La historiografía impuesta por el marxismo cultural insiste en señalar que el Alzamiento del 18 de julio fue un golpe de Estado contra la Segunda República, a la que define como el paradigma de las libertades, del respeto a los ciudadanos y de la democracia en España. Sin embargo, nada de esto es así.
La República no fue democrática ni en su génesis, ni en su desarrollo, ni en el concepto de los partidos políticos que la impusieron de manera ilegal e ilegítima en aquel mes de abril de 1931. Llegó como consecuencia de un pacto entre partidos políticos que se alcanzó en San Sebastián el 17 de agosto de 1930. En esa reunión se acordó la formación de un comité revolucionario que llevase a España hacia una república. La denominación “revolucionario” ya implica el propio concepto que ellos mismos se daban, que planteaba el cambio fuera de las vías legales.
La sede de aquel encuentro fue el domicilio de Unión Republicana y se conocen sus acuerdos gracias a la “nota oficiosa” del comité revolucionario publicada en el diario El Sol el día 18 de agosto. El artículo explicaba que el acuerdo de los presentes en el pacto establecería el calendario y las actuaciones encaminadas a la proclamación de la República en España. Para ello se trabajaría en comisiones durante los meses siguientes para establecer el camino más eficaz para conseguir su objetivo. Un camino que no renunciaba a la vía revolucionaria y golpista, que finalmente fue la elegida.
A aquella reunión de San Sebastián acudieron personalidades de diferentes formaciones políticas: Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical; Manuel Azaña, de Acción Republicana; Marcelino Domingo, Ángel Galarza y Álvaro de Albornoz, del Partido Radical Socialista; Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura del pequeño partido Derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco, de Acción Catalana; Macià Mallol, de Acción Republicana de Cataluña; Jaume Aiguader, del separatista partido Estat Català; y Santiago Casares Quiroga, de la Federación Republicana Galleguista Autónoma, que fiel a su gusto por la vida ostentosa estrenó un llamativo coche descapotable blanco para la ocasión.
Sin representación oficial de ningún partido, y solamente a título personal, también acudieron Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset.
Los integrantes de esta variopinta reunión decidieron no levantar acta de los acuerdos adoptados porque eran conscientes de que tal documento les inculparía en varios delitos en caso de caer en manos de la policía, ya que entre las medidas a emprender se avanzaba en la organización de un golpe de Estado que eliminase la Monarquía. Un golpe que debería darse con la mayor de las contundencias posibles. Otra muestra de que la legalidad, a aquellos conspiradores republicanos, les importaba muy poco.
El problema de los asistentes era que representaban a organizaciones con muy poco o nulo apoyo social y sin apenas militancia. No tenían, pues, una masa de seguidores que les permitiera movilizar a un sector de la sociedad para que pudieran implantar un nuevo régimen por esa vía revolucionaria que ellos planificaban desde sus despachos. La única solución era la de atraerse a los representantes del socialismo, único partido organizado territorialmente y con una capacidad de movilización suficiente como para hacer que se tambalease la Monarquía, y con ella el régimen político que sobrevivía a duras penas desde la restauración de los Borbones en 1875.
Finalmente, el comité revolucionario consiguió que en octubre de 1930 se sumase al Pacto el PSOE y su poderoso sindicato, la UGT. Esta adhesión supuso una ruptura dentro de las formaciones, ya que se impuso el criterio de los elementos más radicales a los que representaban Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, y la pérdida de poder dentro del partido y el sindicato del socialdemócrata moderado Julián Besteiro. Se imponía la deriva revolucionaria dentro del principal partido de España y se abandonaba la línea legal y democrática, enfrentada al plan de expansión revolucionario de la URSS estalinista, que sería la línea de los socialistas españoles durante las siguientes décadas.
Con la adhesión de los socialistas, se desbloqueaba el plan del pacto de San Sebastián y se abría el camino revolucionario, ilegal e ilegítimo, que defendían los “padres” de la Segunda República. Pero ¿qué medio barajaban para traer la república y relegar “la Monarquía a los archivos de la Historia”? Muy sencillo.
El primer paso era convocar una huelga general revolucionaria que obligase a las fuerzas del orden y al Ejército a movilizarse para no poder atender otros conflictos. Mientras tanto, en varios cuarteles, un grupo de militares conjurados con la causa republicana debían dar un golpe de Estado que pusiera fin a la Monarquía y abriese un proceso de elaboración de una constitución. En ese periodo constituyente, el espectro político estaría controlado por los partidos republicanos y se impondría una carta magna que excluyese a cualquier otro grupo político que no fuera abiertamente republicano o que no se plegara a las condiciones impuestas por los firmantes del Pacto de San Sebastián.
