INTRODUCCIÓN
En los días decisivos de julio de 1936, Cuenca se convirtió en un escenario clave de la pugna entre las fuerzas leales a la República y los sectores comprometidos con la sublevación militar. A diferencia de lo ocurrido en otras provincias, el levantamiento no llegó a materializarse, en buena medida por la rápida movilización de las organizaciones obreras y, de forma muy destacada, por la intervención de las milicias anarquistas vinculadas a la CNT y la FAI. La llegada de Cipriano Mera, figura emergente del anarquismo armado, reforzó la presión sobre las autoridades y sobre la Guardia Civil, contribuyendo decisivamente a abortar la conspiración y a consolidar Cuenca como territorio de retaguardia republicana en los primeros compases de la guerra.
El 18 de julio se vivió en Cuenca una jornada de respuesta política y sindical a los intentos de sublevación[60]. Los grupos anarquistas (CNT, FAI, Juventudes Libertarias) fueron los principales protagonistas de la misma, lanzándose a la calle y tomando los principales lugares estratégicos de la ciudad y edificios oficiales, según la organización conjunta preparada en la Casa del Pueblo con otras formaciones obreras. Tras la negativa del gobernador civil de entregar armas a las milicias, estas asaltaron las armerías en la tarde del día 19, lo que aún les otorgó mayor fuerza. Según el testimonio de varios cenetistas de la localidad, «El gobernador a nuestro juicio no mostró la entereza y diligencia propias del caso, sino que dando largas al asunto, puso en grave riesgo a las fuerzas populares de Cuenca… No obstante, nuestros afiliados, con una certera visión de lo que se estaba tramando en Cuenca, procedimos con riesgo de nuestras vidas a desarmar a los elementos facciosos y a desarticular la trama que por medio de reuniones clandestinas tenían urdida»[61].
La actuación de la Guardia Civil se limitó a «apagar fuegos». El teniente Mariano García Jiménez, al pasar por la calle Alfonso VIII cuando marchaba en una camioneta con su columna a la cárcel y al obispado para evitar en la primera el asalto y procurar la defensa del segundo, vio el incendio de la iglesia de San Felipe. En las proximidades, un grupo de milicianos impedía que se extinguiera. La Guardia Civil paró para sofocar el fuego y permitió la colaboración del vecindario[62].
El día 20 los partidos políticos constituyeron el Comité de Enlace del Frente Popular, con una representación equitativa de los integrantes de la coalición, incluyendo también a los anarquistas. El mismo día publicaron una nota en la prensa local comunicando que el «movimiento revolucionario» en toda España había sido vencido, tras ser sofocado en Barcelona y Madrid. «En nuestra capital no ha ocurrido el menor incidente —finalizaba la nota—. Fuerza pública y masa obrera de todas ideologías están vigilantes y dispuestas a defender las libertades conquistadas»[63].
Pero todavía tenían que pasar muchas cosas…
El día 21, Elías Cruz, presidente de la Federación Provincial de la CNT, viajó a Madrid a la sede central del sindicato anarquista para solicitar ayuda ante las sospechas de un alzamiento por parte de la Guardia Civil de Cuenca[64]. El Comité de Defensa Nacional de la CNT decidió enviar días después al líder del Sindicato de la Construcción, Cipriano Mera, quien pronto se convertiría en uno de los milicianos más populares de la guerra. Mera había participado activamente en la recuperación de Alcalá el día 22 y de Guadalajara el 25. A su llegada, presionó al gobernador civil para desembarazarse de la Guardia Civil, por lo que este decidió el día 26 concentrarla en la capital para, posteriormente, enviarla fuera de la provincia por partes. «Los milicianos acordonaron entonces el cuartel y los alrededores del Gobierno Civil; desplazaron una manguera conectada a un surtidor de gasolina y amenazaron con hacer arder todo el edificio si los guardias no se rendían. Los asediados pidieron la salida de las mujeres y los niños del recinto antes de comenzar a parlamentar. Tras esto, la deliberación dio como resultado su rendición definitiva»[65]. Cipriano Mera, que se atribuyó la estrategia, fue después llamado por el gobernador a su despacho, manifestándole este que la Guardia Civil le había asegurado su fidelidad al régimen. Tras algunas incursiones por poblaciones cercanas, en las que, según él, se recogieron cien escopetas, Mera abandonó Cuenca el día 27, dejando lo que era todo un arsenal en poder de los milicianos anarquistas locales.
Apenas salió de la ciudad, en la sede madrileña de la CNT se recibieron noticias sobre un inminente alzamiento de doscientos guardias civiles en Cuenca. Cipriano Mera regresó el día 28 al mando de unos ciento cincuenta milicianos. El dirigente anarquista se presentó ante el gobernador civil, al que apremió a sacar a la Guardia Civil, decisión que la primera autoridad provincial ejecutó de forma inmediata[66]. Un contingente fue enviado a Madrid. Otro partió hacia el frente de Teruel, aunque, de forma significativa, al día siguiente se pasó en masa al bando enemigo (entre ellos se encontraba el teniente Benito González, uno de los artífices de la conspiración), al igual que sucedió con los últimos guardias enviados fuera de la provincia, concretamente al frente del Guadarrama, entre el 30 de julio y el 2 de agosto.
