UNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
Se ha dado el nombre de “Transición”, o más concretamente “Transición a la Democracia”, a la transformación política acaecida en España desde la muerte de Franco hasta la proclamación de la Constitución de 1978, de la que mañana se cumplen cuarenta años. Como queda explícito en el subtítulo de esta exposición, su objetivo es realizar una revisión crítica, pues aunque se haya acuñado para ella el adjetivo de “modélica”, si tenemos en cuenta la cita evangélica de que “por sus frutos los conoceréis” y puesto que los frutos fueron, entonces la Constitución de 1978, y ahora sus consecuencias, se hace imprescindible una revisión crítica buscando el origen de los graves problemas y las amenazas que se ciernen sobre España.
Vaya por delante, y ya desde ahora, que la Constitución vigente es la LEY y, por lo tanto, se cumple, se acata y se respeta.
Pero es evidente que ha generado graves problemas, cuyas consecuencias estamos viviendo. Y lo que es más grave, sin saber cuál será el desenlace. Es un axioma que para encontrar la solución a un problema —en mayor medida cuanto más grave es— se hace imprescindible el análisis de su génesis: cuándo, cómo y por qué ha surgido.
El fruto, la esencia de la Constitución de 1978, es el llamado “Estado de las Autonomías” o “Estado Autonómico”, que lleva camino de convertir a España en un Estado fallido: inviable en lo político, insostenible en lo económico y corrupto en lo moral. Evidenciado en lo político por lo que se denomina con el eufemismo de “tensiones territoriales”. En lo económico por la galopante deuda pública, cuyos intereses ahogarán la economía unida al despilfarro y corrupción administrativa de sus diecisiete taifas. Y en cuanto a la corrupción moral, uno de sus más claros exponentes lo representa la corrupción de menores impuesta en los planes educativos por la dictadura LGTBI.
Es cierto que se ha llegado a esta situación, tanto por el pecado original de la Transición, como por el hecho de que desde un principio se ha permitido el sistemático incumplimiento de la Constitución: preeminencia de las lenguas cooficiales sobre la lengua oficial con la inmersión lingüística en los planes de enseñanza; cesión de los planes de enseñanza a las Autonomías sin control de sus contenidos; permisividad ante el hecho de que las Autonomías se arroguen atribuciones que sólo corresponden al Estado, tal como las “embajadas” y actividades institucionales a nivel internacional con flagrante incumplimiento del Art. 149 de la Constitución. También se ha suplantado al Estado en otras muchas de las competencias exclusivas que le corresponden, además del hecho de que no se exija la presencia de la bandera de España en todos los ayuntamientos y organismos oficiales autonómicos.
Conviene recordar que quienes durante la Transición vaticinaban que el Estado de las Autonomías supondría a la postre la desmembración de España eran automáticamente calificados —descalificados— como “involucionistas”, “retrógrados”, “fascistas”, “nostálgicos” o “franquistas”… y a partir del 23F, además, “golpistas”.
Ahora, a la vista del “Procés” (proceso de descomposición de España con el cáncer localizado en Cataluña y Vascongadas, pero ya con metástasis en todo el cuerpo de la Nación), son precisamente los “padres”, “artífices” y “motores” del “cambio” quienes ponen el grito en el cielo contra este despropósito y salen en defensa de la unidad de España, sabedores de que la historia los hará responsables del desastre por haber demolido durante la Transición la España Una, Grande y Libre.
Se quiere presentar la Transición como la transformación del “oprobioso régimen de Franco” en un “régimen de libertades”: el paso de una dictadura a una democracia. Y así se está inculcando en la mente de los españoles, con especial éxito en aquellos que, por tener en la actualidad menos de cincuenta años, no conocieron el Régimen de Franco ni el proceso de su demolición. Conciencia que es difícil de tener cuando el proceso se ha vivido con menos de diez años.
Esta manipulación de la historia es lo que ahora se denomina “posverdad” y que, como muy acertadamente dice el coronel Pedro Baños en su reciente y exitoso libro Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial:
“Pensamos que somos libres, que podemos elegir de forma autónoma nuestro destino. (…) Con creciente sutileza los que deciden por nosotros nos imponen formas de vida, modelos sociales e ideologías de modo que quedamos sometidos a sus designios. Esto es más cierto que nunca hoy en día cuando se ha puesto de moda la palabra ‘posverdad’ para definir el contexto global de desinformación, aunque en realidad sería más acertado denominarlo ‘prementira’, ‘multimentira’ o ‘plurimentira’, pues lo que principalmente llega al público no es más que una gran falsedad disfrazada de verdad”.
