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Un lugar para la memoria
Durante décadas la prisión provincial alicantina, sita en la calle Orihuela, se mantuvo como un espacio para la memoria. Durante décadas los españoles pudieron entrar en el lugar en el que se celebró el juicio, ver el estrado; recorrer los pasillos y acercarse a las celdas ocupadas por José Antonio y Miguel perfectamente conservadas y entrar en el pequeño patio donde fue ejecutado un 20 de noviembre. Una visita virtual que el lector puede realizar en nuestro apartado fotográfico para tener una idea clara del ambiente en que se desarrollaron los hechos.
Las sesiones tuvieron lugar en un salón habilitado en la propia prisión. El estrado se situó a la izquierda de la puerta de entrada. En la mesa central se colocó el tribunal y a ambos lados los jurados. La mesa situada a la derecha fue ocupada por el fiscal, los encausados quedaron a la izquierda y en otro banco, en la misma posición, los defensores. No tenemos constancia de que hubiera instrucciones previas, pero todos asumieron la importancia de la vista. Formalmente se iban a respetar las formas. Todos, magistrados y defensores, utilizarían la protocolaria toga.
El espacio utilizado para la vista no es ni grande ni pequeño. A la prisión llegaron 200 sillas que se sumaron a las que el centro pudiera facilitar. Cabría estimar que en cada sesión, a excepción de la inicial, unas 300 personas estuvieron allí. Probablemente más de medio millar pasaron por la vista. Sin embargo, los testimonios personales son muy escasos, quizás por el miedo de posguerra a los perjuicios que pudiera acarrear haber estado en aquella sala, aunque solo fuera como público. La prensa alicantina se comprometió a dar amplia información, como así sucedió, del juicio. El resto de los periódicos importantes de la zona republicana también publicaron resúmenes de las sesiones.
Con todo preparado, aunque fuera en la misma prisión, con fecha del día de inicio de la vista, el presidente del Tribunal Popular, Eduardo Iglesias Portal, firmaba el oficio de traslado que requería el visto bueno de la comisión que presidía el anarquista Ramón Llopis:
«TRIBUNAL ESPECIAL POPULAR DE ALICANTE
Por el presente, el Director de la Prisión Provincial de esta capital entregará a la fuerza pública los presos en la misma José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, Samuel Andani Boluda, Joaquín Samper Sánchez, Miguel Molins Martínez y Francisco Perea Pérez; para su conducción al Salón de actos de la misma Prisión para que asistan al juicio oral de la causa procedente del Juzgado especial sobre rebelión militar contra los mismos y otros que ha de tener lugar en el día de hoy a las nueve de la mañana.
Alicante 16 de noviembre de 1936. El Presidente
Eduardo Iglesias Portal»[1].
El fiscal, que tenía la experiencia de haber sido hasta unas semanas antes presidente del Tribunal Especial Popular, se había preocupado de asegurar que no se produjeran incidentes cuando se abrieran las puertas para la vista pública. Él mismo había tenido que suspender alguna sesión por los problemas generados por el alto número de personas deseosas de entrar en la sala. Facilitó la labor de control y disuasión en prevención de incidentes el que el juicio se celebrara en la prisión. Para conseguir el acceso había que identificarse, pasar por el registro y dejar cualquier arma.
El público era una parte importante para el fiscal Gil Tirado, tenían el valor de clac. Como indicamos era un hombre elocuente y estaba acostumbrado a despertar aplausos entre los asistentes a los juicios que él había presidido hasta entonces al frente del Tribunal Especial Popular. Teóricamente, informar y debatir ante un jurado y con el calor del público habitual en tiempo de guerra era una baza a su favor. Sabía perfectamente que, además de la situación en la retaguardia, el ambiente condicionaba a unos abogados defensores que actuaban temiendo que sus palabras les situaran como desafectos. Pero este no era el caso de un José Antonio que nada tenía que perder y que luchaba por su vida. Gil Tirado no supo medir hasta qué punto esto podría variar el discurrir de la vista, tal y como sucedió.
Por los testimonios conocemos que la primera sesión de la vista en sala, en la mañana del lunes 16 de noviembre, tuvo algo de continuidad en el público con lo que era habitual en estos juicios que se transformaban fácilmente en mítines de guerra; lo que Gil Tirado había alentado como presidente. No es difícil estimar que entre el público, mayormente de hombres, predominaran los anarquistas de la FAI y que acudieran al mismo con los tópicos habituales sobre Primo de Rivera en la mente. La algarabía de gritos subió unos decibelios por la incomparecencia inicial del magistrado Griñán, que fue recibido con amenazas cuando por fin llegó a la sala tras ser requerido. En 1961 el oficial de prisiones Francisco Perea Pérez, uno de los procesados en aquel juicio, quiso dejar constancia de lo que vivió:
«Yo le vi en el estrado de la defensa, y a pesar de mi preocupación en aquel momento me impresionó el dominio de sí mismo. Créame, me parece que a todos nos hizo mucho bien aquel dominio demostrado sin altanería ni petulancia. Había como un efluvio que manaba de él, y pensándolo luego he comprendido por qué la gente le seguía. José Antonio siempre negó que nosotros le hubiéramos ayudado… el público que fue allí ya comprenderá cómo era. Es verdad lo que se ha dicho algunas veces: que chillaban y que cada dos por tres pedían la muerte de José Antonio. No digo que lo hicieran todos, pero había allí, entre los asistentes, muchos que sólo iban a eso»[2].
Sabemos que en la sesión de la tarde el público ya desbordó la capacidad de la sala. José Antonio, desde el primer momento, contó con ese ambiente y no es ilógico estimar que maniobró hábilmente, utilizando su sobrada capacidad dialéctica, para ganar simpatías en el mismo, lo que no estaba en el guión de la acusación. Ante un público con un alto componente anarquista su discurso podía encontrar una cierta acogida, como también sucedió. Al mismo tiempo los dirigentes de la FAI es seguro que veían en José Antonio, además de un enemigo un posible aunque limitado competidor, lo que, a nuestro juicio, no dejo de pesar en la decisión anarquista de acabar con ese potencial atractivo para sus bases. El dirigente falangista tenía que pagar ese desafío.
La prensa alicantina registró el pausado cambio de actitud del público en el transcurso de las sesiones. En este sentido, hasta tal punto fue así que, Antonio Fitera, secretario de la Audiencia, recuerda que el público «no odiaba a José Antonio»; los obreros que salían del juicio comentaban en valenciano que si continuaban allí terminarían todos siendo fascistas, y otros de la CNT decían «que con un hombre así se hacían ellos los amos del mundo»[3]. La imagen de los hermanos Primo de Rivera distaba mucho de la del señorito que el fiscal, dándose cuenta de lo que acontecía, renunció a prodigar.
Así pues, en contra de lo que pudiera presuponerse, parece que José Antonio empatizó con no pocos de los presentes, como se haría evidente al finalizar la vista. Los asistentes difícilmente debían de tener una fotografía nítida en la mente de cómo eran los procesados. Llegaron a la sala, según la prensa, «pelados al rape, sin afeitar y con largos y viejos gabanes»: eran presos y no señoritos. Lo hicieron entre lógicos abucheos iniciales. Antonio Fitera anota en su declaración que poco a poco el líder falangista fue haciéndose con el público.
Margot y Miguel: la historia de amor en medio de la tragedia
A nuestro juicio un factor clave en esa atracción, en esa simpatía, que José Antonio despertó entre el público conforme avanzaron las sesiones fue la presencia de Margot. Una mujer en un banquillo con varios acusados que no se sabía muy bien qué había hecho y de la que los asistentes no tenían referencias. No era lo mismo que, si por ejemplo, también hubiera figurado como acusada Pilar Primo de Rivera y, sorprendentemente, no se había formalizado la acusación contra Carmen Primo de Rivera en el mismo proceso.
En ese momento, ella y su marido podían estar sentados en el banquillo, juntos, tras casi cuatro meses sin verse y eran, como remarcaría José Antonio, prácticamente, unos recién casados. Miguel, por otra parte, carecía de carga política conocida, más allá del evidente lazo familiar, y el fiscal tampoco pudo aportar mayores elementos de prueba a lo largo de la vista. La figura de Margot, si seguimos el relato periodístico, era un contrapunto al momento: se la veía sentada, con unos «zapatos blancos y rojos, una falda blanca y gabán azul; va muy sencillamente ataviada». El fiscal no se dio cuenta de lo difícil que iba a ser transmitir la idea de que era una peligrosa agente de enlace clave en las comunicaciones entre los presos y los conspiradores.
José Antonio apenas si había podido cruzar algunas palabras con su cuñada de cara a la armonización de la defensa. Sabía, porque cuando ella declaró ante el juez Enjuto le preguntó a López Zafra, que Gil Tirado no tenía prueba alguna que la comprometiera, quizás solo el testimonio de otro de los procesados, el funcionario Molins, pudiera acarrearle alguna sorpresa; pero este no podía admitir que hubiera conocido algún hecho y no informado a sus superiores[4]. Tampoco existían pruebas que la implicaran directamente en las funciones de enlace de ambos hermanos por la que, en realidad, se la quería condenar a la pena más alta posible.
Sin duda el interrogatorio de Margot en la mañana del 16, en la primera sesión, la torpeza del fiscal, la historia de amor que sin pretenderlo hicieron visible tanto ella como su marido, Miguel, que la precedió al ser llamado al estrado, ganó a muchos, jugaron a su favor. Unos asistentes que pudieron percibir el aislamiento que ambos mantuvieron durante todas las sesiones de lo que estaba sucediendo en la sala, al ser conscientes de que aquellos pudieran ser sus últimos días juntos. No se engañaban porque ambos asumían que la condena podía ser a muerte.
El cronista del periódico El Liberal se dejó atrapar por el romance escribiendo: «la escena desarrollada entre Miguel Primo de Rivera y su esposa es emocionante». Rodeados de guardias, Miguel, durante el juicio, «charla con ella, las manos cogidas, mirándose con emoción», casi una fotografía. Antonio Fitera anota que veía cómo los guardias de asalto y los milicianos anarquistas procuraban colocarse cerca de los procesados para escuchar «el enternecido diálogo entre Miguel y su señora».
Vidal Gil Tirado trata, ante el jurado, de retorcer las palabras de ambos para crear en su argumentación unas pruebas que no tiene. Al interrogar a Miguel busca demostrar que ella era quien ejercía de enlace de ambos hermanos con el exterior. Le pregunta si ella acudía a verle todos los días, con la intención, evidente, de hacer ver al jurado que esa actuación era posible, ya que ella no era registrada cuando acudía a la prisión; que existían unos orificios realizados desde el «interior» es decir por los presos, «por los que podían darse las manos», algo lógico cuando Miguel explicó que estaba «casado con ella año y medio y separado, por mi encarcelamiento, medio año». Lo único que puede argumentar Gil Tirado es que podían haberse pasado papeles y que Margot aprovechaba su situación para acudir varias veces al día a verle. Pero Miguel explica: «el tiempo que viene a la cárcel prolongábamos nuestras visitas. Decía que permanecíamos tanto tiempo que en verano lo hacíamos con cerilla. Lo prolongábamos porque estamos casados hace un año, separados siete meses y lo prolongábamos. ¡Ojalá hubiese sido más veces!». Uno de los jurados tiene que intervenir, Ortega, para ayudar al fiscal arguyendo que no creía que durante tanto tiempo hablaran solo de cosas fútiles.
Gil Tirado esperaba, en su argumentación, poder demostrar tanto la culpabilidad de Miguel como la de Margot con la declaración de esta. Tiene 24 años. El fiscal solo puede aportar como prueba alguna de las cartas que ha dirigido a su marido, de ellas extrae alguna frase aislándola de los textos: un truco con escaso recorrido. Sin duda se corresponden con la documentación incautada a los hermanos en agosto. Miguel tenía muchas en su poder y leídas de forma íntegra eran demoledoras para las intenciones del fiscal y, además, avalaban la «historia de amor» como «razón» de las actuaciones de Margot. En una de aquellas le decía a su marido al que llama darling: «¡Queridísimo esposo! Hace dos meses, o 61 días y 62 noches, o 1.476 horas, o 88.560 minutos, o 2.656.800 segundos que no nos vemos». En otra le dice: «da rabia estar tan cerca y al mismo tiempo tan separados». Miguel le dice que habitan en dos islas distintas. Ella le recrimina, «además no te acuerdas de mí más que una vez por hora, que son doce veces al día y eso me parece poquísimo, en cambio yo me paso el día y parte de la noche, hasta las doce o la una, en la Provincial».
Es fácil entender las reacciones de la sala. Gil Tirado intenta establecer que podía haber actuado como enlace y pasar documentos. Ella lo niega. El fiscal insiste que pudo hacerlo del mismo modo que pasó una botella de vino. Ella contesta que lo hizo en el locutorio por encima de la reja, me «subí en una silla». La inocencia de la respuesta destroza al acusador. Cuando Gil Tirado intenta acorralarla para demostrar que pudo pasar a su marido y a su cuñado cualquier cosa, ella le contesta que aquella fue la única vez y que «algunas botellas las entregaba a los vigilantes, porque no quería entregar muchas, pues se decía que bebían demasiado». La sucesión de preguntas, la ruptura de la coherencia en lo que era un interrogatorio, indican que Margot rompió la línea de argumentación y el fiscal quedó un tanto perdido. No es difícil suponer cómo debió reaccionar el público en la sala.
Intentó Gil Tirado equivocar al jurado arguyendo que en las cartas hay partes en español y partes en inglés (en algunas de forma casi íntegra), para sugerir que con ello ocultaba sus mensajes. Margot le responde: «porque he estado educada en Inglaterra y tengo costumbre de hablar en inglés y escribir también en inglés». José Antonio, que actúa como defensor, le recordará con ironía al fiscal, al realizar su informe, que el inglés «no es caldeo ni nada indescifrable».
Detengámonos en esa correspondencia de la que el lector ya tiene noticia. Textos como este que extractamos, casi totalmente escrito en inglés, para evitar que en caso de ser revisado pudiera ser difundido por cualquiera, en el que Margot escribe a su marido tras acudir a verle, probablemente por vez primera, a la prisión:
«Miguel
No puedo evitar escribirte. Debo hacerlo!!! porque cada segundo del día estás bien dentro de mi cabeza, así que cuando llega la noche solo tengo que decirme a mí misma algunas palabras. Esta mañana cuando fui a verte estaba tan emocionada como el día que quedamos en el Cristina. Es totalmente cierto. Cuando entré a la habitación no vi ni escuché a nadie. Fue maravilloso!!!
Esta separación después de un año y dos meses me ha demostrado que te hecho de menos tanto como lo hice entonces y lo hago ahora como «compañero»[5], porque cada vez que salgo o entro sin ti, cada vez que veo tu sitio vacío en la mesa y tu cama tan felizmente fría, con la cubierta blanca, me doy cuenta de que no podría soportarlo si fuera así para siempre o por mucho tiempo.
[…] Verte detrás de los barrotes tuvo el efecto más divertido que me hizo querer reírme o adivina qué? Apuesto a que no lo sabes!Llorar! Sí! me hizo (casi) llorar.
Castellano: En el fondo me gustó un poquitín[6].
Inglés: porque sé que estás esperándome y queriendo verme. No te importa, verdad?
[…] Estoy muy, pero que muy contenta de amarte tanto. Soy feliz! Locamente feliz! porque esta es la única cosa en el mundo. Tú también debes sentir lo mismo!!! Es como cantar, saltar y adivina qué? Besarte durante horas sin llorar. No me apetece llorar cuando pienso en ti y en mí. Buenas noches cariño. Margot»[7].Lo único que denotará el fiscal a lo largo de la vista es la ausencia de pruebas para mantener su acusación, de hecho prácticamente se olvidará de Miguel y Margot. En las notas para su defensa, José Antonio escribe:
«¿Qué hace? Hablar con su mujer en la reja casi todo el día, mientras se lo permiten. ¿De política? La política no exige tantas horas, ni aún las permite: exige movimiento, idas y venidas. Además, si se hablara de política y Margot fuera, como dice el Fiscal, mi enlace YO ASITIRÍA A LAS ENTREVISTAS, o a las más de ellas. Y no asisto; al contrario: les dejo en paz y me voy a mi celda, mientras ellos hablan de amor, a escribir cartas y más cartas… Cuando quería decir a su marido por carta algo más íntimo y reservado lo hacía en lengua inglesa, según señalan Juez y Fiscal. Esto demuestra que no tenía clave alguna establecida, sin lo cual es infantil suponer que conspirasen, ya que a nadie se le puede ocurrir que adoptasen como clave un idioma tan conocido como el inglés… No se consagraba en Alicante a otra cosa que a acompañar a su marido el mayor tiempo posible, mañana y tarde…»[8].
Ni tan siquiera fue necesario que José Antonio exhibiera alguna de las cartas cruzadas entre ambos para sostener su defensa. El fiscal intentó utilizar una carta de Margot a Miguel sin fecha para, por alguna frase, porque se mencionan hechos en Valladolid y Santander, como referida a los días del movimiento. Pero queda desarmado porque por el contenido es fácil demostrar que era de finales de junio. Gil Tirado queda desarmado y en evidencia cuando, tratando de mantener la acusación de agente falangista, al incidir en las cartas, su única prueba que en realidad no son tal, le pregunta sobre la firma en la que ha exhibido ante el tribunal. Y ella le responde: «En la carta dice: Reina Petiritina Formenlona. Es como me llama mi marido. Es ridículo, pero los recién casados suelen ser ridículos muchas veces»[9]. No hubo más preguntas.
