Como acabamos de ver, tras la forzada dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII intentó reconducir el régimen monárquico por la senda constitucional. Con ese fin, nombró presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer[1], quien se estrelló contra el desorden general, la debilidad de los partidos monárquicos y la sublevación de Jaca[2].
En febrero de 1931, el Rey ofreció el gobierno a Santiago Alba (Partido Liberal). Este lo rechazó. El Rey lo intentó con José Sánchez Guerra, quien fue a la cárcel Modelo y ofreció a los participantes de la sublevación de Jaca sendas carteras ministeriales, que no aceptaron. Acto seguido, el Rey nombró presidente al almirante Juan Bautista Aznar. Éste formó un gobierno de “concentración monárquica” donde entraron los líderes de los partidos liberal y conservador. El nuevo gobierno propuso un calendario electoral: primero elecciones municipales (el 12 de abril de 1931), después provinciales y en junio, generales constituyentes.
La II República fue proclamada el 14 de abril de 1931, aunque las elecciones municipales del 12 de abril arrojaron resultados claramente favorables a los monárquicos: 22.150 concejales frente a 5.875 concejales de las opciones republicanas. Sin embargo, la Corona había perdido en las ciudades, donde los republicanos habían resultado ganadores en 41 de las 49 capitales de provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona, la relación era de 4/1. Los partidarios de la República interpretaron los resultados como un plebiscito a favor de su instauración.
Sin esperar a la segunda vuelta, a medianoche del 12 al 13, los ministros se reunieron informalmente en la Puerta del Sol (ministerio de la Gobernación) con el general Sanjurjo, quien no garantizó la intervención de la Guardia Civil ante eventuales disturbios. Dámaso Berenguer, ministro de la Guerra, envió un cable a las autoridades militares de provincias[3], instándolas a “seguir el curso lógico que les impone la suprema voluntad nacional”[4]. En resumen, Sanjurjo y Berenguer contribuyeron decisivamente a la defenestración de la monarquía.
A primera hora del día 14, Romanones envió al Rey una nota[5]. En la práctica, era un ultimátum. Los intentos del Rey de conseguir que Niceto Alcalá Zamora[6] le garantizara su salida y la de su familia pacíficamente de España se estrellaron contra la bravuconería de Alcalá Zamora[7]: éste exigió que el Rey abandonara España de inmediato: «Si antes del anochecer no se ha proclamado la República, la violencia del pueblo puede provocar la catástrofe».
El Rey declaró: “Yo no seré obstáculo en el camino que haya que tomar, pero creo que aún hay varios caminos”. A las 10:30, el presidente Aznar iniciaba el Consejo de ministros. El ministro de Fomento, Juan de la Cierva y Peñafiel intentó resistir. De La Cierva advirtió: “El Rey se equivoca si piensa que su alejamiento y pérdida de la Corona evitarán que se viertan lágrimas y sangre en España. Es lo contrario, señor”.
Le apoyaron Gabino Bugallal y Manuel García Prieto. El resto, encabezado por Romanones, entendió que todo estaba perdido. Maura había sido monárquico hasta muy poco antes y Romanones se suponía monárquico. ¿Qué los movió a traicionar al Rey?
Los monárquicos dieron un golpe de estado contra la Monarquía, contrariando a sus votantes. El monarca marchó al exilio la noche del 14 de abril de 1931. Falleció el 28 de febrero de 1941, en Roma.
La República, que nació de esa manera, atacó fuertemente a la Iglesia, no garantizó la separación de poderes y aplicó leyes autoritarias como la de Defensa de la República[8]. No fue un modélico régimen democrático y progresista, derrocado al cabo por reaccionarios. Mucho antes de esa acción, la intransigencia de las izquierdas socialistas y comunistas, de los separatistas y de los anarquistas la reventaron. Veamos.
Azaña obtuvo la presidencia del gobierno en octubre de 1931, cuando Niceto Alcalá Zamora la abandonó[9] por los enfrentamientos sobre las relaciones Iglesia-Estado[10].
Pero empecemos por el principio. El 10 de mayo, una multitud rodeó la sede del diario ABC en la calle Serrano de Madrid. Intervino la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban quemar el edificio, causando dos muertos y varios heridos. La subsiguiente manifestación en la Puerta del Sol[11]exigió la dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura. Grupos terroristas asolaron centros católicos. Por la noche, los atentados se reprodujeron, esta vez contra la Guardia Civil. De madrugada, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, quiso desplegar al instituto armado, pero el presidente Alcalá-Zamora y el ministro de la Guerra, Azaña, se lo impidieron argumentando la inconveniencia de reprimir al «pueblo»[12], restando importancia a lo sucedido[13].
Cuando el gobierno se hallaba reunido a primeras horas de la mañana del lunes, 11 de mayo, llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas estaba ardiendo. Miguel Maura volvió a intentar sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden, pero como la noche anterior, se topó con la oposición del resto, sobre todo de Manuel Azaña, quien afirmó “todos los conventos de España no valen la vida de un republicano” y “si sale la Guardia Civil, yo dimito”.
La pasividad gubernativa permitió que los terroristas quemaran varios edificios religiosos, con enormes pérdidas de patrimonio cultural[14].
Al día siguiente, 12 de mayo, la quema de edificios religiosos se extendió a poblaciones del sur y el este español. Allá donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron rápida y contundentemente, la situación se normalizó de inmediato.
Hubo 10 muertos, todos en Málaga. Como colofón, el gobierno suspendió la publicación del ABC y “El Debate”, detuvo a figuras monárquicas y expulsó de España al obispo de Vitoria, Mateo Múgica.
Aunque se entiende que fueron anarquistas y gentes del ala izquierda republicana para presionar al gobierno provisional contra la Iglesia, no se sabe con certeza quién quemó los cien edificios religiosos, pero sí que el gobierno no controló los acontecimientos y rehusó hacer cumplir la Ley. Alcalá Zamora se ufanó de “haber evitado un baño de sangre”. Sin embargo, Pío XI no se dejó engañar[15].
La II República se había autoexigido amparar la libertad de conciencia y secularizar la sociedad española para deslegitimar la monarquía, que se entendía fuertemente respaldada por la iglesia. En esa línea, anunciaron su intención de crear una red de escuelas laicas, permitir el divorcio y reducir o eliminar las órdenes religiosas establecidas. En sus tres primeras semanas, el gobierno provisional aprobó una batería de medidas sedicentemente laicas[16], pero cuya verdadera voluntad era eliminar la presencia de la iglesia católica en la vida civil y militar.
Con carácter previo a todos estos hechos, el gobierno había asegurado al nuncio Federico Tedeschini que respetaría[17] el Concordato de 1851 y pidió a cambio muestras de acatamiento. El 24 de abril, el nuncio envió un telegrama[18] en ese sentido a los obispos. No todos lo recibieron igual. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, mostró aquiescencia, como era de esperar ante la deferencia que ya había mostrado en días anteriores[19]. En esa línea se mostraron el cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundain y Esteban, y el diario católico El Debate, dirigido por Ángel Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
Otro sector del obispado lo consideró inaceptable. El cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, publicó el 1 de mayo una pastoral en la que elogiaba la monarquía. La prensa republicana lo interpretó como una incitación para salvaguardar los derechos de la iglesia. Los partidos y organizaciones de izquierda pusieron pies en pared. El gobierno provisional protestó al Nuncio y pidió el cese de Segura.
Entre el 13 y el 22 de mayo, tras los incendios y su inacción, el gobierno provisional aprobó medidas adicionales para apuntalar el castigo a la iglesia.
Ésta, que había reaccionado con gran prudencia a los incendios sufridos, criticó con dureza estas nuevas medidas, fundamentalmente la retirada de los crucifijos de las aulas. El Nuncio declaró que no se había respetado el Concordato, lo que reducía a la ilegalidad las medidas adoptadas. La Santa Sede negó el placet al nuevo embajador de España, Luis de Zulueta. El 3 de junio, el cardenal Segura, desde Roma, declaró en una pastoral “la penosísima impresión que les habían producido ciertas disposiciones gubernativas y los agravios que había padecido la Iglesia”. La reacción de la prensa socialista fue declarar estas palabras como una “intromisión intolerable”. El gobierno provisional pidió al Vaticano que el cardenal Segura no volviese a España. El cardenal volvió a España el 11 de junio. Fue detenido el 14 de junio y expulsado.
Entre abril y septiembre de 1931, Manuel Azaña[20], a la sazón ministro de Guerra, desarrolló varios decretos[21] que buscaban reducir los efectivos militares[22].
Como hemos apuntado antes en un pie de página, el 30 de junio de 1931, un decreto del ministro de Guerra (Azaña) disolvió la Academia General Militar, cuyo director (Francisco Franco) y cuerpo docente pasaban a la condición de “disponibles forzosos” desde finales del mes de julio. El 14 de julio se clausuró oficialmente la Academia con un discurso de Franco[23] en el que apeló a la disciplina y a la falta de bandera oficial[24]. Fue uno de los más conspicuos discursos de la carrera de Franco. Provocó una airada reacción de Azaña y una nota desfavorable en la hoja de servicios de Franco.
