En torno al punto 27
El punto 27 marca la frontera entre la Falange independiente y la Falange posterior a la unificación. Simboliza, pues, la bifurcación entre posturas fieles al programa inicial y posturas más pragmáticas, que fue ya permanente. Por ello, estimo conveniente ahondar algo más en su significado y en las causas de su supresión.
El tenor literal de este punto es el siguiente: «Nos afanaremos por triunfar en la lucha con sólo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos muy poco. Sólo en el empuje final por la conquista del Estado gestionará el Mando las colaboraciones necesarias, siempre que esté asegurado nuestro predominio».
Se dicta, pues, una regla general, que es la de pactar poco, y, después, la excepción a esa regla, que se flexibiliza cuando se esté a punto de tomar el poder.
Sin perjuicio de otras posibles explicaciones que a buen seguro pueden ofrecer los eruditos, es lícito interpretar el punto 27 como una salvaguarda frente a contaminaciones ideológicas o consensos capaces de adulterar los principios falangistas[16]. Si el 26 llama a la revolución nacional, el 27 exige a la Falange no vacilar en esa revolución, que debe llevarse a cabo con «las fuerzas sujetas a nuestra disciplina», y no caer en la trampa de los acuerdos o de las componendas parlamentarias.
Dicho esto, caben dos puntualizaciones. La primera es que «Pactaremos muy poco» no significa «No pactaremos nada». Se deja abierta la posibilidad a algún pacto. En segundo término, y en consonancia con esa posibilidad, se recoge que en el trance de la conquista del Estado se gestionarán «las colaboraciones necesarias», bajo la condición de que esté asegurado el predominio falangista. En esta previsión debían de tener en mente sus autores el ejemplo, muy reciente en aquel entonces, de la toma del poder por los fascistas italianos (1922) y los nazis (1933), ambas precedidas de negociaciones para cumplir sus objetivos justo en el instante en que eran los partidos más fuertes en sus respectivos países y se hallaban en una posición muy ventajosa (los fascistas gracias a la Marcha sobre Roma y los nazis a causa de los resultados electorales).
Así las cosas, es explicable la mención a «las colaboraciones necesarias» estando garantizado el «predominio de Falange». Se estaba intentando imitar el caso italiano y alemán. En definitiva, el punto 27, tomando como referencia tales experiencias, no escapaba, pese a su aparente intransigencia, a la dificultad de conquistar el Estado sin ningún tipo de compromiso con el régimen imperante.
En España el curso de los acontecimientos fue bien distinto. Estalló una guerra civil y en el bando nacional no era Falange el grupo dominante, aunque fuese indiscutible su aportación, personal y doctrinal, al éxito de los sublevados. La unificación fue impuesta entonces por Franco, que quería evitar a toda costa la disgregación que observaba en el bando republicano. Mantener el punto 27 habría sido caer en el absurdo: había perdido su objeto. De un lado, el pacto, aun siendo a la fuerza, ya se había hecho realidad. De otro, ni siquiera había un «Mando» que pudiera gestionar la colaboración en los términos señalados por el punto 27: José Antonio, primer Jefe Nacional, había sido ya ejecutado, y el segundo en ostentar ese cargo, Manuel Hedilla, fue destituido y encarcelado. Por consiguiente, la supresión del punto 27 fue una decisión lógica teniendo en cuenta estos extremos y la situación creada por el Decreto de 19 de abril de 1937, que, en el fondo, supone la creación de un partido nuevo, FET y de las JONS.
En los que nos interesa, y siguiendo a Thomàs, el juicio que merece el Decreto es que, conservando 26 de los 27 Puntos, el modelo falangista-carlista se impuso al tradicionalista-carlista, aunque FE y de las JONS «acababa de desaparecer, incautada»[17].
Con todo, incluso si Falange se hubiera hecho con el Estado por sí misma, sin necesidad del Ejército o de otros apoyos, el punto 27 habría sido igualmente prescindible. Por consiguiente, siempre estuvo destinado a ser un precepto temporal, aplicable sólo durante la fase subversiva.
Consistencia del programa de la Falange
La Falange ha solido cargar con el estigma de un infradesarrollo ideológico, considerándose endeble su pensamiento. Esta postura subestima la importancia de los 27 Puntos y todo el desarrollo que de ellos emanó, ya fuese en forma de legislación o de estudios y ensayos, sobre todo en los años cuarenta.