Como sabemos no sería esta la primera vez que Vidal Gil Tirado tuviera que rectificar una solicitud propia de pena. En su alegato José Antonio se permitirá hasta ser irónico con la argumentación del fiscal: «Mi cuñada, la que tenía hilo especial de información y espionaje, se entera de que ha muerto Calvo Sotelo cuando hace diez o doce horas que no hay quien lo ignore». Consciente de la situación, el fiscal acabará variando la consideración del delito, que no será de rebelión militar sino de «provocación a la rebelión», pidiendo una pena de 6 años y un día de prisión mayor.
Es lógico estimar que a quien Margot no se ganó fue al fiscal, probablemente porque le dejó en evidencia en la primera sesión del juicio. Pidió esta que la dejaran comer con su marido y con su hermano. Le fue concedido, pero cuando iban a hacerlo el permiso fue revocado, probablemente por oposición de Gil Tirado. José Antonio le dio a Margot tres galletas que había guardado para que le sirvieran de postre[10]. Los milicianos, sin embargo, empatizaron con ella.
Cuando por la noche llegaba al Reformatorio la aguardaban Carmen, la tía Ma y Pilar Millán Astray para que les contara lo sucedido. Mientras se celebra el juicio, allí, en la prisión vecina a la Provincial, se reza el Rosario clandestinamente, en grupos, tal y como recordaba el sacerdote Baltasar Carrasco. Entre ellos están Luis López, Luis Segura, Ezequiel Mira y José Vicente Muñoz, los jóvenes de Novelda que serán fusilados con José Antonio.
La primera defensa de José Antonio
Conservamos el guión que José Antonio preparó para su defensa y la de sus hermanos. Lo hizo sistematizando el escrito de acusación del fiscal para estimar que contra él se establecían 8 cargos. De ellos, 7 podían ser desmontados con suma facilidad, incluso 2 eran falsos. Solo uno, el octavo, era, inicialmente, tan peligroso como determinante, pero siempre en función de lo que el fiscal pudiera desarrollar con carga probatoria:
«PRIMER CARGO 1) Fundé y dirigí Falange Española.
SEGUNDO CUARTO: Actos delictivos [previos cometidos por falangistas]
TERCER CARGO: Disculpé y alenté tales actos y defendí a sus autores ante los tribunales de Justicia.
CUARTO: Llegamos al 16 de Febrero: triunfo de izquierdas.
QUINTO CARGO: Mitin en Berlín, negociaciones en Alemania ¡Falso!
SEXTO CARGO: Sanjurjo negocia en Alemania
SÉPTIMO CARGO: En la cárcel de Madrid y en la de Alicante recibía cartas de gente reaccionaria y de enemigos de la República y visitas de afiliados a Falange Española, y de derechistas como el diputado D. Antonio Goicoechea.
OCTAVO CARGO: Yo he colaborado en la rebelión actual: primero estimulándola en periódicos, mítines, hojas, correspondencia, etc…; luego empezada, alentándola, dando instrucciones y “teniendo conocimiento” de la propaganda en los cuartos de banderas en favor de la U.M.E.»[11]
Al iniciarse la vista Gil Tirado solicita unir al sumario como prueba, entre otras, la causa «contra el General García Aldave y otros militares», así como otras de las vista en Alicante. Es probable que José Antonio estimara que con ello el fiscal buscará reforzar su acusación estableciendo su vinculación directa con el fallido intento de rebelión en Alicante, especialmente con lo sucedido en los cuarteles de Benalúa y Alcoy. Ignoraba, sin embargo, lo que pudiera haber aflorado en los juicios celebrados contra los militares alicantinos ya ejecutados. También que ello pudiera fundamentar la acusación contra Margot como enlace. A partir de lo que contuvieran los sumarios Gil Tirado podía establecer, de forma indirecta, si disponía de los testimonios necesarios, su implicación rotunda en el intento de sublevación en Alicante. Tampoco conocía qué podía haber trascendido en los procesos que habían sufrido numerosos falangistas; entre ellos, alguno de los dirigentes alicantinos, especialmente José Ibáñez Musso o Antonio Maciá[12]. El fiscal, para consolidar esa línea de acusación, la referida a las posibles instrucciones para la rebelión que hubiera emitido para sus militantes, solo tenía que haber identificado, entre los casi dos mil visitantes registrados, a los dirigentes falangistas. Pero no había seguido ese hilo y solo esgrimió, sin mayor profundidad, los nombres Maciá e Ibáñez Musso, a los que uno de los jurados aunó el del barón de la Linde. Eran importantes, pero poco para lo que podía haberse establecido. Sí contaba el fiscal con el hecho incuestionable del intento de «rebelión autónoma» falangista realizado por la columna que el 19 de julio intentó llegar hasta la prisión para liberar a su jefe. Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer, el fiscal no fue capaz de convertir estos hechos en parte fundamental y principal de su acusación y no adquirieron importancia destacable durante el interrogatorio de los procesados en la sala ni durante la intervención de los testigos.
Resulta al historiador complicado tratar de explicar por qué ni Enjuto Ferrán primero, que no disponía de la información, ni después Vidal Gil, que sí la tenía aunque incompleta, apoyaron su acusación en estos hechos y optaron por presentar cargos muy difíciles de probar: «inductor… del alzamiento en armas existente contra la Constitución del Estado Republicano, contra el Presidente actual de la República, las Cortes y el Gobierno constitucional y legítimo», por la «relación» de las ideas que sostiene «con los hechos resultado del movimiento militar subversivo que tan horrendos crímenes está produciendo». Algo que se deja traslucir, en diversas ocasiones, en las intervenciones del fiscal en los interrogatorios en la sala al recurrir a las preguntas con respuesta inducida a los testigos: «¿Usted conoce, sabe y le consta, que la opinión pública, el proletariado español, la España antifascista, acusa directamente a Primo de Rivera, a los dos, como promotores y directores del movimiento subversivo?».
Hasta tal punto es así que sólo cuando el fiscal vio desarmada parte de su argumentación decidió incluir lo sucedido en Alicante en sus conclusiones definitivas como incuestionable carga probatoria.
Asumiendo la literalidad de lo que nos ha llegado sobre la comunicación entre el fiscal y el ministro anarquista, también en el caso del juez instructor, solo a ella cabe adscribir la responsabilidad última de que se renunciara a condenar a José Antonio por participar, más o menos directamente, en la frustrada sublevación de Alicante; también por haber dado instrucciones a sus militantes para que se sumasen a la misma. En esta línea de interpretación resulta coherente con los hechos afirmar que tanto Enjuto Ferrán como Vidal Gil Tirado recibieron «instrucciones» para que el líder falangista fuera condenado como organizador de la rebelión. ¿Por qué?
Si nos atenemos a la existencia constatada de la idea de que José Antonio podía convertirse en un instrumento de disensión en la zona rebelde, algo que con vehemencia sostenía Indalecio Prieto, la acusación era coherente con esos fines políticos. Ante esta, la única defensa que se dejaba al líder falangista para hacer frente a la acusación pasaba por negar su apoyo a la rebelión para distanciarse de la misma e incluso, llegado el momento, condenarla. Ante lo que solo cabe preguntarse: ¿era ese el objetivo político buscado? ¿Acaso esa posibilidad no fue la tesis que mantuvo el gobernador civil ante los partidos del Frente Popular al consultarles sobre la conveniencia de no ejecutar a José Antonio para que este firmara un manifiesto condenando la sublevación y ordenando a los falangistas que dejaran de prestar su apoyo a los militares?
Así pues, obligado o por decisión propia, o por una mezcla de ambas razones, el fiscal había escogido el camino más complejo para intentar condenarle. Vidal tenía ante sí su gran caso y no era lo mismo condenar al acusado por un delito de intento de rebelión frustrado en Alicante que a un destacado organizador e impulsor de la sublevación en toda España.
En la parte contraria, José Antonio, buen jurista, reconocido como tal por sus adversarios, seguro de sus propias capacidades dialécticas, percibió algo que se hizo evidente en el transcurso de la vista, la debilidad de las pruebas documentales y testificales que podían presentarse en la sala para sostener la carga probatoria de esa calificación del delito. Al fiscal, al jurado y a los magistrados solo les era posible condenarle basándose en una convicción moral, pero no en una convicción probatoria. A él le correspondía ir refutando como falsas o inconsistentes las pruebas aportadas por la acusación. De ahí que José Antonio, en algunos momentos, al interrogar a los testigos, insistirá en transmitir al jurado la idea de que no pueden aportar prueba de ningún tipo.
En el sentido de lo anterior es revelador el diálogo con el testigo José González Prieto, vocal de la Comisión de Orden Público, quien lo considera «responsable de este movimiento» estimando que sus alegaciones son fruto de la «habilidad propia de uno que está en la Cárcel y que ha sido responsable de este movimiento», pues para él «el movimiento que se está desarrollando está provocado por Falange Española y los generales»:
«José Antonio: Cuando el testigo dice esto, indudablemente se fundará en algún dato. ¿Qué datos tiene para fundarse en una acusación tan grave como la que ha hecho?
Testigo: Que la Falange Española está en el movimiento.
José Antonio: ¿Pero tiene alguna prueba el testigo de que esto responda a órdenes que les haya dado el Jefe desde esta Cárcel?
Testigo: Moralmente, sí. Materialmente no las puedo tener, pero aquí creo que haya declaraciones de otros, en las cartas de Ibáñez Musso…
José Antonio: ¿Usted tiene algún dato más que suministrar al Jurado, alguna declaración de alguien, no la opinión difusa que haya por ahí sobre la relación mía con el movimiento entre todas las personas, centenares de personas que tienen que haber intervenido? ¿Tiene noticias de que alguien le haya proporcionado un solo dato de que esto haya existido?
Testigo: Yo no puedo decir de una manera taxativa, que yo he podido ver datos de esta índole, porque si los hubiese visto lo diría exactamente igual. Pero moralmente le digo que sí…».
El fiscal, en realidad, solo tenía una baza. En este sentido, José Antonio era consciente de que la «sustancia del juicio» radicaba precisamente en el hecho de que los falangistas habían participado en la sublevación y formaban parte destacada de la rebelión junto a las fuerzas militares. Constituía este el punto más débil de su defensa, ya que ni quería ni podía desautorizarlos, pero al mismo tiempo necesitaba un argumento lo suficientemente sólido como para sembrar una duda en el jurado con respecto a esta cuestión, con respecto a su implicación, y para ello iba a recurrir a subrayar sus diferencias con «las derechas» y su situación de aislamiento junto con la ausencia de cualquier prueba que indicara que él había ordenado a los suyos sublevarse. Lo que le permitiría, siguiendo el sentido de los cargos que afloraban en la acusación, entrar en el debate político, no ignorando que, en gran medida, la vista en la prisión era un «juicio político». Terreno en el que se sentía muy seguro.
1º) En su primera intervención, al igual que el fiscal, José Antonio pidió la incorporación de nuevas pruebas y la ampliación del plazo para la recepción de algunas solicitadas. Precisa el nombre de un testigo que puede ser fundamental, el subsecretario de Agricultura y Secretario de la Junta Delegada del Gobierno de Levante, señor Martín Echevarría, quien se había reunido con él tras su propuesta de mediación elevada a Martínez Barrio, y al que, evidentemente, no se podía dejar declarar; también la comparecencia de Julián Elordi, gerente del Hotel Victoria, un número del boletín No importa, otro del diario La Época, la colección completa de Arriba y lo publicado en El Liberal sobre la interviú con el periodista Jay Allen…[13] Al solicitarlas, Primo de Rivera, que ha manifestado su «confianza en la justicia del Tribunal Popular», consciente de que tardarán en llegar las pruebas, solicita la demora del juicio 24 horas, estimando que «si el Tribunal, dado lo serio del caso y la gravedad de la pena, accediese a esta petición, comenzaría a hacer justicia». Esto provocó una réplica de uno de los jurados, Domenech, quien consideró estas «palabras ofensivas para el Tribunal». José Antonio las retiró explicando su sentido. A partir de ahí siempre se expresaría con el máximo respeto a los magistrados y al jurado, evitando transmitir cualquier sombra de duda sobre la legitimidad del Tribunal Especial Popular.
El interrogatorio de los procesados se inició con la subida al estrado de José Antonio, el acusado principal. A partir de ese momento tiene que armar su defensa al ritmo que le marqué el fiscal primero y los jurados, los diversos procesados y los testigos después. Cuenta con que Vidal Gil Tirado, coherentemente, mantenga la estructura argumental de su escrito de acusación, como de hecho sucederá. José Antonio tiene su réplica perfectamente preparada si nos atenemos a su guión para la defensa, pero va incluyendo respuestas no previstas jugando con las preguntas que le hacen para ir armando el discurso político que va a dirigir a un jurado compuesto por representantes de los partidos políticos del Frente Popular.
Gil Tirado, en primer término, trató de demostrar que «desde el advenimiento de la República», se «colocó en posición de franca rebeldía»; lo que muestra el escaso conocimiento que tenía de las tesis y las palabras de José Antonio.
Desde el primer momento el líder falangista aprovecha el interrogatorio para entrar en el discurso político. Sin obviar la defensa de su padre («sobre esto de dictador habría mucho que hablar»), fundamenta en esta su distancia con la monarquía, lo que anulaba cualquier prevención ante la República. Argumentó que no debía gratitud alguna a la Corona; su padre murió en París sin que de «Palacio llegase ni una tarjeta postal interesándose por su salud». Hábilmente, en esta primera respuesta, establece el origen de la disonancia con «las derechas», con aquellos que precisamente la prensa frentepopulista señala como los impulsores de la rebelión:
«[…] lo cierto y verdadero es que todas las clases conservadoras, palatinas, potentadas que apoyaron la dictadura al principio, creyendo que iba a ser en efecto un instrumento de clase, de dominación, autoritario, se le fueron apartando cada día más, cuando se dieron cuenta de las obras en sentido social que hacía la Dictadura. Muchas de las obras mantenidas por la República en materia social, están promulgadas en tiempo de la Dictadura. Desde luego, la Dictadura no remató su obra social, y yo me he permitido, en lugar tan público como las Cortes, decir que fue una experiencia frustrada, que no cumplió su destino, que no colmó la esperanza de una juventud española, obrera, estudiantil, etc., en la que yo entonces formaba, y que creyó que la ruptura del antiguo Régimen era para impulsar una obra revolucionaria nueva».
Por todo ello, las elecciones que trajeron la República «tuvieron simpatía mía». Además, como aval, había pedido que se uniera, como prueba documental, el auto por su detención y puesta en libertad por el intento de golpe de estado de Sanjurjo en 1932.
Gil Tirado, decidió continuar aferrado al escrito de acusación, que seguía en este punto lo establecido por Enjuto Ferrán, y planteó al acusado si esa «influencia tan inmediata, por su espíritu y temperamento» es la que le llevó a fundar una «agrupación política de tipo dictatorial». José Antonio ve libre el camino para profundizar en el terreno político.
Sin entrar en altos niveles de conceptualización, va a dirigirse al público y al jurado con palabra capaz de sintonizar con su mentalidad; para hacerles ver que él no está tan lejos de las posiciones de algunos de ellos como se pudiera presuponer, que no es un «enemigo del pueblo», que es como, siguiendo el planteamiento de Lenin sobre el enemigo de la revolución, se le identifica tanto en los ámbitos socialistas como anarquistas o comunistas:
«Cuando se produce un movimiento, lo mismo de derechas que de extremas izquierdas, que conviene para implantar un régimen revolucionario, por avanzado que sea, hay que pasar por un periodo dictatorial, por la sencilla razón de que a un pueblo como el español, al que se ha tenido sumido en la miseria, no se le puede hacer la burla de soltarle y decirle: “Arréglate con tus propias disponibilidades”. Eso es burlarle. Muchos de los partidos representados, dignamente, en este Tribunal, creen que hay que pasar por un período dictatorial. La diferencia está en que los partidos reaccionarios creen y quieren que este período dictatorial sea un régimen estable, redundado en provecho de unas clases que viene detentando el Poder; en tanto que los que tienen un sentido revolucionario (y uso esta palabra no con énfasis -Falange Española tiene un sentido revolucionario- y esto también consta en ese Sumario), los que creemos esto, sabemos que en vez de hacerlo, hay que trabajar algunos años para darle sentido. Desde este punto de vista, yo soy demócrata. En el sentido democrático de decirle: “Arréglate como puedas y ven un domingo cada cuatro años a votar”, yo no soy democrático. En cambio, autoritario, militarista… Yo le agradecería al señor Fiscal que señala un solo pasaje mío en que me pueda acusar de tal, que yo señalaré luego los numerosos en que se demuestra lo contrario».
Tan contundente ha sido en su argumentario que Gil Tirado borrará de sus conclusiones definitivas y de su informe cualquier referencia a la Dictadura y a un determinismo previo.
2º) La segunda parte del interrogatorio en sala vuelve a permitir a José Antonio profundizar en la realidad de su propuesta política buscando sintonizar con una parte significativa de los presentes, incluyendo al jurado.
Gil Tirado, por su parte, no entra en debate con el acusado, probablemente al ser consciente de su debilidad en este ámbito. Su objetivo es demostrar que la Falange y José Antonio pretendían la sustitución de un estado democrático por otro «autoritario o imperialista», y por lo tanto su agrupación estaba situada fuera del orden constitucional. En este campo, en el político-ideológico, a lo largo de la vista, José Antonio demostró su superioridad dialéctica. Como recurso de abogado defensor, que es además el acusado, recurrirá a retar al fiscal con preguntas a demostrar documentalmente lo que afirma. Táctica a la que José Antonio recurriría en diversas ocasiones para dirigir el debate que internamente el jurado debía realizar en el sentido que más le convenía.