Estas palabras reflejan, con asombrosa exactitud, la posverdad —mentira de dimensiones oceánicas— de que la Transición fue el paso de una dictadura a una democracia. Vamos a verlo.
La Constitución de 1966: la Democracia Orgánica de Franco refrendada por el pueblo español el 14 de diciembre de 1966
Democracia es, etimológicamente, “el gobierno del pueblo”, que en la realidad de la política se traduce en “la intervención del pueblo en el Gobierno”. Y como se hace evidente que todo el pueblo no puede intervenir simultáneamente en su gobierno, debe hacerlo a través de quienes ha elegido para representarlo.
Ahora bien, esa representación del pueblo puede tener lugar de dos maneras:
- a través de unos elementos artificiales como son los partidos políticos, y tendremos una democracia liberal o “partitocracia”;
- o a través de los órganos naturales de convivencia: familia, municipio y sindicato, y entonces estaremos ante una democracia orgánica.
La posverdad —la gran mentira, volviendo a las certeras palabras de Pedro Baños— ha impuesto la idea “global” de que no puede haber otra democracia que la liberal; que la representación popular tiene que ser exclusivamente a través de los partidos políticos.
¿Cuál es la razón de este sofisma? Pues que quienes quieren decidir por nosotros tienen mucho más fácil manipularnos mediante los partidos políticos que actuando sobre los órganos naturales de convivencia, es decir, sobre las estructuras básicas de las sociedades humanas.
Pensemos por un momento en la democracia que impera en una comunidad de vecinos, en una cooperativa o en una sociedad cultural, en que sus miembros pueden elegir —o ser elegidos— para ordenar la convivencia y alcanzar los fines propuestos. Esta elección se basa en considerar quiénes son los más idóneos para ello.
Pero si esta “democracia orgánica” la suprimimos, haciendo recaer la representación en partidos políticos —es decir, estableciendo una democracia liberal o inorgánica—, en poco tiempo el interés general será sustituido por el interés partidista, fomentando las banderías. Especialmente cuando esos partidos políticos son enemigos irreconciliables, como sucede en España.
Nada tiene de extraño que el NOM (nuevo orden mundial) se haya arrogado el derecho a extender los títulos democráticos para su impostada “democracia universal” y tuviera tanto empeño en hacer desaparecer de España, a la muerte de Franco, la democracia orgánica de una nación que proclamaba su triple vocación de ser Una, Grande y Libre. Conseguido el objetivo en la Transición, se trata ahora por todos los medios de evitar que resucite.
Con el mismo ahínco que la posverdad quiere establecer que solamente la Transición trajo la democracia a España, está empeñada ahora en satanizar al régimen de Franco, calificándolo de “dictadura”. Por tal motivo se hace también preciso un somero análisis de la figura de Franco y de sus circunstancias históricas.
FRANCO “CAUDILLO”
Para juzgarlo en justicia hay que tener en cuenta que el origen del Régimen tuvo lugar en un momento histórico excepcional, cuando media España no se resignaba a morir en manos de la otra media formada por los internacionalistas (PSOE y PC), que propugnaban —ya desde 1917 el PSOE y desde 1921 el PCE— una revolución calcada de la bolchevique, junto a los separatistas (que por su propia naturaleza son la anti-España) y también con las fuerzas anarquistas, el fermento destructor de la sociedad.
Constituyendo entre todas esas fuerzas el llamado “Frente Popular” o conjunción rojoseparatista, que así fue llamada, con notable propiedad, por sus oponentes. Un Frente Popular actualmente reeditado con algún pequeño matiz diferenciador —más en lo semántico que en la esencia— como es la sustitución del término “anarquista” por el eufemismo de “antisistema”.
Franco no se sublevó contra la República con la intención de proclamarse “Caudillo” por la fuerza de las armas mediante un golpe de Estado. Tampoco conspiró contra la República. Por el contrario, se mantuvo leal a ella, prestándole inestimables servicios cuando fue encargado por el Gobierno republicano de dirigir las operaciones encaminadas a sofocar la revolución de octubre: insurrección armada del PSOE y de la Generalidad de Cataluña contra la “república burguesa”, según las propias palabras de los insurrectos.
Libro editado por la República, donde con profusión de datos y documentación gráfica, se acredita que la insurrección armada pretendió acabar con la legalidad.
Franco no se une al Alzamiento hasta el último momento, cuando en 1936 se hace evidente que la República ha desaparecido, suplantada su legalidad por el Frente Popular, y que la anarquía del imparable proceso revolucionario conduce a repetir la insurrección armada del PSOE que Franco había sofocado en 1934. La publicación “al servicio de la República” lo acredita sobradamente.