Los miembros del comité revolucionario querían y necesitaban darse prisa, puesto que, con un talante mucho más democrático y tolerante que el que ellos venían manteniendo desde agosto, el Gobierno monárquico del general Berenguer también estaba elaborando un tránsito político hacia una nueva constitución. Para ello, se había decidido la celebración de elecciones generales con carácter constituyente para abril de 1931. Los republicanos sabían que eran una minoría, que perderían cualquier elección en España y no podían someterse al veredicto de las urnas. Por eso adelantaron sus planes y decidieron que el 15 de diciembre, sin el paso previo de la huelga general, se produciría el golpe de Estado planeado, al que se sumarían rápidamente los elementos revolucionarios afiliados a los partidos políticos republicanos, especialmente los socialistas, para consolidar un golpe que copiase el que dio Lenin en la URSS en 1917.
A principios de diciembre se hizo público un manifiesto a favor de la república que anunciaba la creación de un comité revolucionario. Era la presentación en sociedad del Pacto de San Sebastián, pero con la inclusión de los elementos socialistas que se habían sumado tarde, aunque ya controlaban políticamente al grupo de partidos republicanos. Aquel “nuevo” comité estaba integrado por: Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga, Luis Nicolau d’Olwer, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero.
La fecha para el pronunciamiento militar que desencadenase el golpe de Estado era el 15 de diciembre. Pero fracasó porque dos capitanes, Fermín Galán y Ángel García Hernández, con destino en la guarnición de Jaca, se adelantaron tres días a la fecha. Fueron detenidos y fusilados inmediatamente tras ser condenados por un tribunal militar. Esta precipitación hizo que la movilización de las milicias socialistas no estuviera preparada y se produjo el fracaso del golpe de Estado republicano.
El intento revolucionario obligó al rey, Alfonso XIII, a tomar medidas y destituyó al general Dámaso Berenguer, que fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar. Este programó un calendario electoral con el objetivo de avanzar legalmente hacia el cambio constitucional sin romper la legalidad, como pretendían los republicanos. El primer paso eran unas elecciones municipales, que se celebrarían a dos vueltas los días 5 y 12 de abril de 1931. Tras ellas, vendrían unas elecciones generales antes del verano y, posiblemente, una disolución de Cortes y unas elecciones constituyentes para el mes de noviembre siguiente.
Ese calendario no fue posible porque los candidatos de los partidos republicanos, siguiendo las directrices del comité revolucionario, presentaron las elecciones municipales como un plebiscito entre Monarquía o República. Sabían que en términos generales las candidaturas favorables al mantenimiento del régimen ganarían porque estaban firmemente asentadas en las zonas rurales, donde residía el 60 % de la población española. Solo eran superiores, y no de manera muy destacada, en el ámbito urbano.
El resultado de aquellas elecciones fue un claro respaldo para las candidaturas monárquicas, que obtuvieron en la primera ronda del 5 de abril 14.018 concejales, frente a 1.832 de las candidaturas republicanas. Al comité revolucionario le quedaban siete días para reaccionar y lo hicieron de manera muy inteligente: sabedores de que se habían impuesto en el mundo urbano, donde el crecimiento industrial gracias al desarrollismo implantado durante el gobierno del general Miguel Primo de Rivera había multiplicado la población obrera, prepararon movilizaciones para declarar su victoria el mismo día 12 de abril, antes de conocerse los resultados de la segunda ronda de aquellas elecciones.
Gracias a ello, el domingo día 12, antes de saberse que los monárquicos habían arrasado en las elecciones al ganar 22.150 concejalías en toda España, frente a 5.775 republicanas, se echaron a la calle para reclamar el cambio de régimen.
Mientras tanto, los miembros del comité revolucionario comunicaban a Alfonso XIII su intención de ir a la revolución si no se apartaba del poder y cedía el Gobierno y el control del Estado a aquellos conjurados del Pacto de San Sebastián. Lo que planteaban al monarca era, en sí, un golpe de Estado que, de no ser aceptado, podría tener como consecuencia el inicio de una guerra civil.
Tras consultar a sus ministros, y al contar solamente con el respaldo de Juan de la Cierva, que ocupaba la cartera de Fomento, el monarca decidió abandonar España y ceder el poder al comité revolucionario, que se constituyó en Gobierno Provisional de la Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931 sin que se hicieran públicos los resultados definitivos de aquellas elecciones municipales, manipuladas por los republicanos en su propio beneficio.
Lo que planteaban los nuevos políticos que se habían hecho con el poder no era una república que integrase a todas las formaciones políticas y representase a la mayoría de los españoles. Su proyecto fue, desde el principio, un modelo de Estado excluyente en el que no tenían cabida quienes no aceptasen las imposiciones aprobadas en San Sebastián. Por eso, desde el principio, su principal preocupación fue dejar fuera del juego político a quienes pudieran desmontar esta premisa, aunque eso significara tener que imponer el nuevo régimen a la inmensa mayoría de los españoles.
Quizá la mayor de las mentiras que presenta la clase política, el marxismo cultural y la imposición del pensamiento único en nuestros centros de enseñanza es la de que, si bien la República no llegó de la manera más ortodoxa posible, sí intentó incluir a todos los españoles y se ciñó a una legalidad que luego vino a ser arrasada por el Alzamiento del 18 de julio.