El líder falangista recordó al fiscal que el Tribunal Supremo, bajo el gobierno de Azaña y Casares Quiroga, bajo el gobierno del Frente Popular, había declarado la legalidad de la Falange, ya que la «Constitución permite que los españoles profesen distintas ideas políticas» y «prevé hasta la posibilidad de su propia sustitución». Pero lo interesante es cómo Primo de Rivera aprovecha las preguntas para ir transmitiendo al jurado la idea de que existe una divergencia entre lo que él propone y lo que se supone que representan, según la prensa y el discurso frentepopulista, los alzados en armas, ahondando además en las diferencias entre socialistas y anarquistas para alinearse, indirectamente, con estos últimos:
«[Sustituir] desde luego el sistema constitucional de Parlamento y todo eso, sí. ¿Cómo voy a ocultar semejante cosa? No por un sistema, sino por un Estado Sindicalista; lo cual quiere decir esto, como todo el mundo sabe. Las personas que suponen que el régimen capitalista está en quiebra, en sus últimas manifestaciones, entienden que este régimen capitalista tiene que dar paso a una de estas soluciones: o bien la solución socialista, o bien la solución sindicalista. Poco más o menos, los socialistas entregan la plusvalía, es decir, el incremento del valor del trabajo humano a la colectividad organizada en Estado. En cambio, el sistema sindicalista adjudica esta plusvalía a la unidad orgánica del mismo trabajador. Se diferencian los dos del sistema capitalista actual, en que este la adjudica al empresario, al que contrata el trabajo. Pues bien, como la Falange Española ha creído desde un principio, en que el sistema capitalista está en sus últimas manifestaciones […], y que, precisamente esta es la crisis de nuestra época, al decidirse por uno de esos dos sistemas optó por el sindicalista, porque creo que conserva en cierto modo el estímulo y da una cierta alegría de trabajo a la unidad orgánica del trabajador. El socialista parece que burocratiza un poco la vida total del Estado. Pero esto, como se ve, es actitud lícita».
Subrayemos que José Antonio, inteligentemente, estaba hablando para el público de la sala y para los miembros del jurado, y entre ellos los sindicalistas anarquistas tenían un alto peso específico, por lo tanto en su discurso busca ajustarse al relato que de los hechos estos tienen[14].
Escasa habilidad muestra Gil Tirado cuando intenta perseverar en lo expuesto en los escritos de procesamiento y acusación recurriendo al uso del término movimiento como demostración de la intención de tener una definición ambivalente para cuando se produjera el «movimiento insurreccional» como el que se ha desatado[15]. El fiscal, cuando es desarmado, no entra en réplicas a José Antonio. Sigue sin querer salirse del guión que tiene establecido para sostener su línea de acusación.
3º) El tercer bloque del interrogatorio, siendo el primer elemento con cierta base de la imputación, tiene como horizonte hacer ver que la teórica «violencia de la Falange» contra la izquierda es una prueba de cómo esta colaboró de forma premeditada a crear el ambiente que hizo posible la conspiración y la sublevación contra la República. Violencia que, según el fiscal, sería apoyada por el acusado e incrementada al llegar la izquierda al poder. Gil Tirado dejó traslucir en sus preguntas la falta de pruebas con que se movía, ya que no se atrevió a acusar a José Antonio de ordenar esas acciones («llegó hasta casi autorizarlos»), lo que disminuía la carga probatoria de una verdad incompleta, por lo que centró su acusación en la inversión de su actuación al indicar que ni los impidió ni los censuró. En sus notas para la defensa, sobre este particular, el líder falangista anota:
«Disculpé y alenté tales actos y defendía a sus autores ante los tribunales de justicia.
¿Cómo lo sabe?
Jamás disculpé ni alenté: que se muestre un solo párrafo; lo que hice siempre fue deplorar aquel derroche de sangre joven, que si de un lado me dolía por mía, de las dos por española y generosa.
Pero tampoco defendía ante los tribunales ni un delito de sangre; tenencia de armas, reunión ilegal…
¿Cómo se atreve el Fiscal en cosa tan concreta a falsear?».
El fiscal intenta establecer que, en realidad, lo que hizo José Antonio en sus actos fue impulsar la comisión de «actos delictivos» contra la izquierda proletaria. Gil Tirado juega con el relato, con la imagen que sobre esta cuestión ha transmitido la izquierda y sus medios, pero no aporta pruebas. Sabe que el informe de que dispone de la División de Investigación Social puede ser fácilmente refutado. José Antonio lleva la respuesta a su terreno, a su opción de sembrar la duda. Acorrala al fiscal y es el propio juez, Iglesias Portal, el que tiene que intervenir para auxiliar a Gil Tirado, tras el dardo que el acusado/defensor lanza contra el propio tribunal:
«José Antonio: La cosa es bien clara de comprobar. Cuando me dijo esto el Juez, al tomarme declaración, me preocupó pensar cómo podría sacudirme este cargo. En la colección de mi periódico a ver si hay un solo renglón. He pedido que se traigan mis discursos parlamentarios. El Tribunal no lo ha creído oportuno. Pregunta después si esta virulencia se recrudeció en el tiempo en que el Gobierno de España era regido por Gobierno de izquierda. ¿No ha existido eso? Se constituye Falange Española en 1933, unos meses después de caer el Gobierno Azaña y ha durado hasta el 16 de febrero del año en que estamos en que fueron las elecciones. Durante esos días no hubo actos públicos de ninguna especie; entonces ¿de dónde puede sacar el señor Fiscal que esa virulencia mía se ha producido?
Presidente: Puede el procesado suprimir las preguntas y limitarse a contestar las preguntas que le hagan».
Nuevamente Gil Tirado no replica cuando José Antonio afirma:
«Me consta que como acuerdo del partido, como cosa organizada por el partido, no se ha cometido un solo delito. Que en épocas de lucha encarnizada como esta, y entre grupos políticos de ideología contrapuesta, caigan muertos de un lado y de otro. ¡Qué duda cabe! Esto es infinitamente triste. Tengo la misma consideración por la sangre vertida de un lado y de otro. Me ha dolido que hayan caído obreros anarquistas, socialistas, en luchas con afiliados nuestros, que no sé quién son. Algunos muertos nos atribuyen. También tengo yo sesenta y cinco muertos en una lista que está en autos, y no se me ocurre imputarle su muerte a ninguno de los partidos de donde pudieran salir sus agresores»[16].
Sí intentará insistir en ello uno de los jurados, Ortega, al referir a José Antonio lo referente al atentado contra Juana Rico estimando que la sede de la Falange fue un centro planificador de atentados con la izquierda.
Gil Tirado tratará de responsabilizar a José Antonio de los «actos criminales» indicando que defendió en los tribunales a quienes habían cometido asesinatos. Pero este replicó que no había actuado en procesos por delitos de sangre, lo que era fácil de comprobar.
Tampoco estuvo muy acertado el fiscal al mantener la tesis de que la Falange actuaba con mayor vehemencia cuando gobernaba la izquierda. A José Antonio le bastó recordar que el partido se creó a finales de 1933 cuando se habían convocado las elecciones que llevaron al triunfo a «las derechas»; y que difícilmente pudo tener gran actividad pública un partido cuyo dirigente fue encarcelado unas semanas después del triunfo del Frente Popular y su partido suspendido.
El fiscal volvía a perder la partida y las referencias importantes a ello desaparecerían en su escrito final de conclusiones y en su informe ante el tribunal. Pero José Antonio asumía que entre los miembros del jurado era muy difícil borrar la huella de la violencia y las acusaciones que sobre los falangistas pesaban en los medios de izquierda, por lo que evitaría entrar en un largo debate sobre esta cuestión. En todas las sesiones mantuvo el control sobre aquello que sabía que eran sus puntos débiles y que el fiscal, solo en algunos momentos, supo explotar.
4º) Llegados a este punto, el cuarto bloque del interrogatorio se transforma en fundamental. Gil Tirado carece de pruebas con las que sostener que, desde la victoria del Frente Popular, José Antonio realizó reuniones clandestinas para realizar un «movimiento subversivo», entre otras razones porque era inexacto. Carente de información, condicionado porque, políticamente, lo único que puede exhibir son las supuestas visitas de Antonio Goicoechea que utilizará después, vuelve a cometer un tremendo error al inventar, que tras el triunfo del FP mantuvo contactos con «Renovación Española, contraria al régimen republicano, para preparar la revolución que ensangrienta a España».
José Antonio debió sonreír, pero hábilmente guardó la réplica, para refugiarse en sus palabras públicas a resultas de las elecciones que distaban, como sabemos, de buscar el enfrentamiento o la deslegitimación del triunfo frentepopulista: «así que, como españoles, miramos esto con una expectación benévola».
Gil Tirado prefiere no continuar por esa línea y entra en la que juzga la gran carga probatoria de su acusación. Con ella va a tratar de establecer que el acusado fue uno de los primeros conspiradores actuando como agente en Alemania; todo ello, como señalamos, sustentando la acusación en recortes de periódicos y la mención que hace Sanjurjo en sus cartas a su reciente viaje a Alemania[17]. Para el fiscal la veracidad de una información, que es falsa, reside en que «nadie ha contradicho ni rectificado» lo publicado por la prensa, por lo que según él debe aceptarse como válido. La contraargumentación de Primo de Rivera es impecable:
«Perfectamente. El señor Fiscal en su acusación dice que eso ha sido publicado un día de octubre de este año. Según dice el señor Fiscal, mi absoluta incomunicación empezó el dieciséis de agosto. Es decir que, desde entonces, se acabó la tolerancia conmigo. Entonces, comprenda el Tribunal, que es imposible que yo me enterase de que se había publicado eso y me rectificara. Eso sería pedir gollerías…
Pero ¿cómo detrás de mí, señor Fiscal? ¿Cómo he podido decir que Sanjurjo fue detrás de mí, si he sostenido que estuve a primeros de mayo de mil novecientos treinta y cuatro y Sanjurjo en el año treinta y seis?»[18].
A pesar de la evidente falsedad, el fiscal mantuvo en sus conclusiones definitivas que José Antonio «realizó viajes al extranjero para preparar la subvención militar fascista de referencia con la colaboración de los Generales del Ejército de España… conviniéndose en sus negociaciones el envío de material y hombres a los facciosos», lo que era falso. El Tribunal, sin embargo, juzgó conveniente no preguntar al jurado sobre la veracidad de esta cuestión, pero la sombra de la duda quedó flotando en el aire de la sala, aunque bien pudiera ser esta la pregunta perdida de la sentencia, quizás borrada por orden superior. Recurso efectista, como indicamos, porque los periódicos hablaban esos días de lo que la ayuda alemana estaba significando y que sin ella ya hubieran sido derrotados los rebeldes.
5º) Se abre así la quinta parte del interrogatorio con la que Gil Tirado entra en la parte fundamental de la acusación y clave para el proceso. Llega el momento de intentar determinar si José Antonio había participado en la sublevación desde el primer momento, si había conspirado, si con su actividad había «cooperado eficazmente a la preparación del movimiento insurgente», y si, una vez producida esta, la había continuado apoyando. Es en este punto donde realmente se dilucida si es culpable de rebelión militar y si el grado de culpabilidad le hace acreedor de la pena de muerte.
El fiscal, que mantiene como antecedentes, como hemos señalado, tanto la «violencia falangista» como su inexistente negociación en Alemania, sostiene que, en su oposición a la República, una vez que se produjo el triunfo de la izquierda, confluyó con las derechas en la preparación del levantamiento militar. La prueba de ello son las cartas y las visitas que José Antonio recibió en las cárceles de Madrid y Alicante.
Ahora bien, Vidal Gil Tirado carece de cualquier testimonio o documento que, realmente, permita establecer una relación entre los citados, José Antonio y la conspiración. El fiscal solo puede exhibir, y es lo que hace, como aval los nombres de los remitentes o de algunas visitas. Ni se ha tomado la molestia de investigar a fondo a quiénes acudieron a la prisión para presentarlas en la sala como prueba. Cita personas que no consta que hayan tenido papel importante conocido en esos momentos en la sublevación como es el caso de Martínez Anido, Albiñana o Serrano Suñer, pero no entra en su contenido. José Antonio le apunta que ha recibido muchísimas cartas y entre ellas aparecen las de personalidades de tan acendrado republicanismo como Miguel Maura o Gregorio Marañón. Como le habían secuestrado sus papeles no podía recurrir a la lectura de algunas de las recibidas para demostrar su naturaleza. Entre ellas son numerosas las felicitaciones por su santo, las referentes a cuestiones profesionales y hasta alguna declaración de amor.
El fiscal pasa a destacar que lo que sí recibió fue la visita de miembros de Falange Española y que con ellos había podido tratar, gracias a las deferencias de los funcionarios acusados, «la preparación del movimiento subversivo». Se centra en las visitas realizadas por Ibáñez Musso y los Maciá, pero José Antonio percibe que Gil Tirado no tiene constancia de lo que trataron. Es en este punto cuando retoma la referencia a Renovación Española para entrar en un inútil debate sobre la teórica visita, el 14 de julio, de Antonio Goicoechea. Es el único nombre, junto con Sanjurjo, de peso político que puede utilizar. Su argumento se derrumba cuando llegan, el día 17, los informes policiales que indican que el líder de Renovación Española no estuvo en la ciudad. Vidal Gil Tirado tendrá que retirar toda referencia al mismo modificando sus conclusiones provisionales. Mantendrá, sin embargo, que sostuvo «múltiple correspondencia con conocidos dirigentes de la política española sin censura», pero esa correspondencia no fue presentada en el juicio y tampoco figura en el sumario. Gil Tirado tampoco se había interesado a la hora de revisar el listado de personas que acudieron a conferenciar con José Antonio para identificar a los diputados. Fue incapaz de reparar en la importancia que pudiera tener la presencia del conde de Mayalde en los días previos al 18 de julio o la de Fernando Primo de Rivera, jefe de la Falange clandestina, en los días previos al asesinato de Calvo Sotelo.
El fiscal percibe que en el interrogatorio José Antonio ha derruido varias de sus «pruebas». Increíblemente cierra sus preguntas con una nueva falsedad. Sabe que José Antonio ha pedido como prueba el texto que sobre la entrevista con Jay Allen ha publicado El Liberal, que por su contenido puede constituirse en una prueba a favor de la argumentación de la defensa. No duda en mentir para sembrar la duda sobre la misma, al indicar que fue José Antonio quien buscó la entrevista a «propósito». Vidal tenía que conocer de sobra que la entrevista con Allen vino ordenada desde las alturas y autorizada por el comité alicantino contando con presencia de miembros de la Comisión de Orden Público.
Llegados a este punto, el fiscal no había podido aportar ni una sola prueba que vinculara a José Antonio con la preparación de la sublevación a nivel nacional, pese a mantener que, para él, esta es «consecuencia directa de los actos llevados a cabo, entre otros, por el procesado». Por ello, opta por poner punto y final a su interrogatorio.
Por un momento acorralado
El presidente del tribunal abre el turno de intervención de los jurados. Ello va a permitir a José Antonio calibrar quiénes son los integrantes fundamentales del mismo y, también, hasta qué grado su relato ha podido hacer mella en los mismos. Va a intervenir Antonio Ortega, Moreno Peláez y Domenech. A diferencia de lo mantenido por el fiscal, los jurados, en especial Ortega, plantean la carga de prueba que José Antonio difícilmente puede derruir: que la Falange y los falangistas están combatiendo con los sublevados. Y la Falange, en noviembre de 1936, tiene un protagonismo entre los rebeldes y en la prensa frentepopulista que no tenía en julio de aquel año. El crecimiento, la expansión y la importancia de la Falange en la zona nacional va a contribuir a su condena.
El jurado anarquista, sencillamente, planteó algo esencial: «¿Cómo puede justificar que siendo la máxima autoridad de Falange Española vitupere el movimiento que ha provocado, siendo Falange Española uno de los puntales de este levantamiento?». José Antonio se encerró en su única respuesta posible: él estaba en la cárcel y los falangistas habían actuado así por su falta de control sobre ellos, aprovechando las derechas el «brío y la energía combatiente de los muchachos». Ortega sabía que había llevado a José Antonio a un callejón en el que la única salida posible era posicionarse sin reservas contra la sublevación militar, algo que este no estaba dispuesto a hacer ni para salvar su vida.
Para el jurado anarquista la prueba evidente de que el acusado ha participado y apoyado la sublevación es precisamente lo que ha sucedido en Alicante. Si fuera verdad que los falangistas se sublevaron por no estar bajo su control, «¿cómo es posible que los de la localidad y provincia, que guardaban estrecha relación, sean también unos de los tantos que estaban en el movimiento? Se inició el movimiento y vimos las figuras de Falange Española guardando relación máxima con usted y luego actuando en la calle».
Las preguntas se suceden como golpes secos: «Si hubiese condenado este movimiento ¿no cree que éstos hubieran dejado de colaborar? Si el Jefe, la cabeza máxima del movimiento indicase la necesidad de apartarse, sus subordinados se apartarían inmediatamente y se pondrían a su disposición, porque goza de la simpatía y admiración de sus subordinados, ¿cómo siguen estos con tenacidad férrea y voluntad inquebrantable sumados al movimiento?».
José Antonio se refugia en la falta de conocimiento de lo sucedido por su incomunicación, insistiendo en que los falangistas puede que se «hayan dejado ganar por la sugestión de algún otro». Es más, afirma que «no sé que continúe el movimiento [la Falange] más que por lo que me dice el Jurado». Pero Ortega ha insistido: «¿A qué puede atribuirse que esos representantes de la organización aún con menos categoría que el procesado, continúen al frente del movimiento?
