«Los problemas que se presentan en el campo español han de ser motivo de especial estudio por el nuevo Estado, y de legislación adecuada para resolverlos de una manera integral, que ordenando sin interferencias y como mejor convenga al interés nacional, cuantos factores intervienen en la producción y comercio de los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos del suelo patrio, revalore y transforme de hecho la economía rural española».[1]
Una vez fracasado el Alzamiento del 18 de julio de 1936 y comenzada la Guerra Civil, una de las cuestiones que más preocupaba, no solo a la población española sino también a las potencias extranjeras, consistía en saber cuál sería el programa económico que adoptaría el llamado bando Nacional en el caso de lograr la victoria. Para algunos, monárquicos alfonsinos, conservadores de la CEDA y similares, se debería volver a una economía tradicional de mercado, similar a la que había funcionado, sin apenas cambios, durante la Restauración.
«En esta última etapa de la vida del mundo, la inhibición, que el sistema liberal ha asentado y que el capitalismo y el materialismo han hábilmente explotado, fue causa de que a los progresos técnicos y materiales que el mundo ha tenido no les hayan seguido los progresos morales, que nos hubieran llevado a una más justa y equitativa distribución de la riqueza. Se multiplican los bienes, se multiplican los hombres, y éstos cada vez más miserables. Si podemos decir que al gran siglo liberal le debemos en gran escala la multiplicación de los bienes, podemos también, en justicia, achacarle la multiplicación de las miserias».[2]
Los carlistas no tenían un programa económico demasiado definido, si bien su concepción tradicional y tradicionalista del mundo y de la vida no hacía deparar grandes sorpresas en este campo; lo más probable es que aceptaran volver a la situación anterior a la II República, quizá con algunas medidas extraordinarias de protección para los pequeños propietarios rurales.
En la Falange, desde su fundación el 29 de octubre de 1933, hablan de un Nuevo Estado nacido de la revolución nacional sindicalista, si bien tras el Decreto de Unificación[3] y sobre todo tras el final de la Guerra Civil queda claro que no se pondrá en práctica apenas nada de su programa económico y los falangistas pasarán a hablar desde ese momento de revolución pendiente. La Falange se convertirá, junto con los carlistas, en poco más que el atrezzo decorativo del régimen, conservando algunas parcelas de poder en los llamados ministerios sociales –Agricultura, Vivienda, Movimiento- pero lejos de poder imponer su revolucionario programa económico y social.
«Entre los sublevados existían profundas diferencias, al menos en teoría, en relación con la cuestión agraria y con la solución que, durante la Segunda República, se había dado al problema del desigual reparto de la propiedad de la tierra. La presencia de las JONS y de Falange Española en el bloque nacional fue, sin duda, el elemento fundamental que contribuyó a sostener la idea de que el Nuevo Estado llevaría a cabo una reforma agraria, incluso más radical que la propugnada por la República. Se podrían reproducir, pues hay decenas de ejemplos, frases y discursos de destacados falangistas y jonsistas en defensa de una reforma agraria. Considero suficiente con recordar los discursos del propio José Antonio frente al Parlamento en 1935, el propio programa de Falange o la promesa de expropiar a los terratenientes realizada por Ramiro Ledesma Ramos». (Barciela López, 1986, p. 355).
Por lo tanto, el nuevo Estado surgido de la Guerra Civil afrontará una radical reforma del campo pero muy alejada de la que planteaba José Antonio:
«Todo depende de vosotros, labradores. De que sacudáis de una vez vuestra fe en políticos, en charlatanes y en panaceas llegadas del Parlamento de Madrid. F.E. de las J.O.N.S., que es la que os dirige estas palabras, no pide votos ni ofrece milagros: os conmina a que os unáis en sindicatos fuertes, defensores directos de vuestros intereses, sin la mediación de los políticos. Formad sindicatos fuertes que reclamen la revolución agraria que hará la Falange, sin contemplaciones, cuando gobierne. Levantar la vida del campo es levantar la vida de España. Nuestra patria espera el instante de un gran resurgimiento campesino, que será la señal de su nueva grandeza. El campo libre y rico nos deparará una España unida, grande y libre. ¡Arriba España!».[4]
Es preciso además tener en cuenta la importancia de la producción agrícola para abastecer de alimento a la población en caso de guerra, más aún en una economía autárquica como la llevada a cabo durante los primeros años del franquismo; posguerra, aislamiento exterior y autarquía hacen de la agricultura una cuestión fundamental vinculada incluso a la defensa de la nación. Con esta intención se aprueba la Ley de 5 de noviembre de 1940 por la que se declara de interés y de utilidad nacional la realización de las labores agrícolas y trabajos complementarios para las siembras de otoño y primavera, así como las de barbechera[5]. Gracias a esta Ley, los campesinos disponen de créditos al 3’5 % de interés, y aún se conceden créditos y ayudas directas en mejores condiciones ante situaciones puntuales debidas casi siempre a catástrofes atmosféricas, como las que motivan el Decreto Ley de 8 de marzo de 1946 por el que se conceden, con carácter extraordinario, préstamos por mediación del Servicio Nacional de Crédito Agrícola a los agricultores cuyos naranjales y limonares se hallen situados en las zonas afectadas por las últimas heladas, en cuantía máxima de 500 pesetas por hanegada y hasta el límite de 30.000 pesetas[6].
«Frente a la eventualidad de una guerra, la potencialidad agraria (agrícola y ganadera) es factor de primerísimo orden: además de suministrar materias primas a la industria, es la fuente esencial de la alimentación, que tanto en paz como en guerra supone la satisfacción de la más inmediata e inaplazable de las necesidades humanas.». (Castrillo Mazeres, 1964, p. 63).
En el mundo campesino del franquismo, un espacio que intenta ocupar ideológicamente la Falange, se intenta dar continuidad al pensamiento de algunos movimientos sindicales y agrarios vinculados al conservadurismo y al catolicismo social, que tuvieron un auge importante durante el Directorio y los primeros tiempos de la II República, uno de cuyos principales defensores, impulsores y teóricos es el profesor Severino Aznar Embid[7]. Es importante destacar en este ámbito como predecesora a la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA, 1916-1942), continuadora a su vez de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, nacida en 1906.
«En definitiva, se trata de llegar hasta la raíz en el estudio, con propuestas de soluciones, definitivas y meditadamente revolucionarias (aplicar en nueve años -tres trienios- el programa de Falange, puntos 18 a 22), con ánimo de conseguir la definitiva consolidación del régimen, puesto que no en vano la guerra de liberación fue una guerra, como se ha dicho ya muchas veces, del campo contra la ciudad. Y un mínimo sentido de justicia obliga a dar satisfacción a los que hicieron posible la victoria».[8]
Por ejemplo, el II Consejo Sindical de la Falange, celebrado en el antiguo Palacio del Senado de Madrid entre el 2 y el 21 de junio de 1941, está dedicado en exclusiva a la política agraria. En su discurso en la jornada de clausura del Consejo, que cuenta con la presencia del general Franco, el Delegado Nacional de Sindicatos Gerardo Salvador Merino[9] afirma:
«Los campesinos formaron las cuatro quintas partes del Ejército Nacional».[10]
Un primer grupo de arquitectos acomete la construcción y la reconstrucción de la España de la posguerra, con nombres como Ramón Estalella y Manso de Zúñiga, Diego Méndez González[11], Pedro Bidagor Lasarte[12], Pedro Muguruza Otaño[13], Francisco Prieto-Moreno Pardo[14], Luis Gutiérrez Soto[15], César Cort Botí[16], Víctor d’Ors Pérez-Peix[17], Germán Valentín-Gamazo y García Noblejas[18], José Tamés Alarcón[19], o Modesto López Otero[20], tanto en el desarrollo urbano como rural en la inmediata posguerra, influencias que pronto perderán peso ante el empuje de toda una nueva generación de jóvenes arquitectos españoles que abrazarán el racionalismo y otras tendencias. Los arquitectos falangistas procuran diseñar pueblos y ciudades en los que no existan las clases sociales, siguiendo el ideario de la Falange, procurando diversidad social en todos los barrios y zonas, mientras que los sectores más conservadores del franquismo entienden la ciudad y los pueblos como resultado de la división de la sociedad en clases, diferenciadas en base a factores principalmente económicos.
«De este campo fuerte, patriota, religioso, austero, saldrán los mejores soldados de la Nueva España, que defenderán los principios fundamentales de la civilización de Occidente y serán en el extremo de Europa, frente al Océano que nos une más que nos separa de América, la firme guardia de los destinos inmortales de la raza española que vivió siempre, en sus siglos de gloria, para mantener en el mundo la primacía de lo espiritual, base y raíz del imperio que ahora empieza a renacer». (La Nueva España agraria, 1937, pp. 71-72).
El campo y la sociedad rural son muy importantes para el franquismo, que apenas comenzada la Guerra Civil ya legisla sobre la cuestión en su Decreto núm. 74:
«Nuestra Victoria fue una victoria de principios, una victoria de la espiritualidad sobre el materialismo; la victoria de los que no nos conformábamos con un estado de miseria, de injusticia, de decadencia de toda una Patria que habíamos prometido defender. La victoria no era un fin, era un medio, un instrumento; necesitábamos construir un Estado, teníamos que levantar a España y hacer que los principios espirituales rigieran nuestras obras».[21]
Se aprueba la Ley de 25 de noviembre de 1940 de colonizaciones de interés local[22], donde se afirma claramente la voluntad del Estado de invertir en las mejoras necesarias en el mundo rural. El INC tiene también por supuesto un ambicioso proyecto económico de reforma agraria que España llevaba siglos esperando y décadas preparando, aumentar la superficie cultivable, extender el regadío y mejorar las condiciones económicas de las familias campesinas.
