En este viaje de la memoria por el tiempo el lector me permitirá que vuelva a la calle de San Bernardo, en Madrid, y al instante donde inicié mi gestión como ministro de Trabajo. La guerra endurece y madura a los hombres, los curte, los hace observadores… Estas y no otras razones fueron las que me llevaron a la conclusión de que la acción del ministro tenía que estar donde estuvieran los trabajadores, y no en un despacho recibiendo saludos y comisiones. Incluso, pensaba yo, en alguna ocasión tendré que hacer «novillos» y fumarme las reuniones del Consejo de Ministros o de la Junta Política, como quien se fuma un cigarro puro. He de añadir que, desde el primer instante, observé en Franco una tolerancia que, en buena medida, respaldaría mi acción política sin temor a los navajazos que me tiraba al cuello —lo diré de forma eufemística— la plutocracia que en España siempre tuvo mucha fuerza. ¡Con Franco no tanta! ¡Y siempre menos que la que ha tenido en doce años de gobierno del PSOE! La vida es así. O sea, que sin dejar de atender a las cuestiones más acuciantes de la vida política y desdeñando la ramplonería con que la Delegación Nacional de Sindicatos operaba bajo la dirección de Sanz Orrio, decidí, por lo que más urgía: conversar con los obreros. Después de todo, las Cortes Españolas no se habían constituido aún y no era cuestión de esperar a que trabajadores, técnicos y empresarios, tuvieran su propia representación en la Cámara Legislativa. Conque cogí el portante y la media manta y después de trazar como un joven capitán, que aún lo era, su propio plan de operaciones, elegí como primer destino las cuencas mineras del norte. Recuerdo que me reunía con ellos en los «chigres», sacaba un bloc del bolsillo, una pluma y en torno a la mesa empezaba las negociaciones. Me miraban entre sorprendidos y desconfiados. Yo me limitaba a tomar nota de sus necesidades más apremiantes… Era terrible la vida en la mina. Luego, para celebrar solemnemente la asamblea, los desafiaba a un «pulso» y nos tirábamos mucho tiempo en la faena. Tengo que decir y lo digo con la melancolía de las disminuciones impuestas por la edad, que jamás me tumbó el brazo ni uno solo. Ahora me lo llevarían alguno de mis nietos. Después de aquellas primeras reuniones, me vine para Madrid. Me fui al palacio de El Pardo:
— Mi general: esta gente es espléndida. Dura, maltratada… Quiero que su excelencia conozca sus peticiones más urgentes, porque luego en el Consejo de Ministros las cosas se complican lo suyo.
Franco contempló aquellas primeras peticiones. Luego me dijo:
— Mire, Girón; olvídese del Consejo de Ministros, salvo para las grandes leyes que proyecte. Lo urgente, que es mucho, sáquelo por orden ministerial. Usted encontrará siempre mi apoyo.
Qué más quería oír yo. Cuando cesé de ministro de Trabajo se habían promulgado algunas leyes y decretos de gran envergadura, pero se había legislado todo el edificio social de España con nueve mil órdenes ministeriales, firmadas por José Antonio Girón de Velasco y sancionadas por Francisco Franco Bahamonde. Pero sigamos.
En el segundo viaje a Cuenca, el cuaderno que me había guardado en el bolsillo para echarle el pulso al primero de los mineros, se había traducido en disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Volví a reunirme con ellos. Fueron más. Observé tres cosas; así, al primer golpe de vista: que había crecido, como digo, el número de interlocutores, que había satisfacción en algunas caras y rasgos evidentes de mala leche en otras y que entre los concurrentes, por si volvíamos a echar pulsos, habían metido de rondón alguno que ellos suponían invencible. De pronto levanta un tío la mano y me dice:
— ¡Oiga! Quiero decirle que yo soy comunista.