Probablemente esta sea una de las mayores falsedades y, aunque no es este el lugar para desarrollar en profundidad la historia de la Segunda República, sí debemos esbozar cómo era el régimen contra el que se levantó Francisco Franco al frente de un grupo de militares aquel 18 de julio.
Entre el 28 de junio y el 8 de noviembre de 1931 se desarrollaron las elecciones constituyentes. Estas estuvieron marcadas por irregularidades, con desaparición de censos y urnas, y la necesidad de repetir votaciones en zonas donde la derecha obtenía amplias mayorías.
El resultado de esta consulta electoral otorgó una amplia victoria a los partidos vinculados al comité revolucionario, ya convertido en Gobierno Provisional. Se repartieron el 90 % de los 470 escaños del Congreso de los Diputados.
Los mismos partidos que en las elecciones municipales no habían logrado más que el 20 % de los puestos de concejales habían multiplicado por cuatro el número de sus representantes. Un “milagro electoral” que, según esta interpretación, se habría producido mediante manipulaciones más propias de etapas anteriores que de una democracia moderna.
De esta manera, el Partido Socialista Obrero Español fue la fuerza más votada con 115 diputados. Detrás se situaba el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con 90; Álvaro de Albornoz, junto a Marcelino Domingo y su Partido Republicano Radical Socialista, se situaba a continuación con 55 asientos; Manuel Azaña, líder por entonces de Acción Republicana, obtuvo 30 representantes; y Alcalá Zamora, único representante de una formación que no fuera de izquierdas en el Gobierno Provisional, se adjudicó 25 asientos en la cámara de representantes con su Derecha Liberal Republicana.
Frente a este bloque monolítico republicano, las candidaturas monárquicas y de derechas, que en las elecciones municipales se habían repartido el 80 % del electorado en España, apenas obtuvieron 50 de los 470 diputados de las Cortes Constituyentes. Era una “oposición” dividida entre el Partido Agrario de José Martínez Velasco, la Acción Nacional de José María Gil Robles, la Comunión Tradicionalista Carlista y pequeñas candidaturas de independientes.
Nuestros políticos e historiadores marxistas presentan este periodo de la historia de España como el momento en el que se desarrolla el derecho de la mujer en su camino hacia la igualdad con los hombres. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los miembros del Gobierno Provisional decidieron que la mujer pudiera ser candidata, pero no votar en las elecciones, porque creían que su voto estaría condicionado por la Iglesia y por los maridos, inclinándose hacia opciones de derechas. Se dio la curiosa paradoja de que las tres mujeres elegidas como diputadas no pudieron votarse a sí mismas.
Nuevamente encontramos una interpretación que pretende desfigurar la realidad de aquella etapa. La historiografía sostiene que la Constitución de 1931 fue la primera en reconocer el derecho de voto a la mujer. Sin embargo, en las elecciones municipales del periodo de gobierno de Primo de Rivera, en los procesos electorales municipales mixtos realizados entre 1927 y 1929, las mujeres —con ciertas limitaciones respecto a los hombres— pudieron ejercer el voto.
Es más, en la constitución que el propio Primo de Rivera preparaba en 1929, antes de su caída, se recogía el derecho al voto de todas las mujeres mayores de edad en España.
La Constitución de 1931 tampoco fue un texto legal pensado para incluir a todos los españoles. Fue impuesta por el rodillo de esa mayoría perteneciente a los partidos del comité revolucionario. Dejaba fuera a los monárquicos, que tenían prohibido reivindicar por vías pacíficas y políticas una vuelta al régimen anterior. También se elaboró la Ley para la Defensa de la República, que establecía la censura de prensa, vigente durante cuatro de los cinco años que duró la Segunda República española, esa que algunos presentan como el paradigma de la democracia y el respeto. Además, marginaba a los católicos, que constituían una inmensa mayoría de la población.
Y pese a ser una constitución impuesta por los partidos que habían traído la República de manera ilegal e ilegítima, tampoco fue cumplida por estos. Ni se realizó el referéndum que la ratificase tras su aprobación por las Cortes el 9 de diciembre de 1931, ni se disolvió la cámara, elegida para unas Cortes constituyentes que debían ser sustituidas por una nueva cámara elegida por sufragio universal. Los mismos componentes de esa cámara decidieron, en contra de lo que establecía el propio texto constitucional, convertirse en Cortes legislativas.
El primer bienio republicano fue una dictadura encubierta del comité revolucionario convertido en Gobierno Provisional y, posteriormente, en gobierno ordinario de la República. Tampoco se convocaron elecciones para la presidencia de la República, quedando el cargo ocupado por Niceto Alcalá Zamora, líder de un pequeño grupo de republicanos de centro derecha que jamás habría ganado un proceso electoral en caso de haberse elegido legalmente.
