INTRODUCCIÓN
El estallido de la Guerra Civil española en julio de 1936 tuvo en Castilla uno de sus escenarios decisivos. En ciudades como Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Palencia, Ávila, Soria o Zamora, el golpe militar se desarrolló con ritmos y características propias, pero con un denominador común: la rápida ocupación de los principales centros de poder por parte de los sublevados y la neutralización de la escasa resistencia republicana.
Castilla se convirtió, en cuestión de días, en uno de los principales bastiones del bando rebelde. Valladolid actuó como centro de irradiación del alzamiento hacia el resto de la región, mientras Burgos acabaría transformándose en la capital política y militar del llamado “Nuevo Estado”. Este artículo recorre, ciudad a ciudad, los acontecimientos de aquellos días cruciales, mostrando cómo la combinación de conspiración previa, control de las guarniciones y uso estratégico de la violencia aseguró el triunfo del golpe en buena parte del interior peninsular.
En Valladolid, la noche del 17 de julio no se veía gente por la calle. La música de los cafés había cesado. Las comunicaciones con Madrid habían quedado interrumpidas para evitar que los militares comprometidos tuvieran noticias del alzamiento en Melilla. Sin embargo, los rumores se impusieron y los conspiradores obtuvieron información desde el primer momento gracias al teletipo de la redacción del periódico El Norte de Castilla, adonde acudieron rápidamente para recabar noticias y recibir consignas.
El comandante de Artillería del Regimiento Ligero n.º 14, Gabriel Moyano Balbuena, coordinador de la conspiración en Valladolid, recibió el mensaje esperado: «De parte de don Domingo, que la recomendación que usted me ha hecho ha quedado total y absolutamente cumplida». Era la clave estipulada para informar del inicio del alzamiento del Ejército de África y de que Valladolid debía sublevarse de inmediato.
La sublevación en Valladolid se desarrolló de forma parcialmente distinta a los planes previstos por los conspiradores, debido a una doble circunstancia. Por un lado, el inicio se produjo casi de manera fortuita a partir de la actuación de las fuerzas de Asalto y Seguridad. Por otro, se produjo una demora en la reacción de Saliquet y del resto de los militares cabecillas de la sublevación, que no se decidieron a intervenir hasta después de la reacción de los guardias de Asalto y de algunos civiles, momento en el que tomaron el mando. Según parece, los planes de Saliquet contemplaban iniciar la sublevación a las cuatro y media de la madrugada del día 19.
El domingo 18 de julio, el gobernador civil ordenó el traslado a Madrid de los guardias de Asalto y de Seguridad. Un primer grupo salió de la ciudad por la mañana y el resto debía marchar a primera hora de la tarde. Algunos jefes y oficiales del cuerpo, que habían sido apartados por su desafección a la República, aprovecharon la circunstancia para arengar a la tropa en la plaza de las Tenerías. Los guardias, unos cincuenta, se plegaron a sus consignas y comenzaron a recorrer la ciudad dando vivas a España y al Ejército. La sublevación acababa de iniciarse en Valladolid.
Los acontecimientos rompían los planes de los conspiradores. El comandante de Estado Mayor retirado Anselmo López Maristany, que había presenciado casualmente la sublevación, pidió a sus cabecillas que contuvieran unas horas a los guardias, pues él salía en coche de inmediato para avisar al general Saliquet, que desde hacía dos días se encontraba en una finca próxima. También los falangistas se hallaban concentrados en un monte cercano desde el viernes 16 de julio. Pero nadie los podía detener.
En un segundo momento, tras los guardias de Asalto y Seguridad, los falangistas asumieron la iniciativa. Después de sufrir un ataque armado por parte de los anarquistas, se dirigieron al cuartel del Regimiento de Infantería de San Quintín n.º 25 para solicitar armas y municiones, que les fueron entregadas. Sobre las ocho y media de la tarde, el grupo formado por falangistas y guardias tomó los edificios de Correos y Telégrafos, la Telefónica y la estación de radio. La Guardia Civil también se sumó a los sublevados, con intervenciones de gran importancia, como la detención de un grupo de milicianos que asaltaban el garaje Zurbano para hacerse con vehículos con los que proceder al reparto de armas por la provincia. En el asalto se produjeron varias víctimas mortales.
Valladolid fue la única ciudad de España en la que se produjo la sublevación antes de que las fuerzas militares salieran de sus cuarteles a proclamar la ley marcial. La misma noche del día 18, el general Saliquet recibió la noticia de la sublevación ciudadana y decidió adelantar el movimiento. Se dirigió a la Capitanía General de la VII División para convencer a su capitán general, Nicolás Molero Lobo, de que declarase la ley marcial y se pusiera al frente de las guarniciones. Este se negó. Según un testigo presencial, el teniente Gonzalo Silvela Tordesillas, el general Saliquet le pidió que resignara el mando, a lo cual también se opuso. Para Molero, no había más poder que el de Madrid.
