a definirse. Vidal i Barraquer conoció personalmente los horrores de la persecución republicana sólo en sus primeros días y después de oídas. En su correspondencia personal con el cardenal Pacelli aparece su honda preocupación por la situación de su diócesis y de sus sacerdotes y su abierta simpatía hacia el general Franco, a medida que avanzaba que el desarrollo de la guerra era favorable a los nacionales, simpatía que nunca quiso manifestar en público. Por ello, no se le permitió volver a España y murió en el exilio94. Esta decisión de Vidal fue coherente con la conducta que observó durante toda la guerra: «La terrible guerra que azota hoy furiosa aquella región (Cataluña), produciendo estragos considerables, me hace temer por la suerte de mis sacerdotes y fieles expuestos a ser víctimas de represalias por cualquier actitud o palabra mía que, mal interpretada, pudiera dar pretexto a los anarco-comunistas, que, a lo que parece, hoy forman nuevamente parte del Gobierno, para cometerlas»95. El obispo Mágica era un carlista con tendencias integristas, que el 6 de agosto de 1936, junto con el obispo de Pamplona, condenó la alianza del Partido Nacionalista Vasco con los republicanos que favorecían al comunismo. Este obispo se convirtió increíblemente en el «mártir» de la causa vasca, que el había detestado de todo corazón, cuando Franco le impidió que regresara a su diócesis.
No cabe duda de que la mencionada carta colectiva ha sido el documento más importante en la historia del Episcopado español. Muchos historiadores la han criticado porque dicen que comprometió definitivamente a la Iglesia con el régimen del general Franco. No cabe duda de que esto es cierto, en parte, como también es verdad que, en aquellas terribles circunstancias —que no pueden ser juzgadas con los criterios y la visión de los años posteriores—, los obispos no pudieron hacer otra cosa, ya que no trataban de demostrar tesis alguna, sino de relatar hechos concretos, con el fin de evitar las tergiversaciones de la propaganda republicana, que negaba hechos tan evidentes como la matanza indiscriminada de sacerdotes y religiosos, así como de católicos, simplemente por motivos de fe.
Los obispos sintieron el deber de publicar este escrito porque estaban en juego, según ellos, «los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos».
Los obispos no quisieron la guerra ni la buscaron. Las verdaderas causas de ella estaban en los cinco años de laicismo republicano, caracterizados por las limitaciones a la libertad religiosa, el desorden social, la descomposición de la verdadera democracia y la infiltración comunista.
Los obispos detallaron la persecución contra la Iglesia y explicaron el levantamiento militar respondiendo a las más importantes acusaciones hechas desde dentro y fuera de España a la Iglesia, presentándola como agresora, como favorecedora de las injusticias sociales, como partidista y sometida al Estado.
Los obispos no quisieron vincular con dicha carta a la Iglesia al futuro régimen, si bien el resultado fue que, de hecho, la vincularon.
La carta tuvo sus limitaciones, limitaciones que hoy vemos con mayor evidencia porque la reciente historia española nos condiciona a todos. Por ejemplo, dichas limitaciones se refieren a la aplicación del adjetivo comunista sin ninguna matización, la referencia a cuestiones políticas como el complot o conspiración roja, que no existió; la minimización de las omisiones sociales de los partidos de derechas y de la misma Iglesia. Pero todo ello no quita valor al contenido fundamental de la carta.
Cuando los obispos la publicaron —el 1 de julio de 1937— se había cumplido un año del comienzo de la guerra civil y de la persecución religiosa en la zona republicana. Aunque es verdad que en la carta se dieron cifras muy exageradas sobre el número de personas asesinadas por motivos religiosos, es cierto —y las investigaciones posteriores lo han demostrado— que por aquellas fechas el número de víctimas eclesiásticas superaba los 6.000, sin incluir en esta cifra a los militantes católicos de movimientos y asociaciones de la Iglesia ni a los católicos en general.
Es verdad también que la persecución decreció sensiblemente desde comienzos de 1937, pero la carta colectiva contribuyó a que cesara casi por completo, aunque hasta el final de la guerra se dieron casos de muertes aisladas, como fue precisamente el del obispo de Teruel, Mons. Polanco, y su vicario general, don Felipe Ripoll.
La carta colectiva fue una denuncia muy valiente, que despertó la conciencia católica mundial ante los horrores de la guerra de España. Muchos ignoraban lo que realmente ocurría, porque en países de tradición católica y también en otras naciones predominaba el influjo de la propaganda republicana, que ocultaba sistemáticamente la verdad de los hechos negando lo que a todas luces era evidente.
Por eso es comprensible que los «rojos» trataran de desacreditar a los firmantes de aquel importante documento e incluso de pedirles que lo retractaran. Y éste fue quizá el caso que provocó el asesinato del obispo Polanco, que firmó como habían firmado la mayoría de los obispos españoles.
Como resumen conclusivo de lo que fue entonces la carta y de sus consecuencias para la Iglesia en España me parece oportuno reproducir la opinión del cardenal Tarancón:
«—¿Entendió, entonces, usted como lógica la postura de la jerarquía en la carta colectiva?