No le falta razón a Martínez Val cuando sostiene que estos puntos «eran más unas líneas de táctica impuesta por las circunstancias que un cuerpo ideológico definitivo y coherente», los cuales debieran «haber sido revisados periódicamente»[18]. Cierto es que ello no fue posible, pues, al poco tiempo de su creación, la Falange participó en un conflicto bélico en el que no le quedó más remedio que asumir unos compromisos con los que no contaba al principio de su existencia. A partir de entonces, como único partido legalmente reconocido, tuvo ocasión de aplicar parcialmente sus políticas, si bien en un contexto de graves carencias, en competición con otros grupos y facciones y bajo un liderazgo supremo que no era falangista.
La evolución del régimen franquista desde el final de la Segunda Guerra Mundial fue achichando el espacio de FET, cuya actividad ideológica fue prematuramente interrumpida, lo que, a su vez, mermó su viabilidad como organización política. Tras su conversión en Movimiento Nacional y gradualmente vaciada de contenido, llegó a 1975 desarmada en lo intelectual e incapaz de articular una alternativa solvente.
Pese a todo, los 27 Puntos tienen el mérito de contener in nuce la ideología nacionalsindicalista. Sólo por ello ya dotan de una gran ventaja a la Falange.
Aún es posible sintetizar más esa ideología. Al igual que los diez mandamientos del cristianismo se resumen en dos, los 27 Puntos pueden ser compactados en uno de sus lemas más famosos: «Por la Patria, el Pan y la Justicia». Estas tres grandes aspiraciones son la expresión última del programa, las finalidades perseguidas por el nacionalsindicalismo, y a ellas se subordinan todas las políticas previstas.
Debe advertirse que no todos los movimientos fascistas de la época se tomaron la molestia de preparar un programa de estas características[19]. Por lo demás, en contraste con los programas de los partidos políticos actuales, trufados de clichés, parrafadas ininteligibles y datos inútiles, los 27 Puntos salen muy bien parados.
Ahora bien, son tres las omisiones respecto de fundamentales decisiones políticas que un lector corriente podría detectar. No hay una toma de postura sobre monarquía o república, sobre fiscalidad y sobre organización territorial del Estado. Pues bien, FE y de las JONS era un partido en un marco republicano y no era su intención la restauración de la monarquía. Así, puede entenderse que, pese a que nada se diga, tácitamente acepta la forma republicana, aun abogando por la derogación de la Constitución de la República. En cuanto a la fiscalidad, los puntos sobre el destino de la riqueza y la función social de la propiedad (12 y 13) invitan a pensar que la opción de Falange sería un sistema tributario progresivo que hiciera posible una mejor distribución de la renta y la riqueza. Por último, la estructura territorial del Estado no es definida en el programa, pero la oposición firme al separatismo y el repudio a la Constitución republicana por mor de que causa disgregación son buenos motivos para inferir la preferencia de Falange por un Estado unitario y centralizado, cuando menos, en sus funciones esenciales, lo que no estaría reñido con el protagonismo que se quiere atribuir al municipio.
Al hilo de estos comentarios, un apunte que parece oportuno es que los propios falangistas proclamaban su desprecio a las fórmulas[20]. No deben tomarse los 27 Puntos, en consecuencia, como una fórmula política perfecta e infalible. Una mayor densidad del programa o una recopilación de medidas para cada problema no llevaría aparejado un incremento de su valor y sí, en cambio, una indeseable fosilización. Es por ello por lo que, como a continuación se intentará demostrar, los 27 Puntos son un programa dotado de cierta frescura.
Los 27 Puntos en la España moderna
Al abordar la cuestión de la vigencia de los 27 Puntos, conviene recordar, por lo pronto, que es un programa vinculado a contexto político, social y económico distinto del actual y responde a unas corrientes ideológicas propias de la época que son inevitablemente tachadas de radicales. Aislar el producto de las circunstancias de su génesis y de los hechos posteriores es operación dificultosa y susceptible de incomprensión.
Dicho esto, los 27 Puntos han resistido bien el paso del tiempo. Puesto que fueron formulados al modo de grandes principios y propósitos, no han quedado anclados en el pasado. Pero hay algo más. En ellos se advierte sensibilidad política, ideas audaces y una prosa limpia y exacta que resulta atrayente.
