En esta carta, fechada el 29 de diciembre de 1972, Francisco Franco se dirige a Su Santidad Pablo VI para trasladarle una serie de preocupaciones relacionadas con la situación espiritual del pueblo español y con las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España.
Tras señalar que España no es ajena a los problemas que afectan a la Iglesia en otros países, manifiesta que existe una causa concreta de confusión y deterioro espiritual que, según expone, tiene también repercusiones en la paz civil. Indica que considera un deber poner estos hechos en conocimiento del Pontífice y solicitar que sean abordados por la jerarquía eclesiástica.
La carta centra buena parte de su contenido en la actuación de algunos eclesiásticos y organizaciones de carácter apostólico, a quienes atribuye una creciente implicación en cuestiones políticas. Afirma que determinados miembros del clero mantienen una actitud de enfrentamiento con el Estado y que, en algunos casos, muestran comprensión o apoyo hacia actuaciones que considera contrarias al orden público y a la integridad del Estado.
Asimismo, sostiene que estas actuaciones resultan especialmente significativas cuando quienes las protagonizan disfrutan de las prerrogativas derivadas del Concordato, circunstancia que, según explica, dificulta la actuación de la autoridad judicial en determinados procedimientos contra miembros del clero.
Franco también hace referencia a sectores de la jerarquía eclesiástica que, a su juicio, presentan una visión crítica de la evolución política de España y favorecen el distanciamiento respecto del Gobierno. Considera que estas posiciones han contribuido a crear un clima de falta de colaboración entre la Iglesia y el Estado y menciona como ejemplo determinadas intervenciones de la Conferencia Episcopal Española, comparándolas con anteriores pronunciamientos de la jerarquía eclesiástica, entre ellos la carta colectiva de los obispos españoles de 1937.
En otro apartado de la carta recuerda que las Conferencias Episcopales tienen una función de orientación y coordinación pastoral, pero afirma que algunos de sus miembros intervienen en materias que, según expone, exceden ese ámbito. Añade que esta situación influye en las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno y destaca la importancia del procedimiento de presentación de obispos previsto en el Concordato.
Posteriormente expone que el Estado español mantiene, en su opinión, una actitud de respeto y apoyo hacia la Iglesia Católica, recordando que las Leyes Fundamentales del Estado reconocen a la religión católica como elemento inspirador del ordenamiento jurídico. Señala igualmente que durante sus gobiernos ha procurado garantizar a la Iglesia el ejercicio de su misión y el disfrute de los derechos que le reconoce la legislación vigente.
En los párrafos finales manifiesta comprender que el Pontífice pudiera no conocer con detalle los hechos que describe y expresa su preocupación por el deterioro de las relaciones entre parte del clero y las instituciones del Estado. Finalmente, solicita la intervención de Pablo VI para favorecer una cooperación estable entre la Iglesia y el Estado, evitar nuevas causas de enfrentamiento y preservar la unidad espiritual del pueblo español. Concluye indicando que su ministro de Asuntos Exteriores queda a disposición de la Santa Sede para proporcionar cuanta información adicional estime necesaria y finaliza la carta con la correspondiente fórmula de cortesía y su firma.
