INTRODUCCIÓN
La Segunda República Española sigue siendo uno de los periodos más debatidos de la historia contemporánea de España. Para algunos sectores políticos e historiográficos representa una etapa de modernización democrática, mientras que otros autores la consideran un periodo marcado por fuertes tensiones políticas, sociales y religiosas que terminaron desembocando en la Guerra Civil de 1936.
Durante aquellos años se aprobaron numerosas reformas impulsadas por gobiernos republicanos, especialmente durante la etapa presidida por Manuel Azaña. Estas reformas afectaron a ámbitos tan diversos como la organización del Estado, la educación, la relación con la Iglesia o la regulación de la prensa y del orden público.
El periodo estuvo caracterizado por una intensa polarización política, con enfrentamientos entre diferentes fuerzas ideológicas, conflictos sociales y episodios de violencia que contribuyeron a deteriorar la estabilidad del sistema republicano.
En cada 14 de abril, aniversario de la II República, la izquierda sectaria de la Ley de Memoria Histórica, la que deslegitima la Constitución del 78 para enlazar con el Frente Popular que surgió en el siniestro período republicano y fue el que llevó al país al caos y a la guerra civil, es la misma izquierda que nos habla de la II República como la panacea de la libertad y de la democracia, a diferencia de la monarquía parlamentaria actual “heredera de Franco”, etc.
Sin embargo, esta frustrada república estrenó su fracaso cuando Azaña se convirtió en presidente del Consejo de Ministros en diciembre de 1931, y que para empezar llevó a cabo fundamentalmente cinco reformas en contra de las libertades:
1) Acabar con la libertad de prensa.
2) Expulsar a la Iglesia católica de la vida pública.
3) Dominar ideológicamente la enseñanza.
4) Contentar al nacionalismo catalán.
5) Crear un sistema clientelar al servicio de la república.
PERSECUCIÓN Y CENSURA PREVIA PARA LA PRENSA
La libertad de información, que es un derecho fundamental para cualquier democracia no existía en la II República, ya que la Ley de Defensa de la República de 1931 prohibía la “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”, y dejaba el cumplimiento de esta prohibición en el criterio del gobierno, ocupado por la izquierda y que había diseñado todo el entramado jurídico confiando en que iba a perpetuarse en el poder.
Dos años más tarde el gobierno de Azaña dio un paso más en el recorte de libertades, y sustituyó a la Ley de Defensa de la República por la Ley de Orden Público en 1933, lo que añadía a las restricciones anteriores la censura previa de la prensa y la posibilidad de declarar el estado de excepción a criterio del gobierno, lo que a partir de entonces se convirtió en una realidad constante hasta el fin de la II República.
Por ejemplo, el periódico conservador ABC, el único con implantación en toda España durante la II República, fue suspendido y cerrado en 1931, 1932 y 1933, y lo hicieron en virtud de la llamada Ley de Defensa de la República del presidente izquierdista Azaña, que permitía cerrar cualquier medio de información, además de ilegalizar a cualquier partido político, mientras sus líderes acababan entre rejas; a partir de 1934 existía la censura previa republicana. Con la Ley en Defensa de la izquierda republicana no sólo cerraban continuamente el ABC sino que fueron un total de 127 periódicos los que corrieron la misma suerte.
El periódico ABC fue finalmente incautado por el gobierno del Frente Popular en julio de 1936. El posterior ABC convertido en altavoz del Frente Popular se dedicó al «ejercicio de defender la democracia y la libertad», con portadas tan sugerentes como las que llevaban la hoz y el martillo, pues díganme ¿qué podía haber más democrático entonces que la cárcel totalitaria de la URSS de Stalin? Porque la caprichosa memoria encuentra también una diferencia, en 1936 todavía Hitler no había llevado a cabo sus matanzas genocidas pero Stalin ya había producido el Holodomor en Ucrania y había asesinado a más de 20 millones de personas.
¿QUÉ LIBERTADES?
Además de no existir en la II República la libertad de información, no se podía criticar a las instituciones republicanas, no como ahora que se puede criticar por ejemplo a la monarquía, porque entonces la ley de la izquierda republicana prohibía “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado”.
La II República prohibía a los padres el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, no existía por tanto la libertad de educación, que debía ser laica, prohibiendo a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, lo que condenaba a muchos hijos de familias con pocos recursos a no poder recibir una educación.