— Lo siento por usted: se ha equivocado de camino, si es que espera algo del comunismo. El hombre se quedó como desarmado. Lo mismo pensó que iba a llamar a la Guardia Civil. Así que le dije:
— ¡Siéntese, hombre! Vamos a ver qué propuesta me trae usted mientras lleguen los suyos, ¡que eso va para rato!…
¡Qué buen tipo aquel muchacho! Y casi todos… Era gente bronca, acostumbrada a romperle las entrañas a la tierra, a partirse el alma en defensa del pan. Tengo que decir por fidelidad a la verdad que yo inicié mi contacto con los mineros de una manera calculada, porque me di cuenta que ese obrero era el que más impacto dejaba en el mundo trabajador y porque lo que se conquistase socialmente tras el lastre de la revolución de 1934, produciría un impacto en todo el ámbito laboral español. Luego me fui a Valencia, con los portuarios que eran cenetistas en su mayoría; Sevilla… Pero el recuerdo de Asturias me gana la batalla en el corazón. Con ellos bajé a la mina y me metí a bastante profundidad. Tenía que andar con linternas mientras explicaban, como si uno no lo supiese, lo que suponía el grisú, el polvo de carbón, ¡todas las terribles trampas que tantas vidas se cobran! Era gente brava. Durante la revolución del año 1934 ellos habían practicado ya lo del kamikaze, que luego se inventarían los japoneses en la guerra de Asia. Hubo tíos de aquéllos que cogían una bomba de mano y no la soltaban hasta hacerla estallar en un sitio peligroso para el ejército; por ejemplo, en un camión de municiones. Cuando se convencieron de que el ministro no iba a Cuenca para probar su fuerza física con los más fuertes de la mina, ya tenía allí muchos amigos. En una ocasión, debía de ser cuando la guerra en Europa tocaba su fin, un grupo de «maquis», que sabían que yo iba a ir por allí, quisieron sorprenderme en una de las tascas donde me reunía con los trabajadores. Pero éstos, que naturalmente no hubieran denunciado nunca a sus antiguos compañeros enrolados en la guerrilla comunista, les enviaron un recado bastante contundente: «Si aparecéis por aquí cuando estemos con Girón, no os dejamos vivo a uno solo.» Me lo contaron mucho tiempo después. Era cierto.
delidad a la verdad que yo inicié mi contacto con los mineros de una manera calculada, porque me di cuenta que ese obrero era el que más impacto dejaba en el mundo trabajador y porque lo que se conquistase socialmente tras el lastre de la revolución de 1934, produciría un impacto en todo el ámbito laboral español. Luego me fui a Valencia, con los portuarios que eran cenetistas en su mayoría; Sevilla… Pero el recuerdo de Asturias me gana la batalla en el corazón. Con ellos bajé a la mina y me metí a bastante profundidad. Tenía que andar con linternas mientras explicaban, como si uno no lo supiese, lo que suponía el grisú, el polvo de carbón, ¡todas las terribles trampas que tantas vidas se cobran! Era gente brava. Durante la revolución del año 1934 ellos habían practicado ya lo del kamikaze, que luego se inventarían los japoneses en la guerra de Asia. Hubo tíos de aquéllos que cogían una bomba de mano y no la soltaban hasta hacerla estallar en un sitio peligroso para el ejército; por ejemplo, en un camión de municiones. Cuando se convencieron de que el ministro no iba a Cuenca para probar su fuerza física con los más fuertes de la mina, ya tenía allí muchos amigos. En una ocasión, debía de ser cuando la guerra en Europa tocaba su fin, un grupo de «maquis», que sabían que yo iba a ir por allí, quisieron sorprenderme en una de las tascas donde me reunía con los trabajadores. Pero éstos, que naturalmente no hubieran denunciado nunca a sus antiguos compañeros enrolados en la guerrilla comunista, les enviaron un recado bastante contundente: «Si aparecéis por aquí cuando estemos con Girón, no os dejamos vivo a uno solo.» Me lo contaron mucho tiempo después. Era cierto.
De aquellos cenetistas recuerdo especialmente a uno de sus cabecillas, llamado José María Chornet Capilla. Y le recuerdo especialmente por las reflexiones que me hizo antes de morir. Era un hombre duro, con un temperamento luchador y un sentido de la justicia fuera de lo común. Traté mucho con él. Cierto día me enteré de que estaba gravemente enfermo, a las puertas de la muerte, y me fui a verle. Él, que siempre se había declarado ateo, me hacía partícipe de lo que debía ser el resultado de una profunda meditación:
— El hombre es capaz de pensar, de crear; de luchar…, y cuando muere ¿se acaba todo? ¡Eso es imposible! Sería la peor injusticia que se le puede hacer al ser humano. ¡La nada, no! ¡La nada es mentira! Si he de condenarme, lo prefiero a la injusticia de la nada…
Reivindicaba el derecho a la otra vida, no con el argumento de la fe, sino con el argumento de la justicia. El suyo fue, sin pretenderlo, uno de los testimonios que más me han impactado a lo largo de mi vida.
