Coincidiendo con la producción historiográfica que pretendía armar los mitos sobre los que se sustenta la Ley de Memoria Histórica, se sucedían en España alegatos sobre los niños robados del franquismo.
Según las asociaciones creadas para “buscar” a los niños separados ilegalmente de sus madres al nacer, unos 30.000 bebés fueron sustraídos a sus madres y entregados a otras familias. Lo que parecía una práctica limitada, pronto empezó a presentarse como un hecho recurrente. Muchas asociaciones y partidos políticos empezaron a señalar que había sido una actuación dirigida por el propio Estado franquista para quitar los niños a las familias de izquierdas y entregárselos a las familias del régimen.
Para rizar el rizo de la manipulación ideológica, pronto se vinculó a la Iglesia con estas prácticas para intentar socavar a las dos instituciones a la vez.
El problema para estos grupos organizados en torno al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero es que pronto se dieron cuenta de que las denuncias no acabaron con la muerte de Franco en 1975 y seguían produciéndose hasta los años ochenta y principios de los noventa. Es decir, que en plena democracia y durante los años de gobiernos socialistas presididos por Felipe González seguían produciéndose robos de bebés y no era un hecho exclusivamente del franquismo.
Esta fue la razón por la que, para desvincularlo del Gobierno socialista, se acusó a la Iglesia de colaboración con el robo de recién nacidos.
Este caso, valga este inciso aclaratorio, es un claro exponente de la culpabilización vía denuncia y movilización social para generar una alarma sin esperar a lo que los investigadores y los jueces dictaminen. Es decir, se daba por buena la acusación tras la interposición de una denuncia sin necesidad de que se probase el supuesto robo que, como veremos más adelante, en la mayoría de los casos el hecho denunciado no se correspondía con la realidad científica vía estudios de ADN.
Para organizar esta campaña era necesario orquestar un entramado asociativo, como siempre con cuantiosas subvenciones de dinero público, que pronto empezó a asociarse con las asociaciones defensoras de la Memoria Histórica, como ocurrió con la Plataforma de Niños Robados, ligada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Este entramado asociativo empezó a mover todas las denuncias de supuestas desapariciones de niños recién nacidos desde los años cuarenta hasta los noventa y llegó a conclusiones como que hasta un millón de españoles estaban afectados por la práctica generalizada del robo de bebés.
Se habló de un millón como se pudo hacer de cualquier otra cantidad. La estrategia es la misma que en tantas otras ocasiones: había que ganar titulares, aunque fuera a costa de falsear hechos históricos.
Como ocurrió con la Memoria Histórica, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricación, vio en estas denuncias una nueva forma de encausar el franquismo puesto que el robo de bebés no se encontraba amnistiado por la Ley de 1977 que promulgaron las Cortes Constituyentes.
Y enseguida empezaron a recibir apoyos de la prensa de izquierdas, empezando por el diario El País y continuando por esa maraña de digitales de izquierdas alimentados por subvenciones de todo tipo.
El siguiente paso era vincular a la Iglesia Católica en esos casos para ganar un apoyo social movilizado en las críticas contra la institución religiosa. Lo dejó claro el abogado Fernando Madán, como ha demostrado el historiador Pedro Fernández Barbadillo en sus artículos sobre este tema.
Madán explicó, sin base documental que lo pudiera sostener, que la práctica generalizada de robo de niños en España entre los años sesenta y ochenta estaba ligada a instituciones religiosas “basadas en la moral cristiana de que un niño debe crecer en el seno de una familia y no de personas con una vida desestructurada”.
Con esta afirmación, el bulo comenzó a rodar y dejó de buscarse la verdad porque ya se habían señalado a los culpables: el franquismo y la Iglesia.
Como señala Fernández Barbadillo, en toda esta proliferación de embustes también hubo voces que buscaban la verdad, como fue la de la historiadora Consuelo Martínez Sicluna que afirmaba:
“Pocas insidias quedaban ya por inventar y pocas falacias nos quedaban por ver, pero confieso que incluso ésta me ha llegado a sorprender por la abyección que supone (…) la de considerar que a propósito de la Ley de Adopción de 1941, el régimen franquista se dedicaba a secuestrar niños de familias rojas para dárselos a familias de nacionales”.
Pero esas voces eran sistemáticamente acalladas por la prensa empeñada en aquellos primeros años del siglo XXI —los años de las leyes ideológicas de Rodríguez Zapatero— en marcar a Franco como el culpable de todos los males de España cuarenta años después de su muerte.
Algunos medios de comunicación estaban volcados en propagar cualquier información sobre estos hechos, aunque dejase claramente en un nuevo fracaso de la teoría de la conspiración sobre el robo de bebés.
El 11 de mayo de 2011, el diario El País publicaba la historia de Vicky Marcos y María José, a las que presenta como hermanas gemelas separadas ilegalmente al nacer, siendo la segunda de ellas entregada a un matrimonio franquista residente en Valencia, mientras que la primera permaneció con sus padres biológicos en León.