El líder falangista está acorralado. Según la crónica de El Luchador en este punto contestó de «manera confusa y torpe». Quiere salir del debate y replica: «Además no se nos ha dejado hablar. Yo sabía que ese movimiento se preparaba y luego explicaré cómo trabajé para impedir que se produjera». Afortunadamente para José Antonio, el jurado anarquista pasa a otro tema que parece interesarle mucho más en lo que parece un desarrollo coherente, preparado de su argumentación, pues el dirigente falangista ha hecho mención a su posición sindicalista. Ortega quiere dejar claro que el sindicalismo es de matriz anarquista y que si tal fuera la posición del acusado debería estar en la CNT, «donde verdaderamente están condensados y defendidos íntegramente, los intereses de la clase trabajadora».
José Antonio respira porque, inesperadamente, puede salir del acoso a que estaba siendo sometido. Explica al jurado anarquista que la diferencia entre su posición y la anarquista estriba «precisamente en la nota de lo nacional. Tenemos un cierto valor histórico que es lo nacional, casi todo un contenido nacional, religioso que habrá que conservar. Por eso somos nacional-sindicalistas y no sindicalistas solamente».
Ortega le contesta que mientras que en la Confederación ingresan los trabajadores, recurren a Falange todos los señoritos «para hacer guerras de conquista, de dominios, que han de repercutir en perjuicio de la clase obrera», estando en la Falange «todas las gentes de riqueza y a la organización confederal todos los pobres». José Antonio, que se siente seguro, replica que busquen entre los falangistas detenidos sabiendo quiénes son los encarcelados en Alicante:
«Vean cómo están en la cárcel. ¡Miren si les mandan comida excelente! Son todos modestísimos, de la clase obrera urbana, por estar todos ganados por otros fervores, quizás todos de una pequeña clase campesina, estudiantes, operarios de pequeña importancia. No tenemos un millonario en toda la organización».
El presidente decide interrumpir en este momento la primera sesión del juicio que se reanudará a las cuatro de la tarde. José Antonio tiene tiempo para respirar y también para pensar. Asume que el debate con los miembros del jurado le ha hecho daño en su argumentario, pero ha conseguido sembrar la duda sobre lo apuntado por el fiscal.
El interrogatorio a los funcionarios
Los funcionarios de la prisión tienen que hacer frente a cargos por un delito de «provocación y excitación [ayuda] para cometer la rebelión». Procesarlos ha sido un error, dado que se van a convertir, sin pretenderlo, en elemento de prueba a favor de la defensa, pues, lógicamente, ninguno iba a admitir que, en su presencia, se hubieran producido comunicaciones encaminadas a preparar la rebelión.
Todos habían mantenido en los interrogatorios a los que les sometió el juez instructor que, si hubieran tenido la más mínima sospecha de que los hermanos Primo de Rivera estaban conspirando, lo hubieran denunciado. Igual posición sostuvieron, en la vista, ante las preguntas de José Antonio o de su defensor: si hubieran sospechado que los acusados conspiraban lo habrían denunciado porque «por encima del Director hubiese estado el Régimen dieciocho millones de veces».
Cierto es que Gil Tirado, consciente de la realidad, solo buscaba que admitieran que existió la posibilidad de que en las visitas o en las comunicaciones pudieran haberse establecido contactos y transmitido órdenes para la rebelión. Para ello era necesario demostrar que o no existieron controles o estos fueron muy nimios. Sin embargo, Manuel Molins, director en funciones de la prisión entre el 3 y el 24 de julio, comprobó que se controlaban las visitas. Contestó, además, con un lacónico NO a la pregunta efectuada por uno de los jurados: «¿Pudiera el procesado tener noticias o relación con la sublevación por no ejercitarse el control necesario?». También explicaron los funcionarios, para desesperación del fiscal, que no era un absoluto el que no se vigilaran las conversaciones durante las visitas. El oficial Samuel Andoni declaró que los acusados no hablaban con las visitas sin su presencia o la del auxiliar de comunicaciones e incluso que registró todo lo que llegaba para los Primo de Rivera. Lo más que llega a conseguir Gil Tirado es que algunos admitan que los acusados pudieron conspirar en algún momento determinado, bien fuera en la sala de abogados o a través de la correspondencia no censurada que habrían hecho desaparecer y por eso no fue encontrada; o que hubiera correspondencia que no pasara la censura. Finalmente, Gil Tirado optará por retirar la acusación contra todos ellos, lo que implicaba que se admitía que no habían faltado a sus deberes, lo que favorecía a José Antonio.
La testifical
La comparecencia de los testigos tendría lugar en la tarde del 16 y en la mañana del 17. El presidente del tribunal decide alterar el «orden de la prueba» y comenzar por los testigos de las defensas.
José Antonio ha citado a: José Goicoechea y Primo de Rivera, al notario Mariano Castaño, al director de la prisión Adolfo M. Crespo, al subsecretario Leonardo Martín Echevarría, al exministro Miguel Maura, a Julián Elordi, a Manuel Rodríguez, a Martín Bautista de la Comisión de Orden Público, a José González Prieto vocal de la Comisión de Orden Público y a Francisco Pérez Domenech.
Campos Carratalá, defensor de los funcionarios, ha pedido la presencia de otros funcionarios: Samuel Andany, Trinidad Muñoz, Eduardo Busquier, Mariano Arroyo Tirado, oficial de prisiones José Pujalte y el oficial de prisiones Manuel Pallá. Curiosamente el fiscal, lo que redunda en la falta de pruebas que aportar, solo uno: el anarquista y miembro del Comité de Salud Pública, Antonio Vázquez Vázquez. En esas fechas los mejores testigos para la acusación habían sido condenados y ejecutados.
Es en la testifical donde se va a poner de manifiesto una de las deficiencias del proceso que, además, condiciona severamente, en uno de los casos, el derecho a la defensa del acusado principal. José Antonio asume esta realidad cuando se cita a sala al testigo Mariano Castaño y se anuncia que no ha comparecido; pero según su declaración sabemos que sí estaba allí pero que no se le dejó declarar. Tampoco comparece Manuel Rodríguez, testigo al que Primo de Rivera renuncia. No responden a la llamada, pese a la citación, dos miembros de la Comisión de Orden Público de Alicante, Martín Bautista y González Prieto, a los que la defensa ha llamado para precisar lo referido a la entrevista con el periodista Jay Allen. José Antonio pide que se les cite nuevamente remitiendo la comunicación a la propia Comisión. Finalmente, acudirá González Prieto. Pero lo decisorio es la incomparecencia, por razones obvias, del subsecretario Martín Echevarría, que es quien debería testificar sobre la propuesta de mediación efectuada por José Antonio y recibida por Martínez Barrio en agosto. Algo que en sala hubiera cambiado el sentido de cuanto estaba sucediendo: el acusado habría intentado parar la guerra civil pero el gobierno decidió no intentarlo. El secretario del tribunal explica que ha sido citado mediante comunicación tanto al gobierno como al Ministerio de Agricultura en Valencia. Primo de Rivera insiste en que se le «requiera como sea». El presidente del tribunal, Iglesias Portal, le advierte que a «lo que puede acceder es a recibir las declaraciones que se presenten mientras dure la práctica de otra prueba». Lo que significa en la práctica que no comparecerá. Martín Echevarría no acudirá al tribunal, evidentemente, por orden del gobierno. Al no presentarse, José Antonio quedó privado de poder esgrimir con carga probatoria su principal y única atenuante, la que quizá hubiera evitado su ejecución[19].
Cuando el testigo citado por la defensa, Adolfo Crespo, sube al estrado es probable que Primo de Rivera ya sepa que Leonardo Martín Echevarría no ha llegado, pero el director de la prisión puede dar fe de la presencia del mismo en agosto en la prisión para entrevistarse con él. Lo que confirma, pero no puede dar cuenta de lo que hablaron. Poco pueden aportar el resto de los testigos salvo que Francisco Semper anota que, tras el registro practicado en agosto, encontraron una carta dirigida a Martínez Barrio. Hecho corroborado en el interrogatorio efectuado al oficial de prisiones y organizador del Sindicato de Prisiones, Francisco Perea, quien sin titubear afirmó que la carta existió y que se produjo una visita oficial con motivo de la misma. En su alegato final, José Antonio explicó con cierto detalle la gestión y el porqué de la misma: «si puedo prestar este servicio, no a la República sino a la paz de España -no voy a fingir celo repentino-, aquí estoy. No se aceptó el servicio. Lo que yo ofrecí quizá no fuese posible, pero lo ofrecí y no vinieron a darme contestación. Es un círculo de indicios bastante más lleno que los indicios acusatorios del señor Fiscal». El jurado inexplicablemente consideró que José Antonio no había intentado hacer esas gestiones[20]. El fiscal y los magistrados decidieron dejar pasar esta vital información.
Permiten también los interrogatorios a los testigos la identificación, por parte de los funcionarios acusados, de su tío José Goicoechea como el Goicoechea que acudió en varias ocasiones a visitarle. Insisten tanto José Antonio como Campos Carratalá en preguntar a los testigos si consideran que los funcionarios de prisiones acusados hubieran ocultado que se producían en las visitas en las que se trataba del movimiento subversivo, con respuesta negativa.
«José Antonio: Si usted hubiera oído decir de esas gentes que se estaba preparando un movimiento contra la República, ¿lo hubiera dicho a las autoridades?
Testigo (Eduardo Busquier Verdú): Sí. Lo hubiera dicho a las autoridades y hubiera obrado por mi cuenta propia después de haber dado parte a las autoridades».
No es anecdótico, sin embargo, lo sucedido con el único testigo de la acusación, en la mañana del día 17: Antonio Vázquez Vázquez, miembro de la Comisión de Salud Pública de la CNT y dirigente de milicias. En su declaración llegó a afirmar en sala, a la pregunta de José Antonio si los consideraba «responsables de todo lo que está sucediendo en España», «¡Yo los odio!». La réplica invalidante del líder falangista fue rápida: «entonces basta. Un testigo que nos odia». Ello produce un tumulto en la sala, irrumpiendo en gritos Antonio Vázquez[21]. En buena lógica jurídica el testigo hubiera sido desestimado, pero por la misma razón debería haberse recusado a gran parte del jurado (la recusación no estaba prevista). Sin embargo, sorprendentemente, pese a que se aplicó la tacha legal, el propio Gil Tirado defendió la validez de su testigo justificando su declaración:
«yo creo que en los momentos actuales no lo es, pero si lo fuera tampoco debe serlo, porque es el acento dolorido de un obrero que ha sido perseguido por elementos, si no falangistas, afines a ellos, y que en este momento crítico hace como una protesta, aunque no en forma más o menos correcta, pero que como protesta la elevación de espíritu, único que lo anima porque se somete al corazón, lleve en ese momento la aristocracia del espíritu, ¡Le odio! No quiero verlo siquiera. Eso no es motivo de tacha legal. Ha de aceptarse su declaración y sus manifestaciones han de tenerse como certeras y verídicas».
Conclusiones finales
Al terminar la prueba testifical, el tribunal tenía que dar paso a la documental pero tanto el fiscal como el defensor renunciaron a la lectura en sala de lo aportado. Correspondía pues el turno de presentación de las conclusiones. Debió sorprender que Gil Tirado pidiera tiempo para formularlas sin precisar plazo. Iglesias Portal optó por suspender la sesión de la mañana y reanudar la vista a las cuatro de la tarde.
Lo lógico era que el fiscal y José Antonio hubieran presentado sus conclusiones y dejado para la tarde el quizás decisorio alegato final. No es ajeno a la realidad pensar que Gil Tirado estimara que durante los interrogatorios el líder falangista había conseguido sembrar dudas en el jurado. Gil Tirado era consciente de su inferioridad jurídica y dialéctica, además acusaba la falta de preparación profunda de una vista que él casi consideraba como un trámite. Era consciente de que su rival, apoyado en la falta de pruebas, utilizando más que demostrado dominio de la oratoria, podía inclinar la balanza a su favor en su última intervención. El problema del fiscal era que cualquier sentencia que no fuera la condena a muerte sería un fracaso y el final de su carrera político-jurídica.
Cuando el fiscal comenzó a leer su escrito de conclusiones definitivas, José Antonio pudo percibir hasta qué punto había conseguido derruir algunos de los cargos. Gil Tirado es consciente de que el veredicto de culpabilidad con condena a muerte difícilmente saldrá de las débiles pruebas presentadas. Ha visto las reacciones del público asistente: la vista, por la propia dinámica impuesta por el acusado, no ha sido un mitin. Su intención, como había hecho en otros juicios, era recordar y convencer al jurado de que estaban ante un enemigo de la República y aferrarse a la convicción moral: ello debía ser suficiente para condenarle. Necesita volver a llevar a la sala a la realidad de un juicio político, donde las pruebas cuentan poco. Sobre todo porque José Antonio ha conseguido mantenerlo dentro de los límites de lo que es un juicio en derecho, aislando la sala de la situación bélica en que se vive. En esta línea, Gil Tirado estima que la condena depende, más que de otra cosa, de su capacidad para convertir al líder falangista en el responsable de la guerra y de cuanto de ella se deriva. Algo que se percibe fácilmente al leer la parte final de sus escrito de conclusiones, a la que traslada los conceptos e imágenes que ha ido, como sabemos, recogiendo de la selección de artículos de prensa como este:
«Lo único que se pretende salvar en España con la insurrección militar fascista, son los intereses de los grandes terratenientes, de los capitalistas parasitarios, de los gran- des ladrones de la finanza, de los caciques, de los acaparadores de los chantajistas y de aquellas instituciones que encarnaban la monarquía borbónica. La victoria fascista representa el retorno de toda esa fauna voraz y explotadora del pueblo ibérico.
La victoria del fascismo en España significa hambre, miseria, parado forzoso, beneficios para el banco de España, tonelaje marítimo amarrado, más contribuciones, la persecución de las ideas, el fanatismo religioso más exacerbado, un aparato de estado represivo, campos de concentración, fusilamientos, tierras incultas, hipotecas, incultura, desolación».
Gil Tirado optó por incidir de forma más precisa en todo lo referido a la vinculación del acusado con la rebelión militar. Miguel y Margot han pasado a ser secundarios. Reiteró la línea argumental en la que José Antonio era un «enemigo destacado del régimen republicano» centrándose en sus antecedentes. Algo que iba a repetir en su alegato final, porque para él se trataba de combatir al enemigo que ha provocado la sublevación. Mantuvo, eso sí, que constituyó una «agrupación de tipo dictatorial», de «abierta oposición y rebeldía a las instituciones republicanas», con un ideario que iba a implantar a través de la «revolución nacional», propugnando «la necesidad de apoderarse violentamente del poder». Se agarró a la falsedad de que el acusado hizo viajes al extranjero para «preparar la subversión militar», pactando, a cambio de la ayuda la entrega de «varias bases navales españolas, algunas posiciones estratégicas en marruecos y la explotación de minas de las minas de mercurio de Almadén». Para organizar la rebelión, desde las elecciones de febrero, «mantuvo múltiple correspondencia con conocidos dirigentes de la política española derechista».
Como indicamos esto le lleva a trasladar la carga de prueba a los hechos de Alicante que estaban poco perfilados en las conclusiones provisionales. José Antonio pasaba a ser organizador e impulsor del intento de sublevación en Alicante. Ello había sido posible a través de las numerosas visitas de sus partidarios, donde se «tramaba y convenía todo lo relativo al movimiento subversivo y la forma y momento propicio para tomar parte activa en él». Destacó la presencia en la prisión de José Ibáñez Musso, Carlos Galiana, Antonio Maciá, Augusto Aznar… a quienes «se les ha seguido juicios hoy ya terminados». José Antonio habría «instigado» a los falangistas alicantinos a «sumarse al movimiento rebelde y realizar cuantos actos fuesen precisos para que la rebelión se consumase con el éxito por él deseado». No solo eso, sino que el acusado, y esto era lo fundamental, a través de su discurso ideológico, de sus actos, desde la fundación de la Falange, tenía como objetivo «cooperar eficazmente a la preparación del movimiento insurgente». Gil Tirado aún guarda una prueba que exhibir de la participación directa en la rebelión en Alicante: la entrega el 18 o el 19 de julio a Antonio Maciá dirigida a los militares del cuartel de Benalúa animando a la rebelión. Carta que no tiene.
Cierra el escrito adelantando cuál será el eje vertebrador de su alegato final: José Antonio es responsable, «inductor», del «alzamiento en armas» y de los crímenes que se están realizando.
«Las huestes falangistas de que es Jefe supremo dicho procesado, son el brazo ejecutor de la rebelión militar, con moros, mercenarios, legionarios y otras fuerzas del Ejército, sus huestes forman partidas militarmente organizadas, mandadas por militares; van en la vanguardia de los rebeldes; cometen toda clase de crímenes y estuvieron y están en estrecha relación con los generales sublevados».
Mantiene Gil Tirado la calificación de los hechos tanto para José Antonio como para Miguel y modificados levemente para Margot. Eso sí, por ausencia de pruebas, retira la acusación contra los oficiales de prisión, siendo estos inmediatamente puestos en libertad con el inesperado aplauso del público.
José Antonio, en su escrito de conclusiones, probablemente de forma inesperada, mantendrá que los hechos «no constituyen delito alguno», que en la vista solo se han podido establecer posibilidades y no hechos delictivos, por lo que procede la libre absolución y que, en «último extremo, que solo se recoge hipotéticamente, podría imponérsele la pena de prisión mayor en grado mínimo»:
«SEGUNDA: Los hechos relatados en la conclusión anterior, no constituyen delito alguno. Dado que el resultado de la prueba ha reducido las hipótesis acusatorias a la posibilidad de que acaso JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA hubiera mantenido correspondencia con los implicados en el movimiento subversivo durante el tiempo en que estos lo preparaban, tal insostenible conjetura, de ser cierta encajaría en el supuesto del artículo 241 del Código de Justicia Militar, párrafo 1.º en relación con el 2.º del 238, y con el párrafo 1.º del artículo 4.º del Código Penal ordinario.