Esta década de los cuarenta registra a escala universal los acontecimientos más importantes del siglo, hecha sea la excepción de la llegada del hombre a la Luna, cuestión que se produjo en julio de 1969. Para mí la década de los cuarenta, como para casi todos los hombres de mi generación, une a nuestra memoria el colosal esfuerzo realizado para poner a España en marcha después del brusco y traumático paréntesis de la contienda civil. El régimen en aquellos primeros años iba echando los cimientos de lo que sería luego el colosal edificio que pudo hacer viable, incluso, la denominada transición democrática. Superada la guerra, la ebullición latente del conflicto de Europa mantenía pequeños brotes de excitación política, aquí o allá. Uno de los más comentados, por el interesado propósito de un sector de la vida española, fue el incidente de Begoña. En realidad aquel triste suceso, que se cerraría con la ejecución de un falangista, tuvo motivaciones absolutamente estúpidas. Una bronca entre un grupo de falangistas y de requetés, una bomba de mano que por fortuna no causó ninguna muerte, ni ningún herido de gravedad, y, como digo, la interesada versión de los acontecimientos. El general Varela, a la sazón ministro del Ejército, asistía, dentro del templo, a la ceremonia religiosa, y cuando dio cuenta de los incidentes que se originaron fuera de la basílica le dijo al Caudillo:
—Contra mí no ha sido…
Pero, ¡siempre un pero!, alguien se acercó al oído del general para decirle: «¡Está usted loco!» Para decirle eso y muchas cosas más… De modo que desde ese momento Varela empezó a decir que se trataba del atentado a un príncipe del Ejército. Franco se cogió un berrinche importante, Serrano Suñer estaba desorientado y la Secretaría General del Movimiento, como casi siempre, desmarcada. Pero el hecho es que Calleja, Rivadulla, Domínguez… y algunos otros fueron condenados a muerte. En esos días no hice otra cosa que ir y venir al palacio de El Pardo para tratar de salvar a los camaradas que querían fusilar.
Uno de aquellos días, mientras esperaba para entrar en el despacho de Franco, vi salir de él a don Valentín Galarza, ministro de la Gobernación. Salía sudando, congestionado, de tal modo perturbado que le pregunté la causa.
— ¡Ah! Yo creo que las cosas importantes y graves —me contestó— hay que venir a decírselas a Franco, aunque no le gusten. Y he venido a decirle que como siga con esta política ya hay un grupo muy numeroso de generales que han hecho la guerra dispuestos a venir a El Pardo para exigirle el cambio de política, la disolución de Falange y el establecimiento de una dictadura militar.
— ¿Y qué le ha dicho Franco? —le pregunté.
— ¡Pues eso es lo que me descompone! —decía indignado—.
Ni se ha inmutado, y me ha contestado: «Dígales que vengan, que los espero con la espalda pegada a la pared.»
Después entré yo y, efectivamente, el Caudillo no estaba alterado en lo más mínimo.
En el Ejército había malestar, como lo había en la Falange. Franco fue revisando cada uno de los casos: eran camaradas que se habían batido como leones en la guerra civil y en Rusia, miembros de la compañía que asombró al mundo con la gesta del lago limen. Uno a uno fueron indultados a toda prisa por el Caudillo. Pero también había un forcejeo de embajadas y la inglesa había denunciado con documentación abundante las actividades de espionaje de Domínguez. Éste fue el muro en el que nos estrellamos. Según parece, el expediente también estaba en manos que escapaban a nuestra influencia. La sentencia del Tribunal Militar fue ejecutada. Le quedaba luego a Franco resolver la tensión política: cesó a Vareta y a Galarza, ministro de la Gobernación, y, según parece, Luis Carrero Blanco, que no era ministro, pero que despachaba con el Caudillo por ser subsecretario de la Presidencia, le dijo a Franco:
— Creo que su excelencia ha resuelto la crisis de forma incompleta al cesar a dos militares, aunque uno de ellos esté al frente de un departamento civil. Esto hará que algunos digan, con perversa intención, que en este pulso entre el Ejército y la Falange usted se ha puesto del lado falangista.
