INTRODUCCIÓN
El caso de las conocidas como “Las 13 rosas” se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los símbolos más repetidos dentro del relato oficial de la memoria histórica promovido desde determinados sectores políticos. Su ejecución en agosto de 1939 es presentada de forma recurrente como el sacrificio de trece jóvenes que “dieron su vida por la libertad y la democracia”, una consigna que ha calado profundamente en la opinión pública y que se reproduce en homenajes institucionales, placas conmemorativas y discursos políticos.
Sin embargo, el análisis detallado del contexto histórico, de su militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y de las actividades desarrolladas por esta organización tras la Guerra Civil permite cuestionar seriamente ese relato simplificado y edulcorado. Lejos de tratarse de un episodio desprovisto de contexto político y violento, los hechos se inscriben en una estrategia de reorganización clandestina y acción terrorista del comunismo en la posguerra. Este artículo pretende exponer los datos documentados que suelen omitirse en la versión oficial, con el fin de ofrecer una visión más completa y menos ideologizada del suceso.
Las 13 rosas, nombre con el que se conoce a 13 jóvenes fusiladas el 5 de agosto de 1939 tras ser condenadas por un tribunal, son una clara muestra de la “corrección política” impuesta desde la izquierda. La misma placa que colocó el Ayuntamiento de Madrid en 1988 en el lugar en el que fueron fusiladas ya deja clara la fábula montada desde la izquierda radical que ha calado en la sociedad. En dicha placa se puede leer que “dieron su vida por la libertad y la democracia”, una mentira que demostraremos en los párrafos siguientes. Pertenecían, en su mayor parte, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) la rama juvenil del comunismo en España que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen tan libre y demócrata como lo era el de Stalin en la URSS, país desde el que se financiaban y al que había escapado, tras la Guerra Civil, su máximo dirigente: Santiago Carrillo.
Las JSU, a las que pertenecían la mayoría de las 13 rosas, habían tenido una destacada participación en la represión republicana en Madrid durante la Guerra Civil. No en vano, esta organización política controlaba y dirigía directamente cinco checas donde se torturó y asesinó a cientos de personas. Está perfectamente documentado en los papeles del PCE que bajo control de su organización juvenil se encontraban las checas de Mendizábal 24, la de la calle Raimundo Lulio, la de Santa Isabel 46, la del Convento de las Pastoras de Chamartín y la de la calle Granda en el número 4. Además, participaron en la acción represiva de varias otras cárceles de partidos políticos y tuvieron un papel destacado en las sacas cometidas para asesinar a miles de presos sin mediar juicio alguno. Quienes las presentan como garantes de la democracia suelen olvidar, entre otros, este detalle: a ellas se les juzgó, pero ellas participaron en una organización que asesinó sin juicio a miles de personas y que, en el momento de ser detenidas, se había convertido en un grupo terrorista dirigido por José Pena, Severino Rodríguez y Federico Bascuñana.
Las 13 rosas fueron condenadas a muerte, pero no estaba prevista su ejecución hasta que el 29 de julio de 1939 un comando de su organización, las JSU, asesinó al comandante Isaac Gabaldón, a su hija Pilar de 16 años –hubiera cumplido 17 unos días después- y al chofer que conducía el vehículo, Luis Díaz Madrigal. La acción terrorista decidió a la autoridad judicial a la ejecución de las sentencias de muerte que se encontraban paralizadas. Entre las casi 70 sentencias se encontraban las de las 13 rosas.
Varias de ellas eran destacadas dirigentes y activistas del grupo terrorista en el que se habían convertido las JSU:
Ana López Gallego era la responsable de la rama femenina de las JSU. Recibía órdenes directamente de Manuel González Gutiérrez y había tenido una destacada participación en la organización del atentado frustrado que pretendían realizar durante el Desfile de la Victoria y que tenía como objetivo el asesinato de “la mayor cantidad de público asistente”, como declaró ante el juzgado la propia terrorista. Su cometido era el trasporte del explosivo, para ello se valía de jóvenes militantes de entre 15 y 17 años que por su edad, no levantaban sospechas.
Joaquina López Laffite fue la secretaria general del Comité Provincial de las JSU. Su casa se usaba para celebrar las reuniones de dicho comité y en ella se planificaron varios de los atentados que prepararon desde la organización juvenil comunista. Había organizado una red, en la que participaban varias de las 13 rosas, que preparaba a jóvenes comunistas para que intimaran con falangistas a los que sacaban información para señalar las víctimas de sus atentados.
Carmen Barrero Aguado era miembro del Comité Nacional de la organización y una de las personas de mayor responsabilidad en la toma de decisiones junto a Pena, Rodríguez y Bascuñana.
Pilar Bueno Ibáñez era la mano derecha de López Laffite en el Comité Provincial y el enlace de ésta con Barrero.
Dionisia Manzanero Salas era la responsable de mantener el contacto entre las diversas ramas del grupo terrorista y rendir cuentas ante Bascuñana, dirigente encargado de los comandos terroristas que perpetraban los atentados.
Ante estos datos sorprende que políticos, partidos y personalidades de diversos ámbitos sigan brindando homenajes a quienes se convirtieron en terroristas tras resultar derrotados en una guerra.
No solamente los actuales dirigentes de las Juventudes Comunistas, desde Podemos a representantes de Ciudadanos no tienen ningún empacho en mostrar su admiración por estas 13 mujeres condenadas a muerte, pero que callan sin ningún rubor ante los miles de asesinatos cometidos por ellas y sus asociados durante la Guerra Civil.
CONCLUSIÓN
La historia de Las 13 rosas ha sido convertida en un símbolo político que, más que buscar una comprensión honesta del pasado, persigue consolidar un relato moralmente simple y emocionalmente efectivo. Presentarlas exclusivamente como mártires de la libertad y la democracia implica ignorar el contexto de violencia, clandestinidad y reorganización terrorista en el que se desenvolvían las JSU tras la guerra, así como la implicación directa de varias de ellas en estructuras de acción armada.
Reconocer la complejidad histórica no equivale a justificar la dureza de las sentencias ni la brutalidad de la posguerra, pero sí exige abandonar los relatos maniqueos que convierten a determinados actores en iconos intocables. La memoria histórica, si aspira a ser realmente memoria y no propaganda, debería basarse en hechos contrastados y en una interpretación crítica del pasado, no en mitificaciones que omiten deliberadamente aspectos incómodos. Solo desde esa honestidad se puede aspirar a un debate histórico serio y a una comprensión más madura de nuestra historia reciente.