TERCERA: No habiendo delito no puede haber responsable. De ser admisible la inculpación prevista en hipótesis en el párrafo anterior, sería responsable en concepto de autor de tal delito de conspiración JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. Los otros dos procesados ni aún así lo serían en ningún concepto.
CUARTA: Si hubiera delito, lo que nuevamente se niega, concurriría la circunstancia atenuante 8.ª del artículo 9º del Código Penal ordinario».
José Antonio, al argumentar en sus conclusiones definitivas, no entra en controversia directa con lo manifestado por el fiscal[22]. Su texto busca transmitir y no debatir. Recuerda que los fines de Falange Española fueron considerados lícitos por sentencia del Tribunal Supremo. Hábilmente introduce una breve explicación de lo fundamental de su ideario que puede ser asumida por el público y el jurado, lo que le permite distanciarse de las derechas y romper la imagen del «enemigo del pueblo»:
«El artículo 1.º de tales Estatutos expresa terminantemente que la Asociación se propone “Desarrollar en todo el territorio de España, mediante el estudio, la propaganda, la sindicación y todo otro medio lícito, una actividad encaminada: 1.º a devolver al pueblo español el sentido profundo de una indestructible unidad de destino y la fe resuelta en su capacidad de resurgimiento; 2.º a implantar la justicia social sobre la base de una organización económica integradora superior a los intereses individuales, de grupo y de clase”.
Estos dos extremos del artículo copiado, contienen los dos postulados del programa de Falange Española, el nacional y el sindicalista. Por el primero se aspira a potenciar el valor nacional de España, no con el criterio de idolatría de las entidades naturales que informan a los partidos nacionalistas, sino con el criterio que aspira a perpetuar en España la representación histórica de un sentido universal de la vida (que es lo que se expresó más tarde con la palabra “Imperio”, vocablo doctrinalmente alusivo a toda aspiración política de alcance y validez universal). Por el segundo postulado, o sea el sindicalista, se tiende a sustituir la ordenación económica capitalista que asigna la plus-valía a los empresarios y titulares de los signos de crédito, por una organización sindicalista que entregue la propia plus-valía a la agrupación orgánica de los productores, constituidos en sindicatos verticales. Como consecuencia se postula el reemplazo del sistema político democrático burgués vigente por otro de tipo sindicalista, conforme al derecho que a todo español reconoce la Constitución republicana para defender y profesar las ideas políticas que juzgue mejores y aún para propagar la reforma de la propia Constitución».
Hábilmente, porque es un hecho cierto, sitúa el problema de la violencia en un plano distinto al del fiscal, negando que los dirigentes falangistas hayan participado o ordenado que se ejecutasen las agresiones. Estas han sido producto del «durísimo ambiente de lucha» que rodearon a la Falange y deplora todas las víctimas, las suyas y las contrarias. Traslada algo en lo que incidirá en sus últimos escritos: no las hubiera habido si se conociera cuáles eran sus aspiraciones:
«En este ambiente de lucha también cayeron, en harto menor número y a partir de fecha mucho más reciente, víctimas (no menos deplorables), de otros partidos políticos hostiles a la Falange […] La lucha, por cruel que haya sido, ha estado sostenida por el ardor de los militantes de todos los bandos y ha revestido caracteres, no por lamentables, menos conocidos de este género de pugnas debidas casi siempre a la falta de conocimiento recíproco de los programas y las aspiraciones».
Siendo clave en los cargos la posibilidad admitida de que hubiera podido mantener enlace con la preparación de la rebelión desde la prisión a través de las comunicaciones, planteó que recibió no poca correspondencia y visitas en grupos numerosos sin «la menor garantía de reserva». En los interrogatorios y en la testifical se había incidido en que las comunicaciones estuvieron «más o menos intervenidas», por lo que los acusados no podían saber si eran escuchados o no, por lo que lógicamente, era imposible que no se hubiera producido ninguna filtración fuera o dentro de la prisión. Dialécticamente indujo al jurado a plantear la duda con respecto a la posibilidad, pues nadie había sospechado que en las «entrevistas se maquinara un alzamiento militar contra el gobierno republicano».
Su talón de Aquiles es, en primer lugar, la evidente participación e importancia de los falangistas en la guerra en la zona rebelde; en segundo, su relación con el intento de sublevación en Alicante. Ante lo primero, solo puede acogerse a la imposibilidad de que sus seguidores hubieran recibido instrucción alguna. Consciente de que el fiscal carece realmente de pruebas incriminatorias se ampara en verdades a medias, pues era rigurosamente cierto que él se aproximó a una conspiración en cuyos orígenes no había tenido participación y, por su situación, no había podido tener papel alguno en la zona rebelde a partir de la sublevación, un hecho que en ningún momento había condenado y que, torpemente, ni el fiscal ni los jurados fueron capaces de pedirle que hiciera:
«JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA es, en resumen, ajeno a la génesis y al ulterior desarrollo del movimiento subversivo iniciado en julio del presente año, en el que ni directa ni indirectamente, ni por sí mismo ni induciendo a otros, ha intervenido».
Aquí también se lucha heroicamente contra el fascismo
Sobrepasando las cinco de la tarde del martes 17 de noviembre de 1936, tomó la palabra Vidal Gil Tirado para pronunciar en la sala su informe final. Los condicionantes han variado porque la vista, tras la exculpación de los funcionarios, queda reducida no a una persona sino a una familia contra la que, por su teórica posición social, el fiscal quiere excitar al jurado y a los presentes en la sala recurriendo a la demagogia para acabar convirtiendo sus frases en inescrutables:
«¿Quiénes son los que hoy se sientan en el banquillo?
Los que hoy ocupan el banquillo son los señores PRIMO DE RIVERA, son los representantes, a mi juicio, de esa España retrógrada y reaccionaria. Son individuos que quieren dominar, como vulgarmente se dice, a esta casta de los que trabajan para vivir. Son los genuinos representantes de la España negra, de esa obra capitalista, sin tener en cuenta que han llegado a tales por la autoridad y el mando de ese señoritismo, individuos que quieren ser más de lo que en realidad son y que quieren adquirir la nobleza sin tener en cuenta lo que esta es.
Es cierto que siempre ha habido dos clases de hombres y de castas. Los que trabajan para comer y los que comen sin trabajar. Es natural que aquel quisiera tener mejoras. Pero ahora nos encontramos con que se ha vuelto la casulla, con que el débil, porque se ha puesto en pie el trabajador, es el señorito. Eso no es objeto más de una obra revolucionaria. Si les ha obligado a estos trabajadores a ponerse en pie, no es ilógico que se les de lo que quieren. Por eso se administra en esta época de revolución, en nombre del pueblo»[23].
Pese a la reducida posibilidad de crítica existente, al día siguiente, el periodista y presidente de la Asociación de la prensa, Emilio Costa, en el diario El Día, calificará el informe del fiscal como «difícil»[24]. Y ciertamente, como veremos, lo fue.
Cabría estimar que a Vidal Gil Tirado le fue imposible cambiar, en tan breve tiempo, el argumentario que tenía preparado. A nuestro juicio quiso tejer un discurso de cierto nivel que aunara el informe en tribunal con la razón político-ideológica. En cierto modo, imitar a José Antonio con el que no es descartable que se hubiera obsesionado[25]. Pero lo único que demostró fue su dificultad para hilvanar un discurso político jurídico acorde con las circunstancias; pero también, siguiendo sus notas, pone de manifiesto cuál era su posición político-ideológica, con pronunciamientos expresos . Es cierto, como vamos a explicar, que el fiscal ni tan siquiera consiguió trasladar a la sala, quizás porque fue modificando sobre la marcha sus palabras, quizás porque quisiera evitar leer sus notas, lo que más coherentemente había preparado previamente. Lo cierto es que, cuando concluyó, él fue su primer crítico, reconociendo que su actuación, frente a la de José Antonio, no había sido la mejor. En este sentido comentó al Secretario de la Audiencia, «disculpándose del resultado favorable que había tenido el juicio para José Antonio en la opinión pública, que lo había pronunciado después de comer y sin la debida preparación, habiendo hecho lo que había podido».
Añadimos nosotros que probablemente le sobrepasó el escenario. Temía, y no sin razón, que al informar este en último lugar pudiera ganarse a la sala y al jurado, como parecía habérselo ganado en las sesiones previas y conseguir no ser condenado a la última pena. Algo que se trasluce sin mucha dificultad en la advertencia a la sala con que decidió cerrar su intervención. Lo hizo reconociendo la distancia existente en la sala entre él y José Antonio, del que traza un tremendo elogio:
«Y nada más digo, sino expresaros lo siguiente: A continuación, dentro de un período brevísimo, vais a oír una ardorosa protesta de la defensa para negar los hechos, como los ha negado en su escrito de conclusiones definitivas, para disimular responsabilidad, para cortarlos, para reducirlos a la mínima potencia. Yo espero que sus argumentos y su elocuencia; yo espero que habiendo la gran diferencia entre este humilde representante del Ministerio Público y aquella defensa, en donde su elocuencia puede hacer deslucir mi peroración, pueda quitar mis méritos, aunque no teniendo la experiencia ni los años que yo, él en pocos años ha actuado mucho más de lo que yo he hecho en los míos de experiencia, con un extensísimo conocimiento que yo conceptuo género muy elevado en materia de Derecho, un parlamentario que está a la altura de los mejores parlamentarios españoles y que se ha hecho a sí mismo y por sí mismo, yo estimo que todo ello irá haciendo deslucir mi pobre oración. Yo os digo esto, porque los hechos y mis argumentos no nacen de la Ley, se basan en lo lógico y están inspirados en un espíritu rectilíneo de Justicia, y no deben prevalecer, no deben prevalecer las dotes de la oratoria, del arte y del ingenio de José Antonio Primo de Rivera»[26].
¿Qué había percibido Gil Tirado? El 16 por la tarde la gente desbordó la capacidad de la sala y se quedó en el pasillo. Se veían muchas más mujeres entre el público. Los abucheos fueron desapareciendo. También el anarquista Guillermo Toscano, que pertenecía a la guardia que estaba en la cárcel adscrita en exclusiva a la vigilancia de ambos hermanos, observó que tras la «gran animosidad» inicial del público contra los acusados, «a medida que el juicio avanzaba y después de oírle hablar, tanto en su interrogatorio como en su informe, el público reaccionó favorablemente hacia José Antonio y su hermano».
En este sentido resaltemos que Margot ya notó, en la madrugada del 17, que la defensa de José Antonio estaba despertando simpatías. Cuando por la noche fue reintegrada al Reformatorio, los guardias no la esposaron y le prestaron un capote. Aquellas noches de noviembre en Alicante fueron frías. Al día siguiente, cuando su cuñado informó, «el público no despegó los labios»[27].
No se trata de un testimonio interesado, la propia prensa frentepopulista alicantina deja traslucir la misma sensación. El interés y la expectación fueron creciendo conforme avanzaron las sesiones. Emilio Costa subraya cómo los acusados concentraban la atención mientras el fiscal informaba: Margot se seca las lágrimas con su «breve pañolito»; los ojos de Miguel están pendientes de los de su hermano buscando un «gesto alentador o un rasgo de derrumbamiento. Pero José Antonio sigue siendo una esfinge».
Por vez primera, en nuestro trabajo El último José Antonio seguimos la intervención del fiscal a través de sus notas y documentación personal. Entonces y ahora estimamos más interesante aunar el contenido de las cuartillas de Gil Tirado con la versión taquigráfica trasladada al sumario. Hay partes interesantes que el fiscal no usó en su informe en sala, probablemente, como hemos señalado, por sus nervios. Insistimos, no son discursos distintos, siguen el mismo esquema, más coherente en los apuntes que en la sala. Ambos inciden en la consideración de juicio político a la vista en sala, tesis con la que el propio fiscal había afrontado el proceso. Lo confirma, algo confusamente, en su informe final, al afirmar que sus «argumentos no nacen de la Ley».
Más allá de la literalidad y la forma, el discurso del fiscal fue ideológicamente coherente. Se podría afirmar que, de algún modo, Gil Tirado recupera para su informe el esquema argumental que indicamos que era habitual cuando ejercía de presidente del Tribunal Popular. Lo hace vertebrando su intervención con dos ejes: primero, fundamentar la convicción moral en indicios de prueba; segundo, más allá de los hechos, de la carga de la prueba, el jurado tiene que pronunciarse como combatientes de la República.
A partir de ahí el relato que edifica el fiscal, que si seguimos la versión taquigráfica se tornó en diversos instantes confuso, sigue una línea lógica: primero, recuerda al jurado que también se combate contra el fascismo en la retaguardia, por lo que la vista es una trinchera más; segundo, los que se sientan en el banquillo son los representantes del señoritismo, de los que «comen sin trabajar»; tercero, no se juzga a los acusados por sus ideas, se les acusa de que son sus ideas las que han provocado la guerra y son responsables de las miles de víctimas que se están produciendo; cuarto, la Falange sigue a los jefes rebeldes y es la responsable de los «horrendos crímenes» que se están cometiendo en los frentes y en la retaguardia; quinto, que José Antonio había participado en la organización de la rebelión, actuando en Alemania y que mantuvo enlace con los demás dirigentes a través de su correspondencia y las visitas que recibió; sexto, no se debe caer en la trampa que tiende explicando sus diferencias con las «derechas», así la entrevista concedida a Jay Allen fue «una manera de disimular una sinceridad que no existe», ya que no es cierto que esté contra los sublevados; séptimo, que la justificación del acusado de que «no sabía nada», por estar encerrado, debe reputarse como falsa, pues las pruebas demuestran lo contrario (Vidal hace una larga relación de documentos que en realidad nada prueban); octavo, que la actuación de los falangistas en Alicante demuestra la participación directa de José Antonio en la rebelión; noveno, recuerda al jurado que si la sublevación hubiera triunfado en Alicante «ahora estaríamos en el penal y alguno de los que aquí estamos, incluso el que está hablando, no existirían»; décimo, es, pese a su permanencia en prisión, «autor por inducción, autor moral, de un delito de rebelión» y yo «estimo que desde la Cárcel ha hecho mucho más daño al pueblo, del que podía haberle hecho estando fuera».
Los resúmenes de prensa sobre su intervención nos indican qué es lo fundamental en su alegato final, aquello con lo que todos debieron quedarse: la crueldad de los fascistas apoyada por «algunos países extranjeros» con los que tuvo relación el acusado; prueba de ello es que celebró varias entrevistas en Berlín en 1934 «preparando el movimiento», celebrando además varias entrevistas en la cárcel «con alguno de los dirigentes del movimiento en algunos pueblos de la provincia»[28].
El Fiscal sabía lo que se hacía, porque la prensa de la zona frentepopulista recogía en esos días noticias sobre la «barbarie fascista». Valgan como ejemplo los titulares a toda página del 17 de noviembre: «Un bombardeo aéreo de los fascistas sobre el pueblo madrileño produce un incendio en el Hospital Clínico. Los aviadores de Franco arrojaron en la capital el cadáver mutilado de un piloto leal». De hecho, el diario alicantino El Día, que llevaba a seis columnas la noticia de que José Antonio había sido condenado a muerte, incluía como segundo titular: «Nuevos actos de barbarie de la aviación fascista»[29].
Volvamos al informe del fiscal atendiendo a la redacción que tenía preparada en sus cuartillas. Inicia su intervención recordando al jurado que a ellos corresponde luchar contra el enemigo «jurídicamente», con el «mismo heroísmo», por lo que solo cabe un veredicto de culpabilidad para quien es «jefe de la rebelión». En la sala están luchando contra el fascismo que busca «la salvaguardia de los privilegiados», pues para ello, a diferencia de otros tiempos, se han creado los tribunales populares:
«Mientras en la vanguardia, en los frentes de batalla se lucha heroicamente con las armas contra el fascismo, aquí, en la retaguardia, jurídicamente se lucha también con la misma heroicidad, y es de gran interés, oír voces que nos comprendan y vibren al unísono de nosotros, que sientan nuestra lucha como el que más. Ello me anima, al dirigiros un saludo, a solicitar de vosotros un coincidente criterio con el mío, y, por lo tanto, un veredicto de acuerdo con mis conclusiones.
Me es muy grato, en esta ocasión, que aprovecho, hacer patente mi mayor simpatía, mi mayor cariño, hacia ese heroico pueblo español que lucha por la causa de la libertad y de la Justicia, podéis creer que esta simpatía, que este cariño, es compartido por todos los ciudadanos españoles que no son ricos. Y es que, a mi juicio, la lucha en que ponemos todo nuestro anhelo, es la lucha de los desheredados contra la plutocracia, lucha universal y eterna; por eso nuestro pueblo está al lado de la España antifascista, que pelea contra el fascismo, que es negación de libertad, establecimiento de la opresión, imperio de la fuerza, tiranías dictatoriales y no para el servicio de las muchedumbres sino para salvaguarda de los privilegiados.
España tenía sus problemas, y uno de ellos, el más importante era el problema de la tierra, y es que yo entiendo como todos debemos entender, que la tierra ha de ser de quien la trabaja, como la escuela ha de ser de todos; es necesario que desaparezcan la nobleza y los esclavos. Deseos todos que, como base de un mundo mejor, han de cumplirse como se van cumpliendo por medio de leyes; por eso se lucha, para que los obreros no sean explotados por los capitalistas sin escrúpulo, cuyo ideal es la esclavitud de los desheredados y no dudamos del resultado final de esta contienda [tachó lucha]. ¿Es que hay, es que puede haber dos maneras de ver cuál será este resultado? ¿Es posible, siquiera, suponer que pueda vencer el enemigo de la ley, de la patria y de la libertad? Yo siempre y desde el principio estuve convencido de que esta lucha no puede terminar con la derrota de un pueblo valiente hasta el heroísmo, merecedor de un gran porvenir, porque lucha en defensa de sus libertades contra el fascismo y los perjuros militares alzados en rebelión con las armas que la República les dio para que la guardaran y defendieran.