El 9 de octubre de 1931[25], sindicalistas socialistas dispararon a la Guardia Civil desde la sede del partido en Gilena (Sevilla). Como consecuencia, hubo seis muertos.
El 21/10/1931 se promulgó la Ley de Defensa de la República[26]. Tras ser aprobada la Constitución[27] el 9 de diciembre de 1931, Alcalá Zamora volvió a la presidencia. Los socialistas entraron en el gobierno. Azaña presentó ese mismo diciembre de 1931 un programa de máximos[28], con reformas de orden educativo, religioso[29], económico[30], militar[31] y social[32], más el estatuto de autonomía para Cataluña. El 2 de febrero de 1932, Azaña fue iniciado en la masonería.
A principios de 1932, una huelga general convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) resultó muy cruenta y llevó a la proclamación del comunismo ácrata en la cuenca alta del Llobregat[33].
En julio de 1932, Sanjurjo se entrevistó en secreto con Franco para pedirle su apoyo en el pronunciamiento[34]que pensaba protagonizar. Franco no se lo dio[35].
El 12 de enero de 1933, durante el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña, aconteció la matanza de Casas Viejas[36]. Los sucesos llevaron meses después a la caída del gobierno.
En febrero de 1933, tras quejarse Franco de haber perdido puestos en el escalafón[37], Azaña lo destinó a las islas Baleares como comandante militar. El 19 de noviembre y 3 de diciembre de 1933 se celebraron elecciones generales. La victoria fue para la CEDA[38]. A finales de marzo de 1934, el nuevo gobierno ascendió a Franco a general de División, alcanzando así el techo de la carrera militar[39]. En 1934, Franco se adhirió a la organización Entente Internacional Anticomunista[40] (Ginebra)[41].
El 26 de septiembre de 1934, tres miembros de la CEDA se incorporaron al nuevo ejecutivo, presidido por Alejandro Lerroux. Los partidos de izquierda reaccionaron violentamente, decididos a no tolerarlo. El 5 de octubre desencadenaron la “huelga general revolucionaria”, que había sido cuidadosamente preparada desde el 27 de enero, momento en el que el Comité Nacional de UGT votó abrumadoramente a favor del abandono de la vía parlamentaria al socialismo y reemplazarla por un movimiento revolucionario[42].
El 5 de octubre, el Partido Socialista Obrero Español declaró la huelga general revolucionaria en toda España[43] como protesta por el nuevo gobierno, para volcar la situación en su favor[44]. El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de una sedicente “República Federal Española”.
El ya mencionado día 5 de octubre, el gobierno de Alejandro Lerroux no cedió frente a la intentona revolucionaria, que consideró el inicio de una guerra civil. Como Gil-Robles no confiaba en el jefe del Estado Mayor[45], solicitó a Lerroux recurriera a otros militares para sofocar la rebelión. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, eligió a los generales Manuel Goded y Francisco Franco para defender la legalidad republicana desde Madrid.
La primera actuación consistió en traer tropas de la Legión y de los Regulares, destinadas en África, por tratarse de militares profesionales, ampliamente fogueados en la lucha contra las tribus rifeñas y, por tanto, de mayor eficacia.
A partir de ahí, las tropas republicanas se desplegaron por cuatro frentes. El primero que entró en acción (el propio día 5) fue el frente sur. Las tropas del gobierno entraron a través del Puerto de Pajares al mando de los generales Carlos Bosch primero y Amado Balmes después. El día 7 se activó el frente norte, al desembarcar en Gijón legionarios y regulares comandados por el teniente coronel Juan Yagüe. El tercer frente en activarse fue el occidental, con tropas provenientes de Galicia, comandadas por el general Eduardo López Ochoa. El frente del este fue abierto con una columna procedente de Bilbao (teniente coronel José Solchaga).
El frente sur de los alzados estaba compuesto por 3.000 mineros y obreros del metal que debían haber marchado hacia Oviedo, pero permanecieron en el frente porque los mineros de León nunca aparecieron para sumarse al alzamiento. Detuvieron al ejército gubernativo durante todo el día 10. Sólo el día 11 pudieron las tropas avanzar hacia Mieres. En el frente norte, los rebeldes aguantaron hasta el mismo día 10, fecha en el que las tropas de Yagüe comenzaron la marcha sobre Oviedo.
Las tropas leales del frente oeste ocuparon de inmediato la fábrica de armas de Trubia. Las procedentes del este fueron detenidas por blindados cerca de Oviedo, ya casi cercada. Al conocer el Comité Revolucionario Provincial el estado de los combates[46], ordenó la retirada de la capital y huyó. Bajo un nuevo Comité, los combates continuaron durante los dos días siguientes. Finalmente, el 13 de octubre, Oviedo fue totalmente ocupada por las tropas gubernamentales. Los insurrectos se retiraron a las cuencas mineras. Allí se constituyó el tercer Comité Revolucionario Provincial, bajo Belarmino Tomás[47]. El día 15, tras perder Mieres, los insurrectos pidieron negociar la rendición con López Ochoa[48], al frente del Ejército. Los términos del acuerdo fueron aceptados con dificultades por las asambleas de mineros; algunos escondieron las armas y otros huyeron al monte. La rendición del último reducto subversivo tuvo lugar el día 18 [49]. Ese mismo día 18 de octubre de 1934 finalizó el golpe de estado socialista en Asturias[50].
La intentona revolucionaria[51] estuvo bien preparada y armada, pero fue en vano. Sus consecuencias fueron extraordinariamente leves para los revolucionarios con significación política. El 16 de febrero de 1935 se celebró un consejo de guerra contra dos diputados socialistas implicados, Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña[52], 17 miembros de los comités revolucionarios y dos sujetos más. Hubo sentencias de muerte para todos ellos, pero Alcalá-Zamora las conmutó, salvo dos[53]. Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto[54] se libraron, el primero mintiendo en su enjuiciamiento[55] y el segundo, huyendo a Francia[56].
La revolución de Asturias es una de las referencias históricas del Siglo XX español. La mayoría de los historiadores entiende que se trató del primer intento socialista de implantar violentamente la dictadura del proletariado en España. Muchos de ellos afirman que la guerra del 34 y la del 36 son parte del mismo proceso: la guerra civil empezó en 1934 y se reanudó en 1936.
Según Gregorio Marañón, la sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en toda regla de ejecutar el plan comunista de conquistar España[57]. Para Claudio Sánchez-Albornoz, fue el final de la II República: «La revolución de octubre – lo he dicho y lo he escrito muchas veces – acabó con la República. Ella y la vehementia cordis que ya Plinio atribuía a los españoles«[58]. Para Gerald Brennan[59], la revolución de Asturias fue la primera batalla de la Guerra Civil.[60]
El político republicano Salvador de Madariaga afirmó: ”El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo”.[61] En opinión de Julián Marías,[62] la revolución de octubre fue desastrosa y sirvió para acabar con la República: «La República murió entonces. Fue la negación de la democracia, el no aceptar el resultado de unas elecciones limpísimas.»[63] Juan Negrín criticó severamente el estallido de 1934[64]. Manuel Portela Valladares[65] lo denunció. Hasta José Maldonado, presidente de la República en el exilio, lo consideró un error[66].
El fracaso de la revolución de 1934 fue transformado en un éxito a través de una amplia campaña de propaganda sobre la supuesta (pero inexistente) brutalidad de la represión republicana en Asturias, lo que provocó un clima de guerra civil. Sobre esa base, Azaña defenestró a Alcalá-Zamora el 20 de marzo. Restableció relaciones con Prieto y Largo Caballero y contribuyó a crear una coalición electoral: el Frente Popular. Sus discursos de 1935 excluyeron absolutamente la moderación, encumbrando la revolución de octubre[67].
En Cataluña, el día 6 de octubre, Companys intentó tomar todo el poder. El presidente del Gobierno, Lerroux, declaró el estado de guerra. A las 22:00, la artillería se desplegó en la Plaza de la República[68]. Cerca de las 23:00, una compañía de infantería y una batería de artillería llegaron a la Rambla de Santa Mónica. Los insurrectos dispararon, resultando muerto un mando y heridos siete números. La repuesta artillera provocó tres víctimas del Partit Català Proletari.
A las 6:00 del día 7, Companys comunicó su rendición al general Batet. El golpe había fracasado. La República quedó dañada. Murieron 46 personas, 38 civiles y 8 militares. Más de 3.000 fueron encarceladas.
Companys y su gobierno fueron acusados de rebelión, juzgados por el tribunal de garantías constitucionales y sentenciados en junio de 1935 a 30 años de prisión[69]. El comandante Pérez Farrás, jefe de los Mozos de Escuadra, fue condenado a muerte. Alcalá Zamora conmutó el fallo por reclusión perpetua. Los diputados, alcaldes y concejales detenidos fueron liberados en febrero de 1936.
El 15 de febrero de 1935, el Gobierno impuso a Franco la Gran Cruz del Mérito Militar y le nombró comandante en jefe de las tropas de Marruecos. Tres meses después de tomar posesión de su cargo, tras otra crisis política que propició una nueva remodelación del Gobierno, ya con Gil-Robles como ministro de la Guerra, Franco regresó a la Península como jefe del Estado Mayor Central del Ejército, cargo que desempeñaría hasta el triunfo electoral del Frente Popular.