«Ante la presión miliciana y su propia descoordinación, la Guardia Civil no se sublevó», apunta Rodríguez Patiño[67]. La Causa General defiende otras hipótesis del fracaso del alzamiento. Por un lado, el gobernador civil Antonio Sánchez Garrido, de Unión Republicana, dio órdenes a la Guardia Civil de que entregasen las armas al pueblo y de que no interviniesen en los acontecimientos[68]. Esta medida, inútil en otras provincias, se completó con el traslado urgente de toda la Comandancia hacia los frentes, lo que, como en Ciudad Real, parece que tuvo efecto. Por otro lado, según algún testigo implicado, la Guardia Civil era favorable en su mayoría al alzamiento, «pero la indecisión por parte de los jefes, mejor dicho del Sr. teniente coronel D. Francisco García de Ángela San Román, abortó tal disposición. Desde luego, el capitán D. Carmelo Sánchez de Albornoz estaba dispuesto a ponerse al frente al negarse el jefe expresado, pero por obediencia no lo llevó a efecto»[69]. Para Rodríguez Patiño, «García de Ángela esperó las noticias llegadas desde Madrid para tomar decisiones. Aunque había declarado al gobernador su fidelidad al régimen, mantuvo una postura ambigua respecto a una posible sublevación. El 20 de julio, el Cuartel de la Montaña madrileño cayó en poder de las milicias y García de Ángela se decantó definitivamente por la causa republicana. Sabía que un levantamiento en la provincia estaba destinado al fracaso, debido al aislamiento geográfico en el que se vería inmerso, con la mayor parte de los territorios de alrededor defendiendo a la República»[70]. García de Ángela se mantuvo en su puesto de la Comandancia de Cuenca hasta el 2 de agosto, fecha en la que fue trasladado a Madrid, donde, curiosamente, fue encarcelado por su imprecisión acerca de su fidelidad a la República.
Para los anarquistas, el efecto moral de su presencia patrullando las calles, así como el cerco a los centros de poder, fue lo que desarticuló la conspiración[71]. Los militantes libertarios acosaron al Gobierno Civil para exigir formas de actuación; acordonaron el Palacio Episcopal, impidiendo cualquier movimiento del obispo y su curia, y desalojaron la catedral y todos los conventos de la ciudad. Vigilaron día y noche el cuartel de la Guardia Civil y, posteriormente, el edificio del Seminario, donde esta se hallaba concentrada. Los guardias se sintieron intimidados «porque los trabajadores les habíamos cogido la delantera en el intento de echarse a la calle»[72].
También fue determinante la detención de los principales responsables falangistas y del gobernador militar, el teniente coronel de Infantería Manuel Romeo Aparicio. Las autoridades del Frente Popular actuaron con suma diligencia. «Pese a la clara intencionalidad de unirse a la sublevación, sus escasos efectivos y, sobre todo, su detención días después del 18 de julio, desbarató las actividades de uno de los grandes defensores del levantamiento en Cuenca»[73].
Sea como fuere, el alzamiento quedó abortado antes de estallar. «Tras ello, Mera partió hacia la Serranía con sus milicias y decenas de conquenses que se unieron a su paso, sembrando el temor entre la población religiosa y conservadora y procediendo a la quema de todas las iglesias. Desde ese momento, Cuenca quedaba conformada como zona de retaguardia, condición que asumiría hasta el final de la guerra»[74]. El gobernador le había pedido, ante su temor por la situación de los pueblos, que realizara esta inspección. Salió de Cuenca el día 29 y marchó hacia Madrid el día 30. La tranquilidad era absoluta.
En el resto de la provincia reinó la calma, salvo pequeñas excepciones. En Cardenete, el 23 de julio, se produjo un enfrentamiento entre milicianos y falangistas que acabó con varias víctimas y detenciones, cuando estos últimos respondieron con disparos a los intentos de los primeros por hacerse con el pueblo[75]. Ese día llegó desde Cuenca una partida de milicianos en busca de armas, siendo recibidos por los falangistas, que acabaron con la vida del líder anarquista apodado «Pambarato». La alarma saltó en la capital, que envió un grupo más numeroso de milicianos. «Esto fue determinante para que los sublevados terminaran rindiéndose. Según algunas fuentes, fueron detenidos más de treinta, de los que doce fueron posteriormente fusilados. Arrarás rebaja la cifra hasta dieciséis presos, entre ellos un sacerdote, con los que se ejerció violencia desde su apresamiento. Terminaba así el único conato serio de sublevación en Cuenca, aparte del de la capital»[76].
CONCLUSIÓN
La experiencia de Cuenca en julio de 1936 muestra hasta qué punto el desenlace de la sublevación no fue uniforme en todo el territorio español. La combinación de la movilización obrera, la acción directa de las milicias anarquistas y la intervención de Cipriano Mera alteró los equilibrios locales y desarticuló una conspiración que, en otras provincias, sí llegó a triunfar. La presión ejercida sobre la Guardia Civil, el aislamiento de los sectores falangistas y la rápida actuación del Frente Popular impidieron que el alzamiento cuajara en la capital conquense. Desde entonces, Cuenca quedó integrada en la retaguardia republicana, aunque no sin episodios de violencia y tensión en su entorno rural, reflejo de un conflicto que, aun sin estallar allí de forma abierta en esos días, ya había transformado profundamente la vida política y social de la provincia.
