Francisco Franco tenía un «plan» para la España de 1980

El III Plan de Desarrollo Económico y Social planteado por los planificadores económicos del Régimen debía de continuar con el crecimiento y la redistribución de la riqueza que no de la miseria en el período 1972-1975. En su planteamiento general preveía que, después de la innegable, <<ininterrumpida y vigorosa expansión de la economía española>> desde 1961, de que los dos primeros planes eliminaran los <<principales vestigios del subdesarrollo>>, se abriera el tiempo de la <<expansión continuada>> que permitiría incrementar los niveles de bienestar>> y <<la distribución más equitativa de la renta nacional>>; lo que debería continuarse en el non nato IV Plan de Desarrollo (1976-1980), probablemente ya sin Franco en el poder[1].

El objetivo del III Plan era el crecimiento acelerado compatibilizando la política económica con la social (especialmente en los ámbitos sanitario y educativo). En 1972, España ocupaba ya el puesto duodécimo como potencia industrial y la renta per cápita se situaba en los 1.000 dólares. El hecho es que en poco más de diez años se había duplicado la renta per cápita de los españoles. Cuando los responsables económicos de Franco miraban los resultados obtenidos (un crecimiento medio de más de un 7% a lo largo de una década) pusieron sus metas en el denominado <<Horizonte 1980>>, fijando los objetivos para toda la década. Resulta interesante detenernos a analizarlos.

Para los planificadores había llegado la hora de la Justicia Social, de implementar una mayor redistribución de la riqueza, de incrementar significativamente el gasto social -lo que a los críticos con los Planes y con los objetivos sociales reales del <<franquismo>> se les suele olvidar- . De ahí que el III Plan fuera concebido desde ese punto de vista social para redistribuir los beneficios del desarrollo constante de la economía española que el país estaba experimentando, previéndose que la tasa de crecimiento anual del 7% se mantuviera y nada hacía pensar que esto no fuera a ser así. La expansión económica iba a permitir conseguir ambiciosos objetivos sociales, pero Franco moriría en 1975 y el IV Plan sería archivado por el gobierno y marchando la política económica por otros derroteros; no cumpliéndose en este aspecto las <<previsiones sucesorias>> (permítaseme la ironía), aunque enlazaran con algunos gastos que ya se habían comenzado a prever como los derivados del modelo educativo de 1970 y del incremento del número de pensionistas por razones demográficas.

Los planificadores adaptaban sus previsiones, hacían sus cálculos, a partir de los parámetros que la OCDE y la ONU difundían como válidos para la década (Tabla 2). Se estimaba que el crecimiento medio anual para la década de los setenta para los países de la OCDE se situaría en el 5,3% y se preveía que España se convertiría en el 10 país más industrializado del mundo. De acuerdo con ello, pero sin pecar de optimistas, se plantearon las metas para 1980. Los responsables del área económica del régimen de Franco consideraban posible alcanzar en esa fecha los 2.000 dólares en renta per cápita; pero estos se superarían ampliamente en 1974 cuando la renta era de unos  2.446 dólares y España se situaba en las cifras del 9º país más industrializado del mundo, superando parte de las previsiones para la década.

A lo largo de la década, económicamente, se esperaba que España afianzara <<su peso en el mundo, participara con mayor intensidad en la integración europea [se acababa de firmar el muy ventajoso Acuerdo Preferencial entre España y la CEE] y en una economía internacional en creciente expansión>>. Además se daba por descontado que con el crecimiento de la renta la <<vida podrá  ser mucho más grata y más alto el grado de cohesión social>>. De hecho entre 1970 y 1974 el salto en los niveles de vida de los españoles fue cualitativamente tan revolucionario como el que se produjo en el primer quinquenio de los sesenta.

Uno de los cambios más trascendentes, desde nuestro punto de vista, se iba a operar en el sector educativo, uno de los pilares del Estado del Bienestar. Un cambio que según los planes de los responsables de la época <<abrirá nuevos horizontes a la integración social>>. Se anunciaba que en 1980, en función de la nueva Ley General de la Educación (1970), el censo escolar entre los 2 y los 24 años alcanzaría los 9 millones de estudiantes, un 62% del total de la población comprendida en esas edades. Que en la Educación Obligatoria, de los 6 a los 14 años estaría el 99,5% de la población de esos años. Pero además la Ley General de Educación establecía por vez primera la enseñanza gratuita para tal franja de edad. Se estimaba que la tasa de escolaridad para el nuevo Bachillerato (BUP) se situaría en el 70%, a la que tendría que sumarse la referida a los que cursaran la FP de Primer Grado (también gratuita). Lo que, lógicamente, llevaría a un incremento importante en los gastos de educación[2]. Pero es que además estaba previsto reducir a niveles residuales la lacra del analfabetismo en España: en 1960 la tasa de analfabetismo era del 11,2%, en 1968 se había reducido a prácticamente la mitad (5,7%) y para 1980 se estimaba que se situaría en el 0,7%. Una revolución con datos que se podrían considerar como optimistas, pero lo cierto era que España iba derrumbando las previsiones a ritmo de crucero[3].

            <<Esta es la obra común -decía Franco- que hemos venido levantando a lo largo de estos años. Sus  frutos están a la vista de todos. El desarrollo económico y social que la sociedad española ha experimentado   es patente.

            En la década que ahora se cierra, la renta nacional, media en pesetas constantes, se ha duplicado, habiendo crecido a un ritmo anual superior al de los países del Mercado Común.