A finales de 1935 cayó el gobierno Lerroux. Se convocaron nuevas elecciones. En enero de 1936, Manuel Portela Valladares[70], ante rumores de un golpe militar, envió al director general de Seguridad, Vicente Santiago, a entrevistarse con Franco; éste, como jefe del Estado Mayor, le aseguró que no conspiraría mientras no existiese peligro comunista en España. El 7 de enero de 1936, Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la II República, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el siguiente 16 de febrero.
En las elecciones de febrero de 1936, el PSOE regresó al poder y liberó a los rebeldes. Azaña firmó un decreto de amnistía para los golpistas. Companys[71] fue ratificado como presidente[72].
Las elecciones generales acontecieron el 16 de febrero de 1936. La previa campaña electoral fue violentísima. Las izquierdas exaltaron el golpe de 1934, convirtiendo en el eje argumental las inventadas atrocidades derechistas en Asturias, invirtiendo la realidad y falseando los hechos[73]: estaban decididos a imponer su voluntad. Hubo 41 muertos y 80 heridos graves.
Las elecciones se desarrollaron asimismo en un clima de gran violencia. Los resultados oficiales pasaron a la historia como las de la victoria democrática del llamado Frente Popular. Sin embargo, fueron fruto de un pucherazo[74]. Está demostrado sin lugar a dudas[75]. La II República había perdido su legitimidad.
Tras la primera vuelta, entre los días 16 y 19 de febrero, intimidaciones, desórdenes y coacciones organizadas por autoridades interinas a nivel provincial, que se hicieron con la documentación electoral[76], se extendieron por todo el país.
La segunda vuelta de las elecciones debía ser presidida por el mismo gobierno de la primera, pero Portela dimitió el día 18, entregando el poder al Frente Popular: fue ilegal. El 19 se celebró la entrega de poderes[77]. Las elecciones se repitieron en Granada y Cuenca, que tradicionalmente registraban resultados con un claro voto a las derechas y así lo habían hecho el 16 de febrero. Sin embargo, se declararon nulas y se convocaron nuevas elecciones para el 5 de mayo, en un ambiente de absoluto terror desencadenado por las izquierdas[78].
El 1 de marzo se celebró la segunda vuelta, controlada por el Frente Popular desde el gobierno.
Las consecuencias del inmenso fraude son conocidas. Se abrió un proceso revolucionario: asesinatos, quema de iglesias y de registros de la propiedad, de periódicos conservadores, de sedes de partidos derechistas, depuración de miembros o simpatizantes de la derecha del aparato del Estado, anulación de la independencia de la Justicia[79].
Azaña fue nombrado presidente del gobierno. El general Mola fue destituido del mando del Ejército de África y enviado a Pamplona. El general Goded fue destinado a las Baleares. Franco fue cesado como jefe de Estado Mayor y nombrado comandante general de Canarias, en un intento de quitarle de en medio.
El 19 de febrero de 1936 se formó el nuevo gobierno. Éste amnistió a los responsables del golpe de Asturias de 1934 y encarceló a la cúpula de Falange Española. Azaña fue elegido presidente el 10 de mayo de 1936[80]. Jefe del gobierno resultó Santiago Casares Quiroga[81].
A la vista de lo anterior, Mola, por decisión de Sanjurjo, se encargó de coordinar las actuaciones para un levantamiento. Franco se mostró reticente en todo momento, sabedor de que el fracaso del golpe podría abocar al peor de los escenarios: una guerra civil. Mola se sintió molesto, pues consideraba que la participación de Franco, de gran prestigio, era imprescindible para el éxito del levantamiento.
La situación social se agravó. Los enfrentamientos sangrientos azuzados por la izquierda se multiplicaron. El 3 de junio el gobierno efectuó un registro en Pamplona para inculpar a Mola, sin éxito.
El 16 de junio, en las Cortes, el enfrentamiento dialéctico fue completo. Los discursos de distintas señorías fueron abiertos, descarnados[82], irreconciliables[83].
El 23 de junio, Franco envió una carta al presidente Casares advirtiéndole del descontento existente en el seno del Ejército, y ofreciéndose para corregir esa situación[84]. Casares Quiroga no respondió.
José Tarradellas indicó que La Pasionaria había dicho, dirigiéndose a José Calvo Sotelo: ”Este hombre ha hablado por última vez”. La frase exacta [85] fue ligeramente distinta. El 1 de julio, en las Cortes, el diputado socialista Ángel Galarza[86] afirmó que el uso de la violencia era legítimo “contra quien utilizaba el escaño para erigirse en jefe del fascismo y quiere terminar con el Parlamento y con los partidos”. Dolores Ibárruri vociferaba “¡Hay que arrastrarlos!». Julián Cortés Cavanillas, ex vicesecretario general de Renovación Española, visitó el 10 de julio a Calvo Sotelo para advertirle sobre un plan de asesinato que un agente suyo infiltrado en las filas del PSOE había descubierto.
El desorden reinaba en España, instrumentado desde las organizaciones del Frente Popular contra las de derechas. El gobierno dejaba hacer. El resultado fue un caos criminal. El 12 de julio, José Castillo Sáenz de Tejada, teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista[87], fue asesinado a tiros en la puerta de su casa.
El 13 de julio de 1936, de madrugada, policías socialistas secuestraron en su domicilio al líder de la derecha parlamentaria en la II República[88] y lo asesinaron en la camioneta que lo transportaba. Los sicarios abandonaron su cadáver en el cementerio. El líder derechista se llamaba José Calvo-Sotelo[89] y su asesinato desencadenó la Guerra Civil que acabó con la República y con el Frente Popular.
El detalle fue el siguiente. Durante la noche del 12 de julio, se habían concentrado en el cuartel de la Guardia de Asalto de Pontejos varios policías compañeros de Castillo, paisanos pertenecientes a las milicias socialistas, muchos de ellos miembros de La Motorizada[90], y el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés Romero[91], amigo de Castillo. Solicitaron al ministro de la Gobernación, Juan Moles, autorización para detener a falangistas. El ministro accedió. En las primeras horas de la madrugada del día 13 de julio, varias camionetas policiales salieron de Pontejos. En la nº 17 iba un grupo de guardias de asalto y milicianos (es decir, miembros de las milicias) socialistas como Luis Cuenca Estevas[92]. La autoridad era Condés.
En primer lugar se dirigieron a la residencia del líder del partido Renovación Española, Antonio Goicoechea, que no era falangista, quien no se encontraba en su domicilio. Fueron después a la vivienda de Gil-Robles, que tampoco era falangista, pero Gil-Robles estaba fuera. A continuación, se dirigieron a la vivienda del jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, quien tampoco era falangista. A las 03:00, llegados al domicilio de Calvo Sotelo, tras cortar el teléfono, se llevaron al político sin que su escolta se opusiera[93]. A unos doscientos metros del portal, Luis Cuenca[94], militante socialista y guardaespaldas de Indalecio Prieto, disparó dos veces en la nuca a Calvo Sotelo, matándolo. Arrojaron el cadáver en la puerta del Cementerio del Este.
A las ocho y media de la mañana, Condés se presentó en la sede del PSOE, donde informó del asesinato al diputado y vicesecretario de la comisión ejecutiva del PSOE, Juan Simeón Vidarte. En torno a las 12:00, Cuenca, Condés y demás integrantes del grupo de asesinos de Calvo Sotelo fueron detenidos por la policía. En el entierro de Calvo Sotelo, el 14 de julio, hubo cinco muertos y más de treinta heridos entre los asistentes, enfrentados con la policía.
El crimen tuvo el efecto de una declaración de guerra. Carlistas, falangistas, monárquicos y en general los partidos conservadores obviaron sus discrepancias. Muchos militares, que dudaban acerca de si participar en la conspiración militar organizada por el general Emilio Mola, se decidieron: la policía, junto con pistoleros del PSOE, había asesinado al jefe más conspicuo de la oposición. El gobierno era cómplice.
La indignación era general y sectores de la derecha se mostraron dispuestos a cortar esta deriva[95]. Lo consideraban imprescindible para evitar su desaparición física, que la izquierda venía anunciando desde hacía años. Numerosos indecisos se sumaron a la conspiración. Crecían los rumores de un inminente golpe de Estado. El día 14, Mola recibió un mensaje de Franco con su decisión de alzarse finalmente.
El 17 se produjo la sublevación en Ceuta, Melilla y Tetuán, que fue adelantada un día por precaución ante posibles filtraciones. El 18, a las seis y diez de la mañana, Franco envió un telegrama desde Santa Cruz de Tenerife, como comandante General de Canarias, al General jefe de la circunscripción oriental de África (Melilla) declarando el inicio del Alzamiento.[96]
Franco embarcó a su mujer y a su hija hacia Francia y él voló a Marruecos en un avión Dragon Rapide[97]. Durante la madrugada del día 19, domingo, Franco voló hacia territorio español y a las 7:30 horas aterrizó en Tetuán. El Alzamiento triunfó de inmediato en África y en Galicia.[98]
Sólo se alzaron 4 generales de División de los 21 que existían en aquel momento: Cabanellas, Franco, Goded y Queipo de Llano.