Saliquet se despidió con las siguientes palabras: «No te molestes, que no cuentas con ningún regimiento de la guarnición y, para comprobarlo, puedes llamar por teléfono». «Tengo la seguridad de lo contrario», replicó Molero. Este invitó a Saliquet a abandonar Capitanía, a lo que se opuso el general sublevado, afirmando que no se marcharía porque venía dispuesto a tomarla por las buenas o por las malas, «porque les guía la salvación de España». Un ayudante del general Molero sacó un arma y se produjo una trifulca entre los ayudantes del general Molero y los acompañantes del general Saliquet que causó la muerte del abogado de Renovación Española Emeterio Estefanía y de los dos ayudantes del general Molero, los comandantes Ángel Liberal y Ruperto Rioboó.
El general Molero fue detenido y, un año después, juzgado por el delito de negligencia. El consejo de guerra le condenó a la pena de tres años y un día de prisión militar y separación del servicio. Un nuevo consejo de guerra celebrado el 31 de agosto de 1937 revocó la sentencia anterior y condenó al general Molero por un delito de adhesión a la rebelión militar a la pena de treinta años de reclusión.
A partir de entonces comenzaron las tropas sublevadas a salir de los cuarteles. Los militares patrullaron por el centro de la ciudad, de la que se apoderaron sin apenas resistencia, aunque en algunos puntos fueron tiroteados. Hacia las dos de la madrugada del día 19 se produjo la declaración del estado de guerra, firmada por el general Saliquet y emitida desde el Gobierno Civil, recién tomado. Por la mañana se adueñaron del Ayuntamiento y de la Casa del Pueblo, esta última rodeada desde primeras horas de la tarde del día anterior por fuerzas de Asalto, que no pudieron vencer la resistencia de sus ocupantes. Las fuerzas de Caballería establecieron una estrecha vigilancia y guardia, a pie y a caballo, de los lugares estratégicos de la capital, como la Estación del Norte y la Fábrica de Gas. La sublevación había triunfado[24].
El día 21 se acordó, ante la calma reinante en la ciudad, la movilización hacia Madrid de la columna del coronel Ricardo Serrador Santes, uno de los principales responsables de la sublevación en la ciudad y complicado en la del 10 de agosto de 1932[25].
El triunfo de los sublevados en Valladolid tuvo una enorme importancia mediática, pues desde los servicios de radio de la Guardia Civil y de la División se lanzaron mensajes del inicio del alzamiento en la Península desde la misma tarde del 18 de julio, cuando en la mayoría de las provincias los comprometidos andaban aún desconcertados ante la información facilitada por el gobierno republicano. Desde Tetuán se recibían las órdenes de Franco, que se transmitían fielmente. La emisión radiofónica vallisoletana resultó clave para los indecisos, dudosos y comprometidos[26].
En Salamanca, el sábado 18 de julio, al atardecer, se reunieron en el Gobierno Civil el gobernador, el comandante militar, el alcalde de la capital y el diputado José Andrés Manso. El mando militar manifestó su adhesión al régimen y dio seguridad de calma en los regimientos de la ciudad. Las autoridades civiles quedaron tranquilizadas, aunque decidieron crear un Comité de Enlace del Frente Popular para mantenerse expectantes ante los acontecimientos y organizar patrullas civiles que comenzaran a recorrer la ciudad.
Pero la suerte del levantamiento se jugó en realidad en Valladolid[27]. En esta ciudad, la noche del 18 de julio, los generales Andrés Saliquet Zumeta y Miguel Ponte y Manso de Zúñiga detuvieron al general jefe de la VII División Orgánica, Nicolás Molero Lobo, de probada lealtad republicana, y sacaron las tropas a la calle. El general Saliquet se hizo con el mando de la División y ordenó a todas las fuerzas bajo su mando que declararan el estado de guerra, lo que hicieron a la mayor brevedad. El comandante militar de Salamanca, el general Manuel García Álvarez, jefe de la 14.ª Brigada de Infantería —compuesta por los regimientos de Infantería La Victoria n.º 28 y de Caballería Calatrava n.º 2—, ante las exigencias de Saliquet y de los dos jefes de sus regimientos, decidió declarar el estado de guerra.