En la II República era delito ostentar la bandera roja y gualda monárquica, la bandera de España desde 1785, y estaba prohibida la defensa de la monarquía, no como ahora que continuamente la izquierda hace ostentación de sus anhelos republicanos. Pues la Ley de Defensa de la República de 1931 prohibía toda “apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”.
La censura republicana no afectaba sólo a la libertad de información de la prensa y a la libre opinión y expresión, sino que afectaba también al cine o al teatro en que se censuraban escenas que ahora nos parecerían totalmente inocentes, como una que recogía la cópula de las abejas en El País de la miel o la fecundación de las flores en la película Éxtasis, porque según los censores presentaban una tendencia lujuriosa. Por su parte las obras de teatro, antes de estrenarse por sus autores o empresarios debían ser presentadas a las autoridades republicanas para su censura previa. Es decir, como sucedía con el posterior franquismo, la diferencia es que este régimen nadie nos lo quiere vender como un régimen democrático y un páramo de las libertades, al fin y al cabo el franquismo fue la respuesta autoritaria al caos violento de la II República provocado por culpa del marxismo revolucionario de la izquierda que buscó la guerra civil y la perdió.
LA REPÚBLICA QUE PERSEGUÍA LA LIBERTAD DE LOS CATÓLICOS
Escribía César Vidal que “cuanto más estudio la II República, más tenebrosa me parece”. Ciertamente la realidad de aquel período turbulento que acabó en una guerra civil, dista mucho de las falacias que nos cuenta el relato oficial impuesto por la propaganda de la izquierda, según el cual la II República fue el páramo idílico de las libertades, de la democracia y del progreso en la historia de España.
En primer lugar la II República Española aprobó una Constitución laicista, radical, anticlerical y hostil a la libertad religiosa de los católicos españoles. Una Constitución laicista que era en palabras de Gregorio Marañón “no viable” y en palabras de Ortega y Gasset era “lamentable y sin pies ni cabezas ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza”. Al ateísmo violento de la izquierda se sumaba el agresivo anticlericalismo de la masonería, que por ejemplo tenía 6 ministros masones en 1931. La masonería era el grupo más numeroso en las cortes de la II República y militaba en diferentes partidos, pues sumaban un total de 183 diputados entre 458. Debido a esta numerosa presencia, desde el primer momento se trató de hacer una república anticatólica, en semejanza a la masónica república mejicana, y en la que los católicos estuvieran perseguidos y censurados. Una república masónica y de izquierdas, en la que derecha tuviera muy pocas posibilidades de gobernar, como sucedía con el hegemónico PRI mejicano.
La II República sometió a una persecución constante a los católicos, de hecho se refería constantemente al «problema religioso» que había que extirpar. Al mes de su estreno se produjo lo que se conoce como la “quema de conventos” de 1931, pero en realidad entre los 100 edificios incendiados hubo también iglesias, colegios de beneficencia, asilos para ancianos y hasta bibliotecas tan importantes como la de los jesuitas de Madrid. Entonces fueron 33 los religiosos asesinados, la mitad de ellos quemados en vida. Ante los ataques incendiarios, la complicidad de las autoridades republicanas no dejó actuar a las fuerzas del orden ni a los bomberos. Esta ola de violencia no se puede justificar en actos individuales de exaltados, sino en el odio que la izquierda marxista, anarquista y masónica inoculó durante años a sus partidarios.
La Constitución republicana, sin haber sido sometida a referéndum, prohibía en su Artículo 26 las órdenes religiosas que estableciesen un voto “especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”, y también a las que “constituyan un peligro para la seguridad del Estado”, lo que daba carta blanca al gobierno para cerrar las órdenes religiosas a su antojo. Aquella Constitución también prohibía los cementerios religiosos. El paroxismo en el odio a la iglesia llevó a las autoridades republicanas a prohibir las procesiones e incluso que tocaran las campanas de las iglesias en muchos pueblos y ciudades. Y el arzobispo de Toledo y primado de España, el cardenal Pedro Segura tampoco tuvo la libertad para seguir en su cargo, fue detenido y expulsado ilegalmente de España, a pesar que en sus cartas y en su pastoral había hecho un llamamiento a colaborar y obedecer con las nuevas autoridades republicanas, pues la tiranía de aquella siniestra república no aceptó que tuviera unas palabras de agradecimiento con el rey Alfonso XIII. Monseñor Mateo Múgica de Vitoria por su parte corrió la misma suerte.