Tras explicar que ambas se habían reencontrado tras ser separadas al nacer, solamente un mes después el diario tuvo que recoger la siguiente información:
“El ADN que diga lo que quiera. María José y yo estamos convencidísimas de que somos gemelas. La prueba de ADN ha destrozado las ilusiones de Vicky Marcos Fuentes y María José Carbonell Borja, de 51 años, que desde hace un mes se creían hermanas. (…) Tras encontrarse por internet, su extraordinario parecido les hizo creer que habían sido separadas al nacer en agosto de 1959 en la vieja maternidad de León por una red de tráfico de niños”.
Pero este caso de falso robo de bebés no es único. Con el paso de los años empezaron a investigarse y ha quedado claro que la sustracción de recién nacidos se produjo, pero solamente como hechos aislados y no coordinados por ninguna administración pública.
Ahora empezamos a conocer las primeras sentencias y los primeros informes de científicos. Y la realidad dista mucho de lo que se ha publicado y difundido de manera interesada, con las claras consecuencias económicas que ello conlleva, pero también con el daño moral para aquellas personas que, de manera bienintencionada, pusieron sus ilusiones en el reencuentro de un ser querido.
La realidad ha demostrado que el 91% de los análisis realizados para comprobar el supuesto robo de bebés dan como resultado la falsedad de las acusaciones.
El País Vasco ha sido la región de España donde mayor empeño se puso en intentar demostrar la trama de bebés robados por el franquismo. Pero en el año 2012, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco informaba sobre la cuestión en los siguientes términos:
“En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir, la sustracción del recién nacido, ni siquiera con indicios razonables”.
En esa comunidad autónoma se abrió un macro procedimiento para investigar 303 denuncias interpuestas por supuestos robos de recién nacidos en hospitales vascos entre 1950 y 1993. Se creó un grupo especializado dentro de la policía autonómica y se desarrollaron dos comisiones de investigadores.
Se dotó de jueces, fiscales y forenses a este grupo para que se pudiera resolver la supuesta trama. Las consejerías de Justicia y Sanidad se volcaron en lo que consideraban una campaña necesaria para desenmascarar una trama del franquismo.
Llegó el momento de las exhumaciones de los padres y la conclusión de los cotejos de ADN fue contundente:
“Las labores realizadas no han permitido a los expertos constatar siquiera si realmente se produjo el robo de algún bebé (…). Los pasos dados hasta ahora empujan a los especialistas a pensar que, si bien se pudieron cometer adopciones irregulares, es improbable que en Euskadi se produjeran robos de bebés”.
Pero no es el único caso en el que la ciencia y las investigaciones, más allá de la mera proliferación de bulos, desmontan el tinglado subvencionado de los robos de bebés.
En febrero de 2014, la directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Gloria Vallejo de Torres, tuvo que comparecer ante la comisión de Justicia del Senado para dar explicaciones sobre las investigaciones del departamento que ella dirigía en materia de bebés robados.
Nuevamente, las explicaciones desmontaban las argumentaciones de los creadores de los chiringuitos subvencionados del antifranquismo:
“De todos los casos donde se ha obtenido ADN de neonato o de perinatal, el 91,7% de los resultados ha sido compatibilidad genética de padres con hijos. Solamente en cuatro casos no se ha podido estudiar o se ha estudiado este ADN y se ha visto que el ADN a lo mejor no ofrecía las garantías de cadena de custodia por los casos muy particulares que he comentado. Yo creo que este es un dato objetivo que nos debe hacer reflexionar, porque en los casos que se han admitido por vía judicial o investigación fiscal sí que se ha comprobado la relación de parentesco. De las otras cuatro exhumaciones no se pudieron localizar restos debido a cambios de tumbas o localizaciones inexactas”.
En 2018 se celebraba en España un proceso contra el ginecólogo Eduardo Vela, quien supuestamente era la cabeza de una trama de robo de bebés en el Sanatorio San Ramón. Tras años de investigación, solamente se logró demostrar una entrega ilegal de un bebé, Inés Madrigal, en 1969. Un delito que había prescrito y que por eso terminó con la exculpación del médico.
Pero la prensa progresista siguió con su campaña hablando de que era una trama organizada en toda España.
A pesar de la cantidad de datos que desmienten la existencia de las tramas de bebés robados como hemos visto en las explicaciones anteriores, y pese a que todas las investigaciones abiertas acaban con la clara conclusión de que los casos que hubo fueron muy limitados y que las denuncias, en la mayoría de los casos —más del 91%— no tenían base alguna, el Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2018 el proyecto para desarrollar una Ley sobre bebés robados del franquismo.
Un nuevo caso de ley ideológica que, como la Ley de Memoria Histórica, será una fuente de gasto ingente en subvenciones y que se basa en una movilización social sin base efectiva que la sustente, pero que seguirá sirviendo para mantener a la sociedad adormecida con delitos falsos cometidos hace más de medio siglo, mientras que la búsqueda de soluciones a los problemas actuales sigue parada.