El presidente del Gobierno, Manuel Azaña, se empeñó en implantar la República en todo el territorio nacional disolviendo los ayuntamientos monárquicos surgidos de las elecciones de abril y gobernando por decreto para realizar las reformas educativa, agraria, militar y territorial. Sin embargo, su política pronto fue contestada por la izquierda más radical, especialmente los anarquistas, que iniciaron una oleada de revueltas para protestar por la limitada aplicación de la reforma agraria.
Como consecuencia de la represión de estos movimientos, el Gobierno comenzó a sufrir un descrédito creciente hasta que, tras los sucesos de Casas Viejas (Cádiz), en los que 26 anarquistas fueron asesinados —algunos quemados vivos— por la policía enviada por el Gobierno, el Ejecutivo tuvo que dimitir y convocar elecciones.
Las elecciones se celebraron el 19 de noviembre de 1933. También en ellas intentaron modificar las reglas del juego los partidos del comité revolucionario, introduciendo cambios en la ley electoral que buscaban dificultar la formación de una mayoría clara de derechas, conscientes de que podían ser los vencedores de los comicios.
Subieron el porcentaje para la adjudicación de escaños en primera vuelta hasta el 40%. Sin embargo, no contaron con la formación de coaliciones que otorgaron a la coalición de derechas liderada por José María Gil Robles el 40,5% de los votos y a la de centro algo más del 18%, dejando en franca minoría a una izquierda que se había presentado dividida y enfrentada y a la que el poderoso anarquismo español decidió no apoyar con sus votos, llamando a la “abstención activa” a sus militantes.
En estas elecciones se permitió el voto a la mujer. Había 6.800.000 censadas. Fue un grupo electoral decisivo para el triunfo de las candidaturas de derecha.
La coalición de derechas obtuvo algo más de 200 diputados. La fuerza mayoritaria era la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de Gil Robles, que obtuvo 115 escaños. Le seguía el Partido Agrario con 30, los carlistas con 21, Renovación Española con 14 y el resto eran candidaturas independientes.
En el centro se formó una candidatura que obtuvo 170 diputados. Al frente de ellos estaba el Partido Radical de Lerroux, que ganó 102 diputados; y a mucha distancia se encontraban los liberales, con 9; los progresistas, con 3; el Partido Conservador, con 17 y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos que sumaban 41 representantes en la cámara.
En la izquierda, la caída de representantes en unas elecciones que no pudieron manipular fue extraordinaria. El PSOE quedaba con 59 escaños, 17 obtuvo Esquerra Republicana de Cataluña, 5 la Acción Republicana del expresidente Azaña y el resto, hasta 99 diputados, se repartía entre radicales, socialistas independientes y comunistas.
El presidente de la República, Alcalá Zamora, comenzó una ronda de contactos con los líderes políticos para encargar la formación de Gobierno. La lógica era que la fuerza más votada recibiera el encargo de asumir esa responsabilidad. Sin embargo, cuando llegó el turno de los responsables socialistas, se amenazó a su antiguo socio de conspiraciones republicanas con iniciar una revolución si la CEDA recibía el encargo de gobernar.
Por eso, Alcalá Zamora optó por encargar la formación de Gobierno al centrista Lerroux, al que se le impuso la condición de no introducir en su Ejecutivo a ningún miembro de la CEDA, para no provocar a las izquierdas que seguían considerando la República como una propiedad suya, por mucho que las derechas ganasen las elecciones.
La situación económica y social se calmó durante unos meses. Comenzó una recuperación económica considerable y se redujo el paro. Ante esta perspectiva, a la vuelta del verano de 1934, Gil Robles comenzó los contactos con Lerroux para que tres miembros de la CEDA entrasen en el Gobierno.
Inmediatamente, los socialistas y comunistas, a los que se sumaron los anarquistas —que hasta entonces habían defendido el abstencionismo como opción política— comenzaron a organizarse para dar un giro revolucionario a la República. Los líderes socialistas, con Indalecio Prieto a la cabeza, compraban armas en el mercado internacional y las introducían por los puertos del norte, desde donde eran transportadas a las cuencas mineras.
Amenazaban con echarse a la calle si Lerroux cedía a las solicitudes de Gil Robles. Finalmente, tres miembros de la CEDA fueron nombrados ministros el 4 de octubre. Un día después se declaró la huelga general revolucionaria en toda España y socialistas, comunistas y anarquistas acudieron a los lugares señalados por sus responsables políticos donde fueron armados y organizados.
La revolución fue rápidamente controlada en la mayor parte de España, pero en Asturias se prolongó durante dos semanas y los separatistas catalanes llegaron a declarar la independencia de esa región, aunque fueron rápidamente sofocados por el Ejército.
Tras la revolución, Gil Robles logró introducir cinco diputados y comenzó una estrategia política que pretendía acabar con su nombramiento como presidente del Gobierno. Durante el último año del segundo bienio de la República, la izquierda logró una gran movilización con el único tema propagandístico de la “brutal represión” cometida contra los revolucionarios de Asturias.