Su aplicabilidad a los actuales problemas de España no es forzada ni arroja conclusiones inviables. De no ser por el estilo y por algunas providencias claramente anacrónicas, podría hacerse pasar por un programa redactado en estos años.
Primeramente, si grande era la crisis de España en la segunda mitad de los años treinta, ahora estamos instalados en un bache histórico que, a excepción de la violencia revolucionaria, evoca en múltiples facetas a aquella crisis, pues, antes como ahora, hay un intento de levantar un muro que expulse de la política a media España y un entendimiento entre izquierda y separatismo.
En España van mal no sólo los indicadores económicos. Adolece, además, de una crisis aguda que afecta a los principales elementos constitutivos de la nación, como son la soberanía, la demografía, la identidad, la cohesión interna, la proyección internacional y las instituciones. Elementos en permanente erosión desde hace décadas. Y las posibles soluciones corren a cargo de un régimen de partidos que, en su virulenta competición por el poder, alienta la división fratricida.
Habida cuenta de este diagnóstico, en el que no hay un ápice de exageración, se examinan las soluciones que propugnan los 27 Puntos. Ad cautelam, hay que indicar que en este test intelectual se ponen a prueba únicamente esos puntos, ni más ni menos. Es decir, no se entra a valorar el acierto o desacierto de las políticas, decisiones o medidas que realmente implementó FET.
Los cinco primeros puntos son los más fácilmente trasladables al presente, caracterizado por la confrontación cada vez más acusada entre nuevos nacionalismos y la agenda cosmopolita. Un pensamiento a favor del interés nacional y de la unidad, que aspira a engrandecer el país, que no soporta «la mediatización extranjera», no puede tildarse de caduco, sino de rabiosa actualidad.
En España, concretamente, nación muy debilitada en su identidad, tironeada desde arriba y desde abajo, estos puntos son como un latigazo, una inyección de vitalidad, y parecen tocar todas y cada una de nuestras cuitas nacionales.
El interés nacional es lo primero. Se aporta una definición de España que, frente a los intentos de ridiculizarla, ya es más sólida que la confusión actual. La afirmación de la unidad va seguida de la oposición sin ambages al separatismo, que sigue siendo uno de nuestros más pesados lastres. Como la Constitución (de 1931) atenta contra la unidad, debe ser anulada. Pues bien, la vigente Constitución tal vez no deba ser anulada, pero sí reformada hondamente. Es difícil negar que el Estado autonómico que reguló —modelo abierto y sustentado en una lealtad institucional de difícil o imposible garantía— y la confusión que introdujo al reconocer «nacionalidades y regiones» han fortalecido a los separatistas y han alimentado la desigualdad y el ensalzamiento de la diferencia, con menoscabo de la unidad.
La voluntad de imperio, que también ha sido objeto de mofa, se antoja más deseable que la voluntad de ser un títere de la Unión Europea o de otras organizaciones o potencias extranjeras. ¿Hace cuánto no ocupa España «un puesto preeminente en Europa»? ¿Por qué España se conforma con ser un país de segunda o tercera fila? ¿A qué se debe la sumisión ilimitada a organismos internacionales, aun cuando el interés nacional resulta violentado? En cambio, para algunos, la voluntad de imperio, esto es, un país fuerte que se haga respetar, un país que busque el liderazgo y la influencia en los asuntos mundiales, es algo irrisorio. Cabe preguntarse si quienes así lo creen están en nómina de potencias extranjeras, o bien son gentes despistadas que no comprenden que vivir en un país débil no depara ventaja alguna.
Hispanoamérica no debe ser obviada. Es ímprobo el esfuerzo que se está haciendo en aras de la Hispanidad. No por parte de las instituciones o de la clase política, sino merced a estudiosos, historiadores y publicistas que combaten con tenacidad la leyenda negra. Nuestro título para las relaciones con Hispanoamérica, que debieran ser prioritarias en un país que, además de europeo, es americano, bien podría ser esa Hispanidad preconizada por alguno de nuestros mejores autores y que, por desgracia, hoy languidece en el lazareto de los conceptos políticos incómodos.