Quienes sostienen esta tesis, atribuyen a Carrero Blanco la sugerencia del cese de Ramón Serrano Suñer. Personalmente creo que, si bien Carrero Blanco pudo aconsejar al Generalísimo, el Caudillo aprovechó la oportunidad para quitarse de en medio a su cuñado. De hecho, como he dicho en una de estas anotaciones, el profesor Suárez Fernández, al relatar la crisis de 1941, anterior a estos acontecimientos, ya señala que la solución del Jefe del Estado pasaba por un discreto aviso, muy a la gallega, dirigido a Serrano Suñer. En cualquier circunstancia, el incidente se superó y yo pude volver a mi pacífica guerra de dar coherencia jurídica al propósito revolucionario de la Falange.
Para que pueda entenderse la labor que se realizó desde el Ministerio de Trabajo entre 1941 y 1956, tengo que ofrecer, inevitablemente, una breve explicación: yo me encontraba con una España trabajadora que había sido desposeída de casi todo lo poco que tenía y que además vivía el inicio de la durísima posguerra. Esto me obligaba en gran parte a operar sobre la marcha, tapando agujeros aquí y allá… Pero ya he dicho que cuando crucé el portalón del edificio que albergaba la sede del departamento, llevaba muy clara la idea de que el mando de la Falange —y el proletariado español, de paso— me exigirían la aplicación del concepto falangista de lo «social», que es tanto como decir, del hombre. Eso me llevaría a planificar y ejecutar operaciones a largo plazo.
El primer objetivo que me propuse fue dignificar moral, profesional y económicamente al trabajador. Para contemplar este principio de dignificación tenía que partir de la idea de que el trabajo no es solamente un medio de subsistencia, sino una actitud humana encaminada a empujar al hombre hacia una meta de llamamientos, ambiciones e ilusiones jamás alcanzada. Pero, como decía, tenemos en el primer plano necesidades de dignificación inmediata que nos hacían olvidar, de momento, cualquier finalidad lejana para sentirnos acuciados por ella. La primera y más urgente era el establecimiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Había que cerrar el paso a la inevitable catástrofe que antes se cernía sobre el trabajador con la presencia de la enfermedad. Necesitaba un seguro que le proporcionara no sólo una asistencia sanitaria completa, sino también que supliera, hasta donde fuera posible, la falta de ingresos que el trabajador padecía durante su enfermedad.
Esta ley fue la primera y la que me costó más disgustos.
En primer lugar los médicos se opusieron porque creían que pretendía socializar la medicina y, por tanto, la profesión o más bien la clase médica iba a sufrir un considerable desprestigio. Nada más lejos. Después entenderían perfectamente todo el planteamiento y pude contar con su apoyo y colaboración. La mayor dificultad la encontré en el Instituto Nacional de Previsión, al que estaba asignado el Seguro de Enfermedad, que lo dirigía Jordana de Pozas. Éste tenía un meritísimo curriculum que le había puesto al frente del INP y le gustaba llevar las cosas con tranquilidad, demasiada para mi urgencia. Así que un día me fui a verle y le dije:
— El Seguro de Enfermedad tiene que estar funcionando dentro de cuatro meses (le di la fecha exacta).
Se echó a reír y me dijo:
— Ponle cinco años más…
— No me vale, va a ser este año.
A Jordana no le gustaron demasiado mis prisas, pero yo tenía claro que este tema no podía esperar y creé las «entidades colaboradoras», haciendo un llamamiento a las empresas que quisieran colaborar en la creación del seguro acatando unas normas determinadas, mucho más flexibles que las que podía imponer el INP.
A los cuatro meses el Seguro estaba en marcha.
Se distinguieron en la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad don Sebastián Criado del Rey, que desde el principio llevó la Caja del Seguro; don Ramón Díaz Fanjul, que llevó la dirección del Seguro y que más tarde ocuparía el puesto de Criado del Rey, y don Daniel Pérez Sáenz de Miera, médico militar de aviación, que pasó al cargo que Díaz Fanjul dejaba vacante. Como inspectores nacionales del Seguro, don José Gómez Sabugo y don Enrique Silva Reoyo. Los tres primeros recorrieron toda Europa para conocer el desarrollo de este seguro en los distintos países. Con esos conocimientos vinieron a España y se creó un seguro de enfermedad muy superior al que se disfrutaba en las demás naciones.