Señalaba al centro y a la derecha como culpables y aseguraba que la primera medida que tomaría el bloque de izquierdas cuando tuviera ocasión de llegar al poder sería la apertura de una investigación que depurase las responsabilidades políticas y penales de esa supuesta represión. Sin embargo, tras volver al poder en febrero de 1936 ni abrieron investigación ni comenzaron causa alguna puesto que sabían de sobra que era una cuestión perdida.
Se limitaron a declarar una amnistía general de todos los condenados por la revolución, que volvieron a encuadrarse en sus partidos políticos de izquierda y separatistas. Además, promulgaron una ley que obligaba a los empresarios a readmitir a los trabajadores que habían sido despedidos como consecuencia de la revolución, dándose la circunstancia de que varios hijos de empresarios que habían sido asesinados por los revolucionarios tuvieron que dar trabajo a los asesinos de sus padres.
La siguiente ruptura de la legalidad republicana por parte de la izquierda y sus socios, los partidos burgueses republicanos, la encontramos en las elecciones de febrero de 1936. Unos comicios de los que jamás se dio un resultado oficial y cuyo escrutinio real conocemos gracias a la investigación recientemente publicada por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su libro “1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”.
Los autores han pasado cinco años estudiando la documentación y las actas de aquellas elecciones, las que se han conservado y no fueron destruidas por el Gobierno impuesto por el bloque de izquierdas conocido como el Frente Popular.
Entre esa documentación se encuentra un conjunto de actas alteradas que estaban en posesión del expresidente de la República, Alcalá Zamora, y que se llevó al exilio. Fruto de esa ardua investigación pudieron demostrar que las elecciones del 16 de febrero, tras las que se impuso el bloque de izquierdas –Frente Popular–, no fueron limpias.
También explican cómo se alteraron los resultados en un clima de intimidación y violencia en la calle, protagonizado por las milicias anarquistas y comunistas, y en los despachos, protagonizado por los dirigentes de los partidos que se habían unido unas semanas antes para la formación de la coalición de izquierdas.
La conclusión es clara: entre 50 y 60 de los escaños logrados por la coalición del Frente Popular se otorgaron como consecuencia de la manipulación a la que fueron sometidos los recuentos posteriores.
Los métodos empleados: la alteración directa de los resultados, la aparición de más votos que votantes censados en numerosas urnas, los escrutinios sin testigos al ser expulsados los representantes de la coalición de derechas de muchos colegios electorales, la inclusión de actas llenas de tachaduras y alteraciones…
Cuando todo esto parecía que podría ser controlado, la coalición frentepopulista dio un nuevo golpe de timón obligando a Alcalá Zamora a aceptar la sustitución de Portela Valladares por Azaña al frente del Gobierno en pleno escrutinio.
Como resultado de esta manipulación, el Frente Popular obtuvo 4,6 millones de votos (el 47,03%) y se le adjudicaron 263 diputados de los 475 que tenía el Congreso. Frente a ello, el bloque de derechas que se presentó con el nombre de Frente Nacional, aunque no iba unido en muchas circunscripciones electorales, obtuvo 4,5 millones de votos, lo que suponía el 46,5% de los votos y solamente se le reconocieron 158 diputados.
A ellos habría que sumar el 5,2% de los votos que obtuvieron las candidaturas de centro y los nacionalistas que se repartieron 54 diputados.
En un resultado tan ajustado, la manipulación de los resultados dio a la izquierda una victoria que no les correspondía. Por eso, sabedores de que no tendrían otra oportunidad si no daban un golpe de Estado, decidieron comportarse como si lo hubieran dado y comenzaron con la imposición sistemática de su modelo y la eliminación política, y en muchos casos física, de sus rivales ideológicos.
A partir de ese momento, los partidos de izquierdas comenzaron una deriva revolucionaria. Comenzó con la sustitución ilegal del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, por Manuel Azaña.
Una demostración de que había comenzado el rodillo del ala más radical de los republicanos que no pensaba ni siquiera respetar a aquellas personas de las que se habían servido y de quienes, merced a su poco carácter, habían obtenido una impunidad en sus métodos delictivos e ilegales.
Alcalá Zamora jamás se plantó ante las irregularidades. Permitió que los partidos condicionasen la elección de gobierno durante el segundo bienio republicano y frenó a la derecha cuando tenía mayoría.
Su última cesión fue la que le costó el puesto al ser destituido con una argucia legal. Según la legislación de la Segunda República, un presidente no podía disolver en tres ocasiones el parlamento. Como durante la presidencia de Alcalá Zamora solamente había habido dos disoluciones, en 1933 y en 1936, los partidos del Frente Popular, con mayoría en la cámara gracias al fraude electoral de febrero de 1936, decidieron que la fraudulenta conversión de cortes constituyentes en legislativas tras la aprobación de la Constitución de 1931 equivalía a una disolución y destituyeron al presidente.