«Al considerar después de nuestra guerra, el problema de la economía agrícola en todo su conjunto, se apreció un índice de posibilidades que podría aumentar la superficie útil en cifras impresionantes. Los kilómetros cuadrados no pueden ser solamente objeto de la geografía o de las mediciones superficiales; tienen como finalidad contribuir al sostenimiento de sus habitantes, obteniendo del terreno los máximos rendimientos». (Díaz Pinés, 1963, p. 3).
En primer lugar, no pueden analizarse la historia ni las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización como un simple proyecto económico. Como en muchas otras instituciones y proyectos del franquismo, existen también importantísimas motivaciones sociales, morales y políticas que acompañaron al INC y al propio régimen durante toda su existencia.
Diversas decisiones legislativas y políticas y distintos organismos oficiales sentaron los necesarios precedentes para la creación del Instituto Nacional de Colonización o le acompañaron y apoyaron en su larga andadura. El 28 de agosto de 1936, apenas a un mes de comenzada la guerra, se dicta el Decreto núm. 74[23] aprobando medidas en relación a las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria, y también el Decreto núm. 71[24] dirigido a los yunteros de Extremadura –unos 33.000, beneficiados por el Decreto de intensificación de cultivos de 22 de octubre de 1932[25] que había permitido la ocupación temporal de fincas- con la intención de revertir los decretos de 3 y 14 de marzo de 1936. Los yunteros de Extremadura son presentados con frecuencia por el IRA republicano como ejemplo de las malas condiciones de vida de las gentes del campo español.
El Decreto núm. 128[26] de 24 de septiembre de 1936 expone la necesidad de devolver las fincas expropiadas por el IRA a sus antiguos dueños y se articula ya la posibilidad de entregar tierras de manera voluntaria al Estado para su transformación en regadío.
«En la España meridional hará falta alguna redistribución de la parte de propiedad que está concentrada, y el Movimiento Nacional, está inspirado en una recta y cristiana justicia social, lo hará así, pero sin estridencias demagógicas ni mucho menos, colectivizaciones marxistas, que han fracasado rotundamente en los ensayos realizados por el régimen anterior al actual Movimiento Salvador.
Porque es preciso hacer notar que en esta diferente distribución de las tierras de Castilla y Andalucía interviene forzosamente un factor de clima y otro de cultivos, que no se pueden eludir con medios legislativos. Llevan Andalucía y Castilla más de cuatro siglos sometidas a los mismos poderes políticos y a iguales leyes y, sin embargo, la propiedad se ha mantenido en la primera de estas regiones, concentrada, y en la otra, dividida. Clara prueba de que no depende ello exclusivamente de la voluntad de los propietarios y de las iniciativas del legislador». (La Nueva España agraria, 1937, p. 54).
Según datos del propio IRA, el organismo republicano intervino 6,3 millones de hectáreas; de ellas, se devolvieron a sus propietarios por medio del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST) y el INC algo menos de medio millón. El resto fue recuperado por sus antiguos dueños sin mediar proceso legal alguno, simplemente expulsando a los campesinos que las ocupaban, aprovechando que la nueva situación política de la nación lo favorecía. También en algunos casos, las familias que habían recibido las fincas de manos del IRA las abandonaron de manera voluntaria, conscientes de que la situación política y social de España había dado un vuelco tras la victoria de los nacionales.
En agosto de 1937, en plena Guerra Civil, se pone en marcha mediante el Decreto Ley, de 23 de agosto, de ordenación triguera, el Servicio Nacional del Trigo[27] (SNT), que interviene y regula la producción de cereales[28].
«La primera riqueza nacional de España es el trigo. Con ser España un país pródigo en minas, vario en metales y fecundo en filones, una sola cosecha de trigo vale cada año más que todos los productos de la minería». (La Nueva España Agraria, 1937, p. 15).
Otro claro ejemplo de intervencionismo económico que se prolongará mucho más allá del final de la guerra y que afectará también a otros productos como el algodón, las leguminosas, el aceite o el vino. En la creación del SNT destacan dos falangistas, el ingeniero de caminos Pedro González-Bueno y Bocos[29] y el ingeniero agrónomo Dionisio Martín Sanz[30]. Con objeto de comunicar y difundir la existencia del SNT, se lanzó una importante campaña publicitaria con el lema ¡Arriba el campo!, dirigida por Dionisio Ridruejo Jiménez[31].
Según se afirma en el decreto ley fundacional del SNT:
«Con fe en las normas que animan al nuevo Estado, consideramos como única solución totalitaria del problema que interesa resolver la ineludible necesidad de realizar una política de revalorización, asegurando al trigo sus precios mínimos remuneradores, ordenando la producción y distribución del mismo y sus principales derivados y regulando su adquisición y movilización».
Así mismo, el intervencionismo en un sector clave de la economía queda bastante claro en los planteamientos del Servicio[32]:
«Los objetivos fundamentales son: ordenar la producción y distribución del trigo y sus derivados principales y regular su adquisición, movilización y precios. Para ello se conceden al Servicio Nacional del Trigo facultades para intervenir el trigo y sus derivados; extendiendo su acción a productores, fabricantes de harina y molineros maquileros. Con vistas a ordenar la producción, limita la iniciativa del productor en cuanto a la extensión a sembrar de trigo, quedando subordinada esta superficie a las disposiciones que dicte el Ministerio de Agricultura, a propuesta del Servicio, según aconseje el interés nacional». (Veinte años de actuación, 1958, p. 1).
«El otro elemento destacado de la crisis agraria republicana fue el problema triguero. El sector triguero era el más importante de la agricultura española y millones de familias campesinas dependían de él. El año 1932, por razones en parte accidentales y en parte por desconocimiento e imprevisión del Gobierno, se desencadenó una importante crisis en dicho sector. La causa inmediata del problema fue la extraordinaria cosecha de 1932, la mayor de la historia de España hasta esa fecha…La causa de este espectacular aumento de la producción no radicaba en ninguna medida adoptada por el Gobierno republicano, sino que hay que buscarla en las condiciones en las que se desarrollaba el cultivo triguero, muy sensibles a las variaciones meteorológicas…Paralelamente, y como consecuencia del desconocimiento sobre el nivel que alcanzaría la producción de 1932, el ministro de Agricultura Marcelino Domingo autorizó la importación de trigo extranjero lo que contribuyó a agravar el problema de los excedentes. La consecuencia de todo ello fue el hundimiento de los precios del trigo, que provocó un enorme malestar entre los pequeños propietarios trigueros. Este descontento se convirtió en un factor contrario al Gobierno durante toda la república ya que, en 1934, cuando los efectos negativos de la crisis de 1932 aun no se habían superado, otra excepcional cosecha reavivó la crisis y el malestar de los productores trigueros». (Sánchez Recio et al. 2003, p. 113).
«El comportamiento de Marcelino Domingo no merece reproche alguno. Terratenientes, acaparadores y usureros estaban empeñados en una maniobra no ya exclusivamente especulativa –la escasez de la oferta lanzaría al alza las cotizaciones-, sino netamente política. El objetivo del retraimiento de las ventas no era otro que conseguir la carestía e incluso la escasez de pan, en un intento de desacreditar a la República ante la población». (Hermida Revillas, 1996, p. 58).
Como prueba de la importancia que tiene la cuestión del trigo en la época, el Premio Francisco Franco de Cooperación Agrícola de 1949 corresponde a Antonio Barroso Rodríguez por su obra titulada Pan para España. Estudio sobre el cultivo del trigo para normalizar el abastecimiento de pan[33], en la que se exponen problemas y soluciones para tratar cuestiones tan importantes como el racionamiento del pan y la necesidad de importar cada año millones de toneladas de trigo. Antes de plantear cuestiones técnicas nos presenta esta reflexión:
«Tratando de hacer labor divulgadora, hemos aspirado –ignorando si lo conseguimos- a despertar interés por el problema de la producción del trigo en España, plantearlo claramente, explicar sus fundamentos, los errores que a nuestro juicio vienen impidiendo el auge de tan vital cultivo y los remedios prácticos que debieran ponerse en juego hasta conjurar el mal.
Más que nuestras propias opiniones y experiencia –si, bien intencionadas, harto modestas- pueden y deben merecer anchuroso crédito al agricultor que nos lea, las opiniones y orientaciones que nos proporcionan eminentes agrónomos, constantemente citados a lo largo de este libro y que, por lo mismo, avalan el desarrollo técnico de nuestro trabajo.
El problema esbozado es de una excepcional trascendencia para la vida económica y social del país.
El Caudillo dijo un día, ante las gloriosas ruinas del Alcázar, que las guerras se pierden más en la retaguardia que en los frentes, con lo que tomaba pie para exhortarnos al trabajo, porque la recuperación y la prosperidad de España sólo podrían venir por obra y gracia de nuestro propio esfuerzo.
Un torvo imperialismo asiático de signo comunista amenaza a la civilización cristiana. Pero bajo la égida de Franco, España no volverá a ser más, el país ‘alegre y confiado’ de otros tiempos, a quien sorprendiera desprevenida los acontecimientos exteriores.
Sin dar tregua al descanso, hemos, pues, de afanarnos para conseguir del campo producciones ubérrimas que repongan la despensa nacional y aseguren, hasta saciarnos, el ‘pan nuestro de cada día’…
¿Lograremos, entre todos, la anhelada solución?
Tenemos fe, una fe ciega en España y su Caudillo. Y por lo mismo, abrigamos la firme esperanza de que su Gobierno, atento siempre a los problemas palpitantes del país, y contando con la colaboración decidida de los labradores, sabrá implantar el más racional sistema de cultivo que escale, como es suprema aspiración de todos, el equilibrio necesario entre la producción y el consumo, única manera de salvar a la Nación de la penuria alimenticia en que se debate como secuela obligada de posguerra.