Casares Quiroga dimitió el 18 de julio[99]. Azaña encargó al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, formar gobierno con partidos de la derecha, sin comunistas. El PSOE se negó a participar.
Socialistas, comunistas y anarcosindicalistas pidieron armas para hacer frente a la sublevación y se negaron a reconocer al nuevo gobierno[100]. Entonces Martínez Barrio dimitió (día 19). Azaña reunió a los partidos. Largo Caballero exigió las armas. Azaña encargó formar gobierno a José Giral, quien autorizó su reparto.[101]
[1] Seguramente el lector recordará el artículo de José Ortega y Gasset del 15 de noviembre de 1930 en El Sol, titulado “El error Berenguer”. Ortega y Gasset, gran filósofo, carecía de las capacidades precisas para construir artículos de prensa de gran raigambre política, pero el impacto del artículo fue tremendo.
[2] La llamada sublevación de Jaca tuvo lugar en diciembre 1930. Fue un levantamiento militar que intentó establecer la República a partir de esa población oscense. Sus líderes, los capitanes Galán y García Hernández, fueron fusilados tras fracasar la intentona.
[3] El texto afirmaba la “derrota de las candidaturas monárquicas en las principales circunscripciones”.
[4] Al proclamarse la República el 14 de abril, Franco mostró su condición monárquica manteniendo la bandera rojigualda en la Academia General Militar hasta que le llegaron órdenes escritas en sentido contrario.
[5] “Los sucesos de esta madrugada hacen temer a los ministros que la actitud de los republicanos pueda encontrar adhesiones en elementos del Ejército y fuerza pública (…) y se produzcan sangrientos sucesos. Para evitarlo (…) podría V. M. reunir hoy al Consejo (…) y el mismo reciba la renuncia del Rey para hacer ordenadamente la transmisión de poderes”.
[6] Quien actuó como presidente del comité ejecutivo del Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930), destinado a impulsar un movimiento popular para derrocar la Monarquía e instaurar en su lugar una República.
[7] Niceto Alcalá-Zamora (Priego de Córdoba, 1877) fue jurista y político. Llegó a presidir la II República entre 1931 y 1936. Brillante y capaz, a los 17 años era licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y a los veintidós, letrado del Consejo de Estado. El 13 de abril de 1930, Alcalá-Zamora pronunció un discurso en el que retiró su apoyo a la Monarquía, reivindicando una república apoyada en las clases medias y los intelectuales. Junto con Miguel Maura, representó al republicanismo conservador en el Pacto de San Sebastián, orientado a derrocar la Monarquía a través del impulso popular. El Pacto creó un Comité Ejecutivo para vertebrar la acción republicana en España. Alcalá-Zamora fue elegido presidente.
Tras los brutales sucesos anticlericales de mayo de 1931, el gobierno se fue escorando hacia la izquierda, conducido por Manuel Azaña. Alcalá-Zamora y Maura abandonaron el gobierno el 14 de octubre de 1931. Para evitar que Alcalá-Zamora emprendiera una campaña de desprestigio contra la República, azañistas y socialistas le ofrecieron la presidencia. Fue elegido sin oposición el 2/12/1931. Azaña le presentó para su ratificación las leyes de Congregaciones y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Como Alcalá-Zamora no firmaba, Azaña dimitió. Alcalá-Zamora intentó elegir otro presidente del gobierno, pero tuvo que volver a nombrar a Azaña en junio de 1932. Azaña volvió a dimitir en septiembre. Alcalá-Zamora disolvió las Cortes Constituyentes y encargó al radical Diego Martínez Barrio celebrar elecciones.
Las derechas vencieron en las elecciones del 29/11/1933. Alejandro Lerroux formó gobierno con la aquiescencia de la CEDA, dirigida por José María Gil-Robles. En octubre de 1934 entraron en el gobierno tres ministros de la CEDA. Entonces estalló el enfrentamiento armado, vía levantamiento independentista de octubre del 34 en Barcelona y la inmediatamente subsiguiente revolución de Asturias. A ello se sumó el escándalo del “estraperlo”. En septiembre de 1935, Alcalá-Zamora destituyó a Alejandro Lerroux. Gil Robles intentaba hacerse con la presidencia del gobierno, pero Alcalá-Zamora desconfiaba de la CEDA y despreciaba a Gil Robles. Sin alternativas, el 15 de diciembre, Alcalá-Zamora encargó formar gobierno a Manuel Portela Valladares, independiente, amigo suyo. La única posibilidad de supervivencia de la República residía en que la CEDA gobernase los cuatro años previstos, pero Alcalá-Zamora lo impidió. El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936. Azaña fue elegido presidente del gobierno.
Entonces, Alcalá-Zamora disolvió las Cortes. La Constitución lo permitía, aunque sólo por dos veces en un mismo mandato. Cuestionada y analizada la segunda, el caso fue aprovechado por la izquierda para destituir en la primavera de 1936 a Alcalá-Zamora. Alcalá-Zamora había convocado elecciones en febrero del 36 para salvar su presidencia, pero no solo no la conservó, sino que llevó al poder al Frente Popular. Tras pocas semanas, en las que Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, ocupó interinamente la Jefatura del Estado, Manuel Azaña le reemplazó el 11 de mayo.
La izquierda había finiquitado a Alcalá-Zamora. Documentos y bienes de Alcalá-Zamora fueron incautados por el gobierno del Frente Popular, entre ellos las memorias y las notas que Don Niceto había depositado en una caja fuerte, requisada en 1937 por orden (según Alcalá-Zamora) de Santiago Carrillo.
[8] Todo ello, en la práctica, limitó fuertemente el ejercicio de la democracia.
[9] Como el propio Alcalá-Zamora manifestó, “la Constitución invitaba a la guerra civil”. Por eso dimitió.
[10] Azaña suscribió y propugnó normas constitucionales atentatorias contra las libertades de los españoles. Su carácter antirreligioso se manifestó vía disolución de la orden jesuita y prohibición a las demás órdenes de impartir la enseñanza y desarrollar actividades económicas.
[11] Donde se hallaba la sede de la Dirección General de Seguridad.
[12] El Socialista editorializó que “La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: ésa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista”. Las logias masónicas también expresaron su malestar por la sedicente contemporización con el clero y los monárquicos. La izquierda republicana y los socialistas hablaron de conspiración monárquica y clerical.
[13] Maura informó de que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid se estaban preparando para quemar edificios religiosos al día siguiente. Manuel Azaña le contestó que esas eran “tonterías” y que, en todo caso, de ocurrir, sería una muestra de “justicia inmanente”.…
[14] Entre los días 11 y 12 de mayo de 1931 se quemaron intencionadamente en Madrid los siguientes edificios religiosos: Casa Profesa de los jesuitas (ardió su biblioteca, la segunda mejor de España, con más de 80 000 volúmenes). Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver. Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI). Centro de enseñanza de Artes y Oficios (Areneros). Iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas Descalzos. Colegio de Sagrado Corazón de Chamartín. Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas de Cuatro Caminos. Convento de las Mercedarias Calzadas de San Fernando. Colegio de María Auxiliadora de las Salesianas. Convento de las Bernardas de Vallecas.
[15] El 17 de mayo se refirió a la gravísima responsabilidad de quienes “no habían impedido oportunamente que los sucesos tuvieran lugar”.
[16] Laico significa ”independiente de cualquier confesión religiosa”.
[17] Al menos, hasta que se aprobara la nueva Constitución.
[18] Es “deseo de la Santa Sede” que “recomienden a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de sus diócesis que respeten los poderes constituidos y les obedezcan para el mantenimiento del orden y para el bien común”.
[19] Como fueron su visita el día 18 de abril al presidente de la Generalidad de Cataluña, Francesc Macià, o como el envío el día 22 de una carta de felicitación al gobierno provisional de la República en nombre y representación de la conferencia de obispos catalanes.
[20] Manuel Azaña Díaz nació en Alcalá de Henares en 1880. Fue un político descollante, buen periodista y excelente escritor. Llegó a ser presidente del Consejo de ministros (1931-1933) y presidente de la República (1936-1939). Estudió en el Colegio Complutense, en el Instituto Cisneros y en los Agustinos de El Escorial. Fue un devorador de libros. Estudió Derecho en El Escorial. Se licenció con sobresaliente en la Universidad de Zaragoza. Trabajó como pasante en un bufete de Madrid donde coincidió con Niceto Alcalá-Zamora. Entró por oposición en la función pública (1910). Fue secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920 y su presidente en 1930. Militó entre 1913 y 1923 en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez. Entre octubre de 1919 y abril de 1920 vivió en París junto a su amigo Cipriano Rivas Cherif y trabajó como enviado del diario El Fígaro. Convencido de que monarquía era absolutismo, identificó democracia con república y creyó que se alcanzaría esta con la unión de republicanos y socialistas. Intentó coordinarse con Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. En junio de 1930, como presidente del Ateneo, orientó la institución a favor de la causa republicana. Azaña firmó el Pacto de San Sebastián, que consolidó la idea republicana como alternativa a la Monarquía. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la coalición republicano-socialista, ampliamente derrotada en las urnas, triunfó en las grandes capitales. La huida del Rey derrumbó la Monarquía.