La revolución y golpe de estado que organizó el PSOE en octubre de 1934, aliado con el PCE, la CNT y la Esquerra Republicana de Cataluña, si bien fue organizado para toda España finalmente donde mayor repercusión tuvo fue en Asturias y en la Cataluña de Companys, con un saldo final de 1500 muertos en todo el país, la quema y destrucción de otros 55 edificios de la Iglesia católica y el asesinato de otros 33 religiosos.
Después de la llegada al poder del Frente Popular en febrero de 1936 y en unas elecciones fraudulentas, le siguió la llamada Primavera trágica de 1936, con centenares de muertos, huelgas, incendios y apaleamientos, ante un gobierno que se veía desbordado por los acontecimientos. Nuevamente decenas de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados.
Y si bien este resumen habla someramente de la persecución religiosa durante los años de la II República, ese “páramo de libertades” que nos dice la manipulación histórica pero en la que en realidad era difícil ejercer cualquier libertad, sin embargo la persecución religiosa durante los breves años de esta república, no se aproxima al desatado en la guerra civil en la que se asesinó a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283 monjas y más de 3.000 seglares. En total, unos 10.000 muertos por el delito de ser católicos y no haber renegado de su libertad para serlo. A los que hay que añadir aquellos mártires que lo fueron por su condición de católicos sin pertenecer a ninguna organización eclesiástica, y que se estiman en torno a 30.000. Muchos fueron asesinados simplemente por llevar un rosario, una medalla o una estampa religiosa, o por refugiar o dar de comer a algún religioso. Además durante la guerra fueron destruidas más de 20.000 iglesias.
Para que se haga una idea de qué supuso la persecución religiosa mejor lea lo que ordenaba el bando del Comité Revolucionario de la UGT y la CNT dictado el 24 de octubre de 1936 en la localidad de Játiva (Comunidad Valenciana):
“Se ordena a todos los vecinos que depositen en la plaza pública más inmediata a su domicilio y en sitio que no interrumpan el tráfico, todos cuantos objetos, imágenes, estampas, etc. de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de alguna otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente entregándolos en el Departamento de Orden Público de este Comité. Se concede para estas operaciones el plazo de CINCO DIAS, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en el que se encontrasen objetos de los indicados serán declarados facciosos sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas”.
LA OPOSICIÓN NO PUEDE FORMAR GOBIERNO TRAS GANAR LAS ELECCIONES
¿Qué opinión se puede tener de una democracia en la que la otra parte del arco ideológico no podía formar gobierno aunque ganara las elecciones? Evidentemente la de que no se trata de una verdadera democracia, pues eso fue exactamente lo que ocurrió en las elecciones de 1933.
Tras dos años de gobierno de la izquierda republicana, los españoles, en unas elecciones en las que además votaban por primera vez las mujeres, se optó mayoritariamente por la derecha de la CEDA, que obtuvo 115 diputados. En segundo lugar quedó el Partido Republicano Radical con 102 diputados, que a pesar de su nombre era un partido de centro. El PSOE por su parte obtuvo 59 diputados y el PCE sólo 1. El resto de partidos con representación eran todos de derechas: agrarios, carlistas, la Lliga y Renovación Española. Pero la izquierda de entonces que no era democrática pese a lo que ahora nos quieran vender y sólo asumía la república si estaba en sus manos, presionó al timorato y calamitoso presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora, para que no encargase la formación de gobierno a Gil Robles de la CEDA, que justamente era quien había ganado las elecciones. La izquierda amenazó con recurrir a la violencia y a la revolución, así que el nefasto Alcalá Zamora encargó el gobierno no a la derecha y primera fuerza política, sino a la segunda, es decir, al Partido Radical.
Pasados unos meses, la derecha de la CEDA que durante un año y a pesar de todo había colaborado con el gobierno del Partido Radical, quiso hacer valer el hecho de que había ganado las elecciones con la aportación de sólo tres ministros muy moderados a ese gobierno. Y la izquierda, que llevaba meses comprando armas, respondió lanzándose al golpe revolucionario de 1934, que si bien fue organizado para toda España como “gimnasia revolucionaria” y vista como acción útil tanto si triunfaba como si no, fue sofocado fácilmente, excepto en Asturias, cuyos actos violentos preludiaron a los que después se desatarían a partir de 1936. En 1934 la izquierda dejó claro que no respetaba el juego democrático de la II República ni otorgaba libertad a la derecha para existir y gobernar.