¡Que Dios nos ayude!». (Barroso Rodríguez, 1949, pp. 5-6).
Vinculada al SNT nace en 1940 la Red Nacional de Silos y Graneros, con una previsión inicial en 1945 de cuatrocientas treinta y siete unidades de almacenamiento vertical, o silos, y seiscientas treinta y una unidades de almacenamiento horizontal, graneros[34]. Llegaron a edificarse en total novecientas cuarenta y nueve instalaciones de diversos tipos, repartidas por toda España, y también se utilizaron antiguos castillos abandonados o en desuso para el almacenamiento provisional del grano como el de Arévalo, en la provincia de Ávila, o el de Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. El último granero de la RNSG es el de Valchillón, en la provincia de Córdoba, puesto en servicio en 1989 y cuya construcción había comenzado antes de la liberalización del mercado. El sector del trigo funcionó como un monopolio estatal y también estuvieron intervenidos los precios del resto de cereales hasta 1984[35]. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1986 liberalizó los precios del cereal y propició el abandono paulatino de muchos de los silos y graneros.
El 31 de enero de 1938, también en plena Guerra Civil, comienza su actividad el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR)[36] con una misión muy clara: «la colonización y reparación de las regiones destruidas, ligado al proceso de agrarización del suelo español», con Joaquín Benjumea Burín[37] como primer responsable y con Gonzalo de Cárdenas Rodríguez[38] como jefe de las cuestiones arquitectónicas. El SNRDR nace vinculado al Ministerio de Agricultura, cuyo titular es Raimundo Fernández-Cuesta Merelo[39], aborda también la cuestión de la vivienda rural y propone modelos para la reconstrucción y para el diseño de las nuevas viviendas, destacando en estas cuestiones además de Gonzalo de Cárdenas, los también arquitectos Luis Prieto Bances[40], Antonio Cámara Niño[41], Eugenio María Aguinaga y Azqueta[42], Luis Quijada Martínez[43], José Menéndez-Pidal Álvarez[44], Luis Menéndez-Pidal Álvarez[45], Luis María Gana y Hoyos[46] o Alejandro Allanegui Félez[47].
Las funciones del SNRDR son diversas:
-de reconstrucción o reparación de monumentos artísticos o nacionales.
-de reparación o construcción de edificios de la Iglesia.
– reconstrucción o reparación de edificios y servicios propios del Estado.
– reconstrucción o reparación de edificios y servicios provinciales o municipales.
– reconstrucción o reparación de edificios particulares o de empresas.
El 18 de julio de 1946, el Caudillo acude a la inauguración oficial del nuevo pueblo de Brunete, en la provincia de Madrid, una de las obras más relevantes de Regiones Devastadas por su especial simbolismo.
Algunas de las primeras actuaciones del INC consisten en ampliaciones o mejoras de poblaciones ya existentes y son realizadas por arquitectos con experiencia previa en Regiones Devastadas: Malpica de Tajo, en la provincia de Toledo, a cargo del arquitecto Pedro Castañeda Cagigas[48] (1944); Láchar, en la provincia de Granada, a cargo del arquitecto José Tamés Alarcón (1944). Se utiliza en estos primeros proyectos un estilo que algunos definen como imperial o de regionalismo montañés, de eclectismo franquista, que se inspira vagamente en algunas construcciones de Cantabria y el Principado de Asturias, buscando una especie de estilo nacional y propio que deberá marcar el estilo de las futuras construcciones del régimen. Esta idea quedó pronto abandonada ante las originales y diferentes aportaciones de los arquitectos, tanto de la casa como externos, que fueron realizando los siguientes proyectos del INC.
Regiones Devastadas se integra en el Ministerio de la Gobernación y se transforma en Dirección General (DGRDR) en agosto de 1939, pasando a ser dirigida por el ingeniero militar José Moreno Torres[49]. La experiencia de Regiones Devastadas será fundamental en las actuaciones del INC, pero intentando señalar de manera clara cuáles son los límites de actuación y las responsabilidades y competencias de cada institución en los años en que convivieron, entre 1939 y 1957. La DGRDR es utilizada con frecuencia como aparato de propaganda del régimen, presentando sus actuaciones como muestra de que, pese a todos los inconvenientes, la reconstrucción del país está en marcha. Según sus conclusiones, 183 ciudades, pueblos o aldeas han recibido daños considerables por las acciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de los dos bandos durante la Guerra Civil.
Muchos de los arquitectos que se convertirán en funcionarios del Instituto habían realizado con anterioridad trabajos de reconstrucción para Regiones Devastadas. Germán Valentín-Gamazo, que sería el responsable de Arquitectura del INC antes incluso de crearse el departamento, José Luis Fernández del Amo[50] y Jesús Ayuso Tejerizo[51] –ambos incluso durante su etapa como estudiantes de arquitectura- realizaron proyectos para Regiones Devastadas. En cuanto a los arquitectos externos que realizaron trabajos de manera puntual para el INC y que habían colaborado anteriormente con la DGRDR podemos citar a Carlos Sobrini Marín[52], Felipe Pérez Somarriba, Francisco Moreno López, Santiago Lagunas Mayandía, José González Valcárcel, José Gómez Luengo, Máximo Fernández Baanantes, Fernando de la Cuadra Irízar, José Beltrán Navarro o Domingo Ariz Armendáriz. Es importante tener en cuenta que la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid[53] no retomó su normal actividad hasta 1942.
El 3 de mayo de 1938 comienza su andadura el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA)[54], impulsado por el falangista Ángel Zorrilla Dorronsoro, y que nace con dos objetivos fundamentales: «Recabar los bienes usurpados por el marxismo a los agricultores, o abandonados por estos durante su éxodo forzado, y conseguir que la inevitable depresión agrícola, secuela de la guerra, no se dejase sentir intensamente en la nueva España forjada por la victoria del Caudillo». Se inspira en la Junta Provincial Administradora de Bienes Ausentes de Toledo y en otros organismos similares que funcionaban ya en algunas de las provincias españolas donde había triunfado el Alzamiento. Otra de las funciones del SRA consiste en mantener activas las explotaciones agrícolas para garantizar el suministro de víveres a la población.
«El estado de abandono a que, como consecuencia de la descomposición económica y social, ha llegado la agricultura de la zona roja, da lugar a la existencia de problemas graves y urgentes que se acrecientan a medida que se va liberando el territorio Nacional».[55]
El SRA considera también bienes abandonados, y por lo tanto procede a su incautación, todas aquellas fincas cuyos propietarios, residiendo en lo que se considera ya Zona Nacional, las tienen en estado de abandono, sin cultivar o sin arrendatarios que las trabajen. El SRA, que no gozó nunca de asignación presupuestaria alguna, desaparece por medio del Decreto de 5 de noviembre de 1940[56], y durante su breve existencia interviene bienes por un valor de 45 millones de pesetas[57].
Los campesinos que habían sido instalados por el IRA en las fincas que ahora son devueltas a sus anteriores propietarios tienen derecho a reclamar una indemnización si sembraron las tierras y no han podido recoger las cosechas, o pueden permanecer en las fincas hasta la finalización del ciclo. En todos los casos, prima la recolección de la cosecha y se busca a continuación una fórmula adecuada de compensación para los que habían trabajado unas tierras cuya propiedad o usufructo les había durado bien poco.
«El Servicio de Recuperación Agrícola, creado por Ley de 3 de mayo de 1938, y concebido por el Caudillo, que al mismo tiempo que conducía los Ejércitos Victoriosos, restablecía el equilibrio de la Economía Agrícola inestabilizada por la devastación marxista, ha quedado totalmente extinguido después de cumplimentar, plenamente y con ejercicio de rigidez, disciplina y subordinación, las órdenes y mandatos recibidos». (Benjumea Burín, 1940, p. 11).
El 21 de junio de 1938 se aprueba el Plan General para la repoblación forestal de España[58], para dar continuidad al Real Decreto relativo a la repoblación forestal[59], el Plan Nacional de Repoblación Forestal de 1926[60] y al Patrimonio Forestal del Estado creado por Ley de 9 de octubre de 1935[61]. Una nueva Ley de 10 de marzo de 1941[62] recupera la institución del Patrimonio Forestal del Estado (PFE), y también es importante en este ámbito la Ley de 18 de octubre de 1941 sobre repoblación forestal de las riberas de los ríos[63]. También se intenta acabar de raíz con los numerosos incendios provocados que intentan eliminar superficie boscosa para conseguir mayores áreas de pasto para el ganado o terrenos aptos para la construcción. La repoblación forestal constituye además el remedio más eficaz para evitar el arrastre de sedimentos y la erosión, lograr la fijación de las tierras y acabar con avalanchas y derrumbes sobre carreteras, pueblos y ciudades.
Tampoco debemos olvidar la importancia de la madera en la construcción de edificios, embarcaciones, vehículos de todo tipo, muebles y otros enseres. En 1940 se repueblan 792 ha, que llegan a 2.350.000 ha en 1970. PFE y la Dirección General de Montes se integran en 1971 en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA, 1971-1995). Hacia 1975, se habían repoblado unos cuatro millones de hectáreas de bosque.
Factor clave en la creación y desarrollo de todos estos organismos es el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional (ICRN)[64], creado en marzo de 1939 con objetivos muy claros: «Sin prejuzgar desde ahora la política económica que el Gobierno haya de seguir en relación con la reparación de los daños producidos por la guerra, y la actuación marxista, considera imprescindible en los momentos actuales proporcionar a los organismos provinciales o municipales así como a las entidades empresariales o particulares las facilidades crediticias necesarias para que mediante su propio esfuerzo y el apoyo del Estado, puedan afrontar aquellas reparaciones».
