Lo que ya nadie parece poner en duda, pese a que así se intente, es que el régimen de Franco provocó una auténtica revolución en el tema de la vivienda. Antes de 1936 España carecía de política de vivienda. Desde el principio de la guerra Franco fijó como uno de sus objetivos programáticos abordar la reforma de la vivienda en España. Hasta entonces la inmensa mayoría de los españoles, las clases populares y trabajadoras, vivían de alquiler. El grado de miseria e insalubridad de las casas en que vivían millones de campesinos era un hecho notorio.
Tras la guerra un número importante de viviendas quedaron dañadas; a la vez se consideraba que una gran parte de las viviendas eran contrarias a la salud y a la moral. La reconstrucción de viviendas dañadas se hizo a través de Regiones Devastadas y no constan en las habituales estadísticas sobre la vivienda construida durante el régimen de Franco. A ello se sumaron los sucesivos reglamentos fijando las condiciones de habitabilidad de una vivienda (metros de las habitaciones, habitaciones separadas para el matrimonio y los hijos, y estas por sexos, espacios comunes…).
El régimen de Franco optó, hasta los años cincuenta, por la construcción de viviendas para el alquiler con opciones de compra, creando un urbanismo propio (las tasas de alquiler nunca podían superar el 20% del salario).
En la segunda mitad de los cincuenta, con un problema de falta de vivienda acuciante y en crecimiento constante por los millones de españoles que emigraron del campo a las ciudades, la política de vivienda, de la mano del falangista José Luis Arrese, varió para pivotar sobre la conversión de los españoles en propietarios. Ello supuso poner en marcha un programa de construcción de vivienda protegida. En una primera fase, acelerando la construcción para absorber la demanda existente. En una segunda fase, a mediados de los sesenta, construyendo más viviendas de las que necesitaban los nuevos hogares en constante expansión. A la vez se mantenía un precio asequible y controlado de los alquileres. Los gobiernos de Franco solucionaron un problema de la vivienda que tardaría en España veinte años en volver a plantearse sin solución aparente en la actualidad.
Entre 1951 y 1956 se construyeron más de medio millón de viviendas, un 50% protegidas. A mediados de los sesenta, con tasas de entrega de 300.000 al año, solo 50.000 viviendas eran de renta libre, el resto estaban acogidas a cualquier tipo de protección; en los años sesenta las terminadas se situaban, con ligeras variantes, en los 2 millones. Entre 1970 y 1978 (hay que tener presente que hasta esa fecha las entregadas se habían iniciado en el régimen de Franco y con su legislación) algo más de 3 millones, con medias superiores a las 330.000 al año, más del 50% protegidas. Fueron millones y millones los españoles que entre 1957 y 1978 habitaron en casas de protección oficial en sus diversos tipos. El grado de construcción, los ingresos y los precios, permitieron a amplios sectores de las clases medias urbanas hacerse con una segunda residencia en el campo o en la playa.
En 1975/1979 España se había convertido en un país de propietarios, algo impensable en otros países de la Europa Occidental. En 1979, con el modelo heredado aún vigente, una pareja obrera con dos sueldos podía pagar la vivienda en un periodo comprendido entre 5 y 10 años (hoy se van a 30 años).
Recurramos a otro ejemplo que no refleja una anécdota sino una realidad genérica. Una de las muchas páginas que difunden sus contenidos en las redes sociales se dedica a recuperar la publicidad en televisión —también se emitía en los cines— desde los años sesenta. Una de ellas, de principios de los 70, replica un modelo habitual en la época en que millones de españoles anhelaban una segunda residencia en la costa. El anuncio se refería a una construcción de pisos, cerca del mar, en una localidad alicantina: «entra a vivir y págala en cuatro años».
En 1970 el 63.4% de los españoles eran propietarios de su vivienda; en 1981 el 73.1%. En los inicios del siglo XXI se alcanzaría el 80%; pero en esa última expansión pesó mucho la ayuda familiar. Desde entonces no hace más que descender para situarnos en cifras de 1981. La propiedad está en retroceso revirtiendo el sentido de la política general del régimen de Franco.
En 1970, según un dato más o menos oficial reciente, un español tenía que hacer un esfuerzo salarial para adquirir una vivienda equivalente a 2 años de trabajo. Según datos de julio de 2024 un español tenía que hacer un esfuerzo equivalente a 7.5 años de trabajo (según las Comunidades podría llegar hasta los 12 años de trabajo). Demos algún dato más concreto: en 2024, para comprar un piso valorado entre 200.000 y 300.000 euros, una pareja, en la que ambos percibieran el salario medio bruto, tendrían que hacer un esfuerzo salarial equivalente a entre 4 y 6 años de trabajo. En 1954, una vivienda, en su escala más baja, calificada como casa barata, de entre 35 y 58 metros cuadrados, tenía un valor actualizado a 2024 de 10.000 euros. En 1973, un piso céntrico en Sevilla, no acogido a protección oficial, tenía un coste de 420.000 pesetas; el sueldo medio de un obrero del campo era según el INE de unas 90.000 pesetas anuales (casi 5 años de esfuerzo salarial). Es fácil extraer consecuencias. Hoy la vivienda es uno de los tres grandes problemas del país para el 40% de los españoles.
Por último, en este aspecto, recordemos que en 1975 el salario medio anual en España se situaba en las 264.000 pesetas/año (otras fuentes lo elevan hasta las 350.000). En contravalor actualizado a 2025 equivaldría a unos 26.668 euros al año. Anotemos, por comparación, que el salario medio, en septiembre de 2024, apenas superaba el de 1975 situándose en los 26.949 euros. En 2025, 50 años después, alcanzaba los 27.500 euros.
Detengámonos, también, en el salario mínimo (establecido en España en 1963). Según los datos usuales, en 1975 se situaba en 108.000 pesetas anuales. En valor actualizado serían 11.837 euros. Una cantidad que a valores actuales no se superaría hasta 2018, transcurriendo algo más de 40 años.
Parece que tienen toda la razón quienes afirman, en años de constante inflación, que los salarios en España continúan siendo muy bajos, reduciendo en la práctica por la presión impositiva y cargas, no trasladándose el crecimiento macroeconómico a la realidad económica de los españoles.