En mayo se desencadenó un período de disturbios y destrucción contra la Iglesia y las organizaciones de derechas, que Azaña no obstaculizó. Fue nombrado presidente del gobierno en octubre de 1931, cuando Niceto Alcalá Zamora abandonó la presidencia por los enfrentamientos sobre las relaciones Iglesia-Estado. Con posterioridad a las elecciones a Cortes Constituyentes (junio de 1931), Azaña fue confirmado como presidente del Consejo de ministros. Una vez aprobada la Constitución, el 9/12/1931, Alcalá Zamora volvió a la presidencia de la República. En diciembre, los socialistas entraron en el gobierno, del que inmediatamente salió Lerroux. Azaña dimitió. Lo renombraron, pero Azaña volvió a dimitir. Alcalá Zamora lo volvió a nombrar. Esto permitió a Azaña presentar en diciembre de 1931 un programa de profundas reformas de orden educativo, religioso, económico, militar y social, más el estatuto de autonomía para Cataluña.
El 2 de febrero de 1932, Azaña fue iniciado en la masonería. A principios de 1932 se enfrentó a una huelga general convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT), que resultó muy cruenta, y a la proclamación del comunismo ácrata en la cuenca alta del Llobregat, justificando en ambos casos el uso de la fuerza militar.
Los resultados de las elecciones municipales del 23 de abril de 1933 fueron favorables a la CEDA. El 8 de junio, acosado por las consecuencias de sus leyes anticatólicas y con la prensa enfrente, Azaña dimitió. Volvió acto seguido y de nuevo el 7 de septiembre de 1933 salió del gobierno, destituido por el eco de sus reformas y las discrepancias entre republicanos y socialistas, que se unieron a los efectos de la Sanjurjada y al eco de los sucesos de Casas Viejas. El presidente de la república retiró su confianza a Azaña y encargó formar gobierno a Alejandro Lerroux, quien accedió a la presidencia del gobierno con el apoyo de la CEDA. Con otros grupos, Azaña creó Izquierda Republicana. A primeros de octubre cayó el gobierno de Ricardo Samper y Lerroux formó nuevo gobierno, con tres ministros de la CEDA. De inmediato, Lluís Companys, al frente de la Generalidad de Cataluña, proclamó la República Federal Española, con el Estado Catalán dentro. Inmediatamente estalló una huelga general en toda España. En Asturias, la situación empeoró trágicamente y el Ejército tuvo que intervenir en defensa de la República. Azaña fue detenido en Barcelona, acusado de estar implicado en los sucesos de Asturias y Cataluña. Ya libre en 1935, defenestró a Alcalá-Zamora el 20 de marzo y apeló a la disolución de las Cortes y posterior convocatoria de elecciones. Con Indalecio Prieto y Largo Caballero, contribuyó a crear una coalición electoral: el Frente Popular, que ganó fraudulentamente las elecciones de febrero de 1936. Amnistió a los responsables del levantamiento revolucionario de Asturias (1934). Encarceló a la cúpula de Falange Española.
El 15 de abril presentó su gobierno ante las Cortes. El 30 de abril resultó candidato único a la presidencia de la República por el Frente Popular. Fue elegido presidente el 10 de mayo de 1936. El desorden reinaba en las calles de ciudades y pueblos de España, azuzado desde las organizaciones socialistas y comunistas, apoyados por la CNT, contra las de derechas. El gobierno dejaba hacer. El resultado fue un caos de consecuencias sangrientas. A los pocos meses, tras el asesinato de José Calvo-Sotelo, jefe de la oposición, estalló la sublevación militar. Azaña ya no jugaba un papel importante en esa situación de enfrentamiento armado. Casares Quiroga dimitió el 18 de julio. Azaña encargó al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, formar gobierno con partidos de la derecha, pero sin comunistas. El PSOE se negó a participar. Socialistas, comunistas y anarcosindicalistas pidieron armas para hacer frente a la sublevación y se negaron a reconocer al nuevo gobierno. Martínez Barrio dimitió (día 19). Azaña reunió a los partidos para buscar una solución. Largo Caballero exigió las armas. Azaña encargó formar gobierno a José Giral, quien autorizó el reparto de armas. Giral dimitió a primeros de septiembre. Azaña, a pesar de considerar a los sindicatos como los mayores responsables del desorden imperante, aceptó como presidente del gobierno a Largo Caballero, líder de la UGT, al frente de un gabinete formado por socialistas, republicanos, comunistas y el PNV.
El ejército del general Francisco Franco se acercaba a Madrid, por lo que el gobierno trasladó a Azaña a Barcelona, luego a Montserrat y finalmente a Valencia, para oscilar entre las dos capitales levantinas hasta prácticamente el final de la guerra.
Azaña se fue quedando solo, sin capacidad de gestionar la caótica amalgama republicana. La insurrección anarquista de mayo del 37 en Barcelona exacerbó las diferencias entre Azaña y Largo Caballero, consentidor de la revuelta. Azaña cesó a Largo Caballero y para reemplazarlo, en lugar de a Indalecio Prieto, eligió a Juan Negrín.
A finales de febrero de 1938 propuso que el Reino Unido y Francia ocuparan las bases navales de Mahón y Cartagena para contrarrestar las de Palma, Málaga y Ceuta, que se encontraban en poder de Franco. En marzo de 1938 envió 1 millón de francos franceses a Cipriano Rivas, ya en Francia. Tenía clara la derrota.
En abril de 1938, Franco llegó al Mediterráneo, partiendo en dos el territorio del Frente Popular. El 18 de julio, Azaña pronunció el famoso discurso Paz, piedad, perdón. Enterado de la toma de Barcelona por Franco, Negrín insistió en continuar la lucha. Azaña se opuso y el 5 de febrero de 1939 se exilió a Francia. Presentó su dimisión en cuanto Francia y el Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco, el 27 de febrero de 1939.
Azaña fue un individuo inteligente, atormentado, soberbio, débil y dubitativo. Se empeñó en destruir la Monarquía y el catolicismo. Se alió con izquierdistas y separatistas frente a las derechas para conseguir ese objetivo. Acabó sus días sabedor de que había sido arrastrado por quienes creyó controlar, a quienes consideraba inferiores a él. Consta que, refiriéndose a la política republicana de izquierdas (la suya propia), la definió como “Política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”.
[21] Conocidos como Ley Azaña.
[22] El 30 de junio de 1931, Manuel Azaña, entonces ministro de Guerra, cerró la Academia Militar de Zaragoza. Durante los siguientes ocho meses, Franco permaneció en situación de disponible forzoso, vigilado por tres policías que lo seguían durante las 24 horas. El 5 de febrero de 1932 fue destinado a La Coruña como jefe de la XV Brigada de Infantería de Galicia.
[23] El discurso es una pieza extraordinaria, que valora la disciplina por encima de todo, pero que no gustó a Azaña, quien en agosto de 1931 recibió a Franco y le dijo que “le había dado un gran disgusto con su proclama, que sin duda no lo había pensado bien” (Manuel Azaña, Memorias I). Por el valor de la pieza mencionada, se enlaza a continuación DISCURSO DE FRANCO A LOS CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE ZARAGOZA (generalisimofranco.com). Los párrafos que se subrayan como capitales son estos. “Por ello, en estos momentos, cuando las reformas y nuevas orientaciones militares cierran las puertas de este centro, hemos de elevarnos y sobreponernos, acallando el interno dolor por la desaparición de nuestra obra, pensando con altruismo: se deshace la máquina, pero la obra queda; nuestra obra sois vosotros, los 720 oficiales que mañana vais a estar en contacto con el soldado, los que los vais a cuidar y a dirigir, los que, constituyendo un gran núcleo del Ejército profesional, habéis de ser, sin duda, paladines de la lealtad, la caballerosidad, la disciplina, el cumplimiento del deber y el espíritu de sacrificio por la Patria, cualidades todas inherentes al verdadero soldado, entre las que destaca como puesto principal la disciplina, esa excelsa virtud indispensable a la vida de los ejércitos y que estáis obligados a cuidar como la más preciada de vuestras prendas.
¡Disciplina!…, nunca buen definida y comprendida. ¡Disciplina!…, que no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina!…, que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos, esta es la disciplina que practicamos. Este es el ejemplo que os ofrecemos”.
[24] Referencia al incidente habido tras el 14 de abril de 1931, cuando Franco no reemplazó la bandera bicolor por la tricolor y esperó a que se lo ordenaran por escrito para izarla. El 17 de abril, el nuevo capitán general de la V Región Militar, general Leopoldo Ruiz Trillo, se lo ordenó por escrito.
[25] El mismo día, pero de 1934, milicianos del PSOE asesinaron a nueve religiosos (8 hermanos de la Salle y un pasionista) en Turón, en la provincia de Asturias.
[26] La Ley de Defensa de la República habilitaba al gobierno para actuar al margen de la Constitución (que estaba siendo elaborada) en los ámbitos de las libertades y la seguridad ciudadana. Sus consecuencias fueron devastadoras: cierre de periódicos (cientos), detenciones sin acusación, deportaciones. Contribuyó a deteriorar la situación de España y a calificar negativamente la II República.