Desde sus inicios, el ICRN se muestra contrario a las actuaciones del Banco Hipotecario de España, al que acusa de defender los intereses privados por delante de los públicos. El ICRN se convierte en el Banco de Crédito a la Construcción en 1962.
Su reglamento se aprueba por Decreto del 27 de julio de 1939[65], dejando claras sus atribuciones: «Facilitar anticipos a las entidades, empresas o particulares afectos al Movimiento Nacional con destino a la reparación de los daños sufridos como consecuencia directa de la guerra. Conceder anticipos con igual destino sobre indemnizaciones por daños en curso de concesión o de liquidación por parte de compañías aseguradoras o de cualquier otra entidad».
El primer director del ICRN es el sevillano Joaquín Benjumea Burín, a quien ya vimos como primer responsable del SNRDR y veremos más tarde como el ministro de Agricultura que acompaña los primeros pasos del INC.
También es preciso recordar a los organismos que se dedicaron a la investigación y a mejorar el rendimiento de los campos y bosques de España. El Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y Forestales (1926-1929), el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (1932-1971), el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (1929-1971) y el Patronato de Biología Animal (1952-1971), que se agruparon en 1991 como Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). En marzo de 2021, el INIA deja de ser un organismo independiente y se integra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El 19 de abril de 1939, apenas finalizada la Guerra Civil, se crea, vinculado al Ministerio de Acción y Organización Sindical, el Instituto Nacional de la Vivienda[66] (INV), basado en un proyecto de Pedro González-Bueno y Bocos, y dirigido por el ingeniero de Minas y capitán de Ingenieros Federico Mayo Gayarre[67] con la intención, según recoge el texto de la Ley, de «Facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases humildes». Se establece un régimen de protección a las viviendas de renta reducida y se fomenta la iniciativa privada en la construcción de hogares económicos, con ventajas y beneficios para promotores y constructoras. También se añaden esfuerzos desde organismos públicos como ayuntamientos, diputaciones provinciales, la organización sindical o incluso FET y de las JONS.
Tras el fallecimiento de Mayo Gayarre le sucede al frente de la OSH Luis Valero Bermejo[68], que dará un nuevo enfoque al organismo.
«Valero no va a ser partidario de la socialización o ‘sindicalización’ plena en materia de vivienda, pero mientras la iniciativa y el capital privado siguieran cauces más lucrativos, era necesario que la OSH se lanzara a objetivos amplios para procurar hogares a los desfavorecidos, siguiendo siempre las pautas marcadas por el Estado a través del INV. Precisamente, durante su gestión en este organismo se aprobaría el Reglamento de Viviendas de Renta Limitada y el Gobierno le autorizaría, por Ley del 1 de julio de 1955, a realizar un II Plan Nacional de la Vivienda para el quinquenio 1956-1960, a cuyo desarrollo contribuirá la OSH con los tres últimos programas del Plan Sindical y el Plan de Urgencia Social de Madrid». (Lasso de la Vega, 2000, p. 154).
En septiembre de 1943 nace, dentro de la Delegación Nacional de Sindicatos[69], la Obra Sindical de Colonización (OSC)[70], con la voluntad según su reglamento de «elevar la vida del campo mediante la reforma económica y social de la tierra, estimulando y, en su caso, ampliando la iniciativa privada, bien por sí, bien coadyuvando a la labor de los órganos del Estado consagrados a la misma tarea, entre los que destaca el Instituto Nacional de Colonización».
El Instituto Nacional de Colonización y la Obra Sindical de Colonización colaboran en la construcción de viviendas en el ámbito rural. El INC desarrolló su actividad entre 1939 y 1971, la OSC entre 1941 y 1979[71]. Ambas entidades llevaron a cabo una actividad paralela y de colaboración en la parcelación de fincas y la construcción de viviendas a lo largo de todo el franquismo.
Ayudadas por la lenta pero constante recuperación económica tras la dura posguerra, debida sobre todo a la fuerte industrialización de las décadas de los cincuenta y sesenta, el auge del turismo y las divisas enviadas por los trabajadores españoles en el extranjero, las ciudades españolas crecen ante la masiva llegada de nuevos habitantes y se ven obligadas a crear nuevos barrios, urbanizar zonas periféricas y aumentar sensiblemente su tamaño para acoger a la gran masa laboral y sus familias que acuden a la llamada de las ofertas laborales de las grandes empresas, mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades. Esto provoca la consolidación de una arquitectura racionalista, más funcional, que permita la construcción de bloques de viviendas capaces de asumir la enorme demanda de vivienda pero también un mejor aprovechamiento de las parcelas, los espacios y las edificaciones. Se construyen muchos ensanches y barrios populares que intentan poner freno al barraquismo y la auto construcción.
Una herramienta muy útil para evitar la proliferación de infra viviendas y garantizar unas mínimas condiciones de vida es la Cédula de Habitabilidad, creada por Orden del Ministerio de la Gobernación con fecha 16 de marzo de 1937, ratificada y complementada por Decreto de 23 de noviembre de 1940[72] y Órdenes de 25 de mayo de 1939[73], 16 de septiembre de 1943[74] y 30 de octubre de 1965[75]. El Decreto 469/1972, de 17 y 24 de febrero, sobre simplificación de trámites para expedición de la Cédula de Habitabilidad[76] es la última legislación franquista sobre el tema.
El Primer Plan de Vivienda (1944-1954) y la Orden de 29 de febrero de 1944[77], por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas, establecen algunas condiciones como la superficie mínima de las viviendas o sus equipamientos y condiciones higiénicas imprescindibles. Se regulan por primera vez, por ejemplo, las dimensiones mínimas de cada pieza de la vivienda y la altura y el volumen de los elementos de iluminación y ventilación.
Es necesario destacar aquí la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas de renta para la denominada ‘clase media’[78], y su modificación a través del Decreto Ley de 19 de noviembre de 1948 para la construcción de viviendas bonificadas por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional[79]. Tuvo continuidad en el Programa de Viviendas de Renta Limitada (1954-1955) y el I (1955-1960) y II Plan Nacional de Vivienda (1961-1976).
Dentro de los diferentes planes de vivienda, se incluyen las de las áreas rurales y también por tanto las de los poblados del INC, que están sujetas a sus condiciones y gozan también de sus ventajas.
En el mismo año 1944, la compañía ferroviaria estatal RENFE[80] consigue la pertinente autorización para erigirse en empresa constructora. Así, y acogiéndose a la financiación pública que le permite la Ley de 19 de abril de 1939[81], afronta en 1945 la construcción de 4.000 viviendas de alquiler para sus trabajadores con un presupuesto de 112 millones de pesetas. La renta no podía superar el 10 % de los ingresos del empleado, y se consiguió solucionar en parte el habitual problema de los trabajadores ferroviarios de la excesiva lejanía a sus puestos de trabajo. En 1949 se entregan las primeras viviendas. A principios de 1950 se habían construido unas 500, que serán 2.820 en 1955. Se presenta entonces un nuevo plan que plantea la construcción de 7.000 viviendas, pero que se regirán por la Ley de 1954 de viviendas de renta limitada.
Otras muchas empresas y organismos públicos afrontan también la construcción de viviendas para sus empleados ante la lentitud de las promociones públicas, la falta de una ubicación propicia para sus intereses o aprovechando las ventajosas condiciones financieras que otorga la Administración. Empresas del Instituto Nacional de Industria (INI)[82] como SEAT[83] en Barcelona, ENASA[84] en Madrid, FEFASA[85] en Avilés y Miranda de Ebro, ENDASA[86] en Valladolid, ENCASO[87] en Puertollano, INTELHORCE[88] en Málaga, Elcano[89] en Madrid, Sevilla y Quart de Poblet, ENHER[90] en Pont de Suert, Iberia[91] en Barajas. También otros organismos públicos afrontaron la construcción de viviendas para sus empleados, como Correos y algunas empresas municipales de transportes de las grandes ciudades, e incluso también lo hicieron algunos ayuntamientos con el fin de alojar a sus funcionarios. También empresas privadas como Marconi[92], Barreiros[93] o BYNSA[94] construyeron viviendas o colonias para sus trabajadores en los alrededores de Madrid.
En 1956, el INV convoca el Concurso de Vivienda Experimental, que cuenta con la participación de algunos de los mejores arquitectos españoles del momento, con la intención de encontrar nuevos tipos y modelos de viviendas que sean capaces de acoger la fuerte migración de trabajadores desde el campo hacia los entornos urbanos e industriales. Tras la desaparición del Ministerio de Acción y Organización Sindical, el INV se vincula a la Organización Sindical Española (OSE), más tarde al Ministerio de Trabajo y por último al Ministerio de la Vivienda tras su creación el 25 de febrero de 1957[95].
El 23 de septiembre de 1939 se pone en marcha la Dirección General de Arquitectura (DGA)[96], adscrita al Ministerio de la Gobernación, que tendrá también una importancia decisiva en el desarrollo de los proyectos del INC. Al frente de la DGA se halla el arquitecto Pedro Muguruza Otaño, que será sustituido en 1946 por Francisco Prieto-Moreno Pardo.
El 10 de diciembre de 1939 arranca la Obra Sindical del Hogar (OSH) dentro de la Organización Sindical Española y en dependencia de la Secretaría General del Movimiento y del Ministerio de la Gobernación. Sin embargo existía ya un precedente, la Obra del Hogar y de la Arquitectura Nacional Sindicalista, que presenta su primer proyecto de viviendas sociales en Palencia el 1 de junio de 1939.