A partir de ese momento, en mayo de 1936, con todos los resortes del poder en sus manos, la escalada revolucionaria y violenta de los partidos de la izquierda y los separatistas vascos y catalanes fue en aumento. Disfrutaban de total impunidad y eran protegidos por el Gobierno y el Estado.
Solamente tenían una tímida respuesta de las organizaciones de la derecha, especialmente de Falange, que intentaba frenar sus abusos enfrentándose a ellos en la calle, aun a costa de sufrir decenas de bajas entre sus filas.
El 16 de junio de 1936 el líder de la CEDA, José María Gil Robles, subió a la tribuna del Congreso de los Diputados y compendió los actos de violencia protagonizados por los partidos de las izquierdas, acusando al Gobierno de cómplice de los violentos.
Sus palabras fueron más que significativas, hasta tal punto molestaron a los diputados de los partidos del Frente Popular que exigieron que fueran borradas del diario de sesiones. Sin embargo, quedan recogidas para vergüenza de la izquierda que sigue defendiendo a los frentepopulistas y a la república ilegal:
“Habéis ejercido el poder con arbitrariedad y total ineficacia. Los datos estadísticos lo prueban: desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio último un resumen numérico arroja los siguientes datos: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atracos, 23; centros políticos y particulares destrozados, 69; idem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos e intentos de asaltos y destrozos, 33; bombas y petardos que estallan, 146; recogidos sin estallar, 78”.
Todos estos actos fueron cometidos ante la inacción de la fuerza pública, que estaba siendo controlada por los mandos intermedios, muchos de ellos ya instructores de las mismas milicias que estaban cometiendo esos desmanes.
Aquella sesión de las Cortes marcó un antes y un después para la historia de España. Tras Gil Robles, habló José Calvo Sotelo, líder del partido Renovación Española, asegurando que no se acobardarían ante el clima de violencia que estaban imponiendo las izquierdas y explicó que: “Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: ‘Señor, la vida podéis quitarme pero más no podéis’. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio”.
Los líderes de la izquierda ya no sentían la necesidad de ocultarse y no dudaron en contestar a esta afirmación de Calvo Sotelo. Existe todo un debate sobre quién fue la persona que amenazó al líder de la derecha aquel 16 de junio. Todo parece señalar a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, como la autora de la frase que fue borrada del diario de sesiones en la que sentenciaba al político que hacía frente a su violencia: “Este hombre ha hablado por última vez”.
Pero las amenazas, reflejando la mencionada impunidad que existía para la izquierda más radical, no cesaron aquel día y, el 1 de julio de 1936, el diputado socialista Ángel Galarza se dirigía a Calvo Sotelo en términos similares: “Pensando en Su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”.
Estaba claro. La izquierda, en cuyos brazos se habían echado sin dudarlo los partidos republicanos burgueses Acción Republicana y el Partido Radical, se habían apropiado de la República y estaban dispuestos a eliminar físicamente a cuantos se opusieran a su deriva revolucionaria. La claridad con la que amenazaban en sede parlamentaria no dejaba lugar a dudas.
Esta forma de actuar llevó a la radicalización de las posturas políticas. Mientras que la izquierda, con el apoyo de las instituciones del Estado, formaba escuadras de milicianos que asolaban a los centros cívicos de la derecha, en el centro derecha se abandonaba la moderación y los miembros de las Juventudes de Acción Popular (la sección juvenil de la CEDA de Gil Robles) se militarizaban para poder defenderse y, en muchos casos, se afiliaban a Falange, que estaba dispuesta a crear unas milicias que estuvieran en disposición de hacer frente a comunistas, socialistas y anarquistas.
Además, en el mundo rural, las ocupaciones de fincas, el asesinato de propietarios y de representantes políticos de partidos de derechas se multiplicaron, generando un clima irrespirable de violencia sin que la Guardia Civil pudiera poner freno a los desmanes.
El 23 de junio de 1936, tres semanas antes de que comenzara la Guerra Civil tras los últimos movimientos revolucionarios que precipitaron el pronunciamiento militar que lideraba el Capitán General de Navarra, Emilio Mola, y que contaba con el apoyo de otros generales que habían participado activamente en la proclamación de la República como Sanjurjo y Queipo de Llano, Franco, el más reputado militar de España, escribía al ministro de la Guerra, Casares Quiroga, una carta advirtiéndole de la necesidad de tomar medidas para evitar una Guerra Civil.
Esta carta mostraba que los militares, como la sociedad, también se estaban radicalizando y dividiendo entre los más conservadores, agrupados en la Unión Militar Española, y los revolucionarios dispuestos a vincularse a la imposición de un régimen soviético en España, agrupados en la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA).
La carta de Franco a Casares Quiroga decía lo siguiente:
“Respetado ministro:
Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del Ejército tienen la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los cuerpos de oficiales y suboficiales.