Otro punto clave en cuanto a la dignidad del trabajador, consistía en garantizarle la estabilidad en su empleo. Había que protegerle contra la injusticia en que un empresario podía incurrir, especulando con lo inseguro de su puesto de trabajo. La provisionalidad debía estar subordinada al carácter del trabajo que realizaba, no al capricho del empresario. Había quien argumentaba que el no poder prescindir de un trabajador en cualquier momento, fomentaba en los obreros la indolencia y la vagancia, puesto que ya no existía el miedo a perder el puesto de trabajo. Para mí estaba claro que no se podía comparar el estrago causado por un obrero indolente con el estrago catastrófico que podía producir el despido injusto de un obrero al que se le privaba de la renta única para mantenerse a sí y a su familia. Si la empresa estaba defendida contra la huelga, el trabajador tenía que estar igualmente defendido contra el despido injusto.
En cuanto a la política de salarios, la meta era hacer realidad el salario del trabajador justo y suficiente para todo su núcleo familiar. Nuestras reglamentaciones laborales no iban dirigidas solamente a fijar el salario base. Establecimos los premios por razón de antigüedad; aumentos especiales por causa de la penosidad o peligrosidad de ciertos trabajos; pagas extraordinarias conmemorando la Navidad y el 18 de julio; remuneración del trabajo a destajo, primas por tarea y otras formas de remuneración mediante incentivo. De este modo se hacía al trabajador partícipe en los beneficios por aumento de producción y se incrementaba la condición del salario como renta del trabajo
Para nuestra política laboral, la unidad no era el trabajador, sino él y su familia. Partiendo del principio del reconocimiento y protección a la familia como fundamento de la sociedad, vimos la necesidad de perfeccionar el subsidio familiar creado en plena guerra. Así, en 1942 establecimos por primera vez el «Plus de cargas familiares» o de «puntos», generalizado y unificado en 1945. La finalidad era procurar a todos los trabajadores, cualquiera que fuera su condición, una ayuda igual atendiendo al número de hijos. Había que tratar de que la prole numerosa, por otra parte tan necesaria para el porvenir de la patria, no produjera un desequilibrio en el hogar.
Establecimos la preferencia en materia de colocación a favor del cabeza de familia numerosa; preferencia para colocación en la empresa de los hijos y huérfanos de los trabajadores que trabajaban o habían trabajado en ella. En casos de reducción de personal por causa de crisis, establecimos también la preferencia de los cabezas de familia por orden del número de hijos; y en el caso de crisis de empresa y decretados los despidos competentes, los últimos en abandonar la empresa serían los cabezas de familia, y en el caso inevitable del despido de éstos la indemnización sería directamente proporcional al número de hijos.
Las familias numerosas eran preferidas para los economatos de las empresas que los tuvieran donde se proporcionaba a los trabajadores alimentos a precios inferiores a la tarifa oficial.
Se estableció la reducción y aun la supresión del impuesto por renta de trabajo y se creó el derecho a la matrícula escolar gratuita o semigratuita en todos los centros oficiales del Estado para los miembros pertenecientes a familias prolíficas.
Iniciamos la creación de los «huertos familiares» para dotar a las familias de pequeñas porciones de tierra de las que pudieran tener un suplemento para sustento. Para ello se parcelaron algunas antiguas fincas de señorío y se entregaron a familias campesinas dotándolas de maquinaria, aperos y fertilizantes y concediéndoles préstamos para poder hacer frente a los primeros años de explotación. Esto se consiguió de manera bastante satisfactoria en algunas zonas de Extremadura y Andalucía; sin embargo no se llegó a extender demasiado y no tuvo la resonancia de otras disposiciones porque no estaba regulado con carácter definitivo.
Otro objetivo fundamental era conseguir la cobertura universal de todos los riesgos y necesidades que pudieran referirse al trabajador y a su núcleo familiar. De este objetivo nació la Seguridad Social. Nos encontrábamos con que en España, en este campo, no había absolutamente nada, con excepción del seguro de accidentes y un tímido seguro de maternidad y otro no menos tímido seguro de vejez, conocido como «seguro de la perra gorda»; ambos más simbólicos que reales. Por tanto nos pusimos manos a la obra a crear todos los seguros, hoy de sobra conocidos. Además de los seguros sociales de vejez, enfermedades, subsidios, etc., tuvimos que ampliar la idea de seguro social a un tipo de prestación, que suponía un seguro contra el paro, originalmente española, motivada por los años de sequía que estábamos padeciendo. Este seguro especial se llamó PODFE (Paro Obrero por Escasez de Fluido Eléctrico). La tremenda sequía de cuatro años llegó a paralizar hasta el cero las fuentes de energía eléctrica. La famosa política de pantanos de Franco aún no había llegado a cristalizar y miles de pequeñas industrias dependientes para su marcha de la energía eléctrica estaban abocadas a la desaparición si no se compensaba la falta de salario y se indemnizaba a los trabajadores por el paro involuntario.