Cuando se iba a afrontar la justicia militar por delitos de esta naturaleza en otros tiempos, se formaba un tribunal de castas sociales, el tribunal estaba formado por hombres que se decían honorables, que juraban cumplir con su deber; estos hombres se dejaban guiar por el espíritu de castas. Recordemos algunos fallos de esos Consejos de Guerra.
Recordemos a aquellos treinta obreros que fueron fusilados por sacar a la calle una bandera comunista; a aquellos tres soldados que fueron condenados a muerte por haber dado un «viva a la República»; y recordemos sobre todo a aquel pobre obrero que en año 1919 fue fusilado por decir a los soldados que no dispararan contra sus hermanos y que volviesen las armas contra sus jefes.
Siempre ha habido dos clases de hombres, el que trabaja para comer y el que come sin trabajar; es natural que aquel quisiera obtener… Pero ahora nos encontramos con que el débil, es decir, el señorito, se quiere imponer sin contar que contra el pueblo nada puede hacer. Han obligado a los trabajadores a ponerse en pie[30].
Estamos viviendo unas horas tristísimas, para la página trágica que escribimos en nuestra historia. Pero venceremos a esos individuos que no tienen valor para empuñar las armas y necesitan traerse extranjeros y moros mercenarios. Nosotros tratamos bien a los detenidos, no fusilamos ni a mujeres ni a los niños, como hacen ellos[31].
[…] El problema que se plantea consiste en determinar si hay una relación entre la conducta de los procesados y la rebelión. Yo no acuso a los señores Primo de Rivera por sus ideas, sino por la relación de sus ideas con los hechos, que están produciendo horrendos crímenes. Hay miles y miles de víctimas inmoladas por las ideas defendidas sistemáticamente por tales procesados. [Son] Los que han hecho las propagandas que nos han llevado a la rebelión, son los culpables de esto y de los enormes daños de la misma a la Patria.Los representantes son propagandistas y ejemplos de la hostilidad a la República que culmina en la tragedia de la rebelión. José Antonio es el organizador y animador de las célebres Falanges que hoy combaten con ardor contra el proletariado español. Los falangistas matan a mansalva. No hay nada que les contenga; sin ese temor que su caudillo nos anunció, cuando nos dijo que sospechaba que sus huestes habrán sido lanzadas contra el pueblo, aprovechando su prisión[32].
José Antonio fue el agente de enlace que concertó en Alemania el envío de material y hombres a los facciosos. Yo acuso a los restantes procesados, porque han ayudado, facilitado su acción a los Primo de Rivera, favoreciendo a la comisión del delito»[33].
Nos encontramos en este punto con una continuidad argumental que solo, en alguna frase, encontraremos en la versión taquigráfica incluida en el sumario y que resulta, para situar la posición política de Gil Tirado, altamente reveladora:
«La verdad no es más que una. Hacemos la revolución, pero dentro de la legalidad y vamos a ella porque se nos ha impulsado. Nosotros administramos justicia, poniendo en ello toda nuestra responsabilidad de juzgadores. Ellos juzgan, criminalmente, por odio, pasión, venganza, etc.
Son estos unos momentos en que en la Historia de España se está escribiendo una página de gloria. Vivimos en uno de los momentos más interesantes no ya de la Historia de España sino de la Historia del mundo entero. Estamos entre dos revoluciones: la una, que va hacia el porvenir e intenta avanzar; la otra, va hacia atrás. Cuando se quiere evitar aquella, pero no se va hacia atrás, no es revolución; pero cuando ocurre lo contrario, vienen las divergencias y llega a alterar el sentido de humanidad.
El pueblo, en las actuales circunstancias, es el que ve, y es, por lo tanto, el que manda, y es el que dirige y encauza todo. En estos momentos en que llevamos cuatro meses de revolución y que el asunto ha pasado más allá de las fronteras, hay que refrenar las pasiones y actuar con plena responsabilidad, sabiendo refrenar los propios impulsos con plena conciencia de la responsabilidad.
Hay que ir a un principio jurídico; eso lo sostiene el gobierno de la República. Hasta hace poco, casi todos los países nos consideraban a nosotros como los faciosos y a ellos como los que sostenían el poder legítimo. Se dirá que los revolucionarios sanguinarios éramos nosotros. Era falta de visión de la realidad y se creían todo lo que los facciosos decían.
Hoy la República democrática que tenemos, procede con justicia contra los que se han sublevado contra ella; hoy se sustancia en proceso y se celebra un juicio oral, público y solemne, una reunión para ello con tres Magistrados, Jueces de Derecho y 8 jurados, jueces de hecho, que son los que juzgan, pertenecen al pueblo».
Después nos encontramos con el párrafo que debió de ser desechado para el alegato final al aparecer tachado, pero que remarca cuál era el posicionamiento ideológico de Gil Tirado en noviembre de 1936:
«Cuando los delincuentes políticos son de la otra clase, de la clase dominadora, no se procede nunca con tanta gallardía ¿Cuál de las dos clases es más peligrosa? Indudablemente la de la clase dominadora que quiere dominar por todos los medios a las clases humildes ¿Qué diferencia hay entre el pueblo que lucha sin armas, presentando el pecho y aquellos que las tienen y han faltado a la palabra dada? Hay una diferencia de verdadero abismo. La peligrosidad de la clase dominadora es mucho mayor, ya que poseen dinero, armas y han faltado a la palabra dada para acogotar –esta es la palabra– al humilde».
Entre las notas con párrafos dispersas, con frases que no se trasladaron a sala, destaquemos esta en la que Gil Tirado intenta teorizar sobre la existencia del delito político:
«Falange Española estuvo y está en estrecha relación con los generales traidores sublevados y con los capitalistas que han financiado el movimiento, es su brazo ejecutor; los capitalistas no han tenido siquiera valor, no solo para dar el pecho, sino aún para dar la espalda.
Delito político: Para que exista, es preciso que haya lucha entre las diferentes clases sociales. La figura del delincuente político podríamos dividirla en dos grupos, o luchan por el bienestar y la libertad, o no; aquellos se presentan ante los tribunales llenos de orgullo; así nos presentamos nosotros en el año 1917. Cuando se nos preguntaba, ¿habéis luchado? Nosotros contestábamos que sí; lo decíamos porque habíamos expuesto nuestras vidas por lo que anhelábamos. Estos delincuentes eran juzgados severamente, pues sus ideas se consideraban nocivas para la humanidad».
También en sus cuartillas traza cuál sería la responsabilidad de los falangistas y refiere cuál ha sido el papel de José Antonio que reflejará también en su intervención ante el tribunal aunque de forma distinta:
«[José Antonio], tanto para la preparación como para la iniciación y sostenimiento de la rebelión militar, es el brazo ejecutor de la misma; sus huestes forman partidas militarmente organizadas mandadas por militares; van en la vanguardia de los rebeldes; cometen toda clase de crímenes, estuvieron y están en estrecha relación con los generales traidores; la rebelión está arruinado a España;
José Antonio es el Jefe de F.E., propagandista de acción directa e inductor además de la hostilidad, […] del alzamiento en armas existente contra la Constitución del Estado republicano, contra el Presidente actual de la República, las Cortes y el Gobierno Constitucional y legítimo, por sus afiliados; hostilidad y alzamiento que culmina con la actual tragedia de la rebelión, y no por sus ideas, sino por la relación de las mismas con los hechos resultado del movimiento militar subversivo que tan horrendos crímenes está produciendo, que hay muchas víctimas sacrificadas por esas ideas defendidas sistemáticamente por dicho procesado, que han tenido también repercusión en esta Capital y su provincia. La misma, esas propagandas y actividades del procesado nos han llevado a la rebelión y de esta son culpables, José Antonio, tanto por la participación directa como por inducción, hallándose inmerso en el artº. 238 n.º 1º por su carácter de la rebelión, o cuanto menos en el 1er inicio del n.º 2º en relación con el artº. 14 nos 1º y 2º del C. Penal común. Miguel, identificado con su hermano [tachó: «también por participación igual e inductora»], como comprendido en el n.º 2 del 238 en su concepto de adherido, que también comprende a Margarita como agente de enlace y adherida en este respecto. Siendo los dos primeros por su peligrosidad y perversidad responsables de los enormes daños causados a España (agravante artº. 173).
En cuanto a los demás procesados se mantendrán las provisionales.
(Provocar en el sentido de facilitar, ayudar)
(No pueden calificarse de faltas reglamentarias los hechos por ellos realizados, teniendo en cuenta las calidades de los procdos P. de Rivera, las circunstancias actuales, la guerra civil actual y el periodo revolucionario que vivimos».
Son interesantes estas notas preparatorias que se debieron realizar antes de tomar por parte del fiscal la decisión que trasladaría a sus conclusiones definitivas. Recordemos que tuvo que pedir tiempo para elaborarlas y se suspendió la sesión hasta la tarde. Inicialmente iba a mantener la acusación contra los funcionarios en concordancia con las provisionales, pero después la retiró; también variará la calificación en el caso de Margarita. En sala, aunque de forma confusa, en lo relativo a José Antonio parece traslucir la posibilidad de que, a tenor del desarrollo de las sesiones, José Antonio no sea condenado como «Jefe de rebelión», acusación que mantiene, pero podría ser condenado como «dirigente activo» con agravantes.
El último discurso de José Antonio
José Antonio permaneció, según la crónica, impertérrito escuchando al fiscal. Concentrado al máximo. Las últimas palabras de Gil Tirado, un tanto confusas, sintetizaban cuál era el condicionante que no podían olvidar los jurados, más allá de la carga probatoria, lo que, de algún modo, recoge el temor del fiscal al impacto de la oración final de José Antonio: «En la vanguardia con las armas. En la retaguardia con la Justicia. Aquí no se fusila a nadie. Cuando se fusila o se dicta una sentencia de muerte, es por juico, con todas las garantías: las de la ley, las de la conciencia». Insistiendo que el acusado es culpable de un delito de rebelión en grado de jefe, o en su defecto como dirigente. Aunque para ello haya tenido que llegar a afirmar que puede que el acusado llegara a buscar entrar en prisión en marzo de 1936:
«[…] teniendo en cuenta que la verdadera preparación del movimiento comienza desde las elecciones del 16 de febrero y el 14 de marzo entra preso, a algunos llamará la atención, sorprenderá que pueda ser autor por inducción, autor moral, de un delito de rebelión estando en la Cárcel. Y yo estimo que desde la Cárcel ha hecho mucho más daño al pueblo, del que podía haberle hecho estando fuera de ella, porque estando fuera hubiera huido al extranjero, pero desde la Cárcel quizá buscara su entrada en la misma porque temía, y después porque en la creencia del éxito, con que contaba, era suficiente para que en tres días hubiera caído todo su poder; no contaron con el pueblo que les hizo frente y que obedeciendo a su consigna les ha impedido triunfar. A su vez, este como tenía preparada toda la labor, le ha sido fácil, combinando la eficiencia y la actividad de esos elementos que le secundan y le siguen, influidos, inducidos por ese ascendiente moral, por esa fuerza moral, de esa gran actividad suya que en un momento los mueve a hacer todo lo que él quiera, y la consigna está extendida desde dentro de la Prisión, ha hecho todas las operaciones necesarias llegando a su consumación, llegando por ese ambiente inductivo que tiene, dominando como domina a todas sus huestes».
José Antonio ha trazado un informe que, en palabra del republicano Emilio Costa, que lo presenció, será «rectilíneo y claro». Según este testigo publicó en la crónica de El Día, «gesto, voz y palabra se funden en una obra maestra de oratoria forense que el público escucha con recogimiento, atención y evidentes muestras de interés». Hasta tal punto es así que José Antonio informa durante hora y media cuando el máximo permitido era treinta minutos[34]. José Antonio estuvo sereno, tranquilo, confiado en la reacción favorable de los presentes. El silencio del público ante los tonos mitineros del fiscal, contra lo que pudiera estimarse como lógico, lo había dicho todo. Guillermo Toscano, que estaba allí como «jefe» de la guardia anarquista de la prisión, apuntaría que ambos hermanos «estuvieron muy serenos y enteros». José Antonio, como escribiría en su testamento, se defendió con los mejores recursos de su oficio de abogado, incluyendo el no contestar con verdad a todo aquello que le incriminase[35].
La aparente esfinge que había sido mientras el fiscal pronunciaba su informe era la del abogado que rehace mentalmente, sobre un guión, su argumentación, gracias a que esa «destreza en mi oficio […] me ha permitido en dos horas y media instruirme de ese montón de papeles, preparar mi defensa y someterla a vuestra conciencia». Ese es el objetivo que late por debajo de su larga pieza oratoria, llegar hasta la conciencia del jurado desmontando, una por una, las «pruebas» de la acusación, introduciendo la duda, para alcanzar un veredicto de inculpabilidad. Derruir tanto la débil convicción probatoria como el recurso supletorio a la convicción moral, en lo que él mismo califica en sala, sin menoscabar al tribunal o al jurado, como un «proceso puramente político». Sin embargo, está ante el discurso más difícil de su vida, porque no habla para un público de seguidores o simpatizantes, sino a hombres y mujeres a los que tiene que aproximarse, a los que tiene que ganarse.
Como temía Vidal Gil el acusado se muestra muy superior a él y debió sentirse humillado cuando le alcanzaron los dardos de la ironía joseantoniana y el público siguió con atención, sin abucheos, la intervención de José Antonio. Este no recurrió en ella a la retórica ni a sus fuertes y poéticas imágenes, solo afloraron al final y al principio de su intervención para captar la atención de quienes le escuchaban[36].
José Antonio, que inició su pieza con una descripción lírica sobre cómo vivió y cómo sintió la comunicación del auto de procesamiento («el silencio de la incomunicación[…] se interrumpió en forma de que bajo la luz amarillenta de la Prisión, harto menos brillante que la que ahora nos ilumina…»); agradeció al Tribunal, al presidente, a los jurados que le hayan permitido instruirse en los Autos, la benevolencia para que se expresara que había tenido durante las sesiones anteriores y que se iba a repetir durante su última intervención pública.
Hablando del ejercicio de su profesión, que él considera su «mayor título de dignidad», con una breve frase derruye los párrafos confusos del fiscal sobre su adscripción a los señoritos: «no le dijo a tiempo al Tribunal que yo llevo doce años trabajando todos los días, según el Fiscal ha dicho al reconocer que he informado más veces que él, aun llevando él más años de ejercicio y yo tener menor edad».
Una vez más el líder falangista recurrió a incidir en lo propositivo para derruir, en el público y en el jurado, la idea de que la Falange aspiraba a implantar un «régimen dictatorial». El suyo es un partido de fundamentación social («[entre los jurados hay quienes] saben lo que son los partidos y sus sentidos sociales»):
«dije perfectamente por qué somos sindicalistas y no encuadrados en los partidos que son solamente sindicalistas; por qué añadimos a lo de sindicalistas, nacional; y por qué en lo del sindicalismo, que es una posición nueva, y de lo nacional, que es lo que parte en dos a toda la juventud española.
Toda la juventud de España, todas las clases enérgicas de España, las juventudes ardientes, están divididas en dos grupos encarnizados. A esto se debe que de cuando en cuando nos matemos como fieras. A que unos aspiran a un orden social más justo y se olvidan de que forman con el resto de sus conciudadanos una unidad de destino y los otros, ventean y mueven el gallardete de patriotismo y se olvidan que hay millones de españoles hambrientos y de que no basta pasear la Bandera de la Patria sin remediar a los que padecen hambre. No ahora, que comparezco ante este Tribunal, ni por este hecho, sino que desde mil novecientos veintitrés he venido sosteniendo esto sin descanso hasta enronquecer […] ¿Queréis un punto improvisado ahora? Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado Nacional-Sindicalista no tendrá la menor consideración al que no cumpla función alguna y aspire a vivir como convidado a costa del esfuerzo de los demás».
Tras recabar toda la responsabilidad para sí mismo, sin romper los nexos de unión de su discurso, entra en lo referido a los «actos delictivos» imputados a Falange, reconociéndolos como tales, pero siendo «otro pasaje de mi vida pasada». Vuelve en este punto a apelar a la conciencia de los miembros de jurado para reiterar que aquellos actos fueron fruto de la dinámica «triste y dolorosa» de la vida pública española:
«La mayoría de los que formáis el Jurado pertenecéis a partidos enérgicos. Habéis tenido bajas y habéis comprobado que camaradas vuestros han abierto bajas en otras filas. Solo hay una cosa indecorosa en este género de lucha. La lucha en sí es triste. Es terrible, es dolorosísimo que lo más brioso, lo más enérgico de la juventud de España, en nuestras filas y en las vuestras se mate a tiros. Hay, repito, solamente una cosa indecorosa en estas luchas y es que se emplee el pistolero profesional. En este trance para mí tan solemne, os digo, que la Falange Española no lo ha hecho nunca. Vosotros que estáis hechos a la lucha sabéis que el pistolero profesional no sirve para nada, no hay quien se juegue la vida por cinco duros. Se la juega por nada el que siente dentro de sí un ideal. Vuestros militantes y los nuestros han sentido el ardor cada uno de su ideal y se han matado.