El punto relativo a las fuerzas armadas podría haberse redactado ahora, en vista de las carencias de nuestros ejércitos, muy menguados en hombres y materiales, a los que se promete, por ejemplo, un buque de aprovisionamiento, que es lo que menos necesitan, pero lo único admisible para no ofender las sensibilidades de los que nos quieren indefensos.
Es importante poner de relieve que el nacionalismo que se propugna en estos puntos no conlleva aislamiento, aldeanismo o introspección, algo que ya se manifiesta en el punto 4, y que es aún más claro en el 5, que pide que sea España, de nuevo, una potencia marítima. Y lo era, por lo menos en cuanto a flota pesquera; pero también eso ha sido hundido, recortado. Más allá de eso, este punto, a mi entender, es interpretable como el objetivo de internacionalización de la economía española. Y cuando dice «para el peligro», es fácil pensar en una ambición de grandes aventuras y proyectos.
Los puntos 6 a 8 son un tanto más difíciles de encajar en la política moderna, más que nada a causa de la definición del Estado como «instrumento totalitario». Es claro que el totalitarismo no puede ser un objetivo político aceptable en nuestro tiempo. No obstante, ni ese punto fue finalmente entendido como una exhortación al totalitarismo puro y duro, ni podemos dejar de observar que el Estado actual es un Estado sumamente invasivo, que asume funciones de todo tipo y con un tamaño en continuo crecimiento, hasta el punto de que nadie duraría que es el principal actor de la nación. Así pues, si el Estado es un Estado intervencionista, un Estado regulador, coordinador y ordenador, no es negativo que ese Estado se encuentre «al servicio de la integridad patria». Mejor eso, por descontado, que al servicio de potencias extranjeras o de agendas que nadie ha votado.
La abolición del sistema de partidos es tanto como una impugnación de la democracia representativa, algo que así dicho causa inmediatos reparos. Pero cuántas veces los analistas y críticos de nuestro sistema han advertido contra los perjuicios de la partitocracia, que son muy notorios en España[21]. El problema es siempre la alternativa a los partidos o a la democracia representativa. Una democracia plebiscitaria o un régimen de partido único entrañan severos peligros, pero el propio punto 6 planteaba una participación orgánica, esto es, a través de la familia, el municipio y el sindicato. Como es sabido, en la práctica esto presenta insuficiencias, toda vez que no satisface a la perfección los ideales del sufragio universal y directo.
Este punto, en fin, supone una integral subversión del sistema democrático. Pero tiene algún detalle genial, como la despectiva referencia al parlamento «de tipo conocido» que no puede ser sino causa de regocijo en una España en la que Congreso y Senado se han convertido en mero corral de comedias.
La prueba más evidente de que el punto 6 difícilmente pretende un Estado totalitario es el punto 7, que reconoce la divinidad, integridad y libertad del individuo, en unos términos radicalmente incompatibles con un totalitarismo estatal auténtico, que despoja al individuo de toda esfera personal. El punto 8, al admitir la iniciativa privada, aunque sea dentro del interés colectivo, viene a reforzar aún más la posición del individuo.
Asimismo, los hechos y conflictos recientes han demostrado, sin ningún género de duda, que sólo es libre el individuo que pertenece a una nación libre y fuerte. Lo contrario es quedar a la intemperie, a merced de grupos enemigos, multinacionales, organismos supranacionales, élites apátridas y los mandarines del cosmopolitismo. El Estado nacional no ha dejado de ser el marco de referencia para el individuo, siempre y cuando no esté secuestrado por esas otras fuerzas y se haya vuelto en contra de su propia población.
Entendida de esta forma, la nación es, para el individuo, tanto garantía como freno. Garantía porque le proporciona cobijo, una comunidad familiar en la que desenvolverse. Freno por cuanto le impone unas reglas y límites a los que amoldarse y unos intereses superiores a los que plegar los propios. Consecuentemente, esta concepción de la libertad dentro de la nación elimina la exaltación de las individualidades que favorece el liberalismo, pero sin abocar al individuo a la irrelevancia dentro de un colectivo.