Aparte de esto buscábamos afanosamente medios indirectos de seguro contra el paro y el camino de la mitigación del paro mediante el trabajo, y no mediante la protección de un seguro; lo que nos llevó a la creación de la Comisaría del Paro, una institución de seguro indirecto. Esta comisaría, en relación con las Juntas Provinciales de Paro y a la vista de las necesidades evidentes y de paros reales concedía a fondo perdido a entidades municipales o a entidades de solvencia moral y económica cantidades importantes para la realización de obras que absorbían gran cantidad de trabajo de asalariados: caminos, carreteras, canales, obras de roturación, drenaje de aguas, escuelas, etc. ¡Estaba todo por hacer!
Era una fórmula provisional para resolver el problema de los desocupados, cuyos resultados no podíamos prever. Parte del torrente financiero de la Comisaría de Paro se desviaba hacia la construcción de viviendas urbanas y rurales, necesidad apremiante en España después de sufrir los estragos de la guerra.
Se nos planteaba otro problema. ¿Qué ocurriría con las prestaciones de jubilación, orfandad, viudedad, nupcialidad, natalidad y asistencia sanitaria en aquellos casos en que el Seguro de Enfermedad hubiera agotado su prestación reglamentaria de seis meses? Como respuesta a esto concebí la idea de las mutualidades y montepíos laborales, como las instituciones que prestarían esos servicios complementarios. El principio que informó su creación era un principio democrático: el de que el trabajador estaba capacitado para gobernarse en materia de previsión, sin riesgo de desviarse. En aquel tiempo era delegado nacional de Sindicatos Fermín Sanz Orrio, a quien le ofrecí la idea. Le ofrecí a los Sindicatos en la persona de su delegado nacional esa baza, y Sanz Orrio me respondió que «no estaba para esos trotes ni para esas fantasías». La respuesta no me conmovió nada y decidí hacerme cargo del tema personalmente. Aquello sí que fue la gran revolución. Tuvo un éxito formidable y los obreros lo entendieron perfectamente. Hubo quien quiso divulgar que los fondos de nuestra Previsión Social, representados en las reservas de los montepíos laborales, se sustraían a la economía nacional. Totalmente incierto. Salían de los trabajadores y de los empresarios, hasta el último céntimo.
El Servicio Nacional de Montepíos estuvo dirigido por don José Manuel González Fausto, al que más tarde sucedió don Luis Nozal López.
En el marco de las prestaciones de estas instituciones con cebimos un préstamo muy singular: el Préstamo Facial. Su nombre obedecía a su garantía: era el préstamo por la cara; sin avalistas, relación de bienes, ni todos los requisitos considerados necesarios para un crédito. Se trataba de que si un trabajador deseaba adquirir un préstamo para montar un negocio o una pequeña industria, se estudiaba su caso y, si su capacidad laboral, su capacidad emprendedora y la idea que presentaba eran satisfactorias, se le concedía. En la concesión del Préstamo Facial, nosotros no interveníamos; lo discutían entre empresarios y obreros.
El aumento de producción constituyó otra de nuestras grandes aspiraciones. Los años de escasez, de bloqueo, de estiaje en divisas y dificultades en todo orden nos enseñaron crudamente que lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es tener que distribuir la miseria. Distribuir la riqueza no es problema. Lo difícil es que haya riqueza; lo difícil es aumentar la producción. Siempre ha existido pugna entre los partidarios de la distribución de bienes y los partidarios de la producción de bienes. La nuestra era una postura intermedia: se trataba de producir, de descubrir y de aplicar los mejores procedimientos para la obtención de las cosas necesarias. La apetencia de necesidades era cada vez mayor, por lo que el progreso en el descubrimiento tenía que ser mayor. Pero si algo veía con claridad era que de ningún modo este progreso podía ser exclusivamente material. Debía ser también un progreso moral, puesto que para el buen uso de los bienes de la civilización se requiere una preparación moral que no convierta los bienes mismos en esclavizantes de la persona y finalmente de la sociedad. Por tanto, teníamos que llevar conjuntamente una política de producción y una política de aumento de capacidad de disfrutarla. La primera quedó plasmada en nuestras reglamentaciones laborales, en el capítulo «Trabajo a destajo, prima o tarea de remuneración con incentivo».