            Este crecimiento se ha reflejado en el nivel de vida de todos los españoles. En esta década se han   construido el 85% de los automóviles que circulan por nuestras calles y carreteras; se han instalado el 60% de los teléfonos existentes, y se construyeron 1.175.000 nuevas viviendas, lo que representa que en este decenio han estrenado casa unos cinco millones de españoles>>[4].

Se construirían 3 millones de viviendas, la mayoría en las condiciones de vivienda pública que el régimen había desarrollado, con una superficie media que pasaría de los 82 a los 94 metros cuadrados, pese al descenso del número de integrantes de las familias[5]. Y en las directrices del III Plan se especificaba  que <<la política de vivienda se orientará a asegurar la adecuación de la oferta a la demanda a través de la promoción de todo tipo de viviendas y en especial las más asequibles a los trabajadores, las familias numerosas, los emigrantes y aquellos grupos sociales que merezcan una mayor protección, en cuyo beneficio se establecerán diversos sistemas o grados de subvención>>. También se preveía, ya se incluía este tema en el III Plan de Desarrollo, <<la mejora medioambiental>> que algunos mantienen no se planteó hasta que se hizo la Constitución de 1978, claro que como todo el mundo sabe en este tema del dicho al hecho siempre hay un gran trecho:

<<Se concederá especial atención a la política de defensa de la Naturaleza, lucha contra la contaminación ambiental y de las aguas, conservación y defensa de los cauces y de los suelos, y a la cada vez mayor           utilización de zonas con carácter recreativo protegiendo su conservación, promocionando su regeneración y     regulando su utilización. En particular se atenderá al tratamiento del espacio en las zonas de influencia de        las áreas metropolitanas, zonas de industrialización y grandes obras de infraestructura>>.

La evolución de la distribución del PIB prevista invitaba a pensar en un país aún más industrializado y competitivo, ya que las transferencias de los excedentes de mano de obra agraria no implementarían un crecimiento alto de los servicios -la administración era reducida aunque el sector turístico vivía un crecimiento continuo- sino de la industria. En 1980 el PIB industrial, incluyendo la construcción, representaría según las previsiones el 44,6% de la población activa mientras que el agrario continuaría descendiendo hasta el 18,9% y el sector servicios se situaría en el 36,5%, datos sobre el total de una población activa en expansión en la que se contemplaba el incremento de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Sin embargo, en 1974, el PIB industrial, añadiendo la construcción, había llegado al que sería su máximo histórico hasta la actualidad con respecto a la población empleada (41,32%) y el PIB agrario había bajado al 9,95%, mientras que el sector servicios (48,73%) continuaba con su continua expansión de la mano de la consolidación de la que acabaría con los años convirtiéndose en el gran recurso del país, el turismo.

En el sector agrario se estimaba que se produciría un incremento de la producción dedicada a la exportación mediante la expansión a través de la tecnificación de la empresa agraria (un lema de 1968 decía <<España cultiva y exporta. Europa compra y consume>>); en el sector pesquero se apostaría por la explotación conjunta con otros países para solventar los problemas futuros de los caladeros y mantener el nivel de potencia pesquera mundial que España estaba alcanzando, junto con su posición en la construcción naval.

La industria debería crecer entre un 7,8% y un 8,2%, pero se asumía que se deberían producir transformaciones y cambios estructurales por el agotamiento de sectores, a la vez que se apostaría por un nuevo modelo energético basado en la expansión de las nucleares y del gas natural, encaminado a ir disminuyendo la factura energética que había comenzado a crecer. De hecho el III Plan planteaba la necesidad de reestructurar y hacer más competitivo el sector. En la industria de transformación se preveía la <<especialización>> para ganar competitividad y se apostaría por los nuevos sectores de tecnología avanzada. Los planificadores estaban prefigurando una política de sustitución de cara a la inevitable reconversión del modelo industrial para la década pero, como el lector sabe, la historia discurrió por otros derroteros:

            <<El año 1980 contemplará una industria básica consolidada y   modernizada. La producción de acero se elevará a 16 millones de toneladas, frente a 7 millones de 1970 y 2 millones de 1960. Un 87% de esta   producción se obtendrá en plantas integrales, entre ellas la nueva de Sagunto, que tendrá una dimensión, equipo y técnica a nivel internacional. La producción siderúrgica cubrirá el 90% de la demanda prevista  para 1980.

            El sector energético experimentará profundos cambios estructurales durante     los próximos años, de forma que en 1980 la participación porcentual de la energía nuclear y del gas natural en la satisfacción de la         demanda de la energía primaria habrá aumentado notablemente, a expensas de una importante reducción    en la participación del carbón y de la energía hidráulica y de una ligera reducción en la del petróleo, que        seguirá siendo, sin embargo superior al 50%. En la década de los setenta se aprobará el trazado de la red   nacional de gaseoductos y se construirán los tramos constitutivos de su primera fase. Asimismo, se realizará un vasto programa de centrales nucleares. La producción de energía eléctrica será de 150.000Gwh en        1980, tres veces superior a la de 1970.