Fracasado el Alzamiento Nacional (alzamiento cívico-militar de la media España que no se resignaba a morir), el enfrentamiento toma ya claramente el carácter de guerra civil. Cuando el 1º de octubre de 1936 se reúnen los generales alzados en armas contra el desgobierno del Frente Popular —que no contra la República— en un barracón del aeródromo de Salamanca para determinar cómo habría de conducirse la guerra, el general Cabanellas, el más antiguo de todos los presentes, expone: “hay dos maneras de hacerlo; con un mando único o con un mando colegiado”. A lo que el general Kindelán responde: “Efectivamente, la guerra se puede dirigir de dos maneras, con un mando único o con un mando colegiado; con la primera se gana. Con la segunda se pierde”.
A quienes conocen el espíritu castrense no se les oculta cuál era el motivo de la propuesta del general Cabanellas: asumir el mando como le correspondía por ser el más antiguo, pero diluyendo su responsabilidad en un “órgano colegiado”.
Afortunadamente, en situación tan dramática, prevaleció la opinión de Kindelán y solamente Franco fue capaz de cargar sobre sus hombros la inmensa responsabilidad que suponía asumir en solitario la dirección de la contienda. Así pues, la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado no fue por “votación” o “referéndum” entre todos los españoles de ambos bandos —algo imposible en una situación de guerra declarada— pero tampoco accedió a la Jefatura del Estado por propia iniciativa ni tras dar un golpe de Estado, como quieren hacer ver ahora sus enemigos.
Su jefatura se asemejó a la vieja forma histórica del caudillaje, en la que los soldados alzaban sobre el pavés a un jefe o capitán, nombrándolo por aclamación como el caudillo en quien todos confiaban para conducirles a la victoria. Como así fue el caso. Y no se debe olvidar que una de las causas de la derrota en el bando republicano o rojo fue precisamente la ausencia de ese mando único.
Decir finalmente que esa designación de “caudillo” no deja de ser una fórmula absolutamente democrática en el contexto de un grupo humano que se encuentra en trance de vida o muerte.
DE “CAUDILLO” A “DICTADOR”
En los últimos meses de la contienda, todos eran conscientes de que era inminente una nueva guerra en Europa. El bando rojo (fundamentalmente los comunistas) quería prolongar la guerra de España con la esperanza de unir su suerte al desenlace que tuviera la nueva contienda europea, sabedores de que su guerra en España ya estaba sentenciada a la derrota. Por el contrario, Franco —y por iguales motivos— pretendía concluir la Cruzada antes de que estallara la guerra en Europa.
Finalizada la guerra en España con la victoria el 1 de abril de 1939, el 1 de septiembre, cuatro meses después, se inició la que sería la Segunda Guerra Mundial, que para muchos españoles y ciudadanos de otros países no era otra cosa que una nueva cruzada —esta vez europea— contra el comunismo.
Teniendo en cuenta esta nueva circunstancia, se puede decir que la guerra de España no había concluido, pues las fuerzas y las ideas enfrentadas en sus tierras continuaban el enfrentamiento en los campos de Europa. A esto debe añadirse que España había quedado devastada tras los tres años de guerra; que era un país pobre y atrasado, con enemigos irreconciliables en su seno fruto de los enfrentamientos del siglo XIX, especialmente las guerras carlistas.
A esto se unía el atraso multisecular, las irritantes desigualdades sociales y la miseria extrema en que vivían extensas capas sociales. Por otra parte, tanto los enfrentamientos civiles como el atraso multisecular eran en buena parte responsabilidad de la dinastía destronada.
En tales condiciones no era prudente, ni siquiera posible, volver al régimen monárquico. Y en cuanto al republicano, lo era todavía menos, pues sus yerros y su incapacidad para encauzar la convivencia de los españoles y embridar su autodestructora tendencia anarquizante habían sido la causa de la guerra recién concluida.
Era preciso, pues, dedicar unos años a reconstruir la nación devastada y superar el atraso: en primer lugar había que reparar lo destruido y, a continuación, iniciar una imprescindible e ingente obra: embalses para remediar la sequía endémica, fuentes de energía, tejido industrial, vías de comunicación, elevación del nivel cultural de la población erradicando el analfabetismo, red de hospitales y sanidad pública, construcción de millones de viviendas, desarrollo agrícola y ganadero (Servicio Nacional del Trigo), restaurar el orden público acabando con el bandolerismo resurgido y una interminable relación de mejoras sociales.
Y para hacer realidad tan ingente como imprescindible obra, al igual que había sucedido para ganar la guerra, era imprescindible un “mando único”, ya que, al fin y al cabo, esta nueva guerra contra el atraso y la destrucción no era más fácil de ganar ni podía ser más corta que el enfrentamiento bélico.