El diputado Manso organizó la resistencia a través de la Casa del Pueblo y la Diputación Provincial. Repartió las pocas armas que consiguió reunir y distribuyó a sus escasas fuerzas obreras por puntos estratégicos de la ciudad. En la provincia se hizo especial hincapié en Ciudad Rodrigo y en los pueblos del norte, con el fin de asegurar una posible línea de retirada hacia Portugal.
La ciudad seguía ajena al conflicto. De hecho, el domingo 19, a las ocho de la mañana, se celebró con enorme éxito de participantes y de espectadores una carrera de patinetes. Ante los insistentes rumores que recorrían la ciudad, numerosos ciudadanos se fueron dando cita en la Plaza Mayor. Un escuadrón del cuartel de Caballería, a caballo y con casco metálico, entró en el recinto y, en medio de la multitud, leyó el bando declarando el estado de guerra dictado por el general Saliquet en Valladolid para todo el territorio de la VII División. Tras el «¡Viva España!» con el que finalizaba, algunos respondieron con otros gritos, como «¡Viva la República!» y «¡Viva la revolución social!». Un hombre disparó su pistola contra los militares, hiriendo a un cabo. El piquete efectuó una descarga, produciéndose las primeras víctimas de la guerra en Salamanca: cuatro hombres y una niña. La plaza se vació rápidamente, como todas las calles de la ciudad.
Esa misma mañana, los militares se apoderaron sin apenas resistencia del Ayuntamiento, el Gobierno Civil, Correos, la Telefónica, la emisora Inter Radio Salamanca y la estación de ferrocarril. Simultáneamente, repartieron destacamentos por distintos lugares estratégicos. La ciudad quedó ocupada militarmente. El día 19, a las diecisiete horas y veinticinco minutos, el comandante del Centro de Movilización y Reserva n.º 14, Francisco del Valle Marín, tomó posesión del cargo de alcalde de la ciudad. El teniente coronel Rafael Santa Pau Ballester se hizo responsable del Gobierno Civil. La sublevación militar había triunfado.
En los pueblos de la provincia fueron la Guardia Civil y el Ejército los encargados de acabar con cualquier tipo de resistencia, sobre todo en Ciudad Rodrigo y Béjar[28]. En la primera de estas poblaciones, el alcalde Manuel Martín Cascón intentó organizar una débil resistencia, pero el día 20 por la mañana la Guardia Civil consiguió declarar el estado de guerra y detener a todos los dirigentes del Frente Popular, que serían más tarde fusilados. En Béjar, con una poderosa Casa del Pueblo, se declaró de inmediato la huelga general y grupos de obreros armados se apostaron en las barricadas. El día 21 hubo un choque con una columna falangista que venía de Salamanca. Al día siguiente, una compañía del Regimiento La Victoria se apoderó de la ciudad sin ningún tipo de resistencia. El alcalde, Eloy González Benito, fue fusilado. Las fuerzas militares detuvieron a unos cuatrocientos hombres, que fueron trasladados a la Prisión Provincial.
En Burgos, la noche del 17 de julio, el general jefe de la VI División, Domingo Batet Mestres, compañero de conspiración del general Aguilera en junio de 1926 contra la dictadura de Primo de Rivera, ordenó la detención de los principales sospechosos de la conspiración: el general de brigada Gonzalo González de Lara, el comandante Luis Porto y los capitanes Nicolás Murga y Luis Moral, del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22. Fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil. A las pocas horas, fuerzas a las órdenes del capitán Miranda se presentaron en el cuartel para liberar a los detenidos, en nombre de la guarnición. El general le ordenó retirar sus tropas para «no perjudicar el alzamiento previsto»[29]. A la mañana siguiente fueron enviados a Guadalajara para su ingreso en prisión.
El 18 de julio por la mañana, el general Batet convocó en su despacho a los principales jefes militares para analizar los sucesos del día anterior en Melilla. No acudió ninguno. El general comenzó a tomar precauciones, como la de situar una ametralladora en las puertas del palacio de la División. Los conspiradores, mientras tanto, siguieron actuando, manteniendo contactos en el funeral celebrado por la mañana en memoria de Calvo Sotelo en la iglesia de San Lesmes y en distintas reuniones entre civiles y militares celebradas por la tarde. Al anochecer, desde el Parque de Artillería salieron ochocientos fusiles destinados a los falangistas —la mayor parte de ellos concentrados y esperando órdenes en el cuartel de Intendencia— y a los requetés, situados en su sede próxima a la Plaza Mayor[30].