            La industria de transformación evolucionará con arreglo a nuevas pautas impuestas por el avance tecnológico y por la necesidad de buscar en la especialización la principal arma de competencia en los mercados mundiales. La década de los 70 asistirá a un fuerte desarrollo de la industria de material de transporte y en  particular de la construcción y reparación naval, sector en el que España puede situarse a la cabeza de       Europa. La industria química, apoyada en parte en unas instalaciones de refino con una capacidad de 50   millones de toneladas, será uno de los sectores más dinámicos y alcanzará en 1980 una producción valorada          en unos 700.000 millones de pesetas.

            La modificación de los hábitos sociales derivados de la elevación del nivel de vida, colocará en 1980 a la demanda de alimentos industrializados por encima del consumo de productos naturales. Deberá entonces   existir una pujante industria alimentaria que potencie las ventajas comparativas de nuestro medio agrario.   Se incrementará notablemente el consumo de productos preparados y congelados y los sectores de conservas           vegetales y derivados de cítricos experimentarán un fuerte impulso con vistas a abastecer la demanda  nacional y los mercados europeos.

            Surgirán nuevas industrias en sectores de tecnología avanzada como el electrónico, y tendrá lugar una         creciente participación de la Industria española en programas internacionales de construcción aeronáutica.

            Pero al margen de la diversificación sectorial, la industria en 1980 ofrecerá una nueva imagen en dos         aspectos de gran trascendencia para alcanzar un alto grado de eficacia: la dimensión de las plantas y la             tecnificación de los procesos productivos. La España de 1980 será una economía de consumo de   masas y la producción industrial, por lo que se refiere a productos de alto consumo, tendrá lugar en grandes unidades          fabriles fuertemente tecnificadas, auxiliadas por un entorno de pequeñas y medianas empresas especializadas            y dinámicas>>.

Parte de las previsiones de los planificadores de Franco tendrían que aguardar alguna década más  para ser realidad, otras se perderían. Frente a las promesas y el optimismo franquista, en 1980, cinco años después de la muerte de Franco, se había extendido a amplias capas de la sociedad lo que se denominó el <<desencanto>>, debido a una crisis que comportó inflación, destrucción de empleo, incremento del déficit, devaluación de la peseta, conflictividad social, subida de impuestos, cierre de industrias, caída del crecimiento del PIB, finalmente la reconversión industrial y nueva divergencia con la CEE. Convendría detenernos en esta cuestión porque según es usual leer el régimen de Franco nos alejó del progreso de Europa.

Entre 1960 y 1975 España creció en su PIB por encima de la UE. En algunos años estaríamos hablando de más de 5 puntos de diferencia. Como anota Rafael Myro, el bajo crecimiento del PIB a partir de 1975, por debajo del de la UE prácticamente hasta 1985, hizo que se abriera una nueva divergencia con respecto a Europa, que algunos, increíblemente, trataron de presentar como una herencia del régimen de Franco y no como resultante tanto de las consecuencias de la crisis/primera reconversión como de los errores de la clase política del momento. Así, según los datos de la Comisión Europea, el PIB español per cápita no alcanzaría el dato porcentual con respecto al de la UE que existía en 1975 hasta la segunda mitad de los años 90[6]. Si la comparativa se traza, como nos muestra Maluquer, con respecto a la Europa latina (Francia, España, Portugal en referencia a los países de la UE anteriores a 2004) tendremos la siguiente imagen: <<resulta muy visible la pérdida de posiciones de Francia y, más tardíamente de Italia. La evolución de España fue de clara convergencia con Europa hasta 1975 y de divergencia en los diez años siguientes[7]. Un nuevo acercamiento a la media europea, menos intenso, tuvo lugar a partir de 1986>>[8].

Con respecto a la participación de España en el PIB de la Europa Occidental nos dice Maluquer: <<el período 1960-1975 registra una expansión muy intensa y, como consecuencia de ella la mayor elevación de la participación española en el PIB de la Europa Occidental que se haya alcanzado jamás>> para después entrar en una fase de estabilidad hasta 1995[9]. No es extraño que Franco en 1967 en un discurso ante las Cortes estuviera exultante con sus resultados:

            <<Hace tiempo que se vienen calificando los procesos de desarrollo económico intensos, como los de  Japón, Alemania Occidental y últimamente España, como de “milagros”, pero si por milagro  entendemos aquellos acontecimientos que se deben a esfuerzos extraordinarios y superiores a las propias leyes de la naturaleza, no creo que haya calificativo más apartado de la realidad, porque en todos ellos solo ha existido una coordinación de esfuerzos en los sectores laboral, técnico, empresarial y estatal en armonía con   las disponibilidades primarias y estructurales del país.

            Nuestra tasa de rendimiento ha venido a ser prácticamente la segunda del mundo después de Japón, e   incluso algunos años ha sido la primera, como en el período de 1961-1962, con valores    superiores al 10%.             Materialmente, en la mayor actividad productiva, tanto en bienes de inversión como en bienes fiscales, ha    permitido al país disfrutar de más elevado nivel de vida; nivel que si   antes de la etapa que estamos            considerando suponía un retraso de quince a veinte años con respecto a los países industrializados de  Europa (Francia, Italia, Alemania e Inglaterra), actualmente se ha reducido de una manera tan sensible           que solo supone un desfase de cuatro a cinco años, por lo cual se puede afirmar que para 1970 el estándar  de la vida nacional será el equivalente al europeo de hoy>>.