Y en estas circunstancias tiene lugar el fin de la Segunda Guerra Mundial y el cerco internacional, lo que no era otra cosa que la continuación de la beligerancia contra España de quienes habían sido derrotados en su suelo. En estas condiciones era imposible volver a la “normalidad democrática”. Lo que procedía era continuar con la ingente tarea iniciada para alcanzar los objetivos propuestos y llegar a una situación socioeconómica que la hiciera posible.
Finalmente, decir que el Régimen de Franco no puede ser calificado de “dictadura” sino de “autoritario” o “régimen de autoridad” (a pesar de que sus enemigos hayan conseguido imponer ese término), y lo fue hasta el referéndum de 1966, en que pasa a ser una democracia orgánica.
Conviene recordar el escándalo formado por la “oposición de izquierdas” cuando Aleksandr Solzhenitsyn, en su visita a España, dijo que quienes denominaban dictadura al régimen estaba claro que no sabían lo que era una dictadura ni habían vivido en ninguna. Su opinión tenía el mayor valor por haber vivido en la URSS y posteriormente exiliado en diversos países democráticos de Europa y en EE. UU., conociendo, por propia experiencia, tanto lo que eran las democracias como las dictaduras.
No debemos olvidar tampoco que la Real Academia de la Historia definió al régimen de Franco como “autoritario” pero no como dictadura. Pero, a pesar de estas evidencias, el griterío de las ratas “progresistas” unido al cacareo de las gallinas “maricomplejines” (en el otro extremo del arco ideológico) obligó a la Real Academia a la bochornosa decisión de plegarse a las exigencias de la izquierda, definiendo finalmente al Régimen de Franco como “dictadura”.
Que el Régimen de Franco no fue una dictadura es algo objetivamente cierto, pues siempre estuvieron reconocidas y tuteladas las libertades individuales —la verdadera libertad humana—, aunque estuvieran restringidas algunas libertades colectivas.
Por ejemplo, la separación de poderes era en la práctica mucho más real que en la actual democracia y, como para muestra un botón, citar la independencia judicial. Por otro lado, las libertades no solo deben ser reconocidas por un régimen político, también deben ser tuteladas. Y en este sentido lo eran mucho más eficazmente en el Régimen de Franco que en la actual democracia.
De poco sirve proclamar la “inviolabilidad del domicilio” o el “derecho a la propiedad privada” si a la postre se producen con frecuencia asaltos y robos que no pocas veces quedan impunes, y los ciudadanos tienen que blindar sus viviendas y negocios con toda suerte de medios de protección y seguridad privada.
Y para concluir esta reflexión sobre que una cosa es proclamar las libertades y otra garantizarlas, decir que a la muerte de Franco la población reclusa ascendía a 8.440 personas (incluyendo lo que el antifranquismo designa como “presos políticos por delitos de opinión”, que no dejaban de ser personas que habían vulnerado las leyes), mientras que, según datos del INE en diciembre de 2016, la población reclusa ascendía a 59.970 personas (80.000 actualmente).
Si tenemos en cuenta el número de delitos que quedan impunes y el hecho de que en las condenas de menos de dos años, si el delincuente no tiene antecedentes no entra en prisión, podemos pensar que el número de personas privadas de libertad podría superar las 100.000. Pero, en cualquier caso, la población privada de libertad es al menos siete veces mayor en “democracia” que en la “dictadura”, lo cual no deja de ser una paradoja para un “régimen de libertades”.
En cuanto a la ingente obra social de Franco, queda en evidencia en el reciente libro del historiador Francisco Torres García Franco socialista: la revolución silenciada 1936-1975.
UNA “REFORMA” QUE FUE RUPTURA
A la muerte de Francisco Franco era evidente que el “Régimen” tenía que evolucionar. ¿Quién lo duda? Surgido en unas circunstancias excepcionales el 18 de julio de 1936, su trayectoria histórica fue una permanente evolución, adaptándose a las cambiantes situaciones de la política nacional, íntimamente ligada, como es lógico, a la internacional. Y si esto es una realidad evidente, ¿cómo no admitir que a la muerte de Franco el régimen político por él creado debía evolucionar?
Así era entendido por los españoles. Y hay múltiples testimonios de que también lo preveía y deseaba el propio Franco, pues como lo recoge Pilar Urbano en su libro La gran desmemoria (pág. 190), pone al príncipe Juan Carlos en contacto con Suárez tras esta reveladora conversación:
—Y usted, Suárez, ¿qué piensa que pasará a la muerte de Franco?
—Sinceramente, excelencia, yo no creo que el franquismo sobreviva sin Franco.
—Cuando usted dice “el franquismo”, ¿está queriendo decir el Régimen?