Las recientes disposiciones que reintegran al Ejército a los jefes y oficiales sentenciados en Cataluña, y la más moderna de destinos antes de antigüedad y hoy dejados al arbitrio ministerial, que desde el movimiento militar de junio del 17 no se habían alterado, así como los recientes relevos, han despertado la inquietud de la gran mayoría del Ejército.
Las noticias de los incidentes de Alcalá de Henares, con sus antecedentes de provocaciones y agresiones por parte de elementos extremistas, concatenados con el cambio de guarniciones, producen, sin duda, un sentimiento de disgusto, desgraciada y torpemente exteriorizado en momentos de ofuscación, que interpretado en forma de delito colectivo tuvo gravísimas consecuencias para los jefes y oficiales que en tales hechos participaron, ocasionando dolor y sentimiento en la colectividad militar.
Todo esto, excelentísimo señor, pone aparentemente de manifiesto la información deficiente que, acaso, en este aspecto debe llegar a V.E., o el desconocimiento que los elementos colaboradores militares pueden tener de los problemas íntimos y morales de la colectividad militar.
No desearía que esta carta pudiese menoscabar el buen nombre que posean quienes en el orden militar le informen o aconsejen, que pueden pecar por ignorancia; pero sí me permito asegurar, con la responsabilidad de mi empleo y la seriedad de mi historia, que las disposiciones publicadas permiten apreciar que los informes que las motivaron se apartan de la realidad y son algunas veces contrarias a los intereses patrios, presentando al Ejército bajo vuestra vista con unas características y vicios alejados de la realidad.
Han sido recientemente apartados de sus mandos y destinos jefes, en su mayoría, de historial brillante y elevado concepto en el Ejército, otorgándose sus puestos, así como aquellos de más distinción y confianza, a quienes, en general, están calificados por el noventa por ciento de sus compañeros como más pobres en virtudes.
No sienten ni son más leales a las instituciones los que se acercan a adularlas y a cobrar la cuenta de serviles colaboraciones, pues los mismos se destacaron en los años pasados con Dictadura y Monarquía.
Faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones; prestan un desdichado servicio a la patria quienes disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la oficialidad, haciéndoles aparecer como símbolos de conspiración y desafecto.
De la falta de ecuanimidad y justicia de los poderes públicos en la administración del Ejército en el año 1917 surgieron las Juntas Militares de Defensa. Hoy pudiera decirse virtualmente, en un plano anímico, que las Juntas Militares están hechas.
Los escritos que clandestinamente aparecen con las iniciales de U.M.E. y U.M.R.A. son síntomas fehacientes de su existencia y heraldo de futuras luchas civiles si no se atiende a evitarlo, cosa que considero fácil con medidas de consideración, ecuanimidad y justicia.
Aquel movimiento de indisciplina colectivo de 1917, motivado, en gran parte, por el favoritismo y arbitrariedad en la cuestión de destinos, fue producido en condiciones semejantes, aunque en peor grado, que las que hoy se sienten en los cuerpos del Ejército.
No le oculto a V.E. el peligro que encierra este estado de conciencia colectivo en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la patria.
Apartado muchas millas de la península, no dejan de llegar hasta aquí noticias, por distintos conductos, que acusan que este estado que aquí se aprecia existe igualmente, tal vez en mayor grado, en las guarniciones peninsulares e incluso entre todas las fuerzas militares de orden público.
Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado muchos años, puedo asegurarle que es tal el espíritu de justicia que impera en los cuadros militares, que cualquiera medida de violencia no justificada produce efectos contraproducentes en la masa general de las colectividades al sentirse a merced de actuaciones anónimas y de calumniosas delaciones.
Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la disciplina militar, que V.E. puede fácilmente comprobar si personalmente se informa de aquellos generales y jefes de cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en contacto y se preocupen de los problemas íntimos y del sentir de sus subordinados.
Muy atentamente le saluda su affmo. y subordinado,
Francisco Franco”
La carta, muy a menudo obviada por los historiadores marxistas o defensores de la Segunda República, deja clara la intención de Franco de evitar un enfrentamiento civil en España y su independencia en la organización de un golpe que venía fraguándose con otros organizadores, entre los que no se encontraba el militar destinado en Canarias, que ya había defendido la República durante el golpe de Estado dado por las izquierdas en octubre de 1934.
En su momento, los militares conjurados con Mola llegaron a tachar a Franco de traidor, señalando que esta carta ponía la diana sobre los conspiradores y que con ella lo único que pretendía era salvar su empleo dentro del Ejército. Pero el devenir de los acontecimientos les quitaría la razón, como veremos más adelante.
El ministro Casares Quiroga obvió las advertencias de Franco y no tomó medidas para frenar los desmanes de los partidos de izquierdas y republicanos, a los que él estaba vinculado. Permitió que continuase la oleada de asesinatos que llevó a los sucesos del 12 de julio y los asesinatos del teniente Castillo y del líder de la derecha nacional en el Congreso de los Diputados, José Calvo Sotelo.