Los datos son los datos y si seguimos a Maluquer   lo cierto es que el PIB creció a un ritmo del 8% entre 1960 y 1973, cifras que ya no se han vuelto a dar; mientras que entre 1973 y 1985 el crecimiento se produciría a un ritmo muy distante del 1,9% y la <<tasa de aumento de la economía española fue inferior a la de la economía mundial, tanto en términos de PIB absoluto como por habitante. Así pues, si la renta por habitante era en 1975 de un 72,4% de la media europea, descendió 4 puntos hasta 1985, con menor tasa de actividad y de empleo que en 1973[10].

Si atendemos a la evolución del PIB neto y el PIB real con respecto a la media de la UE, en cualquiera de las formas de presentarlo, el hecho es que los niveles alcanzados en 1975 no se recuperaron hasta el quinquenio 1995-2000, provocándose una divergencia de más de 20 años y después, cuando vivimos un nuevo impulso modernizador, se debe tener en cuenta el aprovechamiento de lo que podríamos denominar el <<Plan Marshall europeo>> que llegó a España en forma de fondos entre 1985 y 2010 con un aporte de 88.000 millones de euros netos, lo que nos indicaría que la entrada en la UE es la que contribuiría de forma trascendente a que España recuperara los niveles de convergencia alcanzados en 1975 después de quince años de crecimiento ininterrumpido (Tabla 3)[11].

Pero igual había sido la aproximación de nuestro PIB al de los países más desarrollados tal y como podemos observar en este extracto de una de las estadísticas comparativas que tomamos del profesor Velarde Fuertes altamente significativa (Tabla 4).

<<La importancia -anota Velarde Fuertes- de este proceso de desarrollo también se puede observar      considerando que en 1975, en renta por habitante, nos sobrepasaban: en África, exclusivamente Libia; en     América, solo Canadá y EEUU; en Asia, únicamente Arabia Saudí, Japón y Kuwait; en Oceanía, nada            más que Australia y Nueva Zelanda y en Europa, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,          Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, República Federal Alemana,     Suecia y Suiza. Se tenían entonces rentas por habitante superiores a Irlanda, a Israel y Singapur, aparte de            superar asimismo a la Unión Soviética. Por esta causa ese año España formaba parte del grupo de los 25    países industrializados no socialistas de las Naciones Unidas, lo que cuarenta años antes hubiese parecido   un sueño imposible. Por lo que se refiere al PIB global, España se situaba en el séptimo puesto de los países            industriales, exactamente entre Canadá, el octavo, y Gran Bretaña, el sexto […] Igualmente se disponía de            un Estado del Bienestar>>[12]

No muy distinta es la situación si observamos lo sucedido con respecto a la relación entre la población ocupada y el total de la población, aunque sea un dato relativamente significativo, pues en la comparación debieran incluirse otras variantes. El hecho evidente es que el número de empleados no hizo sino crecer a lo largo de todo el Régimen en números absolutos, mientras que en los catorce años siguientes decreció. Si nos atenemos a los datos relativos al final del régimen de Franco, es evidente que también aquí nos encontramos con esa situación de crisis que no se recupera hasta las mismas fechas de vuelta al punto de partida en la convergencia con la UE; abstrayéndonos en este apunte de valorar otras consideraciones (Tabla 5).

El IV Plan de Desarrollo Económico y Social se pergeñó atendiendo a la situación abierta por la crisis del petróleo, imprevisible, y ante la que no se tomaron medidas adecuadas a partir de 1974 (el IV Plan fue desechado con la muerte de Franco), tampoco se realizaron ajustes acertados después de la muerte de Franco según es opinión común. El IV Plan estimaba que el principal problema era evitar la aparición del paro a la vez que debería incrementarse el gasto social (equipamientos) y educativo, como de hecho sucedería en los años siguientes ya sin Franco y se había hecho a partir de 1970 de forma considerable, como tienen que reconocer hasta los más críticos con el franquismo social[13]. Se estimaba que, a pesar de las dificultades, España continuaría creciendo por encima de los países de la Comunidad Económica Europea y para ello la industria debería virar hacia lo tecnológico y el estado mantener el atractivo inversor que España ofrecía desde los sesenta[14]. Pero todo esto quedó enterrado en el cajón de la Transición, en la falta de respuesta satisfactoria a la crisis industrial de la segunda mitad de los setenta, tras la falta de adopción de medidas iniciales, y en la ulterior decisión política de ajustarse a un nuevo modelo estructural del PIB que es el que hoy tenemos, para algunos evidentemente impuesto por las condiciones del tratado de adhesión a la CEE, y que debiera corregirse hacia un mayor peso del sector industrial, pero esta es otra historia y otra opción que no parece que haya estado en las agendas de los sucesivos gobiernos hasta hoy[15]. Lo cierto es que gráficamente, en 1970 para 1980 se preveía que en España se hubiera producido un enorme cambio social con <<incrementos sensibles del nivel de vida>> y <<teniendo en cuenta el número de personas que integran los hogares españoles se puede afirmar que en 1980 todas las familias tendrán teléfono, televisor, vivienda y que ocho de cada diez familias contarán con automóvil>>.

La realidad es que, se interprete como se interprete, en 1975 el futuro ya estaba aquí[16]. El cambio social estaba siendo tan importante como la revolución económica. España había cambiado de piel. La sociedad española era ya de clases medias con un proceso que mantendría su crecimiento en las décadas siguientes, aunque de forma más pausada.  La desproletarización era un hecho evidente al igual que el pleno empleo. La sociedad española había quemado etapas muy rápidamente desde que en los primeros años sesenta abandonara los espacios del subdesarrollo, superando las típicas fases de transformación, para alcanzar el desarrollo dejando paso a una sociedad de consumo e iniciando a finales del franquismo la necesaria redistribución de la riqueza.