—Sí, claro. Yo, al régimen de Franco, sin Franco, no le veo futuro.
—Pues tendrán que ir preparándose ustedes para hacer ese futuro… sin Franco.
El actualmente Rey emérito ha referido en más de una ocasión que alguna vez le preguntó a Franco: “Mi general, ¿cómo deberé actuar cuando sea yo el Jefe del Estado?”, a lo que Franco le había respondido: “Mis consejos no pueden serle de utilidad, Alteza, porque la situación de España y el entorno internacional en que tendrá que ejercer su función es completamente distinta a la que yo encontré”.
Sin embargo, es preciso decir que durante la dilatada etapa que discurre entre el 1 de abril de 1939 y el 20 de noviembre de 1975 —treinta y seis años con momentos terriblemente difíciles por las amenazas internacionales de diverso signo— el Régimen evolucionó de forma permanente, capeando el temporal y adaptándose a las circunstancias, pero siempre se mantuvo fiel a su esencia, que era la firme voluntad de que España fuera Una, Grande y Libre, como rezaba la leyenda de su escudo:
- Una: unidad entre las tierras y los hombres de España.
- Grande: orgullosa de la grandeza de su historia y de su vocación universal.
- Libre: soberana, en cuanto a que su devenir político debía ser trazado por la voluntad de los españoles, sin imposiciones foráneas ni más compromisos que aquellos que respondieran a los intereses nacionales.
Como más adelante veremos, esa prevista y deseada voluntad de Franco de que su régimen evolucionara bajo la jefatura del Rey se malogró, pues lo que debió ser reforma se convirtió en ruptura.
SE REFORMA LO QUE SE QUIERE CONSERVAR
Esto es un axioma y como tal una evidencia que no necesita ser demostrada. Pero no obstante, veamos la definición del diccionario de la RAE: reformar, volver a formar, rehacer. Y la segunda acepción: modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Lo contrario, pues, sería demoler, deshacer, derribar, arruinar.
A contrario sensu, ruptura es la acción o efecto de romper. Y la decimotercera acepción de romper es “quebrantar la observancia de una ley, precepto, contrato u otra obligación”.
Parece que no es necesario insistir en que la reforma de un edificio, de una ley o de un sistema político consiste en mantenerlo tras hacerle las mejoras o cambios que se requieran para adaptarlo a nuevas situaciones o necesidades.
Por poner un ejemplo cercano, el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela es un soberbio edificio que, por su valor histórico, artístico y arquitectónico, ha merecido ser conservado. Aunque, obviamente, a lo largo de los siglos ha necesitado de sucesivas reformas para adecuarlo a nuevas necesidades propiciadas por el paso del tiempo. Así ha sido dotado de agua corriente, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, ascensores, nuevas cubiertas, renovada la carpintería, dotado de instalación y elementos propios de la era digital, etc. Y en adelante precisará sin duda de nuevas reformas.
Pero solo a un malvado, un inepto o un demente se le hubiera ocurrido demolerlo y remover sus cimientos para edificar en su lugar un “truño” como la Ciudad de la Cultura.
Pues bien, la Constitución de 1966, que recogía y compendiaba la obra legislativa del Régimen de Franco, necesitaba ser reformada, y así lo asumía el propio Franco y lo entendía el pueblo español cuando votó a favor de una ley “para la reforma política”, sin recelar de que a sus espaldas se había pactado la “ruptura”, es decir, la demolición desde sus cimientos de un régimen que había traído la paz y la prosperidad a España, redimiéndola de un atraso multisecular con superación de los odios, rencores y banderías, que son históricamente los demonios familiares del pueblo español.
Pero es que, además, tras esa primera fase de la Transición que consistió en demoler la obra de Franco mediante una ruptura, se ha iniciado una segunda fase con la promulgación de la Ley 52/2007 “de la revancha histórica”, mediante la cual, tras haber demolido el edificio desde sus cimientos, se pretende ahora cubrir de estiércol el solar para hacer desaparecer todo vestigio que pudiera recordar el pasado esplendor… y añorarlo. Culminada la infamia, se pretende también profanar la tumba de quien hizo la ingente obra de levantar una España nueva.
Finalizaremos esta disquisición entre lo que significa una reforma y una ruptura con la opinión de una persona autorizada, Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales una veintena de artículos del Estatuto de Cataluña y quien, en una reciente entrevista, al ser preguntado sobre una posible reforma constitucional, dijo:
“La reforma de una Constitución es un procedimiento normal, siempre que se parta de un presupuesto: se reforma una Constitución para mantenerla, no para destruirla”.
“Se reforma para actualizar, para revitalizar, no para destruir”.