La noche del día 18, el coronel jefe de Estado Mayor, Fernando Moreno Calderón, informó al general Batet de la inminente reunión de jefes y oficiales en el cuartel de San Marcial, previa al comienzo de un levantamiento militar. Le expresó su opinión personal de que este resultaba imparable por el sentir generalizado de los militares destinados en la ciudad. El general le ordenó asistir a la reunión para ordenar a los jefes que no salieran a la calle y permanecieran en sus domicilios. Cuando transmitió la orden, los jefes le contestaron que «no obedecían nada de esto y que dentro de media hora estarían las tropas en la calle». El coronel informó a Batet de la decisión de sus subordinados, invitándole, en nombre de ellos y en el suyo propio, a encabezar el alzamiento, lo que el general rechazó enérgicamente. El coronel Moreno regresó al cuartel y volvió acompañado del teniente coronel Aizpuru, del comandante Medina y del capitán Algar. Entre todos intentaron insistentemente convencer al general Batet, sin resultado. Entonces el coronel Moreno le comunicó que quedaba detenido, añadiendo las siguientes palabras: «Y que le conste, mi general, que la División no le quiere como general, porque lo que usted dijo en Barcelona de que los militares habían de ser ciegos, sordos y mudos no pueden admitirlo»[31]. A continuación, el general pasó detenido a sus habitaciones, en compañía de su ayudante, el teniente coronel Herrero.
Prácticamente la totalidad de los jefes y oficiales de las unidades de la plaza estaban comprometidos con el golpe. Batet solo podía contar entre sus aliados con su propio ayudante; con el gobernador civil, Julián Fagoaga; el secretario particular de este, González Avellaneda; el jefe del Tercio de la Guardia Civil, coronel Luis Villena Ramos; el teniente coronel de la Guardia Civil, Eduardo Dasca, y pocos más. Todos ellos fueron arrestados y más tarde ejecutados, a excepción de Villena. El general Batet fue condenado por sentencia del consejo de guerra, de 8 de enero de 1937, a la pena de muerte. Fue ejecutado en Burgos a las siete de la mañana del 18 de febrero por un piquete de ejecución formado por tropas del Regimiento de Infantería de San Marcial[32].
Mientras las tropas salían a la calle, hacia las tres de la madrugada, Batet fue trasladado al cuartel de San Marcial, desde donde posteriormente pasaría a la Prisión Central. Militares y falangistas salieron de los cuarteles de la calle Vitoria entre el sonido de tambores y trompetas. Unos destacamentos controlaron las entradas y salidas de la ciudad. El resto, acompañado de guardias civiles y de Asalto que se les unieron, se dirigió al centro de la población para ocupar los puntos estratégicos: Gobierno Civil, Diputación Provincial, Correos y Telégrafos, bancos, cárceles Central y Provincial, Ateneo Popular, Casa del Pueblo y sedes de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Todos los objetivos cayeron con facilidad.
En el Gobierno Civil, a las dos y media de la madrugada, se presentaron el teniente coronel Gavilán y el comandante Pastrana, acompañados de varios soldados armados, que detuvieron a las autoridades civiles y al coronel inspector Villena, jefe de la Guardia Civil, que permanecía desde primera hora de la mañana junto al gobernador.
La única oposición, si puede calificarse así, se produjo en el cuartel de San Marcial. Al formarse las tropas, un soldado, Antonio Santiago Gutiérrez, se negó a obedecer alegando la ilegalidad de las órdenes. Fue inmediatamente encarcelado y más tarde fusilado tras consejo de guerra.
Por toda la ciudad se leyó el bando de guerra, firmado por el general Mola. En él se indicaba que «por exigirlo imperiosa, ineludible e inaplazablemente la salvación de España, en trance inminente de sumirse en la más desenfrenada situación de desorden, he resuelto asumir por mi Autoridad el mando». Desde la incautada Radio Castilla se emitió el primer comunicado de los sublevados:
«Ha desaparecido el Gobierno de esta república masónica y marxista y en su lugar hay ya un Gobierno presidido por el general Sanjurjo… En Burgos, los ideales patrióticos tienen raigambre tan honda que el movimiento sólo ha necesitado manifestarse para triunfar… Gobierno Civil, comunicaciones, todos los servicios públicos están a la disposición de España. Son horas de esfuerzo, de sacrificio, de heroísmo y de trabajo… ¡Arriba España!»[33]
El teniente coronel Marcelino Gavilán asumió de inmediato el Gobierno Civil tras la detención del gobernador Fagoaga. Mientras tanto, el alcalde García Lozano se puso al servicio de las nuevas autoridades, que le ratificaron en el cargo. Fue el único alcalde constitucional de una capital de provincia que apoyó el pronunciamiento.