El régimen de Franco supuso el cambio revolucionario en la estratificación social española haciéndonos salir de una sociedad pobre, conflictiva y atrasada. Un cambio producto de la mejora de los niveles de vida y del cambio trascendental que se operó en la estructura del PIB español. Lo que en gran parte de los países industrializados se realizó en tiempos largos durante sus procesos de industrialización, en España se concentró en veinte o veinticinco años, por lo que todas las dificultades que este cambio aparejó se acumularon y el Régimen supo solucionarlas o ponerlas en vías de solución de forma tan rápida como aceptable. En veinte años millones de personas cambiaron de domicilio y de empleo con todo lo que ello conllevó. Hubo miserias y respuestas rápidas a esas miserias, pero no es lícito quedarse solo con las miserias, referir los problemas inmediatos y despachar con tópicos y verdades a medias las soluciones o escudarse en los inevitables -no existe transformación sin ellos- desequilibrios.

Desde el punto de vista de la estratificación social el hecho más trascendente de la revolución silenciada del franquismo fue el incremento constante de las raquíticas clases medias españolas. Al final de su vida el propio Franco consideraba que la  creación de una gran clase media había sido uno de los resultados más trascendentes de su gestión política. Podemos afirmar que desde mediados de los años  cincuenta asistimos a un acelerado proceso de adaptación de la estructura social española al marco de los países desarrollados con una acusada tendencia hacia la desproletarización. Un proceso que se caracteriza por: una clase alta minoritaria, con una expansión en los años sesenta; una clase media expansiva y una clase baja decreciente. Aunque las cifras son difusas, variantes según cada autor, como marco general se podría afirmar que se pasó de una clase media que como máximo se situaría en un 27% antes de la guerra civil a tasas situadas por encima del 55% en 1975[17] (Tabla 6).

Se suele anotar en el debe sobre este cambio que no vino acompañado de una redistribución de la riqueza, aunque esta comenzó a hacerse patente en los años setenta y, como hemos señalado, los planificadores económicos de Franco abrían esa vía con el III y IV Plan de Desarrollo.

Es usual caracterizar a España desde mediados del siglo XIX como un país con altos índices de pobreza. Si seguimos los estudios de Lorenzo Prados anotaríamos cómo a principios del siglo XX los índices de pobreza en España eran del 60% para el conjunto de la población. El progreso del primer tercio del siglo consiguió reducirlo hasta el 40%. La crisis de la República y la Guerra Civil los elevó hasta tasas de más del 60%, que se mantuvieron hasta principios de los años 50. A partir de ahí, cuando España dejó de estar bloqueada e inicia su rápido crecimiento, las tasas de pobreza cayeron de forma acelerada. En 1960 se situaban en el 40%[18]; en 1965 estaban por debajo del 20% y en 1975 por debajo del 10%. Es decir, el régimen de Franco consiguió bajar en más de 50 puntos la pobreza en 25 años; la anterior fase expansiva consiguió reducir la pobreza en 20 puntos en 30 años.

Por otro parte, por mucho que se juegue con los números para explicar la falta de redistribución de la riqueza, el afamado coeficiente Gini lo que nos muestra es el continuo decrecimiento de las desigualdades en los ingresos desde 1959 que se acompaña con una elevación continuada del nivel de vida a partir de los primeros años sesenta. Ahora bien, el régimen era consciente de que los sacrificios realizados por la población trabajadora en los años cincuenta y sesenta no habían tenido una correspondencia en la redistribución de la riqueza y que el Estado del Bienestar necesitaba expandirse. Durante ese tiempo, Franco, como hemos subrayado, explicó de forma reiterada que esa redistribución solo podría hacerse si el crecimiento económico se producía, una vez conseguido este se abría el proceso de redistribución. A finales de los años sesenta lo que indican los datos es que se había producido un crecimiento de las rentas medias, de lo que podríamos denominar clase media (ingresos mensuales mínimos próximos a las 20.000 pesetas por hogar[19]), pasando de algo más de un 20% en 1964 a más de un 37% en 1970 (de un 6% de los hogares a un 22% de los hogares); pero también una mayor acumulación de renta en las clases altas pasando de un 10% de la renta en 1964 a un 22% para 1970 (de un 0,4 de los hogares a un 1,22 de los hogares). Aunque los datos reflejan una lenta evolución positiva en lo referente a las clases bajasa/populares estas son en función de su renta aún muy extensas en 1970. Resulta evidente la reducción de los hogares más pobres (del 46% al 13%) y un proceso de mejora de las clases populares (así en 1964 los hogares que se aproximaban a los niveles de las clases medias habían pasado del 8,67% al 24,3%). Un proceso que iba a continuar tras la muerte de Franco.