Con todo lo dicho queda claro que cuando se sometió a votación la Ley para la Reforma Política se estaba cometiendo un fraude, una estafa, pues se ocultó a los españoles que no se pretendía mantener, actualizar y revitalizar la Constitución de 1966 adaptándola a la nueva situación creada a la muerte de Franco, sino que se pretendía destruirla.
Todo ello resulta tan obvio que debe constituir un grave cargo histórico contra quienes perpetraron ese engaño al pueblo español. Y, a mayor abundamiento de la estafa cometida, al utilizar la ley para la reforma política como instrumento para demoler desde sus cimientos el Régimen, decir que las Cortes salidas de las elecciones de junio de 1977 se convirtieron en constituyentes contraviniendo la ley para la reforma política.
Si ponemos en concordancia el artículo 248.1 del Código Penal, que define los elementos conformadores del delito de estafa, y la Ley 34/1988 de 11 de noviembre (Ley General de Publicidad), que en su artículo 3 recoge la publicidad engañosa y en el artículo 4 la publicidad subliminal, veremos que hay una cierta similitud en el proceso mediante el cual se logró que el pueblo español aprobara la Ley para la Reforma Política ocultándole que se iba a proceder a una ruptura.
Vemos que en este engaño se dan los tres primeros y más esenciales elementos del delito de estafa: engaño precedente o concurrente, engaño bastante y error en el sujeto pasivo. Y aunque falten otros elementos como el perjuicio patrimonial directo o el ánimo de lucro, también pueden apreciarse por analogía.
El perjuicio patrimonial puede verse reflejado en el descalabro económico de las cuentas públicas, con el desorbitado endeudamiento consecuencia en gran medida del Estado autonómico. Y en cuanto al ánimo de lucro, puede vincularse con la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la clase política, que lesiona los intereses del sujeto pasivo: el pueblo español.
Por otra parte, si acudimos a la teoría del Derecho Constitucional, vemos que una Constitución tiene una estructura formal y una estructura material. La estructura formal se basa en cuatro principios:
- Justificación del propio poder constituyente originario
- Soberanía nacional
- Poderes constituidos
- Enumeración de derechos fundamentales
Y en base a lo expuesto, la Constitución de 1978 presenta un fallo esencial en el primer punto: la justificación del poder constituyente originario, al tener un vicio de origen derivado de una votación basada en una ley presentada como reforma que ocultaba una ruptura.
Recientemente estamos asistiendo a resoluciones judiciales que dan la razón a clientes que se consideran estafados por la mala praxis bancaria. Aunque firmaron los contratos, lo hicieron confiando en la información recibida, sin conocer cláusulas que, de haber sido explicadas con claridad, nunca habrían aceptado.
Exactamente igual puede decirse de quienes votaron de buena fe la Ley para la Reforma Política, sin saber que implicaba una ruptura total con el régimen anterior.
Y de igual forma que la justicia ha invalidado contratos abusivos, por analogía, el derecho constitucional debería cuestionar ese proceso.
El problema reside en que, tras décadas de adoctrinamiento, sería necesario instruir previamente al cuerpo electoral antes de cualquier nueva reforma.
Decir finalmente que muchas de las maniobras utilizadas para lograr el respaldo del pueblo español están recogidas en el libro Lo que el Rey me ha pedido de Torcuato Fernández-Miranda. Entre ellas, la reducción de la edad de voto de 21 a 18 años, significativa por el peso demográfico de esa franja y su mayor permeabilidad a la propaganda.
Es de resaltar que el separatismo catalán ha utilizado técnicas similares, incluyendo propuestas de reducir la edad de voto a 16 años.
En relación con esta estrategia, si se redujera aún más la edad y se acompañara de propaganda adecuada, se podrían aprobar decisiones absurdas en referéndum, lo que ilustra el poder de la manipulación sobre la voluntad popular.
LA RUPTURA NEGOCIADA
Se considera ya suficientemente demostrado que la Transición no fue la reforma del Régimen surgido del 18 de julio de 1936, como lo indicaba el propio nombre de la ley que la facultaba, sino una ruptura.
La estafa al pueblo español queda evidenciada en el desarrollo del tema 7: Transición y consolidación democráticas, 1975-1982 del profesor de la UNED Abdón Mateos López, quien en el epígrafe 1 plantea el dilema reforma o ruptura y en el epígrafe 2 califica la transformación política del Estado tras la muerte de Franco como “ruptura negociada”, donde se refleja de forma explícita que la “Transición” fue una ruptura. Esto contravenía la Ley para la Reforma Política, que facultaba para adaptar el Régimen de Franco a la nueva situación creada tras su muerte y el acceso del Rey al trono, pero no para demolerlo desde sus cimientos.