De la segunda nació la idea de las universidades laborales. Las universidades laborales pretendían ser una mezcla de escuelas de preparación profesional y de universidad para el obrero. Me apasionó la idea de su creación porque en ello veía posible la consecución de mi más profundo ideal falangista: acabar con la lucha de clases.
Siempre he tenido el convencimiento de que para acabar con la lucha de clases sólo existe una fuerza capaz de acortar distancias y fundir paredes aislantes: la cultura. La cultura entendida como el aire: de universal patrimonio.
Una vez atendida la primera «linea de flotación», es decir, las necesidades apremiantes del hombre: alimento, vivienda, vestido y asistencia sanitaria, creo que la igualdad de los hombres en la cultura es la única base sólida para la paz social; mucho más sólida que la que ofrece una igualdad económica, por otra parte imposible. El que proclama sólo el derecho al bienestar material, con secular criterio inmediatista, es un explotador de la ignorancia, porque, repito, la incultura puede transformar los bienes materiales en desgracias morales.
El trato continuo con los trabajadores me dio la seguridad de que la aspiración más profunda del proletariado era dejar de ser una clase. Cuando del proletariado se decía que apetecía más el poder que cualquier otra participación era porque así, los que interpretaban su deseo, pensaban arrancarles el poder y llevarlo en su nombre, puesto que ellos no estaban capacitados para ejercerlo.
Pero incluso la división de la enseñanza hasta entonces existente, en tres grados —primaria, secundaria y universitaria—, me parecía clasista porque la gran parte de la población no poseía ninguno de estos grados y la mayoría de los que poseían alguno, sólo tenía el primero, lo cual era insuficiente para la participación del hombre en la cultura de su tiempo y por tanto le hacía indiferente a ella, o incluso enemigo. Se hacía necesario dilatar el límite de la enseñanza del pueblo e incorporarlo a la tarea de la cultura desde cualquier sitio en que se encontrara: el taller, el campo, la mina, la nave. Había que mirar más allá de la preparación propia del trabajador para el trabajo que realizaba. Había que ponerle en condiciones de realizar misiones más trascendentales que le condujeran a participar en toda la vida de su tiempo. Esto ya era una meta superior a las conocidas hasta entonces.
Las universidades laborales darían a los futuros trabajadores una formación universal, una universalidad de conocimientos para conseguir esa participación (de ahí el nombre de universidad), y a la vez haría de ellos unos técnicos especialistas en distintos ramos: industriales, agrícolas, pecuarios, comerciales, de transportes, de navegación.
Se pidió a los montepíos laborales que invirtieran sus excedentes, una vez garantizada técnicamente la cobertura de sus riesgos normales, en levantar estos centros. Y así lo hicieron.
La primera universidad laboral fue la de Gijón. Su dirección la puse en manos de hombres avezados a la enseñanza:
los jesuitas. De la segunda, que fue la de Córdoba, se ocuparon los dominicos, cuya capacidad para enfrentarse con las necesidades del hombre y ayudarle a recorrer el camino de su perfeccionamiento estaba más que demostrada. La tercera universidad, en Sevilla, y la cuarta en Tarragona, la dirigieron hombres seculares dispuestos a hacer de su vida una inquietud por formar a la juventud y potenciar al máximo sus capacidades.
Hubo quienes se obstinaron en no comprender adonde íbamos a parar con aquellos colosales edificios que, según decían, eran un lujo intolerable en una nación pobre. La victoria que buscábamos valía el sacrificio y los trabajadores lo comprendieron y lo apoyaron con sus montepíos.
Si un alumno de estos centros mostraba unas aptitudes especiales, una predisposición para una actividad que no fuera la de técnico con carácter general, la universidad laboral le daría la posibilidad de continuar su formación en una universidad del Estado; de realizar cualquier carrera universitaria que costearían las propias universidades laborales.
La tarea era delicada porque tenía que desarrollarse dentro de los límites del perfeccionamiento gradual y no caer en la pedantería de pretender formar seres excepcionales de una sola vez. Insistí siempre a los directores que tuvieran muy presente que la formación del hombre tenía que atender al inmediato pasado, al presente y al futuro. Cualquier procedimiento precipitado que rompiera el desarrollo a que ha de estar sometida la preparación intelectual, podía romper el equilibrio necesario entre un momento y otro y dar lugar a una formación desproporcionada que haría peor servicio al ser humano que la ausencia de este esfuerzo, creándole el falso convencimiento de estar en posesión de una cultura que podría llevarle al desprecio de sus orígenes y conducirle, sin duda, al resentimiento.