El alzamiento se dio por finalizado en la misma madrugada del 19 de julio, cuando fue arriada la bandera republicana del edificio del Ayuntamiento. La pisaron, la escupieron y, finalmente, la quemaron entre los acordes de la Marcha Real. Posteriormente colocaron la bandera bicolor, que fue saludada con disparos. Partiendo de la Plaza Mayor, la multitud se dirigió a la catedral, donde se cantó una salve hacia las seis de la mañana, mientras las campanas volteaban incesantemente. En la mañana del día 19, el general Fidel Dávila salió al balcón del palacio de la División para arengar a la multitud concentrada en la calle.
Tampoco en la provincia los sublevados tuvieron mayores problemas para dominar la situación, salvo en zonas limítrofes con Santander y el País Vasco, que quedaron en poder de la República hasta el verano de 1937. Los únicos focos de resistencia se dieron en Pancorbo y en Miranda de Ebro, pero fueron sofocados rápidamente por la Guardia Civil. En la primera de estas localidades, un grupo de unos cuarenta falangistas rodeó el Ayuntamiento, donde se habían hecho fuertes el alcalde y los concejales. En el tiroteo, sucedido la tarde del día 19, hubo varios heridos y resultó muerto un falangista. En Miranda de Ebro, los milicianos, armados con escopetas de caza y carabinas, se hicieron con el control de la localidad hasta que el 19 de julio la Guardia Civil y de Asalto se enfrentó a ellos en el puente de Carlos III durante varias horas. Antes de rendirse, las milicias populares tuvieron un muerto y varios heridos, cifra que aumentó considerablemente al intentar huir. Los falangistas y requetés los acribillaron a tiros. Hubo más de veinte bajas y numerosos heridos.
El 24 de julio, uno de los primeros decretos de la Junta de Defensa Nacional estableció en Burgos la cúpula del Ejército del Norte, al mando del general Mola. El 16 de agosto de 1936, el general Franco llegó por primera vez a Burgos, acompañado por Kindelán y Yagüe. En la primavera de 1937, Franco trasladó su cuartel general de Salamanca a Burgos, fijando su residencia oficial y su Estado Mayor en el palacio de la Isla. Burgos se convirtió así en la capital del Nuevo Estado, en la llamada «capital de la Cruzada».
En León, los principales mandos militares de la provincia estaban implicados en el golpe de Estado, como el general Carlos Bosch y Bosch, comandante militar de la provincia y jefe de la 16.ª Brigada de Infantería; el coronel Vicente Lafuente Baleztena, responsable del Regimiento Burgos n.º 36; y el comandante Julián Rubio López, jefe del aeródromo de la Virgen del Camino. Los jefes de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, el coronel Santiago Muñoz Alonso y el capitán Rodríguez Calleja, respectivamente, eran fieles a la República, pero sus fuerzas tomaron partido por los sublevados.
La noche del 18 de julio se oyeron los primeros disparos en León, debidos a los enfrentamientos entre guardias de Asalto y jóvenes libertarios que habían asaltado una armería. Los sublevados tenían previsto declarar el estado de guerra en la mañana del día 19, pero no pudieron hacerlo por la llegada de unos cinco mil voluntarios asturianos que se dirigían a la defensa de Madrid. Esa misma mañana llegó también a la capital, procedente de Astorga, el general Juan García Gómez Caminero, inspector general del Ejército, que había sido enviado por el Gobierno para controlar la situación en la VIII División Orgánica. El inspector logró armar a los voluntarios con la condición de que los asturianos salieran de León. Al salir estas fuerzas en dirección a Benavente, la correlación de fuerzas cambió a favor de los sublevados[34].
El lunes 20 de julio, a las diez de la mañana, las organizaciones sindicales declararon la huelga general y el Comité Sindical visitó al gobernador civil, Emilio Francés, para solicitarle la entrega de armamento a los sindicatos, a lo que accedió la máxima autoridad civil. A las catorce horas salieron a la calle las tropas del cuartel del Cid, así como las fuerzas de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto que se habían sumado a la sublevación. Declararon el estado de guerra por medio de la lectura de un bando firmado por Carlos Bosch como «general de la 16.ª Brigada de Infantería del Ejército de la República y comandante militar de la provincia de León».
Con suma facilidad fueron ocupando los puntos estratégicos de la ciudad. El capitán Herrero tomó el Ayuntamiento, mientras que el teniente Magno y el capitán Casido se apoderaban de Telefónica y de las emisoras de radio. García Hernández se ocupaba de la catedral. El capitán Moral, con morteros y ametralladoras, se dirigió al Gobierno Civil. Las personas allí concentradas terminaron por rendirse ante la amenaza de bombardeo por los aviones de La Virgen del Camino. Las principales autoridades civiles de la ciudad y la provincia, junto a los responsables sindicales y políticos, fueron detenidas. Los últimos focos de resistencia fueron la Casa del Pueblo y San Marcos, pero desaparecieron a primeras horas de la noche. El alzamiento había triunfado en la capital de la provincia.