Dándose además la circunstancia de que el Rey había jurado solemnemente fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del Reino que conformaban el cuerpo legal que se pretendía reformar. Y en cuanto a que esa ruptura fue negociada, bien se puede decir que lo fue a espaldas del pueblo español, quien había aprobado una reforma. Y como ya se ha dicho, se reforma lo que se quiere conservar.
En diciembre de 1976 se consulta a la nación para que se pronuncie sobre la Ley de la Reforma Política. La “oposición democrática”, los antifranquistas o enemigos del Régimen, propugnaron la abstención (puesto que votar “no” a la reforma era tanto como posicionarse a favor de la permanencia de un régimen que pretendían destruir) y por lo tanto de la continuidad del Régimen.
Votó el 78% del censo electoral y la abstención fue del 22%, donde deben computarse no solamente los opositores al Régimen, sino también quienes por diversas razones no pudieron o no quisieron votar. De los votos emitidos, el 94% fue “sí” y el 6% “no”, con lo que estaba claro que la gran mayoría del pueblo español quería una reforma, pero no la ruptura que propugnaban las fuerzas políticas encuadradas en lo que se llamó la “Platajunta”.
Este triunfo electoral de los partidarios de la reforma fue utilizado arteramente por el Gobierno para desmantelar el “franquismo”, materializando la ruptura y cerrando el paso, con los instrumentos del poder, a la opción reformista de Fraga.
Para torcer la voluntad del pueblo español, trocando en ruptura su deseo de reforma manifestado en las urnas, no se escatimaron medios. Tanto por parte del Gobierno como de la autodenominada “oposición democrática”, es decir, de las fuerzas políticas que tenían por objetivo la destrucción del Régimen.
Para ello crearon la denominada “Junta Democrática” y la “Plataforma de Convergencia Democrática”, que pronto unieron sus fuerzas para lograr el objetivo común, unión que los medios denominaron “Platajunta”. Paralelamente, los sindicatos UGT, USO y CC.OO crearon la “Coordinadora de Organizaciones Sindicales”.
En la Platajunta se unieron socialistas, comunistas, anarquistas, democristianos y hasta el partido carlista. Estos grupos eran numéricamente irrelevantes frente a la mayoría del pueblo español que conformaba lo que se ha denominado “franquismo sociológico”.
Esta oposición era fundamentalmente republicana y federal, pretendiendo una ruptura. Por el contrario, Manuel Fraga había fundado en 1976 Alianza Popular, defendiendo un continuismo político que, sin romper con el pasado, diera paso a una reforma democrática con limitaciones.
La Corona, por su parte, quería la ruptura como la izquierda, pero con acatamiento a la monarquía.
En esta operación de acoso y derribo al Régimen intervino el Gobierno utilizando los medios audiovisuales bajo su control y presionando a la prensa que defendía la reforma. Se favoreció a medios alineados con la ruptura y se marginó económicamente a otros, privándolos de publicidad y distribución.
Paralelamente, se difundieron mensajes que atribuían el terrorismo de ETA a la “represión franquista”, sugiriendo que desaparecería con la democracia, o que la conflictividad laboral disminuiría con el nuevo sistema, argumentos que no se correspondieron con la evolución posterior.
En cuanto a la actividad de ETA, lejos de disminuir, aumentó conforme se acercaba el fin del Régimen. La conflictividad laboral también se incrementó notablemente en esos años.
El referéndum de la Constitución de 1978 tuvo una participación del 67%, con un 87% de votos favorables. Esto supone que fue aprobada por el 58,29% del censo electoral.
Este dato contrasta con la afirmación habitual de que fue respaldada por una “inmensa mayoría” de los españoles.
En las Vascongadas, la participación fue del 45% y el apoyo efectivo al texto constitucional se situó en torno al 30% del censo, circunstancia que ha sido utilizada posteriormente para cuestionar su legitimidad en ese territorio.
Algunas propuestas posteriores de reforma constitucional han planteado cuestiones como el derecho de autodeterminación o la forma de Estado, lo que refleja que el debate sobre el modelo territorial y político sigue abierto.
TRES SOLEMNES JURAMENTOS
Juramento a la Bandera de Juan Carlos de Borbón y Borbón
Caballero cadete en la Academia General Militar de Zaragoza:
¡¡¡Cadetes!!!
¿Juráis a Dios y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar siempre a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y derramar, si es preciso, en defensa del honor y de la independencia de la Patria y del orden dentro de ella hasta la última gota de vuestra sangre?
El “orden dentro de ella” era el ordenamiento institucional representado por los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino.
Juramento como sucesor a título de Rey (1969)
“Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor, a título de Rey, lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.