[27] Azaña promovió una Constitución no consensuada y anticatólica, factor este que para Azaña constituía una obsesión. Recuerden la frase “España ha dejado de ser católica”, pronunciada en un discurso de 13.10.1933: “Es un problema político, de constitución del Estado. Se trata de organizar el Estado de acuerdo con una premisa que la proclamación de la República convierte en axioma: «España ha dejado de ser católica». Con ello creó ciudadanos de segunda: los católicos. Permitió y justificó, como ministro en 1931, la quema de iglesias católicas, bibliotecas y centros de enseñanza, junto (y sobre todo) con las muertes asociadas.
[28] Azaña se autoproclamó sectario. Fue a por todas. Anunció que la república sería “para todos los españoles, pero gobernada por los republicanos”.
[29] Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, laicización del Estado.
[30] Ley de Reforma Agraria.
[31] Este párrafo de su libro “Estudios sobre política francesa” (1918) anunciaba sus intenciones: “… la inevitable supresión del ejército permanente es una ganancia absoluta, un bien puro, sin mezcla de mal alguno. En España es todavía más: abolir el sistema militar vigente es una cuestión de vida o muerte”. (“F. Franco, un siglo de España”, Ricardo de la Cierva).
[32] Incorporación de los sindicatos a las negociaciones laborales, introducción del divorcio, reforma del Código Civil, equiparación de derechos entre hombres y mujeres.
[33] Azaña ordenó fusilar sobre la marcha a los insurrectos del Alto Llobregat. Está recogido en sus diarios.
[34] Conocido por La Sanjurjada. Tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 y fracasó inmediatamente. Con todo, la preocupación de Azaña no era Sanjurjo. Preguntaba constantemente: “¿Dónde está Franco?”. Estaba en La Coruña, allí destinado.
[35] Aunque los tiempos eran difíciles, era posible la convivencia. Franco manifestó a Sanjurjo que “seguiría acatando el régimen (republicano), creyendo que así cumplo con mi deber y sin pensar en nada en ninguna clase de conspiración” (“Mis conversaciones privadas con Franco”, de Franco Salgado).
[36] Durante la noche del 10 de enero de 1933 y la madrugada del día 11, campesinos afiliados a la CNT iniciaron una revuelta en Casas Viejas, una población de unos 2.000 habitantes cercana a Medina Sidonia. El 11 por la mañana rodearon el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban un sargento y tres guardias. Por disparos de los asaltantes, el sargento y uno de los números resultaron gravemente heridos y ambos murieron en el plazo de 48 horas. Los refuerzos que fueron llegando empezaron a detener a los presuntos responsables del ataque al cuartel de la Guardia Civil. La familia de Francisco Cruz Gutiérrez “Seisdedos”, un carbonero conocido miembro de la CNT, se refugió en casa de éste. Al intentar entrar, los policías fueron tiroteados desde el interior. Los disparos mataron a un guardia de asalto e hirieron a otro. El día 12 de madrugada llegaron a Casas Viejas desde Jerez entre 40 y 90 guardias de asalto, al mando del capitán Rojas, que había recibido la orden de acabar con la insurrección. El capitán Rojas dio orden de disparar con armas largas contra la casa de “Seisdedos” y luego, que incendiaran ésta. Dos de sus ocupantes fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas murieron dentro de la vivienda. Ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más destacados. Detuvieron a doce personas y las condujeron a la vivienda de “Seisdedos”. Les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto. Ante su reacción, los guardias dispararon sobre ellos. A las 4:00, todo había terminado. Tres guardias, diecinueve varones civiles, dos mujeres y un niño habían muerto.
[37] Cuando tomó la decisión de anular el proceso de ascensos, Azaña no podía ignorar que alguien como Franco, que valoraba enormemente su carrera militar, iba a reaccionar con dureza. Piénsese que Franco se hallaba el primero de orden entre los 24 generales de brigada a la espera de ascenso y fue desplazado al último puesto.
[38] En marzo de 1933 se amalgamó la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA. En las elecciones de noviembre de 1933 ganó la CEDA, con José María Gil-Robles al frente, con casi 120 escaños. Tras la CEDA quedó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con algo más de 100. Los socialistas perdieron la mitad de sus escaños y los republicanos de izquierda desparecieron.
[39] La República había suprimido el empleo de teniente general.
[40] Como es sabido, Franco siempre fue un ferviente anticomunista.
[41] Franco siempre se consideró un adalid de la lucha contra el comunismo, la mayor amenaza contra los valores fundamentales: la religión, la familia, la propiedad privada y la patria.
[42] Auspiciado por Largo Caballero frente a Julián Besteiro, ambos del PSOE.
[43] La declaró el día 4 para que entrara en vigor el día 5.
[44] A la vista de su derrota en las elecciones.
[45] General Carlos Masquelet, conocido por sus buenas relaciones con el PSOE y sus simpatías por Azaña. Masquelet fue nombrado ministro del Ejército tras las elecciones de febrero de 1936. Desde esa posición desplazó a Franco a Canarias.
[46] Unido al fracaso del movimiento revolucionario en el resto de España, incluida Cataluña.
[47] Belarmino Tomás Álvarez fue un sindicalista y político socialista. Así se dirigía a los facciosos al final de la intentona de 1934: “¡Camaradas! ¡Soldados rojos! …. Pero hemos sido derrotados solo por un tiempo. Todo lo que podemos decir es que, en el resto de las provincias de España, los trabajadores no han sabido cumplir con su deber y no nos han ayudado … Todo cuanto podemos hacer es concertar la paz. Pero esto no significa que abandonemos la lucha de clases. Nuestra rendición de hoy no será más que un alto en el camino, que nos servirá para corregir nuestros errores y para prepararnos para la próxima batalla, que habrá de terminar en la victoria final de los explotados”.
[48] López Ochoa dirigió la represión posterior, hecho por lo que fue imputado tras febrero de 1936. Fue encarcelado y posteriormente asesinado. Contra Franco no se incoó procedimiento alguno.
[49] El mismo día de la rendición (18 de octubre de 1934) el Comité Provincial Revolucionario de Asturias se despedía de los trabajadores con estas palabras anunciadoras de un segundo acto: “El 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía; después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de Gobierno, ofreciendo ataque y defensa ponderadas, estimamos necesaria una tregua en la lucha, deponiendo las armas en evitación de mayores males. (…) Esta retirada nuestra la consideramos honrosa por inevitable. (…) Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto surménage. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: Al proletariado se le puede derrotar; pero jamás vencer. ¡Todos al trabajo y a continuar luchando por el triunfo!” (J. Arrarás, Historia de la segunda república española, Madrid 1969, II, pp. 640, 641).
[50] Único lugar donde arraigó. Duró exactamente 14 días.
[51] Que no sólo tuvo lugar en Asturias, sino en 26 provincias, aunque los sucesos más graves se produjeran allí, además de en Cataluña, Madrid y País Vasco. De acuerdo con los cálculos de Stanley Payne, murieron en torno a 1.300 alzados, de los cuales los de Asturias predominan (1.100), con 107 en Cataluña, 80 en las Vascongadas y 34 en Madrid. Entre soldados y fuerzas del orden murieron unas 450 personas. Docenas de sacerdotes fueron asesinados por el hecho de serlo.
[52] El coro socialista internacional alzó la voz, sobre todo en Francia.
[53] Ninguno de ellos tenía significación política alguna.
[54] Indalecio Prieto se declaró culpable de lo ocurrido, pero sólo en una conferencia pronunciada en el Círculo Cultural “Pablo Iglesias” de México, DF, el 1 de mayo de 1942.
[55] De lo que se ufanaba en su libro “Mis recuerdos. Cartas a un amigo”.
[56] En España quedaron los más de 1.300 muertos que costó la llamada revolución de Asturias.
[57]Gregorio Marañón, (Obras completas, Tomo IV, Madrid, 1968, página 378).
[58] Claudio Sánchez-Albornoz, Mi testamento histórico-político, Editorial Planeta, Barcelona 1975, pág. 44.
[59] Así como para Pío Moa.
[60] “En el 34, las izquierdas (PSOE, ERC y anarquistas) se alzaron contra un gobierno legítimo de la República, bajo la justificación de un peligro fascista inexistente; y en el 36 la derecha se rebeló contra un gobierno que desató la revolución al repartir las armas entre las masas de los sindicatos y partidos de izquierdas”. http://www.grandesbatallas.es/revolucion-de-asturias-I.html
[61] “El argumento de que José María Gil-Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita, porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931 sin consideración alguna para lo que se proponía o no Gil-Robles; y, por otra parte, a la vista está que el presidente Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931, contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha, a aquellos que para defenderla la destruían? …. “España. Ensayo de historia contemporánea”. Espasa-Calpe, Madrid, 1979, pág. 362”.
[62] Julián Marías fue un filósofo y ensayista español. Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid, conferenciante en muchos países europeos y americanos y profesor en distintas universidades de Estados Unidos. Fue miembro de la Real Academia Española y senador por designación real. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
[63] Diario La Nueva España, 6 de junio de 1996, pág. 54.