Salvador de Madariga, republicano y exiliado durante el franquismo, escribió en su libro España sobre el golpe revolucionario de 1934:
«El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936».
PONIÉNDOSELO DIFÍCIL AL ROJERÍO
A un tipo de izquierdas, lo normal es que a pesar de todos los argumentos y pruebas que le den, verán que negará y negará la evidencia, porque no puede permitirse que le rompan su resumido esquema de consignas. Sabemos que el principal mito de la manipulación histórica consiste en vendernos que la guerra civil fue una lucha entre demócratas y fascistas. Pues para ponérselo realmente difícil a los negacionistas simplemente pueden usar las portadas de los periódicos: El Socialista, Claridad o Mundo Obrero; órganos propagandísticos del PSOE y el PCE, para desmontar el mito principal de que la izquierda republicana luchaba por la libertad y la democracia. Especialmente las del periódico El Socialista que recogía los alegatos socialistas para ir a la guerra civil desde 1933, de traer la dictadura del proletariado y de hacer la revolución, años antes del levantamiento de los nacionales; y lo dijeron y lo escribieron en mitad de la II República. Lo ingenuo sería pensar que si querían anular, exterminar y expropiar a sectores enteros de la población, estos se iban a dejar matar tranquilamente y que cansados de la situación no se iban a levantar en armas para defenderse.
Por ejemplo, el 25 de julio de 1933 el periódico El Socialista publicó el discurso de Largo Caballero en el teatro-cine Pardiñas de Madrid, y titulaba con letras grandes: “A la dictadura burguesa, nosotros preferimos la socialista”. Entonces se refería a la II República que tildaba como burguesa, pues decía que “El solo hecho de que haya una mayoría burguesa (de diputados de la derecha) en el Parlamento es una dictadura”.
En la portada del periódico El Socialista, que recogía las palabras de un discurso electoralista del 8 de noviembre de 1933 en Don Benito, titulaba: «No debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución». El párrafo completo que cerró el discurso fue: «tenemos que luchar como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no una bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución socialista«.
El 15 de noviembre de 1933, el Socialista publicaba el siguiente titular a siete columnas: “Tenemos que recorrer un período de transición hasta el Socialismo integral, y ese período es la dictadura del proletariado”.
Y el 25 de septiembre de 1934 en su número 8.000, El Socialista apelaba a la violenta guerra civil, como en otras ocasiones, y decía: “Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. En período revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España.”
LA LIBERTAD QUE NO TUVO JOSÉ CALVO SOTELO PARA SEGUIR VIVIENDO
El 13 de julio de 1936 se producía el violento asesinato de Calvo Sotelo del Partido Renovación Española, 5 días después estallaba la guerra civil. Fue sacado de madrugada de su casa por socialistas de las fuerzas de seguridad del Estado, y recibió un tiro en la nuca de Luis Cuenca, guardaespaldas del diputado socialista Indalecio Prieto, como también lo era Fernando Condés, jefe del grupo criminal. Aquella noche también fueron en busca de Gil Robles líder del partido católico CEDA pero no pudieron localizarle al estar ausente de su casa. La falta de libertad en la II República privó a Calvo Sotelo, jefe de la oposición, de su vida. En otro capítulo hablo con más detalle de este suceso.
CONCLUSIÓN
La Segunda República española fue un periodo complejo y convulso en el que coexistieron proyectos políticos muy distintos y enfrentados. Las reformas impulsadas por los distintos gobiernos, así como las tensiones sociales, los conflictos ideológicos y los episodios de violencia política, marcaron profundamente el desarrollo de aquel régimen.
Las interpretaciones históricas sobre este periodo continúan siendo objeto de debate entre historiadores y analistas. Mientras algunos destacan los intentos de modernización institucional, otros subrayan las limitaciones del sistema y los conflictos que acabaron erosionando su estabilidad.
Comprender este periodo exige analizar tanto las reformas impulsadas como el contexto político y social en el que se produjeron, así como los acontecimientos que finalmente desembocaron en el estallido de la Guerra Civil Española.