Recibo del Jefe del Estado la legitimidad surgida el 18 de julio de 1936.
Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar”.
Juramento como Rey de España (1975)
—Señor: ¿Juráis por Dios, y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional?
—Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional.
—Si así lo hacéis, que Dios os lo premie. Y si no, os lo demande.
TRES LIBROS ESENCIALES
Entre la infinidad de libros que se han escrito sobre la Transición y sobre los hechos de índole política que la precedieron, hay tres esenciales: D. Juan de Luis María Ansón, Lo que el Rey me ha pedido de Torcuato Fernández-Miranda y La gran desmemoria de Pilar Urbano.
Los dos primeros, por ser “confesión de parte” y, como se dice en términos jurídicos, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Y en cuanto al libro de Pilar Urbano, dada su amplia bibliografía y el conocimiento que tiene de los hechos, por sus conversaciones y entrevistas personales con protagonistas de toda solvencia, constituye una buena síntesis de la bibliografía consultada.
El conocimiento de estos tres libros es esencial para entender la evolución política de España y la encrucijada histórica en la que actualmente se halla.
Por ello procede hacer una pequeña reseña citándolos en orden cronológico.
D. JUAN
Es en esencia la pugna entre el príncipe D. Juan de Borbón tratando de reinar en España y Franco “dándole largas” con el designio de que fuera su hijo Juan Carlos quien ciñera la Corona cuando se cumplieran las previsiones sucesorias.
Este deseo de Franco estaba motivado por su intención de instaurar una nueva monarquía que encarnara los Principios del Movimiento Nacional, mientras que D. Juan pretendía restaurar la Corona anterior.
La tesis del libro sostiene que finalmente, tras la muerte de Franco, se restaura la monarquía borbónica y se desmantela la obra política del régimen anterior.
Se citan episodios y testimonios que ilustran las tensiones y estrategias en torno a la cuestión sucesoria, así como las relaciones entre distintos protagonistas del momento.
LO QUE EL REY ME HA PEDIDO
Obra atribuida a Torcuato Fernández-Miranda, en la que se describe el proceso político que condujo a la transformación del sistema tras la muerte de Franco.
El libro presenta un relato detallado de las decisiones, estrategias y dinámicas internas del poder durante la Transición, destacando el papel de sus protagonistas y la complejidad del momento histórico.
Se expone la idea de que la transformación política fue resultado de un proceso cuidadosamente diseñado, en el que intervinieron múltiples factores y actores.
LA GRAN DESMEMORIA
En este libro se sintetizan numerosos elementos procedentes de diferentes estudios y testimonios sobre la Transición.
Se abordan aspectos políticos, personales e institucionales, así como las relaciones entre los protagonistas del periodo.
La obra aporta una visión global del contexto histórico y de los acontecimientos que marcaron la evolución política de España en esos años.
DESDE EL CORAZÓN DEL CESID
El interés de esta obra reside en el análisis del papel de los servicios de inteligencia en el contexto político de la Transición.
Se describe cómo determinados organismos influyeron en la configuración del panorama político, así como en la evolución de distintas fuerzas y proyectos.
También se reflexiona sobre la relación entre estructuras del Estado y procesos políticos en momentos de cambio.
LA TRANSICIÓN: UNA SÍNTESIS COMO EPÍLOGO
A la muerte de Franco, el régimen político existente debía evolucionar. Habían cambiado las circunstancias nacionales e internacionales, así como la realidad social y económica del país.
Durante décadas, el sistema había experimentado adaptaciones progresivas, manteniendo ciertos principios básicos mientras se ajustaba a nuevas situaciones.
Desde el propio sistema se preparó el proceso de transformación política.
Se planteaban dos posibles vías:
- Reforma: evolución del sistema manteniendo su estructura esencial.
- Ruptura: sustitución completa del modelo político existente.
El proceso que finalmente tuvo lugar es objeto de debate e interpretación, especialmente en relación con su naturaleza y desarrollo.
El modelo resultante fue una monarquía parlamentaria con un sistema democrático representativo.
CONSIDERACIONES FINALES
La historia de los pueblos ofrece enseñanzas que pueden servir para comprender el presente y orientar el futuro.
Los procesos políticos complejos suelen implicar tensiones, decisiones difíciles y consecuencias a largo plazo.
El análisis de estos procesos requiere una visión amplia, crítica y basada en el conocimiento de los hechos.
Las comparaciones históricas, aunque deben manejarse con cautela, pueden aportar perspectivas útiles sobre dinámicas recurrentes.
En todo caso, el estudio de la historia política de España en el siglo XX resulta fundamental para entender su situación actual y los debates presentes.