[…] Muertos de un lado y de otro; pero no venimos aquí a cancelar las deudas de sangre en papel sellado. ¡Ojalá dejásemos de matar! Venimos a juzgar si yo he participado o no en el actual movimiento, y no vais a aprovechar esta coyuntura para hacer una liquidación de cuentas más o menos falsas».La habilidad dialéctica de José Antonio, su facilidad para ir abriendo en los oyentes las sombras de la duda, se torna rotunda cuando desgrana su argumentario para horadar la calificación realizada por el fiscal considerándolo como «enemigo destacado del régimen» desde sus albores. Se apoya en sus críticas a las derechas («con las derechas mi disidencia ha sido constante»), en su postura ante el bienio derechista (recuerda su artículo «La victoria sin alas»), en su actitud «bastante benévola» ante el gobierno de Azaña tras el triunfo del Frente Popular. Fijó su posición equidistante: «adhesión total, entusiasta, a cuanto hicieran las derechas, no; a las izquierdas, tampoco».
En su informe, en el que no va a posicionarse contra la rebelión, lo que, además, sería inútil y le restaría credibilidad, opta por diferenciar, sin que llegue a percibirse, entre la República hasta el gobierno Casares Quiroga y el estallido de la rebelión. Él no condena la rebelión, pero no se considera responsable de lo que ha acontecido a partir de la misma, ni conoce sus presupuestos políticos; solo sabe lo que se le dice, informaciones que él pone en cuarentena, pero explica que las cosas no hubieran sido iguales si él no hubiera estado en la cárcel:
«Yo creo que el Gobierno de Casares Quiroga tuvo en mucho la culpa de que pudiera estallar este movimiento, porque sembró aquel dislocamiento de todas las fuerzas, metió en la cárcel a tal cantidad de personas -entre las que me cuento-, sembró pequeñas incomodidades que predispusieron a todos y creció el espíritu crítico. Sin eso podrías tener la seguridad de que no habría en lucha tanto joven, ni de que se hubiera podido provocar una locura de estas a espaldas de personas responsables. De mí, por ejemplo, no os voy a decir hipócritamente que no me hubiera sumado a la rebelión. Creo que en ocasiones la rebelión es lícita y la única salida de un periodo angustioso.
Ahora, una rebelión que han preparado en España y fuera de España haciendo gestiones en Alemania e Italia, con lo difícil que son las negociaciones en estos países, las dos naciones de diplomacia más intrincada y difícil, en donde hace falta meses para llegar a conocer el vocabulario, para que un día en la Cárcel me encuentre con que ya está todo armado sin saber a dónde va y que hay muchos míos, unos matando, otros muriendo, otros haciendo las ferocidades que el señor Fiscal me da ahora la primera noticia; atrocidades que por otra parte me va a permitir que ponga en cuarentena, porque se que mis camaradas no son capaces de cometerlas. Son trámites difíciles con finalidades turbias, inexplicables por lo menos, con pactos sobre si se entrega parte del territorio o no, y yo encerrado en la Cárcel de Alicante, sin comunicación con nadie y sometido al Tribunal Popular.
Eso no hubiera pasado si yo no hubiera estado encarcelado y no hubiera pasado si los Jefes de mis organizaciones no hubieran estado perseguidos como alimañas, separados de sus familias, de su camaradas.
Por haberse puesto a España en este avispero ha sido posible que estalle este movimiento que ahora tendremos todos que lamentar».
José Antonio, tras rebatir la idea de que él es «enemigo de la República», pasa a tratar de fundir con su palabra la acusación que, indirectamente, le señala como «enemigo del pueblo». Para ello recurre a ir enumerando sus actuaciones que contradicen tal aseveración:
«Yo en las Cortes me levanté un día para pedir que se ampliara la amnistía concedida por las derechas, gracias a la cual salieron a la calle varios millares de afiliados a la CNT… pronuncié dos discursos para impedir que se anulara la primera reforma agraria y expuse este concepto… ¿En qué consiste desde un punto de vista social, la reforma de la agricultura? Consiste en esto: hay que tomar al pueblo español hambriento de siglos y redimirle de las tierras estériles, donde perpetúa su miseria; hay que trasladarle a las nuevas tierras cultivables; hay que instalarle sin demora, sin esperar siglos, como quiere la ley de contrarreforma agraria, sobre las tierras buenas. Me diréis: pero ¿pagando a los propietarios o no? Y yo os contesto: esto no lo sabemos; dependerá de las condiciones financieras de cada instante. Pero lo que yo os digo es esto: mientras se esclarezca si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, lo que no se puede exigir es que los hambrientos de siglos soporten la incertidumbre de si habrá o no habrá reforma agraria; a los hambrientos de siglos hay que instalarlos, como primera medida, luego se verá si se pagan las tierras, pero es más justo y más humano y salva a más número de seres que se haga la reforma agraria a riesgo de los capitalistas, que no a riesgo de los campesinos. Cuando el señor Fiscal hablaba, con razón, de la tragedia del campo español, quizá no formulaba frases tan enérgicas.
Y cuando la revolución de Asturias, me levanté en las Cortes y dije, que en una revolución hay que atender siempre a dos cosas. Primero a dominarlas, y después, a ver si tenían razón. Una revolución no estalla sin razón nunca».
José Antonio, al que pesaba el tiempo, preparó su intervención para dedicar la segunda parte de su discurso a poner en evidencia la carga de prueba positiva presentada por el fiscal. Nuevamente desmonta la falsa prueba sobre sus viajes a Alemania y la inexistente entidad de su brevísima correspondencia con el general Sanjurjo. Ahora bien, el fiscal, en su informe, presionado por el desarrollo de la vista y la actuación de José Antonio como defensor, había rehecho el relato de la carga de la prueba que situaba al acusado como «jefe de la rebelión», recurriendo a lo sucedido en Alicante, transmitiendo la idea de que el discurso de su rival es falso.
En realidad quien, para demostrar que el acusado ha actuado como jefe de la rebelión, ha edificado un relato falso es Gil Tirado. Así establece que la rebelión (el «movimiento», según la terminología del fiscal) comenzó a gestarse hace mucho tiempo, en «el gobierno radical-cedista», haciéndose «negociaciones para preparar la insurrección». A partir de ahí se «celebraron algunos actos, convinieron algunos pactos que creyeron secretos, pero que la prensa ha divulgado». Prueba de la participación del acusado es su «relación de verdadera amistad casi íntima, rayana en fraternidad» con el general Sanjurjo, cuya prueba son las cartas presentadas. En el extranjero se inició la «colaboración» de los falangistas en ese «movimiento» y José Antonio «debió seguir laborando por correspondencia o espiritualmente».
Gil Tirado, sin embargo, no es capaz de estructurar en una secuencia lógica su relato, ni de transmitir claramente su pensamiento. Lo que quiere trasladar al jurado es que el hombre al que van a escuchar, tras lo visto en sala, al asumir la derrota de la rebelión, buscó edificar una coartada. La oportunidad se la brindó la entrevista realizada por el periodista Jay Allen, que le «ha llegado como un maná». Es el «precedente» del argumento de la defensa que está en el artículo publicado por El Liberal permitiéndole «disimular una sinceridad que no existe». El contenido no borra el hecho de que actuará en la «preparación de la rebelión militar», que al no disponer de apoyos suficientes, «tenía que contar con otras mercenarias y del extranjero» y «entregar a otras naciones extranjeras las Baleares». Así pues, el «yo no sé nada de esto» del acusado, es filtrado como falsa excusa en esa entrevista («¡Qué justificación más bonita si no existiera el precedente!»).
En su intervención, Gil Tirado, pasa a enumerar unas pruebas que, en gran parte, poco o nada tienen que ver con lo que se está sustanciando en sala. Lo hace porque sabe que el jurado no va a dedicar tiempo a su lectura. Las pruebas que, en realidad, sí pueden tener cierta importancia son las que se derivan de los sumarios de las causas por rebelión contra los falangistas José Ibáñez Musso y Manuel Pascual Martínez y contra el general García-Aldabe y otros militares, añadiéndose las causas conocidas como de Crevillente y Callosa de Segura-Rafal. Recuerda a los jurados, porque él fue el presidente del tribunal, que muchos de ellos actuaron como tales en las vistas. El fiscal, en todo el proceso, fue incapaz, como hemos señalado, de utilizar esta vía correctamente; de hecho, se había limitado a plantear a José Antonio en los interrogatorios tres preguntas con escasa fuerza.
Para el fiscal ahí están las pruebas: primero, los mapas incautados a los acusados en los que se señalaba la situación de los frentes de combate que José Antonio seguía por ser el Jefe y no por curiosidad; segundo, la relación de las más de 1.800 visitas en 35 días, aunque lógicamente haya personas que han ido muchas veces, entre las que figuran algunos de los que fueron juzgados y condenados (Mariano Payá, Antonio Maciá); tercero, la importancia de visitas como la de Antonio Goicoechea, el líder de Renovación Española; cuarto, las pistolas que ambos hermanos tenían en la celda para fugarse; quinto, las visitas recibidas los días 18 y 19 de julio, destacando la de Antonio Maciá quien lleva una carta al Cuartel de Benalúa donde están reunidos los jefes y oficiales que van a sublevarse (José Antonio había desmentido que se le pidiera carta alguna).
En realidad, Gil Tirado, lo que ha hecho es enmascarar la debilidad de su carga probatoria. Por ello, José Antonio, en su intervención, recuerda al fiscal y al jurado que son necesarias pruebas reales, no opiniones, no interpretaciones:
«[…] cuando hay que condenar a hombres y mujeres no se puede decir: “porque pudiera ocurrir que en aquella fecha los presos…”, “porque a lo mejor hicieron…”, “porque quizá aprovechara…” Esto no. Si a mí no se me han visto las cartas, ¿pude haberlas empleado para promover un movimiento revolucionario? Lo mismo pude haberlas empleado desde aquí en dirigir una fábrica de moneda falsa. Esto es evidente. Cuando no consta lo que se ha hecho, es posible que se haya hecho todo lo humano realizable. Pero ni el señor Fiscal puede acusarme de esta manera, ni el señor Fiscal puede acusarme con esta base.
El Tribunal necesita algún tipo de prueba positivo. ¿En qué consiste esta prueba? Que yo tenía comunicaciones, visitas. Todos los oficiales, los procesados y los no procesados han dicho cómo eran. Muchedumbres que venían a verme, a las que yo ni siquiera conocía […] No serían todas ellas tan discretas que callasen en los pueblos los consejos y órdenes que yo les daba […] Nadie ha quebrantado el secreto. Nadie ha puesto de relieve que yo estaba preparando un alzamiento contra la República […] Nadie ha oído ni ha visto, si sabe que yo estuviera barruntando maquinaciones contra el régimen, y algunos de los miembros del Tribunal que con más sagacidad han intervenido […] parecen señalar […] las cartas […] En cartas puedo haber tenido esta comunicación. Pero tampoco hay el más mínimo rastro de prueba».
José Antonio continua de forma coherente derruyendo la carga de la prueba del fiscal. Volvió a utilizar el recurso a la ironía para desactivar la carga negativa que suponía la presencia de armas de fuego en su celda. Lo tenía fácil dadas las múltiples versiones dadas por los testigos sobre cómo pudieron llegar las pistolas a sus enseres:
«de modo que han venido por el aire, por el locutorio de Abogados, por una paella o por dos paellas […] ¿Se creerá que para cooperar con la rebelión nos íbamos a quedar con aquellas dos pistolas, que hubieran servido como máximo para una defensa y agresión de dos minutos? Si hubiera sido posible, como dijo el señor Fiscal, con la actividad de mi cuñada, introducir una ametralladora a piezas, tenga la seguridad el señor Fiscal de que nosotros, comprometidos con el Movimiento, hubiéramos metido una ametralladora a piezas, hubiéramos introducido granadas de mano… Quien ahora resulta nada menos que el autor de la rebelión y su dirigente hubiera hecho algo más que meter estas pistolas en una paella, dos paellas o tres paellas».
Tampoco desarmar la prueba de lo que se trasluce de los sumarios referidos por el fiscal le resulta difícil. Al ser unidos a la causa ha tenido la posibilidad de consultarlos. Ha descubierto que, en contra de lo que pudiera presuponerse, los instructores y los fiscales no buscaron establecer la relación de los hechos, del intento de rebelión en Alicante, con él. La clave, la única prueba sólida, está en la visita realizada a la prisión por Antonio Maciá el día 19, cuya existencia solo tiene como sostén la palabra del fiscal, porque no figura visita alguna en el registro de la prisión: «no estuvo pues en ese día, ni con su nombre, ni con nombre supuesto»[37]. Como sabemos, los hechos en los que se apoya el fiscal sucedieron, pero carecía de pruebas:
«En efecto, el fiscal trae dos o tres juicios de Alicante y en ellos, ni el señor fiscal ni la sagacidad del Tribunal me van a dejar mentir, el nombre de PRIMO DE RIVERA aparece pronunciado por un individuo llamado Nicanor Manzano[38], que en el pliego once del juicio doce contra Miguel Salinas[39] y otros más, en los últimos momentos del juicio oral, cuando se ve en el riesgo de una condena que le abruma, dice: que el día diez y nueve a las cuatro de la mañana llamaron a su casa diciéndole que sacara un coche y que era Antonio Maciá para venir a la mañana del diez y nueve a Alicante. Esta fecha fue para Nicanor Manzano la decisiva de su existencia: fue la que le proporcionó la muerte. El intento de alzamiento en el Cuartel se hizo el diez y nueve. No se equivocó en la fecha. El diez y nueve por la mañana vinieron a Alicante. Fueron al Reformatorio donde habló Maciá con PRIMO DE RIVERA, sacaron una carta y se fueron al Cuartel de Benalúa. Luego le dijo Maciá que no se preocupara expresándose en esta forma: “Somos los amos”. Es la única vez que nos cita Nicanor Manzano. Y Nicanor Manzano se equivocó. Dice que estuvieron en el Reformatorio. Y yo estoy en la Cárcel Provincial. Y jamás he estado en el Reformatorio.
[…] Ni se llevó carta al Cuartel ni pasó nada de esto, y este es el único dato positivo acusatorio que hay en toda la actitud y en todo el informe del señor fiscal».Llegado a este punto, José Antonio ha consumido su tiempo, por lo que cierra con un escueto: «Y no quisiera molestar más…». No ha podido concluir su defensa tal y como la ha concebido. El reloj ha jugado en su contra, al tener que dedicar mucho espacio a rebatir la «nueva» orientación de la acusación. Lo inesperado sucede porque son los jurados representantes de Izquierda Republicana y del partido Comunista, Moreno Peláez y Domenech, los que contraviniendo la norma le dicen: «Puede la defensa seguir hablando el tiempo que quiera». El presidente Iglesias Portal no replicó. Debió de ser una contrariedad para el fiscal y un aliento para José Antonio porque significaba que estaba consiguiendo abrir espacios para la duda entre los jurados. Sorprendido responde: «¡Ah! ¿Sí? Se lo agradezco mucho. ¡Cuánto se lo agradezco!».
Rápidamente recupera la línea argumental en una intervención muy bien hilvanada para preguntar al jurado: «¿Cómo me vais a condenar sin indicios contra mí?». De forma muy inteligente ha guardado para el final la forma de rebatir al fiscal, con un argumento distinto al que ya ha recurrido en las anteriores sesiones de la vista, su vinculación previa a la sublevación y recuperar la tesis de su aislamiento y, por ello, la utilización de los falangistas aprovechando su falta de dirección.
Amparándose en verdades a medias, el líder falangista explica que su aislamiento ha sido buscado por «las derechas» para «aprovechar el brío combatiente de mis muchachos», sugiriendo que existió una conspiración destinada a mantenerle encarcelado. Con ello refuerza la idea de que no ha intervenido en la preparación de la rebelión y que la actuación de los falangistas en la zona rebelde y en los frentes de combate no obedece a una orden suya, sino que precisamente se está produciendo en esa forma porque él no ha podido dirigirlos.
Para José Antonio es sencillo recordar, una vez más, su disidencia con las «derechas» y el afán de estas para buscar a «esos miles de chicos valerosos, arrojados, un poco locos si queréis», porque para ellos son «utilísimos». Por eso «las derechas» se han aprovechado de su encarcelamiento en una ocasión «pintiparada», y se dicen: «ahora sí que es fácil levantar el coraje de estos chicos magníficos, valerosos y un poco ingenuos, sin que se nos interponga el majadero ese que nos viene con la cosa de la reforma agraria y del movimiento nacional-sindicalista». Sugiere que el fracaso de la sublevación en Alicante, pese a la fuerza de la UME, se ha buscado para mantenerle aislado con un «cerco alrededor de Alicante, dentro del cual estoy yo», por lo que quedo en «el centro de un semicírculo perfecto». Para reforzar su tesis, aprovechando lo publicado en la prensa republicana sobre documentos incautados a la UME, al aparecer una lista que contiene los previsibles integrantes del gobierno que formarían los sublevados, anota que en la misma «no aparece ni para subsecretario, ni para gobernador civil» el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Solo le queda presentar una prueba indirecta de su desconexión con el inicio de la rebelión, para ello recurre a su actitud dejando, además, en evidencia la tesis sugerida por el fiscal que es un dislate:
«Pero sobre todo, el indicio más fuerte de todos y el Tribunal estoy seguro que ha de valorarlo: Todos los que temían que la rebelión podía ser más o menos larga, más o menos favorable ¿qué hicieron con sus familiares? Las mandaron al extranjero, ¿para qué voy a decir nombres? Este y el otro. Y los que no tenían fervor combatiente, Gil Robles por ejemplo, que no es seguramente por lo visto un Cid, no queriendo tomar las armas se marchó a Portugal.