La única preocupación que quedaba a las nuevas autoridades era la huelga declarada por la mayoría de los ferroviarios leoneses, que causó la paralización de las comunicaciones con gran parte del norte peninsular. El general Bosch tuvo que dictar un nuevo bando el día 25 en el que ordenaba la vuelta al trabajo de todos los obreros bajo la amenaza de ser juzgados en consejo de guerra por delito de rebelión militar. El día 27, cumpliendo el plazo previsto en su artículo primero, casi todos se reintegraron a sus labores en la estación de los Ferrocarriles del Norte de España, haciéndolo el resto en los días siguientes. La cúpula del Sindicato Nacional Ferroviario de la ciudad de León fue juzgada por «activa resistencia a las fuerzas militares»[35].
Astorga, importante núcleo demográfico y sede de un batallón del Regimiento de Burgos n.º 36 y de una cabecera de línea de la Guardia Civil, también fue tomada con facilidad, sobre todo porque el jefe del batallón, el comandante Elías Gallego Muro, era partidario del golpe. El día 20 pasaron por la ciudad las columnas mineras asturianas de regreso a su provincia, después de enterarse en Benavente de que Aranda se había sublevado contra la República. Cuando abandonaron Astorga, las autoridades militares, siguiendo las consignas de la capital, declararon el estado de guerra. Las fuerzas de la Guardia Civil, al frente del teniente Marchante, ocuparon el Ayuntamiento, donde estaban reunidas las autoridades republicanas. Con la detención del alcalde y de los concejales se certificó el triunfo del alzamiento en Astorga.
Aunque los sublevados ocuparon desde el comienzo de la guerra prácticamente todo el territorio provincial, hubo una parte de las comarcas del Bierzo, Laciana y un sector de la montaña leonesa, con gran presencia de las organizaciones sindicales ugetista (Sindicato Minero Castellano de León) y cenetista (Sindicato Único Minero), que permaneció en poder republicano hasta finales del mes de octubre de 1937. En estas comarcas se ordenó a la Guardia Civil que se concentrara en Ponferrada.
El día 21 de julio de 1936 una columna del Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 30, procedente de Lugo, llegó a Ponferrada al mando del comandante Manso, apoyada por la aviación. Levantaron el cerco al que estaba sometido el cuartel de la Guardia Civil y, con morteros, acabaron con la resistencia que se producía desde el Ayuntamiento. La sublevación triunfó en Ponferrada, pero los militares no intentaron siquiera entrar en algunas de las poblaciones mineras de sus comarcas, lindantes con Asturias, esperando una mejor oportunidad.
En Palencia, la oficialidad se encontraba concentrada en el cuartel del Carrión la noche del 18 de julio, esperando las órdenes oportunas. En las primeras horas de la madrugada del domingo 19 se recibió del nuevo general de la VI División la orden de declarar el estado de guerra. Inmediatamente se lo comunicaron al gobernador civil, Enrique Martínez Ruiz-Delgado, para que procediera a su acatamiento, resignando el mando de la provincia. Ante su actitud dilatoria, el general de la 1.ª Brigada de Caballería y comandante militar de la plaza, Antonio Ferrer, le telefoneó ordenando su rendición, a lo que contestó con evasivas. Sobre las cinco de la mañana el general ordenó la ocupación de la ciudad y de la estación ferroviaria de Venta de Baños[36].
Posteriormente se procedió a la detención y arresto del jefe de la unidad, el coronel José González Camó. El teniente coronel Enrique Fernández y Rodríguez de Arellano se hizo cargo del mando del Regimiento de Cazadores de Villarrobledo n.º 1, de Caballería. A continuación, el capitán López Muñiz redactó el bando de guerra y se movilizó a la tropa del regimiento, que redujo a grupos de milicianos en el nudo ferroviario de Venta de Baños, localidad que fue ocupada rápidamente para garantizar la comunicación ferroviaria con Valladolid.
Durante la mañana del domingo 19 de julio, las tropas destacadas del Regimiento de Villarrobledo salieron de sus cuarteles para tomar los centros oficiales y las sedes de las organizaciones obreras. A las siete de la mañana, los capitanes Talavera y López Muñiz y los tenientes Vallejo y Calleja proclamaban el estado de guerra. El Ayuntamiento, la Diputación y el edificio de Correos se rindieron sin resistencia. Solo hubo algún combate en torno al Gobierno Civil. A las nueve de la mañana, un hombre, desde el interior, agitó la bandera blanca de rendición.