La circular núm. 132 de la Secretaría General de FET y de las JONS de 6 de octubre de 1941 reconoce a la OSH como la única entidad oficial constructora de vivienda pública. La OSH, con la intención de edificar sobre suelo barato para poder ofrecer viviendas más económicas, suele expropiar grandes parcelas de suelo rústico situadas lejos de los centros urbanos y que posteriormente serán recalificadas. Así actuó, por ejemplo, con diversas e importantes promociones de viviendas en las afueras de Madrid[97], Barcelona[98] y otras muchas ciudades.
El primer responsable del departamento técnico de la OSH es el arquitecto y camisa vieja Germán Álvarez de Sotomayor[99], asistido por los también arquitectos Luis Gámir Prieto[100] y Eduardo Olasagasti Irigoyen[101]. Álvarez de Sotomayor es sustituido en 1943 por Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo[102], que colaboraba con el organismo desde sus tiempos de estudiante.
En un principio, la OSH es la encargada de realizar los estudios previos para que el INV lleve a cabo sus proyectos, si bien pronto ambos organismos se dedicaron de manera independiente a la construcción de viviendas. La OSH proyecta polígonos, barrios o colonias enteras mientras que el INV se centra en los edificios de viviendas; ambos organismos colaboran, realizan tareas similares e incluso en ocasiones solapadas, cuestiones que quedarán resueltas con la aparición del Ministerio de la Vivienda en 1957.
De preparar el suelo urbanizado, tanto residencial como industrial, se ocupa la Gerencia de Urbanización del Ministerio de la Vivienda (1959-1972), organismo que tiene su continuidad en el Instituto Nacional de Urbanización (INUR, 1972-1981) y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), aunque las actuaciones sobre suelo residencial pasan a ser competencia de las CCAA desde 1981.
El destacado arquitecto vasco Rafael Aburto Renobales[103] colabora con la OSH durante más de treinta años.
En 1940, el Instituto Social de la Marina, la DGA, el INV y la OSH colaboran para llevar a cabo el Plan Nacional de mejoramiento de las viviendas en los poblados de pescadores. En julio de 1946, se celebra el Primer Congreso Nacional de la Obra Sindical del Hogar, que plantea las tipologías de vivienda necesarias tanto en el mundo rural como en el urbano, y constata que la construcción de viviendas en las grandes ciudades se halla todavía muy por debajo de la demanda ante la constante llegada de familias desde el campo. La OSH pasará a depender del Ministerio de la Vivienda al crearse éste en 1957.
Estos organismos cumplían funciones diversas. Por un lado construir viviendas de promoción pública para sustituir las destruidas o afectadas por la Guerra Civil, más de 250.000, y también proporcionar viviendas dignas a las numerosas familias que emigraron del campo a la ciudad prácticamente a lo largo de todo el franquismo.
El 22 de marzo de 1948 se aprueba el Decreto por el que se declara urgente la construcción de viviendas protegidas en diversas localidades de España[104]. El 15 de abril de 1948 se modifica la legislación acerca de la construcción de viviendas para clases medias[105]. El 15 de julio de 1954 se aprueba la Ley de viviendas de renta limitada[106], que deja de lado la reconstrucción y reforma y estimula la construcción de vivienda nueva. Además, dicha ley se verá reforzada por toda esta legislación:
Orden de 14 de enero de 1955 que establece los límites presupuestarios para las viviendas protegidas.
Orden de 14 de enero de 1955 sobre concesión de préstamos del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional a los promotores de viviendas bonificables.
Decreto de 24 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de viviendas de renta limitada[107].
Decreto Ley de 1 de julio de 1955 por el que se dictan normas para la ejecución del Plan Nacional de construcción de viviendas de renta limitada y estableciendo medios económicos para su financiación[108].
Orden de 12 de julio de 1955 sobre valor tipo de la construcción de viviendas de renta limitada.
Orden de 12 de julio de 1955 sobre desarrollo del Plan Nacional de construcción de viviendas de renta limitada.
Orden de 5 de noviembre de 1955 sobre construcción de viviendas por las empresas.
Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana[109].
Ley de 13 de noviembre de 1957 sobre plan de urgencia social de Madrid[110].
Decreto 1617/1961, de 6 de septiembre, por el que se extiende a las provincias de Ifni, Sahara, Fernando Poo y Río Muni el régimen de viviendas de renta limitada[111].
Ley 84/1961, de 23 de diciembre, sobre Plan Nacional de la Vivienda para el periodo 1961-1976[112].
Decreto 2131/1963, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre viviendas de protección estatal[113].
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial[114].
Estas medidas, junto con la construcción de los llamados poblados de absorción, poblados dirigidos y las ciudades satélite intentan poner freno al chabolismo creciente en la periferia de las grandes ciudades, esencialmente en Madrid y Barcelona, así como impedir o remediar el crecimiento desmesurado de los alquileres mediante la promoción de viviendas de Renta Limitada La Ley de 13 de noviembre de 1957 sobre Plan de Urgencia Social de Madrid[115] nace para promover la construcción de nuevos barrios e intentar acoger a los todavía no pocos chabolistas de la capital de España. No olvidemos que la ciudad de Barcelona derribó sus últimos asentamientos chabolistas con motivo de las obras de adecuación de la ciudad a los Juegos Olímpicos de 1992. Pese a todos estos intentos, tanto Madrid como Barcelona han visto reaparecer recientemente pequeños núcleos de infraviviendas en solares, fábricas abandonadas o zonas industriales.
| Años | Total |
| 1943-1947 | 11.656 |
| 1948-1952 | 89.127 |
| 1953-1957 | 246.309 |
| 1958-1962 | 630.959 |
| 1963-1967 | 1.003.345 |
| 1968-1973 | 1.035.064 |
Viviendas protegidas construidas por el INV (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE)
| Año | Total |
| 1950 | 3.464 |
| 1951 | 2.217 |
| 1952 | 3.112 |
| 1953 | 2.582 |
| 1954 | 2.634 |
| 1955 | 16.496 |
| 1956 | 25.338 |
| 1957 | 34.692 |
| 1958 | 11.550 |
| 1959 | 9.269 |
| 1960 | 15.273 |
| 1961 | 19.175 |
| 1962 | 13.644 |
| 1963 | 16.869 |
| 1964 | 12.353 |
| 1965 | 19.537 |
Viviendas protegidas construidas por la OSH (Fuente: INE)
En 1957, la política de viviendas subvencionadas sustituye a la de renta limitada, dando paso a la era de los grandes bloques de gran altura y con docenas de viviendas, mucho más rentables para los promotores privados.
Para entender la política sobre el campo de la España franquista es preciso citar como proyectos ambiciosos y de gran envergadura para intentar la transformación de la España rural de la época el Plan Badajoz[116] y en menor medida el Plan Jaén[117]. Ambos buscaban dar un impulso a la economía de dos provincias poco industrializadas, con mayoría de población agrícola y renta per cápita por debajo de la media española[118]. Dichos planes nacen con la intención de «solucionar, en lo posible, mediante el aumento de la riqueza nacional, los problemas sociales planteados en España». Con la colaboración del INI se intenta mejorar la agricultura, los sistemas de riego, la electrificación, la mecanización del campo y la creación de industrias alimentarias. El Plan Badajoz tenía una duración prevista de 14 años (1952-1965) pero se modificó en 1963 y en 1971, extendiéndolo hasta 1975.
Para valorar la importancia que en su momento tuvieron ambos planes y la ambición con la que se plantearon, aunque sus resultados fuesen algo desiguales y por debajo de las expectativas creadas, tengamos en cuenta que el Plan Badajoz nace con una dotación presupuestaria de 5.374.620.000 pesetas y al Plan Jaén se destinan en principio 3.958.446.021 pesetas.
La legislación sobre cuestiones laborales se modifica por medio de la Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se aprueba la Ordenanza General de Trabajo en el Campo[119], que regula las relaciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias. Incluye al personal de otros oficios siempre que trabajen de manera exclusiva para el sector, como mecánicos, conductores de vehículos, carpinteros, guarnicioneros, albañiles, panaderos o cocineros.
Una de las grandes ambiciones del Ministerio de Agricultura y del INC consiste en incentivar la mecanización del campo español, donde todavía se imponen de manera mayoritaria el uso de animales de tiro y las cuadrillas de braceros. El Ministerio de Industria hace en 1952 un llamamiento a los fabricantes que, cumpliendo con unas determinadas condiciones, deseen producir tractores en España. Tres empresas asumen el reto y presentan sus proyectos, y dos de ellas cumplen con todas las exigencias del Ministerio; por un lado, un consorcio formado por el fabricante alemán Heinrich Lanz, A.G[120], el Banco Santander, el Banco Central, la empresa metalúrgica Nueva Montaña Quijano, S.A. y Ricardo Medem y Cía., S.A., que será uno de los principales distribuidores. Por otra parte, Ford Motor Ibérica[121], que proyecta fabricar tractores Fordson bajo licencia y con la marca Ebro. El empresario gallego Eduardo Barreiros Rodríguez[122] se presenta también al concurso con un tractor de su propia creación equipado con un motor Barreiros A-16, pero su proyecto no resulta aceptado. En 1954 su proyecto es rechazado por segunda vez. Finalmente, en 1958 recibe la pertinente autorización del Ministerio de Industria para producir 3.000 tractores anuales de entre 50 y 150 HP de potencia[123].
Los primeros tractores aportados por el Instituto a los poblados del INC son construidos por Ford Motor Ibérica en Barcelona en 1955 y Lanz en Getafe en 1956. Curiosamente, la obsesión por lograr una rápida mecanización del campo provocó bien pronto la presencia de un exceso de maquinaria, especialmente de tractores, y por lo tanto su infrautilización[124].
| Año | Tractores | Motocultores | Cosechadoras |
| 1955 | 27.671 | 503 | 942 |
| 1960 | 56.845 | 1.937 | 5.025 |
Fuente: Barciela López, 2003, p. 92.
La Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas, S.A. (SACA), fabrica diversa maquinaria agrícola en Sevilla desde finales de 1939, especialmente arados, gradas, cultivadores y abonadoras. En 1944 comienza la fabricación de cosechadoras y en 1945 la empresa es intervenida por el Estado, con un 22’2 % de las acciones en manos del INI y un 15’8 % en manos de la Empresa Nacional Elcano; en 1953, el INI controla ya el 77’5 % de las acciones de la SACA, que emprende en 1960 la producción de tractores gracias a un acuerdo con el fabricante norteamericano International Harvester[125]. SACA cesó su actividad en 1967.
La aparición en el campo español de cosechadoras y otras máquinas autopropulsadas que no dependen de un tractor resultan muy útiles en momentos puntuales en los que resulta difícil cubrir las necesidades de empleo eventual, como por ejemplo en el momento de la cosecha. Para dar a conocer este tipo de maquinaria, poco conocida en España, se celebran concursos internacionales de recolección mecanizada donde fabricantes e importadores son invitados a mostrar sus productos sobre el terreno y de manera práctica. Estos concursos son muy populares y cuentan con gran asistencia de participantes y público.
El 24 de enero de 1955, con un capital social de 3.000.000 de pesetas, un grupo de empresarios andaluces con la colaboración del que fuera alcalde de Linares durante 18 años y Jefe Local del Movimiento don Leonardo Valenzuela y Valenzuela, funda la sociedad Metalúrgica de Santa Ana, S.A.[126] para la fabricación de cosechadoras y otra maquinaria agrícola en la localidad jienense de Linares, aprovechando algunas de las ventajas que ofrece el Plan Jaén para este tipo de industrias. En 1958 comienza a producir vehículos todo terreno Land Rover 88 Serie II bajo licencia del fabricante británico, comercializándose las primeras unidades españolas a principios de 1959. La demanda de los primeros años es muy superior a la todavía escasa capacidad productiva de la factoría, especialmente por parte de la Administración, ya que una gran parte de los primeros automóviles fabricados tienen como destino el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Armada, el Ministerio de Obras Públicas o los diferentes organismos oficiales presentes en las provincias y plazas africanas, ya que no existía en España ningún vehículo de características similares.
Los Land Rover Santana se convierten muy pronto en equipo habitual e imprescindible del personal del INC pero también de terratenientes, olivareros, agricultores y ganaderos, y en parte del paisaje de la España rural como útil e insustituible herramienta de trabajo para los técnicos agrícolas pero también como dotación para la Guardia Civil.
Entre 1948 y 1965, la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria (DGCCCA)[127] convoca diez ediciones del Concurso de Fotografías Agrícolas, abierto a la participación de fotógrafos aficionados y profesionales, y dotado con importantes premios en metálico. En el caso de ser el autor de las fotografías un trabajador agrícola de cualquier tipo, condición que debe ser refrendada por el correspondiente Ayuntamiento o la Hermandad Sindical local, los premios se incrementan en un 25 %. La participación en el concurso fue siempre muy alta y hoy se conservan unas 4.400 de esas instantáneas en el Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que suponen un valioso testimonio de la España rural de la época.
[1] BOJDNE núm. 14 de 30 de agosto de 1936.
[2] Palabras del Jefe del Estado ante las Cortes Españolas. Madrid, 14 de mayo de 1946.
[3] Decreto 255 de 19 de abril de 1937. BOE núm. 182 de 20 de abril de 1937. Falange Española se convierte en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). La unificación, que convertía a FET y de las JONS en partido único, afectó también a Renovación Española, Acción Española, Partido Nacionalista Español y Acción Popular. Algunos de estos partidos se autodisolvieron y otros abandonaron toda actividad pública. El programa político de Falange Española constaba de 27 puntos, que pasaron a ser 26 tras el Decreto de Unificación.
[4] José Antonio en Arriba, núm. 18, 7 de noviembre de 1935.
[5] BOE núm. 320 de 15 de noviembre de 1940.
[6] BOE núm. 75 de 16 de marzo de 1946.
[7] (Tierga, 1870-Madrid, 1959). Periodista, escritor, catedrático y sociólogo. Diputado de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1929), diputado a Cortes (1943-1958). Director General de Previsión. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
[8] Declaraciones del Delegado Nacional de Sindicatos Gerardo Salvador Merino al diario Pueblo el 31 de diciembre de 1940 acerca del próximo Consejo Sindical de la Falange.
[9] (Herrera de Pisuerga, 1910-Barcelona, 1971). Político, sindicalista y notario. Camisa vieja de la Falange. Combatiente en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Delegado Nacional de Sindicatos (1939-1941). Tras ejercer unos años como notario en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès trabajó como asesor para algunas empresas textiles de Cataluña y fue director gerente de la empresa Motor Ibérica, S.A.
[10] Pueblo, 21 de junio de 1941, pp. 1-3.
[11] (Madrid, 1906-1987). Doctor Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1932. Doctorado en 1965. Se incorpora a la Dirección General de Arquitectura en 1940. Consejero de Arquitectura de Patrimonio Nacional (1940-1962). Jefe del Servicio de Obras de Patrimonio Nacional (1959).
[12] (San Sebastián, 1906-Madrid, 1996). Arquitecto y urbanista. Obtiene el título de arquitecto en la ESAM en 1931. Miembro de la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Sindicato de la Construcción y la Madera de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Madrid (1937-1939). Es el autor del Plan Bidagor que establece las bases urbanísticas y arquitectónicas del Madrid de la posguerra.
[13] (Elgóibar, 1893-Madrid, 1952). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1916, donde se convierte en catedrático (1920-1932, 1938-1939, 1946-1952). Primer comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio artístico Nacional (1938-1939), director general de Arquitectura (1939-1946), procurador en Cortes y Consejero Nacional de FET y de las JONS (1943-1949). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. [14] (Granada, 1907-Almuñecar, 1985). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1931. Jefe Provincial de la Falange de Granada, Gobernador Civil de Málaga (1939), procurador en Cortes (1946-1952, 1955-1958), Conservador (1937-1977) y director de la Alhambra (1942-1970), director general de Arquitectura (1946-1960), Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1972), miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. [15] (Madrid, 1900-1977). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1923. Comandante del Ejército del Aire en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1957). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
[16] (Alcoy, 1893-Alicante, 1978). Arquitecto, ingeniero y perito industrial. Obtiene el título de arquitecto en 1916. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid (1931-1936), catedrático de Materiales de Construcción y de Urbanismo en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, presidente de la Federación Internacional de Urbanismo.
[17] (Barcelona, 1909-Madrid, 1994). Arquitecto y urbanista. Camisa vieja de la Falange. Obtiene el título de arquitecto en la ESAM en 1939. Fue nombrado asesor técnico honorario del Servicio de Arquitectura del INC tras perder su plaza de funcionario por una cuestión administrativa. Arquitecto Municipal de Madrid. Profesor y director en la ETSAM.
[18] (San Lorenzo de El Escorial, 1908-Madrid, 1962). Arquitecto. Obtiene el título en 1934. Jefe de la Sección de Viviendas de la Dirección General de Arquitectura. Se incorpora al INC en 1940.
[19] (Villacarrillo, 1905-Madrid, 2002). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1932. Jefe del Servicio de Arquitectura del INC (1943-1975).
[20] (Valladolid, 1885-Madrid, 1962). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1910 como número uno de su promoción. Director de la ESAM (1923-1955). Miembro de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Consejo Nacional de Educación.
[21] Palabras del Jefe del Estado a la Sección Femenina de FET y de las JONS, 11 de noviembre de 1945.
[22] BOE núm. 345 de 10 de diciembre de 1940.
[23] BOJDNE núm. 14 de 30 de agosto de 1936.
[24] BOJDNE núm. 13 de 29 de agosto de 1936.
[25] Gaceta de Madrid núm. 297 de 23 de octubre de 1932.
[26] BOJDNE núm. 29 de 26 de septiembre de 1936.
[27] Decreto Ley de Ordenación Triguera de 23 de agosto de 1937. BOE núm. 309 de 25 de agosto de 1937. En 1967 se convierte en el Servicio Nacional de Cereales (SNC), en 1971 en el Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y se integra en el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA). De la fusión de SENPA y FORPPA nace en 1995 el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
[28] Sobre la creación del Servicio Nacional del Trigo, González-Bueno, 2006, pp. 121-129. Sobre su importancia histórica y su utilidad, De la Fuente, 1998, pp. 89-90. Sobre la historia del SNT desde sus inicios hasta su final, Barciela, 2007.
[29] (Madrid, 1896-1985). Ingeniero de Caminos. Consejero Nacional de FET y de las JONS, ministro de Organización y Acción Sindical (1938), procurador en Cortes (1943-1971), Consejero de Estado, presidente de RENFE, Citroën Hispania, Osram y Heliacero Internacional, consejero de RENFE, SICE, Caser, Tetracero y General Eléctrica Española. Es el introductor en España del Citroën 2 CV.
[30] (Tudela de Duero, 1909-Madrid, 2002). Ingeniero Agrónomo, empresario y político. Jefe del Sindicato Nacional del Olivo, Subsecretario de Agricultura (1937-1939), procurador en Cortes (1943-1947, 1949-1977), vicepresidente de las Cortes (1967-1974), miembro del Consejo del Reino (1976-1977). Presidente de MAPFRE (1955-1972).
[31] (El Burgo de Osma, 1912-Madrid, 1975). Escritor, poeta, profesor, político. Camisa vieja de la Falange.
[32] Sobre esta cuestión, Barroso Rodríguez, 1949.
[33] Nueva Imprenta Radio, S.A. Madrid, 1949.
[34] La RNSG fue inaugurada de manera oficial el 6 de junio de 1951 con la visita del general Franco al silo Carlos Ynzenga Caramanzana de Córdoba, construido en 1943.