Lo significativo no son los datos (Tabla 7), a mi juicio bastante elocuentes, sino la impresión que tenían los planificadores del gobierno porque, en cierto modo, sobre todo si atendemos a las rentas altas y bajas, la distribución de rentas iba contra la propia filosofía del régimen contenida en sus normas constitucionales (Fuero del Trabajo y Fuero de los Españoles, y relativamente también en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento) y en su discurso. Así pues el III Plan de Desarrollo no era ajeno a esta realidad y entre sus principios generales estaba el cambiarla a través del desarrollo del Estado Social o de lo que hoy denominamos Estado del Bienestar. Como es fácil de percibir el gobierno no ahorraba críticas a pesar de los avances consignados, pero se trata de un planteamiento constructivo como era usual en las leyes del Régimen:

<<Uno de los problemas de mayor trascendencia que contempla la España de 1971 consiste en las todavía            excesivas desigualdades sociales. Esta afirmación cobra su plena perspectiva si se tiene en cuenta que tan            solo cuatro décadas atrás nuestro país estaba sujeto a las duras condiciones dimanantes de una economía     subdesarrollada.

            Durante dicho periodo histórico se han dado pasos de alcance extraordinario, que han permitido cambiar    sustancialmente el panorama social. Han desaparecido dos causas radicales del desgarramiento de  España: el hambre y la  miseria. Los grandes avances sociales conseguidos desde 1939 permiten y exigen nuevos       planteamientos más ambiciosos. La conciencia de todo lo alcanzado es un acicate para resolver los problemas          pendientes.

            Aún hoy subsiste una desigualdad en la distribución personal de la renta que -pese a las correcciones que va             experimentando- merece grandes reparos, pues atenta contar al principio de una verdadera igualdad de            oportunidades.

            La distribución territorial de la renta tampoco es satisfactoria y constituye un obstáculo a la promoción       individual y a la cohesión de la sociedad; el lugar de residencia produce todavía una injustificada    discriminación entre los hombres de España. Es notoria la falta de atractivo en las condiciones de vida de   algunos medios rurales y urbanos. Aquellos porque no se han visto aún favorecidos por los beneficios del    desarrollo y estos porque su crecimiento ha sido con frecuencia desordenado y ha producido costes sociales de importancia; fenómeno típico y de gran actualidad en las economías industrializadas. Existen todavía         núcleos diseminados de  atraso y pobreza en algunas zonas de la geografía española.

            El nivel cultural y educativo está todavía lejos del que sería deseable y el acceso a los bienes de la cultura no se ha generalizado en todos los estratos sociales.

            Se aprecia todavía una inadecuación cualitativa entre la demanda de empleo y la cualificación profesional de             la población activa.

            El sistema fiscal dista de cumplir, con plena efectividad, el principio que reclama que cada español            contribuya al sostenimiento de las cargas públicas en estricta proporción con sus recursos e ingresos, puesto     que no tiene suficiente carácter progresivo en los estratos superiores y, de otra parte, el fraude fiscal sigue       siendo considerable.

            Por ello, resulta imprescindible afrontar estos grandes temas, de suerte que, con la aplicación de eficaces       medidas de política económica y social, vaya cerrándose el abanico de retribuciones e ingresos y se aproximen las condiciones de vida de las diversas regiones, se perfeccione el sistema educativo del país y se alcance un     reparto más equitativo de la presión fiscal, lo que contribuye al mismo tiempo a una mejor distribución de la renta y de la riqueza nacionales. Ello favorecerá la solidaridad social, tan necesaria en un país que en        épocas no lejanas ha dado muestras de tender a la disgregación y cuyo prometedor futuro ha de apoyarse en           la unidad y la justicia.

            Los aspectos sociales del desarrollo no cabe plantearlos solamente en el estadio de la observación de los        fenómenos, sino que es preciso llegar al establecimiento de los objetivos de la política social.

            El III Plan de Desarrollo contiene, en consecuencia, una política social perfectamente definida que, tomando            como base la realidad sociológica, habrá de conducir a consolidar y mejorar los avances sociales para que   todos los españoles puedan desenvolver su vida en un marco de más estrecha solidaridad, que garantice el     mantenimiento de la paz social con tanto esfuerzo labrada en los  últimos tres decenios>>.

Curiosamente los dos primeros aspectos en los que incide el III Plan de Desarrollo en su orden expositivo son <<Trabajo y Seguridad Social>> y Educación. En el segundo los cambios se dimanarán de la Ley de 1970 que entonces se ponía en marcha y a la que hemos hecho referencia. En el primero transcribamos la propuesta por la importancia de su contenido social que implicará un aumento de las inversiones:

            <<Entre los grandes temas sociales se concederá especial atención a los desajustes que aún se aprecian entre             la calificación profesional de grandes grupos de trabajadores, muchos de ellos reducidos al nivel de peonaje, y los nuevos puestos de trabajo creados por la innovaciones tecnológicas y, en general, por el desarrollo           económico.

            Otro problema se produce debido al desfase entre la oferta y la demanda de trabajo de las distintas regiones o zonas, por lo que, a veces, el paro forzoso de ciertos grupos de población activa de una comarca o provincia   conduce a la emigración cuando podría reabsorberse con puestos de trabajo en empresas y sectores existentes dentro del país.

            Habrán de conjuntarse también las prestaciones económicas por desempleo, en la actualidad de cuantía       excesivamente inferior al salario percibido en activo, con los servicios de Promoción Profesional de Adultos      para reducir lo más posible el tiempo de desempleo y facilitar la readaptación personal del propio trabajador.

            En el orden de problemas atendidos por la Seguridad Social se aprecia la insuficiencia de las pensiones, lo   que es causa de desigualdad en las rentas y en la participación en los frutos del desarrollo y, a la vez,          distorsiona la estructura adecuada de la población activa y dificulta la aceleración del proceso productivo, al forzar a permanecer en sus puestos de trabajo a una mano de obra envejecida.