El 12 de julio de 1936, por la mañana, el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáenz de Tejada, era asesinado en una emboscada cuando salía de su casa camino del cuartel de Pontejos en el que se encontraba destinado.
Los historiadores defensores de la República vienen explicando una visión parcial en la justificación de este crimen y su trascendencia. Se escudan en explicar que fue víctima de un atentado organizado por pistoleros falangistas —realmente fueron carlistas— y que le asesinaron por ser instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas y por su pertenencia a la UMRA.
Todo esto era cierto. La apropiación de las estructuras del Estado por parte de los partidos miembros del Frente Popular había sido clara. Entre su estrategia estaba el empleo de instalaciones, material y funcionarios afines para dar instrucción militar y armar a los miembros de las milicias que estaban creando con el objetivo único de dar un último golpe de mano definitivo que les permitiese apropiarse del poder, suspender las pocas garantías legales que le quedaban a la República y establecer un régimen soviético copiando el modelo de la Unión Soviética.
Sin embargo, esa razón no fue el detonante último de la muerte violenta de Castillo. La realidad era que unos días antes había participado en el asesinato de varios militantes de partidos de derecha durante la marcha fúnebre que se había organizado para despedir a una de las víctimas causada por las Juventudes Socialistas que él mismo entrenaba.
El entierro del alférez García de los Reyes había sido presentado por los partidos de la derecha como una gran protesta contra los crímenes cometidos por las milicias de izquierdas. El joven militar había sido asesinado por unos miembros de las milicias socialistas durante un desfile con la excusa de que estaba apuntando con su arma a la tribuna de autoridades. Tras su asesinato, la investigación concluyó que no había apuntado contra la tribuna por la sencilla razón de que no iba armado.
Pese a esta conclusión, la versión oficial mantuvo que pretendía atentar contra las autoridades republicanas y su asesino, que actuó en colaboración con varios guardias de asalto, no fue ni siquiera detenido.
El día del entierro del alférez García de los Reyes, una multitud de personas avanzaba por la calle de Alcalá hacia el cementerio de la Almudena, cuando un grupo de guardias de asalto dirigido por el teniente Castillo intentó detener la comitiva alegando que era una manifestación ilegal.
En ese momento, el joven Andrés Sáenz de Heredia, que iba a la cabeza de la comitiva fúnebre, manifestó su intención de no hacer caso a las órdenes del teniente y, cuando dio un paso, Castillo le disparó con su arma reglamentaria en el pecho, causándole heridas de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte unas horas más tarde.
Castillo justificó su acción asegurando que su joven víctima, primo del fundador y líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, le había amenazado con sacar un arma, algo que todos los testigos sabían que era totalmente falso.
Tras ese crimen cometido por el teniente, se convirtió en un objetivo de las milicias de los partidos de la derecha.
La respuesta de los partidos de izquierda contra este asesinato acabaría por precipitar el levantamiento del 17 de julio en el protectorado español en Marruecos y el comienzo de la Guerra Civil. Fue el asesinato de José Calvo Sotelo, y los intentos frustrados de asesinato de José María Gil Robles y de Antonio Goicoechea, líderes de la CEDA y de Renovación Española respectivamente.
Ellos se salvaron de correr la misma suerte que Calvo Sotelo porque en la noche del 12 de julio de 1936 no se encontraban en su casa y no pudieron ser localizados por la partida de milicianos socialistas y guardias de asalto que, bajo la orden directa de Ángel Galarza —director general de Seguridad y parlamentario que había amenazado de muerte a Calvo Sotelo en el Congreso— dieron muerte al líder político de la derecha parlamentaria.
Los hechos en torno a la muerte de Calvo Sotelo son de sobra conocidos. De ellos cabe destacar que en la Dirección General de Seguridad se dio el visto bueno de la operación con el conocimiento del propio Galarza. Se usaron medios de la seguridad del Estado para cometer el crimen y se ocultaron todas las pruebas que señalaban a los dirigentes políticos de la izquierda en el mismo.
Cinco días después, los militares que venían preparando el pronunciamiento militar contra el Frente Popular adelantaron sus planes —previstos para agosto— y, ya sí con el apoyo de Franco, iniciaron un alzamiento que pretendía un rápido triunfo en toda España con el objetivo declarado de restablecer la legalidad republicana recogida en la Constitución de 1931.
La resistencia de las guarniciones que apoyaban al Frente Popular y la rápida movilización de las milicias de los partidos de izquierdas hicieron fracasar el movimiento militar rápido y comenzó una guerra civil que duraría tres años.
Las milicias republicanas pronto se hicieron cargo del control social en las zonas rurales, comenzando una dura represión en las localidades que controlaron, en las que en pocas horas fueron detenidos y asesinados gran parte de los responsables políticos de la derecha, los más destacados propietarios y una gran cantidad de católicos.
Una masacre, aquella de las primeras horas de guerra, que no pasó desapercibida para los militares levantados contra el Frente Popular.