[64] Según testimonio de Mariano Ansó, diputado socialista y amigo de Negrín, éste afirmó: “Nunca cometeré una deserción, y menos frente al enemigo; pero mi opinión era y es contraria a la absurda y nefasta revolución asturiana, justamente derrotada por la ley republicana. Entonces cumplí con mi doloroso deber, cargando, con una parte de responsabilidad que nunca contraje”. (Yo fui ministro de Negrín, Editorial Planeta, Barcelona, 1976, página 151).
[65] Presidente de gobierno de la II República. “La Revolución no fue, pues, consecuencia de la crisis política, sino que estaba preparada de antes; y por lo tanto aquellas notas que amenazaban con ella sirvieron de pretexto o de santo y seña para lanzarla. Y no podía ser de otra manera porque sin aquella preparación no se concebiría, de la noche a la mañana, el movimiento revolucionario”. Manuel Portela Valladares, «Memorias». (Alianza Editorial, Madrid 1988, página 138).
[66] «Si en España había una democracia no era legítimo que se preparara una subversión y es un error frente a una República democrática preparar una revolución social, que desde el principio está condenada al fracaso» (Diario La Voz de Asturias, 5 octubre 1984, pág. 30.)
[67] Que no sólo fue un error. Fue un crimen. Un crimen diseñado, preparado, organizado y perpetrado por el Partido Socialista Obrero Español. La insurrección provocó más de 1.300 muertes. Las izquierdas fracasaron, pero prepararon una nueva intentona a través de una coalición electoral que recibiría más tarde el nombre comunista de Frente Popular.
[68] Ahora Plaza de San Jaime.
[69] Entraron en los penales de Puerto de Santa María y Cartagena.
[70] Presidente del Consejo Provisional.
[71] Companys fue presidente de la Generalidad de Cataluña durante toda la Guerra Civil. Durante ese período se cometió una enorme cantidad (computable en el orden de miles) de asesinatos en base a creencias religiosas o filiación política. Companys dio nuevas pruebas de su condición sectaria, violenta y permisiva con el crimen, lo que al cabo le costó la vida.
[72] El entonces director del diario La Vanguardia, Agustí Calvet, Gaziel, escribió al día siguiente del golpe de Estado de Lluís Companys: “Es algo formidable. Mientras escucho me parece que estuviera soñando. Eso es, ni más ni menos, una declaración de guerra. ¡Y una declaración de guerra —que equivale a jugárselo todo, audazmente, temerariamente— en el preciso instante en que Cataluña, tras siglos de sumisión, había logrado sin riesgo alguno, gracias a la República y a la Autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en su verdadero árbitro, hasta el punto de poder jugar con sus gobiernos como le daba la gana! En estas circunstancias, la Generalidad declara la guerra, esto es, fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jamás el Gobierno de Madrid se habría atrevido a hacer lo mismo con ella”.
[73] Se escribían y gritaban cosas como éstas: «¡Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores!». “Nosotros acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux-Gil Robles. ¡A la cárcel!»; «Monstruos sin entrañas»; “¡Por la España antifascista, contra la España del hambre, del terror y la muerte”; “La CEDA y los monárquicos saben que el Bloque Popular es su muerte definitiva”; ¡“Las derechas quieren una España hitleriana, una España ignorante y con hambre, una España sin libertad, sometida al terror de la reacción y el fascismo”!
[74] Las estimaciones realizadas en análisis posteriores a los comicios llegaron a diferir en más de un millón de votos. Sus resultados no fueron conocidos hasta muy recientemente, más de 80 años después de su celebración. Por fin hay datos globales, consultas a fuentes, referencias a archivos. El libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, titulado 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre lo que ocurrió electoralmente esos días. Tras consultar todas las actas electorales, confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos; de un total de 473 escaños, hubo un robo de 50 escaños a favor de las izquierdas. Y explican los casos más escandalosos de fraude electoral.
[75] Tomando la primera y la segunda vuelta, se dieron toda clase de ilegalidades: clausura de locales de la derecha, retiradas de candidaturas cedistas, disturbios, tiroteos, expulsión de gobernadores de derechas, suelta de presos de las cárceles, declaración de estado de guerra en alguna capital, papeletas que aparecieron a última hora (a veces en sobres abiertos), recuentos de papeletas interrumpidos, documentación con lacrado roto, revisión arbitraria de actas para quitar escaños a la derecha, actas con tachaduras, borrones y raspaduras y cifras cambiadas a favor de la izquierda, recuentos a puerta cerrada, resultados de actas que no se correspondían con las certificaciones de las mesas, votos fantasma (en lugares donde NO se había celebrado la segunda vuelta). Algunas o todas ellas ocurrieron en Cáceres, Cuenca, Granada, Jaén, La Coruña, Málaga, Orense, Santa Cruz de Tenerife y Valencia… por no hablar más que de capitales de provincia. Entre la primera y la segunda vuelta, la parte más radical del Frente Popular se lanzó a perpetrar asesinatos, incendios destrucción, invasiones de fincas…etc.
En medio del recuento, que solía durar días, dimitió el gobierno de Portela Valladares y el fraude del Frente Popular se desencadenó. El nuevo gobierno, de Azaña, condicionó las horas decisivas del escrutinio. Más raspaduras y retoques para favorecer a la izquierda, urnas con más votos que votantes, escrutinios a puerta cerrada y sin testigos, desvíos de votos en diversas poblaciones que perjudicaban a la CEDA…
No hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales debían informar del recuento a la Junta Central, que a su vez lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así.
En estas elecciones se constató un doble juego del Frente Popular: empujones revolucionarios en la calle y destrucción de la legalidad en las urnas: así acabaron las izquierdas con la República.
[76] Grupos izquierdistas se llevaron las urnas o las manipularon en distintos lugares de España.
[77] Participaron Portela, Azaña, Martínez Barrio y los generales Núñez de Prado y Pozas. Todos eran masones. Según Juan Simeón Vidarte, masón y uno de los líderes de la revolución del 34, Núñez de Prado afirmó: «Parecía una ceremonia masónica. Portela, Gran Maestre de la Gran Logia, da posesión a su sucesor, delante del Gran Oriente Español [Martínez Barrio] y en presencia de dos generales masones». Franco se oponía frontalmente a la masonería.
[78] Como era de esperar, ganaron las candidaturas del Frente Popular.
[79] Se registraron más de 3.000 asesinatos entre 1931 y 1936, la inmensa mayoría ejecutados por militantes izquierdistas y anarquistas.
[80] Por gran mayoría de los 847 diputados y compromisarios.
[81] Tras ganar las elecciones, Azaña declaró que el poder no saldría ya de manos de la izquierda.
[82] Gil Robles enumeró: “Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio, inclusive, un resumen numérico arroja los siguientes datos: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diversa gravedad, 1.287; agresiones personales, frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atraco, 23; centros particulares y políticos destruidos, 69; ídem asaltos, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33; bombas y petardos explotados, 146; recogidos sin explotar, 78.”
[83] Participaron José María Gil Robles (CEDA), Enrique de Francisco (PSOE), José Calvo-Sotelo (Renovación Española), Santiago Casares Quiroga (Izquierda Republicana y presidente del gobierno), Dolores Ibárruri (PCE), Benito Pabón (anarcosindicalista independiente), Juan Ventosa Calvell (Lliga Catalana), Joaquín Maurín (POUM) y José María Cid (Partido Agrario Español).
[84] Franco, que siempre se había negado a participar en asonada alguna y que defendió a la II República hasta el último momento, advirtió al presidente del Gobierno: “…del peligro que encierra este estado de consciencia colectiva en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con aquellas otras de todo bue español ante los graves problemas de la Patria”. En ese momento, Franco seguía decidido a acatar la legalidad. Cuando capitaneó el Alzamiento, fue el último en hacerlo. Como es sabido, todas las anteriores intentonas (anarquistas de la CNT, Sanjurjo, Azaña, el PSOE y los catalanistas) habían fracasado.
[85] Salvador de Madariaga afirma lo que sigue en su libro España. Ensayo de historia contemporánea: “Dolores Ibárruri, Pasionaria, del partido comunista, le gritó: Este es tu último discurso”.
[86] “Pensando en S.S. encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”.
[87] Quien el 16 de abril de 1934 participó al frente de sus hombres de la Guardia de Asalto en el asesinato del falangista Andrés Sáenz de Heredia y otras cinco personas más. El hecho tuvo lugar al reprimir con extremada violencia el desplazamiento de la comitiva fúnebre del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, asesinado el 14 de abril por pistoleros de izquierdas al paso de un desfile conmemorativo de la festividad.
[88] Por el partido Renovación Española.
[89] Calvo Sotelo era una persona de grandes capacidades intelectuales. Nació en Tuy (Pontevedra) el 6 de mayo de 1893. Se licenció en Derecho con media de Matrícula de Honor. En Madrid se doctoró en la Universidad Central. Recibió el Premio Extraordinario. En 1915 obtuvo una plaza de oficial letrado del Ministerio de Gracia y Justicia, por oposición. En 1916 sacó la oposición de Abogado del Estado, con el número 1 de su promoción y una puntuación sin precedentes. Colaboró en el diario católico El Noticiero y en Vida Ciudadana, órgano del maurismo en el Ateneo de Madrid. Su entrada en el Ateneo le permitió tomar parte activa en los debates que allí se celebraron, manteniendo sonadas polémicas con personas como Ángel Galarza, abogado y político socialista que fue fiscal general de la República y director general de Seguridad en los primeros años de la República, así como ministro de la Gobernación durante el primer año de la guerra civil, con Manuel Azaña.