[35] Real Decreto 1031/1984, de 23 de mayo, por el que se establece la normativa de regulación trienal del mercado en el sector cereales; BOE núm. 130 de 31 de mayo de 1984. Ley 16/1984, de 29 de mayo, por la que se regula la producción y el comercio del trigo y sus derivados; BOE núm. 129 de 30 de mayo de 1984.
[36] BOE núm. 524 de 29 de marzo de 1938. La DGRDR es disuelta el 25 de febrero de 1957.
[37] (Sevilla, 1878-1963). Presidente de la Diputación de Sevilla (1936-1940), responsable del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (1938-1939), alcalde de Sevilla (1938-1939), ministro de Agricultura y Trabajo (1939-1941), ministro de Hacienda (1941-1951), gobernador del Banco de España (1951-1963). Su hijo José Ignacio Benjumea Medina (1913-1936), falangista, falleció en Sevilla el 18 de julio de 1936 durante un enfrentamiento con Guardias de Asalto, convirtiéndose con veintidós años en el primer falangista caído en combate durante la Guerra Civil.
[38] (León, 1904-Madrid, 1954). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1929. Catedrático de la ETSAM. Responsable de Arquitectura en el Servicio Nacional de Regiones Devastadas.
[39] (Madrid, 1896-1922). Abogado, notario y político. Camisa vieja de la Falange. Secretario general de FET y de las JONS (1937-1939), ministro de Agricultura (1939), presidente del Consejo de Estado (1945), ministro de Justicia (1945-1951), ministro secretario general del Movimiento (1948-1956), procurador en Cortes (1943-1977).
[40] (Oviedo, 1905-Madrid, 1983). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM. Arquitecto de la Dirección General de Regiones Devastadas. Ejerció en España y México.
[41] (Zaragoza, 1909-Madrid, 2007). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1932, en la que fue profesor entre 1935 y 1984. Catedrático de la ETSAM. Arquitecto Municipal de Cuenca, Jefe de Proyectos en la DGRDR, impulsor de las Escuelas de Arquitectura de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid.
[42] (San Sebastián, 1910-Getxo, 2002). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1934. Combatió en la Guerra Civil con el Ejército Nacional, primero como requeté y más tarde como oficial de Artillería. Arquitecto de la Diputación provincial de Vizcaya.
[43] (Castro Urdiales, 1908-Madrid, 1978). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1935. Arquitecto Municipal de Castro Urdiales. Profesor de la ETSAM (1968-1969). [44] (Madrid, 1908-1981). Arquitecto. Obtiene el título en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1940. Colaborador del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Restaurador en la Dirección General de Bellas Artes y en la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia. Profesor de la ETSAM. [45] (Oviedo, 1896-Madrid, 1975). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1919. Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (1937-1940). Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. [46] (Bilbao, 1911-Madrid, 1990). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1936. Concejal del Ayuntamiento de Bilbao (1943-1946), Arquitecto de Regiones Devastadas en Vizcaya, Burgos y Santander, arquitecto municipal de Leioa. [47] (Zaragoza, 1910-1986). Arquitecto.
[48] (Santoña, 1909-Santa Cruz de Mudela, 1986). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1940. Subjefe del Servicio de Arquitectura del INC. Se incorpora al INC en 1941.
[49] (Madrid, 1900-Torrelodones, 1983). Conde de Santa Marta de Babío. Diputado a Cortes (1933-1936), Director General de Regiones Devastadas (1939-1951), alcalde de Madrid (1946-1952), procurador en Cortes (1946-1952), director general de Tabacalera.
[50] (Madrid, 1914-El Barraco, 1995). Obtiene el título en la ESAM en 1942. En el mismo año se convierte en arquitecto de Regiones Devastadas en Aragón y posteriormente en Andalucía Oriental. Se incorpora al SNREST en 1945 y en 1947 al INC. Profesor en la ETSAM. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Consigue el Gran Premio de Arquitectura de la VI Bienal de Sao Paulo de 1961 por el diseño de sus pueblos para el INC. Impulsor del Museo Español de Arte Contemporáneo, actual Museo Reina Sofía, que dirigió entre 1952 y 1958. Diseñó para el INC, en algún caso como colaborador, las poblaciones de San Isidro de Albatera y El Realengo (Alicante), Villalba de Calatrava (Ciudad Real), Vegaviana (Cáceres), Cañada de Agra (Albacete), La Vereda y El Trobal (Sevilla), Campohermoso, Puebla de Vícar y Las Marinas (Almería), Belvis del Jarama (Madrid), El Torno y La Barca de La Florida (Cádiz), Pueblo Nuevo de Jumilla (Murcia), Solana de Torralba y Miraelrío (Jaén).
[51] (Soria, 1917-1996). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1943.
[52] (Santesteban, 1925-Madrid, 2020). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1952. Se incorpora al INC en 1959, año en que consigue el Premio Nacional de Arquitectura. Profesor en las escuelas de Arquitectura de Madrid, Sevilla y Navarra. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
[53] Desde 1957, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).
[54] BOE núm. 562 de 6 de mayo de 1938.
[55] BOE núm. 562 de 6 de mayo de 1938, p. 7.146.
[56] BOE núm. 321 de 16 de noviembre de 1940.
[57] Sobre esta cuestión, Benjumea Burín, 1940, p. 12. Algunas fuentes elevan la cifra a 150 o incluso 400 millones de pesetas.
[58] BOE núm. 611 de 25 de junio de 1938.
[59] Gaceta de Madrid núm. 266 de 23 de septiembre de 1922.
[60] Gaceta de Madrid núm. 208 de 27 de julio de 1926.
[61] Gaceta de Madrid núm. 291 de 18 de octubre de 1935.
[62] BOE núm. 100 de 10 de abril de 1941.
[63] BOE núm. 350 de 16 de diciembre de 1941.
[64] BOE núm. 81 de 22 de marzo de 1939.
[65] BOE núm. 209 de 28 de julio de 1939.
[66] BOE núm. 110 de 20 de abril de 1939. El INV nace dentro del ministerio de Acción y Organización Sindical, más tarde se incorpora al Ministerio de Trabajo, y en 1957 al recién creado Ministerio de la Vivienda. Entre 1939 y 1977, el INV construyó más de tres millones y medio de Viviendas de Protección Oficial (VPO).
[67] (Pamplona, 1894-Madrid, 1954). Ingeniero de Minas. Capitán de Ingenieros en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda (1939-1954), director de la Obra Sindical del Hogar, Procurador en Cortes (1943-1954).
[68] (Zaragoza, 1917-Madrid, 1995). Abogado del Estado y político. Gobernador Civil de Ávila (1944-1949) y de Navarra (1949-1954). Director General del Instituto Nacional de la Vivienda (1954-1957). Procurador en Cortes (1953-1957, 1964-1971).
[69] Existen las siguientes Obras Sindicales: Artesanía (1939); Hogar y Arquitectura (1939); Alegría y Descanso, más tarde Educación y Descanso (1939); 18 de julio (1940); Colonización (1941); Formación Profesional (1941); Previsión (1941); Cooperación (1942).
[70] BOE núm. 13 de 13 de enero de 1944.
[71] Orden de 4 de enero de 1979 por la que se desarrolla el Real Decreto 906/1978, de 14 de abril, sobre transferencia de la Obra Sindical de Colonización al Ministerio de Agricultura. BOE núm. 17 de 19 de enero de 1979.
[72] BOE núm. 345 de 10 de diciembre de 1940.
[73] BOE núm. 157 de 6 de junio de 1939.
[74] BOE núm. 261 de 18 de septiembre de 1943.
[75] BOE núm. 301 de 17 de diciembre de 1965.
[76] BOE núm. 56 de 6 de marzo de 1972.
[77] BOE núm. 61 de 1 de marzo de 1944.
[78] BOE núm. 332 de 27 de noviembre de 1944.
[79] BOE núm. 348 de 13 de diciembre de 1948.
[80] Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (1941-2005). Sobre la creación de RENFE recomendamos la tesis doctoral de Pedro Pablo Ortúñez Goicolea, El proceso de nacionalización de los ferrocarriles en España. Historia de las grandes compañías ferroviarias, 1913-1943. Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1999.
[81] Ley de 19 de abril de 1939 estableciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reducida y creando un Instituto Nacional de la Vivienda, encargado de su aplicación. BOE núm. 110 de 20 de abril de 1939.
[82] Instituto Nacional de Industria, creado el 25 de septiembre de 1941 con una dotación inicial de 50 millones de pesetas con el propósito de Propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, según recoge el artículo 1º de su ley fundacional. Desapareció en junio de 1995 aunque la mayoría de sus funciones eran ejercidas por TENEO desde julio de 1992. Desde septiembre de 1996 Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), continúa controlando RTVE y HUNOSA y mantiene participaciones minoritarias en otras muchas empresas.
[83] Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A., creada por Decreto del 7 de junio de 1949 y constituida legalmente el 9 de mayo de 1950 con un capital social de 600 millones de pesetas y con un 51 % de las acciones en manos del Instituto Nacional de Industria, un 7 % bajo control de la italiana FIAT y el resto repartido entre el Banco de Bilbao, Banco Central, Banco Español de Crédito, Banco Hispano Americano, Banco Urquijo y Banco de Vizcaya. Dedicada a la fabricación bajo licencia de automóviles italianos FIAT, comenzó la fabricación de los mismos en 1953. En 1949, de hecho el mismo día de su fundación, recibió la condición de Empresa de Interés Nacional. En 1962 recibió de manos del propio general Franco la distinción de Empresa Ejemplar. En 1983 el Grupo Volkswagen toma el 49 % de las acciones de la compañía, el 75 % a finales de 1986, el 100 % en 1990.