Durante ese día y esa noche se registraron tiroteos esporádicos, pero las tropas y los falangistas que las acompañaban se hicieron pronto con el dominio total de la población. La refriega arrojó un balance de once muertos y veinticinco heridos. Entre los fallecidos se encontraba un carabinero, que se hallaba defendiendo el Gobierno Civil, y un soldado del regimiento sublevado. Los restantes se encontraban en el interior del edificio o discurrían por la calle Mayor. El gobernador civil murió en el tiroteo cuando era conducido en calidad de detenido, aunque algunas versiones apuntan a que fue fusilado sobre la marcha[37].
La noche del 21 de julio, con la ciudad en poder de las nuevas autoridades, una manifestación popular atravesó la calle Mayor «entre constantes vítores a España, a la República honrada y de orden y al Ejército»[38].
En Ávila las fuerzas militares eran muy escasas. No existía guarnición militar y solamente había presencia militar en la Caja de Recluta y en el Colegio Preparatorio Militar de Suboficiales y Sargentos. La Guardia Civil, con unos doscientos hombres, era la fuerza más numerosa. La orden de alzamiento llegó desde Valladolid sobre las seis de la mañana del día 19 de julio: «Declare usted el estado de guerra en la Plaza», ordenaba el general Saliquet al comandante militar de Ávila, coronel de Infantería Manuel González Pérez Villamil, director del colegio de suboficiales. Por su delicado estado de salud fue nombrado jefe militar del alzamiento el comandante de Infantería Vicente Costell Lozano, destinado en la academia de suboficiales. Los restantes jefes y oficiales de la misma secundaron la orden sin dudar. También el teniente coronel de la Guardia Civil, Romualdo Almoguera Martínez, dispuso inmediatamente la concentración en la capital de todas las fuerzas de la Comandancia.
Inmediatamente, el capitán Pérez Pérez se dirigió al cuartel de Seguridad y Asalto con una sección de guardias civiles. El sargento que estaba al mando se puso a disposición del capitán y todos juntos se dirigieron al Gobierno Civil. Tras rodear con las tropas el edificio, el capitán y su escolta se encaminaron hacia el despacho del gobernador, Manuel Ciges Aparicio. El capitán comunicó a la máxima autoridad provincial que quedaba detenido en sus habitaciones, así como el resto de autoridades con él reunidas y todos sus acompañantes[39]. Entre estos se encontraban su esposa, Consuelo Martínez, hermana del escritor Azorín, y los cuatro hijos del matrimonio, entre ellos el conocido actor Luis Ciges.
Al mismo tiempo, el capitán Alcázar, con otra sección de la Guardia Civil, clausuró la Casa del Pueblo, incautó los edificios de Correos y Telégrafos y tomó Telefónica. El jefe de la Guardia Municipal, Florentino García Robledo, aprovechó que la corporación municipal estaba reunida para detener a todos sus miembros. Tanto el alcalde como los concejales intentaron huir. Los que lo consiguieron terminaron siendo detenidos por un piquete de la Guardia Civil. La única resistencia a las fuerzas militares fue protagonizada por un contingente de obreros ferroviarios, pero se redujo con rapidez. Finalmente, el capitán Alcázar Palacios se dirigió a la cárcel para liberar a dieciocho falangistas de Valladolid, encabezados por Onésimo Redondo.
Poco después de las siete de la mañana, una vez tomada la ciudad, el capitán Ovidio Alcázar, al frente de seis soldados del Colegio Preparatorio de Suboficiales y Sargentos y unos treinta guardias civiles, a los que se habían unido los falangistas de Onésimo Redondo, se encargó de proclamar el estado de guerra por las calles de Ávila. La primera lectura del bando la realizó en el Mercado Chico el capitán Jesús Peñas Gallego, destinado en el colegio. Después, el mismo grupo se dividió en dos y recorrió la ciudad leyendo el bando.
El lunes día 20, las débiles manifestaciones de militantes de izquierdas que pretendían llamar a la huelga general ante el triunfo del alzamiento fueron fácilmente disueltas por unos pocos miembros de la Guardia de Seguridad y Asalto.
Soria era una pequeña provincia con escasa actividad política y conflictividad social. Los primeros signos del alzamiento se presentaron en la capital hacia las tres de la madrugada del domingo 19 de julio, cuando el teniente coronel jefe de la Zona de Reclutamiento y gobernador militar, Rafael Sevillano Carvajal, se presentó en el Gobierno Civil, donde se encontraban reunidas las principales autoridades políticas y sindicales de la República. Allí manifestó al gobernador civil, César Alvajar, la conveniencia de declarar el estado de guerra, pues, según afirmó, había recibido órdenes desde Valladolid. El gobernador se negó, invitando al jefe militar a secundar la negativa por no pertenecer Soria a la V Región Militar[40].