Impulsó la mutualidad obrera maurista. En 1918 participó de la secretaría personal de Antonio Maura durante el gobierno de concentración que presidió éste en 1918. En 1919 obtuvo el acta de diputado por Carballino (Orense). En las Cortes criticó con severidad el caciquismo. Calvo Sotelo perdió su acta tras la crisis del de Gobierno de diciembre de 1920 y las posteriores elecciones. El asesinato de Eduardo Dato y el desastre de Annual posibilitaron que Maura volviera a la presidencia del Gobierno en agosto de 1921. Maura nombró a Calvo Sotelo gobernador civil de Valencia el 3 de septiembre, donde cesó en abril de 1922. Miguel Primo de Rivera lo nombró director general de la Administración (22 de diciembre de 1923). En ese puesto desarrolló una intensa labor. Impulsó y publicó en 1924 el Estatuto Municipal, que democratizó la vida local, incrementó las competencias de los municipios, sus posibilidades de mancomunación y sus competencias en aspectos sociales, así como su capacidad de endeudamiento y su hacienda.
En diciembre de 1925 fue nombrado ministro de Hacienda. Persiguió el fraude fiscal. Aumentó los tipos impositivos (junio de 1926) de la contribución territorial, con gran éxito de recaudación. En enero de 1927 presentó un proyecto de reforma fiscal que creaba el «Impuesto sobre rentas y ganancias» (antecedente directo del IRPF, que gravaba a los contribuyentes por sus ingresos, en una escala progresivamente creciente. No logró que se aprobara. La presión fiscal aumentó un 26% en 5 años, resultado nada desdeñable). Intentó la ordenación de la deuda pública existente; la financiación del ahorro público con emisiones de fondos públicos; la creación de un sistema bancario de tipo público especializado y el fomento del ahorro.
El gobierno utilizó el concepto de Presupuesto Extraordinario como herramienta para poner en marcha un amplio plan de obras públicas y servicios. Ese fondo se financiaría con emisión de deuda pública. Creó el Monopolio de Petróleos para distribuir combustibles, pero el plan era que CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima) operara adquiriendo yacimientos petrolíferos y construyendo una flota de petroleros, así como erigiendo refinerías. Creó el Banco Exterior de España, reestructuró el Banco de Crédito Local y reformó el Banco Hipotecario de España y el Banco de Crédito Industrial.
Tras la muerte de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, Calvo Sotelo participó en la creación, el 24 de marzo de 1930, de la Unión Monárquica Nacional, que se lanzó a una campaña de movilización social gigantesca en su ámbito político. Cayó el Gobierno Berenguer, sobrevinieron las elecciones municipales y la tarde del 14 de abril, Calvo Sotelo se exilió en Portugal. Calvo Sotelo se presentó a las elecciones de junio de 1931 por la provincia de Orense. No pudo regresar a España. Superó un absurdo suplicatorio en las Cortes relacionado con el Monopolio de Tabacos (Calvo Sotelo se había opuesto públicamente a la existencia de este monopolio). Fue elegido nuevamente diputado en las elecciones de 1933 por Orense y La Coruña, pero el partido Renovación española no quiso exigir su vuelta. Cuando se dictó una amnistía general referida a varias revueltas armadas, el 4 de mayo de 1933 volvió a Madrid. A pesar de los intentos de Juan Antonio Ansaldo y Julio Ruiz de Alda, Calvo Sotelo no se integró en Falange Española, sino en Renovación Española (Antonio Goicoechea). Calvo Sotelo envió a Ansaldo a hablar con los generales Franco, Fanjul y Goded para que se opusiesen a “un golpe de Estado presidencial”.
Los militares citados se mantuvieron dentro de la legalidad liderados por Francisco Franco, contrario a cualquier movimiento en sentido golpista. Alcalá-Zamora encargó formar gobierno a Manuel Portela Valladares. Calvo Sotelo lo denunció ante la comisión permanente de la Cámara, lo que obligó a Alcalá-Zamora a disolver las Cortes y convocar elecciones. La primera vuelta favoreció al Frente Popular y sus seguidores lo celebraron con algaradas y liberando a los condenados por el golpe de estado de octubre de 1934. Portela Valladares dimitió antes de la segunda vuelta y el 19 de febrero, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Manuel Azaña. Tras la segunda vuelta de las elecciones, consumado el fraude que se cuantifica en más de 50 actas robadas a los partidos de derecha, las nuevas Cortes anularon además varias actas de partidos de derechas por supuestas irregularidades, lo que tuvo como consecuencia una mayoría aún más amplia del Frente Popular. No pudieron con el acta de Calvo Sotelo, pero sí con la de Antonio Goicoechea. Ello provocó que Calvo Sotelo resultara el jefe parlamentario de la minoría monárquica en las Cortes.
El 15 de abril, Azaña presentó su programa de gobierno. El primer discurso de réplica fue el de José Calvo Sotelo, quien relató que, desde las elecciones se habían registrado más de cien muertos y quinientos heridos. Pidió a Azaña que mantuviera el orden. El 16 de junio, Calvo Sotelo se enfrentó fuertemente en las Cortes con Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra. Calvo Sotelo mostró que el gobierno daba un trato preferente a las milicias del Frente Popular frente al ejército y las fuerzas de seguridad. Casares respondió que, si parte del ejército se sublevara, Calvo Sotelo sería el responsable. La diputada Dolores Ibárruri afirmó que era una vergüenza que la República todavía no hubiese juzgado a Calvo Sotelo y a Martínez Anido por sus responsabilidades en la Dictadura de Primo de Rivera.
[90] La Motorizada era una milicia de los socialistas madrileños creada en marzo de 1936 bajo la tapadera de un club deportivo denominado Júpiter Sporting Madrileño. Castillo era uno de sus instructores.
[91] Quien iba vestido de paisano.
[92] La camioneta número 17, del Cuerpo de Asalto, estaba conducida por el guardia Orencio Bayo Cambronero. Viajaban en ella Victoriano Cuenca, persona de absoluta confianza de Indalecio Prieto; José del Rey Hernández, guardia del cuerpo de Guardias de Asalto, adscrito a la escolta personal de la diputado socialista Margarita Nelken, y 7 guardias de asalto más. Los acompañaba Federico Coello García, estudiante del último curso de Medicina, afiliado al PSOE, muy próximo a Indalecio Prieto, que prestaba asistencia médica a Victoriano Cuenca; otros dos hombres de confianza de Indalecio Prieto cerraban la lista de socialistas, miembros de las juventudes de ese partido: Santiago Garcés y Francisco Ordóñez. Al mando, en el mismo vehículo, vestido de paisano, iba el Capitán de la Guardia Civil Fernando Condés. En total, 14 hombres.
[93] El 29 de junio de 1936, el director general de Seguridad, José Alonso Mallol, llamó al policía Lorenzo Victoriano Aguirre Sánchez y le pidió que cambiara la escolta de Calvo Sotelo, “demasiado afecta» al diputado. Los nuevos escoltas tenían instrucciones de Alonso Mallol de no protegerle en caso de atentado, sino de simular que lo hacían si era en un lugar céntrico. Si el atentado era en un descampado y no tuviera éxito, debían rematarlo. De hecho, Calvo Sotelo se quejó al ministro de la Gobernación, Juan Moles, de que sus escoltas (Rodolfo Serrano de la Parte y José Garriga Pato), le infundían sospechas.
[94] Tras el crimen, Cuenca habló con Julián Zugazagoitia, editor del diario El Socialista. Zugazagoitia quedó horrorizado por lo que le contó Cuenca y declaró: “Ese atentado es la guerra”.
[95] El gobierno no juzgó los hechos. La izquierda los justificó. Era el fin.
[96] “Gloria al heroico Ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros Península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. Viva España con honor. General Franco.”
[97] Se refiere a un avión marca De Havilland, bimotor, modelo Dragon Rapide, de siete plazas.
[98] Al poco se sumaron Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, tras Ávila, Burgos, Navarra, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
[99] El mismo día del asesinato de Calvo Sotelo, Indalecio Prieto visitó a Casares Quiroga en nombre de socialistas y comunistas para pedirle que distribuyera armas entre esos partidos (PSOE y PCE), a lo que este se negó.
[100] Cuando las izquierdas se rebelaron en 1934, las derechas en el poder mantuvieron y defendieron la Constitución. Cuando las derechas se sublevaron en 1936, el gobierno de Frente Popular terminó de obliterar la legalidad permitiendo la revolución. Los comportamientos fueron diametralmente opuestos.
[101] La revolución fue inducida pero no desatada por el alzamiento nacional, sino por el gobierno republicano de Giral al repartir armas a las turbas, con la anuencia de Azaña. Con las armas llegó la revolución y la disolución de cuanto quedaba de la República.