            Hay que constatar que se ha avanzado mucho en el planteamiento de un sistema de servicios sociales          complementarios de las prestaciones y beneficios estrictos de la Seguridad Social, pero aún quedan grandes     frentes abiertos en relación con la formación y la colocación de los minusválidos y subnormales, así como en   materia de prevención de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo, rehabilitación y acción formativa.

            Por ello deberá intensificarse en los próximos años la atención creciente que se viene concediendo en materia de empleo y, en general, de protección social del trabajador, dentro y fuera de España>>.

Estructuralmente el régimen de Franco abrió el cambio social con su expansión de las clases medias que se continuaría lentamente hasta la el estallido de la crisis en 2008 y la erosión de las mismas. También a partir de los años sesenta se hizo evidente el continuo cambio dentro de esas clases medias con la expansión de las nuevas clases medias, proceso que también se continuó durante las décadas siguientes con la irrupción con fuerza de lo que en el modelo Goldthorpe se denomina <<clase de servicio>> (que en 1975 se situaba sobre el 9-10%). Ahora bien, es también de señalar que una parte de la clase trabajadora renovada por la expansión económica y el incremento de los niveles de vida, especialmente desde finales de los sesenta, también se va a autoconsiderar clase media a la muerte de Franco. Esta amplísima clase media, de tendencias sociológica que no ideológicamente conservadoras, es la que dará al país la estabilidad necesaria para realizar la transición política a la muerte del Generalísimo. Y Franco consideró que este iba a ser su gran legado, así al menos se lo transmitió en 1971 al general Vernon Walters:

            <<“Dígale al presidente Nixon que el orden y la estabilidad en España quedarán garantizadas por las    oportunas y ordenadas medidas que estoy adoptando” […] En el momento de estrecharme la mano me dijo en voz muy apagada, casi en un murmullo: “Mi verdadero monumento no es aquella cruz en el valle, sino   la clase media española. Cuando asumí el gobierno no existía. La lego a la España de mañana”>>[20].

[1] Seguimos en este apartado el libro blanco titulado III Plan de Desarrollo Económico y Social 1972-1975. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. Madrid 1971; Anexo  al Discurso del Vicepresidente del Gobierno. BOE; Madrid, 1968.

[2] De hecho, en las previsiones de distribución de inversión del III Plan de Desarrollo  el capítulo de Educación y Cultura ascendía a 100.249 millones (83.891,3 millones eran solo para Educación), solo superado por Agricultura, Regadíos y Pesca (108.897,3 millones) y Transportes (189.763 millones).

[3] España llevaba años contradiciendo las previsiones de la OCDE, algo que ya se dio en el régimen de Franco. Amando de Miguel recuerda que en 1963, según lo indicado en el <<Proyecto Mediterráneo>> de la OCDE, se alcanzarían en 1974 en la Universidad española los 189.000 alumnos. En el curso 1974-1975 se matricularon 345.000. Para el curso 1980-1981 se estimaba que el total de alumnos matriculados en Enseñanza Superior sería de 680.000 alumnos. A lo largo del III Plan se preveían crear 1 millón de puestos escolares en la EGB, 200.000 para el BUP y 125.000 para la FP. Además se pondrían en marcha 6 nuevas universidades, 2 Facultades Universitarias y 2 Escuelas Superiores de Arquitectura (La Coruña y Las Palmas). Todo ello es la prueba del cambio que realmente se estaba produciendo en el país. Número que seguiría aumentando en los años siguientes, porque llegarían cada vez más alumnos a resultas del último y definitivo impulso del régimen de Franco con la implantación de la EGB y el BUP. MIGUEL, Amando de: <<1975 fue un año crucial>>, en Historia…, pp. 66-68. Cfr. El cambio social en España. Documentación Social, nº 18 (abril-junio 1975).Fundación FOESSA.

[4]  FRANCO, Francisco: <<Mensaje de  fin de año a todos los españoles>> (30-12-1969).Discursos y mensajes del Jefe del Estado. 1968-1970. Publicaciones españolas. Madrid, 1971, p. 113.

[5] En 1960 se construían 257 viviendas por cada 1.000 habitantes, en 1969 eran 270 y en 1980 se estimaba que se edificarían 329 viviendas por cada 1000 habitantes. El problema de la vivienda ya solo sería de distribución regional y los datos lo que indican es la expansión de la segunda vivienda. Basta para que el lector tenga una idea aproximada de esta realidad con que aplique un número de multiplicación por el número de personas que viven en el mismo domicilio 2/4-5 en función del número de componentes de la familia.

[6] MYRO, Rafael: <<Crecimiento económico y cambio estructural>> en GARCÍA DELGADO (dir.): Lecciones de Economía Española. Civitas. Madrid 2001, p. 50-53.

[7] Un crecimiento impresionante en el que por más que se empeñen algo debieron tener que ver las autoridades. Recurramos a los datos de García Delgado sobre la evolución del producto real per cápita en tasas medias anuales acumulativas  de forma comparada para el periodo 1960-1975: España 6,7; Italia, 4; Francia, 3,8; Alemania, 2,9; Gran Bretaña, 2,1; EEUU, 2,1. El lector puede hacer sus comentarios. GARCÍA DELGADO, José Luis: <<El desarrollo económico español: una visión de conjunto>>, en Lecciones de economía española, p. 30.