A las pocas horas, el teniente coronel de la Guardia Civil Ignacio Muga, junto con varios números, se presentó en la cárcel y liberó a los presos falangistas. Posteriormente se dirigió al Gobierno Civil y detuvo a la máxima autoridad provincial. Eran las ocho de la mañana del domingo 19 de julio. Por la tarde, el gobernador fue repuesto en el cargo por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, al no llegar la columna navarra que se esperaba, aunque no había en la calle ningún tipo de oposición a la sublevación. La gente paseaba por La Dehesa y el Collado como si nada hubiera pasado.
Tres días después llegó la columna de requetés navarros y se apoderó de la ciudad sin ningún tipo de resistencia. El teniente coronel Muga se hizo dueño de la situación, disponiendo que el gobernador civil y su familia fueran puestos a salvo. Ordenó su traslado en un coche con escolta hasta el límite de la zona republicana.
En Zamora, al conocerse la proclamación del estado de guerra en Valladolid, el jefe del Regimiento Toledo, coronel José Íscar Moreno, redactó el bando de guerra que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en un número extraordinario del 19 de julio. Parece probable que el gobernador civil, Tomás Martín, pactara con los sublevados la entrega sin lucha del Gobierno Civil a cambio de una salida rápida de la ciudad para él y su familia[41]. Este acuerdo explicaría la falta de respuesta al alzamiento.
Hacia las dos de la tarde del día 19, las tropas del Regimiento Toledo salieron del cuartel de Viriato para tomar la ciudad. Con suma facilidad, los sublevados se apoderaron del Gobierno Civil, la Audiencia y la Cárcel, el Ayuntamiento, la Casa del Pueblo y el cuartel de Carabineros. Los carabineros estaban resueltos a resistir por su lealtad al régimen y durante las primeras horas se dedicaron a vigilar las entradas y salidas de la ciudad y los edificios estratégicos. Sin embargo, recibieron la orden del gobernador civil de no «entablar luchas fratricidas». Zamora se sumó así al alzamiento sin que se disparase un solo tiro. Solo se registraron algunos gritos y carreras en la Plaza Mayor. Entre el 20 y el 24 de julio ingresaron en la cárcel provincial sesenta y siete detenidos por las fuerzas sublevadas.
En el resto de la provincia la resistencia fue también prácticamente inexistente, limitándose a los núcleos obreros de la construcción del ferrocarril en Requejo. Allí, unos seiscientos obreros, con la colaboración de los carabineros, tomaron el arsenal de la compañía constructora y el cuartelillo de la Guardia Civil de Nueva Puebla (Requejo) y el de Puebla de Sanabria. La acción duró poco y fue rápidamente desarticulada. El 22 de julio llegaron a la zona tres compañías del Regimiento Toledo desde Zamora, otra desde Orense y varios aviones del aeródromo de León. Los obreros abandonaron la resistencia pocos días después, huyendo algunos a Portugal y otros al monte.
A Benavente llegó en la tarde del día 19 el contingente de mineros asturianos que se dirigía a Madrid. Cuando abandonaron la ciudad al día siguiente, falangistas procedentes de Valladolid, junto con la Guardia Civil, ocuparon la población. En Toro, el 19 de julio, la Guardia Civil tomó el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo sin encontrar ningún tipo de resistencia.
CONCLUSIÓN
La rápida victoria de los sublevados en Castilla fue un factor decisivo en el desarrollo inicial de la Guerra Civil española. El control temprano de ciudades clave como Valladolid, Salamanca, Burgos o León proporcionó al bando rebelde una retaguardia segura, infraestructuras de comunicación fundamentales y un espacio político desde el que articular su poder.
Especialmente significativo fue el papel de Burgos, que pasó en pocos meses de capital provincial a convertirse en sede del cuartel general de Franco y centro simbólico del nuevo régimen. La ausencia de una resistencia organizada en la mayor parte del territorio castellano, unida a la eficaz coordinación entre mandos militares, fuerzas de orden público y milicias civiles afines, permitió consolidar el dominio rebelde con rapidez.
Castilla quedó así integrada desde los primeros compases de la guerra en el núcleo duro del poder franquista, convirtiéndose en un pilar esencial para la prolongación del conflicto y para la posterior configuración del Estado surgido de la victoria militar.