Y yo me quedé aquí. Dice el señor fiscal que estaba aquí por mi gusto. Pues entonces, Casares Quiroga, me dio ese gusto, estaba en combinación conmigo. Que no estaba en la Cárcel por mi gusto es obvio. Mi hermano y otra hermana y una tía septuagenaria que están en el Reformatorio, ¿iban a estar aquí por gusto?, ¿iba a tener el gusto, esta voluptuosidad del peligro, de que les cogiesen y los encarcelasen, les metiesen en el Reformatorio? ¿Es posible que yo hiciera esto? Que se quedasen aquí todos los elementos femeninos de mi familia»
José Antonio ha retorcido más que hábilmente la realidad y los hechos que no se han podido probar en sala. Solo le queda, y por ello lo ha dejado casi como argumento final de su defensa, explicar su intento para intentar que cesara la guerra: «Él [Martín Echevarría] me dijo: “Creo que el Gobierno no podrá aceptar esa proposición” […]. No se aceptó el servicio. Lo que yo ofrecí quizá no fuese posible, pero lo ofrecí y no vinieron a darme contestación». Pero, recordemos, que al evitar que su interlocutor, el subsecretario Martín Echevarría, prestara declaración solo disponía como prueba de su existencia la palabra de algunos funcionarios: «un círculo de indicios bastante más lleno que los indicios acusatorios del señor fiscal».
El líder falangista ha cerrado lo que es su defensa jurídica en la que, conscientemente, ha evitado el tecnicismo. Va a poner punto final a sus palabras con un breve discurso de tintes personales que ha sido antecedido por unas breves frases en las que ha insistido en la falta de información de cuanto ha sucedido desde el inicio de la rebelión, lo que era rigurosamente cierto:
«Yo no sé nada. No sé de verdad y quisiera saberlo. Daría dos o tres años de mi libertad por unos cuantos periódicos de esos meses que he pasado encerrado en la cárcel. Y me entero aquí, encerrado entre rejas, descorazonado de saber que está España matándose y sin poder tomar parte para evitarlo. Esta es mi historia».
Y ante la advertencia con la que cerró Gil Tirado su intervención sobre la posibilidad de que José Antonio convenciera al jurado por sus capacidades, con elegancia, apunta: «Yo creo que el Tribunal, a falta de otras pruebas más fuertes, el Tribunal repito, note en mis palabras una cierta sinceridad. No he derrochado esa elocuencia de que me hacía elogio el señor Fiscal. Solo he contado los hechos».
Es en los últimos párrafos de su intervención donde brilla la oratoria joseantoniana con un razonamiento que le alejaba de cualquier imagen tópica esperada. Es solo el hombre que lucha por su vida y que eleva a quienes le están juzgando buscando convertir al Tribunal Popular en un Tribunal de Justicia que deje a un lado, que olvide por un momento, por razón de justicia, que es un tribunal político:
«Creo que con esto ha terminado mi defensa.
Una sola palabra al Tribunal.
Creo que es usual en los políticos de algún relieve que, cuando se ven en un trance así, como éste en que vosotros me ponéis, empiezan o acaban soltando una heroica baladronada para la posteridad, diciendo: “En fin, yo soy el responsable de todo. Haced de mí lo que queráis. Cumplo con mi deber. Disponed de mi vida”.
Esta decisión ha sido interrumpida algunas veces por algunos jefes revolucionarios de izquierdas. Yo prefiero imitar a éstos y no a los otros. No os voy a decir nada de esto: “No me importa dar la vida por esto o por lo otro”. El señor Fiscal ha dicho que soy valiente. No soy valiente. Quizá no sea cobarde… Sí me importa dar la vida. Hay que arrostrar los sucesos de la vida con decorosa conformidad. Os digo que preferiría con mucho no morir. Que creo que la vida no se nos ha dado para que la quememos como una bengala al final de una función de fuegos artificiales.
Si yo no he tenido parte en esto, si no he participado en esto, ¿para qué voy a venir aquí y hacer el papel de víctima?
Yo os ruego que estiméis mi causa y en conciencia dictéis veredicto de inculpabilidad. Vuestro rigor no va a ser puesto en duda por nadie.
Habéis defendido las instituciones que os han encargado defender con severidad. Vuestro entusiasmo por el régimen, tampoco. Os ruego que no veáis en mí si soy fulano o mengano, sino que soy un acusado que viene aquí a comparecer ante la Justicia con otros dos, que peséis mi causa con todos los indicios, todas las pruebas; y porque creo que lo merecemos y no tenéis que acreditar vuestro rigor y os interesa seguir acreditando la absoluta justicia de este Tribunal Popular, os digo dictéis un veredicto de inculpabilidad para los tres.
Yo os aseguro en nombre de todos y mío que he de agradeceros muy de veras esta noche de encontrarme con la vida en el cuerpo, con esta vida que modestamente he dedicado y seguiré dedicando a que contribuya con mucho o poco a que el pueblo español tenga uno de los lemas de nuestro movimiento: la patria, el pan y la justicia».
El entonces alférez de la Guardia de Asalto, Juan José González Vázquez, afirmó en su declaración conservada en la Causa General lo siguiente: «no olvidará nunca la sensación que en todos los asistentes produjo el discurso del Sr. Primo de Rivera, que con admirable don de palabra dominó al Tribunal y al público que llenaba por completo el Salón de Actos de la Prisión Provincial, lugar donde se celebró el juicio. No se explicó el declarante, a juzgar por la emoción que en él produjo, y en los demás, la actuación de José Antonio cómo se le pudo condenar y fusilar»[40]
El apoyo inesperado
No hubo aplausos para José Antonio, pero sí silencio y respeto. Lo que indican la fuentes, las declaraciones de varios de los que estuvieron en la sala, es que sus palabras causaron una fuerte impresión. Leyendo su informe no es difícil percibirlo. En esta línea reflejemos el testimonio de Justo Díaz Villasante, abogado de la FUE, también presente en la sala:
«al terminar su defensa José Antonio, la reacción del público fue de unánime piedad para que no se cumpliera la petición del fiscal y se estimulara el ofrecimiento que había hecho de servir de mediador en la guerra civil. El declarante tuvo ocasión de acercarse al estrado al terminar la defensa, observando en José Antonio una actitud aristocrática y humana de profunda distinción espiritual, viendo a los hermanos que estaban vivamente impresionados, oyendo que José Antonio les decía: creo que he estado bien, he visto que el informe ha causado buen efecto, he dicho la verdad, procurando mantener con dignidad nuestra postura»[41].
Los comentarios sobre aquella sesión se extendieron por la ciudad al día siguiente alimentando la corriente de opinión favorable a no ejecutar a José Antonio. La crónica de El Día recogía unas declaraciones del líder falangista a los periodistas en la misma sala mientras el tribunal se retiraba a preparar las preguntas que debía someter al juicio del jurado: «Ya habrán visto que no nos separan abismos ideológicos. Si los hombres nos conociéramos y nos habláramos esos abismos que creemos ver apreciaríamos que no son más que pequeños valles».
Según uno de los testigos, que prestó declaración ante la Causa General, uno de los jurados de la CNT le estrechó la mano y le felicitó, lo mismo que hizo el Secretario del Tribunal, Amerigo. La propia mecanógrafa, Mercedes Sanchiz, le dijo al Secretario de la Audiencia que el «programa de Falange no era tan malo como ella creía»[42]. Similar es el testimonio del secretario del Ayuntamiento, Juan Guerrero Ruiz, quien preguntó a sus amigos asistentes al juicio sobre lo ocurrido:
«Por referencias del abogado José Guardiola y de Concejales del Frente Popular que asistieron al juicio, pudo enterarse el dicente de la profunda impresión que la actuación e informe de José Antonio había causado al defenderse a sí mismo, en el público que presenciaba el juicio y en los individuos que componían el tribunal que había de juzgarle; hasta el punto de que se dijo por Alicante, con insistencia que parecía ser que algunos miembros del Tribunal se resistían a condenarle a muerte».
Indirectamente es fácil deducir que, teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo debatiendo el jurado, la vigilancia se relajara y José Antonio intercambiara frases con los guardias. Así consta que se dirigió a uno de los guardias que le vigilaban armados para preguntarle: «Vamos a ver. Si usted fuese del jurado, ¿qué fallaría?» La contestación fue: «Votar la absolución y seguirle donde fuese». Esta situación provocó la intervención de Gil Tirado quien afirmó: «¡Aquí el único que cumple con su deber soy yo!». Respondiendo uno de los vocales de la CNT: «¡Y estas!», señalando las pistolas[43]. En el mismo sentido informó Vidal de lo sucedido al ministro García Oliver, insistiendo en que le habían dejado solo[44].
[1] El oficio de la Comisión Provincial decía: «Sírvase hacer entrega al Comandante Jefe de las fuerzas de Asalto los detenidos…» En el oficio original del Tribunal aparece tachado y entre paréntesis el nombre de Margarita de Larios y Fernández de Villavicencio. Ambos oficios en AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501.
[2] Arriba, 19-11-1961.
[3] Declaración de Antonio Fitera Teijeiro. AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501-2.
[4] Según el secretario del magistrado Enjuto, López Zafra, informó a José Antonio, él había redactado la declaración prestada de forma que en nada quedara comprometida, lo que cuadra con el texto recogido en la documentación. Arriba, 20-11-1948; Margot fue interrogada los día 9 y 10. Cfr. José Antonio ante la Justicia roja, pp. 64-69.
[5] La carta está casi íntegramente escrita en inglés. La palabra compañero aparece en español y entrecomillada. Por no variar la traducción apegada a la literalidad no hemos realizado el giro apropiado a lo que transmite, que establece un paralelismo como si los dos vivieran la misma situación.
[6] En español en el original.
[7] Esta carta, prácticamente íntegra en inglés salvo alguna palabra y una frase, que extractamos, no se incluyó en la edición de Papeles póstumos… AMPR/Documentos de la maleta.
[8] OCEC, vol. II, pp. 1666-1667.
[9] Las cartas de Margot a Miguel en Papeles…, pp. 155-160. La crónica del juicio en El Liberal, 17-10-1936.
[10] Testimonio de Margot en Los procesos…, p. 250.
[11] Guión de la defensa. AMPR/Documentos de la maleta, Carpeta 4; Papeles póstumos…, pp. 184-193; OCEC, vol. II, pp. 1.660-1.668; cuaderno fotográfico, TORRES: El último…, III Edición.
[12] Ejecutado y enterrado en una fosa común del cementerio de Alicante; sus familiares, al finalizar la guerra, juzgando imposible la identificación prefirieron que permaneciera con el resto de los que allí reposaban. Su hermana no quiso presentar denuncias ni buscar a los culpables ni figurar como acusadora en los juicios sumarísimos de Alicante tras la guerra. EGEA IBÁÑEZ: op. cit., p. 49.
[13] Concretamente pedía un ejemplar de No Importa con el artículo «Vista a la derecha. La Falange no es una fuerza cipaya» y la circular de 24 de junio que prevenía a los falangistas sobre las conspiraciones. OCEC, vol. II, p. 1.600.
[14] Gil Tirado borró de ulteriores afirmaciones cualquier referencia al sistema «imperialista» ante la tajante respuesta de José Antonio: «nosotros no entendemos por Imperio una vasta extensión de país. Nosotros no somos nacionalistas; no creemos que una Nación, por el hecho de ser territorio y de que unos hombres y unas mujeres nazcan en él ya es la cosa más importante del mundo. Creemos que es una Nación importante, en cuanto encarna una Historia Universal».
[15] A lo largo del juicio, el fiscal utilizará los términos «movimiento» o «revolución» para referirse a la rebelión militar y cívica iniciada en julio de 1936.
[16] En realidad, como sabemos, se situaban sobre un centenar.
[17] Véase esta cuestión en las páginas 0000000 de este trabajo.
[18] En este aspecto, José Antonio, sin saber que forma parte del relato que el fiscal quiere desarrollar, desarma cualquier opción cuando al preguntarle si sabe si Sanjurjo pactó a cambio de ayuda la concesión de «algo de nuestro suelo», al contestar: «Yo no sé nada de semejante pacto. Y si eso puede ser puede tener la seguridad de que a quien hubiera firmado un pacto de esta índole, no hubiera tenido yo después escrúpulo en pasarlo por las armas».
[19] Mayor censura, si cabe, merece el hecho de que cuando se llama a testificar a Miguel Maura Gamazo, diputado y exministro de la Gobernación, autor de los artículos sobre la dictadura nacional republicana, entre en la sala un miliciano con mono y correaje que afirma ser el llamado a testificar. José Antonio ignoraba que tuvo que abandonar Madrid ante la advertencia de que los anarquistas le buscaban para ejecutarle. Indalecio Prieto le había facilitado su huida a Francia. Volvería a España en 1953.
[20] Sobre el intento de mediación véase lo aportado en las páginas 0000000 de este trabajo.
[21] Según Margot el anarquista le dijo «Te odio y deseo tu muerte», Los procesos…, p. 250.
[22] Escrito de conclusiones. AFNFF. Documento 1.437. Como en otras ocasiones José María Mancisidor no incluyó el texto completo en su obra en la que eliminó lo relativo al ofrecimiento para «gestionar la deposicón de su actitud por parte de los rebeldes y disminuir así los efectos de la rebelión».
[23] Más coherente y estructurada era la versión que conocemos de los apuntes que el fiscal había preparado para su intervención: «Pero ahora nos encontramos con que el débil, es decir, el señorito, se quiere imponer sin contar que contra el pueblo nada puede hacer. Han obligado a los trabajadores a ponerse en pie.
Estamos viviendo unas horas tristísimas, para la página trágica que escribimos en nuestra historia. Pero venceremos a esos individuos que no tienen valor para empuñar las armas y necesitan traerse extranjeros y moros mercenarios. Nosotros tratamos bien a los detenidos, no fusilamos ni a mujeres ni a los niños, como hacen ellos.
Los que se sientan en el banquillo –Primo de Rivera– son los representantes de la España retrógrada y reaccionaria. Son los individuos que quieren dominar para vivir sin trabajar, a costa de los que trabajan para vivir. Son los genuinos representantes de la España negra, de la clase capitalista; son el señoritismo, individuos que no saben compaginar la situación actual, que quieren ser más de lo que en realidad son, que quieren llegar a la nobleza sin tener en cuenta que está totalmente abolida (puso eliminada), porque siempre laboró, más que nada, en contra del pueblo».
[24] Carlos Rojas es uno de los pocos autores que ha calificado el informe del fiscal estimando que fue «chapucero», no faltándole razón. ROJAS: op. cit., p. 217.
[25] Hasta tal punto llegó la obsesión por centrarse en José Antonio que Manuel Cortés recuerda que un miembro del tribunal tuvo que pasarle una nota a Vidal Gil recordándole que también estaban acusados los familiares. Por otro lado, en un momento de su intervención es cortado por Iglesias Portal para indicarle que no debía dirigirse al acusado sino al tribunal. Contestando: «Sí, sí. Es que miro a todas partes». AHN-CDMH/Causa General, legajo 1501-2.
[26] En las notas preparatorias del fiscal que iba consultando (se hace referencia en el sumario a que rebusca en sus papeles) encontramos la idea original de este párrafo que aparece marcado con una X en el que subraya su importancia incluyendo la palabra «ojo». Resulta evidente que en la sala trazó un elogio aún mayor de José Antonio no previsto : «Cuando los delitos se cometen, como aquí sucede, por militares y organizaciones políticas que tratan de implantar un régimen autoritario, la peligrosidad, como la responsabilidad y la gravedad son mayores, porque van contra la libertad. Dentro de unos pocos momentos vais a oír las ardorosas protestas de una de las defensas para negar los hechos, enervar los cargos y diluir responsabilidades; y yo espero que sus argumentos y elocuencia no os convencerán, porque contra las razones, por mi expuestas, nacidas de la ley, basadas en la lógica y teniendo por fundamento la justicia, no pueden prevalecer las dotes de la oratoria, del arte y del ingenio, que esa defensa os expondrá. Así termino». Todos los documentos de Gil Tirado a que haremos referencia en AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501.
[27] Informaciones, 20-11-1942.
[28] El Liberal, 18 y 19-11-1936.
[29] El Liberal, 17-11-1936.
[30] Este párrafo no aparece en la versión del texto taquigráfico.
[31] Este párrafo no aparece en la versión del texto taquigráfico.
[32] La versión del texto taquigráfico es más edulcorada, guardando las formas.
[33] Todos los párrafos siguientes no tienen prácticamente correlación con la trascripción de las palabras del Fiscal que aparecen en el sumario.
[34] «Impresiones de una sesión histórica», El Día (19-11-1936). Es evidente que este diario republicano insertó el artículo para apoyar un posible aplazamiento o conmutación de pena. Según las declaraciones recogidas en la Causa General, Emilio Costa tuvo que esconderse tras la publicación del artículo. AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.560.
[35] «Testamento de José Antonio», OCEC, vol. II, p. 1.694.
[36] Mancisidor, en la trascripción publicada del sumario, varió algunas partes del informe de José Antonio. Cfr. MANCISIDOR: op. cit. pp. 221-244; texto completo en AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501/2; también en OCEC, vol. II, pp. 1.674-1.690.
[37] El director en funciones de la prisión había declarado que en esos días se llevaban los registros con «extraordinaria minuciosidad».
[38] José Antonio no explica que se trata del falangista Nicanor Manzano Payá que formaba parte de los que intentaron liberarle en julio por lo que sería sometido a proceso y ejecutado el 12 de septiembre de 1936.
[39] Se trata del falangista Manuel Salinas Ferrer que sería asesinado por los republicanos.
[40] Declaración de Juan José González Vázquez. AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501.
[41] AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.560.
[42] AHN-CDMH/Causa General/Legajo 1.501/2.
[43] Testimonio de Antonio Fitera. AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501/2.
[44] AHN-CDMH/Causa General, legajo 1.501/2, PAVÓN: cit., p. 199.