[8] MALUQUER: España en la economía mundial. pp. 219-232.

[9] Indica Maluquer que se debe tener en cuenta que se arrancaba de un punto de partida muy bajo, algo inferior en  los 50 al de 1930, producto de la política autárquica y aislacionista -aislacionismo en parte forzado hasta esa fecha por otra parte, añadimos nosotros-, pero la <<extraordinaria intensidad de este movimiento>> se debe <<en su parte principal al potente dinamismo de la economía española en aquellos años>>. Entre 1975 y 1985 la contribución española al PIB de la Europa Occidental se mantuvo estable. Entre 1975 y 1995 la aportación solo se elevó en un 0,67%. Ibíd. pp. 273-275.

[10] MALUQUER: op. cit. pp.  374-379.

[11] A principios de los años noventa el Instituto de Estudios de Prospectiva del Ministerio de Economía y Hacienda, bajo los gobiernos socialistas, publicaba un interesante librito sobre datos referentes a la convergencia con la CEE. Es curioso reseñar que en 1975 el 33% de los españoles estaban por encima de la convergencia, mientras que en 1988 solo lo superaba el 1,73%. Los datos regionales también resultaban significativos. Comparando las medias españolas con la de los cuatro potencias económicas de la CEE resulta que la convergencia de Andalucía con ellos estaba en un 55% en 1975 pero en 1987 había descendido al 46.8%; Castilla-La Mancha había descendido del 58.7% al 51%; solo Baleares presentaba índices de convergencia superiores a los de 1975. Cfr. FUENTE: op. cit. p. 350.

[12] VELARDE: Cien años de economía española…, p.268.

[13] Cfr. MORENO, Luis y SARASA, Sebastián: op. cit., p.15.

[14] Se estimaba que España podría crecer entre un 3,4% y un 4,9% anual.

[15] El PIB industrial  se mantuvo en tasas del 30% desde 1954 a 1977. Después se situó por encima del 20% en continuo descenso hasta 2001, para caer por debajo hasta la actualidad con tasas del 17%. Entre los años 2000 y 2010 se compensó con las altas tasas del sector de la construcción que llegaron a alcanzar un 14% (2006) merced a la burbuja de la construcción para caer con la crisis a tasas del 6-7%. Lo que contrasta con un sector servicios que se ha situado en el 74% de los puestos de trabajo lo que implica, según no pocos críticos, puestos de trabajo sectoriales, temporales e inestables, en muchos casos con baja cualificación y, por tanto, con salarios reducidos.

[16] Algunos autores no son de la misma opinión y exhiben su argumentario sin mayor preocupación. Así uno de los referentes habituales sobre cambio social, anota que los grandes objetivos son <<los que han tenido que ver con la revolución burguesa, la revolución industrial y con la construcción del Estado del Bienestar… no se logran ni se consolidan en España hasta la transición democrática>>. No merece más comentario, sobre todo en lo referente a la <<revolución industrial>>.TENAZOS, José Félix: <<España: estructura y dinámica social>> en NAVAJAS ZABELDÍA, Carlos (ed.): Actas IV Simposio de Historia Actual. Logroño 17/19-12-2002. Instituto de Estudios Riojanos; La Rioja, 2004, pp. 215-232.

[17] El lector debe tener en cuenta que resulta muy complejo establecer comparaciones dada la diversidad de los cálculos según los autores. Por otra parte, el concepto de clase media ha ido cambiando  en los últimos cuarenta años e incluso el concepto de las tres clases como método de acercarnos a la estratificación social está superado. Hoy es poco concreto y exacto hablar de clase alta, media y baja. Pero a la vez, es la forma más gráfica y comprensible de acercarse de un modo sintético a este cambio social. La clase media se mide por hogares y en función de la renta, pero no son los únicos factores a tener en cuenta y de ahí las variaciones en los datos. En la actualidad es  usual encontrar referencias a una estratificación que se corresponde con: clase capitalista (1%), clase media-alta (9%), clase media (20%), clase trabajadora (50%) y precariado (20%). Existen también otras formas de abordar la estratificación como las de Goldthorpe (agrupa en 11 categorías pero es habitual encontrarla simplificada a clase de servicios, clases intermedias y obrera) o las neomarxistas de Wright. Trasladando los datos al modelo que se prefiera los resultados son estructuralmente similares: durante el régimen de Franco, especialmente en sus últimos 20 años, se produjo una expansión muy amplia de las clases medias.

[18] En el primer quinquenio de los 60, atendiendo a la situación familiar se establecía esta estructuración socioeconómica por familias: Acomodada, 100.000 (1,5%); Desahogada, 1.000.000 (15%); Modesta, 1.800.000 (27%); Incómoda, 1.800.000 (27%) y Ahogada, 1.500.000 (22%). Cfr. BAONZA, José Antonio y GARCÍA CHAPARRO, Miguel: La sociedad española: de la transformación al desarrollo. Nuevo Horizonte; Madrid, 1968. p. 74.

[19] El lector debe tener presente que a lo largo de los sesenta se produjeron incrementos salariales notables. En 1960 el salario medio anual estaba establecido en las 29.500 pesetas por persona, en 1967 era de 80.194 pesetas y en 1970 alcanzaba las 102.804 pesetas. Cfr. III Plan de Desarrollo Económico Social, p. 23.

[20] WALTERS, Vernon: Misiones discretas. Planeta; Barcelona, 1978, p. 331.