[84] Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. Creada en 1946 gracias a la compra por parte del INI de los activos, factorías y proyectos de la empresa Hispano-Suiza, S.A. Desde 1990 pertenece al fabricante italiano IVECO, del grupo CNH Industrial.
[85] Fabricación Española de Fibras Artificiales, S.A. Fundada en 1940. Absorbida por la Empresa Nacional de Celulosa en 1972. Privatizada en 1987, pasó por diversos propietarios hasta su cierre definitivo en 2009.
[86] Empresa Nacional del Aluminio, S.A. Fundada en 1950. En 1985 se fusiona con INESPAL. Privatizada en 1997. [87] Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes, S.A. Fundada en 1942. Desde 1974, ENPETROL. Integrada desde 1981 en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, disuelto en 1995. Actualmente privatizada como parte integrante de la empresa Repsol. [88] Industrias Textiles del Guadalhorce, S.A. Fundada en 1957. Privatizada en 1972, volvió al INI en 1980. Privatizada de nuevo en 1986, declaró suspensión de pagos en 1992. Algunos trabajadores adquieren acciones de la compañía y la convierten en HITEMASA, que cierra sus puertas en 2004. [89] Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, S.A. Fundada en 1942. Privatizada en 1997, desde entonces pertenece al grupo empresarial Nosa Terra XXI como Empresa Naviera Elcano, S.A. [90] Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. Fundada en 1946. Las acciones del INI pasaron a la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA) en 1983. En 1998 cambió su razón social a Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A. En 1999 se integra totalmente en ENDESA.
[91] Fundada en 1927 como Iberia, Compañía Aérea de Transporte con la colaboración de la aerolínea alemana Lufthansa. En 1929 todas las compañías aéreas españolas se reúnen bajo la marca Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA). Desde 1932, Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE). Nacionalizada como Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. en 1944. Privatizada en 2001. Desde 2009 Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora Unipersonal. En enero de 2011 se fusiona con la aerolínea británica British Airways formando International Airlines Group (IAG).
[92] Marconi Española, S.A. Fundada en 1910 como Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos. Entre 1917 y 1935 TELMAR. Cesó su actividad en 1989.
[93] Barreiros Diésel, S.A. Fundada en 1954 por el emprendedor gallego Eduardo Barreiros Rodríguez. Controlada por el fabricante estadounidense Chrysler desde 1967, sus empresas y actividades se repartieron posteriormente entre diversas multinacionales. La Fundación Eduardo Barreiros, creada en 1997, conserva y difunde su legado.
[94] Boetticher y Navarro, S.A. Fundada en 1904. Suspendió pagos en 1991.
[95] El primer titular de la cartera de Vivienda es el arquitecto falangista José Luis de Arrese Magra (Bilbao, 1905-Corella, 1986). Gobernador Civil de Málaga (1939-1941), ministro secretario general del Movimiento (1941-1945, 1956-1957), procurador en Cortes (1943-1977), ministro de la Vivienda (1957-1960). Vocal del CSIC. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la de San Telmo.
[96] BOE núm. 273 de 23 de septiembre de 1939.
[97] Sirvan como ejemplos las promociones de Fuencarral A y B, San Fermín, Caño Roto, Vista Alegre, Canillas, Hermanos García Noblejas, El Zofio, San Nicolás, Nuestra Señora del Carmen, Juan Tornero, Marcelo Usera, Alto del Arenal, Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Buen Suceso, Fundación Generalísimo, San Federico, La Elipa, San Carlos, La Paz, Marconi, Coronel López Larraya, Fermín Javier, Manoteras, San Blas, Moratalaz, Entrevías, Orcasitas, Oporto o Los Cármenes.
[98] Sirvan como ejemplos las promociones de Ciudad Meridiana, Juan Antonio Parera, Nuestra Señora de la Merced, Roberto Bassas, La Paz, Bach de Roda, Verdún, Trinidad y Santa Fe en Barcelona; Onésimo Redondo y Gornal (L’Hospitalet de Llobregat), San Roque (Badalona), San Cosme (Prat de Llobregat), Pomar (Badalona), Cinco Rosas (Sant Boi de Llobregat), San Lorenzo de Munt (Terrassa) o Arrahona (Sabadell).
[99] (La Coruña, 1907-Madrid, 1988). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1935. Camisa vieja de la Falange. Teniente de Artillería en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Director técnico de la Obra Sindical del Hogar (1939-1943), director de la Organización Sindical Española.
[100] (Madrid, 1909-1975). Arquitecto. Obtiene el título en 1935. Responsable de Informes y Jefe Nacional de los Asesores y Arquitectos de la Obra Sindical del Hogar, arquitecto jefe de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.
[101] (Bilbao, 1909-Madrid, 1975). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1939. Jefe de la Sección de Normas de la Obra Sindical del Hogar
[102] (Santander, 1912-Madrid, 2005). Arquitecto. Obtiene el título en la ESAM en 1942. Alférez provisional en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Jefe de la Oficina Técnica de la Obra Sindical del Hogar. Medalla de Oro de la Arquitectura 1990.
[103] (Getxo, 1913-Madrid, 2014). Arquitecto, pintor y crítico de arte. Obtiene el título de arquitecto en la ESAM en 1943. Profesor en la ETSAM.
[104] BOE núm. 111 de 20 de abril de 1948.
[105] BOE núm. 111 de 20 de abril de 1948.
[106] BOE núm. 197 de 16 de julio de 1954.
[107] BOE núm. 197 de 16 de julio de 1955.
[108] BOE núm. 197 de 16 de julio de 1955.
[109] BOE núm. 135 de 14 de mayo de 1956.
[110] BOE núm. 286 de 14 de noviembre de 1957. [111] BOE núm. 220 de 14 de septiembre de 1961. [112] BOE núm. 310 de 28 de diciembre de 1961. [113] BOE núm. 214 de 6 de septiembre de 1963. [114] BOE núm. 216 de 7 de septiembre de 1968. [115] BOE núm. 286 de 14 de noviembre de 1957.[116] Ley de 7 de abril de 1952 sobre el plan de obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Badajoz. BOE núm. 99 de 8 de abril de 1952.
[117] Ley de 17 de julio de 1953 por la que se aprueba el plan de obras, colonización, industrialización y electrificación de la provincia de Jaén. BOE núm. 199 de 18 de julio de 1953.
[118] A principios de la década de los cincuenta del pasado siglo, Badajoz era la provincia española con la renta per cápita más baja, y la siguiente era Jaén.
[119] BOE núm. 240 de 7 de octubre de 1969.
[120] Heinrich Lanz AG, empresa alemana fundada en Mannheim en 1859. Lanza su primer tractor, el Lanz Bulldog, en 1921. Lanz Ibérica, S.A. fabricó tractores en España entre 1956 y 1963, y hasta 1994 tractores del fabricante norteamericano John Deere, que había absorbido a Lanz. Actualmente, John Deere Ibérica, S.A., se dedica a la fabricación de componentes en su planta de Getafe.
[121] El fabricante norteamericano Ford llega a España como Ford Motor Company Sociedad Anónima Española Cádiz y se instala en la Zona Franca de Cádiz en el año 1920, montando automóviles y camionetas Ford en régimen CKD. Por diversos motivos, en 1923 la fábrica se traslada a la avenida Icaria de Barcelona. En 1929 pasa a denominarse Ford Motor Ibérica, S.A. Tras la Guerra Civil se centra en la fabricación de camiones ligeros Ford. Nacionalizada parcialmente y tras la salida de Ford, en 1954 adopta el nombre de Motor Ibérica, S.A. y pasa a producir tractores y camiones bajo la marca Ebro. En 1965, la multinacional Massey Ferguson se hace con el 35 % del capital. En 1966 adquiere el fabricante de estructuras metálicas y carrocerías BOSUGA. En 1967 adquiere el fabricante de furgonetas FADISA y se inaugura una segunda factoría en la Zona Franca de Barcelona. En 1970 adquiere el fabricante madrileño de vehículos de transporte AISA. En 1972 absorben al constructor artesanal SIATA de Tarragona. En 1974 adquieren el fabricante zaragozano especializado en vehículos todo terreno VIASA. Entre 1979 y 1980, Massey Ferguson vende sus acciones a la japonesa Nissan, que entra en el capital de la sociedad y acaba por absorberla, pasando a ser en 1986 Nissan Motor Ibérica, S.A. El jueves 16 de diciembre de 2021 salió de la cadena de montaje el último vehículo Nissan fabricado en la factoría de la Zona Franca. Todas las instalaciones industriales de Nissan en Cataluña, Barcelona Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, cesaron su actividad el 31 de diciembre de 2021.
[122] (Gundiás, 1919, La Habana, 1992). Empresario. Fundador entre otras de Galicia Industrial, S.A. y Barreiros Diesel, S.A.
[123] Desde finales de 1959, Barreiros fabrica tractores bajo licencia de la firma alemana Rheinstal Hanomag, comercializados en España como Hanomag Barreiros, y como Barreiros desde 1965.
[124] Sobre esta cuestión, Sabio Alcutén, 2010, p. 18.
[125] Nacida en 1902 por la fusión de varias empresas. Fabricante de maquinaria agrícola, automóviles, camiones, motores y otros muchos productos. Cesó su actividad en 1985.
[126] Posteriormente Santana Motor, S.A. Pasa a manos de la japonesa Suzuki entre 1985 y 1993. La Junta de Andalucía compra la empresa en el año 1995. Cesó su actividad en el año 2011.
[127] La DGCCCA se separó en dos organismos, la Dirección General de Coordinación Agraria y la Dirección General de Capacitación Agraria. Decreto 3293/1962 de 7 de diciembre de 1962. Orden de 10 de enero de 1963. BOE núm. 20 de 23 de enero de 1963.