—Sí. Entonces sí. Hoy pondría muchísimas puntualizaciones. Pero entonces me pareció lógica. Y es que no eran los obispos quienes proclamaban cruzada a la causa franquista, era el clamor popular de la zona en que yo estaba. Los obispos no hacían sino recoger la decisión de su pueblo.
—¿No veían que también los rojos eran “su” pueblo?.
—Entonces no era posible ver esto.
—Usted, de haber sido obispo entonces, ¿habría firmado esa carta?
—Sí, entonces sí. Tal vez habría añadido algunos matices. Pero, en su conjunto, sí.
—¿Y hoy? —Esa pregunta es inútil. Una carta de 1936 no puede ni firmarse ni dejarse de firmar en 1980.
—Pero ¿cree usted que esa carta ha hecho mayor bien que mal a la Iglesia española? —Este es otro problema. Yo hoy valoro más las razones de Vidal i Barraquer para no firmarla que las de Gomá para prepararla. Creo que hubiera sido preferible el silencio, al menos. Pero tengo la impresión de que entonces las circunstancias fueron tales que los obispos no tuvieron más remedio que manifestarse como lo hicieron. Pero de hecho creo también que la carta tuvo consecuencias muy diferentes de las que sus firmantes querían y preveían.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Que ni Gomá ni los demás obispos firmantes quisieron vincular con ella la Iglesia al régimen futuro de Franco. Pero el resultado fue que, de hecho, la vincularon.
—¿No querían?
—No. Y lo dicen bien claro en la misma carta: “La Iglesia no ha querido hacerse solidaria de conductas, tendencias e intenciones que en el presente o en el porvenir pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del Movimiento Nacional en su origen, manifestaciones y fines”.
—Pero, en un documento todo él elogioso, frases así nada significan. Aparte de que en ella misma no se distancian siquiera del Movimiento Nacional —que ya entonces tenía muchas cosas menos nobles—, sino de sus posibles desnaturalizaciones.
—Ya sabes que el lenguaje eclesiástico siempre usa esos circunloquios para criticar o marcar sus distancias.
—Pero es más claro cuando critica errores de “izquierdas” por decir.
—Eso es verdad. Pero observa que la carta estaba escrita en la zona nacional y que, entonces, la más mínima crítica, el menor distanciamiento, era ya un bombazo. De hecho, así le ocurrió al propio cardenal Gomá en los primeros años de la posguerra. Cuando él en conciencia creyó que debía poner sus reservas a algunas actuaciones del primer franquismo, tuvo fuerte choque con Franco y encontró todas las dificultades del mundo para publicar aquella pastoral “Lecciones de guerra y de la paz”, que era el primer signo de “reconciliación”, movido por la Iglesia ya en 1941. Aquel documento nunca pudo publicarse en la prensa del país. Y el número de Signo en que iba a publicarse fue secuestrado. Pero allí quería ya el primado que comenzaran a superarse las animosidades y las divisiones entre españoles.
—Pero el pueblo lo que veía eran los abrazos.
—Cierto. Y así es como ante la generalidad de los españoles y aun de los extranjeros la Iglesia apareció ligada totalmente a una de las partes en lucha, cuando realmente en las dos se mezclaban a los problemas religiosos otras posturas políticas, económicas o sociales en las que la Iglesia no podía dejarse envolver. La Iglesia apareció como una “potencia beligerante» primero y como una “garantía moral” durante los años que siguieron a la guerra. Hubo muchos eclesiásticos (sacerdotes y obispos) que hicieron en aquel tiempo un gran trabajo de pacificación y que de hecho impidieron muchas violencias. Pero lo que la gente vio fue lo otro: que los nuevos dirigentes se apoyaban en el peso moral que la Iglesia daba a sus opciones»
CONCLUSIÓN
La pastoral colectiva de 1937 fue un documento profundamente condicionado por las circunstancias extremas en que se redactó: una persecución religiosa sistemática, la práctica aniquilación de la Iglesia en la zona republicana y la imposibilidad real de una postura neutral. Los obispos no pretendieron justificar una guerra ni bendecir un régimen futuro, sino denunciar hechos concretos y defender los fundamentos religiosos y morales que consideraban amenazados de extinción.
Sin embargo, el efecto histórico del documento fue inequívoco: la Iglesia quedó asociada, en la percepción pública nacional e internacional, al Movimiento Nacional. Esta vinculación, aunque no buscada explícitamente, tuvo consecuencias duraderas que marcaron la relación entre Iglesia y Estado durante décadas. Las ausencias significativas de obispos como Vidal i Barraquer o Mateo Múgica revelan que existían otras sensibilidades dentro del Episcopado, igualmente conscientes del drama, pero temerosas de una instrumentalización política de la fe.
Juzgada desde la distancia histórica, la pastoral presenta limitaciones, silencios y excesos de lenguaje que hoy resultan evidentes. Pero juzgada desde la lógica de su tiempo, fue un documento explicable y, para muchos de sus firmantes, inevitable. Como reconocería años después el cardenal Tarancón, probablemente hoy se hubieran añadido matices, pero entonces la jerarquía sintió que callar habría sido una forma de traición a su conciencia y a sus mártires.
La pastoral colectiva de 1937 sigue siendo, por ello, una pieza clave para comprender no solo la postura de la Iglesia durante la Guerra Civil, sino también las complejas y dolorosas relaciones entre fe, política y poder en la historia de España.