El programa económico de los 27 Puntos podría considerarse, a primera vista, superado. Quien siga creyendo que los polos opuestos de nuestro tiempo son liberalismo y comunismo se equivoca gravemente o quiere distraer la atención de la confrontación real. En rigor, lo que acontece es el auge de la era woke, en la que multinacionales y magnates están cómodos, que encierra lo peor del capitalismo (codicia, depredación, prevalencia del interés económico y comercial) y de la ingeniería social de corte marxista (división social, materialismo, desprecio de la espiritualidad). Se impone una lógica de decrecimiento para salvar el planeta. Esto último a través de una política climática irracional que, sin aportar ganancia alguna, nos pone en la senda del empobrecimiento irreversible. El perdedor es, indudablemente, el individuo y, por extensión, su más natural espacio de convivencia, que es la nación.
Ahora más que nunca merece ser repudiado, en los fulminantes términos del punto 10, ese capitalismo de Davos «que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes, propicias a la miseria y a la desesperación» y ese marxismo que ha descarriado a las «clases laboriosas». El Estado no puede inhibirse, sino que debe actuar. Un Estado fuerte, director de la vida económica y social, que espante esas influencias perniciosas, conjure las amenazas a su unidad y favorezca el enriquecimiento de la nación. Y un Estado que haga de la justicia social su prioridad. Una justicia social que es dar a todos oportunidades justas y adecuadas, no propagar la pobreza y el rencor y penalizar gratuitamente a los miembros exitosos de la sociedad. Que la riqueza se utilice para mejorar las condiciones de vida del pueblo, como dice el punto 12. Para ello, es necesario generar esa riqueza.
La fórmula del sindicalismo vertical del punto 9, por el contrario, es de difícil recuperación. No obstante, el corporativismo no es una idea privada de sentido, que haya sido exitosamente desvirtuada. Una renovada arquitectura institucional corporativa podría dar buenos resultados tanto en la conciliación de interés público y privado como en la coordinación y planificación de la economía.
Los puntos relativos a la reforma agraria han quedado más desfasados, como consecuencia de las profundas transformaciones experimentadas en el medio agrícola. No obstante, el campo está bajo la amenaza de la política climática y, asimismo, está siendo severamente castigado por las regulaciones abusivas de la UE y la competencia desleal de terceros países. De ahí las protestas de los agricultores, hasta ahora desatendidas. Por tanto, cómo no conceder validez al objetivo de «elevar a todo trance el nivel de vida del campo, vivero permanente de España». Y merece atención el concepto de vivero. La alimentación es un sector estratégico; una dependencia del exterior en el suministro de productos básicos puede ser absolutamente letal.
Del mismo modo, son acertadas medidas como la protección a través de aranceles, a fin de salvaguardar nuestro sector primario frente a la referida competencia desleal, que no se sujeta a las mismas reglas que deben cumplir nuestros agricultores, y la aceleración de obras hidráulicas, en vez de su destrucción, que es lo que ocurre ahora, de nuevo en nombre de la política climática.
La repoblación ganadera y forestal del punto 20 puede concebirse como una medida favorable a la protección del medioambiente. Esta protección del medioambiente tiene un sentido profundamente humano y nacional, en la medida en que se encamina a «reconstruir la riqueza patria», en tanto que la política climática oficial es inhumana y hostil a la nación, pretendiendo privaciones para los hombres y la supresión de las fuentes de riqueza.
Ninguna tacha cabe poner a una educación que inculque valores patrióticos y compromiso con la nación, a la promoción estatal del talento y al sentido católico de la reconstrucción nacional, pues no es oficializar una religión, sino reconocer su impronta en España y los beneficios que aporta (esperanza, moralidad, familias fuertes…), siempre que no incida en la independencia del Estado y dejando bien delimitadas las respectivas esferas de actuación.
El punto 26, sobre la revolución nacional, puede ser aceptado si se le despoja de cualquier connotación violenta o insurreccional. Revolución es no conformismo, revolverse contra el sistema que nos ahoga, contra la Agenda 2030 y sus turiferarios. Que la «vida es milicia» sería un lema adecuado para la juventud, para que sea combativa, para que se vuelque en restaurar el interés nacional, «en pugna con las resistencias del orden vigente».
Por último, el punto 27, que es el de la obstinación, el del empecinamiento en la causa que se considera correcta, el de la sujeción a unos principios firmes, es el antídoto contra el consenso, que ha sido el talismán de la política española desde 1978. Consenso y razón, o mejor, consenso e interés nacional, no siempre van de la mano. Cuántas veces han celebrado nuestros políticos un consenso, a pesar de que lo consensuado no era lo mejor para España.