Tratábamos de dar fin a la división estudiante-obrero y hacer de la clase trabajadora también clase dirigente, y arrebatar no por la fuerza ni la subversión, sino por la fuerza de la razón, por la luz de la inteligencia, por la cultura, en suma, el centro de mando en la sociedad a una sola clase y ofrecérselo a la sociedad entera sin distinción ni privilegio.
La firme decisión de incorporar a los trabajadores a la rectoría de todos los servicios sociales del país me llevó a la creación de los «jurados de empresa». Los jurados de empresa pretendían hacer realidad la participación del trabajador en la empresa como un miembro más, su participación en la dirección de la comunidad del trabajo, su intervención en los consejos de administración. A los empresarios, en general, no les gustó la idea y, en un principio Suanzes, seguramente influido por el capitalismo, trató de pararlo, pero el decreto de Jurados de Empresa se promulgó el 18 de agosto de 1947. Sin embargo había que ir despacio porque el obrero no estaba suficientemente preparado y podía verse arrollado dialécticamente, técnicamente por sus contradictores dentro del consejo de empresa; podía verse sumido en la mayor mudez, no entender lo que escuchaba o interpretarlo erróneamente. En 1953 empezó a funcionar en muchos sitios, tras haber hecho ensayos parciales sobre áreas de trabajo muy reducidas.
En cuanto a los problemas laborales que pudieran surgir de la relación entre obrero y patrono, siempre creí en la necesidad de la intervención del Estado. La inhibición de esta intervención da lugar a la resolución por querella en ambas partes, y la consecuencia sólo podía ser una: la lucha de clases con su trágica alternativa de dominio y dictadura, o la dictadura del dinero o la dictadura del número.
Nosotros reivindicamos la intervención del Estado partiendo de las reglamentaciones elaboradas en común por empresarios, obreros y técnicos y vigilando su cumplimiento mediante un sistema de sanciones en cada caso de infracción, cuya interpretación correría a cargo de los jueces y no a cargo de los litigantes. Para el capitalismo y el marxismo era muy conveniente que todas las cuestiones laborales se dirimieran por los protagonistas. El liberalismo capitalista, tan celoso del establecimiento de leyes y códigos, quería libertad para hacer lo que le diera la gana y además tener a su servicio el aparato represivo y la fuerza material. Por su parte, el marxismo ponía a salvo una de sus armas más queridas: la huelga.
En todos los ordenamientos laborales anteriores a nosotros, relativos a la jurisdicción contenciosa laboral, se entregaba tan delicado material a los tribunales mixtos, en los que no se hacía otra cosa que continuar la querella y resultaban inútiles. Rompimos con el pasado y creamos la jurisdicción judicial laboral, desempeñada por magistrados y jueces procedentes de la carrera judicial y fiscal. Contra su fallo cabía el recurso ante un tribunal supremo de carácter laboral.
Nuestros objetivos, expresados aquí a grandes rasgos, calificados a menudo de demagógicos o utópicos, quedaron respaldados por unas realizaciones que nada tuvieron de ficticio; y el hacer una relación de ellos responde a mi deseo de subrayar que todos nuestros logros sociales no fueron fruto de la gestión más o menos acertada del ministro de Trabajo, sino de la fe y aplicación de unos principios que, si muchos llamaron «socialistas» por el afán de liquidar la lucha de clases, por la ambición por lograr la justicia social y por la defensa de los intereses de los obreros, nosotros pretendimos que fueran más allá de los objetivos propuestos por el socialismo, imprimiendo en ellos una visión cristiana que no podía ignorar todos los valores espirituales del hombre.
La obra está de sobra estudiada y por mucho que la sepulten siempre servirá de testimonio acusatorio. Después de toda la matraca que le dieron al régimen de Franco, años después de que el Caudillo muriese en una cama de la Seguridad Social, la OIT reconocía, sin proponérselo expresamente, que el trabajador de mayor poder adquisitivo y dotado de mayor sistema defensivo fue precisamente el trabajador español durante el régimen político anterior… No quiero perder ni el buen humor ni la serenidad con que dicto estas palabras, ni dar rienda suelta al énfasis ni a la nostalgia. Permítaseme decir, aupado sobre mi alta cronología, que aquel muchacho del caserón de la calle de San Bernardo de Madrid puede hoy cerrar los ojos y contemplar los rostros de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco sin sonrojarse.
